Los 12 puntos de la CONFECH. Editorial ( CdE nº18) .

Los doce puntos del petitorio que los estudiantes universitarios enviaron al gobierno representan una síntesis formidable de lo que es necesario hacer para terminar con el sistema educativo impuesto por la dictadura. Esto revela que el movimiento estudiantil que hoy en día sacude al país, no se limita a proponer una que otra reforma particular, sino que embiste contra todo el modelo que en estos momentos rige la educación chilena. Modelo educativo que se heredó de la Dictadura, y que ha sido mantenido por los “consensos” que lograron imponer los partidarios del modelo neoliberal en Chile, partidarios que se encontraban tanto dentro, como fuera de la Dictadura.

Hace ya treinta y ocho años que el sistema educacional chileno irriga los elementos necesarios para reproducir las tres condiciones basales del modelo neoliberal en nuestro país. Condiciones que son:1) la extrema concentración de la riqueza, 2) la mantención del duopolio que concentra el poder político; y 3) el oligopolio de los medios que nos inundan con los mensajes neoliberales, sofocando y censurando toda expresión distinta al modelo.

El actual sistema educativo, que perdura desde 1981, fue diseñado para satisfacer las demandas ideológicas y de competencias en recursos humanos que han permitido mantener, reproducir y hacer viable el sistema neoliberal más extremo y ortodoxo del mundo.

Los doce puntos de la CONFECH representan, en su conjunto, una demanda justa, transversal y necesaria para avanzar hacia un nuevo sistema educativo. Ya no irrigador de las desigualdades, sino de una educación puesta al servicio de una visión compartida de país, de una educación puesta al servicio de un proyecto de desarrollo nacional definido democráticamente por todos los chilenos y no el de un proyecto de desvarío entregado a la mano invisible del mercado, eso ya fracasó rotundamente y sólo la tozudez y ambición desmedida de unos pocos no desea verlo.

Es posible detectar tres ejes articuladores en la demanda expresada en los doce puntos:

El primer eje concierne a la necesidad de contar con un Estado que asuma su papel de estado docente. La famosa “sociedad docente”,  que plantea el Presidente Piñera, sólo eterniza el imperio del mercado sobre la educación.

El segundo eje se refiere a que un sistema de educación con calidad en todos sus niveles, significa que de satisfacción a los requerimientos de la sociedad en su conjunto: abarcando tanto a los estudiantes, como a las familias. También, por supuesto al Estado y las empresas . Llegando, por último a los requerimientos de las capas más finas de nuestra sociedad, para que ésta sea solidaria, comprometida.

Por último se desprende del petitorio la necesidad de que haya un sistema de educación sin fines de lucro y no segregador. Sólo en la lógica de los mercados se puede segmentar la sociedad. No  en el plano de la educación.

Por ello llamamos a marchar con los estudiantes (no adelante, ni atrás, sino con ellos) y luchar por conseguir una victoria que permita que estos cambios se concreticen.

Los objetivos de la demanda de los doce puntos tienen elementos comunes, son verdaderamente patrióticos, son justos y democráticos. Son viables y desinteresados.

Son patrióticos porque ponen a la educación al servicio de la patria toda y no sólo de unos pocos.

Son justos y democráticos porque expresan el interés de crear una base igualitaria para que a partir de allí, todos puedan desarrollar sus capacidades personales.

Son viables porque representan el deseo de una inmensa mayoría de chilenos y porque se pueden obtener los recursos necesarios para implementar los cambios exigidos. La educación debe dejar de ser un pingüe negocio para la banca, nuestras riquezas básicas y una reforma tributaria pueden  generar los recursos necesarios para estos fines.

Son desinteresados porque los estudiantes que están en la lucha saben que los beneficios de estos cambios no los alcanzarán a ellos.

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Universidades públicas. Por Manuel Riesco Larraín .-

Desde el golpe militar, Chile ha venido desmantelando su bien notable sistema de educación   pública, construido a lo largo del medio siglo precedente. El intento de reemplazarlo por un mercado basado en elevados cobros forzados a los estudiantes y sus familias ha resultado en un fracaso rotundo. Todo ello afecta especialmente a la educación superior, cuya crisis han puesto de manifiesto por estos días cien mil alumnos, académicos y funcionarios, manifestándose en las calles. El país enfrenta hoy el desafío de reconstruir su sistema nacional de educación pública. Ello es posible también en el nivel superior, puesto que, felizmente, puede apoyarse sobre lo actualmente existente, así como en la experiencia de haberlo realizado antes, especialmente durante los años de la reforma universitaria.

Una universidad por excelencia combina de modo equilibrado las funciones de docencia, investigación y extensión. Sólo cinco de las sesenta así llamadas “universidades” chilenas cumplen con este requisito elemental. Un reciente trabajo del Centro de Investigación de la Estructura Social de la U. de Chile (CIES) y el Foro Aequalis las clasifica como “universidades de investigación.” Incluye otras seis en la categoría de “universidades con investigación selectiva,” y seis adicionales en la categoría “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva.”

Las cinco primeras son, en orden de importancia, las universidades de Chile, Católica de Santiago, de Concepción, de Santiago y Austral. Dos son estatales y tres particulares. Las seis que les siguen incluyen otras tres estatales y tres particulares. Todas ellas al igual que las cinco anteriores, pertenecen al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, conocido por el poco asentador acrónimo CRUCH.

Solo en la tercera categoría, “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva,” logran entrar raspando cuatro universidades privadas. Las cuarenta y tres instituciones restantes que también se rotulan como “universidades,” sencillamente no realizan investigación ni extensión significativa. Todas las demás privadas caen en estas categorías, junto a algunas sedes estatales regionales.

La enorme brecha entre unas y otras se puede apreciar en diversos indicadores. De partida, las publicaciones científicas se concentran de manera abrumadora en las cinco primeras y las restantes en las dos categorías que les siguen. Las 43 “universidades” de docencia simplemente no tienen publicaciones en revistas de prestigio internacional.

De acuerdo a los resultados preliminares de un estudio encargado a CENDA por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, las primeras atienden a un quinto del alumnado universitario, pero concentran un 39 por ciento de los académicos a jornada completa y un 43 por ciento de los que tienen grado de doctor. Correspondientemente, su presupuesto representa el 41 por ciento de los ingresos de explotación de todas las universidades.

De esta manera, en relación al promedio de las 60 “universidades” existente en el país, estas cinco “universidades de investigación” invierten el doble de recursos, académicos a jornada completa y con grado de doctor o doctorados, por alumno. Si se las compara con las dos categorías más bajas del estudio de CIES, que concentran un 28 por ciento del alumnado, estas brechas aumentan a cuatro, más de cinco y casi siete veces, respectivamente.

Incluso si se las compara con las doce universidades clasificadas en categorías de “universidades con investigación selectiva,” que les siguen, las cinco universidades de investigación prácticamente las duplican en presupuesto, académicos a jornada completa y académicos con doctorado, por cada estudiante.

El que casi todas las que se dicen universidades estén acreditadas como tales quiere decir bien poco en este aspecto. El único requisito verdaderamente importante para obtener la acreditación consiste en demostrar que son un buen negocio. Los demás son flecos. Por ejemplo, no se les exige que tengan publicaciones científicas, académicos a jornada completa o con post grados, entre muchos otros requisitos elementales. De hecho hay once “universidades,” todas acreditadas, que informan tener menos de un académico a jornada completa ¡por cada mil alumnos!

