Cuadernos de Educación MAR-MAY (Año XI) nº40

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Editorial (CdE nº40)

EL DESAFIO DE PROYECTAR A LA CENTROIZQUIERDA (*)

La coalición de partidos y movimientos que conforman la Nueva Mayoría ha constituido una alianza inédita en la historia nacional. Esta alianza contempla, como nunca antes, una gran pluralidad de culturas políticas: socialcristianos y comunistas, socialdemócratas e izquierdas de raigambre marxista, masones y católicos.Dicha condición implica riquezas, pero también dificultades. Ello configura el mayor desafío de quiénes desean continuar la obra transformadora de este primer gobierno de la Nueva Mayoría. Pues, se trata de manejar con sabiduría una dialéctica, entre la diversidad que es fundamental para construir mayorías, y la dificultad para encontrar acuerdos permanentes.

Un proyecto genuinamente transformador, que perdure a través de reformas que se van complementando y profundizando a lo largo de un ciclo prolongado, necesariamente debe fundarse en la complementariedad entre la representación democrática y el arraigo en los movimientos sociales.Hemos visto, en este gobierno, un progresivo distanciamiento entre esos factores y eso se transforma en uno de los grandes desafíos de futuro.

Fuente:http://www.elsiglo.cl/

Un segundo desafío surge de la capacidad que debe tener una coalición madura, en términos de representación y participación, de agregar demandas y aspiraciones de los ciudadanos bajo un proyecto estratégico compartido.La superación de la antigua Concertación se produce, justamente, en la medida que la política de los consensos se impuso como el único mecanismo de construcción de proyecto.El problema actual no es uno de reemplazo generacional, es más bien de opciones políticas distintas al interior del progresismo. Una, marcada por la lógica de ajustes consensuados – propia de la transición – y otra que, bajo una nueva épica, busca materializar reformas profundas al modelo neoliberal.En esta disyuntiva, una pregunta estratégica que debe plantearse es quién es el adversario real y, de manera correlativa,lo que sus propuestas significan para el país. La respuesta, sin ambigüedades, es que ese adversario es la derecha. Ningún otro.

La centroizquierda y la derecha competirán antagónicamente en relación a derechos sociales e igualdad, seguridad social versus mercantilización, gestión y defensa del statu quo, crecimiento, desregulación y subsidiariedad. Es mucho lo que está juego, éste es el momento clave para tomar conciencia de cuál es el adversario real, unir fuerzas y actuar con la máxima coherencia política.

(*) En este número estamos presentando como editorial una síntesis de un artículo escrito por Marcos Barraza Gómez, Ministro de Desarrollo Social, dada la calidad de su argumentación y su valor pedagógico. Invitamos a nuestros lectores a leer el artículo completo en la edición N° 9575 del semanario El Siglo de circulación en Chile.

La Reforma Universitaria de 1967. Ricardo López Erazo

Hace 50 años los campus universitarios de Chile se estremecieron.Las comunidades universitarias – académicos, estudiantes y personal no académico – irrumpieron en la escena política y social del país, proclamando el inicio de un proceso de reforma de la educación superior.

Hasta ese entonces, las Universidades eran consideradas “torres de marfil” haciendo alusión al nulo involucramiento en el devenir de su entorno social y menos en la construcción de un proyecto-país. Era un sistema elitista al que accedían sólo estudiantes que lograban sortear con buenos puntajes la prueba de ingreso que a la sazón se denominaba Bachillerato.

Salvo excepciones, que confirman la regla, los hijos de obreros y campesinos no tenían posibilidades de acceder a la educación superior. El sistema universitario reproducía a las elites gobernantes.

El proceso de Reforma Universitaria de 1967 fue un proceso complejo y ocurrió en un escenario histórico de guerra fría, sin embargo, el apoyo de las comunidades universitarias fue transversal. Los motores del proceso fueron jóvenes democratacristianos, socialistas, comunistas y un gran número de jóvenes, académicos y trabajadores independientes. La única exclusión provino de la extrema derecha con el movimiento gremialista creado por Jaime Guzmán el mismo año 1967. (El movimiento gremialista es el antecedente histórico de la actual UDI.)

