Editorial (CdE nº34)

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El acto de celebración de los 27 años del triunfo del NO, realizado en el teatro Caupolicán (el “Caupolicanazo”) rescató una verdad evidente, verdad que ha sido ocultada, distorsionada, negada, desconocida y que incluso varios de los dirigentes de la Nueva Mayoría no habían logrado reconocer. Nos referimos a los logros del gobierno de Michelle Bachelet, lo realizado en los primeros 18 meses de ejercicio. Este gobierno ha sido, por lejos, el más eficaz realizador de las transformaciones que nuestra sociedad requiere. En este caso no tiene sentido quedarse en las formas, en la autocrítica, en las llamadas desprolijidades, sino que es cosa de mirar la tremenda lista de reformas ya realizadas y aquellas que están en curso:

El fin del sistema electoral binominal, ya aprobado.

La ley de inclusión educacional, ya aprobada.

La ley de Carrera Docente, todavía en discusión.

La reforma tributaria, ya vigente.

La reforma laboral, que se discute aún en el Congreso.

El acuerdo de Unión Civil , ya aprobado.

La ley Ricarte Soto y el Fondo de Medicamentos, ya vigente.

La eliminación del cobro del 5% de salud de los adultos mayores, ya vigente.

Las leyes de Probidad Política, siguiendo las recomendaciones de la llamada Comisión Engel, que se enviarán muy pronto al Congreso. En todo caso ya se decretó la autonomía constitucional del SERVEL.

La Reforma Educacional, que continúa con el inicio de la gratuidad en la educación superior y con la desmunicipalización de la educación básica y media.

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Probablemente se nos quedan todavía algunas en el tintero. Pero lo que ya se ha logrado y lo que está previsto para un futuro próximo es enorme y habría que ser ciego para no verlo. Claro que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Desde luego, aquellos sectores que no quieren cambios, los sectores conservadores, han desplegado todo su poder, que no es poco, para denostar, criticar, tergiversar e incluso mentir acerca de las realizaciones del gobierno, oponiéndose a como dé lugar a las reformas planteadas. Es lo que la presidenta ha llamado “el muro de la desinformación”. Incluso cuando ya no pueden oponerse acuden al Tribunal Constitucional. Con lo que se evidencia la necesidad de una nueva Constitución, cuestión que muy pronto comenzará a discutirse.

Hay otros sectores, especialmente en el movimiento estudiantil, que consideran que no se ha hecho nada. Que todo lo realizado es insuficiente. Se trata en este caso de una perspectiva inmadura, de una incomprensión de la dinámica de las transformaciones sociales que se están llevando a cabo. Hay que comprender que este no es un gobierno revolucionario. No se planteó nunca llevar a cabo una revolución social o política. Se trata de realizar una serie de reformas, absolutamente necesarias, para destrabar el desarrollo social del país. Estas reformas abrirán camino a otras y la perspectiva que se abre es un país un poquito mejor, más solidario, menos desigual.

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Erupción política en Chile. Manuel Riesco Larraín

Chile experimenta su mayor erupción política desde los años ochenta, la que se origina principalmente en la ineficacia de los gobiernos democráticos para corregir las grandes distorsiones y abusos acumulados, aquellos heredados de la dictadura y otros de factura propia. La crisis ha devastado a la derecha, pero ha arrastrando también al gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría, que fueron elegidos precisamente para enmendar rumbos. Los que desde el gobierno y oposición intentan frenar o diluir las necesarias reformas incurren en la ilusa pretensión que las cosas pudiesen continuar como hasta ahora.

La crisis reventó por el lado menos pensado, el de la corrupción política en un país que se preciaba de lo contrario. A seis meses de iniciada todavía no amaina, a pesar de pasos contundentes, decididos y bien encaminados por parte de la Presidenta, como promover y respaldar las propuestas de democratización del financiamiento de la política y el funcionamiento de los mercados junto al reforzamiento de la capacidad del Estado para imponerlas, e iniciar pronto el proceso constitucional, contenidas en el “Informe Engel“, y el cambio del gabinete.

En medio del fuerte vendaval desatado, no parece convincente atribuir demasiada relevancia a los inevitables tropezones del gobierno al llevar a la práctica algunas de estas acciones, sin perjuicio que dificultan aún más las cosas. Lo que si resulta grave, en cambio, es la pretensión de frenar los cambios indispensables, en lo que aparecen empeñados la recién elegida cúpula empresarial y algunos tecnócratas, medios de comunicación y opinólogos, y algunos dirigentes y ex dirigentes políticos.

Los primeros intentan aprovechar la fuerte desaceleración que sufren todas las economías emergentes. Ésta ha sido provocada principalmente por el término del denominado “superciclo” de altos precios de materias primas y la reversión de los flujos de capitales especulativos, que los estimularon en la década y media que ha durado la crisis secular de las economías desarrolladas. Todo ello causado extrañamente por el inicio, aunque tambaleante, de la recuperación secular de estas últimas.

Culpan la desaceleración de la economía chilena a la “incertidumbre” generada por las reformas y la crisis política, con el propósito explícito de frenar aquellas. El Presidente del Banco Central ha llevado la voz cantante al respecto, el flamante Ministro de Hacienda ha retomado la cantinela de austeridad fiscal en tiempos de vacas flacas, mientras su colega de Interior debutó hablando contra la mentada “retroexcavadora” reformista, todo lo cual ha sido celebrado moderadamente por la cúpula empresarial, la cual se pone cada vez más exigente con estos ministros que han tenido la peregrina ocurrencia de invitarlos a cenar en medio de la tormenta.

índice3Los principales medios de comunicación y opinólogos se desviven en argumentar en la misma dirección. Algunos ya hablan descaradamente de la renuncia de la Presidenta y proponen su reemplazo por un ex presidente, quien por su parte parece empeñado en reproducir en este apartado rincón del planeta el triste papelón que en otras latitudes han ofrecido los revenidos líderes de la llamada “tercera vía” socialdemócrata de los años 1990.

