Editorial (CdE nº34)

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El acto de celebración de los 27 años del triunfo del NO, realizado en el teatro Caupolicán (el “Caupolicanazo”) rescató una verdad evidente, verdad que ha sido ocultada, distorsionada, negada, desconocida y que incluso varios de los dirigentes de la Nueva Mayoría no habían logrado reconocer. Nos referimos a los logros del gobierno de Michelle Bachelet, lo realizado en los primeros 18 meses de ejercicio. Este gobierno ha sido, por lejos, el más eficaz realizador de las transformaciones que nuestra sociedad requiere. En este caso no tiene sentido quedarse en las formas, en la autocrítica, en las llamadas desprolijidades, sino que es cosa de mirar la tremenda lista de reformas ya realizadas y aquellas que están en curso:

El fin del sistema electoral binominal, ya aprobado.

La ley de inclusión educacional, ya aprobada.

La ley de Carrera Docente, todavía en discusión.

La reforma tributaria, ya vigente.

La reforma laboral, que se discute aún en el Congreso.

El acuerdo de Unión Civil , ya aprobado.

La ley Ricarte Soto y el Fondo de Medicamentos, ya vigente.

La eliminación del cobro del 5% de salud de los adultos mayores, ya vigente.

Las leyes de Probidad Política, siguiendo las recomendaciones de la llamada Comisión Engel, que se enviarán muy pronto al Congreso. En todo caso ya se decretó la autonomía constitucional del SERVEL.

La Reforma Educacional, que continúa con el inicio de la gratuidad en la educación superior y con la desmunicipalización de la educación básica y media.

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Probablemente se nos quedan todavía algunas en el tintero. Pero lo que ya se ha logrado y lo que está previsto para un futuro próximo es enorme y habría que ser ciego para no verlo. Claro que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Desde luego, aquellos sectores que no quieren cambios, los sectores conservadores, han desplegado todo su poder, que no es poco, para denostar, criticar, tergiversar e incluso mentir acerca de las realizaciones del gobierno, oponiéndose a como dé lugar a las reformas planteadas. Es lo que la presidenta ha llamado “el muro de la desinformación”. Incluso cuando ya no pueden oponerse acuden al Tribunal Constitucional. Con lo que se evidencia la necesidad de una nueva Constitución, cuestión que muy pronto comenzará a discutirse.

Hay otros sectores, especialmente en el movimiento estudiantil, que consideran que no se ha hecho nada. Que todo lo realizado es insuficiente. Se trata en este caso de una perspectiva inmadura, de una incomprensión de la dinámica de las transformaciones sociales que se están llevando a cabo. Hay que comprender que este no es un gobierno revolucionario. No se planteó nunca llevar a cabo una revolución social o política. Se trata de realizar una serie de reformas, absolutamente necesarias, para destrabar el desarrollo social del país. Estas reformas abrirán camino a otras y la perspectiva que se abre es un país un poquito mejor, más solidario, menos desigual.

¿Educación Cívica o Formación Ciudadana? Patricio Gutiérrez Donoso y Nadia Rojo Libuy

La idea de formar ciudadanos con una clara conciencia, críticos, responsables y participativos ha sido una necesidad urgente en nuestro contexto social y cultural latinoamericano. Sin embargo, al mismo tiempo, desde el Estado y el desarrollo de nuestras repúblicas, ello no ha sido un objetivo central a impulsar.

No obstante, el razonar sobre cuáles son las mejores formas de desarrollar este propósito, tanto desde la sociedad así como desde el contexto escolarizado y el no escolarizado, ha estado presente en la discusión de pedagogos y didactas desde la enseñanza de los diferentes saberes específicos[2].

Las primeras orientaciones sobre la formación ciudadana en general y la educación cívica como una de sus especialidades, planeadas y sistematizadas para ser logradas en los integrantes de la sociedad desde el contexto escolar, se vinculan a elementos simbólicos de la identidad nacional (banderas, territorios, himnos Patrios, etc.), recibidos por las personas, incluso antes de llegar a la escuela. Son elementos que ofrecen un punto de partida al conocimiento “cívico” que ofrece el sistema educativo[3]. Ambas, formación ciudadana y formación cívica, se pueden ver como procesos y como resultados, aún no acabados y en disputa, para pensar el sistema democrático.

