Apuntes acerca del Tribunal Constitucional. Juan Marcos Galleguillos Miranda

1.- Antecedentes

Aunque existían algunos antecedentes anteriores, de organismos semejantes a los Tribunales Constitucionales, tales como la Alta Corte Constitucional en Austria en la Constitución de 1920 y el Tribunal de Garantías Constitucionales establecido por la Constitución Española Republicana de 1931, es con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial que se generaliza el establecimiento y creación de Tribunales Constitucionales, como reacción a los graves crímenes contra la Humanidad cometidos por regímenes fascistas llegados al poder al amparo de la Constitución y las leyes imperantes en esos países, es significativo que Hitler llegara al poder bajo la vigencia formal de la Constitución de Weimar. Tras la Segunda Guerra Mundial se toma conciencia de la necesidad de reforzar la normatividad de la Constitución, sobre todo frente al legislador y de potenciar el sometimiento de todos los poderes públicos a los valores materiales implicados en la noción clásica de los derechos humanos. En este contexto, resultan muy importantes los textos constitucionales aprobados precisamente en los países donde triunfó el fascismo: la Constitución italiana de 1947 y la Constitución alemana (Ley Fundamental de Bonn) de 1949, ambas todavía vigentes, contienen preceptos irreformables (cláusulas de intangibilidad), crean un Tribunal Constitucional competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, y contienen un completo catálogo de derechos.

En Chile, el Tribunal Constitucional fue incorporado a la Constitución de 1925 el año 1970, con la Ley de Reforma Constitucional N° 17.284 del 04 de noviembre de 1970.

Hasta esa fecha velaban por la supremacía de la Constitución, con carácter preventivo, en el orden administrativo, y solo en virtud de un mandato de la ley, la Contraloría General de la República y, a posteriori, la Corte Suprema, en ejercicio de la facultad de declarar inaplicable, para un caso particular, un precepto legal que pugnara con la Norma Fundamental.

Mientras en el derecho comparado la creación de Tribunales Constitucionales se había generalizado, en Chile la mayoría de los intentos había fracasado.

En 1964, el Presidente Frei Montalva, presentó al Congreso un proyecto de Reforma Constitucional, que no consultaba la creación de un Tribunal Constitucional, sin embargo, durante el debate se evidenció la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional de alta jerarquía, distinto de la Corte Suprema, destinado a resolver los conflictos jurídicos que surjan entre los poderes del Estado. No obstante, como ya se dijo, el Tribunal Constitucional, solo nacería a la vida institucional en 1970.

El Tribunal Constitucional, creado ese año, ejercería sus funciones solo hasta noviembre de 1973, fecha en que fue disuelto mediante el Decreto Ley N° 119.

2.- Criterios que deben considerarse al establecer un Tribunal Constitucional

Los principales problemas que el constituyente encontrará para su establecimiento, frente a los cuales debe optar, púes existen diversas soluciones, son:

a.- En cuanto a su integración, en que puede escogerse entre una composición de carácter predominante política o predominante judicial. La elección dependerá de la apreciación que se tenga acerca de si su competencia incide en controversias de índole estrictamente jurídica o política, o de una mixtura de ambas.

b.- Para su organización deberá precisarse el plazo de duración de sus integrantes, si su renovación será total o parcial, las calidades que aseguren la aptitud adecuada para la función, las incompatibilidades e inmunidades que consagren su independencia.

c.- En lo que atañe a la extensión de sus atribuciones, las opciones varían: 1) en convertirlo en un órgano exclusivamente encargado de velar por la supremacía constitucional, o 2) asignarle otras funciones de importancia para la aplicación de la Carta Fundamental, tales como el resguardo del orden institucional, pronunciarse en torno a ciertas inhabilidades para ejercer el cargo de Ministro de Estado, declarar inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, entre otras.

d.- Si su función tendrá un carácter puramente preventivo, o sea, antes de la vigencia de la norma jurídica, o, por el contrario, podrá actuar con posterioridad a su vigencia.

e.- Debe determinarse quienes podrán requerir la actuación del Tribunal y formularle peticiones. Si la facultad se entregará exclusivamente a los órganos públicos fundamentales, o incluso a las personas, sociedades u organizaciones puramente privadas. Si resulta conveniente establecer una acción popular.

f.- El plazo dentro del cual podrá deducirse el requerimiento, si el procedimiento será contradictorio o investigativo, si su presentación suspende o no el curso normal de los preceptos o actos sujetos a control.

g.- Respecto al efecto de sus resoluciones, si ellas tendrán alcance general (erga omnes) o solo particular (inter partes).

En el articulado de la Constitución, que actualmente nos rige, relativo al Tribunal Constitucional, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se buscó dar respuestas a todas estas cuestiones.

3.- El Tribunal Constitucional en la Constitución de 1980

En realidad, la Constitución, actualmente vigente, es la promulgada por el Presidente Lagos el 2005, con las reformas constitucionales que su Gobierno propuso y que se aprobaron, entre otras, en lo tocante al Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional se encuentra establecido en el Capítulo VIII de la Constitución Política de la República y va desde el artículo N° 92 al artículo N° 94, en los que norman la principales materias señaladas en el punto anterior, quedando algunas para la Ley Orgánica Constitucional que lo regula.

En el artículo N° 92 se resuelve la cuestión sobre la composición, quedando, de acuerdo al inciso N° 2 del artículo en comento, en que es predominantemente judicial, por las calidades y requisitos que se exigen a sus integrantes, sin embargo, el que intervengan en su designación el Presidente de la República, letra a) del inciso N° 2 del artículo N° 92, nombrando 3 integrantes y el Senado y la Cámara de Diputados designando 4 integrantes, letra b) del mismo inciso y artículo; que en total suman 7 de los 10 integrantes que establece el inciso N° 1 del artículo N° 92, le da a esta elección de los integrantes un carácter eminentemente político, lo que ha ocurrido en la práctica con la repartición binominalista de los cargos. Los tres restantes los elige la Corte Suprema. Durarán 9 años en el cargo, son inamovibles y cesarán en sus funciones a los 75 años.

En el penúltimo inciso del artículo N° 92 se establece la forma de funcionamiento del Tribunal que será en pleno o divido en 2 salas, el cuórum mínimo para sesionar será de 8 miembros y sus acuerdos se adoptarán por simple mayoría.

En el artículo N° 93 se establecen las atribuciones, enumerándose 16, en que además de otorgársele la exclusividad en el resguardo de la supremacía constitucional se le dan todas la atribuciones que describimos en el N° 2 de la letra c) del punto anterior, esto es: resguardo del orden institucional (N° 10 del artículo); pronunciarse en torno a inhabilidades para ejercer el cargo de Ministro de Estado ( N° 13 del artículo); declarar inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios ( N° 14 del artículo) ; entre otras ( Nros. 11, 12 etcétera).

Tiene atribuciones de control preventivo, N° 1 del artículo N° 93, al ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes que interpreten la Constitución, sobre las leyes orgánico constitucionales y sobre los tratados internacionales que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación. Ejerce el control a posteriori, en el caso del N° 2 del artículo N° 93, al resolver sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley y tratados sometidos a la aprobación del Congreso; también cuando resuelve sobre la inaplicabilidad de un precepto legal en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, N° 6 del artículo N°93.

