Editorial (CdE nº45)

Ley de Universidades Estatales

Tras seis meses de tramitación, la Cámara de Diputados aprobó esta normativa, que –entre otras disposiciones crea el Consejo de Coordinación de Universidades Estatales, establece un plan de fortalecimiento de 300 mil millones de pesos a diez años, estipula la posibilidad de aumentar la matrícula para estas universidades por sobre los límites establecidos por la ley de gratuidad, y genera un marco común para la gobernanza de estas instituciones, entre otras materias.

Paralelamente, se ha ido creando la red de Centros de Formación Técnica Estatales, uno por cada región de nuestro país.

Al mismo tiempo se aprobó la ley de Educación Superior que consagra la gratuidad.

Con ello, nuestro país reconoce el deber del Estado de garantizar a nuestra juventud un acceso gratuito a una educación superior de calidad.

Se vienen tiempos de cambios, en nuestra Región de Valparaíso tenemos dos universidades estatales: la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha, ambas escindidas de su matriz, durante la dictadura, la Universidad de Chile y un naciente CFT de la Región de Valparaíso..

La larga lucha por una Educación Gratuita y de Calidad comienza a dar sus frutos, habrá que estar atentos para que el nuevo gobierno no pase su propia “retroexcavadora” y transforme en letra muerta estas nuevas leyes, ya sea recurriendo al desprestigiado Tribunal Constitucional o a acciones administrativas como las aplicadas en la ley de aborto en tres causales.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales, que dieron una larga y dura lucha por conseguir estos objetivos, a participar activamente en la implementación de las nuevas normativas.

Creemos necesario que nuestras dos universidades estatales y el CFT estatal hagan realidad la necesaria coordinación de su quehacer, para ello es necesario incorporar a las organizaciones políticas y sociales en la definición de la nueva Visión de nuestra educación superior.

Las universidades estatales, por ello de propiedad de todos los porteños, deben dar cuenta y sentirse interpeladas a resolver los problemas de nuestra región.

Una educación de calidad pasa por definir un quehacer en docencia, investigación y extensión que diagnostique y proponga soluciones de estos problemas, que en nuestra región son urgentes de solucionar: escasez de agua, desarrollo minero, problemática de la pesca artesanal, desarrollo de la actividad portuaria, turismo, entre otros.

Es necesario que “nuestras universidades” formen consejos directivos con participación de los tres estamentos de las comunidades: docentes, alumnos y trabajadores no académicos. Pero también con participación de la comunidad, sindicatos, juntas de vecinos, municipalidades y movimientos sociales y políticos que pueden aportar a la definición y solución de los problemas regionales.

Al mismo tiempo, nuestro sistema de educación superior debe corregir las condiciones en que trata a académicos y funcionarios, se debe terminar con la precariedad de sus contratos, condición básica para asegurar una educación de calidad.

Nuestro llamado, a las fuerzas políticas y sociales que lucharon por avanzar en una nueva educación superior es a reunirse, dialogar y consensuar los nuevos objetivos que debieran tener nuestras universidades.

Nuestras páginas están abiertas a recibir opiniones y también iniciativas que permitan hacer realidad la participación de todos en la educación superior de nuestra región.

Mayo, 2018

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Apuntes acerca del Tribunal Constitucional. Juan Marcos Galleguillos Miranda

1.- Antecedentes

Aunque existían algunos antecedentes anteriores, de organismos semejantes a los Tribunales Constitucionales, tales como la Alta Corte Constitucional en Austria en la Constitución de 1920 y el Tribunal de Garantías Constitucionales establecido por la Constitución Española Republicana de 1931, es con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial que se generaliza el establecimiento y creación de Tribunales Constitucionales, como reacción a los graves crímenes contra la Humanidad cometidos por regímenes fascistas llegados al poder al amparo de la Constitución y las leyes imperantes en esos países, es significativo que Hitler llegara al poder bajo la vigencia formal de la Constitución de Weimar. Tras la Segunda Guerra Mundial se toma conciencia de la necesidad de reforzar la normatividad de la Constitución, sobre todo frente al legislador y de potenciar el sometimiento de todos los poderes públicos a los valores materiales implicados en la noción clásica de los derechos humanos. En este contexto, resultan muy importantes los textos constitucionales aprobados precisamente en los países donde triunfó el fascismo: la Constitución italiana de 1947 y la Constitución alemana (Ley Fundamental de Bonn) de 1949, ambas todavía vigentes, contienen preceptos irreformables (cláusulas de intangibilidad), crean un Tribunal Constitucional competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, y contienen un completo catálogo de derechos.

En Chile, el Tribunal Constitucional fue incorporado a la Constitución de 1925 el año 1970, con la Ley de Reforma Constitucional N° 17.284 del 04 de noviembre de 1970.

Hasta esa fecha velaban por la supremacía de la Constitución, con carácter preventivo, en el orden administrativo, y solo en virtud de un mandato de la ley, la Contraloría General de la República y, a posteriori, la Corte Suprema, en ejercicio de la facultad de declarar inaplicable, para un caso particular, un precepto legal que pugnara con la Norma Fundamental.

Mientras en el derecho comparado la creación de Tribunales Constitucionales se había generalizado, en Chile la mayoría de los intentos había fracasado.

En 1964, el Presidente Frei Montalva, presentó al Congreso un proyecto de Reforma Constitucional, que no consultaba la creación de un Tribunal Constitucional, sin embargo, durante el debate se evidenció la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional de alta jerarquía, distinto de la Corte Suprema, destinado a resolver los conflictos jurídicos que surjan entre los poderes del Estado. No obstante, como ya se dijo, el Tribunal Constitucional, solo nacería a la vida institucional en 1970.

