¿ Admisión justa o admisión segregada? Por Jorge González Guzmán

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La discusión acerca del proyecto de ley “admisión justa” ha retrotraído la discusión a lo que ya se había discutido durante los últimos cuatro años. La verdad es que esta discusión no tiene solución: lo que hay aquí es un enfrentamiento entre dos visiones de mundo diferentes. Se trata de un enfrentamiento entre dos posturas ideológicas opuestas acerca de la calidad de la educación: la “calidad” de la educación es un concepto complejo, por lo tanto el peor error que se puede cometer es tratarlo como si fuese simple, con la típica simplificación de “blanco o negro”: en este colegio la educación es mala o es buena. Nosotros optamos por una calidad que destaca componentes sociales de cooperación, por sobre elementos de competitividad; autonomía y creatividad, más que obediencia y disciplina ; curiosidad y capacidad de búsqueda, más que memorización de contenidos. La calidad de este proceso formativo se puede observar en tres grandes aspectos, diferentes pero interrelacionados:

  1. el desarrollo de la formación en lo social
  2. el desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas y creativas
  3. el desarrollo de las habilidades y conocimientos básicos necesarios para pasar de una etapa a la otra.

El primer aspecto consiste en el conjunto de vivencias que el niño tiene al relacionarse tanto con sus compañeros como con sus profesores y otros adultos. La convivencia del pequeño con un grupo culturalmente estrecho y homogéneo disminuye la calidad de su formación. Por el contrario, resulta importante que el niño, desde pequeño, tenga la oportunidad de compartir con niños de otros ámbitos socioculturales que el propio. Esta convivencia en la diversidad es, a mi juicio, un elemento importante en la “calidad” de la educación. Aquí debe agregarse la formación sexual, para lo cual es sumamente importante la convivencia de niños de distinto género. Nótese que aquí no estamos hablando del “aprendizaje por los pares”, que es también un elemento importante que debe sumarse al anterior.

La labor orientadora del profesor en este aspecto es importante, aunque no decisiva. El desarrollo de esta capacidad no se realiza solamente en la sala de clases sino más que nada en el patio de los recreos, en la calle caminando entre el hogar y el colegio, en los hogares donde los niños invitan a sus compañeros.

Es aquí donde la reforma educacional planteada por el gobierno de la presidenta Bachelet (fin de la selección y el copago) incide directamente en la calidad de la educación: una educación segregada como la nuestra es de por si de menor calidad. La selección mediante pruebas que se exige a los niños para el ingreso al colegio es una práctica que limita este aspecto de la calidad. Los llamados colegios emblemáticos, debido precisamente a su proceso de selección, disminuyen su calidad.

El desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas y creativas requiere un profesor que sea capaz de desplegar un abanico de exigencias: desde aquellas básicas, sin las cuales el niño debe reprobar, hasta unas tan altas como sea necesario para los niños mejor dotados. Hay quienes sostienen que la homogeneidad es necesaria para una buena experiencia pedagógica (Pablo Ortúzar, La tercera 18-05 ). No estoy de acuerdo. Ortúzar se olvida completamente del aspecto de formación social antes mencionado. En cuanto al desarrollo de las capacidades cognitivas y creativas, un buen profesor no necesita que todos los alumnos sean igualmente capaces. Es posible que sea más difícil enseñar en un curso heterogéneo. Pero un profesor que confiesa que

él no le enseña matemáticas a las niñitas…solo a los niños” (cita de un profesor del Instituto Nacional) …no es un buen profesor. Concuerdo con Ortúzar cuando indica que el secreto de la pedagogía …es darle a cada cual lo que necesita, en el momento preciso y en la dosis correcta” . Es precisamente lo que hace un buen profesor en un curso heterogéneo.

Un buen colegio es aquel que tiene buenos profesores, con condiciones adecuadas de dedicación, autonomía, sueldos y buen lugar de trabajo. No aquel que tiene buenos alumnos. Se equivoca J.J.Brunner (La Tercera 18-05) al pensar que un liceo emblemático se echa a perder si acepta una variedad de alumnos. Aceptar niños de diversos ámbitos culturales, según nuestra visión de mundo, no achata a un liceo de excelencia. Al contrario: extiende su ámbito de formación social. Un colegio debería llamarse de excelencia si tiene excelentes profesores.

De lo que se trata es que todos los colegios sean “de excelencia” , es decir, lo que hay que hacer es ir mejorando los colegios mas deficientes, poco a poco, pero sin demorarse mucho porque el país necesita ciudadanos bien formados. Por supuesto que no se trata de estandarizar : todo lo contrario: cada colegio tendrá su proyecto educativo, presentando una amplia gama de exigencias. Son los alumnos, o sus padres, los que elegirán al colegio, incluyendo a aquellos colegios orientados hacia lo artístico o musical, sin que sea necesario un exámen previo. Si un niño desea desarrollar su gusto musical, ¿ porqué debe demostrar previamente algún talento especial al respecto? Es el colegio el que debe desarrollar ese talento.

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Admisión Justa: una política de retroceso y profundización de la segregación en la escuela. Por Ana Catalán González

El proyecto de ley presentado por el actual gobierno, denominado Admisión Justa, es claramente un retroceso al sistema educativo que ya comenzaba a avanzar con la implementación de la Ley de Inclusión en las escuelas y la Ley de Gratuidad Universal, promulgadas por la presidenta Michelle Bachelet, y que no pretendían más que avanzar hacia el fin de la segregación escolar en nuestro país. Según la OCDE, Chile es el país con mayor desigualdad escolar entre los países miembros, puesto que el sistema educacional está conscientemente estructurado por clases. A esto se suma, que es el país miembro de la OCDE con mayor desigualdad en la distribución de ingresos (0,503) (OCDE, 2015) donde los ingresos del 10% más rico en Chile son 26 veces más altos que los del 10% más pobre. Teniendo niveles tan elevados de desigualdad en la distribución de ingreso, el acceso a una educación de calidad se encuentra altamente condicionado a las características socioeconómicas de las familias, lo que se ve reforzado por una serie de mecanismos que los establecimientos educativos ponen en práctica para seleccionar estudiantes.

Si bien, hay una serie de aspectos de política pública que no pueden entenderse como causas directas de la segregación en el sistema educativo chileno, sí contribuyen a configurar el escenario en el que esta se manifiesta. Actualmente, dos mecanismos de política pública son relevantes para hablar sobre segregación educativa. El primero, tiene que ver con las facultades que poseen los establecimientos para seleccionar estudiantes, que redunda en que la conformación de estos establecimientos tienda a ser homogénea según criterios socioeconómicos o de género. Un segundo aspecto, es la “libertad de elección de los padres”, que implica que al momento de escoger un establecimiento, los padres ponen en práctica ciertos patrones socioculturales que a fin de cuentas actúan como mecanismos de autoselección.

Es justamente a esto último, a lo que apunta la Ley de Admisión Justa contemplando principalmente – y tal como lo ha repetido incansablemente la Ministra Cubillos en los últimos días y en cada noticiero – “devolver a los padres su derecho preferente a elegir informadamente la educación de sus hijos”, siendo este el primer pilar; el segundo pilar, plantea un Sistema de Admisión Escolar que esté basado en el esfuerzo y mérito académico de los alumnos y no en el azar, es decir, permite la selección a partir de 7mo básico, por criterios académicos para el 100% de las vacantes ( establecimientos deciden si usan notas, ranking, pruebas de admisión o combinación de ellas), dando más libertades a las comunidades escolares para que puedan definir y desarrollar su proyecto educativo.

Por otra parte, plantea requisitos para los establecimientos educativos, quienes deben presentar un proyecto educativo de alta exigencia académica, un desempeño “Alto” según los estándares de desempeño de la Agencia de Calidad; y por último tener más postulantes que vacantes, es decir, un Sistema de Admisión discriminatorio no sólo para padres, apoderados y estudiantes en cuanto a segregación socioeconómica, sino además, para las comunidades educativas, puesto que no todas podrán acceder a este sistema de selección, lo que genera aún más competencia entre establecimientos, quedando en desmedro aquellas comunidades educativas que presentan niveles más bajos. Entendiendo además, que es una competencia en desigualdad de condiciones, puesto que las escuelas y liceos municipales, o de servicios locales, deberán competir con el sistema particular y privado.