De este modo, como escribe el historiador Perry Anderson, “solo en la noche de nuestra ignorancia adquieren el mismo color todas las formas extrañas.”

En otras palabras, no todas las que se dicen “universidades” dan la talla mínima para serlo. Como se ha mostrado, en estricto rigor solo cinco de las que utilizan este nombre lo son verdaderamente. Otras doce siguen sus pasos, pero a muchísima distancia. Las restantes 43 son instituciones que imparten docencia en nivel terciario, lo que es importante. Quizás todas aspiran y se esfuerzan seriamente en mejorar su calidad, lo cual es meritorio. Sin embargo, ello no las convierte en verdaderas universidades, ni mucho menos.

La solución parece bastante evidente: para mejorar el sistema universitario hay que consolidar y ampliar las cinco verdaderas universidades existentes y estimular a todas las demás para que se eleven a esa condición.

Para concluir en algo tan sencillo ciertamente no se requiere contratar una comisión de expertos internacionales, sin embargo, el estudio encargado a la OCDE propuso exactamente eso.

El problema es que el sistema actual de financiamiento promueve exactamente lo contrario: empuja hacia abajo a las pocas universidades que realizan investigación y extensión, estimulando que todas se conviertan en simples “universidades de docencia.”

Según el mismo estudio del Foro Aequalis antes citado,  la matrícula de las “universidades de investigación” ha aumentado en un 13 por ciento entre 2005 y 2010, mientras en el mismo período las “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva” lo ha hecho en 51 por ciento y las “docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentran al fondo de la escala de calidad, han crecido ¡un 81 por ciento!

La razón es bien simple: se hace descansar el grueso del financiamiento en los pagos de los alumnos, que malamente alcanzan para financiar la función de docencia. Aún a costa de representar una carga insostenible, además de ineficiente e injusta sobre ellos y sus familias. De este modo, desde el punto de vista de mejorar el sistema universitario, el mecanismo de financiamiento basado en los aranceles resulta además perverso.

En las universidades del CRUCH, al que pertenecen casi todas las que realizan investigación y extensión, además de docencia de relativa buena calidad,  los aportes de las familias alcanzan a 2,2 millones de pesos por alumno al año, en promedio, según el estudio de CENDA para CONFECH. Ello no alcanza a cubrir ni la mitad de sus ingresos de explotación, que ascienden a 4,6 millones de pesos por alumno al año, en promedio. Los estudiantes de universidades privadas, en cambio, que concentran a todas las que hacen sólo docencia, aportan un promedio de 2,7 millones de pesos por año, lo que alcanza para cubrir en buena forma todo el presupuesto de las mismas, que suma la misma cantidad por alumno.

Lo anterior explica el raro contraste que un millón de santiaguinos que transitan a diario por la plaza Baquedano pueden apreciar a simple vista. Cruzando el Mapocho por el puente Pío-Nono, se alza la venerable Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el centro académico más antiguo y prestigiado del país, que alberga buena parte de los profesores a jornada completa y doctorados y produce lo más de la investigación científica en derecho del país. Sin embargo, el edificio es muy antiguo y relativamente pequeño, lo que no sería nada si no fuese porque su estado de mantención deja muchísimo que desear.

Justo al frente, cruzando Bellavista, se alza una de las “universidades docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentra al fondo de la tabla de calidad según el estudio de Aequalis. Su flamante y enorme edificio es deslumbrante, más parecido a un aeropuerto que a una universidad. Paga sumas ingentes en arriendos a su inmobiliaria relacionada – que retira de este modo utilidades no despreciables que son ilegales para las universidades – y sueldos millonarios a sus directivos, aparte de cifras multimillonarias en publicidad. Por cierto, funciona en base a profesores “taxis” a los que ofrece poco más que una pizarra y ninguna estabilidad laboral, los que se allanan a ello entre otras cosas porque no tienen postgrados. Que se sepa, no ha producido jamás un sólo “paper” que amerite ser publicado en revistas de prestigio. Eso no le impide estar acreditada, puesto que ciertamente es buen negocio. Para todo eso le alcanza con las matrículas que cobra a sus alumnos, que las pagan encalillándose hasta las orejas y por toda la vida. Agradecida de tal milagro, le sobró plata para proponer al municipio, que felizmente rechazó la oferta, la construcción en el parque aledaño de una monstruosa estatua ¡del Papa!

Esto no da para más. Eso lo saben bien los sus estudiantes, administrativos y muy especialmente, sus académicos y lo están manifestando. No lo soportan los estudiantes y sus familias, sobre las cuales se está descargando un impuesto anual equivalente a más de la mitad del total de los impuestos a la renta pagados por todas las empresas – incluidas las del cobre – y personas pudientes del país el año 2009. Según un reciente estudio del Banco Mundial, los veterinarios van a tener que destinar a servir el crédito universitario ¡un tercio de sus salarios! Tampoco lo soportan los funcionarios administrativos, que soportan bajos sueldos y no tienen derechos laborales.

Muy especialmente, no las soportan los académicos, que constituyen hoy uno de los grupos de trabajadores chilenos con sueldos más deprimidos, empleo más precario y condiciones de trabajo más deficientes. Precisamente, lo más grave del desmantelamiento del sistema nacional de universidades públicas es haber debilitado seriamente la institución que todas las sociedades civilizadas han construido para sostener de modo estable a la capa intelectual que destinan al quehacer científico, artístico, cultural; en una palabra, a las llamadas cosas del espíritu.

La crisis del sistema universitario superior recae por igual en los alumnos, académicos y administrativos de las universidades estatales y particulares, en las del CRUCH y las privadas. Los afecta a todos por igual, aparte de las familias de los primeros que no hayan como pagar la cuenta. Por este motivo, se manifiestan todos juntos, encabezados por los rectores de las universidades públicas y privadas.

La solución es sencilla, como se ha mencionado. Como recomienda la OCDE, hay que aumentar significativamente el presupuesto público, que hoy cubre menos de un 15 por ciento del total según esta fuente. Del 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que representa en la actualidad, hay que elevarlo en pocos años al 2 por ciento del PIB que representaba hace cuarenta años atrás. El incremento hay que destinarlo prioritariamente a consolidar, fortalecer y ampliar las cinco universidades públicas mejores, que evidentemente son las que mejor pueden responder a este desafío.

Al mismo tiempo, hay que estimular a todas las demás para que se eleven a este nivel. Para ello, como dice la OCDE, es necesario dirigir la mayor parte de los recursos a fortalecer las instituciones mismas, de modo que puedan ofrecer condiciones estables y adecuadas de trabajo a sus académicos y funcionarios. Muy especialmente, como también recomienda la OCDE, hay que dar un financiamiento basal adecuado a las universidades estatales.

Al mismo tiempo, hay que destinar parte significativa del aumento del financiamiento estatal a otorgar becas estudiantiles, de modo de aliviar progresivamente la carga insostenible, injusta e ineficiente que hoy soportan los estudiantes y sus familias.

Una palabra adicional: en paralelo hay que reconstruir el sistema nacional de educación pública superior técnica y vincularlo al sistema universitario. Como se ha mostrado en otra nota, si se generaliza a todo el país el ejemplo del Centro de Formación Técnica de Lota-Arauco, el único público y gratuito del país, bastaría con aumentar el gasto educacional total en 7,3 por ciento para ¡duplicar la cobertura de educación terciaria!