En el inciso N°2 y siguientes de este artículo N°93, se establece quienes están habilitados para recurrir ante el Tribunal y requerir su pronunciamiento, eventualmente, según la materia, puede recurrir el Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, 10 de los miembros de de las Cámaras, cualquier persona que sea parte en un juicio que esté conociendo un Juez y se concede acción popular respecto de las situaciones que se presentan en los números 10 y 13.

Finalmente, en el artículo N° 94, se establecen los efectos que tendrán las resoluciones del Tribunal Constitucional, contra las que, en primer lugar, no procederá recurso alguno, sin perjuicio de la facultad del mismo Tribunal para rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.; las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley. Esto último es muy importante para el análisis de las actuaciones del Tribunal.

4.- Sobre algunos pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional

Recientemente el Tribunal se ha pronunciado sobre tres proyectos de ley aprobados totalmente por el Congreso y que versaban sobre materias de gran interés. a) La ley sobre despenalización del aborto en tres causales; b) La ley sobre el SERNAC y c) La ley sobre la educación superior.

En el caso de la ley sobre despenalización del aborto, si bien el Tribunal no declaró inconstitucional ninguno de sus preceptos, introdujo la dudosa noción de objeción de conciencia institucional, otorgándole así a las personas jurídicas una cualidad específica de las personas naturales, pero lo más grave es que para hacerlo se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones, en efecto, la Constitución lo faculta para declarar inconstitucional un precepto, impidiendo así que entre en vigencia, que exista como ley, no lo autoriza a modificar la ley completándola, ampliándola o adicionando partes al texto original, cambiando su sentido, o haciéndolo decir cosas que no decía originalmente, en suma no lo autoriza a actuar como legislador.

En caso de la ley del SERNAC, también hay aspectos de gravedad, que ponen en cuestión el funcionamiento y operación de, prácticamente, todos los organismos fiscalizadores del Estado, ya que su argumentación fue que la ley otorgaba al SERNAC las atribuciones de juez y parte y, además, de sancionar, pero resulta que este es el marco legal, juez y parte y sancionador, con el que operan, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Superintendencia de Salud, Superintendencia de Sociedades Anónimas, etc. Esta decisión del Tribunal puede traer serias como consecuencias en el futuro.

Por último, en caso del artículo N° 63, el Tribunal argumentó que la prohibición para que instituciones con fines de lucro actuarán como controladores de universidades, atentaba contra la libertad de enseñanza, consagrada en el N° 11 del artículo N° 19 de la Constitución, que establece el derecho de abrir organizar y mantener establecimientos educacionales, así como también, a la libertad de asociación, en circunstancias que, lo que el artículo N° 63 prohibía era el lucro el control de las universidades por parte de entidades con fines de lucro, en concordancia con la ley de universidades de 1981, que prohíbe el lucro en éstas, en consecuencia no afecta los derechos señalados, ya que estos si se pueden ejercer.

Pero lo más grave, respecto de estas dos últimas situaciones, es que el Tribunal actuó a requerimiento de un “téngase presente”, en el caso de la ley del SERNAC, de la Cámara de Comercio de Santiago, y en el caso de la ley de educación, del Consorcio de Universidades Privadas, incumpliendo lo establecido en el inciso N° 4 del artículo N° 93, en cuanto a que el Tribunal solo podrá conocer de esta materia, proyectos de ley, a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio. No existe en esta materia, el derecho de las personas o u otras entidades, a requerir el pronunciamiento del Tribunal y la vía del téngase presente, que es solo eso, una comunicación al destinatario, para lo que estime pertinente, no está considerada en la normativa que rige al Tribunal, se trata solo de un artilugio para entrar a conocer, sin haber sido requerido de acuerdo a la Constitución.

Juan Marcos Galleguillos Miranda

Abogado

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Editorial (CdE nº41)

“Los señores políticos”

De esa forma se refería el dictador Pinochet a los políticos nacionales de la época. La burda ironía pretendía justificar el cierre del Congreso, la destrucción de los registros electorales y la ilegalidad de los partidos políticos vigentes en esa época.

Transcurridos dos años, y una vez consolidada su posición de poder en la Junta de Gobierno, procedió a despedir a Almirantes y Generales que lo secundaban en tareas de gobierno.

¿A quienes llamó? A una parte de esos “señores políticos”. De esa forma llegaron al Gobierno personajes como Sergio de Castro, Jaime Guzmán, José Piñera, entre otros.

¿A que los llamó? A emprender la contrarrevolución más importante de la historia de Chile.

A los otros “señores políticos” los persiguió, encarceló, torturó, asesinó e hizo desaparecer sus cuerpos.

¿Cuál era la diferencia entre estos señores políticos? La clase social a la cual servían.

Los de Castro, Guzmán y Piñera fueron criados, educados y desarrollados como agentes políticos al servicio de la clase que en nuestro país detenta la propiedad del capital.

Los perseguidos y asesinados eran políticos que defendían los intereses de aquellos cuyo único bien era su fuerza de trabajo, la clase trabajadora.

Con el tiempo, los defensores del capital ya no serían reconocidos como “políticos” sino como patriotas en busca de una patria mejor. Los otros continuarían siendo motejados como políticos.

Los “patriotas” cometieron todo tipo de tropelías y delitos. De Castro sería el “chicago boy” que privatizaría toda actividad económica con total prescindencia de los intereses nacionales. Guzmán sería el artífice del nuevo modelo constitucional que permitiría que los dueños del capital continuaran haciendo lo que quisieran, aún cuando no tuvieran las mayorías políticas. Piñera fue el causante de los más certeros golpes a los intereses de la clase trabajadora, su “Plan Laboral” y la implantación a punta de bayoneta de sistema privado de pensiones (AFP) retrotraerían a los trabajadores chilenos a sus condiciones de existencia de comienzos del siglo XX.

Habida cuenta de lo anterior, y dirigiéndonos a los votantes del Frente Amplio, sostenemos que no existe “una clase política”, lo que hay son políticos que defienden los intereses del capital y políticos que defienden los intereses de los trabajadores.

Jaime Guzmán dejó como herencia a su partido, la UDI, manuales de cómo comportarse frente a problemas de sus seguidores, si se trata de delitos: “todos los cometen, en eso son todos iguales”.

La prensa y TV chilena acogió la recomendación y comenzamos a escuchar y leer sobre la existencia de “una clase política”, por supuesto transversalmente corrupta.

En la tradición política de Alejandro Guillier encontramos a Presidentes como José Manuel Balmaceda, derrocado con una guerra civil, a Pedro Aguirre Cerda que instalara en Chile un sistema educacional que nos llenó de orgullo durante buena parte del siglo XX y creara la CORFO como el gran tren de desarrollo manufacturero de nuestro país, a Eduardo Frei Montalva que “chilenizó” el cobre e inició una profunda reforma agraria y a Salvador Allende, que continuando las reformas de Frei logró nacionalizar el cobre y avanzó en derechos del pueblo campesino.

No debemos olvidar que en esa misma tradición política encontraremos a dirigentes como Luis Emilio Recabarren, Clotario Blest, Manuel Bustos y Gladys Marín, entre otros.

En la tradición política de Piñera, encontraremos a Jorge Alessandri, a su hermano José Piñera y al dictador Augusto Pinochet, todos políticos que defendieron los intereses del capital y menoscabaron al máximo los intereses del pueblo trabajador.

Es de esperar que Beatriz Sanchez termine pronto su estado de reflexión y se sume, llamando a sus votantes, al lado de los políticos de la clase trabajadora. En Chile sabemos que los cambios profundos y veloces requieren de tiempo y mayorías consistentes.