Claramente, este sistema sólo privilegia al mercado de la educación, a los empresarios, y a aquellos que han lucrado por años con la educación desde los 90, debido a que serán los establecimientos particulares subvencionados quienes verán privilegiados sus índices de matrícula. Nuevamente, otra ley para terminar con la Educación Pública.

Cabe destacar, que en este proceso la diputada Camila Rojas como presidenta de la cámara de diputado, ha realizado un trabajo tremendamente valorable entablando conversaciones con las distintas bancadas de oposición al gobierno de Piñera, de modo de buscar el rechazo a este nefasto Proyecto de Ley, que nuevamente se ha pospuesto en la cámara baja para llevar a votación.

En efecto, las y los profesores de Chile, nos consideramos opositores a este proyecto, y es por ello, que forma parte también de nuestras banderas de lucha, pues estamos convencidos que profundiza aún más la brecha social en la educación chilena, y no podemos permitir más retrocesos que signifiquen el término de la Educación Pública. Es por esto, que exigimos su retiro, pues la Educación Pública debe ser el pilar fundamental y más robusto de una nación.

Ana Catalán González

Profesora de Educación Tecnológica

Presidenta de Consejo Gremial de Profesores Liceo Técnico de Valparaíso.

Editorial (CdE nº48)

El proyecto de ley sobre educación que el gobierno ha firmado recientemente para enviar al parlamento, retrotrae la discusión a lo que se hizo hace ya unos cuatro años. Y más o menos con los mismos argumentos. Resulta sorprendente que se repitan las mismas ideas y las mismas falacias de entonces. Afortunadamente ya han aparecido respuestas contundentes, como las de Valentina Quiroga, ex subsecretaria de educación del gobierno anterior, como las de Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de educación, como las de Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y muchos otros.

Hay, sin embargo, un aspecto importante que no aparece explícitamente en esta argumentación: el efecto de proyecto sobre la calidad de la educación. Aquí se observan con claridad las diferencias ideológicas de las distintas posiciones: una postura, la del bloque de gobierno, estima que la formación social del niño es poco importante, lo que cuenta es que los niños se esfuercen, compitan y aprendan contenidos que después usarán en la educación superior y en su vida profesional. La otra es la contraria: el colegio debe ser primordialmente formación social, aunque sin olvidar el desarrollo de las habilidades cognitivas y creativas. En la discusión se suele olvidar que el desarrollo de la formación social no se da solamente en la sala de clases: se da principalmente en la convivencia de los niños en el patio del recreo, en la calle caminando al hogar y en los hogares mismos donde los niños invitan a sus compañeros. La convivencia en la diversidad es, a nuestro juicio, un elemento importante, insustituible, de la formación social del niño. Un colegio donde solo hay niños de un solo tipo, obtenidos por selección por parte de los colegios, lo que se suele caracterizar como el “descreme”, es un colegio más malo, en ese aspecto. Es sorprendente que el presidente repita una y otra vez la misma falsedad: “vamos a restituir el derecho de los padres de elegir el colegio de sus hijos…” siendo que el nuevo proyecto de ley precisamente le quita a los padres la posibilidad de elección del colegio y se lo entrega al colegio.

Esta es la gran debilidad de los llamados colegios emblemáticos: allí el desarrollo se concentra en los ramos científicos o humanistas, pero no en el desarrollo social, en un ambiente de férrea competencia para distinguirse en la prueba de selección universitaria . A nuestro juicio el colegio debe formar ciudadanos, debe desarrollar la cooperación por sobre la competencia, la solidaridad por sobre el egoísmo, el trabajo en equipo por sobre la supremacía individual. El llamado “aprendizaje por pares” es interesante, no debe ser olvidado, pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la convivencia de niños diferentes. Claro que esto mismo puede acarrear dificultades: pero su superación constituye un elemento importante en la formación social del niño.

La exigencia y la selección son elementos que no puede obviarse: la pregunta es cuándo. Pensamos que comenzar la selección en la enseñanza básica es completamente prematuro: toda la enseñanza pre-universitaria debería ser en ámbitos diversos. La selección para el ingreso a la educación superior, pensamos, no puede ser evitada.

Finalmente no podemos olvidar que, aún con la ley de inclusión actual, solo una parte de los niños pueden beneficiarse con la diversidad: todavía queda una extensa zona de discriminación por razones económicas: los colegios particulares pagados . Tal vez en algún futuro se podrá extender la inclusión a todos los niños del país.

Sobre la Ley de Universidades Estatales ¿Cuál es la relación que debe tener el Estado con sus universidades? Daniel Salinas-Arizmendi.

En la ultima década varios actores de la educación esbozaron comentarios sobre el cambio estructural que había que hacer en la relación de Estado con sus instituciones de educación superior, del cual emergieron grandes debates sobre esta sinergia, la verdad que hasta la actualidad, solo hemos replicado el modelo de mercado y el lenguaje de la economía neoclásica a dominado el análisis. No resolviendo la contradicción primordial, la educación como un derecho social, o al contrario, como un bien de consumo en un mercado regulado. Los que defendemos la primera postura consideramos que la Educación Superior es un pilar fundamental y estratégico de inversión para desarrollo de la sociedad del cualquier país y es la responsable de la formación del pensamiento creativo, laico, democrático y critico de nuestra sociedad. Por lo tanto el Estado debe velar por el desarrollo de la organización interna de estas instituciones, generar la oportunidad de la conexión ínter instituciones con miras al desarrollo nacional y regional y el fortalecimiento y responsabilidad continua en materias de financiamiento con sus Universidades para que estás logren desarrollarse en plenitud su misión y principios, fortalezcan la democracia del país y su desarrollo integro y sustentable y así logren el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio para las que son creadas. Por eso es importante revisar la nueva Ley Nº21.094 promulgada y publicada el Martes 5 de junio del Presente año, a lo refiere este articulo, revisado los cambios en materias de gobernanza institucional, coordinación entre las universidades , la novedades en acreditación y actos atentatorios y el nuevo plan de fortalecimiento.

El órgano superior que gobierna la universidad se dividirá en tres cuerpos, el Consejo Superior, Consejo Universitario y el Rector, a su vez la responsabilidad del control y de la fiscalización interna estará a cargo de la Contraloría Universitaria, esto no limita la autonomía administrativa de establecer a la instituciones sus propios estatutos orgánicos.

La creación del Consejo Superior, órgano máximo colegiado, responsable de definir la política general y tomar las desiciones estratégicas de la universidad. Compuesto por ocho consejeros: tres consejeros designados por el Presidente de la República, un consejero titulado o licenciado de la Universidad de destacada trayectoria profesional, que resida en la región donde se domicilia la institución, estos últimos consejeros son los únicos que pueden optar a presidir el Consejo Superior el cual toma relevancia en caso de existir un empate en la votación, el presidente del consejo posee el voto decisivo, cuatro miembros de la Universidad, dos académicos de la mas alta jerarquía, un funcionario no académico y un estudiante todos ellos designados o elegidos por el Consejo Universitario mismo Consejo que nombra al consejero titulado/licenciado propuesto por una terna en el Gobierno Regional, y el Rector que continua sido la máxima autoriadad unipersonal representante legal y responsable tanto en lo judicial y extra judicial de la universidad, la Ley manifiesta que su elección esta sujeto a la Ley Nº 19.305 (que refiere que solo académicos jerarquizados tiene el poder de votó y atenta contra la triestamentalidad impidiendo el libre y legitimo ejercicio de la participación) pero en el Artículo 21 de la presente ley promulgada deja establecido que la elección queda prescrita a las normas internas de cada institución donde podría entrar en conflicto al procedimiento de las mismas elecciones. La duración de los cargos dispuestos es de cuatro años para los primeros cuatro consejeros nombrados previamente y el Rector con una opción de reelección para el periodo consecutivo, los consejeros correspondientes a miembros internos de la universidad y la presidencia del Consejo tiene una duración de dos años en su cargo o rol con derecho a una reelección y sin derecho a una reelección para un periodo consecutivo respectivamente.

También se crea el Consejo Universitario conformado por 2/3 de académicos y el resto por funcionarios no académicos y estudiantes todos con derecho a voz y voto concordado en lo los reglamentos internos de cada institución, este consejo estará presidido por el Rector.

En el control de la legalidad existirá la Controlaría Universitaria, donde Contralor Universitario será el responsable, esté debe poseer un título de Abogado con experiencia mayor igual a 8 años, para poder ser elegido de una terna elaborada mediante el Sistema de Alta Dirección Publica y cumplirá una duración de 6 años en su cargo .