Parece una tarea ardua. Sin embargo, es precisamente lo que el país logró realizar durante la Reforma Universitaria. Entre 1967 y 1973, se duplicó el sistema universitario, transformando universidades que no merecían el nombre de tales en establecimientos nacionales modernos y comprometidos con el desarrollo del país y el destino de su pueblo. Gratuitos además.

Ello se logró incrementando los aportes estatales a todas las universidades existentes, exigiendo a cambio que realizaran docencia, investigación y extensión, que contrataran académicos a jornada completa con buenas condiciones de salarios y trabajo, lo mismo que sus funcionarios. Que respetaran la libertad de cátedra y no discriminaran en el acceso, promoviendo el de los obreros y sectores populares. A todos se exigió garantizar lo anterior mediante gobiernos internos democráticos, con participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, a la cual se respetó su autonomía en estas condiciones.

No parece mala idea intentarlo de nuevo.

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Manuel Riesco Larraín. Economista, investigador de CENDA (Centro de Estudios
Nacionales de Desarrollo Alternativo) y miembro de la Junta Directiva
de la Universidad de Valparaíso.

Fuente: Autorizado en http://blog.manuelriesco.cl/2011/05/universidades-publicas.html

El Sistema de Acreditación de la Educación Superior en Chile. Por Ricardo López Erazo.-

Antecedentes históricos:

Desde el mismo 11 de septiembre de 1973, la dictadura de Augusto Pinochet, intervino el sistema de Educación Superior en Chile.

Los “Rectores Delegados” impusieron la barbarie, la persecución y pusieron fin a una comunidad universitaria que había realizado un proceso de reforma democrática que nos prestigiaba a nivel mundial.

Nuestras Universidades, después del proceso de reforma de los años 60’s, desarrollaban docencia, investigación y extensión con un gran reconocimiento de la comunidad universitaria y científica internacional, y además lo hacían en el marco de una estructura de gobierno triestamental.

Durante los años 1973 y 1980, la dictadura de Pinochet, se impuso la tarea de desmembrar la estructura universitaria chilena. Así es, como en estos años el gobierno de Pinochet instala una máquina de moler universidades hasta que logra una situación de atomización que permite iniciar aventuras capitalistas que deseen lucrar con la educación superior.

La guinda de la torta vendría a ser la Ley 20129, también conocida como la Ley de Acreditación de la Educación Superior. En Octubre de 2006, se promulga esta ley que viene a inclinar, aún más, la cancha a favor de los inversionistas privados de la educación superior.

Diagnóstico:

Transcurridos 30 años, después de atomizado y sometido a las cadenas del autofinanciamiento, el sistema público (y tradicional) de Educación Superior no ha podido ser abatido del todo por los “eficientes consorcios privados, nacionales e internacionales

¿Qué falta por hacer?

HOMOLOGARLOS: Intentar que parezcan iguales, que el “mercado” perciba que un título de aquí es igual al de allá, que los “eficientes privados” pueden dar más cobertura y cobrar menos- por eso- porque son más eficientes, son de excelencia…

SOLUCIÓN: La acreditación.

Después de más de dos decenios, en que la hipótesis neoliberal no se cumple, se hace necesario desnivelar aún más la cancha a favor de los mercaderes de la educación.

¿Pero cómo homologar Universidades de pizarra y plumón, con 90 % de académicos- hora, de bibliotecas ínfimas, de laboratorios inexistentes (en la mayoría de los casos), con Universidades que tienen bibliotecas y laboratorios, que cuentan con académicos de jornada completa, que no sólo realizan docencia sino también investigación y extensión?

Fácil, el Chilean way : un poco de talibanes neoliberales dispuestos a inmolarse por la “mano invisible”, una pizca de asesores y expertos con serios compromisos de intereses y la infaltable cucharadita de funcionarios de alto nivel inescrupulosos y dispuestos a venderse al mejor postor.

Si esta cazuela la cocinamos a fuego lento- y le agregamos unos condimentos de conceptos para que le den sazón: calidad, aseguramiento de la calidad, propósitos declarados, todo lo anterior con el objetivo de que no se contamine con participación de las partes interesadas, logramos el objetivo de homologar esperpentos de lucro en la educación superior con reales universidades.

Es necesario detenerse en un análisis más detallado de esta Ley (20129) para comprender sus reales alcances:

La columna vertebral de esta ley se alza sobre tres conceptos, los cuales son redundantes entre sí:

  • Autorregulación
  • Aseguramiento de la Calidad
  • Propósitos declarados.

La autorregulación, de mayor trasfondo ideológico, simplemente plantea la intención de cumplir con ciertos “propósitos declarados” de la entidad que pretende acreditarse.

Las exigencias con esta política de autorregulación no van más allá del disponer de políticas, mecanismos y controles que velen por el cumplimiento de los “propósitos declarados”.

No hay en esta autorregulación nada que valide la intervención, ni del Estado ni de partes interesadas (estudiantes, académicos, familias, Estado, entre otras) ni de la sociedad en su conjunto.

Así se introduce en la política universitaria un viejo dogma neoliberal, los mercados no deben ser intervenidos, mientras más desregulados más eficientes serán.

La desregulación, ha sido y será, un campo de batalla ideológico fundamental. La última (y no final) crisis capitalista gatillada en el mercado inmobiliario y financiero de EE.UU. se desata precisamente por la peculiar idea que los bancos pueden vigilarse de forma eficaz a si mismos.

En 1999, los lobbystas neoliberales americanos ganan una gran batalla . La Ley de Modernización de los Servicios Financieros termina con la Ley Glass-Steagall de 1933, aquella ley que surge después de la Gran Depresión. Esta ley pretendía evitar que se reprodujera la situación que los llevó, precisamente, a la Gran Depresión. La ley de 1999 es en esencia una ley “autorregulatoria” que en menos de diez años creó las condiciones para la crisis global financiera de 2008. (Ver J. Stiglitz, Caída Libre, Editorial Taurus)

Sin ir más lejos, el laboratorio neoliberal chileno nos muestra que esta “autorregulación” nos provee de cadenas de farmacias coludidas en contra de los enfermos, duopolios energéticos imponiéndonos “su solución”, la banca chilena obteniendo las mayores rentabilidades “autorreguladas”, entre otras.

Si la “autorregulación” primera piedra del neoliberalismo no funciona en ninguna parte, ¿Por qué deberíamos pensar que funciona en la Educación Superior?

El aseguramiento de la calidad, es un concepto que proviene de las normas de calidad de la familia de normas ISO 9000, el problema es que ya en esta familia de normas, a partir del año 2000,pasó a ser un concepto obsoleto.

El concepto vigente es el de gestión de calidad, la diferencia no es menor, el concepto vigente de gestión de la calidad exige al que pretende certificarse en esta norma, que someta a prueba su sistema con las partes interesadas con las cuales interactúa. El viejo concepto de aseguramiento de la calidad no planteaba esta exigencia y sólo dejaba en manos de la organización el establecer un sistema “autorregulatorio” (procedimientos y registros) que pruebe que lo que se dice que se va a hacer, se haga.

El tema de los “propósitos declarados” resulta ser también una triquiñuela neoliberal de mayor importancia: ¿cómo es posible homologar universidades que declaran sólo docencia y pretenden asimilarse con universidades que están empeñadas en desarrollar- además de docencia- investigación y extensión?

El pensamiento crítico, el compromiso del estudiante con su disciplina y con la sociedad a la cual pretende servir, no se puede desarrollar en una comunidad en que no haya investigación ni extensión.

