La Reforma Universitaria de 1967. Ricardo López Erazo

Hace 50 años los campus universitarios de Chile se estremecieron.Las comunidades universitarias – académicos, estudiantes y personal no académico – irrumpieron en la escena política y social del país, proclamando el inicio de un proceso de reforma de la educación superior.

Hasta ese entonces, las Universidades eran consideradas “torres de marfil” haciendo alusión al nulo involucramiento en el devenir de su entorno social y menos en la construcción de un proyecto-país. Era un sistema elitista al que accedían sólo estudiantes que lograban sortear con buenos puntajes la prueba de ingreso que a la sazón se denominaba Bachillerato.

Salvo excepciones, que confirman la regla, los hijos de obreros y campesinos no tenían posibilidades de acceder a la educación superior. El sistema universitario reproducía a las elites gobernantes.

El proceso de Reforma Universitaria de 1967 fue un proceso complejo y ocurrió en un escenario histórico de guerra fría, sin embargo, el apoyo de las comunidades universitarias fue transversal. Los motores del proceso fueron jóvenes democratacristianos, socialistas, comunistas y un gran número de jóvenes, académicos y trabajadores independientes. La única exclusión provino de la extrema derecha con el movimiento gremialista creado por Jaime Guzmán el mismo año 1967. (El movimiento gremialista es el antecedente histórico de la actual UDI.)

Ese año el sistema universitario estaba conformado por ocho universidades, con gran preponderancia de las universidades estatales. La reforma vino a modificar de manera sustancial los contenidos y orientaciones de las funciones universitarias. Se estableció una nueva estructura de autoridad y poder a través de una participación triestamental e involucró, como nunca antes, a las universidades en la generación de proyectos de desarrollo y modernización del país.

El proceso de reforma significó que grandes contingentes de jóvenes se interesaran en los problemas de la sociedad chilena y en la forma en que se vinculaban el conocimiento científico y cultural con el desarrollo nacional y la política.

Cada casa de estudios vivió su propio proceso de reforma, pero es posible distinguir cuatro objetivos comunes en cada una de las universidades:

  1. Una docencia que fuera más allá del mero adiestramiento. Se procuró una formación más amplia, humanista y participativa. Por primera vez, los estudiantes tuvieron la posibilidad de incidir en la organización del currículo.
  2. Se promovió la investigación científica y tecnológica, aumentando considerablemente los recursos para aumentar la dotación de académicos de jornada completa e investigadores. Se mejoró notablemente la infraestructura de investigación, entendiendo que el desarrollo de ésta enriquecería a la docencia.
  3. El proceso de reforma incentivó una función que las universidades no habían desarrollado hasta ese momento, a saber, la extensión universitaria. Se buscó hacer aportes pertinentes a demandas de la sociedad. Es al calor de este proceso que surgen el ICTUS, el BAFONA, la Universidad de Trabajadores (UTE), el DUOC (UC) cuyo propósito inicial de este último era el acceso de jóvenes obreros y campesinos a la educación superior – muy distante de lo que hoy es- y múltiples experiencias en ese sentido, tan alejadas de los esfuerzos de “vinculación con el medio” que no son otra cosa que los brazos comerciales de las actuales universidades.
  4. La Reforma significó una amplia democratización de los gobiernos universitarios, se implementó la elección triestamental de las autoridades unipersonales y se promovió la participación de todos los estamentos en las decisiones de los gobiernos universitarios.

En términos generales, la Reforma Universitaria fue un proceso constructor en el que las demandas eran apoyadas por proposiciones sustantivas.

Durante el período 1967-1973, la Reforma continuó implementándose y mejorando continuamente, pudiendo señalarse que en ese período nuestras universidades respondieron satisfactoriamente a las demandas sociales y del país. Asimismo, su desarrollo interno posibilitó una vida universitaria real, rica en experiencias, debates y desarrollo personal de sus estudiantes. Nadie cuestionaba el rigor y la calidad de la formación incrementando vigorosamente el prestigio internacional de nuestras universidades.

En septiembre de 1973, la larga noche de oscurantismo habría de abortar dramáticamente este proceso. Con metralla y corvos entraron los bárbaros y sus rectores-delegados para demoler toda la obra realizada. Las expulsiones y persecución de estudiantes no se hicieron esperar, el despido de académicos y trabajadores fueron el denominador común en todas nuestras universidades. Luego, anticipándose a la transformación de la educación en un negocio, desmembraron y debilitaron a las universidades nacionales, obligándolas a una política de autofinanciamiento, pavimentando así el camino para la entrada a este “nuevo mercado” de instituciones que difícilmente podríamos llamar Universidades.

Hoy se discute en el Congreso el proyecto de Reforma de la Educación Superior, el gobierno ha comprometido que tras este proyecto se enviarán, este mismo año, dos nuevos proyectos: el que termina con el CAE y el de fortalecimiento de las universidades estatales. Son los primeros pasos para recuperar (o comenzar a recuperar) lo alcanzado en el proceso de reforma universitaria de 1967. Se requerirá del mismo espíritu constructor y de propuestas sustantivas para volver a colocar nuestra educación superior en el sitial que le corresponde.

Carta abierta de los Rectores de las Universidades del Estado de Chile.

Cuech

Fuente: Cuech

Los rectores de las universidades estatales, al iniciar el trabajo de análisis y propuestas tras la presentación del Proyecto de Reforma a la Educación Superior, queremos, en primer lugar, destacar y celebrar el hecho mismo de que se presente un proyecto cuya intención, expresada en el mensaje introductorio, sea modificar los fundamentos del actual sistema universitario.

El mensaje introductorio conceptualiza los principales determinantes de la educación superior, defiende valores vinculados a la educación pública, valientemente vincula el actual sistema de mercado a baja calidad y mayor inequidad, afirma que el lucro es hoy un hecho innegable, y constata que este sistema no se hace cargo de un proyecto de país.

No obstante, en lo que en seguida el proyecto propone como implementación, se preserva para el Estado el disminuido rol de un mero proveedor más de educación superior. La tarea que se le asigna se focaliza en regular al sistema privado en oferta y calidad, aumentando, de paso, la transferencia de financiamiento hacia las instituciones privadas, asegurándoles mayor cobertura. Muy lamentablemente, se mantienen intactos los instrumentos de financiamiento más denostados por los estudiantes, como es el caso del CAE, y más criticados por favorecer a instituciones bajo sospecha de lucro y calidad deficiente.

La implementación del proyecto se despreocupa así de la responsabilidad que le cabe al Estado en generar un espacio de ciudadanía, pertinentemente comprometido con el desarrollo social, cultural y productivo de la nación y de la territorialidad regional.

Vuelve entonces a ser válido preguntarse si este proyecto cumple con los compromisos programáticos por todos conocidos. Tal cumplimiento puede requerir la gradualidad que fuera necesaria, pero el horizonte ha de ser la construcción de una sociedad más democrática y más equitativa. Por el contrario, este proyecto puede terminar conservando estructuralmente los efectos sociales del actual modelo. A partir de la promesa de fortalecer la educación pública, se podría consolidar definitivamente la cobertura privada.

Las universidades estatales no constituimos un grupo más de defensa de intereses particulares, de mayor o menor legitimidad. Nuestro deber es aportar a la identidad, al progreso y a la cohesión del país entero.

Llamamos al Gobierno, al Parlamento, a nuestras comunidades, a la sociedad chilena toda, y especialmente a los jóvenes, a una reflexión acerca de un sistema de educación superior que transparente, por fin, los valores que como país queremos ver prevalecer.

Arturo Flores Franulic /Gustavo Soto Bringas/ Luis Loyola Morales /Celso Arias Mora /Nibaldo Avilés Pizarro /Patricio Sanhueza Vivanco /Aldo Valle Acevedo /Ennio Vivaldi Véjar /Juan Manuel Zolezzi Cid /Jaime Espinosa Araya /Luis Pinto Faverio /Rafael Correa Fontecilla /Álvaro Rojas Marín /Héctor Gaete Feres /Sergio Bravo Escobar /Óscar Garrido Álvarez /Roxana Pey Tumanoff /Juan Oyarzo Pérez

Rectores de las Universidades del Estado de Chile

Consideraciones sobre el proyecto de educación superior. Jorge González Guzmán

Para entender y poder evaluar razonablemente el Proyecto sobre Educación Superior recientemente enviado al Congreso por el gobierno, pienso que es necesario ponerse en el contexto real de este gobierno: no se trata de un gobierno revolucionario, nadie planteó que se pretendía hacer la Revolución Socialista en este país. Este gobierno siempre se planteó como un gobierno reformista, cuyo objetivo no era otro que comenzar a sacar al país de la profunda estructura neoliberal en que se encuentra; tal vez se podría decir, con el lenguaje de Fernando Atria, llevar al país a un neoliberalismo con rostro humano. O tal vez un poco más. No hay que olvidar el conjunto de reformas que ya se han hecho y que están siendo llevadas a cabo, desde luego con toda clase de dificultades. La presente reforma educacional, referida a la Educación Superior, constituye el último tramo de la reforma que empezó con el ámbito parvulario, el básico, el medio y ahora, entonces, el terciario. Los objetivos que este proyecto muestra explícitamente (ver Antecedentes: 3 d ), consisten esencialmente en dos elementos, íntimamente relacionados:

  • Sacar a la educación del ámbito del mercado para transformarla en un derecho social

  • Impulsar el desarrollo de la calidad de la educación pública.