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La relación entre educación cívica y formación de ciudadanía es de largo aliento y tensión, y ambas apuntan a intereses y objetivos bien definidos en la manera de concebir la sociedad. La finalidad de la educación cívica es instruir a un sujeto íntegro y patriota. Asimismo, la formación ciudadana implica el desarrollo para una cultura ciudadana, es decir, “el conjunto de costumbres, comportamientos y reglas mínimas que generen sentido de pertenencia, faciliten la convivencia urbana y conduzcan al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos”[4].

En el caso de la formación ciudadana, como la conocemos actualmente, ha sido el resultado de un proceso de transformación orientada a los objetivos planteados en distintos momentos históricos. Los procesos de transformación política, económica y cultural por los que ha atravesado la sociedad, más o menos desde el siglo XIX hasta nuestros días, se han expresado en la constante presión por incorporar a los sujetos populares, movimientos sociales e indígenas, junto a los obreros, al ámbito socio-político, todo lo cual demanda propuestas de desarrollo estratégico que permitan democratizar la sociedad.

Dichos sujetos han exigido una permanente revisión y reformulación de las tareas educativas en general y de las escuelas en particular, para repensar una sociedad más democrática, pero no necesariamente como un espacio privilegiado para la socialización y formación de ciudadanos[5], sino más bien como crítica, muchas veces, a un sistema educativo que ha operado como espacio articulador de conformismo social y político que sustenta una sociedad desigual.

A partir de estas transformaciones y exigencias ciudadanas, en la actualidad el Gobierno ha planteado un Plan Nacional de Formación Ciudadana. Esta propuesta responde a los requerimientos dispuestos en el mensaje enviado por la Presidenta de la Republica a la Honorable Cámara de Diputados para la tramitación del proyecto de ley del Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, el cual ha puesto hincapié, como tarea de primer orden del Gobierno, en: “Formar ciudadanos activos, responsables, participativos y comprometidos con el rol que tienen al interior de la sociedad (…) Y para ello, el rol que cumple la educación escolar es fundamental. En efecto, mi programa de Gobierno plantea explícitamente el desarrollo de un Plan Nacional de Formación Ciudadana y Derechos Humanos en todos los niveles educacionales, que sea participativo y de formación integral, tarea que actualmente coordina el Ministerio de Educación”[6].

La propuesta del Plan Nacional apunta a una aceptación general sobre la necesidad de fortalecer la formación ciudadana en nuestro país, a fin de contribuir a la construcción de una democracia más sólida, sustentada en una ética de transparencia y cohesión social [7].

Además de la presencia de la Formación Ciudadana en las bases curriculares nacionales del sistema educativo chileno, los estudios ratifican la necesidad de fortalecer los conocimientos y aprendizajes de la ciudadanía[8].

En tal sentido, la formación ciudadana está en permanente proceso de constitución y expansión, abarcando un conjunto cada vez más amplio y multidimensional de categorías y capacidades. Esos objetivos requieren, de parte de las escuelas y sus docentes, que conozcan el sentido de las reformas curriculares y sean capacitados en la recontextualización de los lineamientos generales a las realidades locales[9].

Lo que es coincidente con la apreciación generalizada que presentan distintos sectores de nuestra sociedad, que observan la Formación Ciudadana como una necesidad primordial en el Siglo XXI, para formar ciudadanos activos, responsables, participativos y comprometidos con el rol que tienen al interior de la sociedad.

En este contexto, la Formación Ciudadana es concebida como un pilar fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los/as estudiantes, puesto que considera las competencias necesarias para cooperar con una sociedad plural, respetuosa, movida por valores éticos, entre otros componentes sociales.

Es importante señalar que durante décadas predominó el concepto de Educación Cívica, basado en el conocimiento de las instituciones, tanto jurídicas como históricas de nuestro país, presentadas como categorías conceptuales naturales y esencialistas. En este sentido valga recordar la tan difundida expresión de un ex presidente de la república, que señalaba que las instituciones funcionan, queriendo expresar, que las instituciones funcionan independientemente de la voluntad de los sujetos, que es una expresión muy cuestionada en el último tiempo, por los graves casos de corrupción en que los sujetos justamente ocupaban las “Instituciones” para generar nichos de interés y así acumular negocios y riquezas.

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Actualmente, dada la complejidad de la sociedad de la información y la valoración de la diversidad de formas de participación, tanto política y social, como económica, se avanzó hacia un concepto más complejo y vital, como es el de Formación Ciudadana. Es importante reconocer que la Educación Cívica fue relevante, en cuanto al análisis de las instituciones políticas; no obstante, actualmente es necesario incorporar las dimensiones de lo social, cultural y económico, integradas en la formación de las personas, facilitando su participación activa, responsable e informada en la sociedad democrática.

