Editorial (CdE n°38)

Los resultados de las últimas elecciones municipales provocaron sorpresa y desconcierto, tanto en las filas de la Nueva Mayoría, la que fue considerada la gran perdedora de este evento electoral, como también en la Derecha, o sea Chile Vamos más otros grupos políticos pequeños tales como Evópoli, Amplitud y PRI. Estos últimos celebraron con eufórica alegría lo que consideraron, y en efecto fue, un triunfo tan importante como poco esperado. En efecto, porque tanto vencedores como vencidos, no previeron semejante resultado (recordemos una singular apuesta entre comentaristas de un buen programa de análisis político, en el que dos de ellos, ambos de derecha, diferían solo en la magnitud del triunfo de Carolina Tohá en la comuna de Santiago. Aun hoy, ya con los porcentajes sobre la mesa, no existe consenso sobre la razón de semejante desenlace.

En todo caso, las encuestas previas a la elección y las diversas interpretaciones que de ellas se hicieron estuvieron bastante lejos de la realidad. Quizás, estos pronósticos fracasaron porque en Chile funciona una lógica un tanto irracional, al igual que en otros lugares del mundo donde ha ocurrido algo similar. Los análisis previos a las elecciones no tomaban en cuenta una serie de acontecimientos de carácter político, ético, moral, delictual y de otro carácter, que estaban a la orden del día del acontecer político social del país. Algunos de reciente data, otros más antiguos inclinaban la balanza en favor de un posible triunfo de la Nueva Mayoría. Entre estos acontecimientos se consideraba, por ejemplo, la magra votación obtenida por la Derecha en la última elección presidencial. Sin duda, esto podría ser un indicador a considerar. Muchos coincidían en que sería difícil de revertir esta votación, tal vez la votación giraría en un más o en un menos, pero no muy distante y alrededor de aquél. Sin duda, otro acontecimiento negativo para las aspiraciones de la Derecha, fue las revelaciones del modo como la derecha económica financiaba sus partidos políticos, a saber a Chile Vamos y a los pequeños grupos políticos ya mencionados. La cuestión del dinero y la política. Desde siempre ésta ha sido la práctica habitual de los partidos de la elite económica, ante la escasez de argumentos sobre la calidad de sus ideas, se ven obligados a hacer uso del dinero. Hoy en día, el escrutinio de la ciudadanía pareciera dificultar este mecanismo de acción política y como consecuencia, esta vez les fue más difícil mantener los delitos ocultos, por la magnitud del escándalo y los personeros comprometidos, de manera tal que hasta El Mercurio, su principal órgano ideológico nacional, tuvo que publicarlos. En íntima relación con esta situación y mientras los medios de comunicación se veían forzados a informar sobre estos delitos, al mismo tiempo tenía lugar un desfile de formalizaciones por gravísimos casos de cohecho, protagonizado por distintos y connotados dirigentes de Derecha y altos funcionarios o ministros del gobierno de Piñera.

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Ante esta grave situación, la Derecha opta como estrategia la renuncia de la casi imposible tarea de defenderse ante las acusaciones mencionadas. No obstante, apoyada por su gigantesco aparato comunicacional, opta por enlodar a todos los sectores políticos, en un intento de confundir a la ciudadanía y de convencerla con lo de “aquí somos todos iguales”. Incluso, aunque sin éxito, intentaron dañar la imagen incorrupta del Partido Comunista de Chile.

El caso más emblemático, ocurrido con posterioridad a las elecciones, es el correspondiente al expresidente Piñera, quien siendo presidente en ejercicio, en medio del fallo de La Haya, aparece involucrado en la compra de acciones de la empresa pesquera peruana Exalmar S.A. Esta operación convirtió a Piñera en el segundo dueño de dicha empresa, la cual en su condición de peruana puede disponer ahora de riquezas marítimas chilenas y que, luego del fallo, son incorporadas al patrimonio natural de Perú.

Continuando con la lógica de la irracionalidad, Piñera como candidato de la Derecha continúa en primer lugar en las encuestas. No obstante, su suerte no está echada, el senador Guillier en estos últimos meses ha mostrado un repunte que complica las aspiraciones del expresidente y del conglomerado derechista que lo apoya. En todo caso, la manipulación encubierta en estas encuestas es conocida. La diferencia solo está en que, en este último tiempo, ésta ha sido demasiado evidente.

