EDITORIAL (CdE nº33)

Carrera Docente

Para muchos debe haber sido una sorpresa la reacción de los profesores respecto al proyecto de Carrera Profesional Docente presentado hace un par de semanas por el gobierno. Porque se suponía que este proyecto tenía como objetivo precisamente atender a las justas demandas de los maestros: mejores remuneraciones, más tiempo para preparar clases, estabilidad laboral, en fin, mejores condiciones de trabajo. Y si se mira el proyecto en sus líneas gruesas, eso es justamente lo que plantea el proyecto. Es que hay que ver la letra chica, se dice. Bueno, la letra chica es el texto completo del proyecto de ley, que tiene 81 páginas. Este no es el lugar apropiado para hacer un exhaustivo análisis del proyecto, lo cual, por lo demás, sería prácticamente inútil, pues ya se han realizado muchos cambios. Tan solo podemos adelantar que nos parece que tiene varios puntos discutibles, junto con otros que son absolutamente necesarios. Solamente queremos detenernos en uno que nos parece crucial: el que la entrada a la Carrera Docente, en cualquiera de sus niveles, requiera un examen, una cierta evaluación. Ante el argumento de que los profesores no quieren ser evaluados, ellos responden que eso no es cierto, que no rechazan la evaluación, y que desde hace ya varios años son periódicamente evaluados. ¿Entonces? Entonces hay que ir al detalle: lo que los profesores rechazan, por amplia mayoría, es el tipo de evaluación que plantea el proyecto. En efecto, poco a poco se empieza a configurar qué es lo que los profesores rechazan con tanta vehemencia: se trata de la evaluación de los conocimientos disciplinarios. Lo que en el proyecto se denomina la certificación. Uno de los argumentos que lanzan es que el proyecto refleja la desconfianza de las autoridades. Y eso es efectivo: quienes confeccionaron el proyecto tienen una profunda desconfianza en las competencias disciplinarias de los profesores. Lo malo es que esa desconfianza tiene fundamento. La formación de los actuales profesores es sumamente heterogénea. La estructura del sistema universitario impuesto por la dictadura y que los gobiernos de la Concertación no cambiaron, hizo que se pudieran formar profesores con los más disímiles niveles de preparación. Por supuesto que hay excelentes profesores que dominan ampliamente las materias que deben enseñar. Pero no todos. Es más: existe una gran cantidad de profesores que no manejan adecuadamente su disciplina. Las carreras de pedagogía son en gran medida de tiza y pizarrón, o pueden reducirse a eso. Por eso son más baratas y por eso, en un sistema basado en el mercado, proliferaron como flores de primavera y así tenemos profesores de todo tipo y nivel. Hay también evidencias directas al respecto, como las llamadas pruebas Inicia, que se han venido realizando de modo experimental y con carácter voluntario, así como los testimonios y la experiencia directa de los profesores universitarios que reciben en sus aulas a los nuevos mechones. Los actuales profesores en ejercicio tienen cierta conciencia de sus debilidades en el conocimiento de su disciplina y por eso rechazan vehementemente ser puestos en evidencia mediante exámenes disciplinarios. Desgraciadamente muchos de los que no tendrían ningún problema respecto a su disciplina, son arrastrados por los otros y se produce una cierta solidaridad espuria, bajo la idea de que la disciplina no es lo más importante. Y eso puede ser cierto, tal vez no es lo más importante. Pero es absolutamente necesaria. Es claro que no basta con conocer y dominar la disciplina: saber enseñarla, es decir, ser capaz de lograr que los alumnos aprendan, es un elemento esencial en este proceso. Pero lo que no se sabe no puede enseñarse. O se enseña mal. La disciplina a tratar en el colegio debe ser conocida y dominada a un nivel básico razonable.

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Este problema no se hubiese presentado si la formación de los profesores en las universidades hubiese sido rigurosa, es decir, si las carreras de Pedagogía hubiesen sido suficientemente serias en todas las universidades. Este punto también se toca en el Proyecto, exigiendo que las carreras de pedagogía sean impartidas por instituciones acreditadas, más aun, que las carreras mismas sean acreditadas, y se espera, además, que la acreditación sea seria, exigente, no simplemente hecha por agencias privadas contratadas por las mismas instituciones. En este sentido se puede esperar que en el futuro los nuevos profesores estén bien formados y que no sea necesario un examen adicional. Creemos que el ministerio no pensó que el proyecto iba a tener tan radical rechazo entre los profesores. Si éstos lo hubiesen aceptado, tranquilamente, en una actitud de autocrítica racional, entonces se podría haber generado un fuerte impulso en el mejoramiento de la calidad de los profesores, preparándose éstos para los respectivos exámenes y contando con un fuerte programa de perfeccionamiento, desde luego que organizado y financiado por el ministerio. Esto no fue así y pensamos que entonces no vale la pena acelerar el proceso, tal vez resulte mejor retirar el proyecto, pero mejorar de todos modos las condiciones de trabajo de los profesores, aumentando sustantivamente los sueldos, dando más tiempo en horas no lectivas y financiando su perfeccionamiento, sin incluir ninguna exigencia adicional. No es claro que esto signifique retardar significativamente el desarrollo de la calidad en la enseñanza en los colegios. De todos modos, éste es un proceso lento, con o sin el incentivo de una carrera docente.

