Editorial (CdE n°37

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Finalmente, el proyecto de ley que reforma a la Educación Superior fue presentado, constituyendo una iniciativa que completa el total de la reforma educacional recogida en el Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría. Es un proyecto que considera tres partes, la primera constituida por 202 artículos permanentes, la segunda da cuenta de 60 artículos transitorios necesarios para ir de la situación anterior a la deseada por el ejecutivo; y una tercera parte, elaborada por el Ministerio de Hacienda que constituye el Informe Financiero del Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Sin duda se trata de una reforma compleja, la primera parte (artículos permanentes) se centra fundamentalmente en:

  • Definir al Sistema de Educación Superior como un sistema mixto (estatal y privado) respetando y promoviendo diversidad de proyectos educativos.

  • Se plantea una definición de Universidad (art.4).

  • El título II da cuenta de la creación de una Subsecretaría de Educación Superior y de un sistema común de acceso a las Universidades, así como de la creación de un Sistema Nacional de información de la Educación Superior.

  • El título III da cuenta de la creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El mismo título III da cuenta de la creación del Consejo para la Calidad de la Educación Superior. y los artículos referidos a la acreditación obligatoria de las Instituciones de Educación Superior.

  • El título IV da cuenta de la creación de la Superintendencia de Educación Superior y su objeto fiscalizador y supervigilador de las normas que regulan la Educación Superior.

  • El título V se refiere a las regulaciones y prohibiciones aplicables a las Instituciones de Educación Superior (Universidades, IP y CFT).

  • El título VI se refiere a la Educación Superior Estatal sus objetivos y la creación de una Red de Universidades Estatales. Es menester señalar aquí que la Red Universitaria Estatal no cuenta con recursos específicos señalados en el informe financiero del Ministerio de Hacienda. En este mismo título se establecen las normativas del gobierno universitario.

  • El título VII da cuenta del financiamiento público de la Educación Superior.

  • El título VIII se refiere a las disposiciones finales del proyecto de reforma, principalmente al término del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).

La segunda parte está constituida por el articulado transitorio donde los aspectos más relevantes dan cuenta de:

Finalmente, en la tercera parte, se encuentra el informe financiero del Ministerio de Hacienda, que da cuenta de la cantidad de recursos involucrados en la Reforma. A riesgo de aburrir o importunar, hemos estimado necesario realizar este “scanner” al proyecto. Porque ello da cuenta de la complejidad de las materias involucradas y los intereses particulares que afectará necesariamente. Creemos que las comunidades universitarias deben leer, estudiar y proponer los cambios que estimen necesarios así como defender aquellos aspectos del proyecto que avanzan en la construcción de un mejor sistema de Educación Superior. En este número de la revista incorporamos tres artículos, siempre desde la mirada de aquellos que estimamos que el actual modelo mercantilista de Educación Superior debe terminar. También hemos incorporado una carta abierta y pública de los rectores de la Universidades Estatales que resume su opinión sobre el proyecto en comento. Hacemos un llamado a las comunidades universitarias, incluidos todos sus estamentos, a deliberar y proponer los cambios que se estimen necesarios y defenderlos en la discusión parlamentaria que comienza. El “todo o nada” no es una opción, debemos avanzar.

Carta abierta de los Rectores de las Universidades del Estado de Chile.

Cuech

Fuente: Cuech

Los rectores de las universidades estatales, al iniciar el trabajo de análisis y propuestas tras la presentación del Proyecto de Reforma a la Educación Superior, queremos, en primer lugar, destacar y celebrar el hecho mismo de que se presente un proyecto cuya intención, expresada en el mensaje introductorio, sea modificar los fundamentos del actual sistema universitario.

El mensaje introductorio conceptualiza los principales determinantes de la educación superior, defiende valores vinculados a la educación pública, valientemente vincula el actual sistema de mercado a baja calidad y mayor inequidad, afirma que el lucro es hoy un hecho innegable, y constata que este sistema no se hace cargo de un proyecto de país.

No obstante, en lo que en seguida el proyecto propone como implementación, se preserva para el Estado el disminuido rol de un mero proveedor más de educación superior. La tarea que se le asigna se focaliza en regular al sistema privado en oferta y calidad, aumentando, de paso, la transferencia de financiamiento hacia las instituciones privadas, asegurándoles mayor cobertura. Muy lamentablemente, se mantienen intactos los instrumentos de financiamiento más denostados por los estudiantes, como es el caso del CAE, y más criticados por favorecer a instituciones bajo sospecha de lucro y calidad deficiente.

La implementación del proyecto se despreocupa así de la responsabilidad que le cabe al Estado en generar un espacio de ciudadanía, pertinentemente comprometido con el desarrollo social, cultural y productivo de la nación y de la territorialidad regional.

Vuelve entonces a ser válido preguntarse si este proyecto cumple con los compromisos programáticos por todos conocidos. Tal cumplimiento puede requerir la gradualidad que fuera necesaria, pero el horizonte ha de ser la construcción de una sociedad más democrática y más equitativa. Por el contrario, este proyecto puede terminar conservando estructuralmente los efectos sociales del actual modelo. A partir de la promesa de fortalecer la educación pública, se podría consolidar definitivamente la cobertura privada.

Las universidades estatales no constituimos un grupo más de defensa de intereses particulares, de mayor o menor legitimidad. Nuestro deber es aportar a la identidad, al progreso y a la cohesión del país entero.

