Editorial ( CdE nº19) .

 “La guerra hace que los hombres buenos hagamos cosas malas.  Y eso es natural” dijo Labbé en CNN. Por supuesto que el alcalde de Providencia no se refería al cuestionado homenaje a Miguel Krassnoff, considerado por él como algo bueno, sino que a las innumerables violaciones a los DD.HH. cometidas durante la dictadura, que al homenajeado le significaron ser condenado a 144 años de cárcel. Entre otras cosas, las palabras de Labbé presuponen que en nuestro país hubo una guerra y no una cruenta masacre de parte del ejército a trabajadores, y compatriotas en general, que eran partidarios o defendieron el gobierno del Presidente Allende, democrática y legítimamente constituido. Volviendo al homenaje, este hecho sin duda es una vergüenza nacional. Así ha sido considerado al menos por una buena parte de nuestra sociedad, incluidos trabajadores, estudiantes y parlamentarios. No obstante, no debe dejar de llamar la atención que de parte de la Derecha no haya habido un juicio categórico de condena a la manifestación convocada por Labbé, la cual constituye una abierta provocación al resto de nuestro país y, en particular, a los más cercanos de las víctimas de la dictadura. Es así como el presidente Piñera no manifestó explícita y oficialmente el repudio que esta celebración merecía. Mas aun, en principio recibió y respondió la invitación, deseándole éxito a los organizadores, y con posterioridad se desdijo responsabilizando a su asesora Andrea Ojeda por lo que calificó como un error cometido desde La Moneda. Pareciera ser una regla que primero prima la emoción y después la razón, pero cuánto de cada una de estas partes está presente en este hecho. El silencio es cómplice y también lo es cualquier intento por minimizar esta escandalosa actividad. Lo más alejado de la suspicacia, aconseja pensar que el bajo perfil que la presidencia le ha dado a esta situación obedece a la fuerte influencia que la Derecha más dura tiene en el gobierno, después de los últimos cambios en el gabinete. Este homenaje demuestra que el país todavía no recupera completamente su democracia. La ultra derecha tiene una fuerte influencia en el gobierno. De otro modo no se explica que desde la presidencia no haya habido un rechazo categórico y explícito a esta acción repudiable por la gran mayoría ciudadana.

El resultado de la partida en Educación del Presupuesto 2012 es otro hecho político que en estas últimas semanas nos ha golpeado, principalmente a quienes pertenecemos al mundo universitario. En primer lugar se destaca la insuficiencia de los montos en este importante ítem del presupuesto nacional, pero,  por otra parte, preocupa la renuencia y la intransigencia extrema de parte del gobierno para cambiar la matriz ideológica neoliberal en la educación. Se insiste en continuar favoreciendo al sector privado mediante la mantención del lucro y el financiamiento compartido. Como una muestra, entre varias otras, señalemos que la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE), en 2012  bajará de 5,6%, aproximadamente, a 2% anual. Este hecho que, sin duda será un importante alivio para las familias que sostienen la educación universitaria acreditada, no lo será para la sociedad en su conjunto, toda vez que la diferencia aproximada de 3,6% en la tasa de interés la financiará el Estado, lo cual significa que esta tasa la cancelaremos el resto de nuestra sociedad y los bancos continuarán recibiendo el suculento interés de 5,6% de parte de sus clientes cautivos, los estudiantes. Se entiende que los bancos prestan dinero con interés debido al riesgo que lleva consigo un préstamo, pero en este caso el riesgo no existe, pues el Estado asume la carga si el estudiante no paga el crédito. Dicho sea de paso, esta invención del CAE viene del gobierno de Ricardo Lagos, con la participación de sus Ministros de Educación Mariana Aylwin y Sergio Bitar. Pero algún cambio en la estructura de la educación en Chile debería haberse logrado, después de más de cinco meses de demandas estudiantiles y movilizaciones de parte de la mayoría de la ciudadanía. Lamentablemente, esto no ha sucedido así y las consecuencias son absolutamente fáciles de prever. Hoy una aparente calma pareciera haber llegado a escolares y universitarios, con lo cual también pareciera cerrarse el capítulo inicial del movimiento estudiantil. Sin embargo, no cabe duda que este conflicto no está aún solucionado y que, probablemente, a poco andar del primer semestre de 2012 las movilizaciones continuarán. El mundo estudiantil y social entiende muy bien, y así lo han manifestado, que no es posible resolver todos los problemas de la educación en el país de la noche a la mañana. Pero también estos actores sociales esperaban un golpe de timón en las directrices de las actuales políticas neoliberales en Educación, las cuales también se extienden a Salud, Vivienda y Leyes Laborales justas que garanticen dignidad y satisfacción a los trabajadores. Para lograr estos cambios ya se escuchan voces que exigen Reforma Tributaria, Nacionalización de nuestras riquezas básicas y una profunda reforma al Sistema Electoral.