N de la R.

Al cierre de esta edición la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez que obtuviera el 20% de la votación de primera vuelta, ha hecho público su apoyo a Alejandro Guillier en la segunda vuelta del 17 de diciembre próximo.

 

 

 

Editorial (CdE n°38)

Los resultados de las últimas elecciones municipales provocaron sorpresa y desconcierto, tanto en las filas de la Nueva Mayoría, la que fue considerada la gran perdedora de este evento electoral, como también en la Derecha, o sea Chile Vamos más otros grupos políticos pequeños tales como Evópoli, Amplitud y PRI. Estos últimos celebraron con eufórica alegría lo que consideraron, y en efecto fue, un triunfo tan importante como poco esperado. En efecto, porque tanto vencedores como vencidos, no previeron semejante resultado (recordemos una singular apuesta entre comentaristas de un buen programa de análisis político, en el que dos de ellos, ambos de derecha, diferían solo en la magnitud del triunfo de Carolina Tohá en la comuna de Santiago. Aun hoy, ya con los porcentajes sobre la mesa, no existe consenso sobre la razón de semejante desenlace.

En todo caso, las encuestas previas a la elección y las diversas interpretaciones que de ellas se hicieron estuvieron bastante lejos de la realidad. Quizás, estos pronósticos fracasaron porque en Chile funciona una lógica un tanto irracional, al igual que en otros lugares del mundo donde ha ocurrido algo similar. Los análisis previos a las elecciones no tomaban en cuenta una serie de acontecimientos de carácter político, ético, moral, delictual y de otro carácter, que estaban a la orden del día del acontecer político social del país. Algunos de reciente data, otros más antiguos inclinaban la balanza en favor de un posible triunfo de la Nueva Mayoría. Entre estos acontecimientos se consideraba, por ejemplo, la magra votación obtenida por la Derecha en la última elección presidencial. Sin duda, esto podría ser un indicador a considerar. Muchos coincidían en que sería difícil de revertir esta votación, tal vez la votación giraría en un más o en un menos, pero no muy distante y alrededor de aquél. Sin duda, otro acontecimiento negativo para las aspiraciones de la Derecha, fue las revelaciones del modo como la derecha económica financiaba sus partidos políticos, a saber a Chile Vamos y a los pequeños grupos políticos ya mencionados. La cuestión del dinero y la política. Desde siempre ésta ha sido la práctica habitual de los partidos de la elite económica, ante la escasez de argumentos sobre la calidad de sus ideas, se ven obligados a hacer uso del dinero. Hoy en día, el escrutinio de la ciudadanía pareciera dificultar este mecanismo de acción política y como consecuencia, esta vez les fue más difícil mantener los delitos ocultos, por la magnitud del escándalo y los personeros comprometidos, de manera tal que hasta El Mercurio, su principal órgano ideológico nacional, tuvo que publicarlos. En íntima relación con esta situación y mientras los medios de comunicación se veían forzados a informar sobre estos delitos, al mismo tiempo tenía lugar un desfile de formalizaciones por gravísimos casos de cohecho, protagonizado por distintos y connotados dirigentes de Derecha y altos funcionarios o ministros del gobierno de Piñera.

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Ante esta grave situación, la Derecha opta como estrategia la renuncia de la casi imposible tarea de defenderse ante las acusaciones mencionadas. No obstante, apoyada por su gigantesco aparato comunicacional, opta por enlodar a todos los sectores políticos, en un intento de confundir a la ciudadanía y de convencerla con lo de “aquí somos todos iguales”. Incluso, aunque sin éxito, intentaron dañar la imagen incorrupta del Partido Comunista de Chile.

El caso más emblemático, ocurrido con posterioridad a las elecciones, es el correspondiente al expresidente Piñera, quien siendo presidente en ejercicio, en medio del fallo de La Haya, aparece involucrado en la compra de acciones de la empresa pesquera peruana Exalmar S.A. Esta operación convirtió a Piñera en el segundo dueño de dicha empresa, la cual en su condición de peruana puede disponer ahora de riquezas marítimas chilenas y que, luego del fallo, son incorporadas al patrimonio natural de Perú.

Continuando con la lógica de la irracionalidad, Piñera como candidato de la Derecha continúa en primer lugar en las encuestas. No obstante, su suerte no está echada, el senador Guillier en estos últimos meses ha mostrado un repunte que complica las aspiraciones del expresidente y del conglomerado derechista que lo apoya. En todo caso, la manipulación encubierta en estas encuestas es conocida. La diferencia solo está en que, en este último tiempo, ésta ha sido demasiado evidente.

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Esperemos que la voluntad ciudadana, en la próxima elección presidencial, le doble la mano a esta nefasta irracionalidad y a la intencionalidad de las encuestas.

 

Ley Reservada del Cobre. Por Ricardo López Erazo

La prensa nacional se refiere en breves palabras al hecho histórico, cuando el balance de CODELCO consigna pérdidas para este año 2016, de que haya tenido que recurrir a endeudamiento para pagar el 10% de sus ventas a que está obligada por la Ley Reservada del Cobre.

La Ley Reservada del Cobre fue dictada el 11 de abril de 1975, por la Junta de Gobierno encabezada por Augusto Pinochet. Esta ley señala que el 10% de los ingresos totales anuales de CODELCO deben entregarse al financiamiento de las FF.AA.

Si este 10% resultara inferior a US$ 90 millones en un año entonces el Fisco deberá completar el faltante y al efecto, deberá consignarse un ítem excedible en la Ley de Presupuesto de la Nación cada año.

El inciso 2° de la Ley especifica que las entregas de estos fondos “se harán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación”.

El artículo 7 señala que los recursos no se incluirán en la contabilidad general de la Nación.

Durante los últimos diez años CODELCO ha debido entregar un promedio anual de US$ 1.216 millones (US$ de 2015). Estos recursos equivalen al 70% del gasto fiscal en atención primaria de salud, recurro a este ejemplo porque es conocido el acuerdo de especialistas en cuanto a que la solución del problema de salud en Chile pasa primero por fortalecer, precisamente, la salud primaria.

La Contraloría General de la República ejerce controles “reservados” a las FF.AA., no puede publicar los resultados de auditorías, impidiendo así un control social sobre estos enormes fondos. Contraloría no puede revelar hallazgos como reparos, sumarios o denuncias, ni los resultados de su gestión contralora como condenas penales, reintegros al Fisco o multas.

Mientras el Ejecutivo y el Congreso discutían arduamente la ley de presupuesto 2016, la ley de reajuste de las remuneraciones de los trabajadores públicos y sobre los fondos para asegurar una apropiada ayuda a las Universidades Públicas (incluida la gratuidad), hemos sido testigos de mensajes conocidos:

  • La situación económica está mal, hay que apretarse el cinturón.
  • No hay un “puto peso”.
  • Se puede hacer más con menos, solo hay que saber gestionar.
  • Chile no está para despilfarros.
  • Hay que respetar la regla fiscal.
  • Y un largo etcétera.

El que CODELCO una empresa pública tenga que endeudar al Estado Chileno, por ende a todos los chilenos, para financiar la compra de armamento y otros activos que hacen las delicias de las FF.AA, no produce la misma discusión.

En esto, a pesar de los despilfarros, robos, estafas y coimas que estos ingresos han producido y que son de público conocimiento, no hay refriega, no hay discursos destemplados. Recientemente una comisión investigadora de la Cámara de Diputados estableció que las operaciones fraudulentas descubiertas en 2015 habían significado la desaparición de US$ 5.000 millones de estos fondos.