Hay también quienes desde las sombras se empeñan en “agudizar las contradicciones”, con el propósito inconfesable de provocar una reacción ciudadana frente a un caos generalizado que reavive condiciones para una salida conservadora, hoy completamente inexistentes. Ciertamente, tales maquinaciones se aprovechan siempre de los grupos más inexpertos, frenéticos o irresponsables, y cuando no aparecen los inventan. Sin embargo, la experiencia chilena es clarísima respecto que tales maniobras sólo logran su propósito reaccionario cuando el ciclo de agitación ciudadana ya ha empezado a declinar y que, en cambio, cuando dicho ciclo sigue todavía un curso ascendente como ocurre en la actualidad, las provocaciones solo lo aceleran.

Cuando los gobiernos se paralizan o retroceden frente a situaciones de gran agitación ciudadana como la que se vive, las consecuencias son impredecibles y muy negativas. No es necesario recurrir acá a los muchos ejemplos, clásicos y recientes, que ilustran esta posibilidad y que los dirigentes políticos más experimentados y responsables de todos los sectores conocen muy bien.

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Lo que se requiere es precisamente lo contrario, es decir, encauzar la inmensa cantidad de energía que la crisis está liberando hacia la aprobación de las reformas comprometidas por el programa de gobierno. No retacándolas aún más puesto que son de por si muy moderadas sino, al revés, avanzando todo lo que este impulso popular gigantesco permite realizar ahora, que es muchísimo más de lo que se consideraba posible hace un par de años. Al mismo tiempo, es necesario fijar desde ya en la esperanza de la ciudadanía un horizonte de nuevas reformas que aborden los problemas que todavía quedan pendientes, que son los mayores y más difíciles de resolver, empezando por una Nueva Constitución.

La que aparece más clara en esta idea de conducir la crisis hacia su única solución progresista posible es la propia Presidenta, quién ha debido superar momentos personales de gran dificultad. Ella podrá cohesionar la acción reformadora de la Nueva Mayoría, que junto a otros sectores políticos que han venido confluyendo, constituyen la formación política propia y adecuada para conducir el actual ciclo de efervescencia popular.

Los partidarios de pisar el freno representan y buscan repetir precisamente lo que ha provocado la crisis, por lo que mal van a poder resolverla. Al revés, pueden provocar que las cosas se pongan color de hormiga, lo cual no beneficia a nadie. Son un verdadero peligro público.

La Reforma Educacional. Jorge González Guzmán

Como se sabe, la reforma educacional que está desarrollando el gobierno de la presidenta Bachelet, contiene varios capítulos, los que se pueden visualizar con bastante detalle en el Programa de Gobierno. Uno de los primeros, precisamente el que ha desatado una tremenda polémica, es el que elimina el Lucro, el Copago y la Selección en los colegios particulares con subvención del Estado. Para entendernos bien, el lucro a que se refiere la reforma consiste en la rentabilidad producida por una determinada inversión en educación: es la ganancia que queda después de descontar todos los gastos, incluyendo, por supuesto, los sueldos de los altos administradores del plantel, que muchas veces son los mismos sostenedores.  La medida, como se puede apreciar, pone fin a la educación como negocio (al menos con aportes del Estado) y, por lo tanto,  constituye un primer paso para sacar a la educación de la lógica del mercado. El fin al copago y la selección son elementos que van en otra dirección: se trata de comenzar a desmantelar la tremenda segregación que se observa en la educación básica y media, que abarca alrededor del 93% de los niños.  Los colegios en nuestro país son como una torta de mil hojas: en la base están los colegios municipales, enseguida vienen los colegios subvencionados que cobran, digamos,  $10.000 mensuales por niño, después los que cobran $20.000 y así sucesivamente hasta llegar a los que cobran $84.000 que es el máximo de copago que pueden cobrar los colegios con subvención estatal. La última capa, de crema chantilly, son los colegios particulares pagados, sin subvención del Estado, que a su vez se segregan hasta llegar a los $400.000 mensuales por niño o más.  Nótese que estos últimos no están considerados en la Reforma. Esto mismo nos debe hacer comprender que no estamos en presencia de una gran revolución, se trata tan solo de una reforma bastante mesurada que pretende dar un paso hacia la restitución de la educación como derecho social.

 lucro, copago y selección en educación

Se ha dicho, por parte de muchos comentaristas, periodistas, analistas e incluso de personeros de la misma Nueva Mayoría, que el gobierno ha sido sumamente desprolijo, contradictorio y torpe en la presentación de este proyecto, que no ha sabido explicar con la suficiente claridad sus alcances, que ha habido improvisación.  No comparto esa opinión. La autocrítica es saludable, siempre es posible mejorar las cosas, pero no hay que pasarse de la raya: las dificultades que enfrenta esta parte de la Reforma tienen dos causas principales bastante claras:

· Desde un principio la oposición de derecha distorsionó esta reforma, desinformando de modo descarado su contenido. La derecha es poderosa: es dueña y controla la mayor parte de los medios de comunicación de masas y tiene una gran cantidad de medios económicos disponibles. Carece por completo de escrúpulos cuando percibe que sus intereses y su concepción del mundo son cuestionados. En este caso, la reforma por supuesto que hiere intereses económicos: se acaba el negocio de la educación (al menos con recursos del Estado). Sin embargo pienso que lo que realmente preocupa a la derecha, puesto que la educación es solo un negocio marginal,  es que se abre una pequeña grieta en el sistema neoliberal que se implantó en los primeros años del régimen militar y que se consolidó en los gobiernos de la Concertación pasando a ser hegemónico hasta el día de hoy. En su afán de oponerse con todo a la reforma, logra arrastrar a sectores mucho más amplios, incluso aquellos que se beneficiarían con ella, como son los apoderados, que ya no estarían obligados a desembolsar el copago. Es evidente que la derecha ha logrado desatar una campaña del terror bastante efectiva, con afirmaciones que tergiversan (o sencillamente contradicen) las disposiciones del proyecto de reforma.