El actual CUECH (Consorcio de Universidades del Estado de Chile) conformado hace 25 años será reemplazado por un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, Consejo que asesorara al Ministerio de Educación en el diseño de proyectos conjunto entre el Estado y sus Universidades en torno a objetivos específicos, ademas de conformar redes de cooperación entre las instituciones en áreas de interés nacional o regional. Este Consejo está conformado por los Rectores de las Universidades del Estado, por el Ministro de Educación que lo presidirá y por el Ministro de Ciencia y Tecnología. Con poder ser convocado por le Ministro de Educación y auto-convocado por 2/3 de sus integrantes.

De la calidad y acreditación institucional el proyecto subraya, que si la universidad del Estado pierde su acreditación o obtenga una inferior a cuatro años, el Ministerio de Educación designará a otra universidad del Estado para desempeñe el papel de tutor para lograr la acreditación de la universidad tutorada, una vez alcanzada la acreditación a lo mínimo de cuatro años retirara la tutoría, está tutoría tiene un periodo máximo de aplicación de seis años el Presidente de la República enviará al Congreso nacional un proyecto de ley que defina el futuro de la respectiva institución.

La novedad en financiamiento, es el Plan de Fortalecimiento el cual consiste en proyecto transitorio que en un periodo de diez años inyectara un recurso en total de 300 millones de pesos chilenos, cada 5 años será evaluado por un panel de expertos extranjeros en conjunto al Ministro de Educación y de Hacienda. Estableciendo que los primero cinco años de vigencia del plan se deberán destinar a lo menos 150 millones de pesos, la aprobación, supervisión y seguimiento continuo estará a cargo del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado mediante una comisión de cinco Rectores, representantes del Ministerio de Educación, de Ciencia y tecnología y de la Dirección de Presupuesto.

El Articulo 49 da un gran salto sobre los actos atentatorios a la dignidad de los integrantes de la comunidad, un tema muy presente durante el transcurso del año fueron la falta de protocolos sobre las situaciones de acoso dentro de la instituciones, la nueva ley promulgada establece una tipificación del acoso, donde se podrá establecer un protocolo ante el acoso sexual, laboral y la discriminación arbitraria, equiparando el derecho del denunciante y permitiendo la incorporación de pruebas, y por ultimo se garantiza que toda la comunidad este dentro este protocolo refiriéndose a la incorporación de los funcionarios no académicos y estudiantes dentro del proceso.

La Ley publica el mes Junio del presente año por lo cual entra en vigencia y las universidades tiene un periodo de un máximo de tres años desde la fecha mencionada esto esta claramente establecido en su articulo transitorio Nº 1.

Quienes consideramos que el denominador común para un desarrollo estratégico del país es la correcta relación entre el Estado y sus universidades, donde el Estado debe poner la Economía del país al servicio del cumplimiento de este importante objetivo. Vemos como gran avance la promulgación de esta Ley que lleva a las universidades del Estado contribuyan con su impronta al progreso de la sociedad chilena y se acerquen cada vez mas al gran proyecto de Reforma Universitaria de 1967 y que la educación superior cumple el rol que le corresponde en la historia.

Octubre del 2018, Valparaíso

Quintero-Puchuncaví: Zona de Sacrificio.Gerardo Torres Balchen.

Gerardo Torres Balchen1

Introducción

Después del triunfo de la Unidad Popular en 1970, en el verano siguiente fue habitual que grupos de estudiantes pasar algunos días de vacaciones en playas cercanas a la ciudad de Santiago. El Quisco, Cartagena, Valparaíso o Quintero eran los destinos usuales. El medio de transporte era el tren, el cual salía desde Estación Mapocho con destino a Valparaíso o a Quintero, ambos atiborrados de pasajeros, en su gran mayoría jóvenes. En Quintero los días los pasaban bañándose en las playas de “Los enamorados”, “El papagayo”, “El durazno”. Caminar hasta Loncura, cruzando la Base Aérea de Quintero, era un paseo tradicional, como también ir a las fiestas que organizaban las “lolas” del Liceo N°1, ellas disfrutaban de su refugio en ese balneario.

La dictadura hizo tristemente famosa la localidad de Puchuncaví, con la instalación del campo de concentración Melinka, el cual estaba ubicado a pocos metros de la carretera. Inicialmente el gobierno de la Unidad Popular, cumpliendo con su programa de gobierno de proporcionar vacaciones para los trabajadores, construyo casas de veraneo con ese destino, después del golpe militar, en septiembre de 1973, fue transformado en un campo de prisioneros políticos.

Hasta mediados de la década de los setenta la zona de Quintero-Puchuncaví de contaminación, intoxicaciones, Alertas Amarillas, zona saturada o zona de sacrificio eran términos inexistentes. Hoy esos conceptos son comunes encontrarlos en los medios de comunicación y lo que es peor, son del diario vivir de sus habitantes, después de la instalación de casi 20 empresas, que han afectado negativamente su vida y sus esperanzas de vida, a vista y paciencia de los gobiernos y del Estado.

Evaluando hacia atrás, hoy resulta incompresible cómo fue posible transformar Quintero y Puchuncaví en lo que se han denominado “zonas de sacrificio”, término dramático que oculta el sacrificio corre a costa de los hombres, mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, en definitiva de sus lugareños.

También resulta evidente que no ha sido azarosa aquella concentración de empresas altamente contaminantes, todas ellas, pública o privada, las cuales son depositarias de un modelo económico, político, social y cultural instaurado a sangre y fuego, en los años de la dictadura cívico-militar y que con correcciones menores sigue vigente en la actualidad.

El fenómeno de Quintero-Puchuncaví fue advertido a temprana hora, al poco tiempo de iniciar sus operaciones la Fundición de Ventanas los pobladores de la zona denunciaron daños a los cultivos y ganado. Años después comprobados por estudios realizados por la Universidad de Valparaíso, no obstante, los gobiernos, pesar de declarar la “zona saturada”, mantuvieron una política autorizando instalación de empresas, en especial centrales termoeléctricas a carbón y a gas, que en conjunto con otras, están provocando daños irreparables a la salud humana.

El presente análisis de la situación en Quintero-Puchuncaví, utiliza como material base información abierta en medios de comunicación del país, como así mismo, revisión de textos de destacados economistas, sociólogas, antropólogos y otros especialistas.

Primeras empresas en la zona de Quintero y Puchuncaví

En el año 1958 se instala en la localidad de Ventanas, “la termoeléctrica2 de propiedad de la entonces empresa estatal Chilectra y, en el año 1964, la Fundición Ventanas3 de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI)”4, y en 1966 se construye el Puerto de Ventanas (Chilgener), para desembarcar carbón, iniciativas que formaban parte del esfuerzo del Estado por desarrollar e incentivar un modelo productivo, cuyos orígenes los podemos encontrar en el empuje puesto por los gobiernos radicales en décadas anteriores, orientado al fomento de industrias capaces de crear las condiciones para sustituir importaciones (ISI)5. Una vez que las empresas entraron en operaciones, despertó el descontento de varios actores locales, en especial los pequeños agricultores, los cuales acusaban a la Fundición de Ventanas de afectar la crianza de ganado y daños en los cultivos. Las quejas fueron aplacadas al sostenerse que los vientos de la zona disiparían en amplias áreas los posibles contaminantes, en tantos los residuos que se precipitarían a la tierra por gravedad, se aducía, por el mismo efecto de las corrientes de aire, las micro-partículas al tocar tierra no revistarían peligro.

Hoy la situación ha cambiado, el crecimiento del parque industrial, está provocando daños a la salud humana. El modelo neoliberal sin regulación, puede asegurarse, es uno de los principales responsables de lo efectos dañinos que están sufriendo los habitantes de la zona.

Ricardo Ffrench-Davis en su reciente texto señala que “La primera etapa del proceso de reformas (1973-81) se caracterizó por la aplicación de un modelo neoliberal en su versión más fundamentalista o extrema de libertad económica, en el contexto de una dictadura militar”6, periodo que da cuenta de privatizaciones de empresa públicas, entre ellas Chilectra, cuya central termoeléctrica hoy controlada por AES Gener, empresa que además tiene en operaciones otras tres: Nueva Ventanas ubicada en Puchuncaví, Campiche y Ventanas 2, ambas también ubicadas en Puchucaví, todas utilizan el carbón para la generación eléctrica y sindicadas como las principales fuentes de gases tóxicos. Lo que acontece en estos territorios es homólogo a lo que ocurre en la zona de Coronel y otras comunas, denominadas “zonas de sacrificio” que reflejan, a juicio de Máximo Pacheco, el impacto que ha tenido la construcción de centrales termoeléctricas a fines de la década de 2000, producto del corte del gas argentino.