Ni siquiera, a propósito de la reciente capitalización de CODELCO por US$ 975 millones, se considera los efectos de este multimillonario gasto en la sagrada “regla fiscal”, creada bajo el gobierno de Ricardo Lagos.

Los apretones de cinturón sólo corren para la sociedad civil, las familias, los trabajadores, las universidades públicas, nunca para las FF.AA.

A pesar de todos los delitos que se han cometido con dineros de esta famosa Ley, aquí la derecha no exige nada: “ellos saben gestionar, no hay despilfarro, la situación económica permite el gasto (inversión dicen ellos) porque Codelco es una empresa de clase mundial y tiene acceso a buenos créditos en el mercado internacional”. Durante los últimos cuatro años Codelco ha emitido bonos de deuda por US$ 2.400 millones, en este mismo período ha pagado US$ 1.574 millones por concepto de esta ley. Durante 2016 tiene una pérdida acumulada de US$ 18 millones.

Cuando en nuestro país, la palabra probablemente más utilizada, por tirios y troyanos, es TRANSPARENCIA mantenemos esta Ley Reservada que es la antítesis de lo que la sociedad pretende.

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No podemos seguir permitiendo que esta mochila impuesta en dictadura siga carcomiendo a nuestra principal empresa pública.

El financiamiento de las FF.AA. debe provenir de tributos corrientes, cumpliendo tres elementos básicos: que los que tienen más paguen más, que exista injerencia social sobre ese gasto y que esos dineros sean fiscalizados en su aplicación por la Contraloría General de la República, de la misma manera como lo es para todo el aparato estatal en Chile. Éste fue un tema relevante en los encuentros locales, provinciales y regionales convocados para discutir una nueva Constitución.

Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Ricardo López Erazo

La crítica de los Rectores a la “minuta” que se les diera a conocer sobre el proyecto de Ley de Educación Superior, la reforma maestra del actual gobierno, fue concisa y concreta: la educación continuará siendo una actividad mercantilizada en nuestro país.

Los ministros(as) cierran filas en torno al proyecto: la educación superior en Chile será un derecho y no un privilegio que puedan costear algunos pocos.

La derecha y lo sectores retrógrados de la Nueva Mayoría se afilan los dientes, los primeros anunciaron, sin conocer el texto del proyecto que acudirán al Tribunal Constitucional por discriminación, los segundos ya hablan de grave error el haber anunciado la gratuidad universal para el año 2020 y se preparan a salvaguardar los intereses privados que han convertido a la educación en una de las industrias más lucrativas de nuestra economía.

Los optimistas ya hablan de una discusión (negociación) de un año y medio, los pesimistas creen que no habrá reforma de la educación superior en este gobierno.

Quisiera advertir sobre dos elementos fundamentales del Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo al Congreso.

El primero, y que da razón a los rectores, es que cuando se anuncia que la educación superior avanzará en calidad y niveles de gratuidad sólo al compás del PIB tendencial y de la recaudación (carga tributaria) se está recurriendo al gastado argumento neoliberal del “chorreo”.

Una vez más el “diablo” mete su cola. Un proyecto de esta naturaleza podría haber dado inicio a una nueva estrategia de desarrollo nacional alternativa a un modelo que ha descansado en la exportación de recursos naturales, alta concentración de la propiedad de los medios de producción y una abyecta explotación de los trabajadores.

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Lo grave de esta decisión no sólo radica en que los recursos si están, sólo bastaría establecer una priorización distinta: derogar la Ley reservada del cobre, terminar con los subsidios (regalos escandalosos) que el Estado otorga a las forestales y otras industrias.

Lo realmente grave es que, de contrabando, nos están diciendo que el modelo neoliberal no será tocado en un pelo, que las “verdades” de los “Chicago Boys” continúan irredargüibles, pese al evidente fracaso en avanzar en un país más justo y desarrollado.

No son pocos los países y economías que se han percatado de que las viejas teorías de crecimiento basado en la acumulación de capital no dan cuenta de los avances en los niveles de vida de la población, sino que el factor más importante ha sido el ritmo de aprendizaje (conocimiento, innovación) y que ese ritmo es parcialmente, sino totalmente, endógeno, es decir los países y sus economías deben crearlo.

Esos países han comprendido que uno de los objetivos, sino el más importante, de la política económica consiste en crear políticas y estructuras económicas que mejoren tanto el aprendizaje (conocimiento) como los efectos del mismo.

Si Corea hubiese creído en esas verdades neoliberales probablemente hoy sería un gran exportador de arroz, pero seguiría siendo un país pobre. Lo mismo con India, Finlandia y China.

Las economías más exitosas son aquellas que lograron no sólo desplazar hacia afuera su curva de posibilidades de producción de forma más rápida, sino que, también, se han asegurado de que la brecha entre las prácticas promedio y las mejores prácticas sea pequeña. Hay más difusión del conocimiento, más aprendizaje, y son estos logros los que, a la larga, justifican los niveles de vida más elevados.

Economistas de todo el mundo se preguntan hoy: Los mercados, por si mismos, dan como resultado un nivel y patrón eficiente de conocimiento e innovación? Si no es así, ¿cuáles son las intervenciones convenientes por parte del gobierno?

El modelo neoclásico ignora el desarrollo de conocimiento y aprendizaje, y no sólo no presta atención a la importancia de la asignación de recursos a los procesos de desarrollo de conocimiento y aprendizaje y la investigación, sino que, además, asume que todas las empresas emplean las mejores prácticas, así que no tienen nada que aprender.

Este argumento lo podemos percibir en Chile, de forma clara, cuando nos percatamos de las prácticas que utilizan industrias completas como la forestal, la salmonera, la pesquera y otras que llevan a cabo sus actividades sin ninguna consideración a las externalidades negativas (contaminación, exterminación de especies, desarrollo de pestes aniquiladoras de los recursos, entre otras) externalidades que seguirán impidiendo nuestro salto a una sociedad desarrollada.

La educación de calidad para todos no es un efecto del crecimiento, sino todo lo contrario. Una buena educación es causa del desarrollo y de la elevación del nivel de vida de la sociedad.

Por ello, colocar el crecimiento, basado en un modelo caduco de desarrollo para una sociedad como la chilena, como causa para el desarrollo de un sistema universitario de calidad es como colocar la carreta delante de los bueyes.

El segundo elemento tiene que ver con el carácter de la reforma planteada, salvo excepciones positivas, pareciera tener sólo el carácter de regulador de un estado de situación existente.

Se declara que el sistema universitario es, y seguirá siendo, un sistema mixto. Más regulado por cierto, pero esencialmente estatal y privado. Ambas partes del sistema continuarán recibiendo aportes directos o indirectos del Estado.

Lo anterior significa que la Educación Superior en Chile continuará en un “caldo” de competencia, el proyecto no incentiva la cooperación, la definición de áreas prioritarias de desarrollo del conocimiento, una vez más el libre albedrío neoliberal continuará campeando y mal utilizando nuestros escasos recursos.

Se pierde así la oportunidad de utilizar el más valioso recurso de la Universidades, la inteligencia, al servicio de la creación e implementación de una estrategia de desarrollo nacional que permita que nuestros hijos o nietos vivan en un mejor país.

A este respecto, el proyecto es demasiado débil, plantea una coordinación entre universidades estatales sin generar los incentivos necesarios para la constitución de un sistema nacional de educación superior estatal.

