El Lucro en la universidades chilenas. Por Osvaldo Fernández Díaz

Hasta el período de la dictadura militar, la universidad chilena era principalmente estatal y gratuita, porque según los principios del “Estado docente”, la educación era un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos. La aplicación brutal de los principios neoliberales, que se impusieron en Chile durante el período de la Dictadura estableció la subsidiariedad del Estado con respecto a todo lo que era propio de su función pública y que beneficiara a los ciudadanos. Estamos hablando de la previsión, la salud y la educación. Era preciso introducir en todas estas funciones propias del Estado, las leyes del mercado. Lo que implicaba su privatización, y la introducción en ellas del incentivo económico, que es lo que llamamos aquí el lucro. Entonces surgieron, en la previsión las AFP, en la salud las Isapres, y en la educación superior, las universidades privadas con fines de lucro.

Esta política comenzó, con la intervención directa de las universidades por las Fuerzas Armadas. La dictadura designó a los rectores y pasó a controlar las distintas universidades chilenas. Buena parte de la planta docente fue expulsada, reprimida y perseguida, debiendo salir al exilio. En segundo lugar, se instaló un proceso de desmantelamiento y fragmentación de la Universidad de Chile, que de ser una universidad nacional paso a ser local y limitada a la región metropolitana. En tercer lugar se intentó eliminar de la formación universitaria todas aquellas disciplinas que pertenecían al ámbito de las humanidades, como la filosofía, la historia, la sociología, etc. En cuarto lugar, se aplicó un rápido proceso de reducción del aporte fiscal que durante los últimos años de la dictadura bajó en un 50%, dejando un vacío en el presupuesto universitario que debió ser llenado con el aporte de las familias. La llegada de los gobiernos de la Concertación culminó este proceso, eliminando el otro 50%, y lo que era la Universidad estatal y pública chilena, dejó de ser una universidad gratuita, para convertirse en una institución librada al lucro.

Desde ese momento el mercado pasó a ser el elemento regulador de todos los componentes de la educación superior. La inmensa mayoría de los males que aquejan a nuestras universidades vienen de este hecho. Alumnos endeudados de por vida: alumnos sometidos a la represión bancaria por la morosidad en sus pagos; alumnos eliminados de las universidades por no pagar, cuotas de alumnos por curso dictadas por lo que es económicamente más rentable; la aparición de los profesores a honorarios (los llamados profesores taxis) que en otros rubros de la economía son los subcontratistas; reducción del académico que tenía obligaciones universitarias en el plano de la docencia, la investigación y la extensión, a la mera condición de docentes. De ahí la tendencia a transformar todo los institutos en escuelas. Por otra parte la investigación dejó de ser una actividad propia de la unidad académica, a través de un aporte regular de fondos, para pasar a ser centralizada a nivel nacional, fuera del espacio específicamente universitario, y regulada por concursos anuales, cuyos criterios de selección siguen siendo ajenos a los intereses de las unidades académicas y muchas veces a los propósitos de las mismas universidades. Por último, la extensión que significa la salida de la universidad al medio quedó reducida a dos cosas, a buscar aportes financieros de las empresas u otras instituciones, y a transformar la vinculación con el medio en márquetin.

Por otra parte la relación que en el ámbito de la educación superior existía entre profesor y alumno pasó a ser regida por el dinero, y el alumno se transformó en un cliente y la educación en un bien de consumo, que quien lo quiera debe pagarlo, y caro. El dinero invadió así de lleno la esfera de la educación, y pasó a regularla. La universidad chilena quedó reducida, entonces, a la condición de una empresa que vende sus productos a un tipo de clientes que son los alumnos. La condición de alumno-cliente se universalizo, no solo a nivel de pregrado, sino también en el posgrado. Diplomados o actividades de extensión, se hacen buscando rentabilidad. La formación continua, la proyección de la universidad hacia quienes no pudieron pasar por sus aulas, el perfeccionamiento, todo está regido por las leyes de la ganancia. La marca del neoliberalismo es una huella que será muy difícil de borrar en la educación superior chilena, porque ha convertido la calidad en cantidad. Si una práctica pedagógica regida por criterios de calidad supone pocos alumnos por profesor, la ley del mercado impuso criterios cuantitativos económicos que impone que haya muchos alumnos por profesor, avanzando a los límites más negativos de esa práctica, es decir que la clase debe ser principalmente expositiva. De donde se desprende que no podremos hablar de calidad en la educación chilena mientras la práctica pedagógica misma esté regida por criterios cuantitativos. Los alumnos deben escuchar, no investigar.

Pero no solo la ley de la ganancia, es hoy en día la marca distintiva de las universidades chilenas, también están aquejadas por una carencia de democracia que es resultado directo de la huella que la Dictadura militar dejó en ellas. De los tres segmentos que comprende la vida universitaria, solo los profesores, y con gran dificultad, han podido estar presentes en la gestión universitaria, pues tanto los alumnos como los administrativos, que son los otros estamentos básicos de la comunidad universitaria, quedaron excluidos e imposibilitados por ley. El otro componente de este déficit de democracia universitaria, atañe a la forma como se dirimen los asuntos universitarios. El sentido de la gestión de lo que podríamos llamar el poder universitario. Los criterios democráticos que tanto la reforma universitaria de 1968, como el período de Allende habían instalado en las universidades, y que se distribuía entre la comunidad universitaria, buscando un equilibrio entre la decisión unipersonal y los cuerpos colegiados, se abolieron para instalar una gestión puramente vertical de poder. Algo que operaba, y aún sigue operando solo de arriba hacia abajo. Esto determinó que gracias a la Dictadura, rectores y decanos pasaron a dictar la ley a su criterio. Las luchas estudiantiles y de los otros sectores de la sociedad han modificado en algo esta situación, pero todavía son modificaciones muy insuficientes.

En este proceso las universidades estatales quedaron encerradas, reguladas y controladas presupuestariamente, teniendo que competir con las universidades privadas creadas por la dictadura, pero sin las granjerías de ésas, en donde la regulación y control por parte del Estado es casi mínima. El objetivo era el desaparecimiento de la enseñanza estatal y gratuita. Ya había dejado de ser gratuita, lo que faltaba era privatizarla. Con tal fin se les instaló el lucro como una bomba de tiempo que a la larga convertiría a todas las universidades chilenas en privadas regidas por criterios neoliberales y sujetas a la regulación del mercado. Todo esto llevó a que las universidades estatales casi colapsaran por los años 2007 y 2008.

Esta transformación de la educación superior atrajo inversionistas nacionales y extranjeros al lucrativo negocio de las universidades. Las universidades comenzaron a ser transadas, cotizadas en la bolsa, compradas y vendidas. Hoy lo que se compra son carteras de alumnos. Empresarios, consorcios universitarios, partidos políticos, connotados personajes de lapolítica nacional, comenzaron a invertir lucrando con la educación superior. Sin importarles si este hecho incrementaba las lacras que tal situación implicaba en el ámbito universitario. No era la calidad lo que importaba sino la rentabilidad del negocio que se estaba haciendo.