¿Garantiza esta Ley el cumplimiento de estos objetivos? Por supuesto que no. Pero pienso que ninguna Ley garantiza nada. Las Leyes abren posibilidades ( o las cierran), inducen transformaciones (o las dificultan). En el caso del presente Proyecto de Ley, considero que efectivamente abre puertas e induce y facilita las transformaciones a que nos estamos refiriendo. En efecto:

  • La Subsecretaría tendrá que cuidar que no haya lucro, para lo cual tiene atribuciones y mandatos bastante explícitos en la misma Ley: los artículos 114, 126 y 134 hacen que hacer negocio (o seguir con él) en el ámbito de la educación terciaria sea bastante más difícil.

  • El Proyecto crea todo un sistema para la calidad, con exigencias explícitas: acreditación obligatoria y “verdadera”, pues habrá estándares a cumplir (artículos 26 y 31), y será integral (artículo 42), además todas las carreras dirigidas a la enseñanza, así como medicina, deberán estar también acreditadas. Estas exigencias desincentivan inversiones en la Educación Superior como negocio: el negocio ya no es muy rentable.

  • Se crea una Red de Instituciones de Educación Superior que son estatales (artículo 143), con estructuras participativas y condiciones explícitas de sus estructuras y objetivos (artículo 142) y además con fondos especiales para su desarrollo (artículo 188).

  • El llamado Aporte Fiscal Directo (AFD) será gradualmente eliminado pero será reemplazado con creces (Artículo 59 Transitorio) por un Fondo de Desarrollo para todas las universidades de vocación pública (artículo 187).

  • Finalmente mencionemos que se elimina el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), elemento típico de la competencia entre instituciones (artículo 200)

Considero que todos estos elementos presentados constituyen un buen paso adelante en los objetivos de sacar la educación del mercado y fortalecer su calidad. En cuanto a la gratuidad universal , la Ley, en sus artículos transitorios (número 48), establece condiciones de desarrollo económico para cumplir los plazos para alcanzarla. Estas condiciones podrán ser, tal vez, eliminadas en la discusión del proyecto, de modo de dejar abierta la posibilidad de aumentar los fondos para el financiamiento del sistema público usando otros recursos, tales como la Ley Reservada del Cobre, re-nacionalizando la gran minería, con una nueva reforma tributaria, con un Impuesto Patrimonial, etc. En resumen, el Proyecto abre puertas, no las cierra.

educacion tecnica

Editorial (CdE nº32)

Reforma de la Educación: ¿Dónde quedan las Fuerzas Armadas?

El sistema de educación superior en Chile ha sufrido varios cambios estructurales en las últimas tres décadas. Estas transformaciones tuvieron como punto de partida las reformas de los años ochenta: el congelamiento de la universidades estatales y los cambios que aprobaron la incorporación de privados a la educación superior, permitiendo el surgimiento de nuevas Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) privados. Actualmente el sistema universitario chileno está constituido por 60 instituciones, de las cuales 25 son universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) y 35 son universidades privadas (creadas después de 1981). (Educación 2020, 2014)

El proceso de reforma a la educación superior actual viene a modificar esta institucionalidad desarrollada a partir del año 1981. Las propuestas, y/o modificaciones a esta estructura son parte de la discusión que se está generando en distintas instancias y que tiene como punto central el fin al lucro. Sin embargo, dentro del sistema de educación superior existen otras instituciones que hasta el momento no se han nombrado y discutido en el proceso de reforma educativa, a saber, las Fuerzas Armadas y de Orden.

En Chile, el ingreso a las Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas y de Orden está definido a partir del nivel socioeconómico de las familias de los aspirantes. Por tanto, es importante incorporar a estas Instituciones de Educación superior la discusión sobre la gratuidad para su ingreso, con el fin de generar la incorporación y la no discriminación en el proceso de selección de sus aspirantes y no seguir reproduciendo guetos o castas sociales.

Academia

En este sentido, el objetivo de la reforma, busca la construcción de un sistema educativo inclusivo que ofrezca igualdad de oportunidades y equidad en el acceso, frente al ingreso, a las posibilidades de elección, al aprendizaje, conocimiento, competencias y valores, que aseguren un integral desarrollo personal y colectivo, para avanzar hacia un país con mayor justicia y democracia. Por lo tanto, es necesario incluir en la reforma educacional a las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el fin de generar un proceso de democratización en la accesibilidad y formación.

En la actualidad el Estado no financia la carrera militar de la oficialidad, siendo los padres los que deben contribuir monetariamente a su formación, lo que crea un sistema exclusivo y excluyente. La poca diversidad en la composición de clase y de género de la oficialidad chilena ha contribuido a crear un orden favorable a un determinado sector social, político y económico, heredero de la dictadura militar en su formación. En suma, se ha cambiado la forma pero el fondo sigue igual.

Considerando que la composición de las Fuerzas Armadas debe ser expresión de la diversidad social, cultural y económica de la que se compone la sociedad chilena, lo que garantizaría la seguridad democrática, debido a que en el seno de las instituciones militares estarían presentes y convivirían las diferentes clases, grupos e ideologías. Así los valores democráticos y la diversidad social no son enseñados y estudiados en lo abstracto por los futuros suboficiales y oficiales, sino que son asimilados a partir de la materialidad social en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje militar y policial.

La educación de las Fuerzas Armadas y de Orden es el espacio donde se deben concentrar los mayores esfuerzos para la consolidación de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, apuntando a la capacidad de constante perfeccionamiento de las instituciones respecto de la defensa de la vida, la solidaridad, la justicia y la soberanía. Es fundamental que en su formación los futuros oficiales reflejen la diversidad de la sociedad chilena para que así se produzca un intercambio de visiones con ciudadanos de distinto origen social, cultural y económico y con la diversidad de opciones políticas, religiosas, sexuales o de género. (Gutiérrez, Vallejo, 2014) Esto significa garantizar el derecho a la educación y a la formación del mayor número posible de personas que aspiran a la educación militar y policial en un contexto de democratización social.

Asimismo, es preciso incluir en la discusión propuestas curriculares que fomenten el respeto a los derechos fundamentales, la democracia, la solidaridad y la diversidad social. Es importante destacar, sin embargo, que las mismas Fuerzas Armadas, han sido reacias a reformas de sus sistemas educativos, contribuyendo así a su aislamiento social y a su aparente sometimiento al poder civil

De esta forma, en la estructura orgánica sigue predominando una concepción corporativa de la función de educación, esto es, permitir que sean las Fuerzas Armadas y no la autoridad superior ministerial la que decida los grandes lineamientos de la formación. Igualmente, desde el punto de vista institucional, la educación militar queda consagrada como una responsabilidad autónoma de cada una de las fuerzas, sin una coordinación superior en términos de doctrina, planes, y programas que se establezcan. Incluso más, pese a que la instrucción militar tiene una equivalencia en los grados de formación técnico profesional y universitaria, tampoco el Ministerio de Educación interfiere en los procesos de definición interna de planes y programas (Zúñiga, 2012)

Por ende, la reforma educativa debe entonces permear la formación integral de los militares y policías en todas sus dimensiones, generando una cultura de evaluación sintonizada y comprometida con las políticas públicas de formación profesional y con los avances sociales, tecnológicos y económicos nacionales y democráticos que el país promueve.

En este sentido, la Educación Pública debe seguir fortaleciendo estas virtudes, permitiéndonos formar una sociedad civil que respete y sea garante de un sistema democrático en construcción directa con sus ciudadanos. La educación universitaria civil y/o militar es trascendental para el desarrollo del país y de sus ciudadanos, dado que en ella se juega la capacidad de nuestros técnicos y profesionales, así como de nuestros académicos dedicados a la ciencia e investigación, para estar a la altura de las nuevas exigencias. (VVAA, 2012)

Una reforma educacional tiene que pensar el conjunto de la sociedad presente y futura, donde los valores de la justicia social sean el interés central, el pensar una educación más allá del capital como señalara István Mészáros, donde la educación deje de funcionar como mercancía y se convierta en el vehículo donde todos los seres humanos se desarrollen en todas sus potencialidades sociales y culturales.

Proclama de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales por la Defensa de la Humanidad

Mediante una proclama, un grupo de 120 intelectuales exhortó a los pueblos del mundo a mantenerse en movilización permanente hasta lograr la derogatoria y reversión de la orden ejecutiva, dictada por Barak Obama, que sindica al gobierno venezolano como una amenaza a la seguridad de EE.UU.