Educacion Gratuita

La desmunicipalización de la Educación Escolar es otro proyecto que ingresó al Congreso nacional sin consulta al movimiento social. Por lo demás, este proyecto no vendría a resolver los problemas existentes producto de la educación escolar en manos de las municipalidades, toda vez que no establece fondos revitalizantes para el pago actual de deudas y, por consiguiente, los problemas de caja continuarán. Nuevamente la intransigencia en el mantenimiento de la matriz ideológica se hace presente: el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para que el Estado no asuma la responsabilidad que le compete en la educación escolar.

La corrupción en la empresa privada una vez más se hace presente. En efecto, a la colusión de las farmacias, la corrupción en el retail y la compraventa de acciones en la bolsa con información privilegiada, ahora se agrega la colusión de las empresas productoras de pollos. Los problemas políticos, sociales y económicos que vive nuestra sociedad tienen una única gran causa, a saber, el modelo económico neoliberal instaurado por la dictadura de Pinochet, pero mantenido como si fuera una religión por los gobiernos de la Concertación y el actual gobierno de derecha. Las nefastas consecuencias del neoliberalismo parecieran no detenerse con nada. El recién pasado 6 de diciembre, El Mercurio (página B7) publicó un artículo señalando que los países de la OCDE han alcanzado los mayores niveles de desigualdad en 30 años, aumentando los índices de inequidad en 10%. La pregunta inmediata que naturalmente surge es quién lleva la delantera en este vergonzoso ranking. La respuesta es Chile con coeficiente Gini de 0,49 en la escala de 0 a 1. Por las razones expresadas en este último párrafo y otras no mencionadas aquí, la necesidad de establecer un Gobierno de Nuevo Tipo, que desista de la receta neoliberal, es para nuestro país una necesidad ineludible.

La irresistible ascensión del lucro en el sistema Universitario Chileno. Por Osvaldo Fernández y Ricardo López

I. Breve historia del avance del lucro como tendencia en un sector de las universidades chilenas.

Vamos a hablar del lucro tal como éste ha venido desarrollándose y contaminando la educación superior chilena, y particularmente la universitaria, desde 1981. Antes de esa fecha el lucro no era un objetivo para la educación universitaria en Chile. Junto a las universidades Estatales públicas existían, ciertamente, instituciones privadas, pero su objetivo era más bien ideológico, y obedecían a sectores privados, por lo general católicos o masones preocupados por intervenir en esta función, desde los intereses culturales de estos sectores.

Es a partir de 1981, que uno de los objetivos principales de la dictadura, se comienza a cumplir y desde esa fecha se inicia lo que podríamos llamar, el desmantelamiento de todo el servicio público chileno. Como consecuencia se abandonan por parte del Estado las políticas públicas, tanto en el ámbito de la educación, como en el de la salud y también en la previsión. Surgen en el plano de la previsión las AFP; ellas lanzan los fondos de pensiones a los vaivenes del mercado y a la especulación; en el ámbito de la salud aparecen las Isapres, mientras que en el campo de la educación, se hace posible la existencia de universidades privadas de nuevo cuño, entre las cuales unas se orientaron claramente hacia el lucro, a pesar de que había una ley que lo impedía.

El zarpazo fue total en el terreno de la previsión y, en cierto modo mixto, en el plano de la salud, donde podemos decir que hubo una política de resguardo, por lo menos durante el gobierno de la presidenta Bachelet. En la educación el proceso fue más lento, pero hay que decir que la privatización y el sector que lucraba se fue ampliando y haciendo cada vez más competitivo.

Tal proceso tuvo como correlato la disminución programada y creciente del aporte fiscal a las UES estatales, que antes de 1981 era total. Esto que comienza durante la dictadura, se va a continuar a través de los gobiernos de la Concertación, llegando a la situación actual que, en lo que concierne a la U de Valparaíso, es apenas un 6% entre el aporte fiscal directo y el indirecto. Debido a que el Estado fue eliminando su aporte y responsabilidad respecto de la educación superior, proceso que se continuó en los primeros gobiernos de la Concertación, las propias universidades estatales comenzaron a vivir una tensión casi insostenible entre la presión del mercado, y su deber como institución de servicio público.