Debe recordarse que el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), promovió la adquisición de gas argentino para el abastecimiento nacional, como una forma de paliar las negativas consecuencias del cierre de las minas de carbón de Lota y Coronel, varias centrales se reconvirtieron a gas, pero a consecuencias de los problemas de abastecimiento desde Argentina retornaron al carbón.

La construcción de centrales termoeléctricas en la zona obedece a las necesidades de abastecer a la gran minería del cobre, está requiere de grandes cantidades de energía eléctrica para su producción. La libertad de extracción cuprífera, incentivó a los privados nacionales y extranjeros a las explotaciones mineras. Para abastecer de electricidad a los yacimientos, en 1977 se construye la termoeléctrica a carbón de Ventanas II, aprovechando las instalaciones preexistentes. Con el término de la dictadura y el incremento de la inversión extrajera orientado, en especial hacia la gran minería, la construcción de centrales térmicas se incrementa para suministrar energía a bajo costo a los yacimientos. Así Quintero y Puchuncaví vieron el desarrollo, en pocos años, de las centrales a carbón, debido a que “las carboneras de levantan rápido y eran más económicas, dos factores decisivos para que se escogieran como soluciones”7. Los grandes beneficiados las grandes empresas mineras, los grandes perjudicados los lugareños.

Dicha explosión de termoeléctricas responde, de acuerdo a Máximo Pacheco, al cambio “pionero” a nivel internacional introducido en el sector eléctrico en los años ochenta por la dictadura, cambio referido a “la incorporación del concepto de mercados competitivos en la generación eléctrica”8. Pacheco explica los mercados competitivos indicando que se refieren a privatizar “los distintos segmentos de la cadena de generación-transmisión-distribución, y reduce el actuar del Estado a lo que se define como un rol subsidiario, con una planificación indicativa de generación y centrado en materias regulatorias, particularmente en los segmentos monopólicos de la red”9. En consecuencia, la mencionada explosión de termoeléctricas en la zona de Quintero-Puchancaví, y otras a lo largo del país, responde a criterios económicos en el ámbito privado “en un ambiente competitivo que, supuestamente, coincide con los objetivos sociales”10.

La realidad ha demostrado lo contrario con los graves problemas para la población, sumado a una legislación ambiental tardía y laxa, como lo expone Mauricio Fernández, Jefe de Unidad de Delitos Medioambientales de la Fiscalía Nacional, al señalar que en el “caso de contaminación en Quintero, las empresas, aun cuando resultara acreditada su responsabilidad en los hechos, no arriesgarían sanción alguna producto de la regulación vigente”11. El jefe de la Unidad ahonda “Tenemos una figura en Código Penal, con penas bastante bajas, sin sanción pecuniaria, sin sanción a la persona jurídica (empresa), sin herramientas de investigación especial. Hay un escenario normativo muy pobre”12. Acota la necesidad de contar hoy con medidas de corto plazo “hay que tener ya sanciones más severas que impliquen que, en situaciones de mayor gravedad, las penas sean incluso de crimen”.

En los hechos se ha producido la judicialización del conflicto, con requerimientos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por parte de grupos de vecinos, otros de las municipalidades de Quinteros y Puchucaví, más una del Instituto de Derechos Humanos (INDH), además los parlamentarios de la zona están exigiendo investigaciones acuciosas a las autoridades del ramo con comisiones investigadoras, se suman varias ONGs13 preocupadas del medio ambiente.

Las reformas económicas del periodo 1973- 1982, emprendidas por la dictadura cívico-militar consideraban que “El papel tradicional del Estado como empresario y promotor de la inversión y la industrialización debía reducirse a la brevedad posible, a fin de que estos procesos fueran el resultado, exclusivamente, de decisiones tomadas por los agentes privados en mercados desregulados y abiertos al exterior, sujetos a las reglas <<neutrales>> de una economía de libre mercado”14. En los siguientes años, la economía nacional siguió siendo el resultado de decisiones de los privados, las mejorías en los precios del cobre en los mercados internacionales, incentivan un incremento de nuevos yacimientos.

Ffrench-Davis indica que la aparente “neutralidad se aplicó en un marco de desigualdad y heterogeneidad productiva entre diversos grupos de trabajadores y diversas categorías de empresas; es lo que denomina heterogeneidad estructural. La consiguiente heterogeneidad de las productividades entre diversos agentes económicos implica que políticas supuestamente <<neutrales>> involucran efectos asimétricos y diferenciados entre distintas grupos productivos y sociales; entonces, los efectos resultan evidentemente no-neutrales”15, como ha quedado demostrado en Quintero-Puchuncaví. La señalada asimetría y no-neutralidad a cercado a los habitantes en una trampa de graves consecuencias a su salud, como lo denunciará en su momento el Dr. Jaime Chiang de la Universidad de Valparaíso, en la actualidad es la comunidad quien padece de esa aparente neutralidad. Hoy Andrei Tchernitchin del Colegio Médico asegura que los gases tóxicos son fuente de cáncer.

Los nuevos yacimientos llevaron a la instalación de empresas atraídas para abastecer de energía a las cupríferas y brindar servicios para las mismas. En el año 1981 se autoriza la construcción del terminal marítimo de Oxiquim. Con el gobierno de Patricio Aylwin y su visión económica de “avanzar hacia un cambio con continuidad”, la inversión extrajera directa (IED) “se torno crecientemente voluminosa. Este auge de la IED, principalmente creadora de nueva capacidad productiva en vez de adquisiciones de activos existentes, fue estimulado por las atractivas características de la economía chilena: generosa dotación de recursos naturales y la entrega casi gratuita de la <<renta económica>> de los ricos yacimientos (falencia heredada de los tiempos de la dictadura y que demandaba una corrección), elevada calidad de las políticas macroeconómicas e imagen favorable del proceso de transición a la democracia”16, han marcado los años siguientes, sumado a mantener una estrategia exportadora.

Dicha estrategia exportadora, en palabras de Maristella Svampa responde a un modelo extractivista de explotación de los recursos naturales, cuyo efecto en los territorios, muchas veces concebidos “desde una mirada miserabilista y una estrategia de devaluación de las economías locales (poblaciones atrasadas, economías sumergidas), o bien desde una mirada sacrificial (concebidos como “desiertos” o “territorios socialmente vaciables”)17. La autora indica que la repulsa a las “zona de sacrifico” ha obligado a los gobiernos al cambio de paradigma de desarrollo sustentable por “el paradigma de la economía verde, que implica una profundización de la mercantilización de la Naturaleza, lo cual traerá consigo la acentuación de los daños y desigualdades, incrementando tanto la apropiación de los territorios de las comunidades locales e indígenas por parte de las empresas transnacionales como los efectos adversos del neoextractivismo”18. Dicha apropiación del territorio por las empresas queda a la luz al comprobar las declaraciones atemorizantes de sus ejecutivos, quienes sostienen que las medidas de las autoridades medioambientales, en ningún caso pueden derivar en impedir el abastecimiento de energía eléctrica o de combustible.

En términos amplios desde el inicio de la dictadura, la economía nacional se posesiona en una lógica exportadora (modelo extractivo-exportador), con la expectativa de que se convierta en el eje del crecimiento. El auge exportador sostiene Ffrench-Davis, desde el punto de vista de la generación de divisas “lo importante no es sólo el volumen de divisas que se obtiene en el presente, sino además la perspectiva de su crecimiento en el futuro”19, anclar las exportaciones a los recursos naturales o semi-elaborados (cobre, madera, harina de pescado) corre el riesgo de su dependencia a la demanda mundial, la cual crece lentamente, (y muchas naciones en desarrollo presionan la oferta, con impactos depresivos, sobre los precios”20. Para las empresas el modelo extractivista, los generosos recursos naturales del país y una legislación laxa no las estimula a invertir en investigación y desarrollo (I+D). Chile posee un triste record en comparación con los países de la OCDE, invirtiendo seis veces menos, 0,36% del PIB siendo el promedio de la OCDE de 2,3%. El gobierno insiste en levantar las “alertas amarillas”, lo cual autoriza a las empresas a reanudar faenas, aún sin tener claridad de quienes son los responsables de los gases tóxicos, simultáneamente el presupuesto 2019 para I+D se disminuye.