A raíz de esto las universidades chilenas quedaron repartidas entre universidades abiertamente destinadas al lucro (Santo Tomás, de las Américas), Universidades ideológicas, (Universidad del desarrollo, Universidad de los Andes) que están destinadas a la formación de la élite gobernante. Universidades tradicionales (Católicas, de Concepción, Austral) y universidades estatales (Todas las universidades regionales que antes habían pertenecido a la Universidad de Chile). Todo lo que lleva a la aberrante situación de que en Chile haya cerca de sesenta universidades. A lo que se agrega lo que ocurre en los Institutos técnicos, que se han convertido en el negocio orientado a los jóvenes trabajadores, bajo el atractivo del ascenso social a través de la educación, Un indicio evidente de esta situación, es el enorme gasto de las Universidades en propaganda, en financiar programas de televisión, en costosos avisos en los periódicos, etc.

El movimiento estudiantil de 2011, que tomó el relevo de la “rebelión pingüina” y pasó a ser la primera embestida seria en contra del lucro. Si bien no logró erradicarlo, motivó un cambio de mentalidad, un cambio en los criterios del sentido común de la época, al respecto. Es decir, la idea que quien quería educarse debía pagar por su educación. Idea popular que tanto la Dictadura como la Concertación habían logrado arraigaren la sociedad chilena. Es decir, que este pago era un deber y responsabilidad exclusiva de las familias

A pesar de lo logrado por ese movimiento el lucro sigue rigiendo. Los gobiernos que se han sucedido desde el 2011 hasta hoy no han logrado erradicarlo, y siguen actuando como si la educación chilena fuera un bien de consumo personal y no un deber del Estado.

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¿ Admisión justa o admisión segregada? Por Jorge González Guzmán

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La discusión acerca del proyecto de ley “admisión justa” ha retrotraído la discusión a lo que ya se había discutido durante los últimos cuatro años. La verdad es que esta discusión no tiene solución: lo que hay aquí es un enfrentamiento entre dos visiones de mundo diferentes. Se trata de un enfrentamiento entre dos posturas ideológicas opuestas acerca de la calidad de la educación: la “calidad” de la educación es un concepto complejo, por lo tanto el peor error que se puede cometer es tratarlo como si fuese simple, con la típica simplificación de “blanco o negro”: en este colegio la educación es mala o es buena. Nosotros optamos por una calidad que destaca componentes sociales de cooperación, por sobre elementos de competitividad; autonomía y creatividad, más que obediencia y disciplina ; curiosidad y capacidad de búsqueda, más que memorización de contenidos. La calidad de este proceso formativo se puede observar en tres grandes aspectos, diferentes pero interrelacionados:

  1. el desarrollo de la formación en lo social
  2. el desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas y creativas
  3. el desarrollo de las habilidades y conocimientos básicos necesarios para pasar de una etapa a la otra.

El primer aspecto consiste en el conjunto de vivencias que el niño tiene al relacionarse tanto con sus compañeros como con sus profesores y otros adultos. La convivencia del pequeño con un grupo culturalmente estrecho y homogéneo disminuye la calidad de su formación. Por el contrario, resulta importante que el niño, desde pequeño, tenga la oportunidad de compartir con niños de otros ámbitos socioculturales que el propio. Esta convivencia en la diversidad es, a mi juicio, un elemento importante en la “calidad” de la educación. Aquí debe agregarse la formación sexual, para lo cual es sumamente importante la convivencia de niños de distinto género. Nótese que aquí no estamos hablando del “aprendizaje por los pares”, que es también un elemento importante que debe sumarse al anterior.

La labor orientadora del profesor en este aspecto es importante, aunque no decisiva. El desarrollo de esta capacidad no se realiza solamente en la sala de clases sino más que nada en el patio de los recreos, en la calle caminando entre el hogar y el colegio, en los hogares donde los niños invitan a sus compañeros.

Es aquí donde la reforma educacional planteada por el gobierno de la presidenta Bachelet (fin de la selección y el copago) incide directamente en la calidad de la educación: una educación segregada como la nuestra es de por si de menor calidad. La selección mediante pruebas que se exige a los niños para el ingreso al colegio es una práctica que limita este aspecto de la calidad. Los llamados colegios emblemáticos, debido precisamente a su proceso de selección, disminuyen su calidad.

El desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas y creativas requiere un profesor que sea capaz de desplegar un abanico de exigencias: desde aquellas básicas, sin las cuales el niño debe reprobar, hasta unas tan altas como sea necesario para los niños mejor dotados. Hay quienes sostienen que la homogeneidad es necesaria para una buena experiencia pedagógica (Pablo Ortúzar, La tercera 18-05 ). No estoy de acuerdo. Ortúzar se olvida completamente del aspecto de formación social antes mencionado. En cuanto al desarrollo de las capacidades cognitivas y creativas, un buen profesor no necesita que todos los alumnos sean igualmente capaces. Es posible que sea más difícil enseñar en un curso heterogéneo. Pero un profesor que confiesa que

él no le enseña matemáticas a las niñitas…solo a los niños” (cita de un profesor del Instituto Nacional) …no es un buen profesor. Concuerdo con Ortúzar cuando indica que el secreto de la pedagogía …es darle a cada cual lo que necesita, en el momento preciso y en la dosis correcta” . Es precisamente lo que hace un buen profesor en un curso heterogéneo.

Un buen colegio es aquel que tiene buenos profesores, con condiciones adecuadas de dedicación, autonomía, sueldos y buen lugar de trabajo. No aquel que tiene buenos alumnos. Se equivoca J.J.Brunner (La Tercera 18-05) al pensar que un liceo emblemático se echa a perder si acepta una variedad de alumnos. Aceptar niños de diversos ámbitos culturales, según nuestra visión de mundo, no achata a un liceo de excelencia. Al contrario: extiende su ámbito de formación social. Un colegio debería llamarse de excelencia si tiene excelentes profesores.

De lo que se trata es que todos los colegios sean “de excelencia” , es decir, lo que hay que hacer es ir mejorando los colegios mas deficientes, poco a poco, pero sin demorarse mucho porque el país necesita ciudadanos bien formados. Por supuesto que no se trata de estandarizar : todo lo contrario: cada colegio tendrá su proyecto educativo, presentando una amplia gama de exigencias. Son los alumnos, o sus padres, los que elegirán al colegio, incluyendo a aquellos colegios orientados hacia lo artístico o musical, sin que sea necesario un exámen previo. Si un niño desea desarrollar su gusto musical, ¿ porqué debe demostrar previamente algún talento especial al respecto? Es el colegio el que debe desarrollar ese talento.