Ambas formas de concebir la vida republicana implican concepciones diferentes de sociedad y de democracia. Una, la educación cívica, crea sistemas democráticos de bajo impacto, donde los ciudadanos son convocados cada cierto periodo a legitimar el sistema mediante el voto, para ser inmediatamente relegados a un plano de simples observadores del proceso político. La otra, la formación ciudadana, genera democracias de mayor impacto, donde se reconoce la diversidad y la posibilidad de crear ciudadanos con la capacidad de interpelar al poder en su accionar, con iniciativa de poder transformar su realidad, así como de crear sociedades que se hacen cargo de la diversidad étnica, política y cultural, es decir, ciudadanos activos, vigilantes y participativos.

Sin embargo, y a pesar de la discusión que se desarrolla en la actualidad por construir una sociedad más democrática y participativa, ninguna Democracia, puede sustentarse sobre una sociedad desigual en lo económico, y como los datos han demostrado en los últimos 30 años, Chile es unos de los países con mayor desigualdad y concentración económica en el Continente, dificultando así gravemente la construcción de una sociedad democrática. Por tales motivos, es un deber ciudadano desmontar un sistema que privilegia a unos pocos en desmedro de las mayorías ciudadanas.

Notas

[1] Patricio Gutierrez, Docente de la Universidad de Valparaíso, Nadia Rojo, miembros del CEPIB, perteneciente a la Universidad de Valparaíso

[2] Quiroz P., Ruth E. y Jaramillo, Orlanda. Formación ciudadana y educación cívica,En: Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales: Mérida-Venezuela. Ene-Jun: 14,2009, P.123

[3] Ibíd. Pág. 124

[4] Ibíd. Pág. 125.

[5] Ibíd. Pág. 126.

[6] Michelle Bachelet, mensaje presidencial, 2015.

[7] Consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, informe final 2015.

[8] MINEDUC, Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana ICCCS 2009.

[9] Magendzo Kolstrein, Abraham y Arias Albañil, Rafael Andrés. Informe regional 2015: Educación ciudadana y formación docente en países de América Latina, En Red

Aquí están las razones por las cuales el capitalismo no funciona. Thomas Piketty

Inesperadamente apareció un nuevo economista que está levantando olitas – y no es de la derecha. En la conferencia del Instituto del Nuevo Pensamiento Económico, en la última semana, el libro de Thomas Piketty, “Capital en el Siglo Veintiuno”, fue mencionado por lo menos una vez en cada una de las sesiones a las cuales asistí. Tendríamos que retroceder a los 70s y a Milton Friedman para que un economista provocara tal conmoción.

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Al igual que Friedman, Piketty es un hombre de su tiempo. Las tensiones de los setenta, acerca de la inflación, son substituidas actualmente por la preocupación por la emergencia de una rica plutocracia y su impacto en la economía y en la sociedad. Piketty no duda cuando, en una entrevista en el Observer New Review, indica que ha demostrado que la tendencia ascendente del nivel de desigualdad en la repartición del ingreso, que con seguridad aumentará aún más, pone en peligro el futuro mismo del capitalismo.

Es una tesis sorprendente y extraordinariamente desagradable para aquellos que piensan que capitalismo y desigualdad se complementan mutuamente. El capitalismo requiere desigualdad de riqueza, es el argumento recurrente del centro o la derecha., para estimular la toma de riesgos y esfuerzos. Y estos sectores agregan que los intentos de los gobiernos para frenar la desigualdad con impuestos a la riqueza, al capital, a las herencias y a la propiedad matarían la gallina de los huevos de oro. De este modo Cameron y Osborne, leales impulsores de los bajos impuestos a las herencias, se oponen a reformar el sistema de impuestos y se enorgullecen de aplicar bajos impuestos a las ganancias del capital y a las corporaciones.

Piketty recopiló antecedentes de los últimos 200 años para demostrar el fracaso del capitalismo. Él argumenta que el capital es ciego. Y que cuando los retornos de cualquier clase de inversiones que sea, desde hipotecas de propiedades hasta una nueva fábrica de autos, exceden el crecimiento real de los salarios y los costos de producción, como históricamente ha sucedido (excepto durante unos pocos periodos alrededor de 1910 y 1950), inevitablemente el stock de capital se eleva desproporcionadamente más rápido al interior del mecanismo general de producción. Y la desigualdad en la riqueza se eleva exponencialmente.