De la misma manera no es posible confundir extensión con marketing. La rebuscada expresión de vinculación con el medio, no reemplaza la necesaria dialéctica entre universidad y sociedad que pretende un proyecto de desarrollo compartido por y para todos.

Esta ley de acreditación resuelve el problema simplemente por el expediente de los “propósitos declarados” y por tanto otorga acreditación aún a quienes no merecen ser considerados como una Universidad.

La docencia, la investigación y la extensión son las tres funciones que conforman la peculiaridad de una Universidad. O se realizan las tres funciones o no se es Universidad.

El actual ministro de educación, de manera acostumbrada por el “gobierno de excelencia” nos plantea que se viene una nueva ley de acreditación: la acreditación 2.0.

No informa de ningún aspecto relevante, no señala que aspectos negativos se tratarán de resolver, ¿habrá más autorregulación? Preocupémonos.

El actual Ministerio de Educación en manos de Lavín y sus asesores, todos ellos con evidentes conflictos de interés (debido a su participación directa o indirecta en Universidades Privadas “sin fines de lucro”), tendrá por objetivo, siempre, el crear condiciones cada vez más favorables para el desarrollo del “mercado” y la aniquilación del sistema público y tradicional. La acreditación es una variable importante.

Hacemos un llamado a nuestros lectores a participar en una reflexión colectiva en torno a un nuevo sistema de acreditación que refleje el real nivel de complejidad (y calidad) que tienen las universidades, el desempeño de las tres funciones debe ser ineludible, el gobierno triestamental también. De otro modo no estamos hablando de Universidad sino de otra cosa. Las páginas de nuestros Cuadernos de Educación están abiertas a su participación.

¿Es Karadima un “caso” o un síntoma generalizado?

Quien lea la entrevista concedida por el Cardenal Francisco  Errázuriz al diario El Mercurio del domingo 17 de abril de 2011, verá allí un cuidadoso esfuerzo por presentar lo ocurrido con el ex párroco de El Bosque, como un caso aislado, o como él dice, “un sacerdote es una persona de carne y hueso que también puede pecar”. Las estremecedoras declaraciones hechas por una de las víctimas, el médico James Hamilton, mostraban, en cambio, un panorama totalmente contrario, que obliga a dar al asunto un trato que excede al de mero caso.

Entrevista J. HAMILTON *TOLERANCIA CERO* 1 / 3

 El cardenal, al construir un relato acerca de cómo asumió las sucesivas denuncias de las víctimas, (las que todo el mundo ya conocía, por otra parte), sin preguntarse siquiera si pueden haber otras acusaciones, reduce enormemente el daño que a la  Iglesia, ha infligido el comportamiento criminal de Karadima. Otra es la versión del doctor Hamilton, quien en la emisión televisiva de “Tolerancia Cero”, habló de años de abusos, de lo que ocurre en los colegios católicos, tachando de conducta criminal las actitudes permisivas del propio Errázuriz, del obispo Arteaga, y de varios otros. Enjuiciaba con ello a toda una parte de la Iglesia, comprometiendo en particular a su jerarquía.

 Por eso creemos que esta situación tiene un contexto mucho más amplio y tiene que ver  con lo que ocurre en la Iglesia chilena en estos momentos.

 Hay en este asunto una parte evidente y casi normal, pues aunque la Iglesia católica se defina a sí misma como una, apostólica y romana, siempre ha sido una institución marcada por tendencias, posiciones y pugnas. Reflejar los signos del mundo ha sido en ella una constante desde sus orígenes. A pesar de la parábola de Cristo que recomendaba “dar al César lo que es del César”, la parte del César siempre ha invadido el terreno de lo eclesial. En América latina, desde un punto de vista político se pueden advertir claramente tres tendencias, una que vincula a la Iglesia con los poderes dominantes, en donde, salvo honrosas excepciones se encuentra la jerarquía. Otra, que ha venido cobrando cuerpo desde los años sesenta del siglo pasado, que tomó una opción por los pobres. En el medio  se encuentra una tercera posición de centro, que según los países oscila entre las dos tendencias antes enunciadas. En síntesis, si se puede hablar a propósito de la teología de la liberación de que el pueblo irrumpió en la iglesia, se puede decir también que la élite dominante la invadió y entró en ella desde que América latina, es América latina.

 La teología de la liberación fue un acontecimiento político que se produjo en la esfera de lo religioso y correspondió el momento cuando una parte de la Iglesia católica, se hace cargo de la miseria, de la necesidad de elaborar una doctrina social  que se propusiera liberar a los pobres de la forma degradante en que vivían. Antes de evangelizar había que intentar resolver los problemas de la gente.  Estas posiciones estuvieron representadas durante los años sesenta por teólogos tales como el peruano Gustavo Gutiérrez y el brasileño Leonardo Boff, entre otros. Más radicalmente,  Fray Beto habla de que son los pobres, el pueblo, quienes irrumpen en la Iglesia. Son dos versiones de un mismo fenómeno. En estas posiciones Influyeron claramente, además del impacto que causaba la miseria de los pueblos latinoamericanos,  la revolución cubana, la teoría de la dependencia, y el marxismo. La venida del Papa a Medellín, y la intervención ideológica que como el guardián de la fe hizo el actual Papa, en aquel entonces Cardenal Ratzinguer, tuvo como consecuencia que estas posiciones, a partir de ese momento, perdieran terreno dentro de la batalla, si se le puede llamar así, que estos teólogos y laicos dieron en el seno de la Iglesia para que ésta optara por los pobres. Sin embargo, la teología de la liberación vino para quedarse, y pasó a integrar, desde entonces, el pensamiento latinoamericano como una de sus partes constitutivas.

 Chile fue uno de los pocos países latinoamericanos en donde la teología de la liberación no se alojó. Si bien aquí hubo importantes movimientos que expresaban estas tendencias, como “La Iglesia junto al pueblo”, o “Cristianos por el socialismo”, no hubo de parte de la teología de la liberación un influjo semejante al que tuvo en otros países latinoamericanos. La jerarquía pudo mantener una posición centrista que trataba de impedir un desborde político popular en la Iglesia chilena, mientras los sectores ultraconservadores se hicieron presentes en ese momento con organizaciones tales como Fiducia, o Patria y libertad.

 Estos sectores, aunque entonces eran muy minoritarios, desde la dictadura comenzaron a prosperar, logrando hacerse hegemónicos. Son los mismos que se obsesionan en algunos aspectos como el aborto, o en tratar de impedir el uso de la “píldora del día después”, o en la condena al homosexualismo. Es el ambiente que hoy predomina, y cuya presencia e imposición agobian a la sociedad chilena. Su poder  se hace particularmente presente en la educación, tanto en la secundaria como la universitaria. Universidades de corte católico no son sólo las tradicionales, con las cuales se ha aprendido a convivir, aunque dicha convivencia no  fluya siempre de manera tranquila. También son católicas universidades que pertenecen al Opus Dei, como la Universidad de los Andes, u otras que pertenecen a los Legionarios de Cristo. El espacio físico y cultural que abarcan estos colegios y universidades se agranda y se va constituyendo en un poder enorme, que vincula la educación a lo ideológico, y que de esta manera contribuye a acrecentar y consolidar la existencia de una educación para ricos y otra para pobres, de marcada diferencia social entre una élite gobernante y una inmensa masa desposeída que apenas vive con un  centenar de miles de pesos.