Llamamos al Gobierno, al Parlamento, a nuestras comunidades, a la sociedad chilena toda, y especialmente a los jóvenes, a una reflexión acerca de un sistema de educación superior que transparente, por fin, los valores que como país queremos ver prevalecer.

Arturo Flores Franulic /Gustavo Soto Bringas/ Luis Loyola Morales /Celso Arias Mora /Nibaldo Avilés Pizarro /Patricio Sanhueza Vivanco /Aldo Valle Acevedo /Ennio Vivaldi Véjar /Juan Manuel Zolezzi Cid /Jaime Espinosa Araya /Luis Pinto Faverio /Rafael Correa Fontecilla /Álvaro Rojas Marín /Héctor Gaete Feres /Sergio Bravo Escobar /Óscar Garrido Álvarez /Roxana Pey Tumanoff /Juan Oyarzo Pérez

Rectores de las Universidades del Estado de Chile

Consideraciones sobre el proyecto de educación superior. Jorge González Guzmán

Para entender y poder evaluar razonablemente el Proyecto sobre Educación Superior recientemente enviado al Congreso por el gobierno, pienso que es necesario ponerse en el contexto real de este gobierno: no se trata de un gobierno revolucionario, nadie planteó que se pretendía hacer la Revolución Socialista en este país. Este gobierno siempre se planteó como un gobierno reformista, cuyo objetivo no era otro que comenzar a sacar al país de la profunda estructura neoliberal en que se encuentra; tal vez se podría decir, con el lenguaje de Fernando Atria, llevar al país a un neoliberalismo con rostro humano. O tal vez un poco más. No hay que olvidar el conjunto de reformas que ya se han hecho y que están siendo llevadas a cabo, desde luego con toda clase de dificultades. La presente reforma educacional, referida a la Educación Superior, constituye el último tramo de la reforma que empezó con el ámbito parvulario, el básico, el medio y ahora, entonces, el terciario. Los objetivos que este proyecto muestra explícitamente (ver Antecedentes: 3 d ), consisten esencialmente en dos elementos, íntimamente relacionados:

  • Sacar a la educación del ámbito del mercado para transformarla en un derecho social

  • Impulsar el desarrollo de la calidad de la educación pública.

¿Garantiza esta Ley el cumplimiento de estos objetivos? Por supuesto que no. Pero pienso que ninguna Ley garantiza nada. Las Leyes abren posibilidades ( o las cierran), inducen transformaciones (o las dificultan). En el caso del presente Proyecto de Ley, considero que efectivamente abre puertas e induce y facilita las transformaciones a que nos estamos refiriendo. En efecto:

  • La Subsecretaría tendrá que cuidar que no haya lucro, para lo cual tiene atribuciones y mandatos bastante explícitos en la misma Ley: los artículos 114, 126 y 134 hacen que hacer negocio (o seguir con él) en el ámbito de la educación terciaria sea bastante más difícil.

  • El Proyecto crea todo un sistema para la calidad, con exigencias explícitas: acreditación obligatoria y “verdadera”, pues habrá estándares a cumplir (artículos 26 y 31), y será integral (artículo 42), además todas las carreras dirigidas a la enseñanza, así como medicina, deberán estar también acreditadas. Estas exigencias desincentivan inversiones en la Educación Superior como negocio: el negocio ya no es muy rentable.

  • Se crea una Red de Instituciones de Educación Superior que son estatales (artículo 143), con estructuras participativas y condiciones explícitas de sus estructuras y objetivos (artículo 142) y además con fondos especiales para su desarrollo (artículo 188).

  • El llamado Aporte Fiscal Directo (AFD) será gradualmente eliminado pero será reemplazado con creces (Artículo 59 Transitorio) por un Fondo de Desarrollo para todas las universidades de vocación pública (artículo 187).

  • Finalmente mencionemos que se elimina el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), elemento típico de la competencia entre instituciones (artículo 200)

Considero que todos estos elementos presentados constituyen un buen paso adelante en los objetivos de sacar la educación del mercado y fortalecer su calidad. En cuanto a la gratuidad universal , la Ley, en sus artículos transitorios (número 48), establece condiciones de desarrollo económico para cumplir los plazos para alcanzarla. Estas condiciones podrán ser, tal vez, eliminadas en la discusión del proyecto, de modo de dejar abierta la posibilidad de aumentar los fondos para el financiamiento del sistema público usando otros recursos, tales como la Ley Reservada del Cobre, re-nacionalizando la gran minería, con una nueva reforma tributaria, con un Impuesto Patrimonial, etc. En resumen, el Proyecto abre puertas, no las cierra.

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Desafíos del proyecto de reforma de la educación superior. Rolando Rebolledo Berroeta y Camila Vallejos Dowling

Rolando Rebolledo Berroeta1

Camila Vallejo Dowling2

Reformar la educación superior chilena implica confrontar múltiples y diversos intereses económicos, religiosos, políticos e ideológicos. Desde antes del 2011 supimos que sería un debate complejo, pero necesario para recuperar el derecho a la educación. Por la misma razón, un proyecto de reforma en este nivel educativo no podía ser neutral ni menos apostar a dejar contentos a todos.