Esta red, está integrada por intelectuales, artistas y movimientos sociales de México, Venezuela, Cuba, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, Brasil, Canadá, EE.UU., España, Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, Italia, Argelia y Senegal.

A continuación publicamos dicha proclama:

Nosotros y nosotras intelectuales, artistas, luchadores y luchadoras sociales En defensa de la Humanidad reunidos en Caracas, Venezuela, proclamamos:
Repudiamos enérgicamente la Orden Ejecutiva 13682 del Presidente Barack Hussein Obama, que define a la Revolución Bolivariana de Venezuela como una amenaza para la seguridad interna y la política exterior de los Estados Unidos de América.
Denunciamos que esta medida unilateral constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela y de violencia hacia los pueblos de Nuestra América.
Condenamos el cinismo del gobierno norteamericano, principal violador de los derechos humanos en el mundo que, en nombre de la defensa de éstos, ejecuta agresiones contra pueblos y naciones. Para ello se vale de bases militares, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación privados, gobiernos serviles, las burguesías e instancia multilaterales.
Llamamos a los pueblos de América y el Mundo a mantenernos en movilización permanente hasta lograr la derogatoria y reversión de la infame Orden Ejecutiva 13682, a través de la creación de un Consejo de Solidaridad, que articule las organizaciones y movimientos sociales nacionales y locales, hasta obtener la derrota definitiva del imperialismo y alcanzar que América Latina y el Caribe se consolide como una zona de Paz.

Caracas, 7 de abril de 2015

Más información en http://www.telesurtv.net/news/Intelectuales-debaten-sobre-injerencia-de-EE.UU.-en-Venezuela-20150407-0026.html

Ensayo crítico sobre la Universidad Neoliberal. Eliseo Lara Ordenes

Eliseo Lara Ordenes *

La universidad ha sido desde siempre un espacio del y para el conocimiento. Desde los inicios fundadores del saber riguroso este espacio tuvo problemas para su avance y desarrollo, pues continuamente ha tenido que combatir el régimen ideológico imperante, llámese catolicismo, liberalismo, positivismo y muchos otros ismos. Sin embargo, la realidad de América Latina ha sido más precaria aún, ya que estos espacios han surgido al alero de ideas de dominio, ya sea por expansión ideológica, como lo sucedido con los centros académicos fundados en la Colonia, o para potenciar el dominio de unos pocos que se hicieron del poder con las independencias. Es decir, en América la universidad fue para una elite, condición que recién parece estar poniéndose en cuestionamiento a finales del siglo XX. No obstante, este cambio se debe a su crecimiento desmedido de matrículas y carreras, visto más como un proceso económico que como una planificación de desarrollo país, aún cuando por defecto esto ocurra, lo cual nos hace suponer que la universidad en su total dimensión sigue siendo para una elite. (Esto último se puede comparar con las universidades más importantes del mundo y sus respectivos alumnados).

Ahora bien, dentro de este marco quisiera entrar al cuestionamiento específico respecto de esta tesis general, es decir, las características de la universidad vista como negocio para una mayoría y cómo debe ser, en su sentido efectivo, sólo para una elite.

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En primer lugar, no hay generación de nuevos conocimientos. La universidad en el actual modelo neoliberal se ha convertido en un centro de formación técnica calificada para la gran mayoría de jóvenes que pertenece a ella, es decir, los estudiantes ingresan a adquirir “competencias” que son específicas para las áreas laborales en las que están interesados, perdiendo todo sentido integral de la formación profesional, y haciendo de la práctica académica una mera repetición de contenidos sin poner en discusión ni promover la investigación que produzca nuevos conocimientos o aportes críticos a los ya existentes.

De esto se desprende que el alumno considere que estudiar es la práctica repetitiva y rememorativa de una lectura sugerida y acorde al ramo o curso tomado, el cual está circunscrito al aprendizaje técnico de la carrera, salvo los ramos prácticos en que se ensaya la teoría. De una u otra manera, solo hay repetición.

El estudiante, por lo tanto, es visto como un producto, pues se espera de él que adquiera ciertas condiciones que le permitan aumentar su valor en la sociedad, del mismo modo que una materia prima, como, por ejemplo, una tela que luego de un proceso productivo se convierte en pantalón o falda. Es decir, la mirada sobre la educación superior es purament El académico en este sentido deja de ser un investigador y pasa a ser un docente, al cual se le exige que tenga más condiciones didácticas que investigativas, enseñándole incluso estrategias casi de entretenimiento para que su entrega de “información” sea más lúdica y fácil de llevar a la práctica, pues al tratar al estudiante como un cliente se le pretenden dar todas las facilidades para que consuma el conocimiento comprado. Esto último trae como consecuencia que el académico sea un trabajador desregulado que vende su fuerza de trabajo por horas, solo considerándose la docencia, sin investigación ni extensión, como pilar de la actividad universitaria.

No_más_lucroPor su parte, esa minoría de académicos en planta o con contrato pasa a desempeñar labores administrativas, convirtiéndose así en un funcionario de la institución que imparte docencia, más no en un académico que genere nuevos conocimientos.

En segundo lugar, la universidad es un aliado de la empresa privada. Esta condición se refuerza cada vez más en las forzosas y bien vistas alianzas entre los centros académicos con las industrias y empresa privada, pues al ser éstos los espacios finales de la “formación técnica profesional” los privados indican sus necesidades para la adecuación de requisitos en la enseñanza que se imparte en la universidad, dejando fuera de participación cualquier otra mirada que incorpore el Estado acerca del desarrollo del país, pues en este sentido prima un carácter económico.

Así pues, el estudiante es enviado a prácticas profesionales en centros productivos donde no reciben ningún tipo de remuneración por el trabajo realizado, entregándole gratuitamente al privado sus conocimientos e incluso sus ideas de mejoramiento, es decir, ocurre una transferencia directa de la educación a la empresa sin que se consolide ni evalúe el conocimiento o idea novedosa del estudiante. La universidad pierde entonces su autonomía y comienza a regirse por las leyes del mercado laboral, que es más bien, un mercado definido y condicionado por el empresariado.

Además, la universidad pierde cualquier dimensión de su sentido público, pues solo se dedica a responder a los privados.

Por otra parte, en tal universidad no existe debate ni confrontación de ideas, solo hay aplicación de conocimientos. En efecto, los centros de formación profesional no consideran espacios de intercambio de conocimiento ni eventos de discusión donde se establezcan consensos respecto de las diferentes áreas de desarrollo, pues esto está completamente entregado a las manos del empresariado, no hay ningún evento académico que sea reconocido ni valorizado en la sociedad como un lugar donde se posen las miradas por las resoluciones a las que se llegue.

Esto hace ver que la universidad se ha instalado instrumentalmente en la sociedad, donde el joven asiste más por el sentido móvil de su condición laboral, cuestión que no está asegurada, antes que por un sentido esencial y público de la responsabilidad que implica ser un profesional y estar más “preparado” para los avatares no solo laborales sino también, supuestamente, de la vida. Con todo, pertenecer a la universidad conlleva estatus social y también económico, cosa que tienen muy claro los estudiantes de ingeniería comercial, industrial, en minas, medicina, derecho o auditoría, entre otras.

Finalmente, el pensamiento crítico y las humanidades en general están en retroceso. En esta concepción de universidad y por las condiciones antes descritas, las humanidades están en un retroceso que aumenta cada día, generando consecuencias lamentables para el país, no solo por los índices que evidencia la lectura y escritura en Chile, sino también por la ética profesional con que se actúa.

Las carreras, al ser vistas como simples formadoras de competencias, relegan el rol de las humanidades y el pensamiento crítico a un segundo plano, sin ver ahí cuestiones consubstanciales al desarrollo profesional, tales como la expresión oral y escrita, la resolución de problemas, el trato interpersonal, la reflexión crítica en la toma de decisiones, entre otras relacionadas, pero, fundamentalmente, la ética.

El rol de las humanidades para la formación integral del profesional es necesario para la construcción de país que estamos intentando lograr, pues no solo se necesitan autómatas eficientes sino también personas que piensen y expresen, por diferentes vías y formas, su pensamiento y reflexión. En esto, creo no equivocarme, al establecer una relación entre lo sucedido con las carreras humanistas en la Dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet, con el rol que adquieren las humanidades en el neoliberalismo, es decir, hay una condescendencia ideológica de por medio, la necesidad de formar profesionales a-críticos.

Visto así, la Universidad Neoliberal que estamos viviendo y de la cual formamos parte quienes somos o nos consideramos académicos y no simples repetidores de un conocimiento pauteado por la libre competencia, vulnera nuestra actividad y nuestro quehacer profesional y ético, por acción u omisión, haciéndonos forzosamente parte de un modelo educativo que no pretende poner en discusión nada, excepto la mejora de la utilidad empresarial, que sin duda importa, pero no lo suficiente como para determinar y condicionar el desarrollo académico que debe producirse en la universidad, pues esta sociedad, y esto es algo evidente pero tan evidente que no se ve, no solo la conforman los grandes capitales privados.