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El conflicto de la Educación en Chile. Ricardo López Erazo

Para poder hablar del conflicto que aqueja a maestros y al Ministerio de Educación es necesario, en primer lugar, contextualizar y relevar ciertas falsedades sobre él.

Es durante 1986 que el proceso de municipalización de la Educación Básica y Media culmina. La dictadura de Pinochet, en forma apresurada, cierra el círculo de acero sobre el magisterio chileno. De ahí en adelante los maestros vivirán sus horas más negras: despidos, disminución de sus rentas, trabajo precario y agobio docente serán cotidianos y permanentes, hasta hoy.

Las autoridades municipales detendrán todo proceso de capacitación y/o perfeccionamiento de los profesores. Las aulas se verán atiborradas de alumnos, a sabiendas del perjuicio en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta sería la educación que el Estado ofrecería a los niños y niñas más desprotegidos de nuestro país. Se haría carne el precepto pinochetista acerca de que la educación y la cultura son subversivos.

A partir de entonces, y producto de la contrarrevolución política, económica y social que impuso la dictadura, los profesores ya no serían más respetados, sino agredidos e injuriados por alumnos y padres y apoderados, produciendo el alejamiento de las labores docentes de miles de buenos maestros.

Ya no volveríamos a ver en los hogares chilenos (incluidos los proletarios) estantes con libros, lo que sería reemplazado por televisores para ver y escuchar, repetido hasta el infinito, que ya no somos ciudadanos sino meros consumidores.

El sistema municipalizado de educación requeriría de una sobre-oferta de maestros, y para ello entonces surgieron las carreras de pedagogía en Universidades que no ameritan ostentar ese nombre. Con ello se originaba un nuevo negocio que atraía alumnos sin vocación ni capacidades para ejercer la docencia.

Esto entregó al sistema profesores nuevos, que debían soportar bajas remuneraciones y empleos precarios.

El viejo mundo de nuestros maestros había desaparecido, la sociedad no otorgaba dignidad a esta profesión.

Una mentira cien veces repetida se transforma en realidad. El duopolio periodístico, con el concurso de la televisión, han machacado el que los profesores solo buscan mejorar sus remuneraciones y no desean ser evaluados.

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Los enemigos de la dignificación de la carrera de pedagogo han utilizado a múltiples opinólogos y “expertos en educación” (los mismos que han administrado esta tontera intelectual) para denostar al magisterio. Dicho sea de paso, todos ellos tienen intereses o son incumbentes en el actual “negocio educativo”.

También se ha señalado que es el Partido Comunista quien está por impedir todo acuerdo. Es bueno recordar que la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, ha jugado un rol destacado en destrabar el conflicto. Por otro lado, si bien Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores es un militante comunista, él se debe a las normas y conductas democráticas con que este Colegio determina sus acciones. La continuidad del paro, acordada en Asamblea Nacional, es votada por más del 90% de los dirigentes con derecho a voto en dicha asamblea. Es difícil que entiendan esto aquellos personajes que en la arista educativa de sus negocios hacen y deshacen sin considerar ninguna otra opinión.

Es dicha campaña de desinformación la que más contribuye a que se mantenga y agudice el conflicto.

Sin entrar en detalle sobre los aspectos en discordia entre el magisterio y el MINEDUC, invito a la siguiente reflexión:

¿El proyecto de carrera docente enviado al parlamento ayuda a conseguir y mantener a las mejores mujeres y hombres que requiere el sistema de Educación Pública en Chile?

La respuesta es claramente NO.

La carrera docente que se ofrece no atraerá ni mantendrá a los mejores, este proyecto pone bajo sospecha a todo el profesorado (los que están y los que vienen).

Necesitamos un SISTEMA que se haga cargo de formar a los mejores en todo el proceso educativo (básico, medio y superior), y para ello es necesario generar incentivos (monetarios y no monetarios).