Una forma eficaz de avanzar en ese sentido es la conformación de un sistema (red) nacional de universidades estatales. La atomización a la que fueron reducidas por la dictadura sólo las ha debilitado, sobre todo en regiones, ello ha significado que incurran en prácticas de competencia que no han agregado valor a la sociedad, todo lo contrario.

Chile necesita que la creación, preservación y difusión del conocimiento sea pertinente a una estrategia de desarrollo nacional y también regional.

El Gobierno ha privilegiado el envío de un proyecto que será discutido en el Congreso, pero ello no limita la acción de las comunidades universitarias en razón de lograr los cambios que hagan de la Educación Superior una causa del desarrollo, de mayor equidad, de un país sustentable, de una mejor calidad de vida para los chilenos, fundamentalmente de los que vendrán.

Esta es una oportunidad de cambiar la forma de pensar, de abandonar el “sentido común” neoliberal, de hacer valer nuestra opinión.

Chile no se merece menos.

Tranco firme. Manuel Riesco Larraín

“La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente”.

“Este 30 de septiembre quedará en la historia como el día que empezó la debacle del sistema universitario”, declaró el rector de una de las principales universidades privadas, en un reportaje conjunto con sus pares, quienes se expresaron en términos parecidos.

Tienen toda la razón. Se ha iniciado el fin de un mal sistema de educación, privatizado y sostenido con fondos del presupuesto público y agobiantes cobros a los estudiantes y sus familias, apropiados por establecimientos privados sin rendir cuenta alguna y sin “competencia” del sistema público, el que sobrevive a duras penas con “una mano atada a la espalda”, como declaró hace tiempo una autoridad gubernamental.

Ese es precisamente el camino que se abre con la firme decisión de la Presidenta Bachelet de iniciar la gratuidad en el presupuesto 2016, reasignando cuantiosas partidas de becas y créditos, a financiamiento directo de instituciones de alta calidad, inclusivas, participativas y sin fines de lucro, que terminen con los cobros a sus estudiantes.

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Ahora se trata de en pocos años extender la gratuidad, así entendida, a todos los establecimientos que se incorporen voluntariamente al nuevo sistema de educación pública, así conformado, en todos los niveles, en todo el territorio y para todos los estudiantes.

El presupuesto de educación superior 2016 mantiene el monto del año anterior destinado becas y créditos (0,8 billones de pesos o aproximadamente 1.200 millones de dólares), rebajando las primeras pero incrementando los segundos más o menos en el mismo monto. Sin embargo, agrega una partida significativa (más de medio billón de pesos) destinada a aportes directos a las instituciones que se incorporen a la gratuidad. De esta manera, se revierte drásticamente la tendencia a aumentar las proporción de partidas destinadas al así llamado “subsidio a la demanda”, que se venía dando desde haces tres décadas y constituía la base de la privatización.

Esta medida favorecerá de inmediato a cientos de miles de estudiantes, los que más lo necesitan, quienes dejarán de endeudarse o someterse a los discriminatorios requisitos del sistema de becas; a las instituciones que contarán ahora con un financiamiento adecuado y estable sin tener que firmar avales ante los bancos; y a sus académicos, quienes podrán aspirar a condiciones de trabajo más estables, las que constituyen la base de una educación de calidad.

La medida no perjudica a nadie, puesto que quienes estudian en instituciones que no cumplan con los necesarios requisitos para acceder a la gratuidad continuarán recibiendo apoyo estatal en becas y créditos, igual que hasta ahora. Sin embargo, hay que avanzar rápidamente para extender la gratuidad, así entendida, a todo el sistema educacional. La medida comentada muestra que ello es perfectamente posible, sin desembolsos mayores.

El asunto es ofrecer un camino para la rápida transformación de las actuales instituciones educacionales, en todos los niveles, de manera que las que voluntariamente así lo deseen, puedan acceder pronto al nuevo sistema público así conformado y sus estudiantes a la gratuidad.

En el caso de las universidades acreditadas, hay que ofrecer un camino claro para que, a cambio de un acceso gradual a la gratuidad, éstas transformen su estructura de propiedad de modo de garantizar que no tengan fines de lucro, que mejoren su calidad hasta satisfacer a los requisitos indispensables, y democraticen su estructura de gobierno incorporando a los tres estamentos; esto último es la clave para garantizar que su funcionamiento se va a alinear con autonomía a los objetivos públicos.

En el caso de las universidades privadas no acreditadas, que hoy no pueden acceder a becas ni créditos, su situación financiera es incierta y hay que establecer un fondo presupuestario adecuado para absorberlas completas en algunas de las universidades estatales. Éstas deben asimismo ser reformadas profundamente, saneadas financieramente, y fusionadas las más chicas o inviables en otras mayores de modo de dejar una o a lo más dos por región, empezando por el retorno del Instituto Pedagógico —actual “UMCE”— a la Universidad de Chile, de la cual fuera expulsado por la dictadura en una de sus primeras medidas “educacionales”. Asimismo, hay que dar un presupuesto adecuado a las universidades estatales que recién nacen, lo que es muy importante, puesto que ellas deben ser gratuitas desde sus inicios.

En el caso de la educación superior técnica, la primera medida debe ser retornar INACAP al Estado, a quien pertenece. Fue entregado sin pago alguno a sus directivos en la hora undécima de la dictadura y es tiempo que retorne al Estado para constituirse en la base del sistema público en ese nivel educacional importantísimo. Del mismo modo, hay que proceder con decisión a la medida programática de creación de un CFT público por región. Respecto de las instituciones privadas en ese nivel, hay que proceder igual que con las universidades, transformándolas o absorbiéndolas.

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Finalmente, hay que modificar del mismo modo el sistema de financiamiento de las escuelas, colegios y liceos. Actualmente se da el contrasentido que se les ha prohibido el lucro, al mismo tiempo que se les ha incrementado el financiamiento público entregado íntegramente mediante “vouchers” ¡incluso a las escuelas municipales! Eso debe ser modificado de inmediato, transformando la así llamada “ley de desmunicipalización” en la reconstrucción del sistema nacional de educación pública en este nivel, con una estructura  de dirección bien equilibrada en sus aspectos centralizados y descentralizado y con la misión de dotar rápidamente a cada barrio y cada pueblo con una escuela pública gratuita y de calidad, empezando por la más necesitados.

Para ello es necesario transformar los actuales colegios subvencionados, incorporando los mejores de ellos directamente al presupuesto, en un esquema de gratuidad similar al que se está aplicando hoy para las universidades, con la misión específica de atender de manera gratuita a un barrio determinado. Esta medida tendrá un impacto gigantesco, mejorando la calidad de la educación pero también la vida en las ciudades, entre otros aspectos al reducir drásticamente el número de viajes, puesto que los niños podrán caminar a su escuela, pública gratuita y de calidad, ubicada cerca de su casa, tal como lo hacen en todos les países del mundo.

La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente.

Ahora que la decisión de la Presidenta es un hecho y forma parte de la ley de presupuesto, nadie ha osado pronunciarse en contra. Ha enmudecido el coro estridente y majadero, que intentó manipular todos los resortes del poder que manejan a su amaño, incluidas pataletas histéricas, amenazas de romper la coalición de gobierno y no incorporar a la gratuidad a algunas instituciones importantes, para impedir la concreción de esta medida de evidente beneficio general, que implementa un programa sancionado democráticamente. De seguro se van a reponer de su desconcierto inicial y van a intentar poner palitos a la aprobación de la ley de presupuesto, pero les resulta cuesta arriba y fracasaran en el intento.