El Tribunal Constitucional, creado ese año, ejercería sus funciones solo hasta noviembre de 1973, fecha en que fue disuelto mediante el Decreto Ley N° 119.

2.- Criterios que deben considerarse al establecer un Tribunal Constitucional

Los principales problemas que el constituyente encontrará para su establecimiento, frente a los cuales debe optar, púes existen diversas soluciones, son:

a.- En cuanto a su integración, en que puede escogerse entre una composición de carácter predominante política o predominante judicial. La elección dependerá de la apreciación que se tenga acerca de si su competencia incide en controversias de índole estrictamente jurídica o política, o de una mixtura de ambas.

b.- Para su organización deberá precisarse el plazo de duración de sus integrantes, si su renovación será total o parcial, las calidades que aseguren la aptitud adecuada para la función, las incompatibilidades e inmunidades que consagren su independencia.

c.- En lo que atañe a la extensión de sus atribuciones, las opciones varían: 1) en convertirlo en un órgano exclusivamente encargado de velar por la supremacía constitucional, o 2) asignarle otras funciones de importancia para la aplicación de la Carta Fundamental, tales como el resguardo del orden institucional, pronunciarse en torno a ciertas inhabilidades para ejercer el cargo de Ministro de Estado, declarar inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, entre otras.

d.- Si su función tendrá un carácter puramente preventivo, o sea, antes de la vigencia de la norma jurídica, o, por el contrario, podrá actuar con posterioridad a su vigencia.

e.- Debe determinarse quienes podrán requerir la actuación del Tribunal y formularle peticiones. Si la facultad se entregará exclusivamente a los órganos públicos fundamentales, o incluso a las personas, sociedades u organizaciones puramente privadas. Si resulta conveniente establecer una acción popular.

f.- El plazo dentro del cual podrá deducirse el requerimiento, si el procedimiento será contradictorio o investigativo, si su presentación suspende o no el curso normal de los preceptos o actos sujetos a control.

g.- Respecto al efecto de sus resoluciones, si ellas tendrán alcance general (erga omnes) o solo particular (inter partes).

En el articulado de la Constitución, que actualmente nos rige, relativo al Tribunal Constitucional, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se buscó dar respuestas a todas estas cuestiones.

3.- El Tribunal Constitucional en la Constitución de 1980

En realidad, la Constitución, actualmente vigente, es la promulgada por el Presidente Lagos el 2005, con las reformas constitucionales que su Gobierno propuso y que se aprobaron, entre otras, en lo tocante al Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional se encuentra establecido en el Capítulo VIII de la Constitución Política de la República y va desde el artículo N° 92 al artículo N° 94, en los que norman la principales materias señaladas en el punto anterior, quedando algunas para la Ley Orgánica Constitucional que lo regula.

En el artículo N° 92 se resuelve la cuestión sobre la composición, quedando, de acuerdo al inciso N° 2 del artículo en comento, en que es predominantemente judicial, por las calidades y requisitos que se exigen a sus integrantes, sin embargo, el que intervengan en su designación el Presidente de la República, letra a) del inciso N° 2 del artículo N° 92, nombrando 3 integrantes y el Senado y la Cámara de Diputados designando 4 integrantes, letra b) del mismo inciso y artículo; que en total suman 7 de los 10 integrantes que establece el inciso N° 1 del artículo N° 92, le da a esta elección de los integrantes un carácter eminentemente político, lo que ha ocurrido en la práctica con la repartición binominalista de los cargos. Los tres restantes los elige la Corte Suprema. Durarán 9 años en el cargo, son inamovibles y cesarán en sus funciones a los 75 años.

En el penúltimo inciso del artículo N° 92 se establece la forma de funcionamiento del Tribunal que será en pleno o divido en 2 salas, el cuórum mínimo para sesionar será de 8 miembros y sus acuerdos se adoptarán por simple mayoría.

En el artículo N° 93 se establecen las atribuciones, enumerándose 16, en que además de otorgársele la exclusividad en el resguardo de la supremacía constitucional se le dan todas la atribuciones que describimos en el N° 2 de la letra c) del punto anterior, esto es: resguardo del orden institucional (N° 10 del artículo); pronunciarse en torno a inhabilidades para ejercer el cargo de Ministro de Estado ( N° 13 del artículo); declarar inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios ( N° 14 del artículo) ; entre otras ( Nros. 11, 12 etcétera).

Tiene atribuciones de control preventivo, N° 1 del artículo N° 93, al ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes que interpreten la Constitución, sobre las leyes orgánico constitucionales y sobre los tratados internacionales que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación. Ejerce el control a posteriori, en el caso del N° 2 del artículo N° 93, al resolver sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley y tratados sometidos a la aprobación del Congreso; también cuando resuelve sobre la inaplicabilidad de un precepto legal en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, N° 6 del artículo N°93.

En el inciso N°2 y siguientes de este artículo N°93, se establece quienes están habilitados para recurrir ante el Tribunal y requerir su pronunciamiento, eventualmente, según la materia, puede recurrir el Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, 10 de los miembros de de las Cámaras, cualquier persona que sea parte en un juicio que esté conociendo un Juez y se concede acción popular respecto de las situaciones que se presentan en los números 10 y 13.