Gran parte de las universidades privadas se crean a fines de la década del 80, entre el triunfo del NO y la instalación del gobierno del presidente Aylwin. La premura de esta medida explica que para el sector político que apoyó la dictadora, en especial la UDI, este fuera un tema importante, que estuvo probablemente entre los puntos del pacto que dio inicio a la democracia cautelada que siguió a la dictadura.

Alrededor del año 2007, la crisis de varias universidades, como la Valparaíso y la UPLA, además de otras universidades del país, evidenciaron el desastre de esta política en las UES estatales que no eran negocios, que habían ido siendo privatizadas y que no podían serlo, plenamente amarradas como estaban a diversas trabas burocráticas administrativas.

II. ¿Cómo se lucra, o mejor dicho, cómo se logro burlar la ley que hablaba de universidades sin fines de lucro, y se lucró?

a)  Explotando a los profesores, profesores jóvenes o jubilados que trabajan por horas, sin previsión, sin salud, sin existencia “ciudadana” en las universidades. Condenados a un trabajo precario con “contratos” que establecen explícitamente que la relación es de carácter civil y no laboral

b)   A través de donaciones con las cuales se eluden impuestos. Los Yarur en la Universidad de los Andes. Lavín y Larroulet en la Universidad del Desarrollo.

c)   Estafando a los estudiantes, en especial a aquellos que no han podido entrar a las universidades principales por su bajo puntaje. Algunas universidades, como la de las Américas, se han especializado en este sector, y en ese sentido son comparables a la Polar. La suma de deserciones (por razones económicas) y fracasos académicos supera el 60% en promedio en estas universidades con fines de lucro.

d)   Estafando a la sociedad al ofrecer y dictar carreras que no aportan ningún valor agregado para el desarrollo de nuestro país.

e)    Disminuyendo la duración de las horas de clases, o las semanas de trabajo. Cobran lo mismo, pero pagan menos a los profesores, aprovechan mejor las instalaciones.

f)    Los aportes, inicialmente de familias, o de grupos ad hoc que se iban instalando para intervenir en este nuevo, creciente y próspero negocio, muy pronto comenzaron a ser reemplazados por los de consorcios extranjeros. La actividad pasó de esa manera a manos del capital financiero. Todos los argumentos que se dan en defensa del lucro olvidan este aspecto, entregando la versión idílica que siempre ha entregado el capital industrial. La presencia de los consorcios extranjeros, en más o menos el 10% del alumnado chileno. La Apolo, la Laureate y la Southern Cross. En la Andres Bello, la de las Américas, la Santo Tomás, la Uniac, la Viña del Mar, la del Mar (a la cual se trasladaron lo inversionistas que hasta 2008 eran dueños de la Polar).

g)   Recientemente la Comisión Nacional de Acreditación reacreditó por tres años a la Universidad de Viña del Mar. Al parecer no consideró como incumplimiento grave el hecho de que las horas lectivas en dicha universidad son hoy de 35 minutos. Esta reducción se ha implantado ya desde hace dos años y no ha existido una modificación acorde de los programas y contenidos. Los profesionales que egresan de la UVM tienen en promedio un 22% menos de horas de clases presenciales, y probablemente la suma de horas lectivas no alcanza a cumplir con los requisitos mínimos que exigen las carreras de pregrado para otorgar grado de licenciatura y títulos profesionales de pedagogía, ingeniería, etc.

De lo dicho se desprende que uno de los puntos decisivos de la contrapropuesta sea la instalación de un aporte basal progresivo que vaya a la reinstalación en  Chile de la educación pública y gratuita. Esto es exactamente lo contrario del lucro y una manera de erradicarlo definitivamente.

Chile: hacia un mejor derecho a la educación

Estudio comparativo de la UNESCO sobre legislación educativa:

Chile: hacia un mejor derecho a la educación

  • Foto: ©UNESCO / Carolina Jerez

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), condujo el estudio “El derecho a la educación: una mirada legislativa comparada” enfocado en los marcos jurídico-legales que rigen los sistemas de educación de Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile, con énfasis en este último país. “Tenemos el propósito de seguir apoyando a los países de nuestra región en la implementación de acciones que permitan avanzar hacia el derecho a una educación de calidad para todos y todas” afirmó Jorge Sequeira, Director de la OREALC/UNESCO Santiago.