No sorprende entonces que el proyecto presentado por el Gobierno haya desatado diversas reacciones y críticas que reclaman desde una “excesiva intervención estatal” y “pérdida de autonomía de las instituciones”, hasta quienes con cierta frustración ven que el proyecto se limita a proponer normas de regulación de empresas privadas, manteniendo el mercado de la educación, sin construir un sistema público coherente. También se han comenzado a manifestar quienes rechazan de plano la idea de legislar en la materia, tirando por la borda una de las pocas oportunidades que Chile tendrá para cambiar la concepción de la educación como un negocio y propiciando el status quo institucional. Sin embargo, en nuestra opinión, todos quienes hemos luchado por garantizar la educación como un derecho social, y una inversión social estratégica para nuestro desarrollo democrático, no podemos quedarnos en la trinchera de la crítica fácil y perder la posibilidad de incidir en la reforma, para que corresponda verdaderamente al interés del pueblo.

En una primera evaluación, la propuesta legal deja abierta la disputa entre dos concepciones de la educación, porque así como podemos encontrar una propuesta de crear un marco institucional por primera vez razonable y con criterios y exigencias de calidad para la existencia de las instituciones, también estimamos que el camino a la gratuidad universal del proyecto esquiva el problema de fondo: que el Estado garantice el derecho a la educación, debiendo la economía ponerse al servicio del cumplimiento de ese objetivo y no al revés.

Se trata, en consecuencia, de un proyecto que aún no refleja una toma de posición clara respecto a la contradicción fundamental: la educación como un derecho social habilitante garantizado por el Estado, o al contrario, como un bien de consumo en un mercado regulado pero entregado mayoritariamente a la iniciativa privada. El debate en el Congreso será entonces de carácter fundamentalmente ideológico, que es necesario sincerar, dejando de lado eufemismos basados en discursos tecnocráticos o meras consignas.

Quienes consideramos un deber ético y político promover la educación como derecho social tenemos que unir fuerzas para enfrentar este debate, ampliando el estrecho escenario del Congreso. Asimismo, necesitamos aclarar urgencias, prioridades de temas contenidos en el articulado del proyecto que serán decisivos para definir la orientación final del mismo, es decir, hacia qué sistema de educación superior queremos caminar de aquí a 10 o 20 años.

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Para comenzar, asegurar la reconstrucción de un sistema público coherente es un objetivo central. Esto significa, en primer lugar, crear una red de universidades y centros de formación técnica estatales, que se fortalezca mediante fondos basales y proyectos de inversión para la expansión de su cobertura, sobretodo en regiones. Además, es imperioso considerar que una red de instituciones estatales de excelencia necesita de un conjunto de instituciones privadas (o “no estatales”) que colaboren con el Estado en el aseguramiento del derecho a la educación gratuita, pluralista, democrática, laica, sin fines de lucro y con claro compromiso con el País y el bienestar de su pueblo. En la actualidad hay instituciones que por razones históricas nacieron de derecho privado, pero realizan -y que podemos exigirles el cumplimiento de- una labor fundamentalmente pública (como las universidades privadas que hoy se coordinan a través del Consejo de Rectores y otras que claramente podrían cumplir con esa función). Estas instituciones debieran tener igualmente acceso a fondos basales mediante la firma de contratos de colaboración con el Estado. El sistema público tiene por vocación garantizar el derecho a la educación de manera inclusiva,pero a su vez las instituciones que sean parte de este sistema tendrán el deber de servicio al país, teniendo que ser instituciones democráticas y democratizadoras, orientando su labor a fortalecer el desarrollo cultural y económico sustentable de Chile. Conceptos como éstos son los que deben inspirar la discusión sobre el marco regulatorio del proyecto de ley y frente a los cuales el debate ideológico pueda desarrollarse con sinceridad y honestidad discursiva.

Para el Estado, garantizar el derecho a la educación debe ser un objetivo a cumplir sin subordinación a las decisiones o voluntades de los gobiernos de turno. En este sentido, debe quedar determinado en la ley los plazos de avance de la gratuidad y los requisitos institucionales para acceder a este financiamiento, así como también la expansión y mejoramiento de una oferta pública (hasta el momento alicaída y limitada). No podemos aceptar que el avance de la gratuidad y el fortalecimiento de la educación pública quede condicionada a variables indeterminadas de crecimiento económico o la competencia del sistema, en consecuencia, dejadas al arbitrio de los gobiernos de turno y la capacidad de hacer publicidad de una institución. La ley debe establecer que la planificación económica se hace considerando el compromiso del Estado para asegurar una educación pública gratuita y de calidad para todos los chilenos y chilenas. Lo anterior obliga, por ejemplo, adiscutir de una vez por todas el destino de los fondos reservados del cobre que van a parar a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la ley tiene que ser clara en la eliminación del lucro. Esto significa aumentar las capacidades fiscalizadoras de la Superintendencia propuesta en el proyecto e incluir un tipo penal especial que sancione adecuadamente a quienes defrauden la ley. Pero además, no se puede permitir que el crédito con aval del Estado (CAE) continúe, pues eso significa estar entregando recursos del Estado a los bancos, conservando la perversa óptica de la “eficiencia bancaria” para cobrar a los estudiantes y mantener subordinación al modelo por la vía de la deuda familiar.

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Otro eje que guiará el debate legislativo es la democratización del sistema. Este asunto aparecerá en las propuestas de ampliación del acceso y los mecanismos de selección, como también en los gobiernos de las instituciones y la constitución de organismos autónomos a nivel de la administración estatal (Consejo Nacional de Educación, órganos acreditadores, etc.). El debate parlamentario y ciudadano tiene que hacerse cargo de estos aspectos y proponer mecanismos que aseguren la mayor participación posible de las comunidades.