Finalmente, en el artículo N° 94, se establecen los efectos que tendrán las resoluciones del Tribunal Constitucional, contra las que, en primer lugar, no procederá recurso alguno, sin perjuicio de la facultad del mismo Tribunal para rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.; las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley. Esto último es muy importante para el análisis de las actuaciones del Tribunal.

4.- Sobre algunos pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional

Recientemente el Tribunal se ha pronunciado sobre tres proyectos de ley aprobados totalmente por el Congreso y que versaban sobre materias de gran interés. a) La ley sobre despenalización del aborto en tres causales; b) La ley sobre el SERNAC y c) La ley sobre la educación superior.

En el caso de la ley sobre despenalización del aborto, si bien el Tribunal no declaró inconstitucional ninguno de sus preceptos, introdujo la dudosa noción de objeción de conciencia institucional, otorgándole así a las personas jurídicas una cualidad específica de las personas naturales, pero lo más grave es que para hacerlo se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones, en efecto, la Constitución lo faculta para declarar inconstitucional un precepto, impidiendo así que entre en vigencia, que exista como ley, no lo autoriza a modificar la ley completándola, ampliándola o adicionando partes al texto original, cambiando su sentido, o haciéndolo decir cosas que no decía originalmente, en suma no lo autoriza a actuar como legislador.

En caso de la ley del SERNAC, también hay aspectos de gravedad, que ponen en cuestión el funcionamiento y operación de, prácticamente, todos los organismos fiscalizadores del Estado, ya que su argumentación fue que la ley otorgaba al SERNAC las atribuciones de juez y parte y, además, de sancionar, pero resulta que este es el marco legal, juez y parte y sancionador, con el que operan, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Superintendencia de Salud, Superintendencia de Sociedades Anónimas, etc. Esta decisión del Tribunal puede traer serias como consecuencias en el futuro.

Por último, en caso del artículo N° 63, el Tribunal argumentó que la prohibición para que instituciones con fines de lucro actuarán como controladores de universidades, atentaba contra la libertad de enseñanza, consagrada en el N° 11 del artículo N° 19 de la Constitución, que establece el derecho de abrir organizar y mantener establecimientos educacionales, así como también, a la libertad de asociación, en circunstancias que, lo que el artículo N° 63 prohibía era el lucro el control de las universidades por parte de entidades con fines de lucro, en concordancia con la ley de universidades de 1981, que prohíbe el lucro en éstas, en consecuencia no afecta los derechos señalados, ya que estos si se pueden ejercer.

Pero lo más grave, respecto de estas dos últimas situaciones, es que el Tribunal actuó a requerimiento de un “téngase presente”, en el caso de la ley del SERNAC, de la Cámara de Comercio de Santiago, y en el caso de la ley de educación, del Consorcio de Universidades Privadas, incumpliendo lo establecido en el inciso N° 4 del artículo N° 93, en cuanto a que el Tribunal solo podrá conocer de esta materia, proyectos de ley, a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio. No existe en esta materia, el derecho de las personas o u otras entidades, a requerir el pronunciamiento del Tribunal y la vía del téngase presente, que es solo eso, una comunicación al destinatario, para lo que estime pertinente, no está considerada en la normativa que rige al Tribunal, se trata solo de un artilugio para entrar a conocer, sin haber sido requerido de acuerdo a la Constitución.

Juan Marcos Galleguillos Miranda

Abogado

Editorial (CdE nº40)

EL DESAFIO DE PROYECTAR A LA CENTROIZQUIERDA (*)

La coalición de partidos y movimientos que conforman la Nueva Mayoría ha constituido una alianza inédita en la historia nacional. Esta alianza contempla, como nunca antes, una gran pluralidad de culturas políticas: socialcristianos y comunistas, socialdemócratas e izquierdas de raigambre marxista, masones y católicos.Dicha condición implica riquezas, pero también dificultades. Ello configura el mayor desafío de quiénes desean continuar la obra transformadora de este primer gobierno de la Nueva Mayoría. Pues, se trata de manejar con sabiduría una dialéctica, entre la diversidad que es fundamental para construir mayorías, y la dificultad para encontrar acuerdos permanentes.

Un proyecto genuinamente transformador, que perdure a través de reformas que se van complementando y profundizando a lo largo de un ciclo prolongado, necesariamente debe fundarse en la complementariedad entre la representación democrática y el arraigo en los movimientos sociales.Hemos visto, en este gobierno, un progresivo distanciamiento entre esos factores y eso se transforma en uno de los grandes desafíos de futuro.

Un segundo desafío surge de la capacidad que debe tener una coalición madura, en términos de representación y participación, de agregar demandas y aspiraciones de los ciudadanos bajo un proyecto estratégico compartido.La superación de la antigua Concertación se produce, justamente, en la medida que la política de los consensos se impuso como el único mecanismo de construcción de proyecto.El problema actual no es uno de reemplazo generacional, es más bien de opciones políticas distintas al interior del progresismo. Una, marcada por la lógica de ajustes consensuados – propia de la transición – y otra que, bajo una nueva épica, busca materializar reformas profundas al modelo neoliberal.En esta disyuntiva, una pregunta estratégica que debe plantearse es quién es el adversario real y, de manera correlativa,lo que sus propuestas significan para el país. La respuesta, sin ambigüedades, es que ese adversario es la derecha. Ningún otro.

La centroizquierda y la derecha competirán antagónicamente en relación a derechos sociales e igualdad, seguridad social versus mercantilización, gestión y defensa del statu quo, crecimiento, desregulación y subsidiariedad. Es mucho lo que está juego, éste es el momento clave para tomar conciencia de cuál es el adversario real, unir fuerzas y actuar con la máxima coherencia política.

