Sobre el Centro de Formación Técnica Estatal Región de Valparaíso. Alejandro Zuleta Marín

El lunes 21 de marzo de 2016, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria promulgó la ley Nº 20.910 que crea 15 Centros de Formación Técnica Estatales, los cuales se emplazarán en cada una de las regiones del país, con el fin de aumentar, diversificar y descentralizar la oferta educacional técnica y aportarasí a la calidaden educación mediante estos centros educacionales.

Estos Centros de Formación Técnica Estatales estarán vinculados con las universidades regionales, con el objetivo de formar Técnicos de Nivel Superior en materias y necesidades de punta y propias de cada región, fijando así un estándar de calidad y contribuyendo al aumento de la productividad regional.

Al promulgarse esta ley, el país está dando una señal muy potente en el sentido de proporcionar una oferta de educación pública en todos los niveles y en todo el territorio de la República, con el objeto de contribuir a una mayor equidad, con calidad en la educación superior yfortaleciento la educación pública.

La implementación de estos 15 Centros de Formación Técnica Estatal es otra iniciativa que contribuye a formar parte sustantiva del proceso de la Reforma a la Educación que impulsa el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que ya está en marcha a través de Ley de Inclusión, de la creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente y de la Gratuidad en la Educación Superior.

Esta iniciativa generará una oferta pública para la formación de técnicos de nivel superior de alta calificación, quienes deberán responder a las necesidades de desarrollo económico-productivo locales y a los requerimientos reales de empleo, en el corto y mediano plazo, facilitando la inserción efectiva de los estudiantes al mundo del trabajo.

Por otra parte, estos centros serán gratuitos y de calidad y estarán regidos por la reforma a la Educación Superior actualmente en discusión. En la transición, habrá un periodo en que contarán con financiamiento desde el Estado para su correcto funcionamiento, no existiendo copago ni restricción para que jóvenes interesados, con talento y vocación, puedan acceder a su ingreso. Estas instituciones se someterán de manera obligatoria a las exigencias de acreditación y se vincularán a universidades, a empresas productivas y de servicios regionales y también a liceos técnico-profesionales que existan en cada localidad.

En la Región de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha será la institución mandatada para dar vida y nacimiento al Centro de Formación Técnica Estatal Regional que durante su primera etapa empezará a funcionar el año 2018, con una sede institucional especialmente diseñada y construida para tales efectos, que estará ubicada en la Calle Manuel Rodríguez Erdoiza N° 40, ex-Calle Enriqueta N° 11, Cerro Alegre en la Ciudad de San Antonio, impartiendo tres Carreras de Técnico de Nivel Superior en Cadena de Suministros, Técnico de Nivel Superior en Mantención Industrial y Técnico de Nivel Superior en Producción Agrícola Intensiva.

En este momento, mayo de 2017, profesionales con experiencia y conocimientos de las tres carreras se encuentran diseñando y afinando lo que será su Proyecto Educativo, con la construcción de la malla curricular, las asignaturas y contenidos, que en este caso se denominan módulos. Estos módulos constituyen la base de la educación y de la formación por competencias que, según los compromisos formales establecidos entre la Universidad de Playa Ancha y el Ministerio de Educación, deberán estar terminados en junio de 2017 para su análisis y posterior aprobación ministerial.

El trabajo de diseño y de construcción de la propuesta para el Proyecto Educativo es producto y consecuencia de una Jornada de Validación para el Perfil de Egreso, efectuada en enero de 2017 en la Ciudad de San Antonio, la cual se realizó con la asistencia y participación de un importante y diverso número de actores locales relevantes para cada una de las áreas productivas en las que el Centro de Formación Técnica Estatal Regional impartirá carreras técnicas de nivel superior. Además, estuvieron presentes distintas autoridades políticas y administrativas locales.

En paralelo, distintos profesionales de la Región de Valparaíso están desarrollando, y ya está casi en su etapa de termino, la propuesta de infraestructura educacional con el diseño y la materialidad de lo que será el edificio institucional que albergara el Centro de Formación Técnica Regional Estatal y que ha sido muy bien recibido y aceptado por toda la comunidad local, con la cual se han hecho muchas interacciones para concebir una especie de Plaza Cívica Educacional con las autoridades sectoriales locales de San Antonio.

El deseo, el interés y la voluntad de todas las autoridades regionales es que a continuación, o bien de manera paralela y muy sincrónica, también se pueda abrir una segunda sede de este centro en la ciudad de Los Andes, donde se impartirán también, muy probablemente, las mismas tres carreras con las que se iniciará su funcionamiento en la ciudad de San Antonio.

En el Diario Oficial del día 21 de abril de 2017 se publicó el Decreto con Fuerza de Ley N° 14 de 2017, que establece los estatutos del Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso, lo cual en los hechos significa el nacimiento oficial de esta institución.

Alejandro Zuleta Marín
Ingeniero Agrónomo

Tranco firme. Manuel Riesco Larraín

“La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente”.

“Este 30 de septiembre quedará en la historia como el día que empezó la debacle del sistema universitario”, declaró el rector de una de las principales universidades privadas, en un reportaje conjunto con sus pares, quienes se expresaron en términos parecidos.

Tienen toda la razón. Se ha iniciado el fin de un mal sistema de educación, privatizado y sostenido con fondos del presupuesto público y agobiantes cobros a los estudiantes y sus familias, apropiados por establecimientos privados sin rendir cuenta alguna y sin “competencia” del sistema público, el que sobrevive a duras penas con “una mano atada a la espalda”, como declaró hace tiempo una autoridad gubernamental.

Ese es precisamente el camino que se abre con la firme decisión de la Presidenta Bachelet de iniciar la gratuidad en el presupuesto 2016, reasignando cuantiosas partidas de becas y créditos, a financiamiento directo de instituciones de alta calidad, inclusivas, participativas y sin fines de lucro, que terminen con los cobros a sus estudiantes.

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Ahora se trata de en pocos años extender la gratuidad, así entendida, a todos los establecimientos que se incorporen voluntariamente al nuevo sistema de educación pública, así conformado, en todos los niveles, en todo el territorio y para todos los estudiantes.

El presupuesto de educación superior 2016 mantiene el monto del año anterior destinado becas y créditos (0,8 billones de pesos o aproximadamente 1.200 millones de dólares), rebajando las primeras pero incrementando los segundos más o menos en el mismo monto. Sin embargo, agrega una partida significativa (más de medio billón de pesos) destinada a aportes directos a las instituciones que se incorporen a la gratuidad. De esta manera, se revierte drásticamente la tendencia a aumentar las proporción de partidas destinadas al así llamado “subsidio a la demanda”, que se venía dando desde haces tres décadas y constituía la base de la privatización.

Esta medida favorecerá de inmediato a cientos de miles de estudiantes, los que más lo necesitan, quienes dejarán de endeudarse o someterse a los discriminatorios requisitos del sistema de becas; a las instituciones que contarán ahora con un financiamiento adecuado y estable sin tener que firmar avales ante los bancos; y a sus académicos, quienes podrán aspirar a condiciones de trabajo más estables, las que constituyen la base de una educación de calidad.

La medida no perjudica a nadie, puesto que quienes estudian en instituciones que no cumplan con los necesarios requisitos para acceder a la gratuidad continuarán recibiendo apoyo estatal en becas y créditos, igual que hasta ahora. Sin embargo, hay que avanzar rápidamente para extender la gratuidad, así entendida, a todo el sistema educacional. La medida comentada muestra que ello es perfectamente posible, sin desembolsos mayores.