Nuestra Educación Superior es reflejo de la subordinación de la cultura, de la creación y reproducción del conocimiento a los objetivos de corto plazo del modelo económico neoliberal hegemónico. Nuestro país presenta una concentración de la riqueza inédita, que lo sitúa entre los tres países con mayor desigualdad en la OCDE. Esto va a la par con una enorme concentración del conocimiento, que a su vez reproduce la desigualdad en la distribución del ingreso. La reforma de la Educación Superior con una orientación puesta en la redistribución del conocimiento, para garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de vida, requiere un cambio de orientación ético en la política y en la planificación de nuestro desarrollo económico. Es este imperativo el que debe guiar las discusiones acerca de cada uno de los artículos del proyecto presentado.

1 Doctor de Estado en Ciencias, UPMC­Paris, Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile
2 Geógrafa, Diputada de la República

Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Ricardo López Erazo

La crítica de los Rectores a la “minuta” que se les diera a conocer sobre el proyecto de Ley de Educación Superior, la reforma maestra del actual gobierno, fue concisa y concreta: la educación continuará siendo una actividad mercantilizada en nuestro país.

Los ministros(as) cierran filas en torno al proyecto: la educación superior en Chile será un derecho y no un privilegio que puedan costear algunos pocos.

La derecha y lo sectores retrógrados de la Nueva Mayoría se afilan los dientes, los primeros anunciaron, sin conocer el texto del proyecto que acudirán al Tribunal Constitucional por discriminación, los segundos ya hablan de grave error el haber anunciado la gratuidad universal para el año 2020 y se preparan a salvaguardar los intereses privados que han convertido a la educación en una de las industrias más lucrativas de nuestra economía.

Los optimistas ya hablan de una discusión (negociación) de un año y medio, los pesimistas creen que no habrá reforma de la educación superior en este gobierno.

Quisiera advertir sobre dos elementos fundamentales del Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo al Congreso.

El primero, y que da razón a los rectores, es que cuando se anuncia que la educación superior avanzará en calidad y niveles de gratuidad sólo al compás del PIB tendencial y de la recaudación (carga tributaria) se está recurriendo al gastado argumento neoliberal del “chorreo”.

Una vez más el “diablo” mete su cola. Un proyecto de esta naturaleza podría haber dado inicio a una nueva estrategia de desarrollo nacional alternativa a un modelo que ha descansado en la exportación de recursos naturales, alta concentración de la propiedad de los medios de producción y una abyecta explotación de los trabajadores.

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Lo grave de esta decisión no sólo radica en que los recursos si están, sólo bastaría establecer una priorización distinta: derogar la Ley reservada del cobre, terminar con los subsidios (regalos escandalosos) que el Estado otorga a las forestales y otras industrias.

Lo realmente grave es que, de contrabando, nos están diciendo que el modelo neoliberal no será tocado en un pelo, que las “verdades” de los “Chicago Boys” continúan irredargüibles, pese al evidente fracaso en avanzar en un país más justo y desarrollado.

No son pocos los países y economías que se han percatado de que las viejas teorías de crecimiento basado en la acumulación de capital no dan cuenta de los avances en los niveles de vida de la población, sino que el factor más importante ha sido el ritmo de aprendizaje (conocimiento, innovación) y que ese ritmo es parcialmente, sino totalmente, endógeno, es decir los países y sus economías deben crearlo.

Esos países han comprendido que uno de los objetivos, sino el más importante, de la política económica consiste en crear políticas y estructuras económicas que mejoren tanto el aprendizaje (conocimiento) como los efectos del mismo.

Si Corea hubiese creído en esas verdades neoliberales probablemente hoy sería un gran exportador de arroz, pero seguiría siendo un país pobre. Lo mismo con India, Finlandia y China.

Las economías más exitosas son aquellas que lograron no sólo desplazar hacia afuera su curva de posibilidades de producción de forma más rápida, sino que, también, se han asegurado de que la brecha entre las prácticas promedio y las mejores prácticas sea pequeña. Hay más difusión del conocimiento, más aprendizaje, y son estos logros los que, a la larga, justifican los niveles de vida más elevados.

Economistas de todo el mundo se preguntan hoy: Los mercados, por si mismos, dan como resultado un nivel y patrón eficiente de conocimiento e innovación? Si no es así, ¿cuáles son las intervenciones convenientes por parte del gobierno?

El modelo neoclásico ignora el desarrollo de conocimiento y aprendizaje, y no sólo no presta atención a la importancia de la asignación de recursos a los procesos de desarrollo de conocimiento y aprendizaje y la investigación, sino que, además, asume que todas las empresas emplean las mejores prácticas, así que no tienen nada que aprender.

Este argumento lo podemos percibir en Chile, de forma clara, cuando nos percatamos de las prácticas que utilizan industrias completas como la forestal, la salmonera, la pesquera y otras que llevan a cabo sus actividades sin ninguna consideración a las externalidades negativas (contaminación, exterminación de especies, desarrollo de pestes aniquiladoras de los recursos, entre otras) externalidades que seguirán impidiendo nuestro salto a una sociedad desarrollada.

La educación de calidad para todos no es un efecto del crecimiento, sino todo lo contrario. Una buena educación es causa del desarrollo y de la elevación del nivel de vida de la sociedad.

Por ello, colocar el crecimiento, basado en un modelo caduco de desarrollo para una sociedad como la chilena, como causa para el desarrollo de un sistema universitario de calidad es como colocar la carreta delante de los bueyes.