El mismo SISTEMA debe considerar el desempeño de manera holística, que es lo que los profesores solicitan, en vez de un sistema de “certificación” (cuestión que ninguna otra profesión exige en Chile), pues debemos avanzar a un Sistema de Reconocimiento del Desarrollo Profesional. Esto no es un simple juego de palabras, se requiere que la carrera docente considere aspectos colectivos y sociales del trabajo docente, incorporando criterios tales como el desarrollo de innovaciones pedagógicas e investigación de aula con condiciones mínimas necesarias para desarrollar el trabajo educativo (alumnos por aula).

La carrera docente y la desmunicipalización son dos elementos intrínsecamente ligados para desbaratar esta verdadera desgracia nacional que le ha costado al país mucho más que terremotos, inundaciones y erupciones. Sin embargo, ya se levantan los incumbentes con sus voces pidiendo postergar la salida de la educación pública de los municipios. La desmunicipalización está comprometida en el programa de gobierno, es ahora cuando Chile debe volver al sitial que ostentó en Educación

Desde nuestro espacio saludamos la batalla que libran nuestros maestros y deseamos por los niños de Chile, y por Chile, que su esfuerzo dé los frutos adecuados.

Erupción política en Chile. Manuel Riesco Larraín

Chile experimenta su mayor erupción política desde los años ochenta, la que se origina principalmente en la ineficacia de los gobiernos democráticos para corregir las grandes distorsiones y abusos acumulados, aquellos heredados de la dictadura y otros de factura propia. La crisis ha devastado a la derecha, pero ha arrastrando también al gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría, que fueron elegidos precisamente para enmendar rumbos. Los que desde el gobierno y oposición intentan frenar o diluir las necesarias reformas incurren en la ilusa pretensión que las cosas pudiesen continuar como hasta ahora.

La crisis reventó por el lado menos pensado, el de la corrupción política en un país que se preciaba de lo contrario. A seis meses de iniciada todavía no amaina, a pesar de pasos contundentes, decididos y bien encaminados por parte de la Presidenta, como promover y respaldar las propuestas de democratización del financiamiento de la política y el funcionamiento de los mercados junto al reforzamiento de la capacidad del Estado para imponerlas, e iniciar pronto el proceso constitucional, contenidas en el “Informe Engel“, y el cambio del gabinete.

En medio del fuerte vendaval desatado, no parece convincente atribuir demasiada relevancia a los inevitables tropezones del gobierno al llevar a la práctica algunas de estas acciones, sin perjuicio que dificultan aún más las cosas. Lo que si resulta grave, en cambio, es la pretensión de frenar los cambios indispensables, en lo que aparecen empeñados la recién elegida cúpula empresarial y algunos tecnócratas, medios de comunicación y opinólogos, y algunos dirigentes y ex dirigentes políticos.

Los primeros intentan aprovechar la fuerte desaceleración que sufren todas las economías emergentes. Ésta ha sido provocada principalmente por el término del denominado “superciclo” de altos precios de materias primas y la reversión de los flujos de capitales especulativos, que los estimularon en la década y media que ha durado la crisis secular de las economías desarrolladas. Todo ello causado extrañamente por el inicio, aunque tambaleante, de la recuperación secular de estas últimas.

Culpan la desaceleración de la economía chilena a la “incertidumbre” generada por las reformas y la crisis política, con el propósito explícito de frenar aquellas. El Presidente del Banco Central ha llevado la voz cantante al respecto, el flamante Ministro de Hacienda ha retomado la cantinela de austeridad fiscal en tiempos de vacas flacas, mientras su colega de Interior debutó hablando contra la mentada “retroexcavadora” reformista, todo lo cual ha sido celebrado moderadamente por la cúpula empresarial, la cual se pone cada vez más exigente con estos ministros que han tenido la peregrina ocurrencia de invitarlos a cenar en medio de la tormenta.

índice3Los principales medios de comunicación y opinólogos se desviven en argumentar en la misma dirección. Algunos ya hablan descaradamente de la renuncia de la Presidenta y proponen su reemplazo por un ex presidente, quien por su parte parece empeñado en reproducir en este apartado rincón del planeta el triste papelón que en otras latitudes han ofrecido los revenidos líderes de la llamada “tercera vía” socialdemócrata de los años 1990.

Hay también quienes desde las sombras se empeñan en “agudizar las contradicciones”, con el propósito inconfesable de provocar una reacción ciudadana frente a un caos generalizado que reavive condiciones para una salida conservadora, hoy completamente inexistentes. Ciertamente, tales maquinaciones se aprovechan siempre de los grupos más inexpertos, frenéticos o irresponsables, y cuando no aparecen los inventan. Sin embargo, la experiencia chilena es clarísima respecto que tales maniobras sólo logran su propósito reaccionario cuando el ciclo de agitación ciudadana ya ha empezado a declinar y que, en cambio, cuando dicho ciclo sigue todavía un curso ascendente como ocurre en la actualidad, las provocaciones solo lo aceleran.