· Nuestra sociedad está sumergida en una cultura de la segregación que se remonta a nuestros mismos orígenes, desde la colonia en adelante,  y que no ha logrado ser superada sino muy parcialmente. Los apoderados que se oponen a la reforma están dispuestos a pagar con tal que sus hijos no se junten con los hijos de los rotos. En este sentido esta reforma hiere también un aspecto cultural bastante extendido en nuestro país.  La conocida película “Machuca” denuncia este problema y se ha puesto tan actual que han  aparecido algunas de sus escenas en Youtube a propósito de la reforma. Vale la pena verlas.

Por otro lado, esta reforma tiene también su propia complejidad: la gran heterogeneidad de nuestro sistema educacional obliga a tener en cuenta situaciones de la más variada índole.  La ley debe, de algún modo, tomar en cuenta esta heterogeneidad. De los 12.500 colegios con que cuenta nuestro país, 6.017 son particulares subvencionados, de los cuales 4.374 están organizados como empresas comerciales, es decir, con fines de lucro. Sin embargo,  la enorme mayoría de estos colegios no lucran , puesto que son demasiado pequeños como para producir excedentes económicos. Sus sostenedores se verían, en rigor,  beneficiados con esta reforma. Sin embargo muchos de ellos  son arrastrados por aquellos sostenedores que realmente obtienen excedentes y que ven, con justificado enojo, que su negocio se acaba.   Por otro lado,  se planteó originalmente la necesidad de que los sostenedores fuesen dueños de la infraestructura del establecimiento, como una forma de evitar el lucro disimulado a través de inmobiliarias relacionadas. Esto generó problemas debido a las dificultades de compra en algunas situaciones específicas como la de los colegios religiosos que arriendan a congregaciones que no pueden vender. De los 4374 colegios con fines de lucro solamente 980 son dueños de su infraestructura, 1934 arriendan y 1950 se encuentran en comodato.  La ley deberá ser, a mi juicio, lo suficientemente flexible para dar cuenta de esta diversidad y  cumplir finalmente el objetivo: fin al lucro, el copago y la selección.

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Se ha planteado que la reforma debió haber empezado por el fortalecimiento de la educación pública tal vez, es posible que hubiese sido mejor. Pero al respecto hay que tener claro que el proceso de desmunicipalización y el del nuevo estatuto docente son cuestiones largas y extremadamente complejas. También los municipios donde se encuentran estos colegios son sumamente heterogéneos. En particular, se requieren recursos económicos que todavía no están disponibles. Finalmente, queremos enfatizar que es esta ley (fin del lucro, el copago y la selección) la que saca,  parcialmente, la educación escolar de la lógica del mercado y la acerca a un derecho social.

La Educación Técnica de Nivel Superior: el paraíso del lucro. Ricardo López E.

La actual estructura de la Educación Superior en Chile comprende un sector público conformado por la Universidades Públicas (estatales y privadas que pertenecen al CRUCH) y un sector privado que hoy totaliza 193 instituciones, de las cuales 142 corresponden a Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

Este conjunto de 142 CFT e IP’s constituyen la Educación Técnica de Nivel Superior.

En su inmensa mayoría está conformado por inversionistas privados (salvo unos pocos CFT e IP formados por Universidades del sector tradicional) y opera en un mercado absolutamente desregulado, pues, a diferencia de las Universidades, no tiene prohibición legal de generar lucro.

Como todos los mercados nacionales, tiene características oligopólicas y una tendencia a la concentración en aumento. De hecho existen cuatro instituciones con estructura nacional que concentran la mayor parte de la matrícula de este sector: INACAP, DUOC, AIEP y Santo Tomás.

Sólo INACAP y el DUOC concentran 171.000 alumnos repartidos en 38 sedes.

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La Educación Técnica de Nivel Superior detenta (en cifras de 2012, Mineduc) una matrícula de 406.401 alumnos lo que representa un 38% del total de alumnos de la Educación Superior en Chile. Es de suponer que este porcentaje irá en aumento debido a que el último año igualó la matrícula de primer año con el sistema universitario (considerando universidades públicas y privadas).

Laboran en este sector un total de 70.248 docentes, que en un porcentaje mayor al 85% son docentes-hora.

La mayor oferta académica consiste en carreras técnicas con duración de cuatro semestres y otorgan el título profesional de Técnico de Nivel Superior, y la mayor parte de ellas no califica para que el titulado pueda optar a la bonificación por título profesional que se otorga a los trabajadores fiscales.

Los alumnos que optan por estudiar en estas instituciones son aquellos que no dieron PSU o cuyo puntaje no les permite postular a carreras universitarias, y provienen de sectores vulnerados social y económicamente y de  liceos técnico-profesionales.

Existe, a la vez, un sector importante de jóvenes trabajadores con enseñanza media completa que optan por estos institutos para intentar lograr una mejora en su posición laboral actual. Estos jóvenes financian de su bolsillo sus estudios y los realizan en horario vespertino.

En cuanto al nivel de deserción, en primer año, bordea el 36% de la matrícula.

Del total de 142 CFT e IP’s que operan, sólo 17 de ellos se encuentran acreditados.

El Estado  se ha desentendido absolutamente de la gestión docente en este sector, desde que fuera “donado”, a precio vil, el INACAP a la SOFOFA, toda la gestión docente de este sector es realizada por empresarios privados que han convertido esta función esencial para el desarrollo del país en un muy lucrativo negocio.

La supervisión y fiscalización del sector recae en la División de Educación Superior del Mineduc. Pero, como hemos visto, si esta División no alcanza ha realizar una gestión fiscalizadora medianamente suficiente en las Universidades, menos lo hace en la Educación Técnica de Nivel Superior.

Lo único que el Estado hace en este sector es financiar (Becas Milenio) el lucrativo negocio de privados, cuestión que es consistente con la visión neoliberal de la “sociedad docente”.