Ese año el sistema universitario estaba conformado por ocho universidades, con gran preponderancia de las universidades estatales. La reforma vino a modificar de manera sustancial los contenidos y orientaciones de las funciones universitarias. Se estableció una nueva estructura de autoridad y poder a través de una participación triestamental e involucró, como nunca antes, a las universidades en la generación de proyectos de desarrollo y modernización del país.

El proceso de reforma significó que grandes contingentes de jóvenes se interesaran en los problemas de la sociedad chilena y en la forma en que se vinculaban el conocimiento científico y cultural con el desarrollo nacional y la política.

Cada casa de estudios vivió su propio proceso de reforma, pero es posible distinguir cuatro objetivos comunes en cada una de las universidades:

  1. Una docencia que fuera más allá del mero adiestramiento. Se procuró una formación más amplia, humanista y participativa. Por primera vez, los estudiantes tuvieron la posibilidad de incidir en la organización del currículo.
  2. Se promovió la investigación científica y tecnológica, aumentando considerablemente los recursos para aumentar la dotación de académicos de jornada completa e investigadores. Se mejoró notablemente la infraestructura de investigación, entendiendo que el desarrollo de ésta enriquecería a la docencia.
  3. El proceso de reforma incentivó una función que las universidades no habían desarrollado hasta ese momento, a saber, la extensión universitaria. Se buscó hacer aportes pertinentes a demandas de la sociedad. Es al calor de este proceso que surgen el ICTUS, el BAFONA, la Universidad de Trabajadores (UTE), el DUOC (UC) cuyo propósito inicial de este último era el acceso de jóvenes obreros y campesinos a la educación superior – muy distante de lo que hoy es- y múltiples experiencias en ese sentido, tan alejadas de los esfuerzos de “vinculación con el medio” que no son otra cosa que los brazos comerciales de las actuales universidades.
  4. La Reforma significó una amplia democratización de los gobiernos universitarios, se implementó la elección triestamental de las autoridades unipersonales y se promovió la participación de todos los estamentos en las decisiones de los gobiernos universitarios.

En términos generales, la Reforma Universitaria fue un proceso constructor en el que las demandas eran apoyadas por proposiciones sustantivas.

Durante el período 1967-1973, la Reforma continuó implementándose y mejorando continuamente, pudiendo señalarse que en ese período nuestras universidades respondieron satisfactoriamente a las demandas sociales y del país. Asimismo, su desarrollo interno posibilitó una vida universitaria real, rica en experiencias, debates y desarrollo personal de sus estudiantes. Nadie cuestionaba el rigor y la calidad de la formación incrementando vigorosamente el prestigio internacional de nuestras universidades.

En septiembre de 1973, la larga noche de oscurantismo habría de abortar dramáticamente este proceso. Con metralla y corvos entraron los bárbaros y sus rectores-delegados para demoler toda la obra realizada. Las expulsiones y persecución de estudiantes no se hicieron esperar, el despido de académicos y trabajadores fueron el denominador común en todas nuestras universidades. Luego, anticipándose a la transformación de la educación en un negocio, desmembraron y debilitaron a las universidades nacionales, obligándolas a una política de autofinanciamiento, pavimentando así el camino para la entrada a este “nuevo mercado” de instituciones que difícilmente podríamos llamar Universidades.

Hoy se discute en el Congreso el proyecto de Reforma de la Educación Superior, el gobierno ha comprometido que tras este proyecto se enviarán, este mismo año, dos nuevos proyectos: el que termina con el CAE y el de fortalecimiento de las universidades estatales. Son los primeros pasos para recuperar (o comenzar a recuperar) lo alcanzado en el proceso de reforma universitaria de 1967. Se requerirá del mismo espíritu constructor y de propuestas sustantivas para volver a colocar nuestra educación superior en el sitial que le corresponde.