Cuando los gobiernos se paralizan o retroceden frente a situaciones de gran agitación ciudadana como la que se vive, las consecuencias son impredecibles y muy negativas. No es necesario recurrir acá a los muchos ejemplos, clásicos y recientes, que ilustran esta posibilidad y que los dirigentes políticos más experimentados y responsables de todos los sectores conocen muy bien.

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Lo que se requiere es precisamente lo contrario, es decir, encauzar la inmensa cantidad de energía que la crisis está liberando hacia la aprobación de las reformas comprometidas por el programa de gobierno. No retacándolas aún más puesto que son de por si muy moderadas sino, al revés, avanzando todo lo que este impulso popular gigantesco permite realizar ahora, que es muchísimo más de lo que se consideraba posible hace un par de años. Al mismo tiempo, es necesario fijar desde ya en la esperanza de la ciudadanía un horizonte de nuevas reformas que aborden los problemas que todavía quedan pendientes, que son los mayores y más difíciles de resolver, empezando por una Nueva Constitución.

La que aparece más clara en esta idea de conducir la crisis hacia su única solución progresista posible es la propia Presidenta, quién ha debido superar momentos personales de gran dificultad. Ella podrá cohesionar la acción reformadora de la Nueva Mayoría, que junto a otros sectores políticos que han venido confluyendo, constituyen la formación política propia y adecuada para conducir el actual ciclo de efervescencia popular.

Los partidarios de pisar el freno representan y buscan repetir precisamente lo que ha provocado la crisis, por lo que mal van a poder resolverla. Al revés, pueden provocar que las cosas se pongan color de hormiga, lo cual no beneficia a nadie. Son un verdadero peligro público.

Curriculum e ideología. Patricio Gutiérrez Donoso y Nadia Rojo Libuy

La discusión sobre la gratuidad de la educación ha puesto en primer plano la discusión de la educación en nuestro país; sin embargo, poco hemos discutido sobre la orientación pedagógica o formativa de dicha educación, porque la profundidad de la discusión sobre educación (gratuidad, formación y carrera docente, curriculum, etc.), sobrepasa el ámbito netamente corporativo, es decir, no es solamente una cuestión que implique específicamente a los profesores o a los estudiantes. De lo que se trata, más bien, es pensar el proyecto implícito de país que se quiere y que queremos proyectar mediante el sistema educativo para todos los ciudadanos de nuestro presente y futuro país, para lo cual no es menor pensar en el curriculum.

El Sistema Educativo chileno nos plantea un curriculum nacional, que se imparte en el ámbito escolar durante los 12 años que se proyectan como educación obligatoria. Curriculum que se nos presenta como un programa neutro, ahistórico y objetivo. Sin embargo, necesariamente, cuando hablamos de curriculum estamos hablando de un proyecto educacional que responde a los intereses de los grupos hegemónicos. Es decir, responde a las necesidades de los intereses de grupos dominantes.

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A continuación desarrollaremos unas breves reflexiones sobre este tema.

La idea fundamental en que se cimienta la programación y la labor del sistema educativo, es decir, la implementación del curriculum, es el de la imparcialidad y objetividad del sistema educativo y, por consiguiente, de la escuela como espacio de neutralidad. Esto se basa en la existencia de ciertas condiciones que lograrían dar cuenta de este carácter: la creencia en un proceso objetivo de evaluación; una organización formal de la escolarización, especialmente la considerada como obligatoria, en la que todos los alumnos y alumnas tienen las mismas exigencias, los mismos derechos y obligaciones, y ade­más se les ofrece lo mismo; y un «folclore de fuerte individualismo» que viene a propagar el mensaje siguiente: quien trabaje duramente y sea in­teligente tendrá éxito.[1]

Sin embargo, olvidamos en muchas ocasiones, que el sistema edu­cativo y, por tanto, las instituciones escolares son una construcción so­cial e histórica, sometida a la presión de los grupos e ideologías dominantes, las que al mismo tiempo intentan hacernos partícipes de la idea de la inevitabilidad, perennidad y ahistoricismo de todo aquello que juega en favor de sus necesidades e intereses educativos. [2] Por tanto, las políticas educativas desarrolladas por los Estados, no pueden ser comprendidas de manera aislada, descontextualizadas del marco socio-histórico concreto en el que va cobrando significado.