El asunto es ofrecer un camino para la rápida transformación de las actuales instituciones educacionales, en todos los niveles, de manera que las que voluntariamente así lo deseen, puedan acceder pronto al nuevo sistema público así conformado y sus estudiantes a la gratuidad.

En el caso de las universidades acreditadas, hay que ofrecer un camino claro para que, a cambio de un acceso gradual a la gratuidad, éstas transformen su estructura de propiedad de modo de garantizar que no tengan fines de lucro, que mejoren su calidad hasta satisfacer a los requisitos indispensables, y democraticen su estructura de gobierno incorporando a los tres estamentos; esto último es la clave para garantizar que su funcionamiento se va a alinear con autonomía a los objetivos públicos.

En el caso de las universidades privadas no acreditadas, que hoy no pueden acceder a becas ni créditos, su situación financiera es incierta y hay que establecer un fondo presupuestario adecuado para absorberlas completas en algunas de las universidades estatales. Éstas deben asimismo ser reformadas profundamente, saneadas financieramente, y fusionadas las más chicas o inviables en otras mayores de modo de dejar una o a lo más dos por región, empezando por el retorno del Instituto Pedagógico —actual “UMCE”— a la Universidad de Chile, de la cual fuera expulsado por la dictadura en una de sus primeras medidas “educacionales”. Asimismo, hay que dar un presupuesto adecuado a las universidades estatales que recién nacen, lo que es muy importante, puesto que ellas deben ser gratuitas desde sus inicios.

En el caso de la educación superior técnica, la primera medida debe ser retornar INACAP al Estado, a quien pertenece. Fue entregado sin pago alguno a sus directivos en la hora undécima de la dictadura y es tiempo que retorne al Estado para constituirse en la base del sistema público en ese nivel educacional importantísimo. Del mismo modo, hay que proceder con decisión a la medida programática de creación de un CFT público por región. Respecto de las instituciones privadas en ese nivel, hay que proceder igual que con las universidades, transformándolas o absorbiéndolas.

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Finalmente, hay que modificar del mismo modo el sistema de financiamiento de las escuelas, colegios y liceos. Actualmente se da el contrasentido que se les ha prohibido el lucro, al mismo tiempo que se les ha incrementado el financiamiento público entregado íntegramente mediante “vouchers” ¡incluso a las escuelas municipales! Eso debe ser modificado de inmediato, transformando la así llamada “ley de desmunicipalización” en la reconstrucción del sistema nacional de educación pública en este nivel, con una estructura  de dirección bien equilibrada en sus aspectos centralizados y descentralizado y con la misión de dotar rápidamente a cada barrio y cada pueblo con una escuela pública gratuita y de calidad, empezando por la más necesitados.

Para ello es necesario transformar los actuales colegios subvencionados, incorporando los mejores de ellos directamente al presupuesto, en un esquema de gratuidad similar al que se está aplicando hoy para las universidades, con la misión específica de atender de manera gratuita a un barrio determinado. Esta medida tendrá un impacto gigantesco, mejorando la calidad de la educación pero también la vida en las ciudades, entre otros aspectos al reducir drásticamente el número de viajes, puesto que los niños podrán caminar a su escuela, pública gratuita y de calidad, ubicada cerca de su casa, tal como lo hacen en todos les países del mundo.

La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente.

Ahora que la decisión de la Presidenta es un hecho y forma parte de la ley de presupuesto, nadie ha osado pronunciarse en contra. Ha enmudecido el coro estridente y majadero, que intentó manipular todos los resortes del poder que manejan a su amaño, incluidas pataletas histéricas, amenazas de romper la coalición de gobierno y no incorporar a la gratuidad a algunas instituciones importantes, para impedir la concreción de esta medida de evidente beneficio general, que implementa un programa sancionado democráticamente. De seguro se van a reponer de su desconcierto inicial y van a intentar poner palitos a la aprobación de la ley de presupuesto, pero les resulta cuesta arriba y fracasaran en el intento.

Sería lindo que los estudiantes ayudarán aún más en todo este gran avance, que ha sido posible gracias a su histórica movilización iniciada el 2006. Recientemente, la posición de la principal organización estudiantil y algunos parlamentarios de esa “bancada”, han aparecido con remilgos puristas o más preocupados de hacer oposición al gobierno que de lograr avances concretos para miles de estudiantes. Han mantenido una posición ambigua en la dura batalla librada desde hace más de un año, por iniciar la gratuidad de inmediato en la ley de presupuesto, la ley madre que determina la política del Estado.

Es de esperar que ahora se sumen con decisión a la batalla que se viene, por aprobar la ley tal como la ha presentado el gobierno y extender esta medida rápidamente a todos.

FUENTE

Editorial (CdE nº32)

Reforma de la Educación: ¿Dónde quedan las Fuerzas Armadas?

El sistema de educación superior en Chile ha sufrido varios cambios estructurales en las últimas tres décadas. Estas transformaciones tuvieron como punto de partida las reformas de los años ochenta: el congelamiento de la universidades estatales y los cambios que aprobaron la incorporación de privados a la educación superior, permitiendo el surgimiento de nuevas Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) privados. Actualmente el sistema universitario chileno está constituido por 60 instituciones, de las cuales 25 son universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) y 35 son universidades privadas (creadas después de 1981). (Educación 2020, 2014)

El proceso de reforma a la educación superior actual viene a modificar esta institucionalidad desarrollada a partir del año 1981. Las propuestas, y/o modificaciones a esta estructura son parte de la discusión que se está generando en distintas instancias y que tiene como punto central el fin al lucro. Sin embargo, dentro del sistema de educación superior existen otras instituciones que hasta el momento no se han nombrado y discutido en el proceso de reforma educativa, a saber, las Fuerzas Armadas y de Orden.

En Chile, el ingreso a las Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas y de Orden está definido a partir del nivel socioeconómico de las familias de los aspirantes. Por tanto, es importante incorporar a estas Instituciones de Educación superior la discusión sobre la gratuidad para su ingreso, con el fin de generar la incorporación y la no discriminación en el proceso de selección de sus aspirantes y no seguir reproduciendo guetos o castas sociales.

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En este sentido, el objetivo de la reforma, busca la construcción de un sistema educativo inclusivo que ofrezca igualdad de oportunidades y equidad en el acceso, frente al ingreso, a las posibilidades de elección, al aprendizaje, conocimiento, competencias y valores, que aseguren un integral desarrollo personal y colectivo, para avanzar hacia un país con mayor justicia y democracia. Por lo tanto, es necesario incluir en la reforma educacional a las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el fin de generar un proceso de democratización en la accesibilidad y formación.

En la actualidad el Estado no financia la carrera militar de la oficialidad, siendo los padres los que deben contribuir monetariamente a su formación, lo que crea un sistema exclusivo y excluyente. La poca diversidad en la composición de clase y de género de la oficialidad chilena ha contribuido a crear un orden favorable a un determinado sector social, político y económico, heredero de la dictadura militar en su formación. En suma, se ha cambiado la forma pero el fondo sigue igual.

Considerando que la composición de las Fuerzas Armadas debe ser expresión de la diversidad social, cultural y económica de la que se compone la sociedad chilena, lo que garantizaría la seguridad democrática, debido a que en el seno de las instituciones militares estarían presentes y convivirían las diferentes clases, grupos e ideologías. Así los valores democráticos y la diversidad social no son enseñados y estudiados en lo abstracto por los futuros suboficiales y oficiales, sino que son asimilados a partir de la materialidad social en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje militar y policial.