La consolidación de los yacimientos mineros y del modelo extractivista provocaron en Quintero-Puchuncaví un impacto demoledor. En 1992 se construye el terminal marítimo de Gasmar para la distribución de gas licuado, en el 2000, se levanta el terminal de Asfaltos y Combustibles Cordex, empresa dedicada al almacenamiento y distribución de petróleo y derivados, posteriormente en los años 2006 y 2008, se instala la Central Termoeléctrica Nueva Ventana y termoeléctrica Campiche (empresa eléctrica Campiche) respectivamente, en paralelo se instala la planta de lubricantes de Copec, en Loncura, un año después (2009), entra en operaciones GNL Quintero, terminal marítimo de gasificación de gas licuado (ENAP). En 2010 inicia su funcionamiento la termoeléctrica de Nueva Ventana de Gener.

Todas ellas “conviven” con la población y otras fuentes productivas, entre los cuales se cuentan, pescadores artesanales, agricultores (medianos y pequeños), respirando gases tóxicos como el dióxido de azufre (So2) o compuestos orgánicos volátiles (COV) proveniente de los hidrocarburos, SO2 producido por las plantas termoeléctricas, en cambio los COV, se encuentran presente en las empresas Oxiquim, Copec, Gasmar, Enap, Enex y GNL. La termoeléctrica de Ventanas, actualmente propiedad de Codelco, por su antigüedad, hoy es considerada la más contaminante.

Las autoridades inicialmente señalaron como responsable a Enap, posteriormente recularon aduciendo la inexistencia de estudios, para demostrar los efectos contaminante específicos que perjudican a la población, no obstante los medios de comunicación han informado que estos se realizaron hace más de treinta años atrás y que mostraron los efectos nocivos en los habitantes de la zona.

Informes de universidades

Los primeros indicios de contaminación fueron advertidos por los pobladores y agricultores de la zona de Quintero-Puchuncaví, a mediados de la década de los setenta, pero sería en la década siguiente que se realizan los primeros estudios toxicológicos, llevados a cabo por el doctor en química Jaime Chiang Acosta, fallecido en julio del año pasado, profesional de la Universidad de Valparaíso, demostró los peligros de la contaminación ambiental y denunció los riesgos de la sustancias emanadas por el parque industrial, cuando este no adquiría las proporciones actuales. El trabajo del Dr. Chiang motivo a estudiantes a continuar sus estudios, todos demostraron los efectos de la contaminación sobre los habitantes de la zona.

Patricio Cornejo, Juan López y Sergio Romano trabajaron con el Dr. Chiang un estudio que determinó que el complejo industrial de Ventanas era la principal fuente de contaminación, encontrando ácido sulfúrico y arsénico y otros contaminantes en cantidades que superaban más de 100 veces las normas extranjeras “proyectando que la contaminación podía llegar a las comunas de Nogales y Concón, ubicadas al interior de la región”21, en sus conclusiones destacan que la “polución del sector, tanto para personas como animales, quienes estarían en riesgo debido a la convivencia con el área industrial”. Años más tarde la química Gina Lagomarsino siguió los estudios y “realizó análisis de cabello de 80 habitantes de la zona. Todos adultos”. El estudio abarco 60 kilómetros a la redonda con resultados alarmantes, señala que “no se entendía cómo las personas tenían altísimos nivel de concentración de arsénico y plomo”22.

El Dr. Chiang continúo guiando tesis hasta el año 2012, las que demostraban mayor oxidación de algas en Quintero, relacionadas a la concentración de metales en la bahía. De acuerdo al químico Miguel Ángel Eyzaguirre “las deducciones de cada trabajo ratificaban cada tesis, donde incluso se expuso sobre <<posibles riesgos toxicológicos>> en los consumidores producto del arsénico”. Para la Sociedad de Toxicología de Chile, resulta asombroso que los estudios que median la contaminación no hayan despertado preocupación en las autoridades, como tampoco animara el interés del Estado por incrementar los montos en I+D.

La química Lagomarsino acota “que han pasado treinta años y ahora escuchamos decir que se van a realizar estudios, cuando hay estudios de todo. La gente no tenía por qué tener arsénico en el pelo en los años 80, en ese tiempo no había este número de industrias”23, recomienda “lo que debe hacerse en estos momentos de crisis es un trabajo multidisciplinario de quienes saben”. A la luz de las investigaciones y sus resultados, resulta aún más sorprendente que el hospital de Quintero, en la actualidad, no tenga un especialista toxicólogo como lo denunciará el Colegio Médico.

Efectos de la paralización de las empresas

Resulta evidente que la paralización de las empresas, para evitar las concentraciones de los gases tóxicos, es una medida paliativa, que no asegura soluciones finales a la salud de los habitantes y provoca serios trastornos a las empresas instaladas. En los hechos, por ejemplo, la paralización de las centrales termoeléctricas encárese la energía a los clientes finales, aumentado su valor debido a que el abastecimiento debe realizarse comprando a otros proveedores, utilizando en reemplazo energía más cara. El gerente general de Enap Refinería Aconcagua-Concón, señala a modo de chantaje que la empresa está adoptando decisiones por las paralizaciones de faenas, pero que estas no deberían afectar el abastecimiento de combustible en el país. Las paralizaciones temporales de faenas han afectado a las plantas emisoras de dióxido de azufre (SO2) de Codelco Ventanas y de AES Gener, además obliga a la detenciones de las operaciones a las generadoras de compuestos orgánicos volátiles (COV) de Oxiquim, Gasmar, Enap Quintero, Enex y GNL Quinteros. Un cálculo estimado de un buque parado en el mar cuesta US$ 25 mil y US$ 35 mil diarios y la menor producción de energía puede significar pérdida de más US$ 100 mil cada día. Según consigna el diario El Mercurio “Una paralización del terminal de Enap Quintero, de las instalaciones de Copec y Enex por un plazo superior a las dos semanas podría poner en peligro el abastecimiento de combustible de la Región Metropolitana”24. A pesar de las paralizaciones de faenas los casos de nuevos casos de intoxicación se mantienen en la zona, despertando la ira de sus habitantes. Los ejecutivos en ningún caso hacen referencia a inversiones para ajustarse a normas internacionales.

Mapa N°125

El subsecretario de Minería Pablo Terrazas segura que “la paralización de (la fundición de) Ventanas es particularmente relevante, ya que parte importante de la minería que recibe proviene de la mediana y pequeña minería, permitiendo activar una serie de economías locales”26, lo cual es cierto. El subsecretario agrega que la Fundición de Ventanas (de propiedad de Codelco), fue construida en 1964, sin ninguna norma de emisión, no obstante se han realizado inversiones por US$159 millones destinados a reducir en 32% las emisiones de SO2 y en 82% las de material particulado, sin embargo, el subsecretario no hace mención si la reducción se encuentran dentro de los estándares internacionales. Las empresas se responsabilizan mutuamente, ninguna asume su grado de participación individual en los días de máximos de contaminación, sus faenas no están garantizadas impidiendo las emanaciones de gases tóxicos, tal como lo consigno un informe del Colegio Médico.

Gases tóxicos

El Colegio Médico por intermedio del Departamento de Medio Ambiente, encabezado por el médico Andrei Tchernitchin entrego un informe a solicitud de la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 5 de octubre, donde detalla los gases tóxicos que han estado expuesto los habitantes de Quintero-Puchuncaví. El informe indica que la exposición a tricloroetano puede producir cáncer y el tolueno tiene efectos que incluyen problemas cognitivos y de lenguaje. Sobre el óxido de azufre y sus derivados, el reporte sostiene que <<no han sido responsables de la crisis sanitaria de agosto y septiembre>>. Empero puede producir cáncer27. El informe recoge lo señalado por la Secretaría Regional Ministerial de la V Región, la cual indica que el 21 de agosto informó de cuatro gases a los cuales se les atribuye efectos en la salud: metilcloroformo, nitrobenceno, tolueno e isobutano. Sorprendentemente la Seremi señala que “en la segunda jornada de intoxicaciones no se identificaron fuentes”. Para elaborar el informe el Colegio Médico revisó las páginas web de las empresas de la zona, en ellas se pudo comprobar que Oxiquim “comercializaba tricloroetano y tolueno” igualmente tuvieron a la vista el acta de inspección de la Seremi, donde se constatan infracciones al almacenamiento de sustancias tóxicas en estanques autorizados para otro tipo de productos.