 Son sectores católicos vinculados desde siempre con la oligarquía chilena, que no han abandonado la escena política y que desde la dictadura funcionaron como cemento ideológico en la trenza que entonces se tejió entre el poder militar de la dictadura, el gremialismo de Jaime Guzmán y las doctrinas económicas neoliberales de los “Chicago boys”. Hoy es este mismo sector más reaccionario de la Iglesia católica chilena, el que se hace presente a raíz del escándalo que han suscitado los abusos a menores imputados al párroco de El Bosque, Karadima. No se trata de un caso aislado, la pedofilia comienza a ser un mal que corroe desde dentro a la Iglesia católica en el mundo. Pero aquí en Chile es una mezcla viscosa que anuda la posesión de dinero, uso y abuso del poder, con imposiciones y represiones ideológicas y doctrinales.

 Por eso, lejos de considerarlo como un caso aislado, o una anécdota grotesca y trágica a la vez, pensamos que más bien es un síntoma generalizado de un poder que cada día se amplía más, sin control ni medida, y es el poder de la riqueza y el dinero en Chile.

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Comentarios entorno a la Reforma Lavín. Por Gustavo Quintana

Publicitada inicialmente como una reforma para producir un cambio revolucionario en la calidad de la educación, el conocimiento de su texto indica que se trata sólo de profundizar el modelo neoliberal de educación instalado por la dictadura, con todo el lastre autoritario e ideológico impuesto por ella.

Los aspectos principales de este modelo, vigente por cerca de 30 años, se acentúan en la reforma propuesta, y sus objetivos actuales pueden sintetizarse en lo siguiente:

  • Aceleración del proceso de liquidación de lo que queda de educación pública (municipal) , que debiera caracterizarse por ser gratuita , permitir el acceso de todos a una educación de calidad y ser capaz de entregar, bajo el control y el financiamiento del Estado, iguales oportunidades a todos los estudiantes

 

  • Intensificación del lucro, como factor preponderante, y de la acción del mercado como rector de todo el sistema educacional, con el consiguiente aumento en la desregulación de todo el sistema y el deterioro de calidad en especial para la inmensa mayoría de los niños y jóvenes

 

  • Profundización de la segregación social en la educación básica y media (los mejores profesores y las mejores condiciones de estudio para los colegios privados y/o ” de excelencia”, que no cubren más del 10 % del total de los alumnos ). Además, en este mismo cuadro, sólo un 30% de los estudiantes, en su gran mayoría de los sectores de mayores ingresos, tendrían acceso a la educación preescolar.

 

¿Qué propone la ley y cuán lejos se encuentra de constituir un cambio profundo en la educación?

La ley mezcla proposiciones que aparentemente constituyen modificaciones profundas en la calidad y la equidad de la educación(becas para estudiantes que ingresen a estudiar pedagogías con puntajes de 600 puntos o más , 50 liceos de excelencia que reúnan el 70% de los mejores estudiantes del sistema municipalizado), con modificaciones tendientes a consolidar el modelo neoliberal (modificación del estatuto docente .modificaciones cuticulares) y con medidas que en principio nadie puede objetar (mejoramiento de las condiciones de jubilación de profesores con más de 30 años de trabajo, acceso al nivel más alto de remuneraciones a los 10 años de carrera, en lugar de los 30)

Analicemos en primer lugar si el número de estudiantes que serían becados, y que debieran formar esta nueva élite de profesores, es suficiente para asegurar una educación de mayor calidad al conjunto de los estudiantes chilenos en un lapso de 15 años (suponiendo entre 2500 y 3000 becas anuales, que serían utilizadas). Si bien la calidad de los nuevos profesores aseguraría un recambio de calidad para la generación que debe jubilar en el transcurso de estos 15 años y, sin duda, sería superior a la de la gran cantidad de quienes están egresando, de universidades, escuelas e Institutos no acreditados y de establecimientos acreditados de calidad insuficiente, que muchas veces otorgan títulos a través de cursos por correspondencia, persiste la duda si los marcos de la ley permite formarlos en cantidad suficiente para alcanzar a todos los estudiantes en el lapso de tiempo señalado.

Para estimar muy aproximadamente las necesidades de recambio, o los vacíos a llenar, consideremos tres factores el destino probable de los nuevos profesores, la magnitud del número de profesores en edad de jubilar, y la falencia de profesores en el sistema , para poder asegurar una educación de la misma calidad para todos los estudiantes.

En la actualidad, y en el caso de las pedagogías, una cifra del orden del 67% de los que ingresaron a estudiar pedagogía ya sea abandonan sus estudios antes de egresar(40%) o abandonan la educación dentro de los 4 años posteriores a su egreso, por encontrar posibilidades de trabajo más estables y con mejores remuneraciones fuera de la educación. (La ley no propone ni una carrera académica estable y atractiva ni expectativas materiales comparables con las de las principales carreras universitarias, manteniéndose la valoración del profesor como un profesional de segunda categoría). Evidentemente parece altamente probable que profesores con mejor formación tiendan a emigrar neutralizando parcialmente uno de los pocos objetivos de la ley que apuntan en la dirección correcta.

La magnitud del número de profesores en edad de jubilar se estima en ¡a actualidad en 7000 y al final del período presidencial bordearía los 15000 Todos ellos, profesores que en su mayoría sólo esperan una proposición digna para hacerlo, proposición que figura en la ley.

Si además consideramos el déficit en profesores de pre-básica (70%), y los nuevos profesores que sería necesario contratar para mejorar las condiciones de enseñanza (por ejemplo, limitar a 30 el número de estudiantes por sala), el objetivo de mejorar la calidad sólo alcanzaría efectivamente a una parte de los estudiantes y ¡a equidad , en los marcos de la ley, sería prácticamente imposible, con lo cual el sello dé la segregación continuaría marcando el modelo.

Lo estrecho de los márgenes de la ley, que hacen prácticamente imposible asumir como objetivos el mejorar la calidad de una educación al alcance de todos los estudiantes, indica falta de voluntad política para asumir la educación como un derecho fundamental y como elemento estratégico para el desarrollo del país . y sólo se comprende la urgencia de hacer aprobar esta ley, casi sin discusión, por otros objetivos presentes claramente en la ley.

Así, desconociendo que la causa del fracaso está en el modelo, modelo que no es utilizado en la inmensa mayoría de los países desarrollados con mayor nivel’ educacional (con sistemas muy estructurados, con el Estado como tronco central de él), se culpabiliza al profesor como responsable principal del fracaso, y la ley se centra principalmente en modificar el estatuto docente y en tener mayores atribuciones para reprimirá los profesores.

Junto a esto se trata de legitimar el modelo con ¡os pequeños avances en la prueba Pisa, que después de 30 años de aplicación ubican a Chile entre el 44° y el 49 ° lugar (entre 65 países de la OCDE e invitados) y se pretende introducir la falacia que con este magro resultado Chile lidera la educación en América latina. Quien haya leído el N° 14 -año 4 del Boletín de Educación habrá constatado que Cuba, que no es miembros de la OCDE ni invitado a participaren esa prueba , sino por el contrario, en pruebas tomadas por Unesco en los países de América ¡atina tiene efectivamente, y por un gran margen , el mejor rendimiento en esta parte del mundo.

Ya asegurado que los sectores de mayores ingresos mantendrán una calidad de educación superior a ¡a del resto de los niños y jóvenes de Chile (segregación consolidada), entre las proposiciones de la ley que realmente interesan a la alianza destacan las modificaciones al estatuto docente, en lo que se refiere a profesores, directores y modificaciones curriculares.