La infraestructura de estas instituciones (salvo honrosas excepciones) es inadecuada e insuficiente para desarrollar una formación como la de que alardean en sus mensajes publicitarios. La mayor rentabilidad se alcanza en formación de tiza y pizarrón, con docentes muy mal remunerados. Por ello sus laboratorios, en la mayoría de ellas, son inexistentes o francamente obsoletos.

Por otra parte el “tipo” de profesional que aspiran a formar está sesgado por los intereses de la clase empresarial. Así es como en sus “Visiones” y “Misiones” estas instituciones plantean valores como “competitividad”, “productividad”, “emprendimiento”, etc. Nada hay, como propósito en la formación, en relación con valores humanistas, de solidaridad, de compromiso con la sociedad, entre otros. De hecho, en la mayoría de estas instituciones no se permite la formación de federaciones ni centros estudiantiles, ni menos sindicatos de docentes y personal de apoyo.

El propósito de esta introducción es dar a conocer, de manera inicial, una realidad de la educación superior en Chile que ha estado al margen de la discusión nacional permitiendo la conformación de un verdadero paraíso del lucro, que está causando un daño irreversible en la formación de cientos de miles de jóvenes de nuestro país y, al mismo tiempo, hipotecando un futuro desarrollo nacional que requiere del aporte de trabajadores conscientes, comprometidos y formados en sus especialidades con estándares de calidad. Efectivamente, los estudiantes y docentes de este sector no han formulado petitorios, no están integrados en las movilizaciones estudiantiles y la sociedad en su conjunto no reconoce aquí un problema.

En toda la problemática de la Educación en Chile son los grandes olvidados.

Efectivamente, en los últimos años hemos discutido de enseñanza pre-escolar, escolar y universitaria, pero no de la educación técnica, tanto de nivel medio como superior.

Entonces, el llamado es a cuestionarse esta realidad e incorporar en todo análisis sobre la Educación a este importante sector. Por ejemplo, la oposición que camina a conformar un referente llamado Nueva Mayoría, haciendo eco, y apoyando uno de los principales intereses del movimiento estudiantil, analiza la necesidad de una reforma tributaria para lograr una educación universalmente gratuita y de calidad, sin embargo, a diferencia del sistema universitario- que posee una estructura pública- en la educación técnica de nivel superior no existe una estructura pública-estatal que fortalecer.

¿Puede el Estado financiar educación técnica gratuita y de calidad, en este sector, cuando todos los gestores actuales son negocios privados?

¿Al incorporar la variable educación técnica, el nivel de reforma tributaria es el mismo?

¿Debemos seguir permitiendo este muy neoliberal “laissez faire” en la educación técnica?

¿Qué tipo de estructura nacional queremos para la educación técnica?

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Hasta hoy, la educación técnica de nivel superior fue vista desde una mirada mercadista: el primer programa de gobierno de Bachelet planteaba la necesidad de “incorporarlos plenamente a este esquema de financiamiento, exigiéndole acreditación y vinculando sus planes de estudio a un sistema nacional de acreditación y certificación de competencias”.

Era una mirada con lógica de mercado: al hablar de financiamiento se evita considerar a la educación como un derecho social. Pero, tan grave como lo anterior es el planteamiento de acreditación y certificación de competencias. La “competencia” debe ser entendida, necesariamente, en función de intereses específicos. ¿Entonces competencias para qué y para quiénes?

¿Por qué la mayoría de los programas de formación técnica no incorpora ni considera elementos formativos en aspectos como derechos laborales, solidaridad, participación, desarrollo de pensamiento crítico, entre otros?

Los egresados de carreras de formación técnica de nivel superior (y también media) están siendo formados para satisfacer necesidades específicas de una minoría de la sociedad, de los grandes acumuladores de capital.

Necesitamos revertir la situación. Es cierto que necesitamos un contingente mayor de técnicos de alto nivel, mayor aún que el de egresados de pregrado universitario, pero sus características deben responder a necesidades de la sociedad, deben estar vinculados al desarrollo de ventajas competitivas que sean los pilares de un plan de desarrollo nacional, y  más aún, necesitamos profesionales que sean personas críticas, solidarias y dispuestas a hacer de Chile un mejor país, un país mas justo, un país con mayor igualdad.

Es un paso en el sentido correcto el anuncio de la candidata Bachelet de implementar un Centro de Formación Técnica Público y Nacional, pero se debe avanzar en regulación y fiscalización del resto del universo de CFT e IP´s.

La construcción de un nuevo Estado que impulse un Plan de Desarrollo Nacional que permita terminar con los actuales niveles de desigualdad, pasa también por definir objetivos, planes y estructuras de la formación técnica nacional.

Dejo planteadas estas cuestiones como una forma de invitar a participar en la formulación y respuestas a éstas y otras muchas preguntas que debemos hacernos para avanzar en una nueva educación técnica en nuestro país.

Editorial (CdE nº24)