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Esperemos que la voluntad ciudadana, en la próxima elección presidencial, le doble la mano a esta nefasta irracionalidad y a la intencionalidad de las encuestas.

 

2017, Año de Aniversarios. Por Comité Editorial de CdE.

El próximo año 2017 será un año de importantes aniversarios, se cumplirá un siglo de la Revolución rusa. Revolución que marcaría la historia del siglo XX. El partido bolchevique, encabezado por Vladimir Ilich Ulianov (Lenin), contra todo pronóstico – incluido Marx– iniciaría la marcha del proceso socialista más importante de la historia.

Una Rusia atrasada, casi feudal aún, sería el territorio de las luchas de un pueblo por su emancipación. La Rusia de Lenin encabezaría, a nivel mundial, el proceso revolucionario anticapitalista más relevante de la historia de la humanidad.

Con sus aciertos, y por cierto con sus errores, la Revolución rusa sería el hecho histórico más importante del siglo XX. La humanidad se dividiría en dos grandes polos: capitalismo o socialismo.

También el año 2017, se cumplirá medio siglo del proceso de Reforma Universitaria en Chile. Ese año estallarían los movimientos universitarios de las principales universidades chilenas. La Universidad Técnica Federico Santa María lograría, después de una huelga y toma del plantel porteño de casi un año, un gobierno triestamental, casi al mismo tiempo la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Técnica del Estado (hoy USACH) lograrían establecer el rol público de la universidades chilenas.

A nosotros, como Grupo de Reflexión Fernando Ortiz Letelier, nos enorgullece llevar este nombre pues fue él, precisamente, quien sería un destacado dirigente de las luchas por lograr un sistema universitario al servicio del país.

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Un siglo y medio siglo, son espacios de tiempo que permiten una reflexión sobre estos hechos políticos e históricos, por ello, invitamos a nuestros lectores a participar activamente en estos procesos de reflexión.

Es nuestro propósito que durante 2017 nuestra revista de lugar a artículos que releven los hechos históricos aquí señalados. Por tal razón, invitamos a nuestros lectores a enviar contribuciones para su publicación en Cuadernos de Educación.

Ley Reservada del Cobre. Por Ricardo López Erazo

La prensa nacional se refiere en breves palabras al hecho histórico, cuando el balance de CODELCO consigna pérdidas para este año 2016, de que haya tenido que recurrir a endeudamiento para pagar el 10% de sus ventas a que está obligada por la Ley Reservada del Cobre.

La Ley Reservada del Cobre fue dictada el 11 de abril de 1975, por la Junta de Gobierno encabezada por Augusto Pinochet. Esta ley señala que el 10% de los ingresos totales anuales de CODELCO deben entregarse al financiamiento de las FF.AA.

Si este 10% resultara inferior a US$ 90 millones en un año entonces el Fisco deberá completar el faltante y al efecto, deberá consignarse un ítem excedible en la Ley de Presupuesto de la Nación cada año.

El inciso 2° de la Ley especifica que las entregas de estos fondos “se harán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación”.

El artículo 7 señala que los recursos no se incluirán en la contabilidad general de la Nación.

Durante los últimos diez años CODELCO ha debido entregar un promedio anual de US$ 1.216 millones (US$ de 2015). Estos recursos equivalen al 70% del gasto fiscal en atención primaria de salud, recurro a este ejemplo porque es conocido el acuerdo de especialistas en cuanto a que la solución del problema de salud en Chile pasa primero por fortalecer, precisamente, la salud primaria.

La Contraloría General de la República ejerce controles “reservados” a las FF.AA., no puede publicar los resultados de auditorías, impidiendo así un control social sobre estos enormes fondos. Contraloría no puede revelar hallazgos como reparos, sumarios o denuncias, ni los resultados de su gestión contralora como condenas penales, reintegros al Fisco o multas.

Mientras el Ejecutivo y el Congreso discutían arduamente la ley de presupuesto 2016, la ley de reajuste de las remuneraciones de los trabajadores públicos y sobre los fondos para asegurar una apropiada ayuda a las Universidades Públicas (incluida la gratuidad), hemos sido testigos de mensajes conocidos:

  • La situación económica está mal, hay que apretarse el cinturón.
  • No hay un “puto peso”.
  • Se puede hacer más con menos, solo hay que saber gestionar.
  • Chile no está para despilfarros.
  • Hay que respetar la regla fiscal.
  • Y un largo etcétera.