Sería lindo que los estudiantes ayudarán aún más en todo este gran avance, que ha sido posible gracias a su histórica movilización iniciada el 2006. Recientemente, la posición de la principal organización estudiantil y algunos parlamentarios de esa “bancada”, han aparecido con remilgos puristas o más preocupados de hacer oposición al gobierno que de lograr avances concretos para miles de estudiantes. Han mantenido una posición ambigua en la dura batalla librada desde hace más de un año, por iniciar la gratuidad de inmediato en la ley de presupuesto, la ley madre que determina la política del Estado.

Es de esperar que ahora se sumen con decisión a la batalla que se viene, por aprobar la ley tal como la ha presentado el gobierno y extender esta medida rápidamente a todos.

FUENTE

El conflicto de la Educación en Chile. Ricardo López Erazo

Para poder hablar del conflicto que aqueja a maestros y al Ministerio de Educación es necesario, en primer lugar, contextualizar y relevar ciertas falsedades sobre él.

Es durante 1986 que el proceso de municipalización de la Educación Básica y Media culmina. La dictadura de Pinochet, en forma apresurada, cierra el círculo de acero sobre el magisterio chileno. De ahí en adelante los maestros vivirán sus horas más negras: despidos, disminución de sus rentas, trabajo precario y agobio docente serán cotidianos y permanentes, hasta hoy.

Las autoridades municipales detendrán todo proceso de capacitación y/o perfeccionamiento de los profesores. Las aulas se verán atiborradas de alumnos, a sabiendas del perjuicio en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta sería la educación que el Estado ofrecería a los niños y niñas más desprotegidos de nuestro país. Se haría carne el precepto pinochetista acerca de que la educación y la cultura son subversivos.

A partir de entonces, y producto de la contrarrevolución política, económica y social que impuso la dictadura, los profesores ya no serían más respetados, sino agredidos e injuriados por alumnos y padres y apoderados, produciendo el alejamiento de las labores docentes de miles de buenos maestros.

Ya no volveríamos a ver en los hogares chilenos (incluidos los proletarios) estantes con libros, lo que sería reemplazado por televisores para ver y escuchar, repetido hasta el infinito, que ya no somos ciudadanos sino meros consumidores.

El sistema municipalizado de educación requeriría de una sobre-oferta de maestros, y para ello entonces surgieron las carreras de pedagogía en Universidades que no ameritan ostentar ese nombre. Con ello se originaba un nuevo negocio que atraía alumnos sin vocación ni capacidades para ejercer la docencia.

Esto entregó al sistema profesores nuevos, que debían soportar bajas remuneraciones y empleos precarios.

El viejo mundo de nuestros maestros había desaparecido, la sociedad no otorgaba dignidad a esta profesión.

Una mentira cien veces repetida se transforma en realidad. El duopolio periodístico, con el concurso de la televisión, han machacado el que los profesores solo buscan mejorar sus remuneraciones y no desean ser evaluados.

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Los enemigos de la dignificación de la carrera de pedagogo han utilizado a múltiples opinólogos y “expertos en educación” (los mismos que han administrado esta tontera intelectual) para denostar al magisterio. Dicho sea de paso, todos ellos tienen intereses o son incumbentes en el actual “negocio educativo”.

También se ha señalado que es el Partido Comunista quien está por impedir todo acuerdo. Es bueno recordar que la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, ha jugado un rol destacado en destrabar el conflicto. Por otro lado, si bien Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores es un militante comunista, él se debe a las normas y conductas democráticas con que este Colegio determina sus acciones. La continuidad del paro, acordada en Asamblea Nacional, es votada por más del 90% de los dirigentes con derecho a voto en dicha asamblea. Es difícil que entiendan esto aquellos personajes que en la arista educativa de sus negocios hacen y deshacen sin considerar ninguna otra opinión.

Es dicha campaña de desinformación la que más contribuye a que se mantenga y agudice el conflicto.

Sin entrar en detalle sobre los aspectos en discordia entre el magisterio y el MINEDUC, invito a la siguiente reflexión:

¿El proyecto de carrera docente enviado al parlamento ayuda a conseguir y mantener a las mejores mujeres y hombres que requiere el sistema de Educación Pública en Chile?

La respuesta es claramente NO.

La carrera docente que se ofrece no atraerá ni mantendrá a los mejores, este proyecto pone bajo sospecha a todo el profesorado (los que están y los que vienen).

Necesitamos un SISTEMA que se haga cargo de formar a los mejores en todo el proceso educativo (básico, medio y superior), y para ello es necesario generar incentivos (monetarios y no monetarios).

El mismo SISTEMA debe considerar el desempeño de manera holística, que es lo que los profesores solicitan, en vez de un sistema de “certificación” (cuestión que ninguna otra profesión exige en Chile), pues debemos avanzar a un Sistema de Reconocimiento del Desarrollo Profesional. Esto no es un simple juego de palabras, se requiere que la carrera docente considere aspectos colectivos y sociales del trabajo docente, incorporando criterios tales como el desarrollo de innovaciones pedagógicas e investigación de aula con condiciones mínimas necesarias para desarrollar el trabajo educativo (alumnos por aula).

La carrera docente y la desmunicipalización son dos elementos intrínsecamente ligados para desbaratar esta verdadera desgracia nacional que le ha costado al país mucho más que terremotos, inundaciones y erupciones. Sin embargo, ya se levantan los incumbentes con sus voces pidiendo postergar la salida de la educación pública de los municipios. La desmunicipalización está comprometida en el programa de gobierno, es ahora cuando Chile debe volver al sitial que ostentó en Educación

Desde nuestro espacio saludamos la batalla que libran nuestros maestros y deseamos por los niños de Chile, y por Chile, que su esfuerzo dé los frutos adecuados.

Curriculum e ideología. Patricio Gutiérrez Donoso y Nadia Rojo Libuy

La discusión sobre la gratuidad de la educación ha puesto en primer plano la discusión de la educación en nuestro país; sin embargo, poco hemos discutido sobre la orientación pedagógica o formativa de dicha educación, porque la profundidad de la discusión sobre educación (gratuidad, formación y carrera docente, curriculum, etc.), sobrepasa el ámbito netamente corporativo, es decir, no es solamente una cuestión que implique específicamente a los profesores o a los estudiantes. De lo que se trata, más bien, es pensar el proyecto implícito de país que se quiere y que queremos proyectar mediante el sistema educativo para todos los ciudadanos de nuestro presente y futuro país, para lo cual no es menor pensar en el curriculum.

El Sistema Educativo chileno nos plantea un curriculum nacional, que se imparte en el ámbito escolar durante los 12 años que se proyectan como educación obligatoria. Curriculum que se nos presenta como un programa neutro, ahistórico y objetivo. Sin embargo, necesariamente, cuando hablamos de curriculum estamos hablando de un proyecto educacional que responde a los intereses de los grupos hegemónicos. Es decir, responde a las necesidades de los intereses de grupos dominantes.

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A continuación desarrollaremos unas breves reflexiones sobre este tema.