bachletEstos últimos meses han resultado bastante convulsionados en lo que a materia política se refiere. En marzo, la vuelta de la ex presidenta Bachelet a Chile, con su renuncia a la ONU Mujeres, significó un replanteamiento en diversos sectores de la política chilena. Y no solo por su venida y posterior candidatura presidencial, sino que también porque suscita debates necesarios para el país: la educación, los recursos naturales, la salud, AFP, etc. Estos asuntos aún no afloran con la suficiente fuerza para ser discutidos en el presente año electoral. Ni siquiera el movimiento social, con sus demandas constantes, ha sido capaz de poner en la palestra mediática los temas. Los medios de comunicación en Chile siguen estando en manos de unos pocos, por lo que lo “mediático”, tal como la palabra lo indica, está en manos de quienes defienden y sustentan su quehacer en el modelo económico neoliberal. Nuestro mundo, dominado por las imágenes, requiere de éstos.  Así, la llegada de la ex presidenta Bachelet nos planteó temas, pero aún más. En un mes tan convulsionado como lo fue abril, los estudiantes vuelven a salir a las calles, se destituyó al Ministro de Educación Harald Beyer (el segundo en toda la historia del país), se cuestionó duramente las cifras del Censo (del cual, hasta ahora, no existía registro de dificultades en sus cifras), se cuestionó el cálculo del IPC y hasta el Banco del Estado fue cuestionado y formalizado por los vicios usuales del modelo económico.  Además, para cerrar la lista de asuntos públicos en el país, la renuncia del candidato de la UDI, Laurence Golborne, cierra un ciclo en la historia política nacional. Su baja solo puede explicarse por un tema táctico. No es casual que en un momento coyuntural de su campaña se den a conocer los casos en que Golborne estaba involucrado con Cencosud  y sus inversiones en las islas Vírgenes:  la derecha movilizó en los medios la situación en un momento en que Golborne ya no tendría posibilidades de ser presidente. Entonces, ¿Qué buscaba con el posterior candidato?

La entrada de Pablo Longueira, como candidato presidencial de la UDI, puede entenderse por la necesidad de volver a la política. Y a una política que está enmarcada en dejar de lado los espacios en los cuales los candidatos de la derecha emitían un discurso que hacía verlos como “fuera del espacio político”. El sentido común queda afuera. Ahora entra un candidato que no tiene problemas en nombrar a Jaime Guzmán en sus discursos, en invitar a la DC  “disidente” de la Concertación a unirse a su campaña. La derecha de la expresión fácil,  en la cual lo importante es la imagen y la tecnocracia, se acabó. Llegó con Longueira la derecha a golpear la mesa e imponer sus convicciones.

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Por otra parte, el reciente apoyo del Partido Comunista a la candidatura de Michelle Bachelet también produjo dolores en varios sectores políticos del país. Como era de esperar, este hecho descompuso a la Derecha y a ciertos sectores llamados ultraizquierdistas. Pero también desde la presidencia de la DC hubo reacciones, toda vez que es innegable que este hecho desfavorece las pretensiones para un mejor posicionamiento de la candidatura de Claudio Orrego en las próximas elecciones primarias.

Ante el panorama actual, variable, en el cual todos los días se generan cambios, nos corresponde al pueblo en su conjunto y, en particular, al mundo universitario enterar a la ciudadanía de los cambios que Chile necesita. El debate, está abierto.

Editorial (CdE nº23)

  Ya Empezó la Carrera por la presidencia de Chile.

A más de un mes, con votos en basurales,  y votos cual conejos que  aparecen y desaparecen desde un sombrero de mago, finalmente pareciera que se puede declarar terminado el proceso eleccionario del 28 de Octubre. Los resultados  confirmaron, por una parte,  una importante derrota para la derecha, y  por otra,  un significativo ausentismo de los electores voluntarios.  Todo esto ha forzado a  que  los diversos partidos y actores de las futuras contiendas parlamentarias y presidenciales  comiencen  a  tomar decisiones radicales,  de este modo ya se diseña un  posible cuadro político  que posiblemente  enmarcará las futuras contiendas electorales.

Así, la derecha y su gobierno lanzan finalmente sus candidatos a luchar por las primarias,  las que deberán establecer quién competirá como nombre de la Alianza para el sillón presidencial. Por de pronto, los candidatos derechistas debieron  abandonar  el cobijo ministerial que les sirvió en sus primeros pasos.

 Renovación Nacional reconoce en Allamand,  político profesional  con gran  experiencia, como  su candidato oficial, no obstante ser aparentemente demasiado serio  y tal vez no tan simpático, lo que  se considera   como una seria carencia  que podría  restarle  posibilidades de éxito frente a la simpatía de Bachelet. Además, conscientes de  que  un no pequeño sector  del electorado elije  presidentes casi con los mismos criterios con los que se eligen a las  vedetes de la farándula,  podrían  reducirse  aún más estas posibilidades.

 La UDI, a su vez,  levanta la candidatura de Golborne, ex  gerente de Paulman y de los supermercados Jumbo. Un personaje  que hasta hace poco era un  desconocido y  que, en cierto modo, continúa siéndolo. Difícil sino imposible saber qué piensa,  si tiene ideas u opiniones que sean propias, o si solo son ajenas, copiadas prestadas, sobre los diversos problemas de nuestra sociedad y  cómo los enfrentará y tratará de resolverlos,  más aun cuando ante cualquier pregunta  responde con  sonrisa de adolescente que vive la edad del pavo y con gran esfuerzo intenta repetir los lugares comunes que seguramente en algún lugar le han enseñado. Se autodefine como  un humilde ciudadano emergente  de las clases medias de este país, el que,  al parecer, un buen día  comprendió  que sirviendo a los poderosos de este país podía escalar y arribar a lo que, probablemente él considera como el  sentido de la vida, hacerse de dinero. Como gerente de Cencosud, y dejando de lado cualquier sentimentalismo moralista,  sin dudarlo aplicó alzas de costos a las tarjetas “Mas”, unilateralmente y sin consultar  a  los  clientes del supermercado Jumbo, muchos de ellos de escasos recursos,  lo  que hacía cada vez más rico   a su patrón, futuro sponsor de su campaña.

Cuando se le insiste en que se defina frente a una pregunta, termina contando  la historia de las enseñanzas de su madre,  “tenemos 2 orejas y una boca,  uno debe escuchar y poco hablar”. En una entrevista en el programa “Tolerancia cero”, cándidamente contaba que estaba leyendo un libro donde se narraba cómo se preparaban los emperadores para llegar al trono del Imperio romano, o algo parecido.