Admisión Justa: una política de retroceso y profundización de la segregación en la escuela. Por Ana Catalán González

El proyecto de ley presentado por el actual gobierno, denominado Admisión Justa, es claramente un retroceso al sistema educativo que ya comenzaba a avanzar con la implementación de la Ley de Inclusión en las escuelas y la Ley de Gratuidad Universal, promulgadas por la presidenta Michelle Bachelet, y que no pretendían más que avanzar hacia el fin de la segregación escolar en nuestro país. Según la OCDE, Chile es el país con mayor desigualdad escolar entre los países miembros, puesto que el sistema educacional está conscientemente estructurado por clases. A esto se suma, que es el país miembro de la OCDE con mayor desigualdad en la distribución de ingresos (0,503) (OCDE, 2015) donde los ingresos del 10% más rico en Chile son 26 veces más altos que los del 10% más pobre. Teniendo niveles tan elevados de desigualdad en la distribución de ingreso, el acceso a una educación de calidad se encuentra altamente condicionado a las características socioeconómicas de las familias, lo que se ve reforzado por una serie de mecanismos que los establecimientos educativos ponen en práctica para seleccionar estudiantes.

Si bien, hay una serie de aspectos de política pública que no pueden entenderse como causas directas de la segregación en el sistema educativo chileno, sí contribuyen a configurar el escenario en el que esta se manifiesta. Actualmente, dos mecanismos de política pública son relevantes para hablar sobre segregación educativa. El primero, tiene que ver con las facultades que poseen los establecimientos para seleccionar estudiantes, que redunda en que la conformación de estos establecimientos tienda a ser homogénea según criterios socioeconómicos o de género. Un segundo aspecto, es la “libertad de elección de los padres”, que implica que al momento de escoger un establecimiento, los padres ponen en práctica ciertos patrones socioculturales que a fin de cuentas actúan como mecanismos de autoselección.

Es justamente a esto último, a lo que apunta la Ley de Admisión Justa contemplando principalmente – y tal como lo ha repetido incansablemente la Ministra Cubillos en los últimos días y en cada noticiero – “devolver a los padres su derecho preferente a elegir informadamente la educación de sus hijos”, siendo este el primer pilar; el segundo pilar, plantea un Sistema de Admisión Escolar que esté basado en el esfuerzo y mérito académico de los alumnos y no en el azar, es decir, permite la selección a partir de 7mo básico, por criterios académicos para el 100% de las vacantes ( establecimientos deciden si usan notas, ranking, pruebas de admisión o combinación de ellas), dando más libertades a las comunidades escolares para que puedan definir y desarrollar su proyecto educativo.

Por otra parte, plantea requisitos para los establecimientos educativos, quienes deben presentar un proyecto educativo de alta exigencia académica, un desempeño “Alto” según los estándares de desempeño de la Agencia de Calidad; y por último tener más postulantes que vacantes, es decir, un Sistema de Admisión discriminatorio no sólo para padres, apoderados y estudiantes en cuanto a segregación socioeconómica, sino además, para las comunidades educativas, puesto que no todas podrán acceder a este sistema de selección, lo que genera aún más competencia entre establecimientos, quedando en desmedro aquellas comunidades educativas que presentan niveles más bajos. Entendiendo además, que es una competencia en desigualdad de condiciones, puesto que las escuelas y liceos municipales, o de servicios locales, deberán competir con el sistema particular y privado.

Claramente, este sistema sólo privilegia al mercado de la educación, a los empresarios, y a aquellos que han lucrado por años con la educación desde los 90, debido a que serán los establecimientos particulares subvencionados quienes verán privilegiados sus índices de matrícula. Nuevamente, otra ley para terminar con la Educación Pública.

Cabe destacar, que en este proceso la diputada Camila Rojas como presidenta de la cámara de diputado, ha realizado un trabajo tremendamente valorable entablando conversaciones con las distintas bancadas de oposición al gobierno de Piñera, de modo de buscar el rechazo a este nefasto Proyecto de Ley, que nuevamente se ha pospuesto en la cámara baja para llevar a votación.

En efecto, las y los profesores de Chile, nos consideramos opositores a este proyecto, y es por ello, que forma parte también de nuestras banderas de lucha, pues estamos convencidos que profundiza aún más la brecha social en la educación chilena, y no podemos permitir más retrocesos que signifiquen el término de la Educación Pública. Es por esto, que exigimos su retiro, pues la Educación Pública debe ser el pilar fundamental y más robusto de una nación.

Ana Catalán González

Profesora de Educación Tecnológica

Presidenta de Consejo Gremial de Profesores Liceo Técnico de Valparaíso.

La superación del capitalismo. Jorge González-Guzmán

En la entrevista que el periodista Daniel Matamala le hizo a una dirigente del movimiento feminista, a raíz de la Huelga General convocada para el 8 de Marzo recién pasado, salió a colación el concepto que se presenta en el título de estas líneas: la superación del capitalismo. Se trataba de una de las muchas exigencias que planteaba el movimiento, junto a las más obvias, como la igualdad de todo tipo de derechos. El periodista quedó sumamente sorprendido y le pidió a su entrevistada el fundamento de esa exigencia. Ella no dio un argumento claro y contundente, el periodista tampoco la dejó hacerlo, como es usual en tales entrevistas. Ella atinó a poner como ejemplo a Finlandia y el periodista exclamó: ¡pero Finlandia es un país capitalista! La entrevista se desvió hacia otros asuntos y quedó la sensación que la lucha por la superación del capitalismo no era un buen elemento del movimiento feminista, que había sido un error de la entrevistada.

Yo opino que no fue ningún error. Por el contrario: dentro del capitalismo son las propias leyes del mercado, la ley de la oferta y la demanda sin restricción, la que afecta directamente la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Todo buen gerente de una empresa económica observa que la mujer ( joven, en edad reproductiva) es en promedio y a la larga más cara que un joven con las mismas habilidades. Para que no exista esa discriminación debe obligarse a la empresa a no hacer distingo al respecto. O sea, debe haber una ley que lo obligue. Pero esa ley quiebra obviamente la ley de oferta y demanda, y por lo tanto, se trata de un paso, pequeño por cierto, hacia la superación del capitalismo.