La educación de las Fuerzas Armadas y de Orden es el espacio donde se deben concentrar los mayores esfuerzos para la consolidación de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, apuntando a la capacidad de constante perfeccionamiento de las instituciones respecto de la defensa de la vida, la solidaridad, la justicia y la soberanía. Es fundamental que en su formación los futuros oficiales reflejen la diversidad de la sociedad chilena para que así se produzca un intercambio de visiones con ciudadanos de distinto origen social, cultural y económico y con la diversidad de opciones políticas, religiosas, sexuales o de género. (Gutiérrez, Vallejo, 2014) Esto significa garantizar el derecho a la educación y a la formación del mayor número posible de personas que aspiran a la educación militar y policial en un contexto de democratización social.

Asimismo, es preciso incluir en la discusión propuestas curriculares que fomenten el respeto a los derechos fundamentales, la democracia, la solidaridad y la diversidad social. Es importante destacar, sin embargo, que las mismas Fuerzas Armadas, han sido reacias a reformas de sus sistemas educativos, contribuyendo así a su aislamiento social y a su aparente sometimiento al poder civil

De esta forma, en la estructura orgánica sigue predominando una concepción corporativa de la función de educación, esto es, permitir que sean las Fuerzas Armadas y no la autoridad superior ministerial la que decida los grandes lineamientos de la formación. Igualmente, desde el punto de vista institucional, la educación militar queda consagrada como una responsabilidad autónoma de cada una de las fuerzas, sin una coordinación superior en términos de doctrina, planes, y programas que se establezcan. Incluso más, pese a que la instrucción militar tiene una equivalencia en los grados de formación técnico profesional y universitaria, tampoco el Ministerio de Educación interfiere en los procesos de definición interna de planes y programas (Zúñiga, 2012)

Por ende, la reforma educativa debe entonces permear la formación integral de los militares y policías en todas sus dimensiones, generando una cultura de evaluación sintonizada y comprometida con las políticas públicas de formación profesional y con los avances sociales, tecnológicos y económicos nacionales y democráticos que el país promueve.

En este sentido, la Educación Pública debe seguir fortaleciendo estas virtudes, permitiéndonos formar una sociedad civil que respete y sea garante de un sistema democrático en construcción directa con sus ciudadanos. La educación universitaria civil y/o militar es trascendental para el desarrollo del país y de sus ciudadanos, dado que en ella se juega la capacidad de nuestros técnicos y profesionales, así como de nuestros académicos dedicados a la ciencia e investigación, para estar a la altura de las nuevas exigencias. (VVAA, 2012)

Una reforma educacional tiene que pensar el conjunto de la sociedad presente y futura, donde los valores de la justicia social sean el interés central, el pensar una educación más allá del capital como señalara István Mészáros, donde la educación deje de funcionar como mercancía y se convierta en el vehículo donde todos los seres humanos se desarrollen en todas sus potencialidades sociales y culturales.

La Educación Técnica de Nivel Superior: el paraíso del lucro. Ricardo López E.

La actual estructura de la Educación Superior en Chile comprende un sector público conformado por la Universidades Públicas (estatales y privadas que pertenecen al CRUCH) y un sector privado que hoy totaliza 193 instituciones, de las cuales 142 corresponden a Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

Este conjunto de 142 CFT e IP’s constituyen la Educación Técnica de Nivel Superior.

En su inmensa mayoría está conformado por inversionistas privados (salvo unos pocos CFT e IP formados por Universidades del sector tradicional) y opera en un mercado absolutamente desregulado, pues, a diferencia de las Universidades, no tiene prohibición legal de generar lucro.

Como todos los mercados nacionales, tiene características oligopólicas y una tendencia a la concentración en aumento. De hecho existen cuatro instituciones con estructura nacional que concentran la mayor parte de la matrícula de este sector: INACAP, DUOC, AIEP y Santo Tomás.

Sólo INACAP y el DUOC concentran 171.000 alumnos repartidos en 38 sedes.

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La Educación Técnica de Nivel Superior detenta (en cifras de 2012, Mineduc) una matrícula de 406.401 alumnos lo que representa un 38% del total de alumnos de la Educación Superior en Chile. Es de suponer que este porcentaje irá en aumento debido a que el último año igualó la matrícula de primer año con el sistema universitario (considerando universidades públicas y privadas).

Laboran en este sector un total de 70.248 docentes, que en un porcentaje mayor al 85% son docentes-hora.

La mayor oferta académica consiste en carreras técnicas con duración de cuatro semestres y otorgan el título profesional de Técnico de Nivel Superior, y la mayor parte de ellas no califica para que el titulado pueda optar a la bonificación por título profesional que se otorga a los trabajadores fiscales.

Los alumnos que optan por estudiar en estas instituciones son aquellos que no dieron PSU o cuyo puntaje no les permite postular a carreras universitarias, y provienen de sectores vulnerados social y económicamente y de  liceos técnico-profesionales.

Existe, a la vez, un sector importante de jóvenes trabajadores con enseñanza media completa que optan por estos institutos para intentar lograr una mejora en su posición laboral actual. Estos jóvenes financian de su bolsillo sus estudios y los realizan en horario vespertino.

En cuanto al nivel de deserción, en primer año, bordea el 36% de la matrícula.

Del total de 142 CFT e IP’s que operan, sólo 17 de ellos se encuentran acreditados.

El Estado  se ha desentendido absolutamente de la gestión docente en este sector, desde que fuera “donado”, a precio vil, el INACAP a la SOFOFA, toda la gestión docente de este sector es realizada por empresarios privados que han convertido esta función esencial para el desarrollo del país en un muy lucrativo negocio.

La supervisión y fiscalización del sector recae en la División de Educación Superior del Mineduc. Pero, como hemos visto, si esta División no alcanza ha realizar una gestión fiscalizadora medianamente suficiente en las Universidades, menos lo hace en la Educación Técnica de Nivel Superior.

Lo único que el Estado hace en este sector es financiar (Becas Milenio) el lucrativo negocio de privados, cuestión que es consistente con la visión neoliberal de la “sociedad docente”.

La infraestructura de estas instituciones (salvo honrosas excepciones) es inadecuada e insuficiente para desarrollar una formación como la de que alardean en sus mensajes publicitarios. La mayor rentabilidad se alcanza en formación de tiza y pizarrón, con docentes muy mal remunerados. Por ello sus laboratorios, en la mayoría de ellas, son inexistentes o francamente obsoletos.

Por otra parte el “tipo” de profesional que aspiran a formar está sesgado por los intereses de la clase empresarial. Así es como en sus “Visiones” y “Misiones” estas instituciones plantean valores como “competitividad”, “productividad”, “emprendimiento”, etc. Nada hay, como propósito en la formación, en relación con valores humanistas, de solidaridad, de compromiso con la sociedad, entre otros. De hecho, en la mayoría de estas instituciones no se permite la formación de federaciones ni centros estudiantiles, ni menos sindicatos de docentes y personal de apoyo.

El propósito de esta introducción es dar a conocer, de manera inicial, una realidad de la educación superior en Chile que ha estado al margen de la discusión nacional permitiendo la conformación de un verdadero paraíso del lucro, que está causando un daño irreversible en la formación de cientos de miles de jóvenes de nuestro país y, al mismo tiempo, hipotecando un futuro desarrollo nacional que requiere del aporte de trabajadores conscientes, comprometidos y formados en sus especialidades con estándares de calidad. Efectivamente, los estudiantes y docentes de este sector no han formulado petitorios, no están integrados en las movilizaciones estudiantiles y la sociedad en su conjunto no reconoce aquí un problema.

En toda la problemática de la Educación en Chile son los grandes olvidados.

Efectivamente, en los últimos años hemos discutido de enseñanza pre-escolar, escolar y universitaria, pero no de la educación técnica, tanto de nivel medio como superior.

