Carta abierta de los Rectores de las Universidades del Estado de Chile.

Cuech

Fuente: Cuech

Los rectores de las universidades estatales, al iniciar el trabajo de análisis y propuestas tras la presentación del Proyecto de Reforma a la Educación Superior, queremos, en primer lugar, destacar y celebrar el hecho mismo de que se presente un proyecto cuya intención, expresada en el mensaje introductorio, sea modificar los fundamentos del actual sistema universitario.

El mensaje introductorio conceptualiza los principales determinantes de la educación superior, defiende valores vinculados a la educación pública, valientemente vincula el actual sistema de mercado a baja calidad y mayor inequidad, afirma que el lucro es hoy un hecho innegable, y constata que este sistema no se hace cargo de un proyecto de país.

No obstante, en lo que en seguida el proyecto propone como implementación, se preserva para el Estado el disminuido rol de un mero proveedor más de educación superior. La tarea que se le asigna se focaliza en regular al sistema privado en oferta y calidad, aumentando, de paso, la transferencia de financiamiento hacia las instituciones privadas, asegurándoles mayor cobertura. Muy lamentablemente, se mantienen intactos los instrumentos de financiamiento más denostados por los estudiantes, como es el caso del CAE, y más criticados por favorecer a instituciones bajo sospecha de lucro y calidad deficiente.

La implementación del proyecto se despreocupa así de la responsabilidad que le cabe al Estado en generar un espacio de ciudadanía, pertinentemente comprometido con el desarrollo social, cultural y productivo de la nación y de la territorialidad regional.

Vuelve entonces a ser válido preguntarse si este proyecto cumple con los compromisos programáticos por todos conocidos. Tal cumplimiento puede requerir la gradualidad que fuera necesaria, pero el horizonte ha de ser la construcción de una sociedad más democrática y más equitativa. Por el contrario, este proyecto puede terminar conservando estructuralmente los efectos sociales del actual modelo. A partir de la promesa de fortalecer la educación pública, se podría consolidar definitivamente la cobertura privada.

Las universidades estatales no constituimos un grupo más de defensa de intereses particulares, de mayor o menor legitimidad. Nuestro deber es aportar a la identidad, al progreso y a la cohesión del país entero.

Llamamos al Gobierno, al Parlamento, a nuestras comunidades, a la sociedad chilena toda, y especialmente a los jóvenes, a una reflexión acerca de un sistema de educación superior que transparente, por fin, los valores que como país queremos ver prevalecer.

Arturo Flores Franulic /Gustavo Soto Bringas/ Luis Loyola Morales /Celso Arias Mora /Nibaldo Avilés Pizarro /Patricio Sanhueza Vivanco /Aldo Valle Acevedo /Ennio Vivaldi Véjar /Juan Manuel Zolezzi Cid /Jaime Espinosa Araya /Luis Pinto Faverio /Rafael Correa Fontecilla /Álvaro Rojas Marín /Héctor Gaete Feres /Sergio Bravo Escobar /Óscar Garrido Álvarez /Roxana Pey Tumanoff /Juan Oyarzo Pérez

Rectores de las Universidades del Estado de Chile

Consideraciones sobre el proyecto de educación superior. Jorge González Guzmán

Para entender y poder evaluar razonablemente el Proyecto sobre Educación Superior recientemente enviado al Congreso por el gobierno, pienso que es necesario ponerse en el contexto real de este gobierno: no se trata de un gobierno revolucionario, nadie planteó que se pretendía hacer la Revolución Socialista en este país. Este gobierno siempre se planteó como un gobierno reformista, cuyo objetivo no era otro que comenzar a sacar al país de la profunda estructura neoliberal en que se encuentra; tal vez se podría decir, con el lenguaje de Fernando Atria, llevar al país a un neoliberalismo con rostro humano. O tal vez un poco más. No hay que olvidar el conjunto de reformas que ya se han hecho y que están siendo llevadas a cabo, desde luego con toda clase de dificultades. La presente reforma educacional, referida a la Educación Superior, constituye el último tramo de la reforma que empezó con el ámbito parvulario, el básico, el medio y ahora, entonces, el terciario. Los objetivos que este proyecto muestra explícitamente (ver Antecedentes: 3 d ), consisten esencialmente en dos elementos, íntimamente relacionados:

  • Sacar a la educación del ámbito del mercado para transformarla en un derecho social

  • Impulsar el desarrollo de la calidad de la educación pública.