El error del periodista es no distinguir un país capitalista de otro. Como si el sistema económico y social de un país fuese un objeto simple y único. Se trata, en realidad, de una estructura sumamente compleja y el error del periodista ( y de muchos otros) es tratar una cosa compleja como si fuese simple. De partida hay que decir que ya hace muchos años que no existe, prácticamente en ninguna parte, el “capitalismo puro”, aquél que se desarrolló en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, donde la ley de la oferta y la demanda permitía que el capitalista pudiera contratar a cientos de personas, incluido niños, con salarios ínfimos y 12 o más horas de trabajo: “ yo a nadie estoy obligando, yo solamente doy trabajo, el que quiere lo acepta y el que no, no”. Pero la necesidad de la mera subsistencia obligaba a los trabajadores a aceptar. Hasta que lograron organizarse y terminaron por imponer, entre otras cosas, la jornada de 8 horas y los sueldos mínimos. Debe notarse que esas conquistas quiebran claramente la ley de la oferta y la demanda. Se trata aquí también de un paso hacia la superación del capitalismo. Los países más desarrollados, aquellos donde se han conseguido más derechos sociales, han ido imponiendo más y más restricciones a las relaciones del mercado libre. En esos países la educación ha salido en gran medida del mercado, así como también en buena medida la salud pública. Eso sin contar con las empresas públicas, donde es el Estado su dueño. Se suele definir al capitalismo como aquel sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción. Pero a estas alturas en ninguna parte todos los medios de producción son privados. Coexisten con medios de producción públicos. Sin ir más lejos, en Chile tenemos a Codelco y Enap coexistiendo con diversos medios de producción privados y transnacionales. Los sistemas socioeconómicos de los distintos países mezclan distintas formas de propiedad y sus respectivas relaciones de producción. La cosa es cuál es la forma que predomina y cuales son los beneficios sociales que admiten. De este modo el balance entre propiedad privada y propiedad social tendrá infinitas expresiones. Pero hay otra complejidad que es necesario examinar: el concepto mismo de propiedad, que tampoco es un concepto simple. ¿Qué significa ser dueño de algo? Distingamos solo dos aspectos: control y usufructo. Las empresas privadas no tienen, de modo alguno, el control total sobre su actividad: deben cumplir una serie de condiciones, impuestas por la sociedad mediante leyes y normas. Tampoco disponen del usufructo completo de su actividad económica: deben compartirla con el Estado mediante los impuestos. De este modo la realidad actual se aleja de la ley de la selva que algunos todavía añoran. El capitalismo será superado por otra formación social, donde no sean los intereses privados los que determinen lo que se hace y lo que no se hace, donde sean los derechos sociales los que se impongan por sobre las leyes del mercado. Pero eso todavía es música del futuro.

Revolución tecnológica, contrarrevolución capitalista. Claudio Iturra

“Estamos viviendo una revolución tecnológica […] una gran transformación de la economía, de la sociedad e, incluso, de las formas de convivencia social”, señala el economista Juan Manuel Rodríguez en su nuevo libro La revolución tecnológica, ¿El fin del trabajo? Opciones para Uruguay y países emergentes.1 En la “evolución del capitalismo” ha habido otras revoluciones de esta naturaleza. La actual es la cuarta. El principal propósito de la obra es analizar la magnitud de su efecto ineluctable, la reducción de los puestos de trabajo, en la radical transformación de la organización productiva. Al adjudicar los cambios sin precedentes de los últimos 50 años a un proceso técnico, con una dinámica inmanente, autodeterminado, motor de la historia, orientado a mejores formas de vida, Rodríguez coincide con la posición predominante en la academia, el gran empresariado, los organismos multilaterales y muchos gobiernos, en especial los más poderosos.

Por eso, la exigencia crítica elemental refiere a examinar tanto lo que se dice como lo que no se dice en ese enfoque coincidente, para poder iluminar lo que queda en la sombra: su origen, naturaleza, contenido, finalidad. El cambio técnico, de la tecnología, acompaña toda la peripecia humana desde que el Homo sapiens produjo lo que necesitaba para vivir y permanecer, desde que el Homo sapiens y el Homo faber se tornaron cara y sello de una moneda, tanto en su relación con otros hombres como en su relación con la naturaleza. Se teje así un proceso continuo de aprender haciendo y de una nueva producción que encarna el saber hacer aprendido y aprehendido, en lo que conocemos como reproducción.

Como señala Cristina Zucchermaglio en L’usabilità sociale delle tecnologie, “Las tecnologías no ‘caen’ nunca en un vacío social, sino que por el contrario interactúan siempre con un sistema de prácticas sociales […] La funcionalidad de la tecnología no reside tanto en su específica estructura técnica y material cuanto más bien en el curso de acción que produce y sustenta en un contexto productivo y organizativo. Los instrumentos tecnológicos no son nunca instrumentos social y cognitivamente neutros: cumplen acciones sociales y prescriben comportamientos específicos”. Las tecnologías, por ende, no adquieren funcionalidad de sí mismas, sino de las formas que caracterizan a la estructura económico-social que las contiene y significa. El capitalismo en su fase globalizada, en nuestro caso.

El capitalismo tiene dos finalidades concurrentes: la ganancia y la dominación (territorial, política, ideológica) para asegurar la reproducción del sistema que garantice mantener y ampliar la ganancia. La historia del siglo XX muestra nítidamente esta dinámica.

Primero, desde la Segunda Guerra Mundial, y en particular desde la posguerra, se produjo el avance de los movimientos populares en pos de una mayor igualdad en la distribución de la riqueza; luego, la reacción planificada para cortar de raíz esa amenaza y revertirla en términos duraderos, desde la estructura económica y social y todas sus expresiones. La contrarrevolución capitalista. El cambio técnico ha cumplido una valiosa función en ella.

Así, la historia ha discurrido lejos de lo que Rodríguez atribuye al cambio técnico: “La historia de la humanidad estuvo marcada por el cambio permanente en las herramientas que utiliza el hombre para resolver sus necesidades de alimentación, abrigo y vivienda […] El cambio técnico es expresión de esta voluntad de encontrar formas mejores de atender las necesidades” o a “encontrar mejores formas de vida”.

El examen histórico-crítico permite afirmar que todas estas situaciones se inscriben en el capitalismo, sistema que busca la ganancia y la dominación territorial, política e ideológica, y no en “resolver sus necesidades de alimentación, abrigo y vivienda” ni en “encontrar mejores formas de vida”. Lo que cuestiona radicalmente el origen, naturaleza y sentido del “cambio técnico” que propone Rodríguez.

El insoportable avance de la igualdad

Antes de que la historia diera un salto mortal, se vivía lo que Eric Hobsbawm denomina el “corto siglo XX”, la época que va de 1914 a 1991. En ella destaca la “edad de oro” del capitalismo, refiriéndose a las tres décadas que transcurren, aproximadamente, desde 1945 hasta 1973; desde la derrota de las potencias nazifascistas y sus aliados hasta el final del ciclo largo de expansión económica de la posguerra. En la “edad de oro” se desarrollan los sistemas de protección social en los países capitalistas avanzados y algunos no tanto, acaba el colonialismo, se produce el largo equilibrio entre superpotencias que caracterizó la Guerra Fría.

La industria fordista dio lugar a grandes aglomeraciones fabriles, creando las condiciones para la organización de sindicatos de alta incidencia en la repartición de las ganancias, al punto de que las curvas que representaban las ganancias del capital y las ganancias acortaban su distancia a puntos nunca antes alcanzados.

Como reacción se planificó erradicar el “insoportable avance de la igualdad”. Se buscó restaurar sin obstáculos, en forma duradera y estructural la ganancia y la dominación territorial, política e ideológica, las finalidades esenciales del capitalismo.

Ya en 1971, bajo la égida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se llevó a cabo una reunión de expertos de las patronales de los mayores países desarrollados, incluyendo Estados Unidos y Japón. El encuentro buscaba revertir el “fenómeno de degradación que caracteriza hoy por hoy el comportamiento de los trabajadores […] el endurecimiento de sus actitudes […] Las economías industriales […] sufren una revolución […] que atraviesa todas las fronteras culturales […] (y que se caracteriza por “un desafío a la autoridad)”.2

Se creó la Comisión Trilateral, una organización internacional privada fundada en 1973 por iniciativa de David Rockefeller, ex miembro ejecutivo del Council on Foreign Relations y del Grupo Bilderberg, que aglutina a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas principales de la economía capitalista. El ex secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger fue uno de sus principales líderes.