Sobre el Centro de Formación Técnica Estatal Región de Valparaíso. Alejandro Zuleta Marín

El lunes 21 de marzo de 2016, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria promulgó la ley Nº 20.910 que crea 15 Centros de Formación Técnica Estatales, los cuales se emplazarán en cada una de las regiones del país, con el fin de aumentar, diversificar y descentralizar la oferta educacional técnica y aportarasí a la calidaden educación mediante estos centros educacionales.

Estos Centros de Formación Técnica Estatales estarán vinculados con las universidades regionales, con el objetivo de formar Técnicos de Nivel Superior en materias y necesidades de punta y propias de cada región, fijando así un estándar de calidad y contribuyendo al aumento de la productividad regional.

Al promulgarse esta ley, el país está dando una señal muy potente en el sentido de proporcionar una oferta de educación pública en todos los niveles y en todo el territorio de la República, con el objeto de contribuir a una mayor equidad, con calidad en la educación superior yfortaleciento la educación pública.

La implementación de estos 15 Centros de Formación Técnica Estatal es otra iniciativa que contribuye a formar parte sustantiva del proceso de la Reforma a la Educación que impulsa el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que ya está en marcha a través de Ley de Inclusión, de la creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente y de la Gratuidad en la Educación Superior.

Esta iniciativa generará una oferta pública para la formación de técnicos de nivel superior de alta calificación, quienes deberán responder a las necesidades de desarrollo económico-productivo locales y a los requerimientos reales de empleo, en el corto y mediano plazo, facilitando la inserción efectiva de los estudiantes al mundo del trabajo.

Por otra parte, estos centros serán gratuitos y de calidad y estarán regidos por la reforma a la Educación Superior actualmente en discusión. En la transición, habrá un periodo en que contarán con financiamiento desde el Estado para su correcto funcionamiento, no existiendo copago ni restricción para que jóvenes interesados, con talento y vocación, puedan acceder a su ingreso. Estas instituciones se someterán de manera obligatoria a las exigencias de acreditación y se vincularán a universidades, a empresas productivas y de servicios regionales y también a liceos técnico-profesionales que existan en cada localidad.

En la Región de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha será la institución mandatada para dar vida y nacimiento al Centro de Formación Técnica Estatal Regional que durante su primera etapa empezará a funcionar el año 2018, con una sede institucional especialmente diseñada y construida para tales efectos, que estará ubicada en la Calle Manuel Rodríguez Erdoiza N° 40, ex-Calle Enriqueta N° 11, Cerro Alegre en la Ciudad de San Antonio, impartiendo tres Carreras de Técnico de Nivel Superior en Cadena de Suministros, Técnico de Nivel Superior en Mantención Industrial y Técnico de Nivel Superior en Producción Agrícola Intensiva.

En este momento, mayo de 2017, profesionales con experiencia y conocimientos de las tres carreras se encuentran diseñando y afinando lo que será su Proyecto Educativo, con la construcción de la malla curricular, las asignaturas y contenidos, que en este caso se denominan módulos. Estos módulos constituyen la base de la educación y de la formación por competencias que, según los compromisos formales establecidos entre la Universidad de Playa Ancha y el Ministerio de Educación, deberán estar terminados en junio de 2017 para su análisis y posterior aprobación ministerial.

El trabajo de diseño y de construcción de la propuesta para el Proyecto Educativo es producto y consecuencia de una Jornada de Validación para el Perfil de Egreso, efectuada en enero de 2017 en la Ciudad de San Antonio, la cual se realizó con la asistencia y participación de un importante y diverso número de actores locales relevantes para cada una de las áreas productivas en las que el Centro de Formación Técnica Estatal Regional impartirá carreras técnicas de nivel superior. Además, estuvieron presentes distintas autoridades políticas y administrativas locales.

En paralelo, distintos profesionales de la Región de Valparaíso están desarrollando, y ya está casi en su etapa de termino, la propuesta de infraestructura educacional con el diseño y la materialidad de lo que será el edificio institucional que albergara el Centro de Formación Técnica Regional Estatal y que ha sido muy bien recibido y aceptado por toda la comunidad local, con la cual se han hecho muchas interacciones para concebir una especie de Plaza Cívica Educacional con las autoridades sectoriales locales de San Antonio.