(*) En este número estamos presentando como editorial una síntesis de un artículo escrito por Marcos Barraza Gómez, Ministro de Desarrollo Social, dada la calidad de su argumentación y su valor pedagógico. Invitamos a nuestros lectores a leer el artículo completo en la edición N° 9575 del semanario El Siglo de circulación en Chile.

La Reforma Universitaria de 1967. Ricardo López Erazo

Hace 50 años los campus universitarios de Chile se estremecieron.Las comunidades universitarias – académicos, estudiantes y personal no académico – irrumpieron en la escena política y social del país, proclamando el inicio de un proceso de reforma de la educación superior.

Hasta ese entonces, las Universidades eran consideradas “torres de marfil” haciendo alusión al nulo involucramiento en el devenir de su entorno social y menos en la construcción de un proyecto-país. Era un sistema elitista al que accedían sólo estudiantes que lograban sortear con buenos puntajes la prueba de ingreso que a la sazón se denominaba Bachillerato.

Salvo excepciones, que confirman la regla, los hijos de obreros y campesinos no tenían posibilidades de acceder a la educación superior. El sistema universitario reproducía a las elites gobernantes.

El proceso de Reforma Universitaria de 1967 fue un proceso complejo y ocurrió en un escenario histórico de guerra fría, sin embargo, el apoyo de las comunidades universitarias fue transversal. Los motores del proceso fueron jóvenes democratacristianos, socialistas, comunistas y un gran número de jóvenes, académicos y trabajadores independientes. La única exclusión provino de la extrema derecha con el movimiento gremialista creado por Jaime Guzmán el mismo año 1967. (El movimiento gremialista es el antecedente histórico de la actual UDI.)

Ese año el sistema universitario estaba conformado por ocho universidades, con gran preponderancia de las universidades estatales. La reforma vino a modificar de manera sustancial los contenidos y orientaciones de las funciones universitarias. Se estableció una nueva estructura de autoridad y poder a través de una participación triestamental e involucró, como nunca antes, a las universidades en la generación de proyectos de desarrollo y modernización del país.

El proceso de reforma significó que grandes contingentes de jóvenes se interesaran en los problemas de la sociedad chilena y en la forma en que se vinculaban el conocimiento científico y cultural con el desarrollo nacional y la política.

Cada casa de estudios vivió su propio proceso de reforma, pero es posible distinguir cuatro objetivos comunes en cada una de las universidades:

  1. Una docencia que fuera más allá del mero adiestramiento. Se procuró una formación más amplia, humanista y participativa. Por primera vez, los estudiantes tuvieron la posibilidad de incidir en la organización del currículo.
  2. Se promovió la investigación científica y tecnológica, aumentando considerablemente los recursos para aumentar la dotación de académicos de jornada completa e investigadores. Se mejoró notablemente la infraestructura de investigación, entendiendo que el desarrollo de ésta enriquecería a la docencia.
  3. El proceso de reforma incentivó una función que las universidades no habían desarrollado hasta ese momento, a saber, la extensión universitaria. Se buscó hacer aportes pertinentes a demandas de la sociedad. Es al calor de este proceso que surgen el ICTUS, el BAFONA, la Universidad de Trabajadores (UTE), el DUOC (UC) cuyo propósito inicial de este último era el acceso de jóvenes obreros y campesinos a la educación superior – muy distante de lo que hoy es- y múltiples experiencias en ese sentido, tan alejadas de los esfuerzos de “vinculación con el medio” que no son otra cosa que los brazos comerciales de las actuales universidades.
  4. La Reforma significó una amplia democratización de los gobiernos universitarios, se implementó la elección triestamental de las autoridades unipersonales y se promovió la participación de todos los estamentos en las decisiones de los gobiernos universitarios.

En términos generales, la Reforma Universitaria fue un proceso constructor en el que las demandas eran apoyadas por proposiciones sustantivas.

Durante el período 1967-1973, la Reforma continuó implementándose y mejorando continuamente, pudiendo señalarse que en ese período nuestras universidades respondieron satisfactoriamente a las demandas sociales y del país. Asimismo, su desarrollo interno posibilitó una vida universitaria real, rica en experiencias, debates y desarrollo personal de sus estudiantes. Nadie cuestionaba el rigor y la calidad de la formación incrementando vigorosamente el prestigio internacional de nuestras universidades.

En septiembre de 1973, la larga noche de oscurantismo habría de abortar dramáticamente este proceso. Con metralla y corvos entraron los bárbaros y sus rectores-delegados para demoler toda la obra realizada. Las expulsiones y persecución de estudiantes no se hicieron esperar, el despido de académicos y trabajadores fueron el denominador común en todas nuestras universidades. Luego, anticipándose a la transformación de la educación en un negocio, desmembraron y debilitaron a las universidades nacionales, obligándolas a una política de autofinanciamiento, pavimentando así el camino para la entrada a este “nuevo mercado” de instituciones que difícilmente podríamos llamar Universidades.

Hoy se discute en el Congreso el proyecto de Reforma de la Educación Superior, el gobierno ha comprometido que tras este proyecto se enviarán, este mismo año, dos nuevos proyectos: el que termina con el CAE y el de fortalecimiento de las universidades estatales. Son los primeros pasos para recuperar (o comenzar a recuperar) lo alcanzado en el proceso de reforma universitaria de 1967. Se requerirá del mismo espíritu constructor y de propuestas sustantivas para volver a colocar nuestra educación superior en el sitial que le corresponde.