Todos los preceptos generados por estos grupos de elite fueron sintetizados, durante los años 90, en el Consenso de Washington, un listado de políticas económicas asumidas por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington DC, elementos básicos de la economía política “neoliberal”.

El eje de este giro estructural tomó en cuenta la centralidad del trabajo: se organizó la fragmentación del trabajo incrementando su precarización, socavando las normas que buscan su mayor formalización, se disminuyó la intervención pública de protección de los trabajadores, reduciendo las libertades sindicales.

Todo ello concurre a impedir o inhibir la existencia y acción de los sujetos colectivos, en cuyo primer lugar se ubica la organización sindical, a nivel local e internacional. Todas estas medidas condujeron a la vertical caída tanto de la cantidad de sindicatos como de afiliados a esas organizaciones.

La privatización de servicios otrora brindados por el Estado agudizó las condiciones de desprotección de las poblaciones menos favorecidas. La renuncia del Estado a regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo, generalizaron el trabajo precario y los abusos patronales. Se produjo una brusca reducción en el gasto social, así como de los impuestos aplicados a las empresas y familias. Fue el canto fúnebre del Estado de bienestar.

Como contrapartida, ha habido una eclosión de nuevos productos (automóviles eléctricos, energía solar fotovoltaica, biocombustibles y la panoplia basada en las tecnologías de la información y la comunicación: microprocesadores, teléfonos celulares y computadoras, la galaxia internet). Ha habido nuevos procesos de diseño y producción (desarticulación, fragmentación, desterritorialización) y profundas transformaciones de la distribución y comercialización (grandes superficies, supermercados, ventas online), así como en el transporte y la logística, por ejemplo con el uso de contenedores. La creciente concentración de estos mercados crea estructuras oligopólicas.

Se han creado nuevos mercados o expandido algunos existentes. La población de las ciudades superó a la población rural: la población urbana mundial pasó de 2.300 millones de personas en 1994 a 3.900 millones en 2014.

La combinación de búsqueda de ganancias ha llevado a desarrollar nuevos sistemas y aplicaciones que han conducido a una creciente financiarización de la economía a escala global, creando instrumentos para ganar dinero sobre la base del dinero y no de la producción, sin límites geográficos ni horarios.

Cambia la escala del sistema financiero en relación con la economía real. Se incrementa la desregulación del sistema financiero. A nivel empresarial, lo financiero predomina sobre lo productivo. Se incrementa la flexibilización y precariedad salarial. Se intensifica la desconexión entre grandes empresas y sus países de origen. Se incrementa la pérdida de capacidad de pilotaje macroeconómico de los estados nación en lo que hace a planes de pleno empleo.

Los bancos se transforman en instituciones financieras legales que conviven con los paraísos fiscales, que sustraen impuestos a los estados en unos 190.000 millones de dólares, sirven para manejar dinero con fuentes directamente delictuales: miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico mantuvieron a flote el sistema financiero durante la crisis financiera global de 2008-2010.

Estados Unidos y sus aliados han mantenido focos bélicos en Europa, Asia, África y, sobre todo, en Medio Oriente. El gasto militar mundial ascendió en 2017 a 1,73 billones de dólares, 1,1% más en términos reales respecto del año anterior, el más alto desde la Guerra Fría según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Estados Unidos mantiene su hegemonía mundial, con el 35% total de este gasto, y una inversión que supera a la de los siete siguientes países combinados. La investigación y desarrollo con fines bélicos es uno de los mayores capítulos presupuestarios. Los contratos de las empresas tejen una intrincada red clientelista en el Complejo Militar Industrial, sobre cuya peligrosidad ya había advertido el general Dwight Eisenhower al terminar su mandato en 1961.

En todos y cada uno de estos cambios, la inovación tecnológica es un sustento básico para su implantación, asociada en forma programada con el poder institucional, el poder económico y la hegemonía ideológica y militar. Warren Buffet, uno de los capitalistas más poderosos del mundo, por su fortuna y sus influencias, sintetiza el resultado de esta cruzada: “Claro que hay lucha de clases, pero es mi clase, la clase rica, la que hace la guerra, y estamos ganando”.3

Claudio Iturra integra el Centro de Formación y Estudios José D’Elía, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.


  1. Ediciones de la Banda Oriental, setiembre de 2018. 
  2. Citada por Luc Boltanski y Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, París, 1999; p. 249. 
  3. The New York Times, 26 de noviembre de 2006. 

Fuente

Editorial (CdE nº47)

Durante la elaboración del presente número, nos alerta un nuevo triunfo de la derecha en América Latina, con un poco más del 55% de las preferencias, Jair Bolsonaro, ex militar y quien abiertamente durante su campaña realizó apologías de la dictadura que sufrió el vecino país, se convierte en el nuevo presidente de uno de los países claves para el crecimiento económico de la región como es Brasil. Si observamos este triunfo, junto a los alcanzados por la derecha en países como Argentina, Perú, la decepción vivida con Moreno en Ecuador, y sumamos a un Donald Trump como orquestador, resulta preocupante el cerco o gran pinza que se está originando para estrangular a Venezuela, Bolivia y otros procesos progresistas de la región.

Esta tendencia, se puede ver como un fenómeno internacional de votar y elegir a ultraderechistas como Gobernantes, Presidentes, Legisladores, Alcaldes, etc. donde pareciera que los pueblos sufren de lo que podría llamarse, “la atracción del abismo”, ante tanta frustración por promesas incumplidas, por la política en la medida de lo posible, o por los escándalos de corrupción que atraviesan los distintos sectores y colores políticos, y que traen consigo, la nula o insuficiente atención a las necesidades y demandas que posibiliten garantizar una mejor calidad de vida para la clase trabajadora.

En este nuevo escenario histórico ( y familiar) para América, se fortalece y expande a nivel mundial el capitalismo, el cual utilizando como herramienta el fascismo instala no solo post-verdades sino también el miedo a todo lo que sea “distinto a la norma”: pobres, inmigrantes, homosexuales, etc. con el solo objetivo de sostener su hegemonía regional, y con esto, el control y apropiación de enormes y ricos yacimientos de petróleo, de gas y otros estratégicos recursos naturales, para que sean explotados por los grandes consorcios neoliberales, en su propio beneficio y no de los pueblos soberanos, dueños de tales riquezas naturales.

Esto nos convoca a preguntarnos, ¿Han sido suficientes los análisis sobre las debilidades de la izquierda para disputar y lograr hegemonía sostenida en el tiempo? ¿Cómo aporta a esta disputa la academia?, y es en este cuadro de corrupción, descomposición y degradación social, donde precisamente el quehacer académico podría alzarse como un ejemplo para lograr todo lo contrario, fortaleciendo e instalando gobiernos democráticos en sus instituciones, robusteciendo la transparencia, la honradez y solidaridad científica, incorporando el paradigma de los Derechos Humanos como base de su proyecto de formación y diseños curriculares; una academia proba, leal, cumplidora con el desarrollo de los pueblos en lo intelectual y en lo manual, donde el “grado” visible no sea signo de superioridad, sino que facilite el juicio, que permita distinguir lo “sano” de lo “enfermo”.