Entonces, el llamado es a cuestionarse esta realidad e incorporar en todo análisis sobre la Educación a este importante sector. Por ejemplo, la oposición que camina a conformar un referente llamado Nueva Mayoría, haciendo eco, y apoyando uno de los principales intereses del movimiento estudiantil, analiza la necesidad de una reforma tributaria para lograr una educación universalmente gratuita y de calidad, sin embargo, a diferencia del sistema universitario- que posee una estructura pública- en la educación técnica de nivel superior no existe una estructura pública-estatal que fortalecer.

¿Puede el Estado financiar educación técnica gratuita y de calidad, en este sector, cuando todos los gestores actuales son negocios privados?

¿Al incorporar la variable educación técnica, el nivel de reforma tributaria es el mismo?

¿Debemos seguir permitiendo este muy neoliberal “laissez faire” en la educación técnica?

¿Qué tipo de estructura nacional queremos para la educación técnica?

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Hasta hoy, la educación técnica de nivel superior fue vista desde una mirada mercadista: el primer programa de gobierno de Bachelet planteaba la necesidad de “incorporarlos plenamente a este esquema de financiamiento, exigiéndole acreditación y vinculando sus planes de estudio a un sistema nacional de acreditación y certificación de competencias”.

Era una mirada con lógica de mercado: al hablar de financiamiento se evita considerar a la educación como un derecho social. Pero, tan grave como lo anterior es el planteamiento de acreditación y certificación de competencias. La “competencia” debe ser entendida, necesariamente, en función de intereses específicos. ¿Entonces competencias para qué y para quiénes?

¿Por qué la mayoría de los programas de formación técnica no incorpora ni considera elementos formativos en aspectos como derechos laborales, solidaridad, participación, desarrollo de pensamiento crítico, entre otros?

Los egresados de carreras de formación técnica de nivel superior (y también media) están siendo formados para satisfacer necesidades específicas de una minoría de la sociedad, de los grandes acumuladores de capital.

Necesitamos revertir la situación. Es cierto que necesitamos un contingente mayor de técnicos de alto nivel, mayor aún que el de egresados de pregrado universitario, pero sus características deben responder a necesidades de la sociedad, deben estar vinculados al desarrollo de ventajas competitivas que sean los pilares de un plan de desarrollo nacional, y  más aún, necesitamos profesionales que sean personas críticas, solidarias y dispuestas a hacer de Chile un mejor país, un país mas justo, un país con mayor igualdad.

Es un paso en el sentido correcto el anuncio de la candidata Bachelet de implementar un Centro de Formación Técnica Público y Nacional, pero se debe avanzar en regulación y fiscalización del resto del universo de CFT e IP´s.

La construcción de un nuevo Estado que impulse un Plan de Desarrollo Nacional que permita terminar con los actuales niveles de desigualdad, pasa también por definir objetivos, planes y estructuras de la formación técnica nacional.

Dejo planteadas estas cuestiones como una forma de invitar a participar en la formulación y respuestas a éstas y otras muchas preguntas que debemos hacernos para avanzar en una nueva educación técnica en nuestro país.

Reflexiones sobre la situación educacional. Gustavo Quintana M.

 Si partimos de la premisa que el desarrollo  de un sistema educacional  de calidad  es condición indispensable  para el desarrollo  global  y la eliminación de las diversas formas  de segregación en un país (raciales,  sociales,  de género.)  y agregamos el inmenso  consenso que existe sobre el desastre del modelo chileno y el daño causado a la inmensa mayoría de los estudiantes, aparece como natural  una reflexión  sobre el origen, la  paternidad y  los diversos grados de responsabilidad en la concepción, instalación, desarrollo y desastre final del modelo chileno. Si además ubicamos esta reflexión en el contexto  de la campaña electoral , la acusación constitucional  al ministro de educación,   la forma vergonzosa en que los diferentes  grupos políticos  tratan de eludir su responsabilidad en el desarrollo del desastre educacional y el resultado  igual a  cero de las medidas del gobierno  de Piñera ,  opinión  al menos compartida por los 150.000 estudiantes, profesores,  apoderados y trabajadores que fue manifestada el 10 de Abril  en Santiago junto a cientos de miles en todo Chile,  tendremos una base bastante amplia de análisis.

Las bases del modelo 

 Las bases del actual modelo las encontramos en  los DFL  de 1980-1  y en la concepción de que la educación  no es un derecho sino una mercancía  que se transa en un mercado desregulado, entre quienes tienen la posibilidad de acceder a  él.

Las  primeras medidas de la dictadura se orientaron a borrar de una plumada  los tradicionales aportes  que el sistema educacional chileno  entregaba al país,  desde el nacimiento de la república ( en el plano cultural, social,  de integración  a la solución de los problemas de la sociedad, fueran ellos de tipo científico,  económico  o  tecnológico) ,  culpabilizando a estas virtudes  como las causas del retroceso académico  de   la universidades por burocratizar su quehacer.  Según la dictadura el sistema adolecería del impulso creador  que la libre  competencia y el mercado entregarían.

La gratuidad de la educación  desaparece (reducción en 50% en más o menos 5 años –salvo en la educación municipal)  y quienes no tienen  recursos  para pagar los nuevos aranceles  debían recurrir al crédito fiscal,  convirtiéndose en deudores desde su ingreso  y convirtiendo al Estado en  vulgar prestamista.

Dos aspectos no visualizados en la instalación del sistema constituyen hoy en día la cara más visible del desmoronamiento de todo el sistema. Me refiero al  LUCRO,  que fatalmente se convierte  en el  motor de un sistema tan abierto y  desregulado  y  la  creación artificial de la necesidad de alcanzar un cartón  universitario( necesidad al servicio del mayor lucro),  sin ver que ellos  sobrepasarían  con mucho  las hipotéticas necesidades   y formarían  una   generación de cesantes ilustrados  y hoy en día también   de  estafados ilustrados (U. del Mar  )

En relación a la educación municipal (DFL-1 3063 de traspaso a las municipalidades de escuelas básicas y liceos de enseñanza media estatales y DL4002 de exigencias  mínimas  en la formación de los niños),los decretos señalados  son la base de la creciente  segregación   al  entregar a los alcaldes la administración de las escuelas públicas y  la potestad de reducir de 10 a 5 las asignaturas obligatorias en la enseñanza básica ( que muchas veces no pasan del  manejo de las cuatro operaciones aritméticas,  algo de historia y geografía  y reglas de urbanidad, moral y buenas   costumbres),  todo esto en función de los recursos de las respectivas municipalidades.

Esto  se tradujo en  educación de mayor calidad para las comunas ricas y  menor    en las  comunas  pobres,  produciéndose así un   éxodo masivo de estudiantes de la escuelas  municipales a las privadas subvencionadas  con copago,  aun cuando este copago es sólo  un engaño más, pues los rendimientos  en este segundo segmento,  con orígenes   similares de sus estudiantes,   es  similar y el copago es sólo un truco de marketing  para actuar sobre los escasos  recursos  y los temores de padres y apoderados en la carrera por un  cartón universitario  muchas veces inútil

En resumen, la política de la dictadura  ha sido  eficaz para demoler la educación pública,  en especial la básica y media,   y mantener los objetivos esenciales de la derecha de oponerse a la gratuidad de la educación  y defender intransablemente   el LUCRO.