El informe desvirtúa las acusaciones contra Enap, al señalar que el episodio del día 4 de septiembre, la empresa había detenido sus actividades y sellado sus estanques “de los cuales se suponía, pueden haber provenido los gases tóxicos”. El mismo informe da cuenta que en los dos episodios siguientes, la autoridad declaraba desconocer las fuentes de intoxicaciones. Del informe del Colegio Médico se puede colegir que las faenas de las empresas no dan seguridades garantizando la salud de la población, a la vez, de contradicciones de las autoridades del ramo y el encubrimiento de los verdaderos responsables.

Gráfico N° 128

Nicola Borregaard señala “Las plantas termoeléctricas son por sí solas las responsables de aproximadamente un cuarto de las emisiones totales, a nivel país, de dos de los contaminantes locales más relevantes: el 23% de las emisiones de óxidos de nitrógenos (NOx) y el 27% de las emisiones de dióxido de azufre (SO2)”29. La economista y Doctora en Economía en Recursos Naturales agrega que en el 2011 la Norma de Emisiones para Termoeléctricas, para material particulado en esos dos compuestos todavía no está en “rangos similares a los de la Unión Europea”, a la vez, expone las consecuencias de los “sistemas de refrigeración de las plantas termoeléctricas en la fauna marina, al succionar y devolver agua al mar30”, citando el caso de Bacamina II, en Coronel, donde las organizaciones sociales denuncian la “destrucción sistemática e irreversible de la biomasa de las costas del sector, particularmente en Caleta Lo Rojas”. Borregaard además indica lo importante de promover regulaciones a las termoeléctricas por su impacto en el cambio climático, sentencia que el sector energía concentra el 77% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) del país. De estos, la generación eléctrica mediante plantas de carbón, diesel y gas natural implica un 40%, y el transporte otro 29%”31. En Quintero y Puchuncaví se encuentran en operaciones 5 plantas termoeléctricas con emisiones de gases contaminantes para la población, además todas ellas utilizan los sistemas de refrigeración descritos por Borregaard, provocando iguales daños a la biomasa de las costas.

Protestas de la comunidad

A principios agosto se detectaron en los servicios de salud, los primeros casos de intoxicación de estudiantes que concurrieron por atención de urgencia. Desde aquel momento la cantidad de atenciones ha ido en aumento, incluso en periodos de paralizaciones de faenas ordenadas por las autoridades sanitarias y medioambientales. La comunidad organizada tiene claridad que todas sus demandas precisan tener como gran protagonista a los actores sociales, para lograr más que nunca golpear en el escenario político creado. El apoyo de los partidos y movimientos políticos de izquierda o progresistas hoy es fundamental para poner fin a la “zona de sacrificio”, es insuficiente presionar “desde arriba”, la movilización “desde abajo” debería encaminarse en lograr establecer una normativa medioambiental exigente, que muchas de los controladores de las empresas cumplen en sus países de origen y políticas públicas poniendo en el centro la calidad de vida de sus habitantes.

La respuesta tardía de las autoridades, inicialmente incluso minimizando la gravedad, provocó la repulsa de los habitantes. Marchas, ataques a las instalaciones de Codelco, cortes de calles y caminos principales, tomas de liceos y colegios, velatones, vigilia frente a las instalaciones de las empresas afectas a la paralización, para asegurarse de su efectiva detención, entre otras manifestaciones ha sido la respuesta. La comunidad se ha organizado para hacer frente a la incompetencia de las autoridades, que de acuerdos a sus voceros desconocen qué gases son lo que afectan en específico a la población y realizar en los servicios de salud los diagnósticos adecuados.

Gráfico N°2

Valparaíso se ha hecho eco del drama de Quintero-Puchuncavi, no así Santiago, con manifestaciones en apoyo, con la participación de estudiantes secundarios y universitarios además de las organizaciones de pescadores y medioambientalistas. En tanto en los territorios de sacrificio, las distintas orgánicas de la comunidad han denunciado la militarización de la zona, con el arribo de importantes contingentes de Fuerzas Especiales de Carabineros, que fueron sobrepasadas por la respuesta contunde de la comunidad, cuando visitara la zona, en forma intempestiva, el Presidente de la República. Las actuales autoridades del Ministerio del Interior tienen experiencia en aplacar la protesta de la comunidad, están empleando el mismo patrón utilizado en Aysén años atrás. No muy distinto al actuar en Freirina, Chiloé y otras localidades que saben de las bombas lacrimógenas, carros lanza agua y apaleos, intimidación a sus dirigentes, seguimiento y amenazas.

Un dato revelador distinto a los casos anteriores, ha sido la muerte sospechosa de Alejandro Castro, dirigente del Sindicato de Pescadores C-24 de Quintero, encontrado ahorcado, después de participar en una marcha en Valparaíso, en una reja perimetral de la línea férrea en Valparaíso, a la altura de la Avenida Errázuriz con Carrera, pleno centro de la ciudad puerto. Sin embargo, se suma a los asesinatos de Juan Pablo Jiménez y Macarena Valdez, en este último caso, también la policía informó en su oportunidad, que su muerte habría acontecido por un suicidio, hoy la justicia ha dictaminado que fue asesinada, hasta la fecha se desconocen sus responsables.

Hasta ahora las manifestaciones exigiendo soluciones concretas al gobierno, no logran permear las fronteras regionales, su impacto en la Región Metropolitana, ha sido mínima, contándose entre ellas, declaraciones de agrupaciones de colegios profesionales. Las organizaciones regionales y nacionales de trabajadores aún no responden con firmeza. Han sido organizaciones de estudiantes secundarios (ACES) con la toma de los accesos al Ministerio del Medio Ambiente (17.10.2018) quienes han establecido una primera conexión entre sus demandas opuestas al proyecto “aula segura” y las intoxicaciones de sus pares en Quintero y Puchuncaví. En tanto, los dirigentes estudiantiles de la zona denuncias maltratos, hostigamientos, amenazas y torturas, por parte de las fuerzas policiales.

Gráfico N°3

Las universidades, en general, han estado ausentes, estudiantes, académicos e investigadores no se han hecho parte denunciando las graves consecuencias para la salud que acarrea “la zona de sacrificio”. Probablemente responda a dos limitantes, por una parte, los presupuestos destinados a la investigación, donde Chile destina 0,36% del PIB y el promedio de la OCDE es de 2,3%, en otras palabras seis veces más. Silvia Eyzaguirre sostiene que “somos el país de la OCDE que menos invierte”. Dicho ínfimo porcentaje, en la propuesta presupuestaría del gobierno para 2019, se reduce aun más, rebajando los aportes en un 4%, reajuste que provocó la renuncia de Mario Hamuy a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) el pasado 16 de octubre. Los ajustes presupuestarios en Conicyt se aprecian en Becas Chile (-2,9%), Fondo para el Fomento, Ciencia y Tecnología (-3,2%), el Programa Explora (-5,3%), en otros.

Una segunda limitante, por las mismas razones anteriores, no se privilegian investigaciones orientadas a los impactos medioambientales en las “zonas de sacrificio”. Sin embargo, no se justifica el silencio de las universidades al flagelo que padecen los habitantes de la bahía. Una declaración de los premios nacionales habría sido una respuesta categórica, al daño ocasionado por las empresas.

Las protestas de los habitantes de la “zona de sacrificio”, los partidos y movimientos políticos y las organizaciones medioambientalistas que los apoyan, todavía no logran politizar la reivindicación ambiental, en otras palabras, es la esencia del modelo neoliberal-capitalista y su lógica extractivista, la que condena a las comunidades y los expone a daños irreparables a su salud. Resultan insuficientes las medidas de paralización de faenas, que en lo coyuntural han tenidos sus efectos positivos, pero una vez que retornen a sus labores diarias y ya no sea una noticia en los medios de comunicación, volverán los casos de intoxicaciones, como ocurriera años atrás (2011) con la contaminación de azufre en la Escuela La Greda de Puchuncaví.

El movimiento sindical regional y nacional, en gran medida ha estado ausente, las centrales sindicales no han estado encabezando la protesta. Muchos menos los sindicatos de las empresas han manifestado opinión alguna, a excepción de trabajadores de Enap, los cuales han advertido que las acusaciones contra la empresa encubran una maniobra privatizadora.