El deseo, el interés y la voluntad de todas las autoridades regionales es que a continuación, o bien de manera paralela y muy sincrónica, también se pueda abrir una segunda sede de este centro en la ciudad de Los Andes, donde se impartirán también, muy probablemente, las mismas tres carreras con las que se iniciará su funcionamiento en la ciudad de San Antonio.

En el Diario Oficial del día 21 de abril de 2017 se publicó el Decreto con Fuerza de Ley N° 14 de 2017, que establece los estatutos del Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso, lo cual en los hechos significa el nacimiento oficial de esta institución.

Alejandro Zuleta Marín
Ingeniero Agrónomo

Reformas educacionales en Chile: avances y desafíos en educación pública. Sandra González Toro

La educación no solo surge como un instrumento al servicio de las necesidades de los poderes públicos para originar mano de obra cualificada en los procesos de producción, sino que además como un proyecto político y social que emerge de la ilustración, la cual proclama la Educación como el mecanismo para la regeneración cultural y moral y la consolidación de identidades nacionales y personales que fortalecen sociedades democráticas. (Barroso, 1994; citado en Escudero, 2002).

Estas concepciones han originado diferencias significativas respecto a la Educación. Por un lado, se visualiza como una inversión rentable -que genera relaciones entre las necesidades económicas de cada momento histórico- y por ende, está al servicio de las jerarquías de poder. Por otro, como una actividad que permite “el desarrollo humano y personal en el concierto social y comunitario, inspirado en principios como la igualdad, libertad, emancipación social y humana, y solidaridad” (Reid, 1997; citado en Escudero, 2002).

Por consiguiente, las reformas curriculares originadas por los Estados han intentado responder a estas visiones divergentes, enfrentando el desafío de no quedar al margen del desarrollo económico y atendiendo a su vez a las dificultades de acceso a una educación de calidad, desde un enfoque de derechos. Desde esta perspectiva, la Educación Chilena -en los últimos 50 años- ha manifestado significativas transformaciones, a partir de los objetivos principales en que se han fundamentado las reformas curriculares, y de las cuales se pueden inferir diferentes y, posiblemente, divergentes formas de concebir la Educación. Entre las más relevantes, tenemos la iniciada a mediados de los años sesenta con el presidente Eduardo Frei Montalva, que implicó cambios sustantivos para la Educación Chilena, donde resalta la concepción sobre la responsabilidad socio-cultural de la Educación y la formación para la vida activa, visualizándola como un proceso para toda la vida, por tanto, la expansión al acceso a ésta se convierte en lo fundamental.A partir de esto, se reforma la Constitución para extender la educación y hacerla obligatoria durante ocho años, incrementando el gasto fiscal para construir más escuelas, con el objetivo de ampliar la cobertura en todos los niveles. Esto permite alcanzar la cobertura básica universal en los años setenta, además de un aumento en la cobertura de la Educación Media. (Elacqua, 2011).

Con todo, en 1970 las tasas de deserción escolar continuaron siendo considerables, presentándose datos tales como: de 100 estudiantes que ingresaban a 1° año básico, solo el 14,2% terminaba el 8° año básico (Obra protegida, Memoria Chilena, 1973). Por esta razón, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, se propone un proyecto para la transformación integral de la Educación Chilena, a saber, la Escuela Nacional Unificada, la cual se basa en una concepción de Educación como un proceso permanente que se debe desarrollar desde los primeros años y durante toda la vida. Siendo fundamental su perspectiva democrática, pluralista y participativa. Este proyecto no se concreta, primero, debido a los miedos de parte de la burguesía nacional, de “ideologizar la educación”, y posteriormente por el acceso de la dictadura al poder.