*Profesor de Filosofía, Licenciado en Educación, Licenciado en Filosofía y Magister en Literatura con mención en Chilena e hispanoamericana por la Universidad de Playa Ancha (UPLA). Actualmente cursa el Doctorado en Estudios Americanos mención pensamiento y cultura en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (IDEA-USACH)

Editorial (CDE nº 28)

La instalación del gobierno de la presidenta Bachelet ha sido la noticia más comentada y discutida en las últimas semanas: la razón ha sido cierta cantidad de tropiezos y críticas a los nombramientos de algunas de las nuevas autoridades. Pero si se mira la situación con cierta objetividad los mencionados tropiezos no tienen la menor importancia: se trata de objeciones menores a una cantidad también muy minoritaria de autoridades. De algún modo la exageración que los medios han dado a estas dificultades ha opacado lo verdaderamente importante: el nuevo gobierno ya ha empezado a enviar los proyectos de ley que dan comienzo a la concreción del programa de la Nueva Mayoría. No debe extrañarnos que la Derecha, utilizando su estrecha relación con los medios de comunicación, haya sacado todo el partido posible a esta situación.

Para nosotros es más importante el inicio de la discusión, que ya ha empezado a llamar la atención, acerca de la reforma educacional. La discusión, en su aspecto principal, se centra en la disyuntiva: ¿subvención a la demanda o subvención a la oferta?  Los estudiantes y muchos académicos se han pronunciado hace ya tiempo en contra de la subvención a la demanda, que es la forma en que el Estado ha estado, desde hace harto tiempo, contribuyendo al financiamiento universitario. Sin embargo no debemos caer en esquemas rígidos y simplistas: los fenómenos complejos rara vez se dilucidan sensatamente con respuestas del tipo blanco o negro. El sistema Educacional chileno es altamente complejo: la respuesta sensata no será entonces la disyuntiva: todo a la demanda o todo a la oferta. Hay que agregar además el factor tiempo: ¿con qué ritmo se transformará el sistema en uno u otro lado? ¿Con qué velocidad se irá reemplazando el subsidio a la demanda por el financiamiento directo a las instituciones? Al respecto hay ciertas cosas, digamos, de principio: el Estado es el dueño y mandante de las universidades estatales: debe entonces hacerse cargo de ellas, impulsar y financiar el desarrollo de algunas de ellas, sobre todo en regiones, las cuales han estado congeladas durante ya demasiado tiempo. En este caso no cabe una mera subvención a la demanda, que por definición está restringida a la docencia: el Estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde implementando un completo plan de desarrollo de aquellas universidades estatales que se quedaron detenidas en el tiempo por la legislación imperante, basada en el principio de subsidiaridad. Debe tenerse en cuenta que no bastan los proyectos de investigación financiados por Fondecyt para desarrollar la investigación en tales instituciones: tendrá que haber todo un programa de contrataciones de académicos de alto nivel así como programas generosos de perfeccionamiento de los propios académicos.

Sin embargo, otro podría ser el trato a las universidades privadas, donde un porcentaje importante de estudiantes podrían tener alguna ayuda económica del Estado. Las universidades privadas llamadas de vocación pública , como las universidades católicas, son también un caso especial. El Estado podría entrar a financiarlas directamente a condición de satisfacer ciertas exigencias mínimas: como respetar la libertad de cátedra, no discriminar de ningún modo, tener una planta académica con contratos adecuados y regirse por un gobierno interno democrático con participación triestamental. Aquí no hay que equivocarse: las universidades católicas no son iguales a las estatales . Baste al respecto recordar que, en el caso de las pontificias, es el Vaticano quien nombra al rector y no cualquiera puede ser propuesto como rector o decano: solo los católicos en plena comunión con la iglesia .

Como se puede apreciar, el problema es altamente complejo y no vale la pena adelantar juicios con información precaria: no queda más que esperar los proyectos que el gobierno de la Nueva Mayoría mandará al Congreso.

Propuesta de Reforma Tributaria de la Nueva Mayoría. Roberto Saavedra Inostroza

Comentarios y Alcances.

A continuación expondré comentarios acerca de algunos puntos contemplados en la propuesta de Reforma Tributaria contenida en el programa de Gobierno de la Nueva Mayoría. Mi opinión se basa en los conceptos fundamentales de Tributación adquiridos en mi formación y ejercicio como profesional del área.

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1.- Programa :

“Característica esencial del sistema de impuesto a la renta vigente en Chile”

“El mecanismo del FUT con que hoy cuenta Chile, no existe en ninguna parte del mundo.”

“ Se trata de una fórmula surgida en los años 80, posterior a la crisis vivida en esa década, que obedece a las condiciones económicas específicas de ese momento en nuestro país, en especial, debido a las restricciones financieras que enfrentaron las empresas en dicha década en Chile.”

“El sistema de impuesto a la renta se caracteriza por tener una tributación de las rentas del capital baja, con algunas franquicias tributarias mal diseñadas, que se superponen entre sí.”

“Una parte dela estructura de incentivos, como es el caso del FUT, algunos regímenes especiales o el tratamiento del ahorro, se han desviado sustancialmente de sus objetivos iniciales y se han convertido en fuentes de elusión e incluso de evasión de impuestos.”

“Para corregir lo anterior, se implementarán las siguientes modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta:”

“Elevaremos, en forma gradual, la tasa del impuesto a las empresas de 20% a 25% en un plazo de 4 años.”

“Ésta seguirá operando como un anticipo de los impuestos personales , manteniéndose así la integración de impuestos entre empresas y personas”.

“Los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que retiran (el sistema operará en base devengada). Esta medida será implementada a partir del cuarto año de la reforma. De esta forma se termina con el actual mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables (FUT).”    ( El destacado en negritas ha sido agregado )

Comentario :

a)  Integración de Impuestos

Efectivamente el sistema chileno es único, por lo menos en el ámbito de los países OCDE.

No hay otro país de la OCDE que tenga un sistema basado en la denominada integración de impuestos, lo que implica que las empresas no son afectadas por Impuesto a la Renta.

El llamado Impuesto a la renta de 1ª categoría , que declaran las empresas, es solamente un anticipo a cuenta del Impuesto Global Complementario ( IGC) de los dueños de las empresas.

Como el Global Complementario afecta a las rentas efectivamente percibidas, los dueños deben declarar en el IGC las utilidades obtenidas en sus empresas, al momento y por el monto , que realmente retiran. Y ese mecanismo hace nacer el FUT, para registrar y controlar las utilidades originadas en empresas, que aún no han sido retiradas por los dueños.

Cuando el empresario incluye en su IGC utilidades retiradas de sus empresas, el Fisco le descuenta de su IGC a pagar, el Impuesto de 1ª categoría (I. de 1ª C) pagado por la empresa, correspondiente a las utilidades retiradas.

Como cuesta verlo lo recalco, el FUT corresponde a utilidades que no han tributado, que sólo han pagado un anticipo llamado Impuesto de 1ª categoría , que el empresario recuperará a la hora de liquidar su IGC.

La eliminación del FUT propuesta en el programa no cambia la esencia del sistema.

Lo que hace es considerar toda la utilidad de la empresa como retirada, o sea, la iguala con el retiro a incluir en el IGC del dueño. De este modo no queda utilidad por retirar, lo que hace innecesario el control, y por ende el FUT.

b)     Efecto en recaudación

El I. de 1ª C. se recauda anticipadamente, desde enero a diciembre, mediante los Pagos Provisionales Mensuales (PPM).

En la Operación Renta de abril se determina el monto del   I. de 1ª C., se compara con los PPM pagados entre enero y diciembre del año anterior, y la empresa paga lo que falta o pide la devolución del exceso pagado. En ese mismo momento, el (o los) dueño de la empresa determina su IGC, considerando como rebaja el I. de 1ª C. determinado en la empresa.

Cuando se elimine el FUT, es decir, cuando toda la utilidad de la empresa se considere retirada en el IGC del dueño, todo lo recaudado por concepto de Impuesto de Primera Categoría debe ser devuelto al contribuyente, en la forma de crédito contra otros impuestos.

Se recauda entre enero y diciembre, se determina en abril, y se devuelve entre mayo y junio del año siguiente.

Todo lo anterior sirve para entender el efecto que tendrá el aumento propuesto en el   I. de 1ª categoría, el que será sólo un efecto financiero transitorio.

Aumentará la caja fiscal unos puntos más que ahora, entre enero y diciembre. Pero, entre mayo y junio del año siguiente, debe ser devuelto en su totalidad.

Es como pedir un préstamo de corto plazo (entre 6 y 18 meses para ser precisos), en un ciclo que se repetirá año tras año.

Y como sabemos, con un préstamo de esas características no se puede financiar grandes inversiones permanentes, como parece ser lo requerido, tanto en el ámbito de la educación como el de la salud.