Este proceso empeora con las herencias y, en Estados Unidos y el Reino Unido, por el alza exagerada de los pagos a los “super-gerentes”. El pago a los altos ejecutivos no tiene nada que ver con los méritos, escribe Piketty- son mucho más bajos, por ejemplo, en el continente europeo y en Japón. Ha llegado a ser, más bien, una norma social anglosajona, permitida por la ideología del “extremismo meritocrático”, en esencia impulsado por su voracidad para nivelarse con los otros ricos. Un importante elemento en el pensamiento de Piketty es que la creciente desigualdad de riquezas no es inmutable. Las sociedades tanto la pueden permitir como la pueden combatir.

La desigualdad en la distribución de la riqueza en Europa es mucho más que el doble de la desigualdad de los ingresos provenientes de la actividades productivas o de servicios.- el 10% del sector top tiene entre el 60% y el 70% de toda la riqueza, pero solamente entre el 25% y el 30% de todos los ingresos productivos. Esta concentración de riquezas está ya al nivel previo a la Primera Guerra y volviendo a aquel de la última parte del siglo 19, cuando solo algunos pocos podían esperar heredar lo que era el elemento dominante en la vida social y económica de la sociedad.

Existe una reiterada interacción entre riqueza e ingreso, pero últimamente, a los ingresos obtenidos del trabajo, las actividades comerciales o la producción de bienes, la gran riqueza agrega las enormes sumas provenientes de las rentas.

Las extravagancias y las increíbles tensiones sociales de la Inglaterra Eduardiana, de la Francia de la Bella Época y de la América de los barones de tongo parecía haber sido superada para siempre, pero Piketty muestra cómo aún en el periodo entre 1910 y1950, cuando esa desigualdad fue más reducida, era igualmente aberrante. Fue necesaria la guerra y la gran depresión para detener el proceso de creciente desigualdad, junto con la necesidad de introducir elevados impuestos a los altos ingresos, especialmente sobre los ingresos no ganados, para mantener la paz social. Ahora el ineluctable proceso del ciego capital multiplicándose más rápido en pocas manos está de nuevo de actualidad y a una escala global. Las consecuencias, escribe Piketty, son potencialmente terroríficas.

De partida, casi ningún nuevo empresario, excepto uno o dos de los que corresponden a los espectaculares ascensos de la Silicon Valley , podrá jamás ganar suficiente dinero como para desafiar la increíblemente poderosa concentración económica actual. En este sentido, podemos decir que el ” pasado devora el futuro”. Y que el Duque de Westminster y el Conde de Cadogan, son dos de los hombres más ricos de Inglaterra, gracias a sus campos en Mayfair y Chelsea, que sus familias poseen desde hace muchos siglos atrás, y por la falta de decisión para controlar las brechas que permiten el crecimiento de la gran propiedad familiar.

Cualquier persona con suficiente posesiones, en una era cuando los retornos exceden los salarios y los costos de producción, puede rápidamente llegar a ser desproporcionada y progresivamente rica. Los incentivos que motivan más bien a ser un rentista antes que un empresario que toma riesgos, son un testimonio de la explosión hipotecaria. Nuestras compañías y nuestros ricos no necesitan romper las fronteras de la innovación o invertir para producir: para ellos solo basta recibir los ingresos de sus rentas ya que con la evasión de impuestos, los paraísos fiscales y los intereses compuestos tendrán el resto.

El dinamismo capitalista está minado, pero otras fuerzas se han sumado para despedazar el sistema. Piketty muestra que los ricos han sido de tal manera eficientes en la defensa de sus riquezas contra los impuestos, que han logrado que aumente progresivamente la proporción del total de la carga impositiva aplicada a los ingresos medianos. En Inglaterra puede ser verdad que el 1% de mayores ingresos paga un tercio del total de los impuestos, pero los ingresos por impuestos solo representan un 25% del total de ingresos por impuestos; el 45% proviene de los impuestos al valor agregado, del pago de aranceles y seguros aportados por la gran masa de la población.

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De aquí resulta, que la mayor proporción del esfuerzo monetario para el pago de los bienes públicos, tales como educación, salud y vivienda recae sobre los hombros del común de los contribuyentes, es decir, sobre aquellos que no disponen de suficientes ingresos para financiar esos servicios. De esta manera, la desigual distribución de las riquezas es un mecanismo para el estancamiento, la aversión a las innovaciones técnicas, la existencia de una economía rentista, difíciles condiciones laborales y servicios públicos degradados. Mientras tanto, los ricos se vuelven cada vez más ricos y más desligados de las sociedades de la cual ellos forman parte, no por mérito o intenso trabajo, sino simplemente porque han sido suficientemente afortunados de estar en posesión de capitales que están recibiendo retornos más elevados que los salarios en el transcurso del tiempo. Nuestro sentido común de justicia ha sido ultrajado.