Estrategias del Gobierno

Tres son las estrategias del gobierno. La primera contener la protesta ciudadana, encapsulando en la “zona de sacrificio”. Los dirigentes han denunciado un creciente aumento de fuerzas represivas, seguimiento y amenazas. La población de facto, principalmente, organiza protestas y manifestaciones en los límites geográficos de la bahía de Quintero, despertando episódicas adhesiones en otras ciudades, destacándose la masiva marcha en Valparaíso, no obstante, la protesta no logra sortear sus propios límites. Dicha contención con despliegue de autoridades ha centrado su preocupación en paralizaciones de faenas y apaciguar las declaraciones de los empresarios, anunciando estudios de planes de largo plazo y legislaciones más exigentes, no obstante se evita enjuiciar el modelo neoliberal (obvio) y las consecuencias que ha tenido en la zona. Localizar la protesta exclusivamente en la zona, no ha sido patrimonio del actual gobierno, los gobiernos de la concertación y la NM actuaron de igual forma, Freirina y Chiloé dan cuenta de ello.

Los partidos y movimientos políticos de izquierda y progresistas no aquilatan la gravedad de los hechos denunciados por sus habitantes, pueden ser distintas sus explicaciones, pero pareciera que restringir la política al Parlamento les impide conectarse con los territorios, abanderizándose con la lucha de las masas en la zona. Aparentemente la trama del modelo neoliberal-capitalista y los desastres provocados en los territorios no cala en toda su profundidad. Quizá por insuficiencias en elaborar propuestas político-técnicas que, al menos, obliguen al gobierno a adoptar medidas coyunturales y abordar los problemas por medio de políticas públicas, que cuenten en su diseño con los habitantes sacrificados. Politizar la reivindicación implica interpretar el sentir y la subjetividad de los sectores afectados por las emanaciones, la óptica de quienes los padecen exigen respuestas inmediatas, es tarea de los partidos políticos, en especial del Partido Comunista poner en el centro el modelo neoliberal-capitalista como causante principal de la contaminación y proponer soluciones haciéndose parte de las que surgen “desde abajo”, en síntesis ir a las masas. Probablemente una propuesta político-técnica del Partido Comunista elaborada “desde abajo” contando con las masas, con dirigentes sociales, comunitarios y sindicales, organizaciones medioambientales, apoyos desde las universidades y otros grupos organizados confluya en las próximas elecciones municipales, con propuestas para enfrentar las negativas consecuencias que hoy padecen las comunidades de Quintero-Puchuncaví.

De las 16 medidas presentadas por el gobierno en el marco de “Compromiso País”, ninguna hace referencia a los territorios de sacrificio, a pesar que, de acuerdo a las declaraciones, los esfuerzos de los empresarios, rectores de universidades, académicos, líderes de fundaciones, ministros y dirigentes sociales se dirigirían a “buscar soluciones que permitan apoyar a personas, que por algún motivo, no pueden salir adelante por sí solas”32. Resulta evidente que los habitantes de Quintero-Puchuncaví, caen en aquella consideración, no pueden salir por sí mismo de aquella condición sacrificial. El “Compromiso País”, encubre los padecimientos de los habitantes de Quintero, Puchuncaví, Huasco, Coronel, Tocopilla y Mejillones zonas devastadas por el desarrollo industrial, bajo una lógica extractivista, en un marco del modelo neoliberal-capitalista. Interpretamos las palabras de Sylvia Aguilera en el sentido que el Compromiso País “no es solo una estrategia diferente para encarar la pobreza, sino una forma de construir sociedad que supone una compresión distinta del rol del Estado y de la sociedad civil”33, los pobladores de Quintero-Puchuncaví están a la espera que se concrete esa nueva relación del Estado con la sociedad civil, pero se puede augurar que los buenos propósitos que observa la investigadora, serán vanos, las “zona de sacrificio” y sus secuelas no están presentes en el Compromiso País. En efecto, Andreas Schleider –director de educación de OCDE–, señala que “la brecha en el rendimiento académico entre alumnos de mayor y menor nivel socioeconómico se abre a los 10 años”34, lo cual se agrava si se considera lo expuesto por Andrei Tchernitchin en su informe, al detectar que los gases tóxicos de tolueno tiene efectos que incluyen problemas cognitivos y de lenguaje. Compromiso País no relaciona los efectos de altas concentraciones de empresas generadoras de gases tóxicos en las “zonas de sacrificio” como agentes activos de potenciamiento de la pobreza.

Una segunda estrategia del gobierno, en paralelo, ha sido recurrir a los instrumentos legales, acudiendo a los tribunales de justicia, iniciar sumarios sanitarios o abrir procesos por intermedio de la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, simultáneamente declara que no ratificará el acuerdo regional de Escazú. Pero hace un despliegue comunicacional con la instalación de un hospital de campaña, el cual atiende, curiosamente, en horario de oficina, esto es, desde las 9:00 hasta 17:00 horas, curiosidad que no da cuenta que las emanaciones de gases tóxicos ocurren las 24 horas del día.

Una tercera estrategia de índole comunicacional ha sido en responsabilizar exclusivamente a Enap, probablemente, y así lo advierten sus dirigentes sindicales, para iniciar la creación de las condiciones para su privatización.

Una propuesta urgente es cambiar la producción eléctrica a base de carbón por fuentes de energía de eléctrica renovables no convencionales, en especial aquellas amigables con el medio ambiente: sol y vientos. Al respecto se puede señalar la importancia del Estado en disponer, bajo su propiedad, de la generación eléctrica eólica, solo basta tomar como referencia el caso de la Unión Europea donde el Estado es propietario del 45% del parque de generación eléctrica eólica, en Estados Unidos aproximadamente de un 20% de las centrales o China e India cuya participación supera el 60%35.

Empresas en Quintero-Puchuncavi

Cuadro N°136

Empresa Propiedad Descripción de su negocio
AES Gener AES Corporation control en forma indirecta, por medio del 99,9% de Inversiones Cachagua Spa, la cual es poseedora del 66,70% de la sociedad. Se suman 21,26% de Fondos de Pensiones chilenos y 11,74% de accionistas minoritarios. 4 Termoeléctricas
Puerto Ventanas Controlada en forma directa e indirecta por Sigdo Koppers, a través de SK SA y SK Inversiones portuarias SA con un 50,01%. Además es propietaria de Ferrocarriles de Pacífico. Abastecimiento de carbón y salid a de cobre
Codelco Estatal Fundición
Oxiquim Su fundador Vicente Navarrete Marinot, cercano al grupo Angelini y Leonidas Vidal, ligado a la familia Pinochet. Actualmente es un holding con filiales en Argentina, Perú, Brasil y China, controlada en la actualidad por sus herederos. Petroquímica
GNL Propiedad de Compañía General de Electricidad por medio de CGE Gas Natural. El 92,07% de las acciones son de propiedad Gas Natural Fenosa Internacional S.A., Agencia Chile, la cual es propietaria de CGE Gas Natural. Regasificación de gas natural
Shell Participación en la propiedad del Grupo Quiñenco (Andrómico Luksic), por intermedio de la Empresa Nacional de Energía (ENEX), con las cuales controla Shell y Terpel Chile. Almac enamiento de combustible
COPEC Presidente del Grupo Copec Roberto Angelini, el cual la controla por medio del 60, 82% de Antar Chile, participan también los Fondos de Pensiones con un 6,94%, el resto acciones minoritarios. También participa en la propiedad el Grupo Matte  Por medio de la Fundación Copec se hacen aportes a la Universidad Católica para impulsar la investigación científica aplicada. Almacena miento de combustible
Endesa Controlada por ENEL (Ente nazionale per l´energia electtrica) por medio de Enel Generación Chile. Central Quintero (Gas natural)
Catamutun Sin información de propiedad con grupos económicos nacionales. Importación de distribución de carbón térmico para la industria.
Cementos Biobío Controlada por la familia Briones Fabricación de cemento y derivados
Gasmar Controla por GASCO 63,75% de las acciones y Abastible con el 39,25% Combustible para transporte marítimo
Enap Estatal Dos plantas de almacenamiento de combustible
Epoxa Sin información de propiedad con grupos económicos nacionales. Resina de poliéster

Este somero e incompleto análisis de los propietarios de las empresas presentes en la zona, deje en evidencia la presencia de los principales grupos económicos del país, controlando en forma directa o indirecta las plantas sindicadas como las responsables de la contaminación con gases tóxicos a los habitantes de la bahía.