Otro modo – a mi juicio más proactivo, apuntando en la dirección correcta – de eliminar el FUT, sería transformar el impuesto de primera categoría en un impuesto real a las empresas, como ocurre en la generalidad de los países OCDE. Por ejemplo, “ bajar “ el impuesto a las empresas del 20% actual a un 10%, o un 5%, o un 3%, o un 1% , pero real no “ a cuenta de”, efectivamente liberaría los fondos para financiar otras reformas en esa misma cantidad.

Como se desprende de la primera frase del programa citada en este trabajo, en los otros países de la OCDE se aplica un impuesto real a las empresas. Avanzar en esa dirección no resulta entonces descabellado, y además es adecuado para los fines que se pretenden.

Corolario.-   Tengo serias dudas de que el aumento de recaudación de 1.92% del PIB , esperado con los cambios al Impuesto a la Renta, pueda lograrse con las medidas anunciadas.

Como espero haya quedado claro, el aumento del Impuesto de 1ª categoría, de 20% a 25%, no genera un aumento real para el Fisco, ya que debe devolverse en su totalidad en la Operación Renta correspondiente.

El otro cambio propuesto es la rebaja de un 40% a un 35% del impuesto para el tramo más alto del IGC. Como se declara en el programa, tal medida incentivadora, no generará un aumento de recaudación.

De allí las dudas

2.-  Programa :

“Incentivo a la Inversión de las PYMES.”

“Ampliaremos y potenciaremos el sistema simplificado bajo el cual tributan las PYMES, establecido en el artículo 14 ter de la Ley de la Renta. “

“Actualmente, pueden acceder a este sistema las empresas individuales, que pagan IVA y que tengan ventas anuales inferiores a 5.000 UTM. Ampliaremos este beneficio a todas las empresas con ventas anuales inferiores a 14.500 UTM, sean empresas individuales o personas jurídicas, e independiente de sus obligaciones respecto del IVA.”

[…]

“ Por ejemplo, una panadería de barrio que vende en total 55 millones de pesos al año (límite de la microempresa),que tiene una utilidad de 5 millones al año, y que invierte un millón de pesos en la compra de maquinarias como hornos o refrigeradores, pagaría actualmente 340 mil pesos en impuestos y en el sistema que proponemos pagaría sólo 140 mil acogiéndose al 14 ter.”

Comentario :

Tanto el alza en el límite de ventas necesario para acceder al beneficio, como la ampliación del beneficio a personas jurídicas, agranda de manera significativa las posibilidades de elusión, por medio de la mimetización de una empresa mediana o grande en múltiples personas jurídicas que alcancen a cumplir con los límites establecidos. Esta forma, usada en la actualidad con diversos fines, es conocida como la práctica del multi – rut .

Por otra parte, la Pyme del ejemplo no necesita esa clase de incentivo.

A esa Pyme, en régimen normal, le corresponde un I. de 1ª C. de $ 1.000.000, que lo ha pagado en su mayor parte a través de los PPM, de modo que en abril sólo paga la diferencia, que equipararemos a los $ 340.000 del ejemplo. También en abril el empresario dueño de esa panadería, declara en su IGC el retiro de toda la utilidad, $ 4.000.000 ($ 333.000 por mes, que no es exagerado), lo que lo ubica en el tramo 0% de Global Complementario,  con un crédito de $ 1.000.000, ambos provenientes de la panadería. De esa manera, entre mayo y junio recibe la devolución de todo lo que había pagado por impuestos:   $ 1.000.000.

El empresario del ejemplo, no necesita mayor incentivo, en tanto sus utilidades no superen el tramo exento del Global Complementario, que para este año es de $ 6.605.064, equivalente a 13,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Un incentivo real para este empresario sería subir el tramo exento, por ejemplo, a unas 20UTA, o sea $ 9.785.280, unos 815.000 al mes, que no parece un ingreso excesivo

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3.- Programa :

“Incentivo a la Inversión de las Empresas.”

Frente a los cambios anunciados en el impuesto a la renta, debemos tener un particular cuidado con la inversión, introduciendo mecanismos modernos que superen la situación actual de elusión.”

“Se implementará un mecanismo de depreciación instantánea, que consiste en que las empresas puedan descontar de las utilidades la inversión total del año en curso, y que beneficie principalmente a la pequeña y mediana empresa y que considere un mecanismo que controle las posibles distorsiones entre sectores productivos con distinta intensidad en el uso de inversión de capital.”

“ Este mecanismo se implementará a partir del cuarto año de la reforma, coincidiendo con el cierre del FUT.”

“Esta es una medida que corresponde al Chile de hoy: i) es un incentivo mayor a la inversión que el sistema de tributación que actualmente nos rige y; ii) elimina muchas de las actuales prácticas de evasión y elusión.”

Comentario :

Hay poca información acerca de los detalles en esta propuesta.

De modo que sólo advertiré acerca de los peligros que podría conllevar una inadecuada concepción de los alcances de la depreciación inmediata.

Una medida que alcance toda clase de bienes depreciables, transformaría a Chile en una suerte de paraíso tributario, quitando a la actividad empresarial esa aureola romántica de valor, empuje y creatividad que lleva a asumir el riesgo empresarial. El emprendimiento se transformaría en una actividad sin riesgo, y sin aporte para el erario nacional.

El dueño de la empresa no tributará (y la empresa no prestará dinero al Fisco) hasta que haya recuperado toda la inversión en activos depreciables.

Y , si me permiten tocar tangencialmente las maniobras elusivas que pueden crearse y se crearán, diremos que no pagará impuestos hasta que el Balance muestre que ha recuperado toda la inversión.

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Comentario final.

Una de las características que se espera tenga un sistema de tributación es la simplicidad. Cuando ésta existe se dificulta la elusión y se facilita la fiscalización.

El sistema tributario chileno se ha ido haciendo cada vez más alambicado, reforma tras reforma. Al punto que la enorme mayoría de la población cree que las empresas soportan una carga tributaria.

En Chile no tributan las empresas, tributan las personas.

Por eso mismo las correcciones al sistema deben hacerse en relación a los impuestos a las personas. Cualquier corrección que se pretenda hacer indirectamente, a través de los “impuestos a las empresas”, abre campo a las maniobras elusivas como ha ocurrido también, reforma tras reforma.

Otro principio de importancia es la transitoriedad de los gravámenes o incentivos específicos.

Cuando un gravamen específico se hace permanente, se transforma en un castigo para un determinado sector económico o social.

Cuando un incentivo específico se hace permanente, se transforma en un privilegio.

Tanto los castigos como los privilegios se oponen al que quizás sea el principio más fundamental : la equidad del sistema tributario.

Glosario :

OCDE                       Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

FUT                          Fondo de utilidades tributarias

I de 1ª C.                 Impuesto de primera categoría

IGC                           Impuesto global complementario

PPM                         Pago provisional mensual

UTM                         Unidad tributaria mensual

UTA                          Unidad tributaria anual

PIB                            Producto interno bruto

Puede descargar completo el programa de Reforma Tributaria desde aquí

El sentido de la democracia en Salvador Allende. Eliseo Lara Órdenes

Eliseo Lara Órdenes[1]

 

La palabra democracia en su sentido etimológico significa literalmente “el poder del pueblo”. Sin embargo, en un sentido más contemporáneo, podemos decir que viene a designar el sistema de gobierno donde los ciudadanos a través del voto eligen a sus representantes, quienes suponemos que toman las decisiones políticas que representan a la mayoría dentro del Estado. Esta última concepción está dada a partir de la Revolución francesa[2]. No obstante, esta disyunción entre una concepción antigua y otra moderna equivale distinguir, según Giovanni Sartori,  una diferencia entre democracia directa, la de los griegos atenienses, e indirecta, en los regímenes modernos. “La diferencia entre la democracia directa y la indirecta es en cualquier caso radical. En la democracia directa el pueblo participa de manera continua en el ejercicio del poder, mientras que la democracia indirecta equivale básicamente a un sistema de limitación y control del poder.”[3]

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Bajo ambas nociones el concepto de democracia presenta, inherentemente a él, un término esencial para distinguir a un régimen de gobierno como democrático o no, nos referimos al concepto de pueblo. Este término tiene distintas valoraciones según cada cultura, ya que ellas han pensado y construido su democracia[4] desde el cómo comprenden la palabra pueblo, de ahí que el sentido etimológico de este concepto sea relevante para la comprensión del término democracia. De esta forma coincidimos con Sartori, quien nos dice que la concepción ideal y holística del término es propia de las lenguas donde la palabra pueblo tiene sentido de entidad única, por ejemplo en francés peuple, en alemán Volk o en español pueblo, a diferencia del sentido que tiene el mismo término en inglés con la palabra people, la que posee un sentido plural, el que hace comprender el término democracia como suma de intereses individuales y no en la noción formulada por la tradición moderna, particularmente la francesa, de voluntad general[5]. Con lo anterior, vemos como la concepción de democracia adquiere sentidos que dificultan la comprensión del concepto y el tratamiento de éste, ya que por una parte, el sentido que le otorga el ideal francés al pueblo dentro de la democracia  es el de totalidad de la ciudadanía, desde donde se construye el sentido de soberanía popular, sin embargo el sentido anglo, que origina la democracia liberal, entiende por pueblo a una mayoría simple, como una simple suma de votos.