La lección del pasado es que las sociedades, para protegerse a sí mismas, cierran sus fronteras, tienen revoluciones y hasta van a la guerra. Piketty teme que eso se repita. Y aunque sus cifras están bajo intenso escrutinio para descubrir errores, hasta este momento él no las desmiente.

Ni parece probable que el inherente sentido de justicia de los seres humanos se haya suspendido. Naturalmente que las reacciones se expresan de manera diferente en diferentes épocas. Yo sospecho que algo de la energía que sostiene el nacionalismo escocés es el deseo de construir un país donde las toxinas de las desigualdades en la distribución de las riquezas sean más controladas que en Inglaterra.

Capital en el Siglo VeintiunoPero la solución – una tasa de impuestos de un 80% a la cúspide de la riqueza, impuestos efectivos a las herencias, impuestos justos a la propiedad y dado que el problema es global, impuestos globales a las riquezas, son comúnmente considerados inconcebibles.

Pero, como afirma Piketty, la tarea de los economistas es hacer estas reformas concebibles; su libro “Capital en el Siglo Veintiuno” ciertamente lo hace.

Traducido del diario inglés “The Guardian”
por la Comisión Regional de Educación

Tranco firme. Manuel Riesco Larraín

“La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente”.

“Este 30 de septiembre quedará en la historia como el día que empezó la debacle del sistema universitario”, declaró el rector de una de las principales universidades privadas, en un reportaje conjunto con sus pares, quienes se expresaron en términos parecidos.

Tienen toda la razón. Se ha iniciado el fin de un mal sistema de educación, privatizado y sostenido con fondos del presupuesto público y agobiantes cobros a los estudiantes y sus familias, apropiados por establecimientos privados sin rendir cuenta alguna y sin “competencia” del sistema público, el que sobrevive a duras penas con “una mano atada a la espalda”, como declaró hace tiempo una autoridad gubernamental.

Ese es precisamente el camino que se abre con la firme decisión de la Presidenta Bachelet de iniciar la gratuidad en el presupuesto 2016, reasignando cuantiosas partidas de becas y créditos, a financiamiento directo de instituciones de alta calidad, inclusivas, participativas y sin fines de lucro, que terminen con los cobros a sus estudiantes.

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Ahora se trata de en pocos años extender la gratuidad, así entendida, a todos los establecimientos que se incorporen voluntariamente al nuevo sistema de educación pública, así conformado, en todos los niveles, en todo el territorio y para todos los estudiantes.

El presupuesto de educación superior 2016 mantiene el monto del año anterior destinado becas y créditos (0,8 billones de pesos o aproximadamente 1.200 millones de dólares), rebajando las primeras pero incrementando los segundos más o menos en el mismo monto. Sin embargo, agrega una partida significativa (más de medio billón de pesos) destinada a aportes directos a las instituciones que se incorporen a la gratuidad. De esta manera, se revierte drásticamente la tendencia a aumentar las proporción de partidas destinadas al así llamado “subsidio a la demanda”, que se venía dando desde haces tres décadas y constituía la base de la privatización.

Esta medida favorecerá de inmediato a cientos de miles de estudiantes, los que más lo necesitan, quienes dejarán de endeudarse o someterse a los discriminatorios requisitos del sistema de becas; a las instituciones que contarán ahora con un financiamiento adecuado y estable sin tener que firmar avales ante los bancos; y a sus académicos, quienes podrán aspirar a condiciones de trabajo más estables, las que constituyen la base de una educación de calidad.

La medida no perjudica a nadie, puesto que quienes estudian en instituciones que no cumplan con los necesarios requisitos para acceder a la gratuidad continuarán recibiendo apoyo estatal en becas y créditos, igual que hasta ahora. Sin embargo, hay que avanzar rápidamente para extender la gratuidad, así entendida, a todo el sistema educacional. La medida comentada muestra que ello es perfectamente posible, sin desembolsos mayores.

El asunto es ofrecer un camino para la rápida transformación de las actuales instituciones educacionales, en todos los niveles, de manera que las que voluntariamente así lo deseen, puedan acceder pronto al nuevo sistema público así conformado y sus estudiantes a la gratuidad.