El que CODELCO una empresa pública tenga que endeudar al Estado Chileno, por ende a todos los chilenos, para financiar la compra de armamento y otros activos que hacen las delicias de las FF.AA, no produce la misma discusión.

En esto, a pesar de los despilfarros, robos, estafas y coimas que estos ingresos han producido y que son de público conocimiento, no hay refriega, no hay discursos destemplados. Recientemente una comisión investigadora de la Cámara de Diputados estableció que las operaciones fraudulentas descubiertas en 2015 habían significado la desaparición de US$ 5.000 millones de estos fondos.

Ni siquiera, a propósito de la reciente capitalización de CODELCO por US$ 975 millones, se considera los efectos de este multimillonario gasto en la sagrada “regla fiscal”, creada bajo el gobierno de Ricardo Lagos.

Los apretones de cinturón sólo corren para la sociedad civil, las familias, los trabajadores, las universidades públicas, nunca para las FF.AA.

A pesar de todos los delitos que se han cometido con dineros de esta famosa Ley, aquí la derecha no exige nada: “ellos saben gestionar, no hay despilfarro, la situación económica permite el gasto (inversión dicen ellos) porque Codelco es una empresa de clase mundial y tiene acceso a buenos créditos en el mercado internacional”. Durante los últimos cuatro años Codelco ha emitido bonos de deuda por US$ 2.400 millones, en este mismo período ha pagado US$ 1.574 millones por concepto de esta ley. Durante 2016 tiene una pérdida acumulada de US$ 18 millones.

Cuando en nuestro país, la palabra probablemente más utilizada, por tirios y troyanos, es TRANSPARENCIA mantenemos esta Ley Reservada que es la antítesis de lo que la sociedad pretende.

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No podemos seguir permitiendo que esta mochila impuesta en dictadura siga carcomiendo a nuestra principal empresa pública.

El financiamiento de las FF.AA. debe provenir de tributos corrientes, cumpliendo tres elementos básicos: que los que tienen más paguen más, que exista injerencia social sobre ese gasto y que esos dineros sean fiscalizados en su aplicación por la Contraloría General de la República, de la misma manera como lo es para todo el aparato estatal en Chile. Éste fue un tema relevante en los encuentros locales, provinciales y regionales convocados para discutir una nueva Constitución.

Editorial (CdE n°37)

educacion

Finalmente, el proyecto de ley que reforma a la Educación Superior fue presentado, constituyendo una iniciativa que completa el total de la reforma educacional recogida en el Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría. Es un proyecto que considera tres partes, la primera constituida por 202 artículos permanentes, la segunda da cuenta de 60 artículos transitorios necesarios para ir de la situación anterior a la deseada por el ejecutivo; y una tercera parte, elaborada por el Ministerio de Hacienda que constituye el Informe Financiero del Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Sin duda se trata de una reforma compleja, la primera parte (artículos permanentes) se centra fundamentalmente en:

  • Definir al Sistema de Educación Superior como un sistema mixto (estatal y privado) respetando y promoviendo diversidad de proyectos educativos.

  • Se plantea una definición de Universidad (art.4).

  • El título II da cuenta de la creación de una Subsecretaría de Educación Superior y de un sistema común de acceso a las Universidades, así como de la creación de un Sistema Nacional de información de la Educación Superior.

  • El título III da cuenta de la creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El mismo título III da cuenta de la creación del Consejo para la Calidad de la Educación Superior. y los artículos referidos a la acreditación obligatoria de las Instituciones de Educación Superior.

  • El título IV da cuenta de la creación de la Superintendencia de Educación Superior y su objeto fiscalizador y supervigilador de las normas que regulan la Educación Superior.

  • El título V se refiere a las regulaciones y prohibiciones aplicables a las Instituciones de Educación Superior (Universidades, IP y CFT).

  • El título VI se refiere a la Educación Superior Estatal sus objetivos y la creación de una Red de Universidades Estatales. Es menester señalar aquí que la Red Universitaria Estatal no cuenta con recursos específicos señalados en el informe financiero del Ministerio de Hacienda. En este mismo título se establecen las normativas del gobierno universitario.

  • El título VII da cuenta del financiamiento público de la Educación Superior.

  • El título VIII se refiere a las disposiciones finales del proyecto de reforma, principalmente al término del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).