¿Y que fue del impulso creador que la competencia entre universidades privadas y el incentivo del  LUCRO  permitiría finalmente el  disparar la excelencia académica ?  Sólo una de ellas calificó como universidad de investigación,  y el resto de la calidad y la excelencia académica  continua radicado en  las antiguas del  Consejo de Rectores.  De las  más de 30    nuevas universidades privadas  cinco o seis  tienen un desempeño docente aceptable  y otras seis desarrollan actividades de calidad en áreas más restringidas del conocimiento.  Del resto, sólo el LUCRO  es su objetivo.

Las victimas                                                                                                                        

 La primera agresión,  el fin de la gratuidad, que a pesar  de ser progresiva , tras 40 años de modelo ha dejado una huella dolorosa en los estudiantes,  fue sólo el comienzo.  Luego vino una serie de medidas hasta configurar el derrumbe del sistema  sobre los hombros  de quienes más necesitan una educación  de  calidad, accesible  aun para los que no pueden pagarla.DSCN6469

Daremos unas pocas cifras que ilustren la forma progresiva de cómo los estudiantes fueron asumiendo esta  carga.

Mientras el número  de nuevas universidades   privadas   y su alumnado estuvo por debajo del de las del consejo de rectores,  un 50% de los estudiantes que ingresaban debía retirarse cargando la deuda  del crédito fiscal y sólo un 40 %  de los que egresaban  trabajaban en empleos relacionados con sus estudios . Del  otro 60% de afortunados que egresaban un 16% engrosaban el grupo de cesantes ilustrados y  el resto trabajaban en cualquier cosa,  en forma generalmente precaria.

Cuando las bondades del negocio  se hicieron más evidentes ingresaron al sistema  algunas trasnacionales  de la educación  (Laureate, SEK, etc.) y se crearon subterfugios  para aumentar las matrículas y el número de  estudiantes que financiaban  este creciente  negocio  (disminución de los puntajes de ingreso,  creación  de carreras esotéricas , la ley de aseguramiento de la calidad como subterfugio formal que, lejos de asegurar la calidad, sólo intentaba dar la imagen de universidad  sin definir en ningún momento un proyecto de desarrollo y sus necesidades)

Esta carga creciente  sobre los estudiantes afecta hoy en día  a unos 370.000   que adeudan  aproximadamente  1   BILLON DE PESOS, según la superintendencia de bancos,  sin contar con los 110.000 morosos  del Fondo Solidario que agregan  300.000  millones  de pesos a la deuda.   A  todo  esto   no se han incorporados  aun  los 18.000  estudiantes  de la Universidad del Mar, que   CONFORMAN  los  primeros  estafados  ilustrados. (deudores  sin  ninguna acreditación académica ni posibilidades de terminar sus estudios en otra universidad)

Los culpables y responsables

Los mayores responsables de la creación,  instalación, desarrollo y aprovechamiento  del modelo , los padres putativos de él, deben buscarse en primer lugar entre los sectores más cercanos a Pinochet,  donde se gestó el modelo,  y entre ellos  a Jaime Guzmán y su  grupo, nucleados en torno a los participantes  en   Chacarillas, la UDI y sectores  ultrarreaccionarios  que fueron los aliados civiles de la dictadura.  A continuación debe considerarse  a  quienes administraron el modelo por 20 años—la  Concertación– sin proyecto propio y afirmando su política de gobierno (con la educación entre los más afectados)  en la política de los acuerdos, dando por sanas a las políticas de Pinochet.

De allí nacieron y se desarrollaron  el fin de la gratuidad de la educación y los DFL de los años 80 a 81, la libertad de aranceles de las nuevas universidades  privadas, la ley de acreditación de la calidad y la  C.N.A, el incentivo para el aumento sin límites de la matrícula universitaria en desmedro de la calidad  (la investigación y  creación  se transformaron en actividades opcionales  y,  finalmente, el Estado terminó por avalar los créditos bancarios y  el  salto de 2% a 6% en los intereses, medida que  constituyó la ruina para muchos sectores medios).

 ¿Quiénes manejaron esta máquina de producir ganancias?

Primero,  desde los primeros años hasta hoy  hay sectores  que  buscaban  y buscan   consolidar una sociedad  segregada, una sociedad  con dos tipos de educación, una para la elite rica destinada a gobernar el país y  otra para los pobres, al servicio de los primeros, una que en definitiva les permitiera enriquecerse.

En relación a la integración de los primeros al sistema universitario  debemos señalar en primer lugar al grupo de Chacarilla  con Jaime Guzmán a la cabeza, la UDI el Opus Dei (Universidad Santo Tomás y colaboradores civiles ultrarreaccionarios de Pinochet). Elementos destacados de este grupo fueron Carlos  Bombal, jefe de gabinete del rector Swett,  destinado al trabajo sucio, como  la  entrega del profesor Juan Avalos Davidson  a los  agentes de la CNI, después de lo cual desapareció (Le Monde Diplomatique ). Actor principal desde la primera hora fue Hernán Larraín, en la primera época en la Universidad Católica  y luego a través de una  fuerte ligazón con los propietarios de de la universidad  Sto. Tomás junto a José Jurasek y Luis Hernán Cubillos. También ingresaron al mundo universitario  Joaquín Lavín y C. Larroulet , copropietarios de la Universidad del Desarrollo,  con Hernán Buchi como Presidente, Hernán Chadwick  se incorporó  a  la Universidad del las Américas .

 Como un caso particular,  Francisco Javier Cuadra  se incorporó como rector de una de las primeras nuevas  universidades  privadas, la Diego Portales. Cuadra,  hombre de confianza de Pinochet,  y  pieza maestra  en el ajedrez universitario,  se fue de boca y contó haber estado presente en el asesinato por agentes de la  CNI del militante del MIR Fernando Vergara ( llegó minutos después de su muerte).La excesiva  difusión de este hecho  (que llegó a la jueza Raquel Lermanda ) obligó a Cuadra a renunciar.

 Representativo también de esta verdadera invasión de las nuevas universidades privadas es el caso de la universidad  Finis  Terrae por parte de un conjunto de economistas del régimen de Pinochet (  Julio Phillippi,  Fernado Leniz,  Pablo  Barahona,  Sergio  de Castro,  Jorge Cauas y   Alvaro Bardón) , para ser reemplazados posteriormente por la congregación de los  Legionarios de Cristo.

Estos ejemplos ilustran cómo se instaló el nuevo modelo y quiénes deben asumir,  después de 30 años,   la principal responsabilidad  en el desastre.

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Sin tener una responsabilidad ideológica en la creación  y desarrollo del  modelo,  la Concertación actuó por comodidad y desidia  contra los principios tradicionales de gran parte de los partidos que  la componían,    permitiendo la continuidad del modelo.  Responsabilidad principal en este menosprecio del rol que  debía jugar la educación en el desarrollo de Chile la tienen  Ricardo   Lagos , como primer ministro de educación , J.J. Brunner,  el gurú de la Concertación  y  un grupo no menor de políticos  de la DC ligados a la enseñanza básica y media y  a  algunas universidades.

Posteriormente, en un contubernio increíble, políticos de ambos sectores aparecen unidos en el desarrollo de la educación básica y media ,  en algunas universidades  y en las instituciones calificadoras  de calidad. Un caso sorprendente  es la  unión de Maximiano Errázuriz , impulsor en el Congreso de la ley de acreditación de la calidad  con   los ex rectores  Riveros  y Zuñiga (Universidad de Chile y Universidad de Santiago,respectivamente)  en la formación de una sociedad calificadora de calidad.

¿Cómo encaran los países  más desarrollados de la OCDE una educación de calidad útil para el desarrollo?