¿Garantiza esta Ley el cumplimiento de estos objetivos? Por supuesto que no. Pero pienso que ninguna Ley garantiza nada. Las Leyes abren posibilidades ( o las cierran), inducen transformaciones (o las dificultan). En el caso del presente Proyecto de Ley, considero que efectivamente abre puertas e induce y facilita las transformaciones a que nos estamos refiriendo. En efecto:

  • La Subsecretaría tendrá que cuidar que no haya lucro, para lo cual tiene atribuciones y mandatos bastante explícitos en la misma Ley: los artículos 114, 126 y 134 hacen que hacer negocio (o seguir con él) en el ámbito de la educación terciaria sea bastante más difícil.

  • El Proyecto crea todo un sistema para la calidad, con exigencias explícitas: acreditación obligatoria y “verdadera”, pues habrá estándares a cumplir (artículos 26 y 31), y será integral (artículo 42), además todas las carreras dirigidas a la enseñanza, así como medicina, deberán estar también acreditadas. Estas exigencias desincentivan inversiones en la Educación Superior como negocio: el negocio ya no es muy rentable.

  • Se crea una Red de Instituciones de Educación Superior que son estatales (artículo 143), con estructuras participativas y condiciones explícitas de sus estructuras y objetivos (artículo 142) y además con fondos especiales para su desarrollo (artículo 188).

  • El llamado Aporte Fiscal Directo (AFD) será gradualmente eliminado pero será reemplazado con creces (Artículo 59 Transitorio) por un Fondo de Desarrollo para todas las universidades de vocación pública (artículo 187).

  • Finalmente mencionemos que se elimina el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), elemento típico de la competencia entre instituciones (artículo 200)

Considero que todos estos elementos presentados constituyen un buen paso adelante en los objetivos de sacar la educación del mercado y fortalecer su calidad. En cuanto a la gratuidad universal , la Ley, en sus artículos transitorios (número 48), establece condiciones de desarrollo económico para cumplir los plazos para alcanzarla. Estas condiciones podrán ser, tal vez, eliminadas en la discusión del proyecto, de modo de dejar abierta la posibilidad de aumentar los fondos para el financiamiento del sistema público usando otros recursos, tales como la Ley Reservada del Cobre, re-nacionalizando la gran minería, con una nueva reforma tributaria, con un Impuesto Patrimonial, etc. En resumen, el Proyecto abre puertas, no las cierra.

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Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Ricardo López Erazo

La crítica de los Rectores a la “minuta” que se les diera a conocer sobre el proyecto de Ley de Educación Superior, la reforma maestra del actual gobierno, fue concisa y concreta: la educación continuará siendo una actividad mercantilizada en nuestro país.

Los ministros(as) cierran filas en torno al proyecto: la educación superior en Chile será un derecho y no un privilegio que puedan costear algunos pocos.

La derecha y lo sectores retrógrados de la Nueva Mayoría se afilan los dientes, los primeros anunciaron, sin conocer el texto del proyecto que acudirán al Tribunal Constitucional por discriminación, los segundos ya hablan de grave error el haber anunciado la gratuidad universal para el año 2020 y se preparan a salvaguardar los intereses privados que han convertido a la educación en una de las industrias más lucrativas de nuestra economía.

Los optimistas ya hablan de una discusión (negociación) de un año y medio, los pesimistas creen que no habrá reforma de la educación superior en este gobierno.

Quisiera advertir sobre dos elementos fundamentales del Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo al Congreso.

El primero, y que da razón a los rectores, es que cuando se anuncia que la educación superior avanzará en calidad y niveles de gratuidad sólo al compás del PIB tendencial y de la recaudación (carga tributaria) se está recurriendo al gastado argumento neoliberal del “chorreo”.

Una vez más el “diablo” mete su cola. Un proyecto de esta naturaleza podría haber dado inicio a una nueva estrategia de desarrollo nacional alternativa a un modelo que ha descansado en la exportación de recursos naturales, alta concentración de la propiedad de los medios de producción y una abyecta explotación de los trabajadores.