El segundo elemento tiene que ver con el carácter de la reforma planteada, salvo excepciones positivas, pareciera tener sólo el carácter de regulador de un estado de situación existente.

Se declara que el sistema universitario es, y seguirá siendo, un sistema mixto. Más regulado por cierto, pero esencialmente estatal y privado. Ambas partes del sistema continuarán recibiendo aportes directos o indirectos del Estado.

Lo anterior significa que la Educación Superior en Chile continuará en un “caldo” de competencia, el proyecto no incentiva la cooperación, la definición de áreas prioritarias de desarrollo del conocimiento, una vez más el libre albedrío neoliberal continuará campeando y mal utilizando nuestros escasos recursos.

Se pierde así la oportunidad de utilizar el más valioso recurso de la Universidades, la inteligencia, al servicio de la creación e implementación de una estrategia de desarrollo nacional que permita que nuestros hijos o nietos vivan en un mejor país.

A este respecto, el proyecto es demasiado débil, plantea una coordinación entre universidades estatales sin generar los incentivos necesarios para la constitución de un sistema nacional de educación superior estatal.

Una forma eficaz de avanzar en ese sentido es la conformación de un sistema (red) nacional de universidades estatales. La atomización a la que fueron reducidas por la dictadura sólo las ha debilitado, sobre todo en regiones, ello ha significado que incurran en prácticas de competencia que no han agregado valor a la sociedad, todo lo contrario.

Chile necesita que la creación, preservación y difusión del conocimiento sea pertinente a una estrategia de desarrollo nacional y también regional.

El Gobierno ha privilegiado el envío de un proyecto que será discutido en el Congreso, pero ello no limita la acción de las comunidades universitarias en razón de lograr los cambios que hagan de la Educación Superior una causa del desarrollo, de mayor equidad, de un país sustentable, de una mejor calidad de vida para los chilenos, fundamentalmente de los que vendrán.

Esta es una oportunidad de cambiar la forma de pensar, de abandonar el “sentido común” neoliberal, de hacer valer nuestra opinión.

Chile no se merece menos.

Omisión del CAE en informe del Ministro de Hacienda tergiversa datos de gratuidad

Manuel-Riesco

El Rector de la Universidad de Chile y Presidente Consorcio de Universidades del Estado, Doctor Ennio Vivaldi, ha acusado al Ministro de Hacienda de tergiversar los datos de gratuidad en educación superior. En efecto, la proyección que presentó al Parlamento exagera los recursos adicionales requeridos mediante el burdo procedimiento de omitir la  partida más importante del presupuesto de educación: mil millones de dólares que se destinan anualmente al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Confiamos que el Parlamento interpelará al Ministro acerca de las razones de tal inaceptable omisión, exigiendo al mismo tiempo que se presente una estimación bien hecha. Al agregar esos mil millones de dólares y manteniendo el resto de los supuestos, la misma estimación ministerial demuestra que se puede dar gratuidad hoy a la mitad del estudiantado, beneficiando de inmediato a más de 600 mil familias que cubren los siete primeros deciles de ingreso, y extenderla al 100 por ciento el año 2020, cumpliendo así el compromiso de la Presidenta Bachelet.

Sería bueno que el Ministro aprendiera esta lección para ubicar su actuar en el contexto de subordinación al poder político democráticamente elegido que se exige a todos los funcionarios públicos y que algunos tecnócratas  azuzados por grandes intereses económicos sueñan a menudo con subvertir.

Al Ministro le saldrá este tiro por la culata. La ciudadanía y parlamentarios van a estar bien informados porque las cifras son fáciles de comprender. Los ingresos de operación totales de todas las Instituciones de Educación Superior (IES) del país, es decir, universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), públicos y privados, sumarán el año 2016 según sus propios balances unos 4,3 billones de pesos, los que se financian en dos tercios por ingresos de docencia, es decir, cobro de aranceles, financiados con becas, créditos y dinero de bolsillo aportados por las familias, y aportes fiscales para gratuidad a partir de este año.

El tercio restante corresponde a ingresos de investigación, extensión, venta de servicios, donaciones y otros, de los cuales el Estado financia poco menos de un tercio mediante aportes fiscales directos, indirectos, fondos de investigación de CONICYT y otros.

Por su parte, los recursos fiscales destinados a “ayudas estudiantiles” en el presupuesto 2016 cubren el 52% de los ingresos por docencia. Es decir, las erogaciones fiscales en tres partidas, créditos con aval del Estado (CAE), becas y gratuidad, en proporciones de poco menos de la mitad, poco más de un sexto y poco menos de un tercio de esta partida, respectivamente, financian más de la mitad de todos los ingresos por docencia de todas las instituciones de educación superior.

De lo anterior resulta evidente que si se redestinan todos los recursos de CAE y becas a gratuidad, se puede cubrir hoy  a lo menos al 52 por ciento de los estudiantes con este beneficio, en todas las IES acreditadas que ingresen a dicho esquema ¡más de 600 mil jóvenes que lo agradecerían muchísimo, al igual que sus familias!

El saldo a cubrir para dar gratuidad al 100 por ciento de los estudiantes es el 48 por ciento restante de los ingresos de las IES por docencia, lo equivale este año a unos 1,3 billones de pesos —el 48% del 64% de los ingresos totales de las ÍES que suman 4,35 billones de pesos, como se dijo—, lo que al cambio utilizado en la proyección de Ministro equivalen unos 1.900 millones de dólares. La cifra anterior difiere de la que ha publicitado el Ministro de Hacienda precisamente en los mil millones de dólares del CAE que el Ministro omitió.