La segunda parte está constituida por el articulado transitorio donde los aspectos más relevantes dan cuenta de:

Finalmente, en la tercera parte, se encuentra el informe financiero del Ministerio de Hacienda, que da cuenta de la cantidad de recursos involucrados en la Reforma. A riesgo de aburrir o importunar, hemos estimado necesario realizar este “scanner” al proyecto. Porque ello da cuenta de la complejidad de las materias involucradas y los intereses particulares que afectará necesariamente. Creemos que las comunidades universitarias deben leer, estudiar y proponer los cambios que estimen necesarios así como defender aquellos aspectos del proyecto que avanzan en la construcción de un mejor sistema de Educación Superior. En este número de la revista incorporamos tres artículos, siempre desde la mirada de aquellos que estimamos que el actual modelo mercantilista de Educación Superior debe terminar. También hemos incorporado una carta abierta y pública de los rectores de la Universidades Estatales que resume su opinión sobre el proyecto en comento. Hacemos un llamado a las comunidades universitarias, incluidos todos sus estamentos, a deliberar y proponer los cambios que se estimen necesarios y defenderlos en la discusión parlamentaria que comienza. El “todo o nada” no es una opción, debemos avanzar.

Carta abierta de los Rectores de las Universidades del Estado de Chile.

Cuech

Fuente: Cuech

Los rectores de las universidades estatales, al iniciar el trabajo de análisis y propuestas tras la presentación del Proyecto de Reforma a la Educación Superior, queremos, en primer lugar, destacar y celebrar el hecho mismo de que se presente un proyecto cuya intención, expresada en el mensaje introductorio, sea modificar los fundamentos del actual sistema universitario.

El mensaje introductorio conceptualiza los principales determinantes de la educación superior, defiende valores vinculados a la educación pública, valientemente vincula el actual sistema de mercado a baja calidad y mayor inequidad, afirma que el lucro es hoy un hecho innegable, y constata que este sistema no se hace cargo de un proyecto de país.

No obstante, en lo que en seguida el proyecto propone como implementación, se preserva para el Estado el disminuido rol de un mero proveedor más de educación superior. La tarea que se le asigna se focaliza en regular al sistema privado en oferta y calidad, aumentando, de paso, la transferencia de financiamiento hacia las instituciones privadas, asegurándoles mayor cobertura. Muy lamentablemente, se mantienen intactos los instrumentos de financiamiento más denostados por los estudiantes, como es el caso del CAE, y más criticados por favorecer a instituciones bajo sospecha de lucro y calidad deficiente.

La implementación del proyecto se despreocupa así de la responsabilidad que le cabe al Estado en generar un espacio de ciudadanía, pertinentemente comprometido con el desarrollo social, cultural y productivo de la nación y de la territorialidad regional.

Vuelve entonces a ser válido preguntarse si este proyecto cumple con los compromisos programáticos por todos conocidos. Tal cumplimiento puede requerir la gradualidad que fuera necesaria, pero el horizonte ha de ser la construcción de una sociedad más democrática y más equitativa. Por el contrario, este proyecto puede terminar conservando estructuralmente los efectos sociales del actual modelo. A partir de la promesa de fortalecer la educación pública, se podría consolidar definitivamente la cobertura privada.

Las universidades estatales no constituimos un grupo más de defensa de intereses particulares, de mayor o menor legitimidad. Nuestro deber es aportar a la identidad, al progreso y a la cohesión del país entero.

Llamamos al Gobierno, al Parlamento, a nuestras comunidades, a la sociedad chilena toda, y especialmente a los jóvenes, a una reflexión acerca de un sistema de educación superior que transparente, por fin, los valores que como país queremos ver prevalecer.

Arturo Flores Franulic /Gustavo Soto Bringas/ Luis Loyola Morales /Celso Arias Mora /Nibaldo Avilés Pizarro /Patricio Sanhueza Vivanco /Aldo Valle Acevedo /Ennio Vivaldi Véjar /Juan Manuel Zolezzi Cid /Jaime Espinosa Araya /Luis Pinto Faverio /Rafael Correa Fontecilla /Álvaro Rojas Marín /Héctor Gaete Feres /Sergio Bravo Escobar /Óscar Garrido Álvarez /Roxana Pey Tumanoff /Juan Oyarzo Pérez