La idea fundamental en que se cimienta la programación y la labor del sistema educativo, es decir, la implementación del curriculum, es el de la imparcialidad y objetividad del sistema educativo y, por consiguiente, de la escuela como espacio de neutralidad. Esto se basa en la existencia de ciertas condiciones que lograrían dar cuenta de este carácter: la creencia en un proceso objetivo de evaluación; una organización formal de la escolarización, especialmente la considerada como obligatoria, en la que todos los alumnos y alumnas tienen las mismas exigencias, los mismos derechos y obligaciones, y ade­más se les ofrece lo mismo; y un «folclore de fuerte individualismo» que viene a propagar el mensaje siguiente: quien trabaje duramente y sea in­teligente tendrá éxito.[1]

Sin embargo, olvidamos en muchas ocasiones, que el sistema edu­cativo y, por tanto, las instituciones escolares son una construcción so­cial e histórica, sometida a la presión de los grupos e ideologías dominantes, las que al mismo tiempo intentan hacernos partícipes de la idea de la inevitabilidad, perennidad y ahistoricismo de todo aquello que juega en favor de sus necesidades e intereses educativos. [2] Por tanto, las políticas educativas desarrolladas por los Estados, no pueden ser comprendidas de manera aislada, descontextualizadas del marco socio-histórico concreto en el que va cobrando significado.

Las relaciones de poder que existen en cada sociedad, o los procesos hegemónicos, tie­nen una prolongación directa en el sistema escolar. En el ámbito educativo, los distintos “poderes” van a tratar de imponer su conducción política y moral, y al mismo tiempo alcanzar grados de legitimidad Sin embargo, existen también las contradicciones que día a día generan los modelos de relaciones laborales e intercambio, la producción cultural y el debate po­lítico, las que van a tener algún reflejo en las instituciones y aulas escolares.[3] Por tal motivo, se estaría hablando del desarrollo de dinámicas que se constituyen socialmente, que van configurando el trabajo que se plantea desde el curriculum y se despliega en la sala de clases. En este sentido, Apple, nos declaraba convencido que la educación no era un espacio neutral, y que por su naturaleza misma, el educador se veía implicado en un acto político, fuera consciente o no de ello.[4]

Esto significaba exponer los aspectos visibles y/o invisibles, de los cuales se nutren los procesos formativos: valores ideológicos, relaciones de clase y de poder social y económico, en donde los sujetos establecen las relaciones de reproducción social y, al mismo tiempo, ello también implica configurar los modos concretos por medio de los cuales estas dinámicas sociales, es decir, los modos por los cuales se organiza la sociedad, hegemonizan el espacio cultural. Por tanto debemos tener presente las prácticas cotidianas concretas, los procesos de formación y los currículos que se encuentran en ellas.

Estos elementos se revelan de excepcional importancia cuando nos planteamos los problemas que suscitan dentro del ámbito curricular, aspectos tales como el curriculum abierto y el curriculum oculto que se enseña en las escuelas, los principios de selección y organización de ese conocimiento, así como los criterios y modos de evaluación utilizados para medir el éxito de la enseñanza.

En consecuencia- señala Apple- la escuela «procesa» tanto el conocimiento como a las personas. En esencia, el conocimiento formal e informal se utiliza como un filtro complejo para procesar personas, a menudo por clases; y al mismo tiempo, se enseñan diferentes valores y disposiciones a las poblaciones escolares diferentes, frecuentemente también por clases (y sexo y raza).[5]

Podríamos afirmar que las escuelas crean y recrean formas de conciencia que permiten el mantenimiento del control social sin que los grupos dominantes tengan necesidad de recurrir a mecanismos de coacción En tal sentido es el espacio, al decir de Gramsci, donde la filosofía de las clases dominantes se vuelve sentido común.

A este respecto surgen una serie de interrogantes que nos servirían para comprender de mejor manera el problema del significado de los procesos formativos en las escuelas: ¿cómo puede el conocimiento curricular que establece el Estado, como “conocimiento”, representar las configuraciones ideológicas de los intereses dominantes de una sociedad? ¿Desde cuál espacio político las escuelas legitiman tal conocimiento? ¿Este conocimiento se plantea como si fueran verdades incuestionables, o los encargados de llevar a cabo el trabajo docente, es decir los profesores, visualizan el curriculum desarrollado por el Estado como un espacio en disputa, de lucha por la emancipación humana?

Una posible respuesta a dichas interrogantes, es pensar y reflexionar una práctica pedagógica critica, que reflexione sobre el quehacer educativo, en perspectiva de pensar una educación para una sociedad democrática, una educación que piense una sociedad en la diversidad y no en la perspectiva de un estado monocultural.

 Referencias

[1] Thomas S. Popkewitz, B. Robert Tabachnik y Gary Whelage (2007). EL MITO DE LA REFORMA EDUCATIVA. Un estudio de las respuestas de la escuela ante un programa de cambio, Ediciones Pomares, Universidad de Colima, Barcelona.

[2] Torres Santomé, Jurjo, “Currículum e ideología” en http://www.reproduccionsocial.edusanluis.com.ar/2011/11/el-curriculum-y-la-ideologia.html, consultado junio 2015

[3] Ibid

[4] Apple, Michael, IDEOLOGÍA Y CURRÍCULO, Akal, España, 2008

[5] Ibid., págs. 50-51

La Reforma Educacional. Jorge González Guzmán

Como se sabe, la reforma educacional que está desarrollando el gobierno de la presidenta Bachelet, contiene varios capítulos, los que se pueden visualizar con bastante detalle en el Programa de Gobierno. Uno de los primeros, precisamente el que ha desatado una tremenda polémica, es el que elimina el Lucro, el Copago y la Selección en los colegios particulares con subvención del Estado. Para entendernos bien, el lucro a que se refiere la reforma consiste en la rentabilidad producida por una determinada inversión en educación: es la ganancia que queda después de descontar todos los gastos, incluyendo, por supuesto, los sueldos de los altos administradores del plantel, que muchas veces son los mismos sostenedores.  La medida, como se puede apreciar, pone fin a la educación como negocio (al menos con aportes del Estado) y, por lo tanto,  constituye un primer paso para sacar a la educación de la lógica del mercado. El fin al copago y la selección son elementos que van en otra dirección: se trata de comenzar a desmantelar la tremenda segregación que se observa en la educación básica y media, que abarca alrededor del 93% de los niños.  Los colegios en nuestro país son como una torta de mil hojas: en la base están los colegios municipales, enseguida vienen los colegios subvencionados que cobran, digamos,  $10.000 mensuales por niño, después los que cobran $20.000 y así sucesivamente hasta llegar a los que cobran $84.000 que es el máximo de copago que pueden cobrar los colegios con subvención estatal. La última capa, de crema chantilly, son los colegios particulares pagados, sin subvención del Estado, que a su vez se segregan hasta llegar a los $400.000 mensuales por niño o más.  Nótese que estos últimos no están considerados en la Reforma. Esto mismo nos debe hacer comprender que no estamos en presencia de una gran revolución, se trata tan solo de una reforma bastante mesurada que pretende dar un paso hacia la restitución de la educación como derecho social.

 lucro, copago y selección en educación

Se ha dicho, por parte de muchos comentaristas, periodistas, analistas e incluso de personeros de la misma Nueva Mayoría, que el gobierno ha sido sumamente desprolijo, contradictorio y torpe en la presentación de este proyecto, que no ha sabido explicar con la suficiente claridad sus alcances, que ha habido improvisación.  No comparto esa opinión. La autocrítica es saludable, siempre es posible mejorar las cosas, pero no hay que pasarse de la raya: las dificultades que enfrenta esta parte de la Reforma tienen dos causas principales bastante claras:

· Desde un principio la oposición de derecha distorsionó esta reforma, desinformando de modo descarado su contenido. La derecha es poderosa: es dueña y controla la mayor parte de los medios de comunicación de masas y tiene una gran cantidad de medios económicos disponibles. Carece por completo de escrúpulos cuando percibe que sus intereses y su concepción del mundo son cuestionados. En este caso, la reforma por supuesto que hiere intereses económicos: se acaba el negocio de la educación (al menos con recursos del Estado). Sin embargo pienso que lo que realmente preocupa a la derecha, puesto que la educación es solo un negocio marginal,  es que se abre una pequeña grieta en el sistema neoliberal que se implantó en los primeros años del régimen militar y que se consolidó en los gobiernos de la Concertación pasando a ser hegemónico hasta el día de hoy. En su afán de oponerse con todo a la reforma, logra arrastrar a sectores mucho más amplios, incluso aquellos que se beneficiarían con ella, como son los apoderados, que ya no estarían obligados a desembolsar el copago. Es evidente que la derecha ha logrado desatar una campaña del terror bastante efectiva, con afirmaciones que tergiversan (o sencillamente contradicen) las disposiciones del proyecto de reforma.

· Nuestra sociedad está sumergida en una cultura de la segregación que se remonta a nuestros mismos orígenes, desde la colonia en adelante,  y que no ha logrado ser superada sino muy parcialmente. Los apoderados que se oponen a la reforma están dispuestos a pagar con tal que sus hijos no se junten con los hijos de los rotos. En este sentido esta reforma hiere también un aspecto cultural bastante extendido en nuestro país.  La conocida película “Machuca” denuncia este problema y se ha puesto tan actual que han  aparecido algunas de sus escenas en Youtube a propósito de la reforma. Vale la pena verlas.

Por otro lado, esta reforma tiene también su propia complejidad: la gran heterogeneidad de nuestro sistema educacional obliga a tener en cuenta situaciones de la más variada índole.  La ley debe, de algún modo, tomar en cuenta esta heterogeneidad. De los 12.500 colegios con que cuenta nuestro país, 6.017 son particulares subvencionados, de los cuales 4.374 están organizados como empresas comerciales, es decir, con fines de lucro. Sin embargo,  la enorme mayoría de estos colegios no lucran , puesto que son demasiado pequeños como para producir excedentes económicos. Sus sostenedores se verían, en rigor,  beneficiados con esta reforma. Sin embargo muchos de ellos  son arrastrados por aquellos sostenedores que realmente obtienen excedentes y que ven, con justificado enojo, que su negocio se acaba.   Por otro lado,  se planteó originalmente la necesidad de que los sostenedores fuesen dueños de la infraestructura del establecimiento, como una forma de evitar el lucro disimulado a través de inmobiliarias relacionadas. Esto generó problemas debido a las dificultades de compra en algunas situaciones específicas como la de los colegios religiosos que arriendan a congregaciones que no pueden vender. De los 4374 colegios con fines de lucro solamente 980 son dueños de su infraestructura, 1934 arriendan y 1950 se encuentran en comodato.  La ley deberá ser, a mi juicio, lo suficientemente flexible para dar cuenta de esta diversidad y  cumplir finalmente el objetivo: fin al lucro, el copago y la selección.

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Se ha planteado que la reforma debió haber empezado por el fortalecimiento de la educación pública tal vez, es posible que hubiese sido mejor. Pero al respecto hay que tener claro que el proceso de desmunicipalización y el del nuevo estatuto docente son cuestiones largas y extremadamente complejas. También los municipios donde se encuentran estos colegios son sumamente heterogéneos. En particular, se requieren recursos económicos que todavía no están disponibles. Finalmente, queremos enfatizar que es esta ley (fin del lucro, el copago y la selección) la que saca,  parcialmente, la educación escolar de la lógica del mercado y la acerca a un derecho social.

Editorial (CDE nº 28)

La instalación del gobierno de la presidenta Bachelet ha sido la noticia más comentada y discutida en las últimas semanas: la razón ha sido cierta cantidad de tropiezos y críticas a los nombramientos de algunas de las nuevas autoridades. Pero si se mira la situación con cierta objetividad los mencionados tropiezos no tienen la menor importancia: se trata de objeciones menores a una cantidad también muy minoritaria de autoridades. De algún modo la exageración que los medios han dado a estas dificultades ha opacado lo verdaderamente importante: el nuevo gobierno ya ha empezado a enviar los proyectos de ley que dan comienzo a la concreción del programa de la Nueva Mayoría. No debe extrañarnos que la Derecha, utilizando su estrecha relación con los medios de comunicación, haya sacado todo el partido posible a esta situación.

Para nosotros es más importante el inicio de la discusión, que ya ha empezado a llamar la atención, acerca de la reforma educacional. La discusión, en su aspecto principal, se centra en la disyuntiva: ¿subvención a la demanda o subvención a la oferta?  Los estudiantes y muchos académicos se han pronunciado hace ya tiempo en contra de la subvención a la demanda, que es la forma en que el Estado ha estado, desde hace harto tiempo, contribuyendo al financiamiento universitario. Sin embargo no debemos caer en esquemas rígidos y simplistas: los fenómenos complejos rara vez se dilucidan sensatamente con respuestas del tipo blanco o negro. El sistema Educacional chileno es altamente complejo: la respuesta sensata no será entonces la disyuntiva: todo a la demanda o todo a la oferta. Hay que agregar además el factor tiempo: ¿con qué ritmo se transformará el sistema en uno u otro lado? ¿Con qué velocidad se irá reemplazando el subsidio a la demanda por el financiamiento directo a las instituciones? Al respecto hay ciertas cosas, digamos, de principio: el Estado es el dueño y mandante de las universidades estatales: debe entonces hacerse cargo de ellas, impulsar y financiar el desarrollo de algunas de ellas, sobre todo en regiones, las cuales han estado congeladas durante ya demasiado tiempo. En este caso no cabe una mera subvención a la demanda, que por definición está restringida a la docencia: el Estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde implementando un completo plan de desarrollo de aquellas universidades estatales que se quedaron detenidas en el tiempo por la legislación imperante, basada en el principio de subsidiaridad. Debe tenerse en cuenta que no bastan los proyectos de investigación financiados por Fondecyt para desarrollar la investigación en tales instituciones: tendrá que haber todo un programa de contrataciones de académicos de alto nivel así como programas generosos de perfeccionamiento de los propios académicos.

Sin embargo, otro podría ser el trato a las universidades privadas, donde un porcentaje importante de estudiantes podrían tener alguna ayuda económica del Estado. Las universidades privadas llamadas de vocación pública , como las universidades católicas, son también un caso especial. El Estado podría entrar a financiarlas directamente a condición de satisfacer ciertas exigencias mínimas: como respetar la libertad de cátedra, no discriminar de ningún modo, tener una planta académica con contratos adecuados y regirse por un gobierno interno democrático con participación triestamental. Aquí no hay que equivocarse: las universidades católicas no son iguales a las estatales . Baste al respecto recordar que, en el caso de las pontificias, es el Vaticano quien nombra al rector y no cualquiera puede ser propuesto como rector o decano: solo los católicos en plena comunión con la iglesia .

Como se puede apreciar, el problema es altamente complejo y no vale la pena adelantar juicios con información precaria: no queda más que esperar los proyectos que el gobierno de la Nueva Mayoría mandará al Congreso.