El 48 por ciento de los ingresos por docencia que no es financiado hoy por “ayudas estudiantiles”, es decir, CAE, becas y gratuidad, se cubre principalmente aportes del bolsillo de las familias, que el 2016 alcanzarán a 1,18 billones de pesos que equivalen al 42 por ciento de los ingresos por docencia. Los aportes netos de la banca al CAE, que el 2016 alcanzan aproximadamente a 166 mil millones de pesos aportan el saldo de 6% de los ingresos por docencia.

El CAE se financia el 2016 con 635 mil millones de pesos de aportes fiscales, de los cuales 501 mil millones se destinan a recompra de créditos y 134 mil millones a la llamada “recarga”, es decir, un sobreprecio sobre los créditos recomprados, que queda a beneficio de los bancos.

El llamado “apalancamiento”, es decir, el aporte bruto de los bancos al CAE, suma 300 mil millones de pesos, pero la “recarga” financia 134 mil millones, por lo cual el aporte neto de los bancos es de sólo 166 mil millones de pesos, un 6% de los ingresos por docencia como se ha mencionado.

A ello hay que sumar el subsidio de intereses, que no está considerado en estas cifras.

Ese 48% de los ingresos por docencia que hoy cubren los aportes de bolsillo de las familias y el aporte neto de los bancos al CAE, que suman poco más de 1,3 billones de pesos como se ha mencionado, es el saldo a cubrir para llegar al 100% de gratuidad. Dicha diferencia se puede cubrir en pocos años con parte del crecimiento vegetativo del presupuesto educacional, que ha crecido en cerca de 1.000 millones por años desde el 2006. Eso es precisamente lo que demuestra la exposición del Ministro, si se le agregan los mil millones de dólares que omitió.

Por el contrario, la fórmula que establece el proyecto de ley en los hechos no es una garantía de avanzar a la gratuidad sino exactamente lo contrario, es decir, la prohibición por ley de hacerlo si no sube la recaudación fiscal a niveles inalcanzables por mucho tiempo como proporción del PIB. En resumen, la intervención del Ministro así como su influencia de decisiva en deformar el proyecto de ley de reforma presentado al Parlamento, es un intento postrero de evitar que la Presidenta cumpla su principal compromiso programático.

Los tecnócratas de Hacienda justifican su increíble omisión de la mitad de las “ayudas estudiantiles” con un argumento aún más falaz, dicha partida no sería gasto sino “compra de instrumentos financieros”, como glosan la partida. Es decir, una inversión financiera como cualquier otra, por ejemplo, comprar bonos del tesoro de los EE.UU.

Hay que preguntarle si desembolsa o no desembolsa esos recursos en dinero contante y sonante, año tras año y cuanto está recuperando de esta “inversión”, si se considera la elevadísima morosidad.

En el los EE.UU. y el Reino Unido, donde se la Concertación se inspiró para la creación del CAE, los gobiernos vienen de vuelta por la insostenible situación de endeudamiento y alta morosidad estudiantil, que en el último caso alcanza a dos tercios.

Lo que busca la presentación tramposa del Ministro es demostrar que la gratuidad no es posible, con lo cual se busca dejar las cosas tal como están ahora, “CAE para toda la vida” como ha dicho otro ministro que apadrina al de Hacienda y es el principal responsable del desaguisado en a reforma educacional. Con ello logran seguir entregando la mayor parte de los recursos públicos a instituciones privadas con fines de lucro abierto o encubierto —las que reciben el 90 por ciento del CAE—, sin que rindan cuenta a nadie porque los obtienen bajo una supuesta compraventa con los estudiantes.

Lo mismo pretenden hacer en educación básica y media, donde tras denostar a los sostenedores y condenar el lucro a las penas del infierno, reforzaron el mecanismo que lo genera en primer lugar, las subvenciones escolares por asistencia. Felizmente una indicación de la Diputada Camila Vallejo fue aprobada por la Cámara y la Presidenta la ha respaldado prometiendo el próximo envío de una ley que cambia dicho mecanismo.

Antes el Ministro de Hacienda había tenido la tupé de reconvenir a los parlamentarios elegidos por el pueblo —él, que no se sabe que haya sido elegido alguna vez ni siquiera delegado de curso y de política es claro que no tiene idea— que no podían intervenir en estas materias.

Aparentemente se encuentra con el ánimo insuflado por las peregrinas exigencias de ciertos parlamentarios, aplaudidos a rabiar por el gran empresariado, de que todo el gabinete y la Presidenta desde luego, deben alinearse tras los dictados de este personaje.

Es decir, volver al esquema de la Concertación, en la cual el Presidente reinaba y su Ministro de Hacienda mandaba como procónsul romano.

Las cosas seguirán un curso muy diferente. Esos tiempos quedaron definitivamente atrás. Estamos en un escenario difícil en el cual la Presidenta y el gobierno deben empuñar con fuerzas el timón de las reformas y conducir el barco recogiendo los demandas de una ciudadanía que está cada vez más chúcara, como ha dicho el presidente del Partido Comunista.

Lo contrario, bajar la guardia frente a la resistencia de intereses privados que intentan impedir las reformas indispensables, es avanzar hacia el despeñadero, como hemos visto muchas veces en la historia y recientemente en países vecinos. No sucederá en Chile.