Rectores de las Universidades del Estado de Chile

Consideraciones sobre el proyecto de educación superior. Jorge González Guzmán

Para entender y poder evaluar razonablemente el Proyecto sobre Educación Superior recientemente enviado al Congreso por el gobierno, pienso que es necesario ponerse en el contexto real de este gobierno: no se trata de un gobierno revolucionario, nadie planteó que se pretendía hacer la Revolución Socialista en este país. Este gobierno siempre se planteó como un gobierno reformista, cuyo objetivo no era otro que comenzar a sacar al país de la profunda estructura neoliberal en que se encuentra; tal vez se podría decir, con el lenguaje de Fernando Atria, llevar al país a un neoliberalismo con rostro humano. O tal vez un poco más. No hay que olvidar el conjunto de reformas que ya se han hecho y que están siendo llevadas a cabo, desde luego con toda clase de dificultades. La presente reforma educacional, referida a la Educación Superior, constituye el último tramo de la reforma que empezó con el ámbito parvulario, el básico, el medio y ahora, entonces, el terciario. Los objetivos que este proyecto muestra explícitamente (ver Antecedentes: 3 d ), consisten esencialmente en dos elementos, íntimamente relacionados:

  • Sacar a la educación del ámbito del mercado para transformarla en un derecho social

  • Impulsar el desarrollo de la calidad de la educación pública.

¿Garantiza esta Ley el cumplimiento de estos objetivos? Por supuesto que no. Pero pienso que ninguna Ley garantiza nada. Las Leyes abren posibilidades ( o las cierran), inducen transformaciones (o las dificultan). En el caso del presente Proyecto de Ley, considero que efectivamente abre puertas e induce y facilita las transformaciones a que nos estamos refiriendo. En efecto:

  • La Subsecretaría tendrá que cuidar que no haya lucro, para lo cual tiene atribuciones y mandatos bastante explícitos en la misma Ley: los artículos 114, 126 y 134 hacen que hacer negocio (o seguir con él) en el ámbito de la educación terciaria sea bastante más difícil.

  • El Proyecto crea todo un sistema para la calidad, con exigencias explícitas: acreditación obligatoria y “verdadera”, pues habrá estándares a cumplir (artículos 26 y 31), y será integral (artículo 42), además todas las carreras dirigidas a la enseñanza, así como medicina, deberán estar también acreditadas. Estas exigencias desincentivan inversiones en la Educación Superior como negocio: el negocio ya no es muy rentable.

  • Se crea una Red de Instituciones de Educación Superior que son estatales (artículo 143), con estructuras participativas y condiciones explícitas de sus estructuras y objetivos (artículo 142) y además con fondos especiales para su desarrollo (artículo 188).

  • El llamado Aporte Fiscal Directo (AFD) será gradualmente eliminado pero será reemplazado con creces (Artículo 59 Transitorio) por un Fondo de Desarrollo para todas las universidades de vocación pública (artículo 187).

  • Finalmente mencionemos que se elimina el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), elemento típico de la competencia entre instituciones (artículo 200)

Considero que todos estos elementos presentados constituyen un buen paso adelante en los objetivos de sacar la educación del mercado y fortalecer su calidad. En cuanto a la gratuidad universal , la Ley, en sus artículos transitorios (número 48), establece condiciones de desarrollo económico para cumplir los plazos para alcanzarla. Estas condiciones podrán ser, tal vez, eliminadas en la discusión del proyecto, de modo de dejar abierta la posibilidad de aumentar los fondos para el financiamiento del sistema público usando otros recursos, tales como la Ley Reservada del Cobre, re-nacionalizando la gran minería, con una nueva reforma tributaria, con un Impuesto Patrimonial, etc. En resumen, el Proyecto abre puertas, no las cierra.

educacion tecnica

Desafíos del proyecto de reforma de la educación superior. Rolando Rebolledo Berroeta y Camila Vallejos Dowling

Rolando Rebolledo Berroeta1

Camila Vallejo Dowling2

Reformar la educación superior chilena implica confrontar múltiples y diversos intereses económicos, religiosos, políticos e ideológicos. Desde antes del 2011 supimos que sería un debate complejo, pero necesario para recuperar el derecho a la educación. Por la misma razón, un proyecto de reforma en este nivel educativo no podía ser neutral ni menos apostar a dejar contentos a todos.