Se otorgan mayores atribuciones a los sostenedores de colegios que estén más vinculados a los aprendizajes de sus alumnos ( ¿ ), los que tendrían autonomía de crear y administrar sus propios sistemas de evaluación que complementen los mecanismos establecidos en el estatuto docente. De esta forma se pretende darle más autonomía al sostenedor para tener una evaluación más ad hoc a sus necesidades.

Estas proposiciones, como lo plantea Jaime Gajardo, presidente del colegio de profesores, amplía los potenciales de despido y somete a ¡os profesores a una doble evaluación , sin control y sin mecanismos que aseguren la objetividad.

En cuanto a la evaluación de los profesores y las desvinculaciones producto de ello, se retrocede. Así la desvinculación actual, producto de evaluaciones insuficientes por tres veces seguidas, se puede adelantar disminuyendo a sólo dos la condición de insuficiencia y, además, haciéndola extensiva a tres evaluaciones consecutivas de un desempeño básico. Igualmente se incluye como causal el no respetar el reglamento interno del colegio y hacer uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo de seis meses en un período de dos años.

 

En las proposiciones para la designación de nuevos directores y la selección de los nuevos profesores se ignora condiciones indispensables para una educación de calidad, como el equilibrio entre el director y los profesores. Administrador y gestor el primero, el papel de expertos en educación corresponde a los profesores, y sólo un funcionamiento armónico entre ambos elementos y una participación conjunta en las grandes decisiones del colegio puede asegurar su éxito.

En la ley, por el contrario, una parte de los nuevos directores (un 25% del total) serían seleccionados por un organismo similar al de alta dirección pública y tendría como requisito indispensable estar en posesión de un magister en la función que desempeñaran(¿ ) aun cuando seguirían siendo nombrados por el alcalde entre una terna que este organismo fe presentaría. Su renta aumentaría sensiblemente y tendría la potestad de desvincular hasta el 5% de los profesores por año, potestad ésta que quiebra la posibilidad de trabajo armonioso entre director y profesores.

La selección de los nuevos profesores exige, además de su título, la rendición de una prueba de conocimientos (prueba Inicia) sin otro requisito para alguien que no tiene ninguna experiencia (como sería, por ejemplo, la evaluación de su equilibrio emocional, de su aptitud para enfrentar crisis o su ascendiente sobre los jóvenes estudiantes). Su remuneración, por otra parte, estaría en función de los resultados en esta prueba de conocimiento, creando, desde su ingreso, una situación potencialmente conflictiva frente aun cuerpo de profesores que sí tiene experiencia, pero donde los niveles de renta no aparecen claramente en concordancia con los de los nuevos profesores. En suma, se deterioran las condiciones de trabajo en los colegios municipalizados, un escalón más en el deterioro de lo que queda de la educación estatal.

En resumen, los objetivos inmediatos más claros se pueden resumir en: Desregulación del sistema de educación para facultar una verdadera razzia entre los profesores, en primer lugar, entre los más activos del colegio de profesores y ahuyentar a profesores y alumnos de los colegios municipalizados.

Se perfilan cuatro sistemas diferentes con diferentes capacidades para desvinculara los profesores.

Colegios privados no subvencionados con licencia absoluta para despedir.

Colegios privados subvencionados con mayores libertades para despedir y para lucrar. Una parte de los colegios municipalizados (75%) con el tipo de dirección anterior a la ley, con más causales de licenciamiento.

Colegios municipales con el nuevo tipo de dirección con derecho a licenciar anualmente hasta al 5% de los profesores.

Modificaciones curriculares: “la guinda de la torta”.

La obsesión de reemplazar la calidad por indicadores, que no constituyen por si solos una evaluación absoluta del éxito de un sistema educativo, lleva al absurdo de disminuir el estudio de disciplinas fundamentales para la formación de los jóvenes(Historia, Ciencias Sociales, Artes), para disponer de más tiempo para machacar disciplinas que son evaluadas directamente por esos indicadores. Se empobrece así torpemente la formación de los estudiantes, despreciando instantes en la vida del niño donde existen, usando los métodos y la psicología apropiadas, potencialidades de aprendizaje de la lengua materna y de las matemáticas con rendimientos superiores a los que se dan posteriormente, y todo esto sin salirse del mundo lúdico propio de la infancia.

La verdad es que opera una tentación ideológica perversa, pues los sectores que detentan el poder niegan siempre los conflictos pendientes con nuestra Historia , (“no vivamos en el pasado, miremos el futuro), a pesar de que !a realidad nos recuerda con cierta regularidad su existencia. Hace algunos meses, con el pueblo mapuche, en este mes, con los pascuenses reprimidos y golpeados allí donde son los únicos habitantes legítimos y, paralelamente en estos días en Paris, con el juicio abierto a militares chilenos por la desaparición de cuatro franceses, víctimas del régimen de Pinochet

En resumen esta ley no es ni revolución ni pálida reforma, sino una sucia operación política para continuar implantando un modelo dogmático que asegure que el conocimiento y la capacidad profesional continúen siendo un privilegio de la élite del poder.

Editorial (CdE nº15)

Mal terminó el año para el presidente Sebastián Pinera, Así lo han expresado todas las encuestas, que se hicieron el año pasado. Estas encuestas no dejan de plantear dudas con respecto al primer gobierno de la derecha, después de Pinochet. Dudas que se acumulan en torno a la ausencia de un proyecto político que permita explicar las medidas que se han ido adoptando, como las vacilaciones que ha habido frente a muchas de las promesas, que por lo general están quedando incumplidas.

¿Dentro de qué política cabe, por ejemplo, la violencia represiva que se ha aplicado últimamente en contra de las legítimas demandas de pueblos originarios como los mapuches o el de Rapanui, o la feroz embestida en contra de la población de Magallanes? Creemos que la ausencia de un proyecto político claro se debe a que la derecha chilena no puede tenerlo, por la sencilla razón que durante veinte años la Concertación adoptó el modelo político y económico neoliberal, que era el de la derecha, que heredaron de la dictadura, lo hicieron suyo, y lo administraron de la mejor manera posible.

Que la derecha política pasara a ocupar el primer plano entorpecía este modus operandi que para los poderes fácticos había funcionado perfectamente. ¿Qué novedad podía haber aportado un gobierno de derecha frente a este modelo, salvo la de reemplazar los equipos dirigentes o introducir modificaciones meramente cosméticas? Por eso, una vez pasada la euforia producida por el rescate de los 33 mineros de la mina San José, nos encontramos nuevamente con el Chile real, a saber, el Chile neoliberal.

Con desgracias que parecieran accidentales, pero no lo son. Con culpas o responsabilidades adjudicadas, recíprocamente, de un lado para otro, desde un gobierno a otro. Incluso, en un intento, quizás, desesperado por encontrar la causa, de tanta inconformidad, crisis y desgracia, se ha personificado este cúmulo de aparente mala suerte en lo que comúnmente se conoce como un “yeta”. Si abandonamos la especulación y la superstición, no podemos encontrar estas causas, sino, en el modelo económico que nos rige, instaurado por la dictadura, pero mantenido sin discusión por los gobiernos posteriores, incluido por cierto el actual.