 

Fuente

Editorial (CdE nº36)

¿Hacia dónde va América latina?

Desde fines de los noventa del siglo pasado hasta entrado el siglo XXI, surgió en América Latina, una nueva forma de acción popular, paralela a los partidos políticos, a veces opuesta a ellos, a veces en conjunto, que fueron los movimientos sociales. A partir de la resistencia que estos movimientos hicieron a los ajustes estructurales, y al intento por convertir el Estado en un mero aparato subsidiario, fueron dando lugar a amplios procesos nacionales que, a través de procesos electorales, sobrepasaron a una derecha agotada políticamente, culminando en gobiernos de nuevo tipo, cuyo principal objetivo consistió preocuparse de la injusticia social, mal endémico latinoamericano.

El ascenso de gobiernos progresistas y de izquierda fue la tónica que caracterizó a la mayoría de los países latinoamericanos, llegado a definirlos como paradigmas de un socialismo del siglo XXI. En especial Venezuela, Bolivia y Ecuador, que se ubicaron entre los procesos más avanzados. Este panorama general se hizo mucho más visible con los gobiernos de Cristina Fernández en Argentina, Mujica en Uruguay, Lula en Brasil, Lugo en Paraguay. La forma que asumieron los cambios que venían dándose en la base de la sociedad, por primera vez mitigaban el impacto de la miseria ancestral. Por primera vez fueron claros les intentos de una unidad continental que integrara a Cuba, contrarrestara la hegemonía norteamericana en la unidad continental, y marchara hacia el cumplimento del ideal de Bolívar.

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Pero los afanes geopolíticos del imperialismo norteamericano, no han cejado. De nuevo el monstruo de la intervención asoma la cabeza; ayuda y estimula en los distintos países a las derechas latinoamericanas, en especial a la prensa. Basta con leer La Tercera y el Mercurio en Chile, y ver como han hecho suyos, el embate contra Cuba y el apoyo a la disidencia venezolana.

Una serie de hechos confirman una ofensiva de derecha, apoyada por EEUU y ciertos connotados órganos de prensa en el ámbito continental. La actual coyuntura política latinoamericana muestra cambios significativos respecto a años anteriores. Los reveses electorales de la izquierda permiten que las oligarquías locales recuperen importantes espacios institucionales. El control del gobierno federal en Argentina por parte de una coalición de partidos conducida por los sectores más derechistas, planea instalar una versión recargada del neoliberalismo de los años 90. Por su parte, la derecha venezolana puede actuar ahora desde un espacio estatal como la Asamblea Nacional, a lo que se suman las acciones subversivas y la guerra económica. Se encuentra en mejores condiciones para articular una estrategia dirigida a socavar la revolución bolivariana. La victoria opositora en el referéndum en Bolivia devela claramente que la guerra contra la izquierda es de naturaleza esencialmente política y que no basta con notables avances en el terreno social y económico.

¿Qué se sigue a estos hechos? Allí donde puedan intentarán movimientos de derecha como los que apoyaron a Macri en Argentina; pero donde no puedan, ¿apoyarán de nuevo a dictadores tipo Pinochet? Brasil instala de nuevo, un ejemplo en materia de golpe de Estado. No olvidemos que a mediados de los años sesenta del siglo pasado, en Brasil, el golpe de 1964 contra el presidente democráticamente elegido, Joao Goulart inauguró una oleada de dictaduras militares en casi toda América Latina. Hoy se trata de un golpe de nuevo tipo, jurídico y legislativo en su contenido, pero golpe al fin y al cabo, en un país en donde la derecha ha aprendido a movilizar a las capas medias. ¿Es ese el modelo que se pretende implantar?

¿Qué hacer? De vital importancia es la unidad de la izquierda. Esa unidad es la garantía del triunfo y de la sostenibilidad de nuestros proyectos; es lo que trasmite la experiencia de la Revolución cubana. Naturalmente no hay ni puede haber una fórmula única, existen tantas posibilidades como situaciones políticas y momentos históricos concretos. Sin embargo la experiencia indica que un paso ineludible, creador e inspirador, es la elaboración de un programa político, que analice el presente que se quiere transformar y proponga el futuro que se quiere construir. Explicar el futuro aclara los alcances de la utopía y puede revolucionar la mente de los jóvenes, tan necesarios para estos empeños. Con el programa político se tiene la herramienta para convocar y para movilizarse e incluso para elegir cabalmente los que liderarán los procesos de cambio. Debemos ser creativos y ofensivos en la determinación y convocatoria del sujeto social de los cambios que no debería reducirse a nuestra base social natural, los llamados sectores populares. Los acontecimientos imponen también la necesidad de una política direccionada hacia las denominadas capas o clases medias, sobre todo cuando muchas de estas personas deben su ascenso social justamente a las políticas desarrolladas por los procesos progresistas. La integración política regional, es más necesarias que nunca. En esta coyuntura se hace más pertinente y decisiva la solidaridad y el fortalecimiento de la integración de América Latina y el Caribe porque de ella depende la supervivencia de nuestra soberanía. Justamente consideramos que esa integración constituye el blanco de ataque principal del Imperialismo y sus servidores en la región. Por ello, los espacios de articulación política y de integración, como el ALBA, UNASUR y CARICOM, son instrumentos fundamentales para defender los procesos progresistas y enfrentar los planes imperiales.

Declaración de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad

Reproducimos esta declaración realizada al término del XXII Encuentro Internacional realizado en Caracas entre el 8 y 10 de Abril de 2016.