Dentro de este contexto, la concepción de democracia que funda Salvador Allende se erige como una síntesis conceptual de distintas formas de comprender el término. En este sentido lo podemos entender bajo dos premisas; por una parte, la considerada como proceso de transformación, y por otra, como la forma de gobierno. La primera premisa está tomada desde la perspectiva histórica y la construcción que de ella hacen los trabajadores chilenos, quienes la utilizan para sí, a partir de la propia concepción liberal que ésta tenía[6], ya que entienden que para darse una solución real a sus problemas deben tener una participación en los centros del poder político.[7] De este modo, el concepto de pueblo tiene una expresión concreta en una parte de los ciudadanos, los trabajadores, quienes, a partir de un proceso de desarrollo de identidad, se asumen como la mayoría que señala la democracia liberal. Con lo anterior vemos que en la posición que asume la conciencia de los trabajadores chilenos se origina lo que Leopoldo Zea señala como conciencia de la dependencia.[8]

La segunda premisa está tomada desde una conjunción entre la asimilación y desarrollo de conciencia de los trabajadores, que produce una comprensión de la forma de gobierno dentro del proceso de transformación, y el ideal francés de la democracia. Esta concepción de la democracia como forma de gobierno está considerada desde un sentido republicano, ya que, por un parte, respeta la legalidad y la institucionalidad y, por otra, asume el rol de mayoría definido en ella. Desde esta síntesis de concepciones se inicia el proceso de transformación social, mediante una profundización legal de la democracia. Sin embargo, esta profundización implica un cambio de concepción y, por tanto, de sentido de la democracia, ya que trae consigo la construcción de una democracia directa, pero no en el sentido griego clásico, sino en uno moderno que involucra el desarrollo de las sociedades y las nuevas aportaciones teóricas para su construcción.

Esta conjugación de características, que componen la concepción de democracia que tiene Salvador Allende, está íntimamente relacionada con la interpretación marxista de la democracia, aún cuando venga desde un sentido republicano, lo que le da un sustento teórico genuino al pensamiento político de Salvador Allende, quien realiza una nueva interpretación de la historia y de la tradición de los trabajadores chilenos. De este modo, él se inclina, y en ello pone todo su esfuerzo, en que la forma de construcción del proceso, denominado vía chilena al socialismo, haya sido mediante el sufragio universal, es decir, dentro del régimen republicano que establece la democracia liberal, cuestión que ya el propio Lenin había justificado, pues señaló que “El marxismo enseña que “luchar contra el oportunismo”, negándose a utilizar las instituciones democráticas de una determinada sociedad capitalista, creadas por la burguesía y deformadas por ella, es claudicar enteramente frente al oportunismo.”[9]

Por lo anterior, mantendremos nuestro análisis conceptual dentro de las características que posee la segunda premisa, es decir, la forma de gobierno, porque nos permite profundizar de mejor manera la concepción de la democracia que tiene Allende y comprender los matices desde los cuales está pensando el proceso de la vía chilena al socialismo como democrático.

Desde esta perspectiva podemos decir, que el cambio introducido en la modernidad a la concepción de democracia, con la incorporación de la noción de soberanía popular como lo señala Sartori,  tiene una raíz teórica en el concepto de pueblo como entidad única. Sin embargo, esta noción teórica planteada principalmente por Rousseau en el Contrato Social, no se logra en la práctica, donde el interés de la clase dominante instauró un sistema de mayorías por sobre el de voluntad general[10]Social_contract_rousseau_page

La relación que existe entre el ideal francés de la democracia y la concepción que de ella tiene Salvador Allende es posible de establecer a partir de la concepción de soberanía popular, la que se construye mediante la voluntad general en la democracia. Este vínculo se produce debido a que gran parte de los pensadores y políticos que hacen la Revolución en 1789 son masones, igual que él. Esta condición de masón que tenía Allende no es menos importante que su condición de militante socialista, ya que son los revolucionarios franceses quienes plantean el sentido de igualdad, libertad y fraternidad, ideas que forman parte de la tradición republicana chilena y, también, de él, lo que se manifiesta con más fuerza aún en la constitución de 1925, la que tiene una clara influencia radical, expresión política de los masones chilenos.

Desde está visión republicana de la democracia, junto a la interpretación de la tradición histórica de los trabajadores, Salvador Allende comienza a fundamentar un camino al socialismo distinto en la forma de alcanzar el poder político, lo que consigue con la elección de 1970. Sin embargo, no se detiene en la obtención de éste con un triunfo electoral, sino que pretende ir más allá de dicho proceso, señalando: “Esta concepción de la participación ocasional de la mayoría del país en estos limitados aunque extraordinariamente importantes actos como el que he señalado, ha hecho crisis en la mayoría de los países. Por cierto en los países socialistas, y aun en los países del capitalismo industrial. Es decir, se busca la forma para que en realidad sean las mayorías las que tengan una representación más auténtica. Esto, por cierto, es difícil de concebir en un régimen capitalista, en los países del capitalismo industrial, porque indiscutiblemente, si bien es cierto que las conquistas de tipo social permiten una acción más amplia de los trabajadores, también es cierto, y eso lo sabemos muy bien, que en ellos el poder es una expresión de una minoría y esta minoría defiende sus privilegios.”[11]

En estas palabras de Allende, podemos observar desde dónde está pensando el vuelco hacia la construcción de la democracia directa, apoyándose en la elección, mediante el sufragio universal, por una parte, y convirtiendo el sufragio en herramienta de cambio, lo que produce una teoría política que conjuga revolución y democracia. Ahora bien, esta concepción de Allende trae consigo críticas al sufragio como único elemento democrático, ya que la democracia directa se opone a la concepción individualista que tiene la democracia liberal; de este modo señala que “durante decenios hemos luchado contra una práctica y entendimiento de la democracia puramente formales, en que el sufragio, símbolo externo de la manifestación del poder, ocultaba una realidad enajenante de la voluntad popular. La auténtica democracia exige permanente presencia y participación del ciudadano en los asuntos comunes, la vivencia directa e inmediata de la problemática social de la que es sujeto, que no puede limitarse a la periódica entrega de un mandato representativo. La democracia se vive, no se delega. Hacer vivir la democracia significa imponer las libertades sociales.

Hemos combatido siempre la concepción individualista de la democracia, vinculada al egoísmo propio de una organización capitalista, en que la concentración de los recursos económicos fundamentales en una minoría dominante permitía a ésta usufructuar de los mecanismos políticos representativos. Los grandes cambios efectuados en los últimos meses para imponer la democracia económica, nos proporcionan el instrumento indispensable para alcanzar lo democracia social.”[12]

De lo anterior se desprenden dos premisas importantes para nuestro análisis, ya que, por una parte, es posible establecer una relación desde la proposición “realidad enajenante de la voluntad popular” con el sentido de voluntad general en Rousseau y, por otra, en la de: “hacer vivir la democracia implica imponer las libertades sociales” con su sentido libertario. La primera relación es posible de establecer, porque Allende está reclamando la enajenación que ha sufrido la voluntad popular, entiéndase por ello la de los trabajadores dentro del régimen democrático, el que idealmente tiene que ser considerado en la voluntad general, mientras que en la segunda relación nos lleva al sentido libertario[13] de su pensamiento, expresado en su concepto de pluralismo ideológico. El sentido libertario de Allende tiene un origen en su juventud con la relación que establece con el zapatero anarquista Juan Demarchi. Sin embargo, tendrá una expresión en su pensamiento político en dos sentidos, el primero, de respeto a la pluralidad ideológica y como consecuencia de ello, el segundo sentido, en la limitación del poder del pueblo.

En Salvador Allende la idea de limitar el poder del pueblo sólo a lo político, sin llegar al tercer poder del Estado, el judicial, permitía desarrollar en la sociedad chilena una libertad ideológica que no conoció de persecución ni represión por pensar distinto, ya que al no tener el poder judicial, no hubo dentro de su gobierno ni juicios ni encarcelamientos por razones ideológicas o políticas. Esto, además, está manifestado dentro de la propia heterogeneidad de la Unidad Popular, donde confluían demócratas, marxistas, cristianos y radicales, es decir, un pluralismo ideológico[14] que bien puede ser vinculado a la idea de voluntad general en Rousseau, puesto que consideraba que todas las opiniones construían la soberanía.