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Lo grave de esta decisión no sólo radica en que los recursos si están, sólo bastaría establecer una priorización distinta: derogar la Ley reservada del cobre, terminar con los subsidios (regalos escandalosos) que el Estado otorga a las forestales y otras industrias.

Lo realmente grave es que, de contrabando, nos están diciendo que el modelo neoliberal no será tocado en un pelo, que las “verdades” de los “Chicago Boys” continúan irredargüibles, pese al evidente fracaso en avanzar en un país más justo y desarrollado.

No son pocos los países y economías que se han percatado de que las viejas teorías de crecimiento basado en la acumulación de capital no dan cuenta de los avances en los niveles de vida de la población, sino que el factor más importante ha sido el ritmo de aprendizaje (conocimiento, innovación) y que ese ritmo es parcialmente, sino totalmente, endógeno, es decir los países y sus economías deben crearlo.

Esos países han comprendido que uno de los objetivos, sino el más importante, de la política económica consiste en crear políticas y estructuras económicas que mejoren tanto el aprendizaje (conocimiento) como los efectos del mismo.

Si Corea hubiese creído en esas verdades neoliberales probablemente hoy sería un gran exportador de arroz, pero seguiría siendo un país pobre. Lo mismo con India, Finlandia y China.

Las economías más exitosas son aquellas que lograron no sólo desplazar hacia afuera su curva de posibilidades de producción de forma más rápida, sino que, también, se han asegurado de que la brecha entre las prácticas promedio y las mejores prácticas sea pequeña. Hay más difusión del conocimiento, más aprendizaje, y son estos logros los que, a la larga, justifican los niveles de vida más elevados.

Economistas de todo el mundo se preguntan hoy: Los mercados, por si mismos, dan como resultado un nivel y patrón eficiente de conocimiento e innovación? Si no es así, ¿cuáles son las intervenciones convenientes por parte del gobierno?

El modelo neoclásico ignora el desarrollo de conocimiento y aprendizaje, y no sólo no presta atención a la importancia de la asignación de recursos a los procesos de desarrollo de conocimiento y aprendizaje y la investigación, sino que, además, asume que todas las empresas emplean las mejores prácticas, así que no tienen nada que aprender.

Este argumento lo podemos percibir en Chile, de forma clara, cuando nos percatamos de las prácticas que utilizan industrias completas como la forestal, la salmonera, la pesquera y otras que llevan a cabo sus actividades sin ninguna consideración a las externalidades negativas (contaminación, exterminación de especies, desarrollo de pestes aniquiladoras de los recursos, entre otras) externalidades que seguirán impidiendo nuestro salto a una sociedad desarrollada.

La educación de calidad para todos no es un efecto del crecimiento, sino todo lo contrario. Una buena educación es causa del desarrollo y de la elevación del nivel de vida de la sociedad.

Por ello, colocar el crecimiento, basado en un modelo caduco de desarrollo para una sociedad como la chilena, como causa para el desarrollo de un sistema universitario de calidad es como colocar la carreta delante de los bueyes.

El segundo elemento tiene que ver con el carácter de la reforma planteada, salvo excepciones positivas, pareciera tener sólo el carácter de regulador de un estado de situación existente.

Se declara que el sistema universitario es, y seguirá siendo, un sistema mixto. Más regulado por cierto, pero esencialmente estatal y privado. Ambas partes del sistema continuarán recibiendo aportes directos o indirectos del Estado.

Lo anterior significa que la Educación Superior en Chile continuará en un “caldo” de competencia, el proyecto no incentiva la cooperación, la definición de áreas prioritarias de desarrollo del conocimiento, una vez más el libre albedrío neoliberal continuará campeando y mal utilizando nuestros escasos recursos.

Se pierde así la oportunidad de utilizar el más valioso recurso de la Universidades, la inteligencia, al servicio de la creación e implementación de una estrategia de desarrollo nacional que permita que nuestros hijos o nietos vivan en un mejor país.

A este respecto, el proyecto es demasiado débil, plantea una coordinación entre universidades estatales sin generar los incentivos necesarios para la constitución de un sistema nacional de educación superior estatal.