El ministro BEYER y el presidente Piñera,  a  diferencia de loa países de la  OCDE,   han  sostenido    implacablemente el carácter  privado de la educación  y lo natural  y legítimo que significa el lucro  como factor estimulante  de la calidad de la educación

Estas concepciones criticadas recientemente por la O.C.D.E., como la traba fundamental para que Chile pueda salir de su papel de simple exportador de  riquezas sin valor agregado,   se mantienen desde más de 30 años  ( D.L. de 1981).  siendo ellas las  principales responsables  del desastre  educacional  (situación preocupante ante la reciente caída del precio del cobre).

¿Cómo han estructurado estos países sus sistemas educacionales?

La inmensa mayoría de los 30  países de la  O.C.D.E  financiaba  casi el total del gasto en educación básica y media con fondos públicos(hasta 1999,  según el Banco Mundial), estando el control de ella en manos del Estado, con un promedio sobre el 85%,  con la excepción  de Chile con solo un  68% de gasto estatal  Por su parte, el financiamiento  de la educación superior  se  encontraba   en promedio  sobre el  85% a cargo del Estado, con excepción  de  Japón, 50%,  Canadá ,64%,  U.S.A.48%, Corea 20%, Indonesia 50% y  Chile 27%. (Banco Mundial 1999) .

A pesar de que la crisis  redujo el aporte del Estado, el control de la educación siguió en sus manos y en algunos casos la magnitud del financiamiento  se mantuvo, como en Finlandia y en los países nórdicos .   Dos casos interesantes,   Finlandia y   Chile,  nos permiten visualizar la estrecha relación entre financiamiento estatal,  calidad de la educación  y el desarrollo  de un país en su expresión más amplia,  mucho más allá que la  simple competencia entre pruebas de conocimiento. Comparativamente,  Finlandia y Chile eran  países claramente subdesarrollados en loa años 70, siendo Chile un país  rico en recursos naturales y   Finlandia un país en  el que sus habitantes emigraban al resto de Europa en busca de trabajo.

¿Qué políticas implementaron ambos países para avanzar hacia el desarrollo?

 En Finlandia se firmó un pacto social principalmente entre  empresarios y trabajadores,  y en conjunto decidieron  priorizar el desarrollo  de la mejor educación posible, destinando el 30% de las mejores inteligencias  a  una educación  donde el compartir  era  más importante  que el competir, donde se alcanzó  un nivel de integración por encima del resto de los países europeos (con el mismo nivel de calidad y de integración entre el campo y la ciudad, entre hombres y mujeres y entre jóvenes originarios del  país y jóvenes provenientes de otros países y culturas ). Todo esto ligado a una fuerte inversión para recuperar al mayor número de jóvenes (jóvenes con problemas conductuales o  con  discapacidades  físicas),  sin dejar de lado las artes  la ciencia ,y el dominio de las lenguas maternas. Así,  mientras Finlandia pudo transformarse en una potencia industrial,  un país culto e integrado,  con una moral notable y que lograba escapar a la precariedad de la vida  a la que nos ha impulsado el estado actual del sistema capitalista en su etapa actual, Chile, por su parte,  en la trampa del lucro y de una competencia brutal ha quedado limitado  a ser  sólo  exportador de minerales, frutas  y otras riquezas naturales, sin ser capaces de  producir  valor agregado,  privilegiando el crecimiento sobre el desarrollo y valorando el competir sobre el compartir. Esta pobreza creativa comienza a producir los primeros temores sobre nuestro futuro. El reciente llamado de alerta de una posible baja del precio del cobre,  la torpeza empresarial,  que por negar una petición exigua estuvo a  punto de  hacer fracasar el embarque de fruta de todo un año,  la precariedad de la vida y, finalmente,  el egoísmo inhumano de quienes quieren continuar controlando país visualizando sólo su afán de lucro  y de ganancia,  hacen imposible estructurar un sistema de educación con la creatividad indispensable para contribuir al desarrollo del país

¡No al cierre de la U. del Mar! Mario Domínguez

Los antecedentes son bastante concretos, el sistema educacional de Chile muestra fisuras irreversibles. La negligencia e irresponsabilidad de un Estado ausente ha provocado estaciones catalépticas, ha jugado con figuras ausentes, posiciones ambiguas, cambiar todo para que no cambie nada.

La situación vivida por las y los miles de estudiantes de la Universidad del Mar es un síntoma que ya huele a enfermedad: la legitimación absoluta del mercado educacional y sus formas de regulación por parte del Estado. Las razones a poner en debate son ahora mas transparentes, la intencionalidad del gobierno del Presidente Piñera para resolver la crisis de la institucionalidad educativa chilena se ve marcada por la inmanencia del mercado, de sus figuras y lógicas. Declarar el cierre de la U. del Mar es decretar su quiebra, es otorgarle el lugar que nunca debió y ni debe tener ninguna casa de estudios de origen particular, es adjudicarle el estatus de una empresa.

Autoría: The Clinic

Autoría: The Clinic

El problema tiene dimensiones que el gobierno invisibiliza, las instituciones de educación superior de origen privado nacieron y se desarrollaron en el marco de la mas absoluta desrregulación, las políticas publicas relativas a su control se mantuvieron en el orden de profundizar esta situación, de privilegiar a los emprendedores en desmedro de la posibilidad de restaurar y fortalecer un sistema nacional coherente con los desafíos y necesidades de la nación en su conjunto. La oferta académica universitaria se ha transformado en una caja de pandora para la ejecución de las orientaciones fiscales. Lo que nos muestra la decisión del Consejo Nacional de Educación es la impotencia del Estado de Chile y sus instituciones para poder resolver -superar- en términos responsables y con miras de futuro el colapso de una de sus áreas estratégicas de desarrollo como lo es la educación.

La política del castigo versus la política de la responsabilidad.

Esta imposibilidad gubernamental para solucionar responsablemente la crisis del sistema de educación se basa claramente en la falta de voluntad política y de diálogo que el ejecutivo a tenido para con los diversos actores involucrados. Lejos de generar la posibilidad de establecer soluciones en conjunto, el ministro Beyer ha rechazado las propuestas y sugerencias provenientes del movimiento por la educación, la cartera de educación ha superpuesto el dogmatismo gerencial a cualquier alternativa participativa de resolución de la crisis; la incomunicación y el hermetismo político nuevamente han dejado en jaque al gobierno de excelencia.

Lo que prima en el cierre de la U. del Mar es la política del castigo, esa que en lo punitivo pretende resolver cuestiones de orden estructural, aquella que -como ya se ha hecho costumbre- sigue creyendo que los problemas de este país se resuelven con aquella “mano dura”portaliana, desvinculando las decisiones de Estado de las practicas democráticas. El cierre de la casa de estudios en cuestión está marcado por la irresponsabilidad del Estado con sus propias definiciones, el Ministerio de Educación por medio de la CNA ha sido participe del colapso de la institución educativa, la falta de fiscalización y compromiso con la calidad han pasado la cuenta de muchos años de negligencia, la aplicación de la política del castigo no solo expía las culpas del Estado en esta materia, sino que lo desentiende del rol que efectivamente tuvo en el mentado colapso.

El rol que el Estado debiese jugar en la Universidad del Mar es el de la responsabilidad, el de la intervención y participación en el futuro de la casa de estudios. No puede desentenderse de un proyecto educativo que él mismo legitimó, debe orientarlo y responder a las miles de familias involucradas con la posibilidad de restaurar un proyecto educativo serio, de calidad y a la altura de las necesidades de nuestro país.

La situacion de las y los miles de estudiantes que abandonaron la casa de estudios no puede tampoco estar al arbitrio del mercado, su aseguramiento debe pasar por una solución que privilegie la reubicación en planteles tradicionales y estatales, definir su pertinencia y normalización curricular de acuerdo a las exigencias de estas universidades y financiar así a los proyectos educativos públicos en contraste con la persistente intencionalidad del ejecutivo de favorecer la inversión privada por medio de incentivos y financiamiento a la demanda, sin importar la institución educativa receptiva de dichos fondos públicos.