Reformas educacionales en Chile: avances y desafíos en educación pública. Sandra González Toro

La educación no solo surge como un instrumento al servicio de las necesidades de los poderes públicos para originar mano de obra cualificada en los procesos de producción, sino que además como un proyecto político y social que emerge de la ilustración, la cual proclama la Educación como el mecanismo para la regeneración cultural y moral y la consolidación de identidades nacionales y personales que fortalecen sociedades democráticas. (Barroso, 1994; citado en Escudero, 2002).

Estas concepciones han originado diferencias significativas respecto a la Educación. Por un lado, se visualiza como una inversión rentable -que genera relaciones entre las necesidades económicas de cada momento histórico- y por ende, está al servicio de las jerarquías de poder. Por otro, como una actividad que permite “el desarrollo humano y personal en el concierto social y comunitario, inspirado en principios como la igualdad, libertad, emancipación social y humana, y solidaridad” (Reid, 1997; citado en Escudero, 2002).

Por consiguiente, las reformas curriculares originadas por los Estados han intentado responder a estas visiones divergentes, enfrentando el desafío de no quedar al margen del desarrollo económico y atendiendo a su vez a las dificultades de acceso a una educación de calidad, desde un enfoque de derechos. Desde esta perspectiva, la Educación Chilena -en los últimos 50 años- ha manifestado significativas transformaciones, a partir de los objetivos principales en que se han fundamentado las reformas curriculares, y de las cuales se pueden inferir diferentes y, posiblemente, divergentes formas de concebir la Educación. Entre las más relevantes, tenemos la iniciada a mediados de los años sesenta con el presidente Eduardo Frei Montalva, que implicó cambios sustantivos para la Educación Chilena, donde resalta la concepción sobre la responsabilidad socio-cultural de la Educación y la formación para la vida activa, visualizándola como un proceso para toda la vida, por tanto, la expansión al acceso a ésta se convierte en lo fundamental.A partir de esto, se reforma la Constitución para extender la educación y hacerla obligatoria durante ocho años, incrementando el gasto fiscal para construir más escuelas, con el objetivo de ampliar la cobertura en todos los niveles. Esto permite alcanzar la cobertura básica universal en los años setenta, además de un aumento en la cobertura de la Educación Media. (Elacqua, 2011).

Con todo, en 1970 las tasas de deserción escolar continuaron siendo considerables, presentándose datos tales como: de 100 estudiantes que ingresaban a 1° año básico, solo el 14,2% terminaba el 8° año básico (Obra protegida, Memoria Chilena, 1973). Por esta razón, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, se propone un proyecto para la transformación integral de la Educación Chilena, a saber, la Escuela Nacional Unificada, la cual se basa en una concepción de Educación como un proceso permanente que se debe desarrollar desde los primeros años y durante toda la vida. Siendo fundamental su perspectiva democrática, pluralista y participativa. Este proyecto no se concreta, primero, debido a los miedos de parte de la burguesía nacional, de “ideologizar la educación”, y posteriormente por el acceso de la dictadura al poder.

Con la dictadura militar, se concretan las reformas más profundas en términos estructurales de la Educación Chilena. Entre estas se encuentra la descentralización de la administración de las escuelas, pasando del Ministerio de Educación a los municipios; el establecimiento de un sistema de “voucher”, consistente en entregar un subsidio a la demanda; el origen de un sistema de evaluación nacional, el SIMCE; y la creación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).Estas acciones tienen repercusión en la expansión de la educación privada, que se concretan con la creación de más de 1.000 escuelas privadas subvencionadas, las cuales entran al sistema e incrementan sus matrículas de un 15% en 1981 a un 31% en 1990. A su vez, se origina un desplome en las matrículas de las escuelas públicas, bajando de un 78% a un 60% en el mismo periodo. (Elacqua, 2011).

Posteriormente, con los gobiernos de los partidos de la Concertación, se establecen una serie de iniciativas para el desarrollo de la Educación, como la creación del Estatuto Docente; aumento de los recursos privados en el sistema público, extensión de la jornada escolar, extensión de la educación obligatoria a 12 años, aumento en la cobertura pre-escolar y el reemplazo de la LOCE por la Ley General de Enseñanza, que tiene como objetivo equilibrar la libertad de enseñanza con el derecho a una educación de calidad.

Si bien, todas estas medidas buscan una nueva regulación, se sigue sosteniendo los componentes centrales de la educación con principios coherentes al modelo económico neoliberal: la subvención escolar a instituciones privadas, la selección de los estudiantes y la libertad de enseñanza, las cuales se ven fortalecidas con el gobierno de Sebastián Piñera, limitando cada vez más el rol del Estado como garante de Educación Pública de calidad.

En este escenario, el concepto de calidad se pone en entredicho, pues, si bien para algunos está sustentado en principios como la liberación, la eficacia, la optimización y la excelencia, sutilmente, sus objetivos son muy distintos a los declarados, toda vez que constituyen un pretexto para obviar los compromisos y aspiraciones depositadas en la Educación y los sistemas educativos de las sociedades modernas, como son la igualdad y la no discriminación. En sí, la Educación como servicio público (Escudero, 2002).

Aquí es donde las reformas impulsadas por el gobierno de Michelle Bachelet tienen su mayor sustento, constituyéndose en base a 4 pilares o consideraciones: calidad educativa, segregación e inclusión, gratuidad universal y fin al lucro en todo el sistema educativo.