Cura de CatapilcoQue la UDI, partido que se precia   de ser una organización política  fundada  en meditados postulados ideológicos, recurra a un individuo decididamente mediocre como Golborne y no haya logrado sacar de sus filas  un cuadro digno  de sus pretensiones  para llevarlo como candidato, podría obedecer, por una parte, al peligro real de que esta vez pierdan las presidenciales  y cuando ni siquiera MEO, haciendo de cura de Catapilco, puede que los salve, y por otra, al desprestigio cada vez mayor del gobierno de derecha  y sus partidos. Esto explicaría que Golborne aparezca como el mejor ubicado en  las encuestas, como alguien capaz de tocar la guitarra, bailar cha-cha (como lo confesó su mujer) y el presentarlo como independiente, o sea,  más allá del bien y del mal, podría tal vez ser la tabla de salvación.

 Con sutileza la revista semanal “The Clinic”  recordaba   una opinión de  Jaime Guzmán sobre  Alessandri (revista Ercilla de septiembre de 1989), un político  diametralmente opuesto a todo lo que es Golborne, y que  con toda seguridad jamás  habría estado de acuerdo con la decisión de la UDI de  llevarlo  como su candidato: “(Jorge Alessandri) era un hombre capaz de formarse juicio propio sobre las cosas en vez de repetir las consignas de moda. Un hombre con el coraje de defender sus puntos de vista, aun a costa de transitorias incomprensiones (…) Un hombre que detectaba y combatía la demagogia”.

La Democracia Cristiana, apenas tomada la decisión de participar en las primarias  anunciaba  las propias  el 19 de enero  para elegir su candidato, el que deberá enfrentar, posiblemente, a la ex presidenta Bachelet. Hoy la DC se debate nuevamente   en una lucha interna  entre  grupos, anticomunista uno, más radical que cuestiona toda  alianza con el Partido Comunista, en tanto que otro sector, más  pragmático,  comprende  la necesidad del voto comunista  y estaría dispuesto a  que se le reconozca al Partido, además de votar,  el derecho a la existencia en el conglomerado,  o sea,  y para que quede bien clara su participación : sirve el voto comunista  y  además, en un acto de benevolencia, se le reconoce  el derecho a existencia en el bloque oposicionista.

 No obstante,  el  Partido previamente  debe  condenar todo lo que  condena  la DC. La opinión del Partido Comunista con respecto a regímenes  extranjeros  debe ser sancionada por el Partido Demócrata Cristiano. Se advierte sí que esto no significa que los comunistas tengan derecho a insinuar,   por ejemplo,  si la DC apoyó o no el golpe de estado en Chile. Tanto más cuando la opinión de  ellos sobre sí mismos es la de ser   un ejemplo de democracia nacional e internacional;  dudar de esto sería o ignorancia,  mentira o  mala fe y, para muestra de esto, he aquí un ejemplo:   profundamente preocupados por la democracia en el planeta sospecharon, dudaron sobre  la trasparencia, efectividad y la capacidad organizativa de los venezolanos y decidieron como demócratas, cristianos y chilenos velar por la democracia en Venezuela,  enviando  una delegación para controlar las pasadas elecciones,  cuando los venezolanos pueden dar lecciones a Chile acerca de cómo se organiza un acto eleccionario modelo en un país ejemplar y democrático.

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Conscientes de las pocas posibilidades de éxito en la carrera presidencial, Orrego, Rincón, los independientes Velasco, Jocelyn-Holt, el senador radical Gómez  y hasta el mismo MEO, saben que tienen escasas opciones frente a los rivales de la derecha,  de no contar con el apoyo del bloque concertacionista,  tal como hasta hoy existe, pero las  razones para dar las lucha  existen  y persiguen  objetivos de diversa índole. De Parisi  poco se sabe, tal vez un saludo a la bandera  esperando comerciar un posible apoyo a cambio de algo, pues no están claras las razones y motivos de su participación. MEO y Velazco,  con amnesia profunda,  evitan  cualquier mención que les recuerde  un  pasado comprometedor y  en cambio, tratando de ganar adeptos, se presentan cual inocentes palomas indignadas de políticas erradas de una Concertación  totalmente extraña y ajenas a  ellos.

 En cuanto al Partido Comunista, en diversas ocasiones ha expuesto claramente su posición. En primer lugar, cualquier acuerdo debe tener previamente y como base una plataforma programática, esta debe poner el acento, en primer lugar, en promover las  medidas impostergables e imprescindibles  que permitan trasformar nuestra actual sociedad en una más justa e igualitaria. Esto incluye terminar con el binominal, promulgar una nueva constitución y que en su redacción participe el pueblo en su totalidad, la recuperación de nuestras riquezas naturales, educación y salud como tareas de Estado, una mayor participación de este  en la actividad económica y la protección de la clase trabajadora, la libertad de credo y respeto a las minorías sexuales. Finalmente, el Partido Comunista hace saber lo que considera hoy  la tarea  más importante: impedir un segundo período de la derecha, condición sine qua non para poder  llevar a la realidad el  programa  mencionado.

La Gran Pregunta. Manuel Riesco

¿Hasta qué punto, y bajo qué condiciones, un modelo de crecimiento económico basado en la industria extractiva es o puede volverse consistente con una apuesta por formas de inclusión democrática, calidad de vida y salud ambiental que sean sostenibles en el tiempo?

Signo-de-pregunta

Lograrlo dejaría contentos a todos, pero lamentablemente no se puede. La teoría económica y las experiencias neoliberales recientes, han demostrado que los países ricos en recursos naturales deben optar: o viven de la renta de los mismos y peor aún, del “chorreo” de aquella, o la utilizan para impulsar las únicas economías que pueden resultar consistentes con dicha apuesta: aquellas basadas en el valor agregado por el trabajo de sus ciudadanas y ciudadanos.

Es una cosa o la otra. El modelo noruego es el opuesto del chileno: Bajo el primero, los recursos naturales son una bendición, que han permitido a su pueblo alcanzar el más elevado desarrollo humano del mundo, sin menoscabo de la producción interna de valor agregado. El segundo demuestra que pueden convertirse en una maldición, cuando caen en manos de grandes corporaciones rentistas privadas, cuya hegemonía puede distorsionar la economía y la sociedad, y depredar el medio ambiente.