No sorprende entonces que el proyecto presentado por el Gobierno haya desatado diversas reacciones y críticas que reclaman desde una “excesiva intervención estatal” y “pérdida de autonomía de las instituciones”, hasta quienes con cierta frustración ven que el proyecto se limita a proponer normas de regulación de empresas privadas, manteniendo el mercado de la educación, sin construir un sistema público coherente. También se han comenzado a manifestar quienes rechazan de plano la idea de legislar en la materia, tirando por la borda una de las pocas oportunidades que Chile tendrá para cambiar la concepción de la educación como un negocio y propiciando el status quo institucional. Sin embargo, en nuestra opinión, todos quienes hemos luchado por garantizar la educación como un derecho social, y una inversión social estratégica para nuestro desarrollo democrático, no podemos quedarnos en la trinchera de la crítica fácil y perder la posibilidad de incidir en la reforma, para que corresponda verdaderamente al interés del pueblo.

En una primera evaluación, la propuesta legal deja abierta la disputa entre dos concepciones de la educación, porque así como podemos encontrar una propuesta de crear un marco institucional por primera vez razonable y con criterios y exigencias de calidad para la existencia de las instituciones, también estimamos que el camino a la gratuidad universal del proyecto esquiva el problema de fondo: que el Estado garantice el derecho a la educación, debiendo la economía ponerse al servicio del cumplimiento de ese objetivo y no al revés.

Se trata, en consecuencia, de un proyecto que aún no refleja una toma de posición clara respecto a la contradicción fundamental: la educación como un derecho social habilitante garantizado por el Estado, o al contrario, como un bien de consumo en un mercado regulado pero entregado mayoritariamente a la iniciativa privada. El debate en el Congreso será entonces de carácter fundamentalmente ideológico, que es necesario sincerar, dejando de lado eufemismos basados en discursos tecnocráticos o meras consignas.

Quienes consideramos un deber ético y político promover la educación como derecho social tenemos que unir fuerzas para enfrentar este debate, ampliando el estrecho escenario del Congreso. Asimismo, necesitamos aclarar urgencias, prioridades de temas contenidos en el articulado del proyecto que serán decisivos para definir la orientación final del mismo, es decir, hacia qué sistema de educación superior queremos caminar de aquí a 10 o 20 años.

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Para comenzar, asegurar la reconstrucción de un sistema público coherente es un objetivo central. Esto significa, en primer lugar, crear una red de universidades y centros de formación técnica estatales, que se fortalezca mediante fondos basales y proyectos de inversión para la expansión de su cobertura, sobretodo en regiones. Además, es imperioso considerar que una red de instituciones estatales de excelencia necesita de un conjunto de instituciones privadas (o “no estatales”) que colaboren con el Estado en el aseguramiento del derecho a la educación gratuita, pluralista, democrática, laica, sin fines de lucro y con claro compromiso con el País y el bienestar de su pueblo. En la actualidad hay instituciones que por razones históricas nacieron de derecho privado, pero realizan -y que podemos exigirles el cumplimiento de- una labor fundamentalmente pública (como las universidades privadas que hoy se coordinan a través del Consejo de Rectores y otras que claramente podrían cumplir con esa función). Estas instituciones debieran tener igualmente acceso a fondos basales mediante la firma de contratos de colaboración con el Estado. El sistema público tiene por vocación garantizar el derecho a la educación de manera inclusiva,pero a su vez las instituciones que sean parte de este sistema tendrán el deber de servicio al país, teniendo que ser instituciones democráticas y democratizadoras, orientando su labor a fortalecer el desarrollo cultural y económico sustentable de Chile. Conceptos como éstos son los que deben inspirar la discusión sobre el marco regulatorio del proyecto de ley y frente a los cuales el debate ideológico pueda desarrollarse con sinceridad y honestidad discursiva.

Para el Estado, garantizar el derecho a la educación debe ser un objetivo a cumplir sin subordinación a las decisiones o voluntades de los gobiernos de turno. En este sentido, debe quedar determinado en la ley los plazos de avance de la gratuidad y los requisitos institucionales para acceder a este financiamiento, así como también la expansión y mejoramiento de una oferta pública (hasta el momento alicaída y limitada). No podemos aceptar que el avance de la gratuidad y el fortalecimiento de la educación pública quede condicionada a variables indeterminadas de crecimiento económico o la competencia del sistema, en consecuencia, dejadas al arbitrio de los gobiernos de turno y la capacidad de hacer publicidad de una institución. La ley debe establecer que la planificación económica se hace considerando el compromiso del Estado para asegurar una educación pública gratuita y de calidad para todos los chilenos y chilenas. Lo anterior obliga, por ejemplo, adiscutir de una vez por todas el destino de los fondos reservados del cobre que van a parar a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la ley tiene que ser clara en la eliminación del lucro. Esto significa aumentar las capacidades fiscalizadoras de la Superintendencia propuesta en el proyecto e incluir un tipo penal especial que sancione adecuadamente a quienes defrauden la ley. Pero además, no se puede permitir que el crédito con aval del Estado (CAE) continúe, pues eso significa estar entregando recursos del Estado a los bancos, conservando la perversa óptica de la “eficiencia bancaria” para cobrar a los estudiantes y mantener subordinación al modelo por la vía de la deuda familiar.