Lo anterior se traduce en que, a la fecha, se encuentran aprobadas la Ley de Inclusión Escolar; la Ley de Desarrollo Profesional Docente y gratuidad mediante glosa, destinada a implementar un programa de acceso gratuito a la Educación Superior para estudiantes pertenecientes a los cinco primeros deciles de menores ingresos de la población, matriculados en instituciones que cumplan ciertos requisitos de calidad, participación y exclusión del lucro.

Entre los elementos más destacables de estas políticas educativas, se encuentra que, en el año 2016, más de 240 mil estudiantes accedieron a la Educación Escolar de manera gratuita, liberando a sus familias del pago por su educación. A su vez, se termina con la selección en los establecimientos educacionales y los recursos,aportados por el Estado, solo se pueden usar con fines educativos, no pudiendo retirarse utilidades de los establecimientos con cargo a recursos públicos.

Por otra parte, en el ámbito de la inclusión, no se podrá cancelar matrículas por rendimiento y tampoco realizar expulsiones en medio de un período escolar.

A este nuevo escenario en los establecimientos, se suman aspectos relevantes a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, como es la formación inicial de los profesores. En efecto, el Estado es el responsable de las Universidades que imparten pedagogía y solo aquellas universidades acreditadas podrán entregar títulos a los profesionales de la educación. Se complejizan a su vez los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía y se inicia un proceso de reconocimiento del desarrollo profesional de los docentes, el cual posibilita el aumento de sus remuneraciones y el acceso a procesos de capacitación permanente, recobrando el rol histórico del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas  (CPEIP), entre otros aspectos positivos.

Por otra parte, en lo que respecta a Educación Superior, el avance más sustantivo dice relación con el proceso de gratuidad, el cual viene a restituir el derecho a la educación, entregando a los estudiantes la garantía de acceder a una carrera sin pagar matrícula ni arancel, por el período de duración formal de su carrera. Este beneficio hoy alcanza los 200.000 estudiantes a lo largo de Chile, logrando un nivel de permanencia en la Educación Superior del 86.7%, muy por sobre el promedio nacional de 68.7%.

A estos avances, se sumarán próximamente los proyectos de ley de Nueva Educación Pública y Educación Superior, los cuales vienen a aportar continuidad y sustentabilidad a este proceso de reformas. Por una parte, la nueva institucionalidad en las escuelas y liceos públicos permitirá resguardar la calidad y la equidad de los procesos educativos que desarrollan las comunidades educativas. Por otra parte, posibilitará el término de desvíos de recursos del Estado destinados a Educación hacia otras prioridades de los municipios. Adicionalmente, el foco de fortalecimiento de la institucionalidad de la Educación Superior se acompaña de un aseguramiento de la calidad, fin al lucro, gratuidad y fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional.

No obstante lo anterior, aún sigue siendo necesario asumir las implicancias de la polarización del sistema educativo y la revisión del sentido de lo público y lo privado. Teniendo como desafío terminar con las lógicas de las relaciones del mercado en la provisión de educación, donde no solo se dé, como objeto de discusión, el fin del lucro en todo el sistema educativo, sino también, el repensar la participación del Estado como garante del derecho a la educación y como actor predominante en la construcción de un modelo educativo acorde a las necesidades de equidad y justicia social que demanda el país.

En consecuencia, no solo es necesario colocar los procesos educativos como ejes centrales de las políticas públicas, sino que además se debe resguardar la participación de todos los actores sociales en la reconstrucción del sistema educativo público, como una forma de propiciar el equilibrio de intereses y la distribución del poder, garantizando una educación pública, laica, inclusiva y de calidad, como ejercicio de derecho fundamental.

 

Sandra González Toro

Magíster en Evaluación Educacional

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

Referencias
Elacqua, G. (2011). Breve Historia de las reformas educacionales en Chile (1813-2011): Cobertura, Condiciones, Calidad y Equidad. Instituto de Políticas Públicas, Universidad Diego Portales.
Escudero, J. M. (2002).La Reforma de la Reforma ¿Qué calidad para quiénes?. Barcelona, Ariel Social.
Colegio de Profesores de Chile A.G (2016). Análisis de la ley que crea el sistema de desarrollo desarrollo profesional docente. Recuperado de http://www.colegiodeprofesores.cl/images/pdf/sistema%20de%20Desarrollo%20Profesional%20Docente%20(ley%20n%C2%BA20903).pdf
Propiedad protegida (1973). La crisis educacional. Santiago. Quimantú. www.memoriachilena.cl
Ministerio de Educación (2016) Decálogo de la ley de inclusión. Construyendo el derecho a una educación de calidad.
Recuperado de http://leyinclusion.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/91/2017/04/decalogo.pdf

2017, Año de Aniversarios. Por Comité Editorial de CdE.

El próximo año 2017 será un año de importantes aniversarios, se cumplirá un siglo de la Revolución rusa. Revolución que marcaría la historia del siglo XX. El partido bolchevique, encabezado por Vladimir Ilich Ulianov (Lenin), contra todo pronóstico – incluido Marx– iniciaría la marcha del proceso socialista más importante de la historia.

Una Rusia atrasada, casi feudal aún, sería el territorio de las luchas de un pueblo por su emancipación. La Rusia de Lenin encabezaría, a nivel mundial, el proceso revolucionario anticapitalista más relevante de la historia de la humanidad.

Con sus aciertos, y por cierto con sus errores, la Revolución rusa sería el hecho histórico más importante del siglo XX. La humanidad se dividiría en dos grandes polos: capitalismo o socialismo.