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Los pueblos de nuestra América sufren la ofensiva de recolonización conservadora por parte del imperialismo y las oligarquías locales. Se pretende barrer todas las conquistas de los procesos progresistas regionales en el campo de la justicia social, la soberanía, la integración y la gestación de un auténtico poder popular.

En este contexto, Venezuela es un blanco principal, tanto por sus enormes riquezas como por la amenaza que representa su ejemplo de esperanza.

La Revolución Bolivariana se sometió en Diciembre de 2015 a un proceso electoral bajo presiones de toda índole. Se lanzó contra el pueblo venezolano una guerra económica, mediática y psicológica, y se utilizaron métodos desestabilizadores violentos con el empleo de agitadores a sueldo, sicarios y paramilitares. La crisis mundial y el desplome inducido de los precios del petróleo, agravaron dramáticamente la situación. El decreto imperial que califica a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, sumó nuevo factor al clima coercitivo que ya se venía creando.

Tras los resultados electorales, se ha puesto en marcha un plan siniestro y bien elaborado que persigue el derrocamiento del gobierno del Presidente elegido legítimamente por el pueblo, Nicolás Maduro Moros, y la destrucción de cuanto tenga que ver con la obra revolucionaria, sus relevantes logros sociales y los ideales del Comandante Hugo Chávez Frías.

La Venezuela revolucionaria aplicó por primera vez la distribución de la renta petrolera en bien de las mayorías y, ante las adversidades y obstáculos más graves, se ha empeñado las políticas sociales en beneficio de los pobres. Ha emprendido audaces y muy complejas tareas para solucionar los problemas estructurales de la nación y ha logrado preservar la paz y la estabilidad. Trabaja por aglutinar las fuerzas patrióticas y bolivarianas bajo la unión cívico-militar coherente con la historia libertaria de la nación. Continúa enfrascada en la lucha sin tregua contra la corrupción y el burocratismo, el fortalecimiento de las comunas y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, y de la naturaleza.

Los integrantes de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales “En defensa de la Humanidad” ratificamos nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana. Exigimos la derogación inmediata del infame decreto del gobierno estadounidense contra Venezuela.

Repudiamos el hostigamiento de la reacción y la censura para acallar la digna voz de Telesur.

Rechazamos leyes como las que el pueblo ha llamado certeramente de “amnesia criminal” o “del auto perdón” para quienes con sus acciones sediciosas causaron y continúan causando muerte y dolor a muchas familias venezolanas, lo que equivaldría a legalizar la impunidad.

Para que América Latina y el Caribe pueda ser en efecto una “zona de paz”, como proclamó la CELAC, es imprescindible frenar de manera definitiva los intentos golpistas contra el gobierno bolivariano y preservar el orden constitucional. Hacemos nuestro el espíritu ecuménico, humanista e inclusivo del Congreso de la Patria.

Convocamos a una amplia movilización en defensa de la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano y en apoyo a todos los gobiernos, líderes y activistas progresistas de la región, que están siendo víctimas de una verdadera cacería por la reacción interna y el Imperio. Un proceso similar al Plan Cóndor está en marcha en América Latina, cuando se recrudece la persecución a todos los que luchan por objetivos emancipadores.

La RED rechaza enérgicamente todo intento de golpe de Estado en Brasil y el uso faccioso de la justicia para criminalizar a dirigentes políticos populares como Dilma Rousseff, Lula da Silva y Cristina Kirchner. Llamamos a concentrarse frente a las embajadas de Brasil en el mundo, en solidaridad con el gobierno brasileño y en repudio a los intentos golpistas y la represión paramilitar contra el Movimiento de los Sin Tierra.

Repudiamos el cobarde asesinato de Berta Cáceres, dirigente del pueblo Lenca de Honduras y nos pronunciamos por la liberación de la luchadora indígena Milagro Sala, de la Argentina y por la del independentista puertorriqueño Oscar López Rivera quien cumple prisión desde hace 35 años. Apoyamos las demandas de justicia por el crimen de Estado contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Condenamos el paramilitarismo en Colombia y el asesinato de 120 militantes de Marcha Patriótica en el último año, como un serio obstáculo contra los afanes de paz de ese publo hermano.

La RED censura la tentativa de enlodar la autoridad política y ética del presidente de Bolivia Evo Morales, uno de sus miembros fundadores, a través de una estrategia de manipulación y mentiras. Expresa su apoyo al presidente de Ecuador Rafael Correa a quien se le ha tratado de derrocar y es hostigado de forma persistente. Condena los intentos de utilizar la delincuencia común con fines políticos para desestabilizar el gobierno de El Salvador.

Construyamos juntos una plataforma, con una agenda común, de medios de comunicación antihegemónicos, que incluya Telesur y otros canales públicos, sitios digitales, redes sociales, agencias de noticias y emisoras comunitarias. Es vital contribuir al enriquecimiento espiritual de los seres humanos a través del arte ajeno a la dictadura del mercado, y crear a escala de masas, sobre todo en las nuevas generaciones, una nueva cultura opuesta al consumismo, que contribuya a la formación de un sujeto no manipulable, solidario y crítico, que se resista al asesinato u olvido de nuestra memoria, patrimonio identitario y conciencia histórica.

Como diría un poeta nuestro, “un pueblo que se hace fuerte a través de su lenguaje y de sus actos libres, es una amenaza para el Imperio y es el amanecer para la Humanidad.