Como decía nuestra gran Gabriela Mistral por el 1933, “el pueblo cree en estos capitanes de la inteligencia que vienen a cubrir los viejos cuadros de generales, cleros, banqueros y terratenientes, pasaron a la inteligencia el halo no sólo de la autoridad, sino de la espiritualidad (…) y soñaron otros estados, otras vidas, otras conciencias colectivas en cuyo seno vivirían más felices”.

Declaración de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, Argentina, 26-10-2018

En el día de ayer, en franca actitud de censura y persecución política a las comunidades universitarias de Brasil la Policía Federal de este país sudamericano, por orden de los Tribunales Regionales Electorales, irrumpió en al menos 29 universidades de todo el país [1], llevaron a cabo operativos intimidatorios hacia los profesores y alumnos que se reunían en actividades de debate público sobre la situación política electoral.

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Los diversos actos de censura e intimidación fueron justificados por una supuesta violación de la resolución del Tribunal Superior Electoral 23.551 del 18/12/2017, que normativizó la campaña electoral. Esta resolución prohíbe el uso de las sedes públicas federales, entre las que incluyen a las universitarias, para realizar actos proselitistas, así como también que funcionarios públicos realicen actividades vinculadas con aquellos. Los actos de censura se habrían originado en denuncias realizadas por ciudadanos mediante una aplicación llamada “Pardal”, destinada a la fiscalización de los actos de campaña electoral.


Como resultado las policías ingresaron en las sedes universitarias por orden judicial. Alegaron estar buscando “material de campaña electoral”, según denunciaron profesores, estudiantes y la Orden de Abogados de Brasil (OAB). Se produjeron allanamientos, requisas, acciones de identificación de personas, ordenes de quitar banderas y pancartas y suspensión de actividades de debate sobre la situación política de Brasil, actos dignos de tiempos de dictadura.

Por poner algunos ejemplos de lo sucedido, en la Universidad Federal Fluminense de Niteroi, Río de Janeiro, la jueza del Tribunal Regional Electoral ordenó retirar una bandera con consignas antifascistas que colgaba del edificio de la dicha universidad , bajo amenaza de prisión al director de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios. También en Río de Janeiro, en la UERJ, la policía removió una bandera en homenaje a Marielle Franco, la consejal de la Cámara Federal de Río de Janeiro que fuera asesinada en marzo de este año, que incluía consignas antifascistas.


Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de la ciudad carioca , en la Universidad Federal de Dourados, en Matto Grosso do Sul, el juez electoral Rubens Witzel Filho prohibió la realización del evento “ Manifiesto en defensa de la democracia y de la universidad pública”, que buscaba denunciar los peligros de la candidatura de Jair Bolsonaro. En este acto de violación de la autonomía universitaria, la policía, además, realizó un operativo de control, solicitando datos personales a los asistentes a la actividad y tomó fotografías a los concurrentes.

También se registraron irrupciones de la policía en la UFRGS de Porto Alegre, en el Estado de Río Grande Do Sul, donde la justicia electoral censuró una charla debate titulada “Contra el fascismo, por la democracia”, en el que hablarían importantes académicos y figuras de la izquierda brasileña. Esta situación llevó a Tarso Genro, ex gobernador del Estado y uno de los expositores censurados en esta actividad, a afirmar esto en su cuenta de Twitter: “Di clases, dicté conferencias en universidades de Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Argentina, y aquí mismo, en dictadura. Respeté siempre los protocolos legales de las instituciones de enseñanza. Hoy estoy censurado para hablar en la UFRGS, en el Río Grande do Sul que goberné. El fascismo crece”.

Además de estos casos, hemos reunido información sobre muchas de estas intervenciones judiciales-policiales en las sedes universitarias brasileras en la últimas semanas, todas del mismo tenor. La cuantía y la similitud de los casos denunciados dan
cuenta de la sistematicidad con que un sector del poder judicial brasilero busca acallar las voces críticas y la alarma social ante el peligro en ciernes que significaría la elección de Jair Bolsonaro. El embate contra la autonomía universitaria en el marco del creciente estado de excepción que se vive en Brasil no es nuevo. Desde diciembre de 2016, luego del golpe de Estado contra
29-10-2018 en la Declaración RIHALC: “Por la democracia y contra actos de censura y violación de la autonomía universitaria en Brasil”, Declaración Dilma Rousseff, vienen reportándose casos de ingreso de la Policía Federal en los establecimientos educativos, pero no en la escala de lo sucedido ayer y no con las implicancias políticas que esto tuvo. Todo lo dicho hasta aquí da cuenta de un plan nacional de censura de las movilizaciones en pro de la defensa de la democracia en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que podría triunfar el candidato de extrema derecha e ideología abiertamente autoritaria Jair Bolsonaro, quien es un declarado defensor de la dictadura militar y la tortura de opositores políticos; y que en sus cierres de campaña via telefónica amenzó con perseguir y encarcelar a los integrantes del Partido de los Trabajadores.

Recordamos que Bolsonaro se hizo famoso en 2016 cuando como diputado federal defendió a la dictadura militar brasilera (1964-1985) e hizo apología de la tortura en su voto a favor de la destitución de la presidenta Dilma Roussef. También es importante recordar que el Consejo de Ética de esa misma Cámara de Diputados de Brasil archivó en noviembre de ese mismo año un proceso contra Bolsonaro por apología de la tortura, un crimen de Lesa Humanidad. Sin embargo, en el contexto de creciente estado de excepción brasilero, posterior a 2016, la justicia de este país permitió su candidatura a la presidencia de la república a pesar de ser un político defensor abierto de la dictadura y la tortura, y por lo tanto de haber atentado en reiteradas veces con sus declaraciones contra la democracia y la Constitución de 1988.

Todo lo anterior nos lleva a hacernos las dos preguntas que lanzó en estos días una reconocida historiadora brasilera: ¿No es casual que ahora en vísperas del segundo turno electoral, en que el representante y portavoz del terror fascista puede ser electo presidente — por absoluta omisión del poder judicial en la defensa de la democracia —, que integrantes del propio sistema de Justicia brasilero quieran silenciar las voces antidictatoriales y antifascistas de las universidades públicas brasileiras? ¿La dictadura ya comenzó?