Una forma eficaz de avanzar en ese sentido es la conformación de un sistema (red) nacional de universidades estatales. La atomización a la que fueron reducidas por la dictadura sólo las ha debilitado, sobre todo en regiones, ello ha significado que incurran en prácticas de competencia que no han agregado valor a la sociedad, todo lo contrario.

Chile necesita que la creación, preservación y difusión del conocimiento sea pertinente a una estrategia de desarrollo nacional y también regional.

El Gobierno ha privilegiado el envío de un proyecto que será discutido en el Congreso, pero ello no limita la acción de las comunidades universitarias en razón de lograr los cambios que hagan de la Educación Superior una causa del desarrollo, de mayor equidad, de un país sustentable, de una mejor calidad de vida para los chilenos, fundamentalmente de los que vendrán.

Esta es una oportunidad de cambiar la forma de pensar, de abandonar el “sentido común” neoliberal, de hacer valer nuestra opinión.

Chile no se merece menos.

Omisión del CAE en informe del Ministro de Hacienda tergiversa datos de gratuidad

Manuel-Riesco

El Rector de la Universidad de Chile y Presidente Consorcio de Universidades del Estado, Doctor Ennio Vivaldi, ha acusado al Ministro de Hacienda de tergiversar los datos de gratuidad en educación superior. En efecto, la proyección que presentó al Parlamento exagera los recursos adicionales requeridos mediante el burdo procedimiento de omitir la  partida más importante del presupuesto de educación: mil millones de dólares que se destinan anualmente al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Confiamos que el Parlamento interpelará al Ministro acerca de las razones de tal inaceptable omisión, exigiendo al mismo tiempo que se presente una estimación bien hecha. Al agregar esos mil millones de dólares y manteniendo el resto de los supuestos, la misma estimación ministerial demuestra que se puede dar gratuidad hoy a la mitad del estudiantado, beneficiando de inmediato a más de 600 mil familias que cubren los siete primeros deciles de ingreso, y extenderla al 100 por ciento el año 2020, cumpliendo así el compromiso de la Presidenta Bachelet.

Sería bueno que el Ministro aprendiera esta lección para ubicar su actuar en el contexto de subordinación al poder político democráticamente elegido que se exige a todos los funcionarios públicos y que algunos tecnócratas  azuzados por grandes intereses económicos sueñan a menudo con subvertir.

Al Ministro le saldrá este tiro por la culata. La ciudadanía y parlamentarios van a estar bien informados porque las cifras son fáciles de comprender. Los ingresos de operación totales de todas las Instituciones de Educación Superior (IES) del país, es decir, universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), públicos y privados, sumarán el año 2016 según sus propios balances unos 4,3 billones de pesos, los que se financian en dos tercios por ingresos de docencia, es decir, cobro de aranceles, financiados con becas, créditos y dinero de bolsillo aportados por las familias, y aportes fiscales para gratuidad a partir de este año.

El tercio restante corresponde a ingresos de investigación, extensión, venta de servicios, donaciones y otros, de los cuales el Estado financia poco menos de un tercio mediante aportes fiscales directos, indirectos, fondos de investigación de CONICYT y otros.

Por su parte, los recursos fiscales destinados a “ayudas estudiantiles” en el presupuesto 2016 cubren el 52% de los ingresos por docencia. Es decir, las erogaciones fiscales en tres partidas, créditos con aval del Estado (CAE), becas y gratuidad, en proporciones de poco menos de la mitad, poco más de un sexto y poco menos de un tercio de esta partida, respectivamente, financian más de la mitad de todos los ingresos por docencia de todas las instituciones de educación superior.

De lo anterior resulta evidente que si se redestinan todos los recursos de CAE y becas a gratuidad, se puede cubrir hoy  a lo menos al 52 por ciento de los estudiantes con este beneficio, en todas las IES acreditadas que ingresen a dicho esquema ¡más de 600 mil jóvenes que lo agradecerían muchísimo, al igual que sus familias!