Las relaciones de poder que existen en cada sociedad, o los procesos hegemónicos, tie­nen una prolongación directa en el sistema escolar. En el ámbito educativo, los distintos “poderes” van a tratar de imponer su conducción política y moral, y al mismo tiempo alcanzar grados de legitimidad Sin embargo, existen también las contradicciones que día a día generan los modelos de relaciones laborales e intercambio, la producción cultural y el debate po­lítico, las que van a tener algún reflejo en las instituciones y aulas escolares.[3] Por tal motivo, se estaría hablando del desarrollo de dinámicas que se constituyen socialmente, que van configurando el trabajo que se plantea desde el curriculum y se despliega en la sala de clases. En este sentido, Apple, nos declaraba convencido que la educación no era un espacio neutral, y que por su naturaleza misma, el educador se veía implicado en un acto político, fuera consciente o no de ello.[4]

Esto significaba exponer los aspectos visibles y/o invisibles, de los cuales se nutren los procesos formativos: valores ideológicos, relaciones de clase y de poder social y económico, en donde los sujetos establecen las relaciones de reproducción social y, al mismo tiempo, ello también implica configurar los modos concretos por medio de los cuales estas dinámicas sociales, es decir, los modos por los cuales se organiza la sociedad, hegemonizan el espacio cultural. Por tanto debemos tener presente las prácticas cotidianas concretas, los procesos de formación y los currículos que se encuentran en ellas.

Estos elementos se revelan de excepcional importancia cuando nos planteamos los problemas que suscitan dentro del ámbito curricular, aspectos tales como el curriculum abierto y el curriculum oculto que se enseña en las escuelas, los principios de selección y organización de ese conocimiento, así como los criterios y modos de evaluación utilizados para medir el éxito de la enseñanza.

En consecuencia- señala Apple- la escuela «procesa» tanto el conocimiento como a las personas. En esencia, el conocimiento formal e informal se utiliza como un filtro complejo para procesar personas, a menudo por clases; y al mismo tiempo, se enseñan diferentes valores y disposiciones a las poblaciones escolares diferentes, frecuentemente también por clases (y sexo y raza).[5]

Podríamos afirmar que las escuelas crean y recrean formas de conciencia que permiten el mantenimiento del control social sin que los grupos dominantes tengan necesidad de recurrir a mecanismos de coacción En tal sentido es el espacio, al decir de Gramsci, donde la filosofía de las clases dominantes se vuelve sentido común.

A este respecto surgen una serie de interrogantes que nos servirían para comprender de mejor manera el problema del significado de los procesos formativos en las escuelas: ¿cómo puede el conocimiento curricular que establece el Estado, como “conocimiento”, representar las configuraciones ideológicas de los intereses dominantes de una sociedad? ¿Desde cuál espacio político las escuelas legitiman tal conocimiento? ¿Este conocimiento se plantea como si fueran verdades incuestionables, o los encargados de llevar a cabo el trabajo docente, es decir los profesores, visualizan el curriculum desarrollado por el Estado como un espacio en disputa, de lucha por la emancipación humana?

Una posible respuesta a dichas interrogantes, es pensar y reflexionar una práctica pedagógica critica, que reflexione sobre el quehacer educativo, en perspectiva de pensar una educación para una sociedad democrática, una educación que piense una sociedad en la diversidad y no en la perspectiva de un estado monocultural.

 Referencias

[1] Thomas S. Popkewitz, B. Robert Tabachnik y Gary Whelage (2007). EL MITO DE LA REFORMA EDUCATIVA. Un estudio de las respuestas de la escuela ante un programa de cambio, Ediciones Pomares, Universidad de Colima, Barcelona.

[2] Torres Santomé, Jurjo, “Currículum e ideología” en http://www.reproduccionsocial.edusanluis.com.ar/2011/11/el-curriculum-y-la-ideologia.html, consultado junio 2015

[3] Ibid

[4] Apple, Michael, IDEOLOGÍA Y CURRÍCULO, Akal, España, 2008

[5] Ibid., págs. 50-51

Editorial (CdE nº32)

Reforma de la Educación: ¿Dónde quedan las Fuerzas Armadas?

El sistema de educación superior en Chile ha sufrido varios cambios estructurales en las últimas tres décadas. Estas transformaciones tuvieron como punto de partida las reformas de los años ochenta: el congelamiento de la universidades estatales y los cambios que aprobaron la incorporación de privados a la educación superior, permitiendo el surgimiento de nuevas Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) privados. Actualmente el sistema universitario chileno está constituido por 60 instituciones, de las cuales 25 son universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) y 35 son universidades privadas (creadas después de 1981). (Educación 2020, 2014)

El proceso de reforma a la educación superior actual viene a modificar esta institucionalidad desarrollada a partir del año 1981. Las propuestas, y/o modificaciones a esta estructura son parte de la discusión que se está generando en distintas instancias y que tiene como punto central el fin al lucro. Sin embargo, dentro del sistema de educación superior existen otras instituciones que hasta el momento no se han nombrado y discutido en el proceso de reforma educativa, a saber, las Fuerzas Armadas y de Orden.