Estas condiciones permiten a Salvador Allende plantear una posición transformadora desde la democracia y mantenerse en ella, respaldándose en la institucionalidad, como lo señala en su discurso La vía chilena al socialismo y el aparato del Estado actual[15]: “La cuestión teórica que ello plantea reposa en el supuesto que aparece evocado en el Informe Político: el de si la institucionalidad actual puede o no negarse a sí misma, abriendo paso a un nuevo régimen institucional. Para responder a esta cuestión se requiere, previamente, tener en cuenta dos factores. En primer lugar, si el régimen institucional es o no abierto al cambio. En segundo lugar, qué fuerzas sociales están detrás del régimen institucional, dándole su fortaleza. Ambos factores se corresponden el uno al otro, ya que sólo si el aparato del Estado no es infranqueable a las fuerzas sociales populares puede concebirse que la institucionalidad sea suficientemente flexible para tolerar las transformaciones estructurales sin que estalle automáticamente.”[16]

En estas palabras vemos que Allende reconocía en la institucionalidad la posibilidad de transformación social, sin que estallara una guerra civil, fundamentando la llegada de las fuerzas sociales populares como el elemento trascendental en que se fundamentaba la acción del cambio social y económico dentro de la legalidad y respetando los marcos democráticos señalados en la Constitución de 1925, porque con esto se podía avanzar en la profundización de la democracia, primero en la construcción de soberanía y luego en la acción más directa de ejecución del poder por parte de los trabajadores mismos, es decir, lo que él entendía por socialismo. De este modo definía la institucionalidad con las siguientes palabras: “Las instituciones políticas son mecanismos creados por fuerzas sociales materiales. Están ligadas a estas últimas, y de la naturaleza y evolución de las fuerzas sociales dependen la historia y el destino de las instituciones.

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Las instituciones no son un ente abstracto. La institucionalidad responde a la fuerza social que le da vida. Y lo que está acaeciendo ante nuestros ojos es que la fuerza del pueblo, del proletariado, de los campesinos, de los sectores medios, está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y latifundista. Que la conciencia y unidad del pueblo de Chile está arrinconando a la minoría privilegiada aliada con el capital imperialista. La institucionalidad vigente responde a la fuerza social que le da vida. No a abstracciones metafísicas.”[17]

Esta consideración es plenamente republicana, ya que considera a las instituciones políticas del Estado democrático como producto de la fuerza social que le da vida, por tanto no ve la necesidad de eliminarlas, lo que junto a la libertad ideológica fundamenta el régimen que estaba construyendo, sobre la base ideal de la democracia y su sentido de la soberanía popular, tal como lo expresaron los revolucionarios franceses de 1789. En esta misma alocución plantea la argumentación marxista, desde el plano teórico y condicionante, que permite señalar a la vía chilena al socialismo como un proceso revolucionario: “El informe político, al negar la posibilidad de que esta institucionalidad pueda dar paso a través de sus propios cauces a una institucionalidad con distinto sentido de clase, parece haberse olvidado de principios fundamentales de la dialéctica. Da la impresión de desconocer que la superación de un régimen socioeconómico, su reemplazo por otro, exige el desarrollo de los factores sociales y económicos constitutivamente contrarios a ese régimen. Factores de negación que son, a un tiempo, agentes de la transformación y primeras manifestaciones del régimen futuro. Esos factores motores del proceso revolucionario de cambios no son ni las leyes ni el aparato institucional del Estado propiamente dicho, sino que se encuentran en la estructura económica, en las relaciones de  producción nuevas que estamos poniendo en funcionamiento de modo acelerado, en la conciencia de los trabajadores, en las nuevas organizaciones de los trabajadores que los cambios en la infraestructura deben producir, y que los partidos populares deben estimular y guiar. El manejo de los rudimentos científicos del análisis en términos materialistas presupone que la acumulación de cambios cuantitativos produce cambios cualitativos.”[18]

Con esto Allende logra fundamentar una concepción compleja de la democracia como forma de gobierno, partiendo de la base marxista de cómo entiende en la democracia el concepto de pueblo, sin embargo, logra a partir de ahí cimentar el camino de construcción al socialismo mediante los cauces de un régimen, hasta ahí, democrático burgués, logrando hacer una síntesis entre quienes hacen el proceso revolucionario, el Estado que deben transformar y la institucionalidad presente para ello.

Bajo estas circunstancias él supera esta situación sustentándose en la flexibilidad de la Constitución de 1925, en la tradición de las luchas de los trabajadores y, por último, en un sentido libertario, al dejar fuera del proceso revolucionario la conquista del poder judicial, lo que le permite que el desarrollo de la vía chilena al socialismo sea un camino revolucionario, democrático, pluralista y libertario.


[1] Profesor de Filosofía, Licenciado en Educación, Licenciado en Filosofía y Magister en Literatura con mención en Chilena e hispanoamericana por la Universidad de Playa Ancha (UPLA). Actualmente cursa el Doctorado en Estudios Americanos mención Pensamiento y Cultura en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (IDEA-USACH), y se desempeña como académico de la Universidad Andrés Bello, formando parte, además, del Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Valparaíso (CEPIB UV). Su especialidad es la filosofía moderna y latinoamericana, como también los estudios transdisciplinarios sobre América Latina. Ha sido profesor visitante en Universidades Argentinas y conferencista en diversos congresos y encuentros latinoamericanos, contando con diversas publicaciones académicas en Chile, Argentina, México y EE.UU. (eliseolaraordenes@gmail.com).

[2] En este punto seguimos a Dunn, quien en su texto señala: “después de la Revolución francesa, la democracia significaba, por lo menos, que el número era el recurso principal de la política. La cantidad contaba, ya fuese en el recuento de votos o en la ocupación de las calles.” Dunn, J. (1995). Democracia, el viaje inacabado (508 a. C. – 1993 d. C.). Barcelona: Tusquets Editores, p.144.

[3] Sartori, G. (1988). Teoría de la Democracia (2tomos). Buenos Aires: Editorial REI, p.346 t.2

[4] El término demos tenía para los griegos atenienses un sentido de totalidad, así, demoskratia es el gobierno de todos, sin embargo, en la época posterior, desde los romanos hasta la época media, el término demos fue reemplazado por el latín  populus que viene a designar un grupo social dentro del constitucionalismo romano. De este modo recogemos la explicación de Sartori referida a la concepción moderna del término democracia como soberanía popular: “Durante unos quince siglos el concepto fue populus; lo que implica que la doctrina de la << soberanía popular>> incorporada a nuestro concepto de democracia no es griega, y se entiende erróneamente siempre que  la hacemos derivar de demos”. Sartori, G. Ibíd, p.42

[5] Frente a este complejo punto que presenta, a simple vista, una contradicción entre la voluntad general francesa, fundamento de la democracia ideal moderna, y lo señalado por Dunn como legado de esa democracia, decimos que obedece a la diferencia que se establece entre teoría y práctica, ya que para el ideal francés, particularmente Rousseau, en quien estamos pensando, la voluntad general plantea que todos los votos sean tenidos en cuenta, ya que toda exclusión formal destruye su carácter de tal, por lo que la soberanía es indivisible por la misma razón que es inalienable. Sin embargo, la práctica y la manifestación de intereses de la clase privilegiada originó que esta concepción fuera adecuada al sentido dado por la defensa de sus intereses de clase dominante, lo que junto al concepto inglés de people originó una democracia liberal, donde la representación mayoritaria establece las leyes por sobre la minoría.

[6] Esta característica que toma la comprensión sobre la democracia como condición para la conquista del poder, que hacen los trabajadores, se produce gracias a la incorporación de partidos políticos y organizaciones sociales diversas que representan sus intereses, los que permitirán dar forma a un proyecto político propio.

[7]En Chile el absoluto predominio oligárquico, en buena medida apoyado por el ejemplo europeo, se debilitó. Los sectores medios chilenos se tornaron masivamente contrarios al sistema imperante; y el proletariado, aún de manera inorgánica, solicitó mejoras y reformas, tal como lo hacían el alemán, el francés y el británico. Las obtendría con la aprobación de leyes sociales en 1924” Correa et al. Op. Cit. p.89.  Lo anterior ha sido abordado en profundidad en la primera parte de Historia e Identidad.

[8] “La filosofía de la historia de América, se forja a partir de la conciencia de la dependencia. Dependencia con relación a los proyectos colonizadores que Europa, el mundo occidental, imponen a este continente. Será dentro del horizonte de la colonización que ha sido descrito que se den diversas respuestas latinoamericanas a la misma. Respuestas que formarán la concepción de la historia de estos pueblos. Filosofía de la historia que será, también, antropología de los hombres que la protagonizan. Conciencia de la dependencia que dará, a su vez, origen a la búsqueda de su cancelación. Y dentro de esta cancelación va  a quedar incluido el pasado vivido.” Zea, L. Op. Cit. p.165.

[9] Lenin (1916), citado en Balibar, E. Op. Cit. p, 91

[10] Cabe señalar que ambos conceptos son contrarios, ya que al decir del mismo Rouseau: “Para que la voluntad sea general, no es siempre necesario que sea unánime; pero si es indispensable que todos los votos sean tenidos en cuenta. Toda exclusión formal destruye su carácter de tal” Rousseau, J. J. (1988). El Contrato Social. Santiago: Ercilla, p.34. Mientras que su contrario obedece a la determinación de una mayoría por sobre la opinión de la minoría, dejándola fuera de participar de la soberanía.