El estudio fue liderado por Vernor Muñoz, ex Relator Especial de la ONU para el derecho a la educación (2004-2010) y miembro del Consejo Deliberativo del Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación. En su elaboración también colaboró el equipo del Ministerio de Educación de Chile junto con otros actores relevantes.

El foco del trabajo estuvo en la revisión del marco conceptual y normativo del derecho a la educación, y en el análisis de la situación desde sus principales ejes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. A partir de estos elementos, se explicitan las obligaciones del Estado relativas al derecho a la educación y su aplicación específica. El estudio señala que los objetivos de la educación determinan prioridades institucionales que incluyen el desarrollo curricular, por un lado, y por otro la naturaleza y alcance de la gestión educativa, que requiere de un financiamiento adecuado para sentar las bases de un avance progresivo que garantice la gratuidad de la educación.

Desafíos y oportunidades para Chile

“Los desafíos que enfrenta el sistema educacional chileno son el resultado de un largo proceso histórico que ha visto pasar varias administraciones de Gobierno. Por esto, las transformaciones requeridas deben ser consensuadas y formuladas por todos los actores sociales y trascender agendas políticas, de manera que emerja una visión y un proyecto país a largo plazo, en el cual el diálogo social positivo se convierta en el garante para formular las soluciones que se necesitan”, señaló Jorge Sequeira, director de la OREALC/UNESCO Santiago.

“Si bien el derecho a la educación está incorporado al bloque constitucional de la mayoría de los países, se entiende de diferentes maneras. En Uruguay tiene más un sentido de utilidad pública, en Argentina tiene más un sentido de protección y garantía; y en Chile está más cercano al fomento de actores claves vinculados con la libertad de enseñanza. Esto arroja una necesidad adicional que es construir un lenguaje común en torno al derecho de la educación” afirmó Vernor Muñoz, autor del estudio.

En el caso de Chile, y considerando que ya cuenta con procesos de supervisión y control, el estudio señala que un paso importante será enriquecer su legislación para responder de una mejor manera al desafío de ofrecer igualdad de oportunidades de educación para todos y todas.

Otro elemento positivo que se destaca es que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes. Sin embargo, se advierte la necesidad de revisar las pruebas de admisión, ya que estas “establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad”.

Además, otro punto a resaltar del sistema chileno son las becas y subvenciones que buscan contribuir a la igualdad de oportunidades. El estudio señala que estas prácticas positivas ven disminuido su impacto dado un contexto aún insuficiente de la educación como un bien público. De ahí que las controversias actuales giren en torno a consideraciones económicas, apartándose del significado y propósito del derecho a la educación.

Lo que viene

El estudio muestra que las legislaciones de Argentina y Uruguay son explícitas en restringir que la educación sea tratada como un bien de consumo. Por su parte, la Constitución chilena enfatiza la protección del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos e hijas, mientras que la finlandesa otorga garantía de oportunidades educativas y la uruguaya acentúa la utilidad pública de la educación. Es decir, dado que en Chile la ley deposita en los padres y madres un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación y ofrecer una educación de calidad, el rol del Estado debe ser reforzado como garante institucional de este derecho.

Durante su visita a Chile, Vernor Muñoz compartió los hallazgos y el análisis de su estudio con el Ministro de Educación, Felipe Bulnes, y su equipo, con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, senadores, estudiantes secundarios, apoderados, representantes de la sociedad civil, académicos y agencias del sistema de Naciones Unidas en Chile.

Este estudio, contempla acciones de seguimiento en colaboración con el Ministerio de Educación de Chile. Esta continuidad permitirá monitorear transformaciones progresivas del sistema educacional chileno. “El sistema educacional chileno siempre ha sido un referente para otros países y creemos que los avances que aquí se generen servirán de modelo para otros países que también están trabajando para mejorar el derecho a la educación” afirmó Jorge Sequeira, director de la OREALC/UNESCO Santiago.

Descargue el estudio
El derecho a la educación: una mirada comparativa. Argentina, Uruguay, Chile y Finlandia
(PDF, 425 kb)

Entrevista a Vernor Muñoz
Ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación

Para más información:
Victoria Uranga Harboe v.uranga@unesco.org
Tel. 472 46 14 – 472 46 07 – 472 46 06
Coordinadora de la Sección de Gestión del Conocimiento
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC/UNESCO Santiago)

Fuente:http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=15032&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

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