El saldo a cubrir para dar gratuidad al 100 por ciento de los estudiantes es el 48 por ciento restante de los ingresos de las IES por docencia, lo equivale este año a unos 1,3 billones de pesos —el 48% del 64% de los ingresos totales de las ÍES que suman 4,35 billones de pesos, como se dijo—, lo que al cambio utilizado en la proyección de Ministro equivalen unos 1.900 millones de dólares. La cifra anterior difiere de la que ha publicitado el Ministro de Hacienda precisamente en los mil millones de dólares del CAE que el Ministro omitió.

El 48 por ciento de los ingresos por docencia que no es financiado hoy por “ayudas estudiantiles”, es decir, CAE, becas y gratuidad, se cubre principalmente aportes del bolsillo de las familias, que el 2016 alcanzarán a 1,18 billones de pesos que equivalen al 42 por ciento de los ingresos por docencia. Los aportes netos de la banca al CAE, que el 2016 alcanzan aproximadamente a 166 mil millones de pesos aportan el saldo de 6% de los ingresos por docencia.

El CAE se financia el 2016 con 635 mil millones de pesos de aportes fiscales, de los cuales 501 mil millones se destinan a recompra de créditos y 134 mil millones a la llamada “recarga”, es decir, un sobreprecio sobre los créditos recomprados, que queda a beneficio de los bancos.

El llamado “apalancamiento”, es decir, el aporte bruto de los bancos al CAE, suma 300 mil millones de pesos, pero la “recarga” financia 134 mil millones, por lo cual el aporte neto de los bancos es de sólo 166 mil millones de pesos, un 6% de los ingresos por docencia como se ha mencionado.

A ello hay que sumar el subsidio de intereses, que no está considerado en estas cifras.

Ese 48% de los ingresos por docencia que hoy cubren los aportes de bolsillo de las familias y el aporte neto de los bancos al CAE, que suman poco más de 1,3 billones de pesos como se ha mencionado, es el saldo a cubrir para llegar al 100% de gratuidad. Dicha diferencia se puede cubrir en pocos años con parte del crecimiento vegetativo del presupuesto educacional, que ha crecido en cerca de 1.000 millones por años desde el 2006. Eso es precisamente lo que demuestra la exposición del Ministro, si se le agregan los mil millones de dólares que omitió.

Por el contrario, la fórmula que establece el proyecto de ley en los hechos no es una garantía de avanzar a la gratuidad sino exactamente lo contrario, es decir, la prohibición por ley de hacerlo si no sube la recaudación fiscal a niveles inalcanzables por mucho tiempo como proporción del PIB. En resumen, la intervención del Ministro así como su influencia de decisiva en deformar el proyecto de ley de reforma presentado al Parlamento, es un intento postrero de evitar que la Presidenta cumpla su principal compromiso programático.

Los tecnócratas de Hacienda justifican su increíble omisión de la mitad de las “ayudas estudiantiles” con un argumento aún más falaz, dicha partida no sería gasto sino “compra de instrumentos financieros”, como glosan la partida. Es decir, una inversión financiera como cualquier otra, por ejemplo, comprar bonos del tesoro de los EE.UU.

Hay que preguntarle si desembolsa o no desembolsa esos recursos en dinero contante y sonante, año tras año y cuanto está recuperando de esta “inversión”, si se considera la elevadísima morosidad.

En el los EE.UU. y el Reino Unido, donde se la Concertación se inspiró para la creación del CAE, los gobiernos vienen de vuelta por la insostenible situación de endeudamiento y alta morosidad estudiantil, que en el último caso alcanza a dos tercios.

Lo que busca la presentación tramposa del Ministro es demostrar que la gratuidad no es posible, con lo cual se busca dejar las cosas tal como están ahora, “CAE para toda la vida” como ha dicho otro ministro que apadrina al de Hacienda y es el principal responsable del desaguisado en a reforma educacional. Con ello logran seguir entregando la mayor parte de los recursos públicos a instituciones privadas con fines de lucro abierto o encubierto —las que reciben el 90 por ciento del CAE—, sin que rindan cuenta a nadie porque los obtienen bajo una supuesta compraventa con los estudiantes.

Lo mismo pretenden hacer en educación básica y media, donde tras denostar a los sostenedores y condenar el lucro a las penas del infierno, reforzaron el mecanismo que lo genera en primer lugar, las subvenciones escolares por asistencia. Felizmente una indicación de la Diputada Camila Vallejo fue aprobada por la Cámara y la Presidenta la ha respaldado prometiendo el próximo envío de una ley que cambia dicho mecanismo.