Si profundizamos un poco más, debemos reconocer que la responsabilidad radica en la sociedad en la cual convivimos, vale decir, en todos nosotros. La dictadura llegó a sangre y fuego, pero los gobiernos posteriores no. Los 81 presos de la cárcel de San Miguel, fueron víctimas del modelo. Es aquí donde se desmoronan los argumentos basados en la “puerta giratoria” y en quienes propugnan el concepto “tolerancia cero”, vale decir, se desmoronan los argumentos basados en la represión. No se trata de defender ¡o indefendible, los delincuentes tendrán que estar en la cárcel, pero debemos abocarnos a solucionar el fondo del problema. Chile ocupa el tercer lugar en Sudamérica en densidad de presos, con 305 de reclusos por cada 100 mil habitantes, después de Guayana Francesa y Surinam, y el número 33 en el mundo. Otra expresión del Chile neoliberal son los Empleados Públicos luchando en la calle por sus justas reivindicaciones.

Lo hacen también funcionarios’ municipales y los trabajadores del Ferrocarril Metropolitano de Santiago, quienes el recién pasado 5 de diciembre paralizaron completamente sus servicios por primera vez desde su inauguración en el año 1975.Lo mencionado hasta aquí, está pasando o ya pasó. Lo que viene nos concierne a todos, pues afecta la Educación Pública.

El proyecto Lavín sobre reforma a la educación ya ha sido formulado. Este proyecto tiene una componente claramente elitista y privatizadora de la educación, funcional al modelo económico imperante, pero por sobre todo apunta a cercenar los derechos de los principales trabajadores de la educación, a saber, los profesores.

Vemos como muchos liceos municipales comienzan a cerrar sus puertas por falta de recursos, sin que el Estado asuma la responsabilidad de protección de la educación, principalmente, para los más desposeídos. La conclusión es clara y consistente con fortalecer la tendencia a que sólo exista educación privada.

Las fuerzas sociales constituidas por estudiantes, apoderados, profesores, académicos de la educación superior y funcionarios, podremos parar estas nefastas intensiones en la medida que tengamos la disposición y la organización para hacerlo. Hasta cuándo se podrá sostener un modelo económico causante de tanta insatisfacción en la población, es una cuestión no fácil de responder. Los partidos de la Concertación por la democracia han estado planteando la necesidad de ampliar este bloque opositor con el propósito de derrotar a la Derecha en las elecciones venideras.

Por otra parte, el último Congreso del Partido Comunista de Chile, estableció en su resolución principal, la necesidad de una convergencia entre todos los partidos de oposición para la conquista de un gobierno de nuevo tipo, el cual no sólo tendrá la misión de desplazar a la Derecha, sino que también deberá superar las características neoliberales que estuvieron presente en los pasados gobiernos de la Concertación.

Por cierto, éste no será un gobierno socialista, pero tampoco podrá ser una . réplica de los gobiernos posteriores a la dictadura. Sólo queda esperar que esta convergencia también se reproduzca de manera transversal en las organizaciones sociales, para que después de tantos años, este nefasto modelo económico neoliberal, al menos en nuestro país, tenga que batirse en retirada.

La herencia ideológica de la dictadura. Por Osvaldo Fernández Díaz

¿Nos pudimos liberar de la sombra de la noche con el triunfo del “no” en el plebiscito de 1989?  ¿Nos hemos liberado del lastre del “pinochetismo” con su muerte en impunidad? A medida que conocemos lo que ocurrió, sus trágicas consecuencias, y cuánto de su obra aplasta aun a Chile, nos vemos forzados a responder negativamente a estas preguntas. Desapareció el gato, pero quedó su siniestra sonrisa.  No se creyó cuando, a unos años de la dictadura, se dijo que en Chile no había todavía democracia. Cierto, comparadas las cosas, el régimen político que le sucedió era lo más parecido a una democracia. Pero, miradas las cosas desde otro plano, si bien con el término del régimen dictatorial se logró salir de la situación de una “democracia tutelada”,  o acuartelada, se pasó, sin embargo a soportar una verdadera tutela ideológica:  imposición de una hegemonía cultural que se había venido incubando durante aquellos diez y siete años de gobierno militar. Lejos de desaparecer o aminorarse, aquella imposición ha pasado ahora a instalarse plenamente, como la ideología dominante de Chile, desde los primeros gobiernos de la Concertación.

I

En los años cincuenta del siglo pasado el modelo de sustitución de exportaciones se hallaba agotado, y en el plano de la política general se disputaban la sucesión tres proyectos. En primer lugar, una nueva izquierda que comenzaba a diseñarse junto a la figura de Salvador Allende,  creando una nueva alianza que logró expresarse durante los mil días de la Unidad Popular. Otro de los modelos en disputa era el que propugnaban las fuerzas demócratacristianas, que irrumpían con gran ímpetu en la escena política nacional a través de un modelo desarrollista que llevaría a la práctica el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1964. Y por último, un modelo de derecha todavía en ciernes, no totalmente coherente, que sólo se haría nítido durante la dictadura militar. En su conjunto, en el plano político, Chile era un espacio abierto.

En lo que respecta a su comportamiento, la derecha, si seguimos las ideas de Leopoldo Benavides, se encontraba más bien a la defensiva, hasta poco antes de la Unidad Popular. Es con la creación del Partido Nacional que la derecha chilena comienza realmente a elaborar un proyecto de más largo alcance. Se puede afirmar que hasta los 70 le faltaba capacidad de dirección en el plano que Antonio Gramsci llama “intelectual y moral”. De ahí que su mayor triunfo sea hoy día el haber creado esa capacidad de dirección,  que en lo intelectual y moral ha calado profundamente en la sociedad chilena. Aunque los chilenos no voten mayoritariamente por ella, siguen y han hecho suyos muchos de sus preceptos. En general, se puede afirmar que fue gracias a la dictadura y con su apoyo que se pudo modificar la cultura y las estructuras intelectuales hasta entonces vigentes. Por eso se puede decir que la profundidad de la administración intelectual, en términos de conformismo, que ha creado la derecha en Chile es hoy día uno de los desafíos más serios que enfrenta la izquierda.

Si nos atenemos al plano económico y social esta hegemonía cultural es, hoy en día, después de cuatro gobiernos de la Concertación, aún mayor. Por una parte, por la sólida instalación de poderes fácticos, en especial el económico, que está en manos del empresariado chileno. Este poder fáctico se halla reforzado por la hegemonía del modelo neoliberal. La Concertación, que adhiere y se atiene al modelo de la manera más ortodoxa posible, ha pasado a convertirse en una simple administradora y garante del éxito del programa económico del neoliberalismo. Fue en Chile en donde este modelo se experimentó por primera vez y es aquí en donde se sigue aplicando al pie de la letra. Pero no se trata tan sólo de programas políticos que se aplican “desde arriba”. Lo más grave para la izquierda reside en que el neoliberalismo se ha hecho carne en las masas. El consumo y el crédito para el consumo, más la forma de vida que generan, han ganado a los más amplios y humildes sectores y ha pasado a constituir una norma cotidiana  de conducta, que constituye el sostén básico y esencial para la gobernabilidad.
En el plano político es importante destacar que la UDI junto con RN representan casi la mitad del electorado nacional. Su hegemonía se sustenta, por una parte, en el poder fáctico de los empresarios, por otra, en la forma pactada como se logró un resquicio democrático luego del triunfo del “No”, pero principalmente por la fuerza que ha cobrado el dominio ideológico. Se ha ido produciendo, entonces, pero para el lado de la derecha, lo que Antonio Gramsci había propuesto como proceso de instalación de una hegemonía, diciendo que ésta supone a la clase hegemónica como dominante y dirigente a la vez. Partiendo del hecho que en el arco político de una sociedad como la nuestra se consideran las perspectivas de una alianza sobre la base de que hay, en ese arco, amigos, aliados, adversarios y enemigos, entonces una adecuada política de alianzas debe tratar de fortalecer el campo de los amigos, incorporando en él a los aliados; debe neutralizar y, si es posible, como ha ocurrido en Chile, fagocitar  a los adversarios, para poder lograr la meta:  reducir el campo de los enemigos a su mínima expresión. Si observamos la situación política chilena, vemos que para la derecha este programa aparece casi cumplido, y lo sería cabalmente, si no fuera porque desde el fin de la dictadura ha habido cuatro gobiernos de la concertación, lo que significa que en el plano estrictamente político la derecha no ha logrado todavía la alternancia. Esto nos lleva a que tenemos, de un lado, la alianza conservadora con la UDI y sus aliados de Renovación nacional, y del otro, la Concertación que podríamos describir como adversarios neutralizados de la derecha, y una izquierda seriamente disminuida -si tomamos en cuenta la tradición chilena- y que sólo en estos últimos años empieza a remontar.