Así, los diversos actores en cuestión deben asumir que la necesidad de transformar radicalmente el sistema educacional de nuestro país forma parte de la necesidad de constituir voluntad nacional, que se disponga a enfrentar los desafíos del futuro en taxativo rechazo de las lógicas que nos ha condicionado el modelo neoliberal. Queremos un país de ciudadanas y ciudadanos responsables de su porvenir, queremos que las practicas del gobierno cristalicen esa necesidad…  no creemos que nuestros problemas sean fruto del tan reiterado y añejo peso de la noche.

Mario Domínguez

Secretario General

Federación de Estudiantes Universidad de Valparaíso.

Editorial (CdE nº21)

Desde aproximadamente la revolución pingüina de 2006 es que somos testigos de un masivo descontento; quizás no generalizado, pero sí de un sector importante del estudiantado, profesorado y de funcionarios. Decimos no generalizado, porque  ciertamente a un pequeño sector le acomoda el sistema educacional actual, ya que la libertad de enseñanza y la posibilidad de crear instituciones orientadas a este fin generan cierta atracción, pero es evidente que, según el informe emanado de la comisión investigadora sobre el lucro en las universidades del Honorable Congreso Nacional, la atracción de este sector no va orientada a la buena fe del crecimiento intelectual del país, sino al crecimiento económico de los inversionistas.

Llama la atención que esta comisión investigadora del Congreso no nace específicamente de la iniciativa propia de los parlamentarios, en su función de representar y velar por los derechos de los chilenos, sino que surge por presiones de la sociedad civil, la cual levanta fuertes demandas y denuncias de hechos no ajenos, ni escondidos, sino explícitos y publicitados por diversos medios de comunicación. ¿Será este ejemplo solo una de las causas del descontento y deslegitimación de las instituciones políticas? El problema de esta hipótesis es que legalmente son las instituciones las que quedan en última instancia para dar solución a las demandas ciudadanas y, en el mejor de los casos, éstas crean comisiones con los actores involucrados, las que tienen por objetivo generar diálogos eternos y sin puerto, como ocurrió en la revolución pingüina.

Las instituciones estatales las dirigen personas, funcionarios públicos,  que necesitan de los votos ciudadanos para seguir trabajando, haciendo de la actividad pública un oficio político más que un deber para con el bienestar social. Por ello llama la atención la rápida y publicitaria respuesta de la comisión investigadora, la cual denuncia el lucro por lo menos en cinco instituciones privadas. Entre las mencionadas en el informe se encuentra la Universidad del Mar, tan en boga en las últimas semanas, y otras pertenecientes a corporaciones transnacionales como los Laureate: Universidad de las Américas, Viña del Mar y Andrés Bello, esta última incorporada recientemente al proceso de PSU. Hay que tener en cuenta que la gran agilidad de respuesta de las instituciones públicas,  puede responder a ciertas  imágines  políticas que los partidos y sus políticos desean generar en la ciudadanía, sobre todo si nos encontramos cerca de las elecciones municipales y  el levantamiento de candidatos presidenciales.

¿Se encuentra en crisis el sistema educacional chileno y, en este caso puntual, el universitario?, ¿el estado y su gobierno se encuentran en sintonía y de acuerdo con las demandas educacionales? Creemos que cada lectura, noticia, reflexión sobre este tema nos abre más incógnitas e interrogantes.  Pero algo sí se debe resaltar y manifestar: es que por lo menos el tema “lucro” ha generado una construcción social de incomodidad y cuidado entre las personas. No es irreal pensar que para un joven, al momento de decidir dónde continuar sus estudios superiores, la discusión del financiamiento, el lucro y la calidad de la educación, sean el postre en el almuerzo familiar de un domingo. Este hecho real es resaltado pese a la mirada pesimista que se tiene de los logros alcanzados en las movilizaciones del 2011, ya que la ciudadanía se está atreviendo a manifestar el descontento social, no tan solo respecto  a la educación, sino también a la salud, vivienda, trabajo, e incluso hemos sido testigos de levantamientos regionales y comunales de masas, como ha sido el  caso de Aysén y Freirina, entre otros.

Volvamos a la pregunta; ¿Se encuentra en crisis el sistema educacional chileno? Es más, proponemos  otra mucho más intrigante: ¿será que esta crisis es solo una renovación para dar lugar a otro sistema?  Ésta última pregunta debe tener bastante discusión e investigación, por evidencias reales y concretas que están sucediendo en algunas universidades no solo privadas sino también estatales, y planteamos esta evidencia con otra pregunta, ¿será casualidad la discusión de incorporar competencias en las mallas curriculares de las carreras?

Supongamos que sí se pone al fin al lucro y se designan los recursos necesarios para dar educación gratuita (las ideas vuelan y nos permiten imaginar escenarios magníficos), pero con la condición de que todas las universidades, para poder acreditarse y obtener recursos del estado, sean obligadas u orientadas a implementar competencias en sus diversas mallas curriculares, ¿no sería esto solo una renovación del sistema educacional?.

Las competencias, en forma muy general, tienen un énfasis profesionalizante , generador de habilidades específicas: competencias al servicio de la eficiencia y eficacia, competencias orientadas a fortalecer el sistema económico neoliberal, competencias orientadas a generar profesionales tecnicistas y no universitarios en su pensar, en conclusión, formar Recurso Humano capacitado y productivo.

Esta pequeña redacción, quiere invitarlos a pensar más allá de los mecanismos fiscalizadores y de financiamiento que se les demanda al estado, sino también estar atentos a que la crisis del sistema educacional universitario puede cambiar, pero no en el sentido del crecimiento humano, sino del crecimiento económico del pequeño sector de inversionistas.

La irresistible ascensión del lucro en el sistema Universitario Chileno. Por Osvaldo Fernández y Ricardo López

I. Breve historia del avance del lucro como tendencia en un sector de las universidades chilenas.

Vamos a hablar del lucro tal como éste ha venido desarrollándose y contaminando la educación superior chilena, y particularmente la universitaria, desde 1981. Antes de esa fecha el lucro no era un objetivo para la educación universitaria en Chile. Junto a las universidades Estatales públicas existían, ciertamente, instituciones privadas, pero su objetivo era más bien ideológico, y obedecían a sectores privados, por lo general católicos o masones preocupados por intervenir en esta función, desde los intereses culturales de estos sectores.

Es a partir de 1981, que uno de los objetivos principales de la dictadura, se comienza a cumplir y desde esa fecha se inicia lo que podríamos llamar, el desmantelamiento de todo el servicio público chileno. Como consecuencia se abandonan por parte del Estado las políticas públicas, tanto en el ámbito de la educación, como en el de la salud y también en la previsión. Surgen en el plano de la previsión las AFP; ellas lanzan los fondos de pensiones a los vaivenes del mercado y a la especulación; en el ámbito de la salud aparecen las Isapres, mientras que en el campo de la educación, se hace posible la existencia de universidades privadas de nuevo cuño, entre las cuales unas se orientaron claramente hacia el lucro, a pesar de que había una ley que lo impedía.

El zarpazo fue total en el terreno de la previsión y, en cierto modo mixto, en el plano de la salud, donde podemos decir que hubo una política de resguardo, por lo menos durante el gobierno de la presidenta Bachelet. En la educación el proceso fue más lento, pero hay que decir que la privatización y el sector que lucraba se fue ampliando y haciendo cada vez más competitivo.