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Otro eje que guiará el debate legislativo es la democratización del sistema. Este asunto aparecerá en las propuestas de ampliación del acceso y los mecanismos de selección, como también en los gobiernos de las instituciones y la constitución de organismos autónomos a nivel de la administración estatal (Consejo Nacional de Educación, órganos acreditadores, etc.). El debate parlamentario y ciudadano tiene que hacerse cargo de estos aspectos y proponer mecanismos que aseguren la mayor participación posible de las comunidades.

Nuestra Educación Superior es reflejo de la subordinación de la cultura, de la creación y reproducción del conocimiento a los objetivos de corto plazo del modelo económico neoliberal hegemónico. Nuestro país presenta una concentración de la riqueza inédita, que lo sitúa entre los tres países con mayor desigualdad en la OCDE. Esto va a la par con una enorme concentración del conocimiento, que a su vez reproduce la desigualdad en la distribución del ingreso. La reforma de la Educación Superior con una orientación puesta en la redistribución del conocimiento, para garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de vida, requiere un cambio de orientación ético en la política y en la planificación de nuestro desarrollo económico. Es este imperativo el que debe guiar las discusiones acerca de cada uno de los artículos del proyecto presentado.

1 Doctor de Estado en Ciencias, UPMC­Paris, Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile
2 Geógrafa, Diputada de la República

Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Ricardo López Erazo

La crítica de los Rectores a la “minuta” que se les diera a conocer sobre el proyecto de Ley de Educación Superior, la reforma maestra del actual gobierno, fue concisa y concreta: la educación continuará siendo una actividad mercantilizada en nuestro país.

Los ministros(as) cierran filas en torno al proyecto: la educación superior en Chile será un derecho y no un privilegio que puedan costear algunos pocos.

La derecha y lo sectores retrógrados de la Nueva Mayoría se afilan los dientes, los primeros anunciaron, sin conocer el texto del proyecto que acudirán al Tribunal Constitucional por discriminación, los segundos ya hablan de grave error el haber anunciado la gratuidad universal para el año 2020 y se preparan a salvaguardar los intereses privados que han convertido a la educación en una de las industrias más lucrativas de nuestra economía.

Los optimistas ya hablan de una discusión (negociación) de un año y medio, los pesimistas creen que no habrá reforma de la educación superior en este gobierno.

Quisiera advertir sobre dos elementos fundamentales del Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo al Congreso.

El primero, y que da razón a los rectores, es que cuando se anuncia que la educación superior avanzará en calidad y niveles de gratuidad sólo al compás del PIB tendencial y de la recaudación (carga tributaria) se está recurriendo al gastado argumento neoliberal del “chorreo”.

Una vez más el “diablo” mete su cola. Un proyecto de esta naturaleza podría haber dado inicio a una nueva estrategia de desarrollo nacional alternativa a un modelo que ha descansado en la exportación de recursos naturales, alta concentración de la propiedad de los medios de producción y una abyecta explotación de los trabajadores.

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Lo grave de esta decisión no sólo radica en que los recursos si están, sólo bastaría establecer una priorización distinta: derogar la Ley reservada del cobre, terminar con los subsidios (regalos escandalosos) que el Estado otorga a las forestales y otras industrias.

Lo realmente grave es que, de contrabando, nos están diciendo que el modelo neoliberal no será tocado en un pelo, que las “verdades” de los “Chicago Boys” continúan irredargüibles, pese al evidente fracaso en avanzar en un país más justo y desarrollado.

No son pocos los países y economías que se han percatado de que las viejas teorías de crecimiento basado en la acumulación de capital no dan cuenta de los avances en los niveles de vida de la población, sino que el factor más importante ha sido el ritmo de aprendizaje (conocimiento, innovación) y que ese ritmo es parcialmente, sino totalmente, endógeno, es decir los países y sus economías deben crearlo.