[11] Su pensamiento político Ed. Cit. p.47.

[12] Ibíd. pp.389-390.

[13] Antes de proseguir, debemos aclarar al lector que el sentido libertario en Salvador Allende, no puede ser considerado como consecuencia de lo sucedido el año 1968 en diversas partes del mundo donde se criticó la rigidez del régimen soviético, ya que esta crítica no señaló una propuesta concreta que solucionara el problema de la libertad en el denominado socialismo real.

[14] Para profundizar este tema recomendamos los textos de Sergio Vuskovic Rojo Construcción pluripartidista del socialismo en Revista Principios Nº 124, Santiago 1968 y El Pluripartidismo y el proceso chileno Santiago, Editorial Austral 1973.

[15] Allende, S. “Informe al Pleno Nacional del Partido Socialista” Algarrobo 1972 en  Su pensamiento político Ed. Cit.

[16] Su pensamiento político Ed. Cit. p.302

[17] ibíd, p.304

[18] ibíd, p.305

La Educación Técnica de Nivel Superior: el paraíso del lucro. Ricardo López E.

La actual estructura de la Educación Superior en Chile comprende un sector público conformado por la Universidades Públicas (estatales y privadas que pertenecen al CRUCH) y un sector privado que hoy totaliza 193 instituciones, de las cuales 142 corresponden a Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

Este conjunto de 142 CFT e IP’s constituyen la Educación Técnica de Nivel Superior.

En su inmensa mayoría está conformado por inversionistas privados (salvo unos pocos CFT e IP formados por Universidades del sector tradicional) y opera en un mercado absolutamente desregulado, pues, a diferencia de las Universidades, no tiene prohibición legal de generar lucro.

Como todos los mercados nacionales, tiene características oligopólicas y una tendencia a la concentración en aumento. De hecho existen cuatro instituciones con estructura nacional que concentran la mayor parte de la matrícula de este sector: INACAP, DUOC, AIEP y Santo Tomás.

Sólo INACAP y el DUOC concentran 171.000 alumnos repartidos en 38 sedes.

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La Educación Técnica de Nivel Superior detenta (en cifras de 2012, Mineduc) una matrícula de 406.401 alumnos lo que representa un 38% del total de alumnos de la Educación Superior en Chile. Es de suponer que este porcentaje irá en aumento debido a que el último año igualó la matrícula de primer año con el sistema universitario (considerando universidades públicas y privadas).

Laboran en este sector un total de 70.248 docentes, que en un porcentaje mayor al 85% son docentes-hora.

La mayor oferta académica consiste en carreras técnicas con duración de cuatro semestres y otorgan el título profesional de Técnico de Nivel Superior, y la mayor parte de ellas no califica para que el titulado pueda optar a la bonificación por título profesional que se otorga a los trabajadores fiscales.

Los alumnos que optan por estudiar en estas instituciones son aquellos que no dieron PSU o cuyo puntaje no les permite postular a carreras universitarias, y provienen de sectores vulnerados social y económicamente y de  liceos técnico-profesionales.

Existe, a la vez, un sector importante de jóvenes trabajadores con enseñanza media completa que optan por estos institutos para intentar lograr una mejora en su posición laboral actual. Estos jóvenes financian de su bolsillo sus estudios y los realizan en horario vespertino.

En cuanto al nivel de deserción, en primer año, bordea el 36% de la matrícula.

Del total de 142 CFT e IP’s que operan, sólo 17 de ellos se encuentran acreditados.

El Estado  se ha desentendido absolutamente de la gestión docente en este sector, desde que fuera “donado”, a precio vil, el INACAP a la SOFOFA, toda la gestión docente de este sector es realizada por empresarios privados que han convertido esta función esencial para el desarrollo del país en un muy lucrativo negocio.

La supervisión y fiscalización del sector recae en la División de Educación Superior del Mineduc. Pero, como hemos visto, si esta División no alcanza ha realizar una gestión fiscalizadora medianamente suficiente en las Universidades, menos lo hace en la Educación Técnica de Nivel Superior.

Lo único que el Estado hace en este sector es financiar (Becas Milenio) el lucrativo negocio de privados, cuestión que es consistente con la visión neoliberal de la “sociedad docente”.

La infraestructura de estas instituciones (salvo honrosas excepciones) es inadecuada e insuficiente para desarrollar una formación como la de que alardean en sus mensajes publicitarios. La mayor rentabilidad se alcanza en formación de tiza y pizarrón, con docentes muy mal remunerados. Por ello sus laboratorios, en la mayoría de ellas, son inexistentes o francamente obsoletos.

Por otra parte el “tipo” de profesional que aspiran a formar está sesgado por los intereses de la clase empresarial. Así es como en sus “Visiones” y “Misiones” estas instituciones plantean valores como “competitividad”, “productividad”, “emprendimiento”, etc. Nada hay, como propósito en la formación, en relación con valores humanistas, de solidaridad, de compromiso con la sociedad, entre otros. De hecho, en la mayoría de estas instituciones no se permite la formación de federaciones ni centros estudiantiles, ni menos sindicatos de docentes y personal de apoyo.

El propósito de esta introducción es dar a conocer, de manera inicial, una realidad de la educación superior en Chile que ha estado al margen de la discusión nacional permitiendo la conformación de un verdadero paraíso del lucro, que está causando un daño irreversible en la formación de cientos de miles de jóvenes de nuestro país y, al mismo tiempo, hipotecando un futuro desarrollo nacional que requiere del aporte de trabajadores conscientes, comprometidos y formados en sus especialidades con estándares de calidad. Efectivamente, los estudiantes y docentes de este sector no han formulado petitorios, no están integrados en las movilizaciones estudiantiles y la sociedad en su conjunto no reconoce aquí un problema.

En toda la problemática de la Educación en Chile son los grandes olvidados.

Efectivamente, en los últimos años hemos discutido de enseñanza pre-escolar, escolar y universitaria, pero no de la educación técnica, tanto de nivel medio como superior.

Entonces, el llamado es a cuestionarse esta realidad e incorporar en todo análisis sobre la Educación a este importante sector. Por ejemplo, la oposición que camina a conformar un referente llamado Nueva Mayoría, haciendo eco, y apoyando uno de los principales intereses del movimiento estudiantil, analiza la necesidad de una reforma tributaria para lograr una educación universalmente gratuita y de calidad, sin embargo, a diferencia del sistema universitario- que posee una estructura pública- en la educación técnica de nivel superior no existe una estructura pública-estatal que fortalecer.

¿Puede el Estado financiar educación técnica gratuita y de calidad, en este sector, cuando todos los gestores actuales son negocios privados?

¿Al incorporar la variable educación técnica, el nivel de reforma tributaria es el mismo?

¿Debemos seguir permitiendo este muy neoliberal “laissez faire” en la educación técnica?

¿Qué tipo de estructura nacional queremos para la educación técnica?

educacion tecnica

Hasta hoy, la educación técnica de nivel superior fue vista desde una mirada mercadista: el primer programa de gobierno de Bachelet planteaba la necesidad de “incorporarlos plenamente a este esquema de financiamiento, exigiéndole acreditación y vinculando sus planes de estudio a un sistema nacional de acreditación y certificación de competencias”.

Era una mirada con lógica de mercado: al hablar de financiamiento se evita considerar a la educación como un derecho social. Pero, tan grave como lo anterior es el planteamiento de acreditación y certificación de competencias. La “competencia” debe ser entendida, necesariamente, en función de intereses específicos. ¿Entonces competencias para qué y para quiénes?

¿Por qué la mayoría de los programas de formación técnica no incorpora ni considera elementos formativos en aspectos como derechos laborales, solidaridad, participación, desarrollo de pensamiento crítico, entre otros?

Los egresados de carreras de formación técnica de nivel superior (y también media) están siendo formados para satisfacer necesidades específicas de una minoría de la sociedad, de los grandes acumuladores de capital.

Necesitamos revertir la situación. Es cierto que necesitamos un contingente mayor de técnicos de alto nivel, mayor aún que el de egresados de pregrado universitario, pero sus características deben responder a necesidades de la sociedad, deben estar vinculados al desarrollo de ventajas competitivas que sean los pilares de un plan de desarrollo nacional, y  más aún, necesitamos profesionales que sean personas críticas, solidarias y dispuestas a hacer de Chile un mejor país, un país mas justo, un país con mayor igualdad.

Es un paso en el sentido correcto el anuncio de la candidata Bachelet de implementar un Centro de Formación Técnica Público y Nacional, pero se debe avanzar en regulación y fiscalización del resto del universo de CFT e IP´s.

La construcción de un nuevo Estado que impulse un Plan de Desarrollo Nacional que permita terminar con los actuales niveles de desigualdad, pasa también por definir objetivos, planes y estructuras de la formación técnica nacional.

Dejo planteadas estas cuestiones como una forma de invitar a participar en la formulación y respuestas a éstas y otras muchas preguntas que debemos hacernos para avanzar en una nueva educación técnica en nuestro país.