También el año 2017, se cumplirá medio siglo del proceso de Reforma Universitaria en Chile. Ese año estallarían los movimientos universitarios de las principales universidades chilenas. La Universidad Técnica Federico Santa María lograría, después de una huelga y toma del plantel porteño de casi un año, un gobierno triestamental, casi al mismo tiempo la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Técnica del Estado (hoy USACH) lograrían establecer el rol público de la universidades chilenas.

A nosotros, como Grupo de Reflexión Fernando Ortiz Letelier, nos enorgullece llevar este nombre pues fue él, precisamente, quien sería un destacado dirigente de las luchas por lograr un sistema universitario al servicio del país.

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Un siglo y medio siglo, son espacios de tiempo que permiten una reflexión sobre estos hechos políticos e históricos, por ello, invitamos a nuestros lectores a participar activamente en estos procesos de reflexión.

Es nuestro propósito que durante 2017 nuestra revista de lugar a artículos que releven los hechos históricos aquí señalados. Por tal razón, invitamos a nuestros lectores a enviar contribuciones para su publicación en Cuadernos de Educación.

Editorial (CdE n°37)

educacion

Finalmente, el proyecto de ley que reforma a la Educación Superior fue presentado, constituyendo una iniciativa que completa el total de la reforma educacional recogida en el Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría. Es un proyecto que considera tres partes, la primera constituida por 202 artículos permanentes, la segunda da cuenta de 60 artículos transitorios necesarios para ir de la situación anterior a la deseada por el ejecutivo; y una tercera parte, elaborada por el Ministerio de Hacienda que constituye el Informe Financiero del Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Sin duda se trata de una reforma compleja, la primera parte (artículos permanentes) se centra fundamentalmente en:

  • Definir al Sistema de Educación Superior como un sistema mixto (estatal y privado) respetando y promoviendo diversidad de proyectos educativos.

  • Se plantea una definición de Universidad (art.4).

  • El título II da cuenta de la creación de una Subsecretaría de Educación Superior y de un sistema común de acceso a las Universidades, así como de la creación de un Sistema Nacional de información de la Educación Superior.

  • El título III da cuenta de la creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El mismo título III da cuenta de la creación del Consejo para la Calidad de la Educación Superior. y los artículos referidos a la acreditación obligatoria de las Instituciones de Educación Superior.

  • El título IV da cuenta de la creación de la Superintendencia de Educación Superior y su objeto fiscalizador y supervigilador de las normas que regulan la Educación Superior.

  • El título V se refiere a las regulaciones y prohibiciones aplicables a las Instituciones de Educación Superior (Universidades, IP y CFT).

  • El título VI se refiere a la Educación Superior Estatal sus objetivos y la creación de una Red de Universidades Estatales. Es menester señalar aquí que la Red Universitaria Estatal no cuenta con recursos específicos señalados en el informe financiero del Ministerio de Hacienda. En este mismo título se establecen las normativas del gobierno universitario.

  • El título VII da cuenta del financiamiento público de la Educación Superior.

  • El título VIII se refiere a las disposiciones finales del proyecto de reforma, principalmente al término del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).

La segunda parte está constituida por el articulado transitorio donde los aspectos más relevantes dan cuenta de:

Finalmente, en la tercera parte, se encuentra el informe financiero del Ministerio de Hacienda, que da cuenta de la cantidad de recursos involucrados en la Reforma. A riesgo de aburrir o importunar, hemos estimado necesario realizar este “scanner” al proyecto. Porque ello da cuenta de la complejidad de las materias involucradas y los intereses particulares que afectará necesariamente. Creemos que las comunidades universitarias deben leer, estudiar y proponer los cambios que estimen necesarios así como defender aquellos aspectos del proyecto que avanzan en la construcción de un mejor sistema de Educación Superior. En este número de la revista incorporamos tres artículos, siempre desde la mirada de aquellos que estimamos que el actual modelo mercantilista de Educación Superior debe terminar. También hemos incorporado una carta abierta y pública de los rectores de la Universidades Estatales que resume su opinión sobre el proyecto en comento. Hacemos un llamado a las comunidades universitarias, incluidos todos sus estamentos, a deliberar y proponer los cambios que se estimen necesarios y defenderlos en la discusión parlamentaria que comienza. El “todo o nada” no es una opción, debemos avanzar.

Carta abierta de los Rectores de las Universidades del Estado de Chile.

Cuech

Fuente: Cuech

Los rectores de las universidades estatales, al iniciar el trabajo de análisis y propuestas tras la presentación del Proyecto de Reforma a la Educación Superior, queremos, en primer lugar, destacar y celebrar el hecho mismo de que se presente un proyecto cuya intención, expresada en el mensaje introductorio, sea modificar los fundamentos del actual sistema universitario.

El mensaje introductorio conceptualiza los principales determinantes de la educación superior, defiende valores vinculados a la educación pública, valientemente vincula el actual sistema de mercado a baja calidad y mayor inequidad, afirma que el lucro es hoy un hecho innegable, y constata que este sistema no se hace cargo de un proyecto de país.

No obstante, en lo que en seguida el proyecto propone como implementación, se preserva para el Estado el disminuido rol de un mero proveedor más de educación superior. La tarea que se le asigna se focaliza en regular al sistema privado en oferta y calidad, aumentando, de paso, la transferencia de financiamiento hacia las instituciones privadas, asegurándoles mayor cobertura. Muy lamentablemente, se mantienen intactos los instrumentos de financiamiento más denostados por los estudiantes, como es el caso del CAE, y más criticados por favorecer a instituciones bajo sospecha de lucro y calidad deficiente.