Esos países han comprendido que uno de los objetivos, sino el más importante, de la política económica consiste en crear políticas y estructuras económicas que mejoren tanto el aprendizaje (conocimiento) como los efectos del mismo.

Si Corea hubiese creído en esas verdades neoliberales probablemente hoy sería un gran exportador de arroz, pero seguiría siendo un país pobre. Lo mismo con India, Finlandia y China.

Las economías más exitosas son aquellas que lograron no sólo desplazar hacia afuera su curva de posibilidades de producción de forma más rápida, sino que, también, se han asegurado de que la brecha entre las prácticas promedio y las mejores prácticas sea pequeña. Hay más difusión del conocimiento, más aprendizaje, y son estos logros los que, a la larga, justifican los niveles de vida más elevados.

Economistas de todo el mundo se preguntan hoy: Los mercados, por si mismos, dan como resultado un nivel y patrón eficiente de conocimiento e innovación? Si no es así, ¿cuáles son las intervenciones convenientes por parte del gobierno?

El modelo neoclásico ignora el desarrollo de conocimiento y aprendizaje, y no sólo no presta atención a la importancia de la asignación de recursos a los procesos de desarrollo de conocimiento y aprendizaje y la investigación, sino que, además, asume que todas las empresas emplean las mejores prácticas, así que no tienen nada que aprender.

Este argumento lo podemos percibir en Chile, de forma clara, cuando nos percatamos de las prácticas que utilizan industrias completas como la forestal, la salmonera, la pesquera y otras que llevan a cabo sus actividades sin ninguna consideración a las externalidades negativas (contaminación, exterminación de especies, desarrollo de pestes aniquiladoras de los recursos, entre otras) externalidades que seguirán impidiendo nuestro salto a una sociedad desarrollada.

La educación de calidad para todos no es un efecto del crecimiento, sino todo lo contrario. Una buena educación es causa del desarrollo y de la elevación del nivel de vida de la sociedad.

Por ello, colocar el crecimiento, basado en un modelo caduco de desarrollo para una sociedad como la chilena, como causa para el desarrollo de un sistema universitario de calidad es como colocar la carreta delante de los bueyes.

El segundo elemento tiene que ver con el carácter de la reforma planteada, salvo excepciones positivas, pareciera tener sólo el carácter de regulador de un estado de situación existente.

Se declara que el sistema universitario es, y seguirá siendo, un sistema mixto. Más regulado por cierto, pero esencialmente estatal y privado. Ambas partes del sistema continuarán recibiendo aportes directos o indirectos del Estado.

Lo anterior significa que la Educación Superior en Chile continuará en un “caldo” de competencia, el proyecto no incentiva la cooperación, la definición de áreas prioritarias de desarrollo del conocimiento, una vez más el libre albedrío neoliberal continuará campeando y mal utilizando nuestros escasos recursos.

Se pierde así la oportunidad de utilizar el más valioso recurso de la Universidades, la inteligencia, al servicio de la creación e implementación de una estrategia de desarrollo nacional que permita que nuestros hijos o nietos vivan en un mejor país.

A este respecto, el proyecto es demasiado débil, plantea una coordinación entre universidades estatales sin generar los incentivos necesarios para la constitución de un sistema nacional de educación superior estatal.

Una forma eficaz de avanzar en ese sentido es la conformación de un sistema (red) nacional de universidades estatales. La atomización a la que fueron reducidas por la dictadura sólo las ha debilitado, sobre todo en regiones, ello ha significado que incurran en prácticas de competencia que no han agregado valor a la sociedad, todo lo contrario.

Chile necesita que la creación, preservación y difusión del conocimiento sea pertinente a una estrategia de desarrollo nacional y también regional.

El Gobierno ha privilegiado el envío de un proyecto que será discutido en el Congreso, pero ello no limita la acción de las comunidades universitarias en razón de lograr los cambios que hagan de la Educación Superior una causa del desarrollo, de mayor equidad, de un país sustentable, de una mejor calidad de vida para los chilenos, fundamentalmente de los que vendrán.

Esta es una oportunidad de cambiar la forma de pensar, de abandonar el “sentido común” neoliberal, de hacer valer nuestra opinión.

Chile no se merece menos.