En Chile, el ingreso a las Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas y de Orden está definido a partir del nivel socioeconómico de las familias de los aspirantes. Por tanto, es importante incorporar a estas Instituciones de Educación superior la discusión sobre la gratuidad para su ingreso, con el fin de generar la incorporación y la no discriminación en el proceso de selección de sus aspirantes y no seguir reproduciendo guetos o castas sociales.

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En este sentido, el objetivo de la reforma, busca la construcción de un sistema educativo inclusivo que ofrezca igualdad de oportunidades y equidad en el acceso, frente al ingreso, a las posibilidades de elección, al aprendizaje, conocimiento, competencias y valores, que aseguren un integral desarrollo personal y colectivo, para avanzar hacia un país con mayor justicia y democracia. Por lo tanto, es necesario incluir en la reforma educacional a las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el fin de generar un proceso de democratización en la accesibilidad y formación.

En la actualidad el Estado no financia la carrera militar de la oficialidad, siendo los padres los que deben contribuir monetariamente a su formación, lo que crea un sistema exclusivo y excluyente. La poca diversidad en la composición de clase y de género de la oficialidad chilena ha contribuido a crear un orden favorable a un determinado sector social, político y económico, heredero de la dictadura militar en su formación. En suma, se ha cambiado la forma pero el fondo sigue igual.

Considerando que la composición de las Fuerzas Armadas debe ser expresión de la diversidad social, cultural y económica de la que se compone la sociedad chilena, lo que garantizaría la seguridad democrática, debido a que en el seno de las instituciones militares estarían presentes y convivirían las diferentes clases, grupos e ideologías. Así los valores democráticos y la diversidad social no son enseñados y estudiados en lo abstracto por los futuros suboficiales y oficiales, sino que son asimilados a partir de la materialidad social en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje militar y policial.

La educación de las Fuerzas Armadas y de Orden es el espacio donde se deben concentrar los mayores esfuerzos para la consolidación de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, apuntando a la capacidad de constante perfeccionamiento de las instituciones respecto de la defensa de la vida, la solidaridad, la justicia y la soberanía. Es fundamental que en su formación los futuros oficiales reflejen la diversidad de la sociedad chilena para que así se produzca un intercambio de visiones con ciudadanos de distinto origen social, cultural y económico y con la diversidad de opciones políticas, religiosas, sexuales o de género. (Gutiérrez, Vallejo, 2014) Esto significa garantizar el derecho a la educación y a la formación del mayor número posible de personas que aspiran a la educación militar y policial en un contexto de democratización social.

Asimismo, es preciso incluir en la discusión propuestas curriculares que fomenten el respeto a los derechos fundamentales, la democracia, la solidaridad y la diversidad social. Es importante destacar, sin embargo, que las mismas Fuerzas Armadas, han sido reacias a reformas de sus sistemas educativos, contribuyendo así a su aislamiento social y a su aparente sometimiento al poder civil

De esta forma, en la estructura orgánica sigue predominando una concepción corporativa de la función de educación, esto es, permitir que sean las Fuerzas Armadas y no la autoridad superior ministerial la que decida los grandes lineamientos de la formación. Igualmente, desde el punto de vista institucional, la educación militar queda consagrada como una responsabilidad autónoma de cada una de las fuerzas, sin una coordinación superior en términos de doctrina, planes, y programas que se establezcan. Incluso más, pese a que la instrucción militar tiene una equivalencia en los grados de formación técnico profesional y universitaria, tampoco el Ministerio de Educación interfiere en los procesos de definición interna de planes y programas (Zúñiga, 2012)

Por ende, la reforma educativa debe entonces permear la formación integral de los militares y policías en todas sus dimensiones, generando una cultura de evaluación sintonizada y comprometida con las políticas públicas de formación profesional y con los avances sociales, tecnológicos y económicos nacionales y democráticos que el país promueve.

En este sentido, la Educación Pública debe seguir fortaleciendo estas virtudes, permitiéndonos formar una sociedad civil que respete y sea garante de un sistema democrático en construcción directa con sus ciudadanos. La educación universitaria civil y/o militar es trascendental para el desarrollo del país y de sus ciudadanos, dado que en ella se juega la capacidad de nuestros técnicos y profesionales, así como de nuestros académicos dedicados a la ciencia e investigación, para estar a la altura de las nuevas exigencias. (VVAA, 2012)

Una reforma educacional tiene que pensar el conjunto de la sociedad presente y futura, donde los valores de la justicia social sean el interés central, el pensar una educación más allá del capital como señalara István Mészáros, donde la educación deje de funcionar como mercancía y se convierta en el vehículo donde todos los seres humanos se desarrollen en todas sus potencialidades sociales y culturales.