En el caso de las empresas de propiedad estatal, Enap y Codelco, también implicadas de alguna u otra manera en daños a la salud de los pobladores de la zona, deja en evidencia que se han amoldado al modelo neoliberal-capitalista, con el poco cuidado del medio ambiente y el escaso respeto a los vecinos. Marcelo Tokman refiriéndose a Enap, señala que el medio ambiente y respeto a los vecinos fueron materias, en calidad de pilares, recientemente incluidos en el plan estratégico. La presión de pescadores y otras organizaciones obligó a la empresa a iniciar mejoras en el Terminal Quintero, contado con asesorías nacionales e internacionales, mejoras enfocadas a la infraestructura para optimizar las operaciones del terminal (evitar derrames), de no haber existido esa presión de las comunidades organizadas, Enap continuaría con operaciones riesgosas para la población y fauna marina.

Para el caso de CODELCO su actual Presidente del Directorio, Juan Benavides, está más preocupado de implementar el plan trazado por el gobierno, en otras palabras, del financiamiento de las inversiones los cuales ascienden a US$ 16.500 millones37, destinados principalmente al financiamiento de proyectos estructurales, de la preocupación por el medio ambiente, Benavidez no hace mención.

1 Académico universitario.

2 Termoeléctrica a carbón

3 Fundición y refinería de cobre,

4 https://pras.mna.gob.cl/desarrollo_historico_ventanas/

5 Industrialización Sustitutiva de Importaciones

6 Ricardo Ffrench-Davis, 2018, Reformas económicas en Chile 1973-2017, Neoliberalismo, crecimiento con equidad, inclusión, Santiago, Taurus, p. 22.

7 Máximo Pacheco M, Editor, 2018, Revolución energética en Chile, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, p.61.

8 Ibíd., p. 23.

9 Ibíd., p.23.

10 Ibíd., p. 23.

11 El Mercurio, 29 de septiembre 2018.

12 El Mercurio, 29 de septiembre 2018.

13 Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, Codeff, Greenpeace, Oceana, Terram, Instituto de Ecología Política y Chile Sustentable.

14 Ibídem., Ricardo Ffrench-Davis, p. 39.

15 Ibíd., p. 124.

16 Ibíd., p. 70.

17 Maristella Svampa, 2017, Del cambio de época al fin de ciclo, gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales, Buenos Aires, Edhasa, p. 95

18 Ibíd., p. 91.

19 Ibídem., Ricardo Ffrench-Davis, p. 271.

20 Ibíd., p.272.

21 Diario La Tercera, 29.09.2018

22 Diario La Tercera, 29.09.2018

23 La Tercera, 29.09.2018.

24 El Mercurio, 30 septiembre 2018.

25 https://s2.latercera.com/wp-content/uploads/2018/08/Imagen-TH-NAC-Ventanas-Quintero-250818.png

26 El Mercurio 11 octubre 2018.

27 La Tercera, 12 octubre 2018.

28 Gráficos 1, 2 y 3, según datos del diario La Tercera, 28 de septiembre 2018.

29 Nicola Borregaard, Más compatibilidad entre crecimiento y protección ambiental, en Revolución energética en Chile, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, p. 158.

30 Tanto la succión como la devolución del agua al mar a una temperatura mayor, provoca daños en la fauna marina. Borregaard señala que el impacto sobre la biota marina recae en la Subsecretaria de Pesca, la devolución del agua a altas temperaturas debería estar regulada por la norma de calidad de agua, administrada por el Ministerio de medio Ambiente.

31 Ibíd., p. 161.

32 El Mercurio, 17 octubre 2018.

33 La Tercera, 28 octubre 2018.

34 El Mercurio, 28 de octubre 2018.

35 Marcelo Tokman, ENAP como actor clave, en Revolución energética en Chile, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, p. 205.

36 Según las memorias anuales de las empresas, al año 2017.

37 La Tercera, 28 de octubre 2018.

Editorial (CdE nº46)

El ministro de (la mala) educación

El ministro de educación nuevamente nos impacta con declaraciones. Esta vez, relevando que los problemas de infraestructura de la educación pública deben ser resueltos con “bingos”.

Inmediatamente después de la declaración – en acto público y leída- nos señala que tras sus dichos hay una forma y un fondo. Tras cartón nos señala que siempre las palabras pueden ser malinterpretadas.

Resulta sorprendente que el Sr. Varela no se haga cargo de que, en nuestro idioma, el castellano, los vocablos (dichos o leídos) tienen un significado concreto, específico, y dicho significado está regido, en el caso de nuestro idioma, por la Real Academia de la Lengua Española.

Queremos desvirtuar la típica salida de personeros públicos que tras un gazapo plantean que sus palabras fueron sacadas de contexto. No es el caso, las palabras del ministro fueron leídas en acto oficial.

El vocablo Bingo, en su quinta acepción por la RAE, indica que se ha acertado o solucionado algo.

Con lo anterior queremos manifestar que, en este caso, no hay diferencia entre la “forma y el fondo”.

El actual ministro de educación está convencido de que los problemas de infraestructura de nuestra educación pública se solucionan con “bingos”. Sería interesante conocer si el actual gobierno piensa lo mismo, al parecer la distinción entre forma y fondo es una discusión no acabada al interior del gobierno.

Discutamos sobre “sociedad docente”, abiertamente, transparentemente y en el Congreso, pero sin cuñas ignorantes.

No es la primera vez que Varela intenta minimizar los problemas, ya habló de pequeñas humillaciones en relación con las demandas del movimiento feminista, y para ello no trepidó en utilizar a sus propios hijos (los campeones) como ejemplo.

Esta vez, se ha superado en el desconocimiento de un problema real.

A cuatro meses de asumido en su cargo, el debiera saber que, del presupuesto de su ministerio, el de la billetera más gorda del estado, los fondos para infraestructura no alcanzan el 1% de la subvención regular base. (M. Ríos, presidente de la Comisión de Educación de Municipalidades)

Debiera saber que las escuelas del sistema público de educación (básica y media) tienen que cumplir con 1800 obligaciones en las áreas de gestión escolar, gestión de recursos e infraestructura, entre otros. (Informe de Educación 2020)

Debiera saber que el último catastro (efectuado por el MINEDUC) sobre infraestructura de los establecimientos públicos se realizó en el año 2014, que dicho catastro arrojó los siguientes índices:

Un 20% de dichos establecimientos presentaba serios problemas de infraestructura.

Un total de 1163 establecimientos tenía sistemas precarios de agua potable, que 71 colegios no contaban con baños (de hecho, usaban letrinas) y que 130 colegios debían ser reconstruidos en su totalidad.

Este ministro debiera saber que, en lo que va del 2018, la Superintendencia de Educación ha recibido 251 denuncias por déficit de infraestructura, lo que significa un alza del 41,8% respecto del mismo período del año anterior.

Pero, Varela – en cuatro meses- no sólo no ha asimilado esta realidad, no ha leído los informes del sector, sino que tampoco ha ordenado realizar un catastro de la situación de infraestructura educacional cuando asume la gestión del ministerio. No hay otra manera de entender su solución vía “bingos”. Este gobierno, intenta consolidar el concepto de “sociedad docente”, pero este ministro la imagina y la operacionaliza con ¡bingos!

Es más, a este ministro le molesta viajar a regiones, se refiere a los recursos del Estado como si fuesen suyos, en suma, Varela no quiere trabajar.

Al ministro de Educación le quedan pocas opciones:

  1. Reconocer que su error es de forma y de fondo, que los problemas existentes no se resuelven con bingos, salvo que siga considerando que el sistema público de educación es el mismo de sus “campeones”, los cuales logran con bingos hacer un viaje de estudios a Dubái en vez de a Cartagena de Indias.

  2. Que Sebastián Piñera reconozca que tiene un ministro flojo y que además ni siquiera se ha enterado que la sociedad chilena resolvió desmunicipalizar la educación pública y que ahora la responsabilidad integral será del ministerio con más fondos.

  3. Que el Congreso acuse constitucionalmente a este ministro por notable abandono de sus deberes.

Al cierre de esta edición, hemos conocido de un oficio fiscalizador de la Defensoría de la Niñez, en que interpela a este ministro a responder en un plazo no superior a diez días, sobre las denuncias recibidas en su período como ministro y las respuestas a las denuncias del MINEDUC.

Esperamos que esta vez emplee el lenguaje de forma correcta y con honestidad intelectual.

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