En el caso de las universidades acreditadas, hay que ofrecer un camino claro para que, a cambio de un acceso gradual a la gratuidad, éstas transformen su estructura de propiedad de modo de garantizar que no tengan fines de lucro, que mejoren su calidad hasta satisfacer a los requisitos indispensables, y democraticen su estructura de gobierno incorporando a los tres estamentos; esto último es la clave para garantizar que su funcionamiento se va a alinear con autonomía a los objetivos públicos.

En el caso de las universidades privadas no acreditadas, que hoy no pueden acceder a becas ni créditos, su situación financiera es incierta y hay que establecer un fondo presupuestario adecuado para absorberlas completas en algunas de las universidades estatales. Éstas deben asimismo ser reformadas profundamente, saneadas financieramente, y fusionadas las más chicas o inviables en otras mayores de modo de dejar una o a lo más dos por región, empezando por el retorno del Instituto Pedagógico —actual “UMCE”— a la Universidad de Chile, de la cual fuera expulsado por la dictadura en una de sus primeras medidas “educacionales”. Asimismo, hay que dar un presupuesto adecuado a las universidades estatales que recién nacen, lo que es muy importante, puesto que ellas deben ser gratuitas desde sus inicios.

En el caso de la educación superior técnica, la primera medida debe ser retornar INACAP al Estado, a quien pertenece. Fue entregado sin pago alguno a sus directivos en la hora undécima de la dictadura y es tiempo que retorne al Estado para constituirse en la base del sistema público en ese nivel educacional importantísimo. Del mismo modo, hay que proceder con decisión a la medida programática de creación de un CFT público por región. Respecto de las instituciones privadas en ese nivel, hay que proceder igual que con las universidades, transformándolas o absorbiéndolas.

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Finalmente, hay que modificar del mismo modo el sistema de financiamiento de las escuelas, colegios y liceos. Actualmente se da el contrasentido que se les ha prohibido el lucro, al mismo tiempo que se les ha incrementado el financiamiento público entregado íntegramente mediante “vouchers” ¡incluso a las escuelas municipales! Eso debe ser modificado de inmediato, transformando la así llamada “ley de desmunicipalización” en la reconstrucción del sistema nacional de educación pública en este nivel, con una estructura  de dirección bien equilibrada en sus aspectos centralizados y descentralizado y con la misión de dotar rápidamente a cada barrio y cada pueblo con una escuela pública gratuita y de calidad, empezando por la más necesitados.

Para ello es necesario transformar los actuales colegios subvencionados, incorporando los mejores de ellos directamente al presupuesto, en un esquema de gratuidad similar al que se está aplicando hoy para las universidades, con la misión específica de atender de manera gratuita a un barrio determinado. Esta medida tendrá un impacto gigantesco, mejorando la calidad de la educación pero también la vida en las ciudades, entre otros aspectos al reducir drásticamente el número de viajes, puesto que los niños podrán caminar a su escuela, pública gratuita y de calidad, ubicada cerca de su casa, tal como lo hacen en todos les países del mundo.

La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente.

Ahora que la decisión de la Presidenta es un hecho y forma parte de la ley de presupuesto, nadie ha osado pronunciarse en contra. Ha enmudecido el coro estridente y majadero, que intentó manipular todos los resortes del poder que manejan a su amaño, incluidas pataletas histéricas, amenazas de romper la coalición de gobierno y no incorporar a la gratuidad a algunas instituciones importantes, para impedir la concreción de esta medida de evidente beneficio general, que implementa un programa sancionado democráticamente. De seguro se van a reponer de su desconcierto inicial y van a intentar poner palitos a la aprobación de la ley de presupuesto, pero les resulta cuesta arriba y fracasaran en el intento.

Sería lindo que los estudiantes ayudarán aún más en todo este gran avance, que ha sido posible gracias a su histórica movilización iniciada el 2006. Recientemente, la posición de la principal organización estudiantil y algunos parlamentarios de esa “bancada”, han aparecido con remilgos puristas o más preocupados de hacer oposición al gobierno que de lograr avances concretos para miles de estudiantes. Han mantenido una posición ambigua en la dura batalla librada desde hace más de un año, por iniciar la gratuidad de inmediato en la ley de presupuesto, la ley madre que determina la política del Estado.

Es de esperar que ahora se sumen con decisión a la batalla que se viene, por aprobar la ley tal como la ha presentado el gobierno y extender esta medida rápidamente a todos.

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