Con la dictadura militar, se concretan las reformas más profundas en términos estructurales de la Educación Chilena. Entre estas se encuentra la descentralización de la administración de las escuelas, pasando del Ministerio de Educación a los municipios; el establecimiento de un sistema de “voucher”, consistente en entregar un subsidio a la demanda; el origen de un sistema de evaluación nacional, el SIMCE; y la creación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).Estas acciones tienen repercusión en la expansión de la educación privada, que se concretan con la creación de más de 1.000 escuelas privadas subvencionadas, las cuales entran al sistema e incrementan sus matrículas de un 15% en 1981 a un 31% en 1990. A su vez, se origina un desplome en las matrículas de las escuelas públicas, bajando de un 78% a un 60% en el mismo periodo. (Elacqua, 2011).

Posteriormente, con los gobiernos de los partidos de la Concertación, se establecen una serie de iniciativas para el desarrollo de la Educación, como la creación del Estatuto Docente; aumento de los recursos privados en el sistema público, extensión de la jornada escolar, extensión de la educación obligatoria a 12 años, aumento en la cobertura pre-escolar y el reemplazo de la LOCE por la Ley General de Enseñanza, que tiene como objetivo equilibrar la libertad de enseñanza con el derecho a una educación de calidad.

Si bien, todas estas medidas buscan una nueva regulación, se sigue sosteniendo los componentes centrales de la educación con principios coherentes al modelo económico neoliberal: la subvención escolar a instituciones privadas, la selección de los estudiantes y la libertad de enseñanza, las cuales se ven fortalecidas con el gobierno de Sebastián Piñera, limitando cada vez más el rol del Estado como garante de Educación Pública de calidad.

En este escenario, el concepto de calidad se pone en entredicho, pues, si bien para algunos está sustentado en principios como la liberación, la eficacia, la optimización y la excelencia, sutilmente, sus objetivos son muy distintos a los declarados, toda vez que constituyen un pretexto para obviar los compromisos y aspiraciones depositadas en la Educación y los sistemas educativos de las sociedades modernas, como son la igualdad y la no discriminación. En sí, la Educación como servicio público (Escudero, 2002).

Aquí es donde las reformas impulsadas por el gobierno de Michelle Bachelet tienen su mayor sustento, constituyéndose en base a 4 pilares o consideraciones: calidad educativa, segregación e inclusión, gratuidad universal y fin al lucro en todo el sistema educativo.

Lo anterior se traduce en que, a la fecha, se encuentran aprobadas la Ley de Inclusión Escolar; la Ley de Desarrollo Profesional Docente y gratuidad mediante glosa, destinada a implementar un programa de acceso gratuito a la Educación Superior para estudiantes pertenecientes a los cinco primeros deciles de menores ingresos de la población, matriculados en instituciones que cumplan ciertos requisitos de calidad, participación y exclusión del lucro.

Entre los elementos más destacables de estas políticas educativas, se encuentra que, en el año 2016, más de 240 mil estudiantes accedieron a la Educación Escolar de manera gratuita, liberando a sus familias del pago por su educación. A su vez, se termina con la selección en los establecimientos educacionales y los recursos,aportados por el Estado, solo se pueden usar con fines educativos, no pudiendo retirarse utilidades de los establecimientos con cargo a recursos públicos.

Por otra parte, en el ámbito de la inclusión, no se podrá cancelar matrículas por rendimiento y tampoco realizar expulsiones en medio de un período escolar.

A este nuevo escenario en los establecimientos, se suman aspectos relevantes a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, como es la formación inicial de los profesores. En efecto, el Estado es el responsable de las Universidades que imparten pedagogía y solo aquellas universidades acreditadas podrán entregar títulos a los profesionales de la educación. Se complejizan a su vez los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía y se inicia un proceso de reconocimiento del desarrollo profesional de los docentes, el cual posibilita el aumento de sus remuneraciones y el acceso a procesos de capacitación permanente, recobrando el rol histórico del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas  (CPEIP), entre otros aspectos positivos.