Antes el Ministro de Hacienda había tenido la tupé de reconvenir a los parlamentarios elegidos por el pueblo —él, que no se sabe que haya sido elegido alguna vez ni siquiera delegado de curso y de política es claro que no tiene idea— que no podían intervenir en estas materias.

Aparentemente se encuentra con el ánimo insuflado por las peregrinas exigencias de ciertos parlamentarios, aplaudidos a rabiar por el gran empresariado, de que todo el gabinete y la Presidenta desde luego, deben alinearse tras los dictados de este personaje.

Es decir, volver al esquema de la Concertación, en la cual el Presidente reinaba y su Ministro de Hacienda mandaba como procónsul romano.

Las cosas seguirán un curso muy diferente. Esos tiempos quedaron definitivamente atrás. Estamos en un escenario difícil en el cual la Presidenta y el gobierno deben empuñar con fuerzas el timón de las reformas y conducir el barco recogiendo los demandas de una ciudadanía que está cada vez más chúcara, como ha dicho el presidente del Partido Comunista.

Lo contrario, bajar la guardia frente a la resistencia de intereses privados que intentan impedir las reformas indispensables, es avanzar hacia el despeñadero, como hemos visto muchas veces en la historia y recientemente en países vecinos. No sucederá en Chile.

 

Fuente

Editorial (CdE nº35)

Educación y gratuidad: ¿Existe una contradicción real?

El conjunto de los actores de la educación vienen planteando la gratuidad en la educación como nuevo paradigma de financiamiento en la sociedad chilena. La implicancia principal es que el Estado asuma la misión de financiar sus instituciones, cuestión bastante obvia en apariencia, pero, si atendemos al fondo de la problemática, necesariamente tenemos que pensar en un nuevo carácter del Estado, o simplemente continuar reforzando el rol subsidiario del Estado con sus instituciones públicas.

Este dilema ha estado presente en los últimos meses con la falsa discusión entre el carácter público de las universidades estatales y las universidades tradicionales y frente a las privadas, argumentado estas últimas, que también prestan un servicio público y que, por ende, el Estado también, debe y tiene que financiarlas.

La tensión, como hemos visto, ha estado en el financiamiento, y las medidas y procedimientos no quedan claros hasta el momento. La discusión ha sido bastante tensa, y por el momento sigue ocultado la problemática de fondo y no ha dado respuesta a las preguntas fundamentales que la sociedad chilena demanda, a saber: ¿qué modelo de educación necesitamos, para qué tipo de sociedad y para qué tipo de estado nacional?

Creemos que en las interrogantes anteriores está la perspectiva profunda de la discusión, donde el tema de la educación no es necesariamente una problemática, como se ha planteado hasta el momento, solo de especialistas o expertos, sino que es una cuestión del conjunto de la sociedad, es decir, en palabras del marxista italiano, es un problema de la gran política, pues trae implícita la discusión sobre buscar alternativas globales para desmontar y a su vez elaborar un modelo de desarrollo alternativo para el país.

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Este modelo de desarrollo en los últimos años ha sido tensionado someramente por los ortodoxos del neoliberalismo y los reformistas al modelo. La interrogante es si entre ortodoxos y reformistas existe una alternativa de un modelo educacional y, por ende, de nación, que tenga como horizonte alcanzar los cambios en perspectivas de desarrollo y democracia para una sociedad más equitativa, o estamos en la pequeña política de la inmediatez y los fríos cálculos del mercado de la educación.

En este sentido, la gratuidad no necesariamente podría terminar con las lógicas del mercado en la educación, es más, podría reforzarlas, si dicho financiamiento apoya el mero carácter subsidiario del Estado, el mismo que ocupa en la actualidad en la economía neoliberal de mercado. Sin embargo, este esfuerzo programático de gratuidad puede ser el primer paso para desmontar la madeja de dominación, aunque dicha madeja tiene muchos nudos ciegos que están siendo apretados, incluso por aquellos que quieren gratuidad.