Tal proceso tuvo como correlato la disminución programada y creciente del aporte fiscal a las UES estatales, que antes de 1981 era total. Esto que comienza durante la dictadura, se va a continuar a través de los gobiernos de la Concertación, llegando a la situación actual que, en lo que concierne a la U de Valparaíso, es apenas un 6% entre el aporte fiscal directo y el indirecto. Debido a que el Estado fue eliminando su aporte y responsabilidad respecto de la educación superior, proceso que se continuó en los primeros gobiernos de la Concertación, las propias universidades estatales comenzaron a vivir una tensión casi insostenible entre la presión del mercado, y su deber como institución de servicio público.

Gran parte de las universidades privadas se crean a fines de la década del 80, entre el triunfo del NO y la instalación del gobierno del presidente Aylwin. La premura de esta medida explica que para el sector político que apoyó la dictadora, en especial la UDI, este fuera un tema importante, que estuvo probablemente entre los puntos del pacto que dio inicio a la democracia cautelada que siguió a la dictadura.

Alrededor del año 2007, la crisis de varias universidades, como la Valparaíso y la UPLA, además de otras universidades del país, evidenciaron el desastre de esta política en las UES estatales que no eran negocios, que habían ido siendo privatizadas y que no podían serlo, plenamente amarradas como estaban a diversas trabas burocráticas administrativas.

II. ¿Cómo se lucra, o mejor dicho, cómo se logro burlar la ley que hablaba de universidades sin fines de lucro, y se lucró?

a)  Explotando a los profesores, profesores jóvenes o jubilados que trabajan por horas, sin previsión, sin salud, sin existencia “ciudadana” en las universidades. Condenados a un trabajo precario con “contratos” que establecen explícitamente que la relación es de carácter civil y no laboral

b)   A través de donaciones con las cuales se eluden impuestos. Los Yarur en la Universidad de los Andes. Lavín y Larroulet en la Universidad del Desarrollo.

c)   Estafando a los estudiantes, en especial a aquellos que no han podido entrar a las universidades principales por su bajo puntaje. Algunas universidades, como la de las Américas, se han especializado en este sector, y en ese sentido son comparables a la Polar. La suma de deserciones (por razones económicas) y fracasos académicos supera el 60% en promedio en estas universidades con fines de lucro.

d)   Estafando a la sociedad al ofrecer y dictar carreras que no aportan ningún valor agregado para el desarrollo de nuestro país.

e)    Disminuyendo la duración de las horas de clases, o las semanas de trabajo. Cobran lo mismo, pero pagan menos a los profesores, aprovechan mejor las instalaciones.

f)    Los aportes, inicialmente de familias, o de grupos ad hoc que se iban instalando para intervenir en este nuevo, creciente y próspero negocio, muy pronto comenzaron a ser reemplazados por los de consorcios extranjeros. La actividad pasó de esa manera a manos del capital financiero. Todos los argumentos que se dan en defensa del lucro olvidan este aspecto, entregando la versión idílica que siempre ha entregado el capital industrial. La presencia de los consorcios extranjeros, en más o menos el 10% del alumnado chileno. La Apolo, la Laureate y la Southern Cross. En la Andres Bello, la de las Américas, la Santo Tomás, la Uniac, la Viña del Mar, la del Mar (a la cual se trasladaron lo inversionistas que hasta 2008 eran dueños de la Polar).

g)   Recientemente la Comisión Nacional de Acreditación reacreditó por tres años a la Universidad de Viña del Mar. Al parecer no consideró como incumplimiento grave el hecho de que las horas lectivas en dicha universidad son hoy de 35 minutos. Esta reducción se ha implantado ya desde hace dos años y no ha existido una modificación acorde de los programas y contenidos. Los profesionales que egresan de la UVM tienen en promedio un 22% menos de horas de clases presenciales, y probablemente la suma de horas lectivas no alcanza a cumplir con los requisitos mínimos que exigen las carreras de pregrado para otorgar grado de licenciatura y títulos profesionales de pedagogía, ingeniería, etc.

De lo dicho se desprende que uno de los puntos decisivos de la contrapropuesta sea la instalación de un aporte basal progresivo que vaya a la reinstalación en  Chile de la educación pública y gratuita. Esto es exactamente lo contrario del lucro y una manera de erradicarlo definitivamente.

¡CAE a los Bancos Estúpido!. Por Manuel Riesco

¿Quién resulta más beneficiado con el crédito con aval del Estado (CAE)? ¡Acertó!

Desde que fue engendrado el 2006, este perverso mecanismo para endeudar estudiantes a favor de instituciones de educación superior privadas con fines de lucro, ha reportado ganancias brutas por no menos 400 millones de dólares ¡a los bancos intermediarios! Éstas provienen de intereses devengados por los estudiantes y “recarga” pagada al contado por el Fisco, más o menos en partes iguales.

Sin riesgo alguno y sin moverse de su escritorio, por cierto. Además del aval de las instituciones receptoras y del Estado, los bancos adquirieron el derecho a embargar sueldos y devoluciones de impuestos de los futuros profesionales. Como si fuera poco, el Estado les ha recomprado el 41 por ciento de los créditos colocados.

Dichas ganancias brutas equivalen al veinte por ciento de los aproximadamente dos mil millones de dólares colocados a los estudiantes en CAE hasta el momento. Sin embargo, considerando la recompra por parte del Estado, la banca ha aportado solo unos 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, las ganancias brutas hasta el momento equivalen a ¡un tercio del capital aportado por la banca! No está mal.

A lo anterior hay que agregar que aparte de endeudar a los estudiantes en 800 millones de dólares anuales y consumir un 30 por ciento del presupuesto de educación superior del 2012, casi todos los CAE van a a parar a instituciones de educación superior privadas y la mitad a sólo tres de ellas, con fines de lucro.

Por estos motivos hay que terminar con el CAE ahora, redestinando esta partida presupuestaria a financiamiento basal de las instituciones públicas, crédito solidario y becas. Éste es el primer paso hacia la gratuidad de la educación superior.

Las ganancias brutas de los bancos han sido estimadas por CENDA en base a los antecedentes publicados por la Dirección de Presupuestos, DIPRES. Se calculan sumando año a año desde el 2006 al 2011 las “recargas” pagadas por Fisco a los bancos por la cartera recomprada, más los intereses devengados por el capital neto aportado por la banca, una vez descontada la recompra por parte del Estado del total de CAE colocados.

Las “recargas” pagadas por el fisco a la banca suman un total de 106,257 millones de pesos entre el 2006 y 2011. Llama la atención que los promedios de recarga pagados a la banca entre el 2006 y el 2010 promediaron más de 40 por ciento de la cartera recomprada, proporción que se redujo violentamente el 2011 a sólo 6 por ciento. Ello resulta escandaloso, puesto que evidencia que durante los años precedentes se pagó de más a la banca una suma de más de ochenta mil millones de pesos ¡cinco veces el escándalo de Kodama! Por cierto, nadie ha respondido por ello.

Los intereses devengados por los CAE todavía en poder de la banca, es decir, descontada la recompra por parte del Estado, suman un total de 90.452 millones de pesos desde el 2006. Sólo el 2011 suman 36.732 millones de pesos, cifra que crece año a año. El cálculo supone que toda la cartera colocada continúa devengando intereses corrientes. En realidad la suma es mayor, puesto que los créditos morosos son cerca de la mitad y devengan adicionalmente intereses penales y multas.

Las cifras anteriores se presentan en el cuadro adjunto, preparado por CENDA como parte del inforrme a CONFECH.

Analisis CAE

Fuente: http://economia.manuelriesco.cl/