Lamentablemente, al parecer, todavía no hay plena conciencia de ello entre las elites y autoridades de Chile y otros países de la región Andina. Un seminario en torno a esa pregunta tuvo lugar en Bogotá, en diciembre del 2012, en el marco de la celebración de los 50 años de la Fundación Ford en la región y reunió a dirigentes de movimientos sociales, con presencia de empresarios, junto a autoridades políticas locales y nacionales, incluyendo algunos ministros de Colombia y Perú y figuras como el expresidente chileno, Ricardo Lagos.

El debate giró principalmente en torno a como la industria extractiva puede aportar más a las comunidades, a los países y al cuidado del medioambiente, lo cual resultaría verdaderamente encantador. Sin embargo, la pregunta de fondo respecto del modelo de crecimiento basado en la industria extractiva, apenas fue insinuada. ¿Está sucediendo lo mismo en el debate programático de las candidaturas presidenciales en Chile?

Teoría

Como es bien sabido, uno de los descubrimientos fundacionales de la teoría económica moderna, es que no todos los productos ni todas las empresas son iguales: los bienes y servicios producidos en condiciones competitivas, son fundamentalmente diferentes a aquellos otros cuya producción está constreñida por algún recurso escaso, o es afectada por monopolios de otro tipo; asimismo, Apple y Exxon son las dos corporaciones más valiosas del mundo, sin embargo, una y otra son de muy distinto pelaje.

Los precios de los primeros tienden establemente a la baja, mientras los segundos fluctúan continuamente, a veces en forma enloquecida, según los vaivenes de la demanda. Los mercados de aquellos son el ambiente natural de las empresas auténticamente capitalistas, mientras los de éstos están dominados por grandes rentistas, que se han apropiado de recursos escasos o han logrado imponer monopolios de otro tipo.

Los precios competitivos tienden a igualarse con los costos de producción promedios, que incluyen la ganancia capitalista media. Es decir, se determinan exclusivamente desde el lado de la oferta, la que se acomoda con elasticidad a las permanentes fluctuaciones de la demanda. La única manera en que un grupo de capitalistas logran obtener una ganancia superior a la media, es mediante la innovación para mejorar sus diseños y bajar sus costos. Dicha ganancia extraordinaria proviene de una transferencia, de parte del valor agregado por los más lerdos entre sus competidores. Éstos no obtienen ganancia alguna o muy poca, puesto que el precio se establece al nivel de los costos de la mayoría de los productores, los que coinciden con el promedio de esa industria. Nadie allí puede clavar la rueda de la fortuna ni dormir sobre sus laureles. Los innovadores de hoy pueden estar mañana en el montón, quedar entre los rezagados o ser expulsados del mercado sin muchos miramientos.

La oferta de los segundos, en cambio, está constreñida por la escasez de los recursos de mejor calidad. Por lo tanto, para satisfacer los incrementos de la demanda, se hace necesario poner en producción los de calidad inferior. De este modo, los precios se fijan al nivel de los productores con costos más elevados. En consecuencia, todos los demás obtienen un sobreprecio por encima de los suyos. Éste genera una sobreganancia, por sobre la que obtienen en promedio los capitalistas que operan en mercados competitivos, la que se transforma en renta de los recursos de mejor calidad relativa, cuyos propietarios lo exigen como una suerte de peaje para permitir el acceso a los mismos. Por este motivo fue denominada “renta diferencial” por David Ricardo (1817). Incluso los propietarios de los recursos con menos bendiciones, exigirán una renta para ponerlos en producción, la que Marx (1867) denominó “renta absoluta”. Si por añadidura, los recursos no son renovables, su escasez relativa resultará aún más restrictiva, puesto que siempre será conveniente guardar parte de ellos para el futuro, lo que da origen a lo que Hötelling (1929) denominó “renta ínter temporal.” Paul Samuelson (1948), demostró que los monopolios de cualquier tipo también se las arreglan para vender por encima de sus costos de producción y denominó “cuasi renta” a la que obtienen a partir de su control de mercados que no están limitados por factores escasos.
¿Quien paga la renta? La ley económica fundamental establece que, en la economía mundial en su conjunto, la suma de todos los precios no puede exceder a la suma de todos los costos de producción. De este modo, si algunos bienes o servicios se venden por encima del costo, necesariamente otros deben venderse por debajo de los suyos. La alternativa sería pagar el sobreprecio con ahorros, pero éstos se agotan. Tampoco se ha visto que las rentas se paguen con cargamentos de oro llegados de otros planetas.

Por otra parte, los costos son iguales a la suma de las compras netas de insumos y depreciaciones de bienes, producidos en períodos anteriores, más el valor agregado en todos los procesos de producción, en un período dado. Este último es el producto interno bruto (PIB) creado cada año, el que a su vez se distribuye en ingresos del trabajo, excedentes de explotación e impuestos menos subsidios estatales. Las rentas se sustraen de los excedentes de explotación, rebajando la ganancia media de los capitalistas y, consecuentemente, los precios de todas las mercancías producidas en condiciones competitivas. De este modo, las compras netas de insumos y depreciaciones que provienen de períodos anteriores, más los salarios, ganancias y rentas en que, según la fórmula trinitaria de Adam Smith (1776), se distribuye el PIB del período en curso, conforman la demanda solvente para los bienes y servicios producidos en un año determinado, en la economía mundial en su conjunto.

Todos los recursos escasos generan renta, tanto si prestan servicios, como ocurre con los profesionales afamados y la tierra urbana, como si se trata de factores de producción de bienes, como los minerales que yacen en sus depósitos, la tierra virgen, agrícola o forestal y el agua, así como la vías urbanas, pesquerías e incluso la atmósfera, cuando el acceso a los mismos es regulado. El “precio” de estos elementos no se origina en su costo de producción, puesto que no lo poseen por definición, sino en el flujo descontado de sus rentas futuras.