En virtud de lo dicho, los integrantes de la Red Intercatedras de Historia de América Latina Contemporánea (RIHALC) declaramos que:


– Nos solidarizamos con los ciudadanos demócratas brasileros que se movilizan en pro de la defensa de democracia, el respeto de Constitución y la defensa del pleno estado de derecho.
– Pedimos a las autoridades políticas, judiciales y de seguridad brasileras que respeten la constitución de su país y las normas que la reglan, terminando con el estado de excepción creciente y la violencia institucional que el actual gobierno instaló en
Brasil desde el golpe de estado parlamentario de 2016 contra la Presidente Dilma Rousseff y luego, con el encarcelamiento ilegal y proscripción del ex presidente Ignacio Lula Da Silva, ambos del Partido de los Trabajadores.
– Solicitamos a los ciudadanos brasileros que integran las fuerzas de seguridad y militares que no convaliden la violencia institucional y las violaciones de derechos y garantías impulsadas por las autoridades políticas y judiciales que se han puesto al margen de la Constitución de 1988. Les recordamos que los abusos, crímenes políticos y otras violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios estatales son delitos de carácter internacional considerados contra la humanidad e imprescriptibles.
– Solicitamos a la comunidad internacional y a los organismos internacionales y regionales que tomen posición activamente en defensa de la democracia y el estado de derecho en Brasil ante una inminente represión masiva y persecución de miembros
de partidos opositores, sindicatos, movimientos sociales y universitarios.

La Red Intercatedras de Historia de América Latina Contemporánea convoca a todas las organizaciones, instituciones, colectivos y personas de todo el mundo a expresar su solidaridad con los que defienden la democracia en Brasil y a estar alertas del proceso electoral de este domingo 28 de octubre de 2018.

¡La solidaridad internacional con la democracia brasilera es urgente!

“Por la democracia y contra actos de censura y violación de la autonomía universitaria en Brasil”, “Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad”. (Rodolfo Walsh, 1977)


[1] Los establecimientos en los que se llevaron a cabo los operativos fueron: UFRRJ, UFPB, UERJ, UFU, UFAM, UCP, UniRio, UEPB, UFMG, UFG, UNEB, UCP, UFMS, UFRJ, UFERSA, Unilab, UFF, Unifei, UFBA, UFCG, UFMT, UENF, UEPA, UFGD, UNESP Bauru, UFSJ, UFRGS, UFFS, IFB.

La función de la educación sexista en la reproducción del modelo económico. Carla Aguayo Huerta

Con la llamada “ola feminista” en universidades y educación secundaria a lo largo del país durante este primer semestre, se ha instalado en la discusión pública y política temas tales como la violencia de género, acoso y abuso sexual e igualdad de género, a través de demandas que se resumen en la exigencia de una educación no sexista y en protocolos donde las instituciones deben definir cómo abordar y prevenir el acoso, abuso y actos discriminatorios en contra de las mujeres. Difícilmente es posible mantenerse al margen de esta discusión, y el sentido común podría hacernos pensar, que no estar a favor de estas demandas es un acto antidemocrático ¿quién podría negar la violencia hacia las mujeres, la desigualdad con las que pueden ejercer sus derechos básicos como salud, educación, trabajo, los estereotipos que cotidianamente se reproducen y cosifican el cuerpo femenino reduciéndolo principalmente a un rol maternal y reproductivo? ¿quién podría negar que el sistema de educación en sus distintos niveles produce y reproduce desigualdad de género? Estudios, cifras y ejemplos abundan (basta con revisar los Informes Sombra de la CEDAW)“ por lo que no reconocer esta realidad es ante todo una decisión política e ideológica.

Lamentablemente, llegar a consensos sobre cómo poner fin a esta realidad es más complejo de lo que parece. Porque el fin de la educación no sexista es que la educación tiene que estar al servicio de una sociedad en la que se fomente un trato igualitario y libre de violencia entre hombres y mujeres. ¿cómo entonces, se puede exigir igualdad de género cuando el sistema educativo mercantil carece de una estructura de base que asegure un acceso igualitario entre hombres y mujeres de distintas clases sociales o cuando el sistema educativo violenta al excluir a aquellos que no pueden pagar por su educación, indistintamente del género? Y es aquí donde entramos a una discusión clave entre las distintas corrientes del feminismo ¿es posible lograr una igualdad de género si es que se mantiene un sistema económico que genera desigualdad?

Si profundizamos aún más, actualmente la educación, tanto en su administración como en su diseño curricular, facilita la reproducción de un sistema de clase donde los sectores privilegiados pueden acceder a educación de calidad y seguir manteniendo su estatus social, mientras los sectores más vulnerables reproducen su pobreza, y un sistema sexista que asigna roles a hombres y mujeres funcionales a un sistema de clase ¿qué relación existe entre el sistema económico capitalista y el sexismo?

Silvia Federici, militante feminista y escritora, concluye en su investigación “Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva” que el capitalismo en tanto sistema económico-social está necesariamente vinculado con dos sistemas de dominación: el racismo y el sexismo. Por tanto, en la sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres un lugar de explotación y de resistencia “en la misma medida en que el Estado y los hombres se han apropiado del cuerpo femenino, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación del trabajo”. Vale decir, el sistema capitalista a través de sus instituciones, la educación como tema convocante, reproduce roles en donde la mujer cumple una función meramente reproductiva de la fuerza de trabajo (los trabajadores), naturalizando la familia nuclear en desmedro de la familia extendida que colectivizaba su producción, en donde existe una dependencia económica hacia el hombre o donde el trabajo femenino es considerado un “aporte” a la economía del hogar pudiéndose justificar un menor salario, y por tanto, al tener las mujeres la responsabilidad de llevar la crianza y el cuidado de los niños, el sistema capitalista se asegura una mano de obra, y en consecuencia, acumulación del trabajo. En este sentido, la subvaloración de las mujeres y la instrumentalización de su cuerpo– que pasa a entenderse como un bien público– fue extremadamente necesario para que se produjese la transición de una sociedad feudal agraria a una sociedad capitalista industrial. En otras palabras, el capitalismo se funda en la división sexual de trabajo y en estereotipos que relegan a las mujeres a una condición inferior y relacionada con el mundo doméstico.

Por tanto, la normalización de las prácticas sexistas en el aula y los espacios educativos, y el acoso y abuso al que están expuestas las estudiantes, tanto por sus pares como por el cuerpo docente, es expresión de un entramado cultural que sostiene las relaciones económicas a nivel mundial. Prácticas sexistas que son avaladas por parte del Estado y los sectores más conservadores de la sociedad chilena, que se oponen sistemáticamente a una educación sexual que se centre en la afectividad y el derecho al placer o lisa y llanamente a seguir avanzando en una legislación que asegure un ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Ejemplo clave de esto, es el ataque a tres mujeres en la marcha de este 25 de julio en Santiago de Chile por un aborto libre y seguro, las cuales fueron agredidas por grupos fascistas que se oponían a dichas demandas a vista y paciencia de Carabineros².

Aquí vemos, cómo demandas que se concentraban en un espacio de la sociedad, como son las escuelas y las universidades, y que levantadas por un grupo determinado –mujeres estudiantes– se amplían a otras esferas y puedan convocar a 50 mil personas a nivel nacional, recogiendo demandas históricas del feminismo en Chile y de gran parte de Latinoamérica: el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Este fenómeno, se da por dos motivos concatenados: uno, porque la base ideológica detrás del sexismo es el patriarcado, entendida como el orden social donde el poder recae en el padre de familia, y donde las mujeres se encuentran es una situación de subordinación hacia la figura masculina, y, por tanto, acabar con el sexismo implica la construcción de un orden social que carezca de un sistema de dominación por género. Este sistema de dominación patriarcal, construido históricamente a lo largo de los siglos (que en terminología marxista podríamos ubicar en la supraestructura) es sostenido, y a su vez sostiene, las condiciones materiales donde se produce la explotación. Así, los principales aliados durante el siglo XIX del capitalismo que permitió su expansión a través de la colonización de los territorios africanos y asiáticos, fue el sexismo y el racismo. Necesariamente había que erradicar otras formas de relaciones entre hombres y mujeres e instalar la división sexual del trabajo.