Asimismo, el estado actual de la discusión sobre la gratuidad en educación superior no ha generado todavía un cuestionamiento a la totalidad del sistema en el cual se fundamenta nuestra sociedad actual, donde el neoliberalismo y sus valores hedonistas del consumo no nos dejan ver la realidad. Perseo se cubría con un yelmo de niebla para perseguir a los monstruos. Nosotros nos encasquetamos el yelmo de la niebla, cubriéndonos ojos y oídos para negar la existencia de los monstruos.

La disputa cultural. Eliseo Lara Ordenes

Pensar por medio de categorías parece ser el modo apropiado de examinar y reflexionar acerca de las cosas, los hechos, acciones o fenómenos. La posibilidad de detenerse un instante o de tener un tiempo ocioso en la época de la hiperproducción del capital se presenta como el lujo de unos pocos. Más aún la tecnificación del pensamiento y su estructurada y cientificista forma de ejecutarlo son dos barreras que limitan la cantidad de sujetos pensantes, pues pensar es hoy actividad limitada a ciertos sujetos.

cultura

Asesores, académicos o intelectuales son palabras que designan funciones distintas en sus propósitos pero que se ocupan indistintamente por esos pocos cualificados para ejercerla. La profesionalización de las actividades humanas con fines productivos, hoy tiene su consecuencia directa. ¿Por qué se educa para que sólo algunos puedan pensar? Es una pregunta que tiene la apariencia de ser capciosa, pero que es tan real que su respuesta sale desde la construcción social misma de la realidad, y muy especialmente de las instituciones y sus modelos educativos.

Así por ejemplo, las artes y humanidades hoy son vistas como una amenaza para el dominio simbólico del poder hegemónico capitalista, puesto que la masificación de la educación superior ha permitido formar una mayor cantidad de conciencias críticas profesionales lo que a largo plazo permitiría un cúmulo social importante de contrahegemonía, de ahí que existan tantos esfuerzos por desprestigiarlas como improductivas, ociosas y de ruina económica, para finalmente terminar reduciendo su ejercicio a una pléyade privilegiada y fomentada desde la niñez en los sistemas educativos de las élites. En otras palabras, estamos frente a una transformación sistémica y sistemática de la educación de las artes y humanidades hacia lógicas que son propias de las épocas monárquicas del siglo XVI, donde el artista crea para una minoría. Esto nos permite ver que en el desarrollo del sistema cultural actual, en el que una fracción mínima de la población ha acumulado tal cantidad de riquezas, ha creado una nueva nobleza despótica que necesita poseer marcas distintivas que reflejen la desigualdad entre las personas, donde el ejemplo más cotidiano son los artículos de lujo y sus exacerbados valores haciendo imposible su acceso para las grandes masas de trabajadores, pero peor aún también con el conocimiento de la naturaleza y la cultura.

En este sentido, la política como actividad cívica de todos pasa a un plano secundario e instrumental de los fines propuestos por los grandes grupos económicos y sus definiciones estratégicas, pues bajo la premisa del fin de las ideologías que reina dentro del mundo político partidista se fundamentó la cada vez más frágil adhesión a ciertos principios y valores morales ideológicos, permitiendo la injerencia directa de los conglomerados económicos a través de la entrega de dineros no declarados. Situación que tiene en crisis al espectro político, pero que permite evidenciar lo desigual del modelo organizativo, pues se hace evidente que en la democracia, tal como se encuentra definida hoy mediante los sistemas de representación, no todos poseen la misma cuota de participación. Hoy vivimos en una pseudodemocracia, es decir en un sistema que aparenta imaginariamente serlo, pero peor aún que está completamente definido por la cantidad de capital acumulado. Si las monarquías pensaban su poder y riqueza en oro, hoy las élites económicas la piensan en acciones bursátiles y participación en las campañas políticas.

De ahí que tener posiciones definidas ideológicamente no sólo sea vista como una amenaza sino como un verdadero peligro por quienes controlan el sistema, pues al tener conciencia de la posición en la que se está de parte de los sometidos en la disputa del Poder mayor son las condiciones para producir cambios sociales significativos y de larga proyección. Ejemplo de ello es la gran tradición de las izquierdas en el mundo político y cultural, pero también científico que llena de nombres de mujeres y hombres reconocidos por la humanidad.