Sobre el caso CAVAL. Jorge González Guzmán

No puedo negar que me sorprendió enormemente el escándalo que se armó con el llamado “caso CAVAL”. Y me sorprendió, porque ese tipo de especulaciones inmobiliarias es pan de cada día, además de ser completamente legal. A lo largo y ancho del país se compra y se vende, según la oferta y la demanda, terrenos particulares. Las ganancias pueden ser pocas o muchas, incluso puede haber pérdidas, cuando el que hace el negocio es poco diestro en prever los precios respectivos. Se trata de negocios propios y típicos del sistema en que nos encontramos, el sistema neoliberal. El que Sebastián Dávalos sea el marido de una socia de la empresa que hizo el negocio (CAVAL), no lo hace ni más ni menos aceptable: el negocio se hizo estrictamente dentro del marco de nuestro sistema económico. Si en este caso algo es feo, no es el actuar particular de Dávalos, sino el sistema que dio el espacio para hacerlo. No deja de ser curioso el que precisamente quienes defienden y promueven este sistema sean los que rasguen vestiduras y se escandalicen porque alguien haga uso de él. Se ha dicho que lo malo en este negocio es que la empresa CAVAL ha hecho uso de información privilegiada, tráfico de influencias y, ahora incluso, estafa. Pero la realidad parece ser otra: información privilegiada no la hay de ningún modo, pues era de público conocimiento el proyecto de cambio de suelo en la zona de Machalí , de rural a urbano, con la consiguiente alza en los precios respectivos. Ahí es el sistema el que abre las puertas a la especulación. Además, hay que tomar en cuenta que los alcaldes de Machalí y Rancagua son militantes de la UDI, que el síndico que licitó los predios es Herman Chadwick (hijo) y que los antecedentes de la venta eran por concurso público. Tráfico de influencias no existe, pues Dávalos no era funcionario público al momento de pactarse el negocio. Además, él no era socio de la empresa sino su esposa, con la cual tiene separación de bienes. Que haya acompañado a su esposa en la entrevista con Luksic es natural, y que Luksic haya aprobado el préstamo también lo es: los préstamos bancarios se hacen en relación a la confianza que tiene el que otorga el préstamo de que el que lo recibe cumplirá con el pago respectivo. En todo caso eso es responsabilidad de Luksic, que se arriesgó y sacó de hecho una tajada en intereses de 500 millones, además de los intereses que recibió por el préstamo que le hizo a Hugo Silva, que fue quien compró a CAVAL los terrenos. Es decir, el Banco Chile prestó a CAVAL para comprar el terreno y a Silva para que CAVAL pudiese venderlo: ganancia especulativa por lado y lado. Finalmente, CAVAL ha sido acusado de estafa por el mismo empresario, Hugo Silva, ante la posibilidad de que el terreno no cambie su uso, al menos a corto plazo, como si la decisión al respecto fuese de una empresa privada, al margen de la institucionalidad.

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¿Hay algo feo en todo este negocio? ¡por supuesto que si! Pero lo feo es la estructura económica en que nos encontramos, donde el sistema financiero hace sus negocios velando solo por su interés y no en el interés del país. Nuestro sistema promueve y elogia el emprendimiento, sin importarle el tipo de emprendimiento: una empresa es una buena empresa si acaso obtiene utilidades. El cómo las obtiene no interesa, salvo en casos muy excepcionales, como cuando las obtiene traficando drogas o seres humanos. En otras palabras, las restricciones son pocas y los resquicios son muchos.

Se ha opinado sobre el hecho que sea un hijo de la presidenta (más precisamente su nuera) quien ha haya hecho uso de las posibilidades de nuestro sistema económico para obtener ganancias, lo que sería un revés irreversible para el gobierno. No me parece. Pronto la atención estará puesta en las nuevas reformas sobre educación: des-municipalización, carrera docente, educación superior. Sin duda entonces la gritería se centrará allí y el Tribunal Constitucional tendrá un montón de trabajo: la derecha no se va a conformar con su derrota y acudirá al Tribunal, con los más peregrinos argumentos, tal como los que ya ha presentado sobre la Ley de Inclusión ya aprobada por el Parlamento.

Los números de 2014

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2014 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 28.000 veces en 2014. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 10 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

Haz click para ver el reporte completo.