La implementación del proyecto se despreocupa así de la responsabilidad que le cabe al Estado en generar un espacio de ciudadanía, pertinentemente comprometido con el desarrollo social, cultural y productivo de la nación y de la territorialidad regional.

Vuelve entonces a ser válido preguntarse si este proyecto cumple con los compromisos programáticos por todos conocidos. Tal cumplimiento puede requerir la gradualidad que fuera necesaria, pero el horizonte ha de ser la construcción de una sociedad más democrática y más equitativa. Por el contrario, este proyecto puede terminar conservando estructuralmente los efectos sociales del actual modelo. A partir de la promesa de fortalecer la educación pública, se podría consolidar definitivamente la cobertura privada.

Las universidades estatales no constituimos un grupo más de defensa de intereses particulares, de mayor o menor legitimidad. Nuestro deber es aportar a la identidad, al progreso y a la cohesión del país entero.

Llamamos al Gobierno, al Parlamento, a nuestras comunidades, a la sociedad chilena toda, y especialmente a los jóvenes, a una reflexión acerca de un sistema de educación superior que transparente, por fin, los valores que como país queremos ver prevalecer.

Arturo Flores Franulic /Gustavo Soto Bringas/ Luis Loyola Morales /Celso Arias Mora /Nibaldo Avilés Pizarro /Patricio Sanhueza Vivanco /Aldo Valle Acevedo /Ennio Vivaldi Véjar /Juan Manuel Zolezzi Cid /Jaime Espinosa Araya /Luis Pinto Faverio /Rafael Correa Fontecilla /Álvaro Rojas Marín /Héctor Gaete Feres /Sergio Bravo Escobar /Óscar Garrido Álvarez /Roxana Pey Tumanoff /Juan Oyarzo Pérez

Rectores de las Universidades del Estado de Chile

Consideraciones sobre el proyecto de educación superior. Jorge González Guzmán

Para entender y poder evaluar razonablemente el Proyecto sobre Educación Superior recientemente enviado al Congreso por el gobierno, pienso que es necesario ponerse en el contexto real de este gobierno: no se trata de un gobierno revolucionario, nadie planteó que se pretendía hacer la Revolución Socialista en este país. Este gobierno siempre se planteó como un gobierno reformista, cuyo objetivo no era otro que comenzar a sacar al país de la profunda estructura neoliberal en que se encuentra; tal vez se podría decir, con el lenguaje de Fernando Atria, llevar al país a un neoliberalismo con rostro humano. O tal vez un poco más. No hay que olvidar el conjunto de reformas que ya se han hecho y que están siendo llevadas a cabo, desde luego con toda clase de dificultades. La presente reforma educacional, referida a la Educación Superior, constituye el último tramo de la reforma que empezó con el ámbito parvulario, el básico, el medio y ahora, entonces, el terciario. Los objetivos que este proyecto muestra explícitamente (ver Antecedentes: 3 d ), consisten esencialmente en dos elementos, íntimamente relacionados:

  • Sacar a la educación del ámbito del mercado para transformarla en un derecho social

  • Impulsar el desarrollo de la calidad de la educación pública.

¿Garantiza esta Ley el cumplimiento de estos objetivos? Por supuesto que no. Pero pienso que ninguna Ley garantiza nada. Las Leyes abren posibilidades ( o las cierran), inducen transformaciones (o las dificultan). En el caso del presente Proyecto de Ley, considero que efectivamente abre puertas e induce y facilita las transformaciones a que nos estamos refiriendo. En efecto:

  • La Subsecretaría tendrá que cuidar que no haya lucro, para lo cual tiene atribuciones y mandatos bastante explícitos en la misma Ley: los artículos 114, 126 y 134 hacen que hacer negocio (o seguir con él) en el ámbito de la educación terciaria sea bastante más difícil.

  • El Proyecto crea todo un sistema para la calidad, con exigencias explícitas: acreditación obligatoria y “verdadera”, pues habrá estándares a cumplir (artículos 26 y 31), y será integral (artículo 42), además todas las carreras dirigidas a la enseñanza, así como medicina, deberán estar también acreditadas. Estas exigencias desincentivan inversiones en la Educación Superior como negocio: el negocio ya no es muy rentable.

  • Se crea una Red de Instituciones de Educación Superior que son estatales (artículo 143), con estructuras participativas y condiciones explícitas de sus estructuras y objetivos (artículo 142) y además con fondos especiales para su desarrollo (artículo 188).

  • El llamado Aporte Fiscal Directo (AFD) será gradualmente eliminado pero será reemplazado con creces (Artículo 59 Transitorio) por un Fondo de Desarrollo para todas las universidades de vocación pública (artículo 187).

  • Finalmente mencionemos que se elimina el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), elemento típico de la competencia entre instituciones (artículo 200)

Considero que todos estos elementos presentados constituyen un buen paso adelante en los objetivos de sacar la educación del mercado y fortalecer su calidad. En cuanto a la gratuidad universal , la Ley, en sus artículos transitorios (número 48), establece condiciones de desarrollo económico para cumplir los plazos para alcanzarla. Estas condiciones podrán ser, tal vez, eliminadas en la discusión del proyecto, de modo de dejar abierta la posibilidad de aumentar los fondos para el financiamiento del sistema público usando otros recursos, tales como la Ley Reservada del Cobre, re-nacionalizando la gran minería, con una nueva reforma tributaria, con un Impuesto Patrimonial, etc. En resumen, el Proyecto abre puertas, no las cierra.

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