Por ende, acabar con la desigualdad de género va más allá de exigir una educación no sexista, (aunque sea un gran paso problematizar una situación normalizada), es construir una nueva sociedad no capitalista y no patriarcal.

En segundo lugar, el generar un cambio en el sistema patriarcal y/o avanzar hacia relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres, necesariamente debiera significar un avance tanto en el derecho a decidir de las mujeres, como en el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo. Sin embargo, en la medida en que esto no se ligue a un cambio de las relaciones económico-laborales, y a la construcción de un nuevo modelo económico o infraestructura que sostenga un orden social y cultural diferente, nos seguiremos enfrentando a grupos minoritarios con el derecho a agredir a las mujeres (y/u otros grupos no dominantes como los mapuches o LGBT+) que se niegan a cumplir con dictámenes que esta sociedad impone.

Volviendo a la pregunta ¿es posible lograr una igualdad de género si es que se mantiene un sistema económico que genera desigualdad? Tomaremos nuevamente las palabras de Silvia Federici:

“resulta, por lo tanto, imposible asociar el capitalismo con cualquier forma de liberación […] Si el capitalismo ha sido capaz de reproducirse, ello se debe al entramado de desigualdades que ha construido sobre el cuerpo del proletariado mundial y de su capacidad de globalizar la explotación. La diferencia radica en que hoy en día la resistencia al capitalismo también ha alcanzado una escala global”.

1 Desde la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (o en sus siglas en inglés, CEDAW) en 1979 por parte de los Estados, estos deben elaborar un Informe cada 4 años en el que dan cuentas de las medidas que se adoptan para cumplir Convención. Paralelo a ello, se presentan los Informes Sombra que corresponden al monitoreo y evaluación que realizan distintas ONG’s del país a fin de complementar lo expuesto por el Estado así como mostrar las debilidades e incumplimiento de las políticas públicas en relación a los derechos hacia las mujeres.

2 Según relato de Valentina Fieguera, estudiante de derecho y feminista agredida.

Editorial (CdE nº46)

El ministro de (la mala) educación

El ministro de educación nuevamente nos impacta con declaraciones. Esta vez, relevando que los problemas de infraestructura de la educación pública deben ser resueltos con “bingos”.

Inmediatamente después de la declaración – en acto público y leída- nos señala que tras sus dichos hay una forma y un fondo. Tras cartón nos señala que siempre las palabras pueden ser malinterpretadas.

Resulta sorprendente que el Sr. Varela no se haga cargo de que, en nuestro idioma, el castellano, los vocablos (dichos o leídos) tienen un significado concreto, específico, y dicho significado está regido, en el caso de nuestro idioma, por la Real Academia de la Lengua Española.

Queremos desvirtuar la típica salida de personeros públicos que tras un gazapo plantean que sus palabras fueron sacadas de contexto. No es el caso, las palabras del ministro fueron leídas en acto oficial.

El vocablo Bingo, en su quinta acepción por la RAE, indica que se ha acertado o solucionado algo.

Con lo anterior queremos manifestar que, en este caso, no hay diferencia entre la “forma y el fondo”.

El actual ministro de educación está convencido de que los problemas de infraestructura de nuestra educación pública se solucionan con “bingos”. Sería interesante conocer si el actual gobierno piensa lo mismo, al parecer la distinción entre forma y fondo es una discusión no acabada al interior del gobierno.

Discutamos sobre “sociedad docente”, abiertamente, transparentemente y en el Congreso, pero sin cuñas ignorantes.

No es la primera vez que Varela intenta minimizar los problemas, ya habló de pequeñas humillaciones en relación con las demandas del movimiento feminista, y para ello no trepidó en utilizar a sus propios hijos (los campeones) como ejemplo.

Esta vez, se ha superado en el desconocimiento de un problema real.

A cuatro meses de asumido en su cargo, el debiera saber que, del presupuesto de su ministerio, el de la billetera más gorda del estado, los fondos para infraestructura no alcanzan el 1% de la subvención regular base. (M. Ríos, presidente de la Comisión de Educación de Municipalidades)

Debiera saber que las escuelas del sistema público de educación (básica y media) tienen que cumplir con 1800 obligaciones en las áreas de gestión escolar, gestión de recursos e infraestructura, entre otros. (Informe de Educación 2020)

Debiera saber que el último catastro (efectuado por el MINEDUC) sobre infraestructura de los establecimientos públicos se realizó en el año 2014, que dicho catastro arrojó los siguientes índices:

Un 20% de dichos establecimientos presentaba serios problemas de infraestructura.

Un total de 1163 establecimientos tenía sistemas precarios de agua potable, que 71 colegios no contaban con baños (de hecho, usaban letrinas) y que 130 colegios debían ser reconstruidos en su totalidad.

Este ministro debiera saber que, en lo que va del 2018, la Superintendencia de Educación ha recibido 251 denuncias por déficit de infraestructura, lo que significa un alza del 41,8% respecto del mismo período del año anterior.

Pero, Varela – en cuatro meses- no sólo no ha asimilado esta realidad, no ha leído los informes del sector, sino que tampoco ha ordenado realizar un catastro de la situación de infraestructura educacional cuando asume la gestión del ministerio. No hay otra manera de entender su solución vía “bingos”. Este gobierno, intenta consolidar el concepto de “sociedad docente”, pero este ministro la imagina y la operacionaliza con ¡bingos!

Es más, a este ministro le molesta viajar a regiones, se refiere a los recursos del Estado como si fuesen suyos, en suma, Varela no quiere trabajar.

Al ministro de Educación le quedan pocas opciones:

  1. Reconocer que su error es de forma y de fondo, que los problemas existentes no se resuelven con bingos, salvo que siga considerando que el sistema público de educación es el mismo de sus “campeones”, los cuales logran con bingos hacer un viaje de estudios a Dubái en vez de a Cartagena de Indias.

  2. Que Sebastián Piñera reconozca que tiene un ministro flojo y que además ni siquiera se ha enterado que la sociedad chilena resolvió desmunicipalizar la educación pública y que ahora la responsabilidad integral será del ministerio con más fondos.

  3. Que el Congreso acuse constitucionalmente a este ministro por notable abandono de sus deberes.

Al cierre de esta edición, hemos conocido de un oficio fiscalizador de la Defensoría de la Niñez, en que interpela a este ministro a responder en un plazo no superior a diez días, sobre las denuncias recibidas en su período como ministro y las respuestas a las denuncias del MINEDUC.

Esperamos que esta vez emplee el lenguaje de forma correcta y con honestidad intelectual.

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