Editorial (CdE nº31)

Llegamos a Diciembre y se nos va el año 2014, año cargado de dinamismo político, económico y social. La presidenta Michelle Bachelet asume el poder con una coalición de gobierno llamada Nueva Mayoría, ex Concertación, la que contempla una gran diversidad política en sus filas: desde la Democracia Cristiana, hasta el Partido Comunista, además de sectores de ambulantes progresistas como el PRO del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y, por otro lado, el sector liberal de Velasco, el cual se acerca y a veces se aleja del gobierno, según lo tratante en la agenda y lo beneficioso para su sector. Esta diversidad ideológica partidaria se reflejó desde los inicios del gobierno y no justamente por el consenso y el apoyo al gobierno, sino por las diferencias que se profundizaron en puntos esenciales de la agenda política, como fue la reforma tributaria, y por uno de los temas más complejos hasta la fecha: la reforma educacional, donde el punto del lucro evidencia los intereses que tienen algunos partidos de la Nueva Mayoría. En este sentido, la conducción del presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, ha ido en una dirección que lleva a la confusión ciudadana respecto de su posición en torno al negocio de un bien público como lo es la educación, ya que las posturas de este partido parecen enlistarse a veces como parte de la oposición, antes que como integrantes de la coalición de gobierno.

Lo anterior lo reflejan las datos entregados este mes de diciembre por la encuesta CEP, donde se da un 24% de aprobación a la labor de la Nueva Mayoría, cifra concordante con la desaprobación obtenida por el Gobierno, la cual baja del 50%, cayendo a un 43%, descendiendo así doce puntos en comparación con la medición anterior del mes de julio.

Siguiendo con el resumen del año, llegamos a la derecha, sector opositor al gobierno, la que enfrentó una baja considerable en las elecciones pasadas; no tan solo por la derrota de su presidenciable, sino también por la reducción considerable de representantes en el parlamento, donde actualmente son minoría. Estos hechos se han agudizado con la escasa conducción política que han mostrado este año y la visualización casi nula de un líder opositor, que sea un portavoz que concentre las posiciones de la oposición; por el contrario, cada partido y movimiento se ha manifestado de forma particular, contradiciéndose en hitos políticos que poco o nada han aprovechado, como fue la interpelación al Ministro de Educación Eyzaguirre, el 26 de noviembre pasado, donde la diputada Hoffmann, integrante de la comisión de Educación, no fue capaz de conducir esta instancia hacia un crítica fuerte al ministro, pues más bien Eyzaguirre sale airoso de esta interpelación. La diputada fue cuestionada por sus mismos pares de sector, los que incluso no estaban de acuerdo en utilizar esta instancia constitucional para apelar sin fundamentos profundos contra un ministro de Estado.

La Derecha, enfrenta hasta hoy el caso PENTA, donde se evidencia cómo gran parte de los políticos pertenecientes principalmente a la UDI financiaron sus respectivas campañas políticas, transgrediendo aspecto éticos de la probidad Pública, además de evidenciar lo frágil del sistema electoral chileno. La ciudadanía cada vez es menos tolerante frente a estos casos, y claramente queda mucho aún por descubrir; lo que podría llevar a posibles acusaciones legales contra los políticos que se encuentran en cargos de representación popular.

Otro aspecto relevante que ha surgido este año es el rol del empresariado chileno como actor político, el cual ante la baja representación parlamentaria y la inorgánica movilidad política de la derecha como oposición al gobierno, representante histórica de sus intereses, empezó a tener un rol protagónico ante la agenda social del gobierno; dejando en claro sus posiciones y más que algún mensaje de alerta ante los proyectos que pretenden tocar la estructura institucional económica del país.

Sabemos que cada mes ha tenido sus matices, y claramente en unas líneas no se puede nombrar y aclarar cada uno de ellos, pero sí es cierto que cerramos un año 2014 lleno de movimiento político, y quizás es el momento de que el gobierno genere un cambio sustancial a las estructuras de poder del país: tributaria, educacional, salud, sistema electoral, económico, constitucional, entre otros. Pero todos estos cambios requerirán de un apoyo transversal de los partidos que conforman la Nueva Mayoría, más aún si son mayoría parlamentaria, pero mientras no sinceren posturas, mejoren las conversaciones entre partidos y lleguen a acuerdos concretos, el momento crucial que espera la sociedad puede transformarse solo en una ilusión, que claramente la ciudadanía castigará en las próximas elecciones.

cambio

La sociedad y sus jóvenes, han sido pacientes ante las instituciones del país, entre ellas los partidos políticos, por lo que este nuevo año 2015 se debe responder a las demandas legítimas emanada de la gente, ya que si no es así, podemos estar ante un despertar poco amable de la sociedad frente a las estructuras de poder que han regido el país desde sus inicios. Nos podemos preguntar que quizás es aquello lo necesario para cambiar el país, pero las reflexiones pragmáticas nos llevan a la conclusión que, con voluntad política, es posible disminuir la enorme desigualdad económica del país y con ello, avanzar hacia una sociedad justa y fraterna.