Por otra parte, en lo que respecta a Educación Superior, el avance más sustantivo dice relación con el proceso de gratuidad, el cual viene a restituir el derecho a la educación, entregando a los estudiantes la garantía de acceder a una carrera sin pagar matrícula ni arancel, por el período de duración formal de su carrera. Este beneficio hoy alcanza los 200.000 estudiantes a lo largo de Chile, logrando un nivel de permanencia en la Educación Superior del 86.7%, muy por sobre el promedio nacional de 68.7%.

A estos avances, se sumarán próximamente los proyectos de ley de Nueva Educación Pública y Educación Superior, los cuales vienen a aportar continuidad y sustentabilidad a este proceso de reformas. Por una parte, la nueva institucionalidad en las escuelas y liceos públicos permitirá resguardar la calidad y la equidad de los procesos educativos que desarrollan las comunidades educativas. Por otra parte, posibilitará el término de desvíos de recursos del Estado destinados a Educación hacia otras prioridades de los municipios. Adicionalmente, el foco de fortalecimiento de la institucionalidad de la Educación Superior se acompaña de un aseguramiento de la calidad, fin al lucro, gratuidad y fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional.

No obstante lo anterior, aún sigue siendo necesario asumir las implicancias de la polarización del sistema educativo y la revisión del sentido de lo público y lo privado. Teniendo como desafío terminar con las lógicas de las relaciones del mercado en la provisión de educación, donde no solo se dé, como objeto de discusión, el fin del lucro en todo el sistema educativo, sino también, el repensar la participación del Estado como garante del derecho a la educación y como actor predominante en la construcción de un modelo educativo acorde a las necesidades de equidad y justicia social que demanda el país.

En consecuencia, no solo es necesario colocar los procesos educativos como ejes centrales de las políticas públicas, sino que además se debe resguardar la participación de todos los actores sociales en la reconstrucción del sistema educativo público, como una forma de propiciar el equilibrio de intereses y la distribución del poder, garantizando una educación pública, laica, inclusiva y de calidad, como ejercicio de derecho fundamental.

 

Sandra González Toro

Magíster en Evaluación Educacional

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

Referencias
Elacqua, G. (2011). Breve Historia de las reformas educacionales en Chile (1813-2011): Cobertura, Condiciones, Calidad y Equidad. Instituto de Políticas Públicas, Universidad Diego Portales.
Escudero, J. M. (2002).La Reforma de la Reforma ¿Qué calidad para quiénes?. Barcelona, Ariel Social.
Colegio de Profesores de Chile A.G (2016). Análisis de la ley que crea el sistema de desarrollo desarrollo profesional docente. Recuperado de http://www.colegiodeprofesores.cl/images/pdf/sistema%20de%20Desarrollo%20Profesional%20Docente%20(ley%20n%C2%BA20903).pdf
Propiedad protegida (1973). La crisis educacional. Santiago. Quimantú. www.memoriachilena.cl
Ministerio de Educación (2016) Decálogo de la ley de inclusión. Construyendo el derecho a una educación de calidad.
Recuperado de http://leyinclusion.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/91/2017/04/decalogo.pdf

Reseña:Megaincendio en Valparaíso. La historia de precariedad y corrupción que devastó al Puerto Principal

El 12 de abril de 2014 un incendio de grandes proporciones consumió buena parte de la zona alta de Valparaíso, dejando a más de 12 mil personas sin su hogar y arrebatando 15 vidas humanas. El libro “Megaincendio en Valparaíso. La historia de precariedad y corrupción que devastó al Puerto Principal” contiene un reportaje periodístico exhaustivo sobre esta tragedia, escrito por la periodista de la Universidad de Chile, Valentina Andrade Lillo.

La investigación busca reconstruir la historia con un relato ágil, al mismo tiempo que persigue explicaciones sobre cómo fue posible que la ciudad y su población se vieran tan vulnerables a un desastre de esta magnitud. En cuanto a ello, las aristas son variadas y diversas; desde condiciones climáticas, urbanas, políticas y hasta históricas, pero presentando un factor común: la pobreza. El texto se sumerge en algunos de los peores y más dolorosos males que presenta nuestro país: la segregación habitacional, precariedad social, inseguridad urbana, desigualdad económica y corrupción política.

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