II

El primer acto fundacional del golpe de estado de 1973 fue el quiebre institucional, la supresión violenta, no sólo de lo que había sido la práctica política de los años del Frente Popular, sino de lo que era institucional desde mucho antes. Se persigue, se relega y asesina a la clase dirigente política; algo similar ocurre con los trabajadores, con lo cual se busca acabar con la capacidad negociadora de la clase obrera. En fin, se siguen rigurosamente los dictados de la Doctrina de la Seguridad Nacional que se había estudiado en las escuelas de adiestramiento militar de los EEUU. El terror de Estado que se aplica es igualmente consecuente con esta misma doctrina, que hablaba de un enemigo interno. No se piensa todavía mucho hacia delante, y a pesar que Jaime Guzmán fue encargado de trabajar con un equipo, desde los primeros días, en una nueva Constitución,  todo el primer afán de la Junta estuvo destinado a borrar la cultura política democrática y cívica a que los chilenos se habían acostumbrado desde el fin del gobierno de Ibáñez. Esta depuración llevada a cabo con prolijidad y saña dura hasta pasado el año 1975.

Casi inmediatamente después del golpe, tres sectores concurrieron como protagonistas a darle cuerpo a una doctrina, y a lo que después sería un proyecto de gobierno: los militares, los gremialistas, y los flamantes economistas que volvían de la Universidad de Chicago. Esto comienza cuando la coincidencia y compromiso entre estos tres sectores se anudan en una densa trama (la trenza). Así, los militares que adherían a la una concepción ideológica que se desprende y sustenta de la idea de la guerra fría, y que aporta el autoritarismo y la práctica del mando unipersonal, se vinculan con aquellos jóvenes economistas que se habían formado en la Universidad de Chicago y que, pese a sus diferencias, optaban  por la economía de mercado y el neoliberalismo. A ellos se unen también desde los primeros momentos los gremialistas liderados por Jaime Guzmán, quienes impregnan el todo con un componente católico extremo e integrista.

Estas ideas, que lograron tomar un cuerpo definitivo desde la aprobación de la Constitución de 1980, se habían venido entrelazando en torno a un núcleo central que era la economía de mercado. Algunas de las ideas integrantes de este cuerpo existían de antes en estos tres sectores. Por ejemplo, la idea de que el Estado sólo tenga un papel subsidiario, era uno de los componentes básicos del gremialismo y justificaba también la intervención militar en política. Otra idea común y que funcionaba ya en cada uno de los tres sectores era el “apoliticismo”. El movimiento gremialista se crea en 1965 y «nace como respuesta a la politización de la Universidad en Chile, y a la radicalización de las posturas que se dieron en los períodos de Frei y Allende (2).

Todo se precipita cuando el golpe de Estado de 1973 da origen directamente el gobierno de la dictadura militar. Si bien este bloque inicial de poder ha venido progresivamente desmaterializándose con respecto a su contextura inicial, con la salida del poder político de Pinochet y la paulatina reconversión de las FFAA chilenas, persiste, sin embargo, en comportamientos de administración como el mando unipersonal.  En ocasiones esta persistencia se advierte en la fuerza que adquiere la represión, y la colusión constante entre el empresariado y las fuerzas políticas de derecha.

El gremialismo es el verdadero germen de la postura ideológica actual de la derecha chilena, que en los momentos iniciales entronca con la dictadura y le otorga un sentido político ideológico, de más futuro que la doctrina de la seguridad nacional. Su participación como asesor en el gobierno de la Junta militar apadrina «políticamente el proyecto económico de los Chicago Boys, dotándolo de coherencia política y calzándolo con el nuevo proyecto que se vislumbraba para Chile(3). Junto con participar en la preparación de la que sería la Constitución de los 80, es el autor de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile. Continúa posteriormente en la década de los ochenta, más concretamente el 24 de septiembre de 1983, cuando se crea la Unión Democrática Independiente (UDI), cuyo primer comité directivo fue presidido por Jaime Guzmán.

Algunos años más tarde, como preparación para el plebiscito en 1988, la derecha se une como Renovación Nacional. A dicho conglomerado concurren excedentes del Partido Nacional presidido por Andrés Allamand, la UDI, y el Frente Nacional del Trabajo, presidido por Sergio Onofre Jarpa. Fue el primer partido político inscrito a nivel nacional desde el receso político de 1973. Fue durante el gobierno de la Junta militar, que estos distintos protagonistas de la dictadura y sus compañeros de ruta se fueron entendiendo y, si podemos decirlo así, la trenza comenzó a tomar cuerpo y consistencia.

De tal manera que es una trama ideológico-cultural de derecha la que cubre la actual democracia en Chile, empezando por el hecho que estamos hablando de una democracia que fue pactada, y que la totalidad de los detalles que se refieren a los compromisos pactados no se conocen aún plenamente. Esta situación confiere internamente a nuestra sociedad  un sesgo ideológico que es reaccionario hasta en los actos más cotidianos. Lo que lleva a una situación que en materia de derechos, de libertad y de reconocimiento, ha retrocedido hasta el panorama que existía antes del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ya que la Constitución de los años 1980 fue un evidente retroceso con respecto a aquella del año 1925. Importantes movimientos laborales, de los pueblos originarios, de las mujeres, de los estudiantes universitarios, de la salud y la educación, constatan en sus luchas diarias este retroceso en la dignidad y el reconocimiento. Y no hablamos sólo de una atmósfera cultural, que impone hábitos y costumbres, sino particularmente de su reproducción y reorganización a través del funcionamiento actual de los aparatos ideológicos de Estado. Es a este lastre ideológico al que  nos referimos cuando se escucha decir que el carácter público de la institución estatal ya no está a la orden del día, que son ideas nostálgicas. Ideas que siguen a una situación de facto que se instaló desde el mismo instante en que los componentes tradicionales de la sociedad chilena, que antes eran públicos, tales como la salud, la previsión y la educación, dejaron de serlo,  fueron privatizados, e incluso, han pasado a ser regidos por las leyes y normas del mercado.

NOTAS
(1) Este trabajo ha sido inspirado por la lectura de los libros de María Olivia Mönckeberg, en especial “La privatización de las Universidades. Una historia de dinero, poder e influencias”, editorial Copa rota, Santiago de Chile, 2005.
(2) Moncada Durruti, Belén, Jaime Guzmán, el político, RIL editores, Santiago de Chile, 2006, p.41.
(3) Idem, p.73

Cuadernos de Educación Volumen trimestral Junio 2008, Año 3 N° 7