Sin embargo, lo que da origen a la clase social especial de los rentistas – que son muy diferentes a los capitalistas -, es la propiedad privada sobre trozos del planeta y sus recursos. Según Marx, en una sociedad más avanzada del futuro, ella “será considerada algo tan monstruoso como la propiedad de un ser humano sobre sus semejantes.” Si la clase de los rentistas logra imponer su hegemonía en países ricos en recursos naturales, pueden generar enormes distorsiones en su estructura productiva y social.

Paul Samuelson advierte que si las rentas se privatizan, equivalen a un subsidio a las inversiones que se dirigen a esas industrias, puesto que si logran apropiarse de los recursos, las empresas que los explotan obtienen la ganancia capitalista media por las operaciones productivas que allí realicen, más la renta de los recursos de los cuales se han apoderado. La consecuencia es la sobreinversión en dichos sectores, con perjuicio de la producción interna de valor agregado en la economía en su conjunto. Como se ha visto, las rentas no constituyen creación, sino transferencias de valor agregado, desde las industrias competitivas a los rentistas, a costa de una reducción de la ganancia capitalista media.

Si dicha transferencia se origina dentro del mismo país, como ocurre en economías grandes con bajo peso del comercio exterior, el resultado es una reducción significativa de la ganancia capitalista media de la economía en cuestión, con la consecuente pérdida de dinamismo. Es lo que ocurre en el mundo en su conjunto, en períodos de altos precios de los recursos: una proporción creciente de la ganancia capitalista global se desvía como pago de rentistas, lo que bien puede conducir a una recesión global; es por eso que el alza en el precio del petróleo, por ejemplo, genera una desaceleración económica.

En caso que las rentas se originen en recursos exportados, como sucede generalmente en las economías relativamente pequeñas y ricas en recursos naturales, dichas transferencia provienen de los países que los consumen. En este caso, el resultado es la denominada “Enfermedad Holandesa.” Ésta no consiste solamente en una apreciación del tipo de cambio, como usualmente se piensa, sino en un peso desproporcionado de las rentas en la economía de ese país, que la hace vulnerable a las fluctuaciones en los precios de los recursos exportados. Pueden haber asimismo superávit persistentes en el comercio exterior, en países que no exportan productos con renta, sino producidos en condiciones competitivas. A diferencia de aquellos, el precio de éstos se origina exclusivamente en el valor agregado en su proceso productivo interno, es decir, es igual a su costo de producción. En ambos casos habrá una apreciación del tipo de cambio y un excedente exportado, cuyo valor en dinero podrá ser atesorado o reexportado como capital. Sin embargo, no todos los superávit comerciales son iguales, ni todos los países exportadores son afectados por la “Enfermedad Holandesa.” En el caso de países como Alemania o Corea, por ejemplo, para enfrentar una contracción del mercado mundial, basta con que redirijan al mercado interno el excedente antes exportado. Existirá allí una demanda solvente para absorberlo, puesto que consiste exclusivamente en valor agregado internamente, y pagado íntegramente como costo de los factores de producción, incluyendo la ganancia capitalista media. De este modo esas economías podrán continuar produciendo al mismo nivel anterior, aunque probablemente deberán modificar la composición de su producción para adecuarla a la demanda interna; producir menos camiones y más automóviles, por ejemplo, pero con una suma de valor similar. Incluso puede beneficiar a la población, que ahora consumirá todo lo que produce.

En cambio, en los países que reciben elevadas transferencias de renta desde el exterior, ésta se desvanece en el aire al contraerse la demanda mundial. De este modo, se enfrentan a la triste realidad de rebajar su nivel de vida al valor agregado en sus procesos productivos internos. Su economía se reduce exactamente en la magnitud de las rentas transferidas desde el exterior, es decir, en el sobreprecio de los recursos antes exportados, por encima de sus costos de producción; al desaparecer dicho sobreprecio, una parte del PIB del país en cuestión simplemente se esfuma. Muchos países exportadores de materias primas han corrido esta suerte en el pasado, entre ellos Chile, cuando la Gran Depresión desvaneció la renta del salitre.
Como señaló hace poco el diario británico Financial Times, la economía de los recursos es como la de los buscadores de tesoros: su precio no guarda relación con el costo de encontrarlos y extraerlos, sino que se determina exclusivamente por la demanda y, como bien sabía el arrendatario escocés James Anderson (1777), inventor del arado escocés y autor de la teoría de la renta, ésta equivale a un tributo que los capitalistas pagan a los terratenientes.

Por estas razones, los auténticos capitalistas y la teoría económica desde sus mismos inicios, han promovido la nacionalización de los recursos naturales, la legislación antimonopolios y/o la captura de las rentas por parte del Estado: De este modo se nivela el terreno a la competencia en todas las industrias por igual, logrando una distribución óptima de las inversiones productivas y un aprovechamiento de las rentas en beneficio del conjunto de la sociedad, en lugar de alimentar con ellas a una clase parasitaria.

Práctica

Los países han asimilado estas lecciones en buena medida, de una manera u otra. Casi todos ellos han establecido la propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo, el agua, los fondos marinos, así como su soberanía sobre la tierra en general; en los países emergentes, ésta es una de las principales herencias del desarrollismo estatal del siglo 20. Actualmente, las empresas estatales tienen acceso a más del 85 por ciento de las reservas mundiales de petróleo e incluso en países donde se permite un acceso limitado de empresas privadas a las mismas, como el Reino Unido o Noruega, su renta es capturada casi íntegramente por el Estado, mediante regalías y otros mecanismos.

Sin embargo, el auge neoliberal de las últimas décadas, representó un retroceso significativo en esta materia, permitiendo la privatización de vastas reservas de recursos naturales, de los cuales se han apropiado las grandes corporaciones rentistas transnacionales, las que se han fortalecido extraordinariamente en este período.

Ha sido mas bien al revés. El renacer del neoliberalismo desde las cenizas a las que fue reducido tras la Gran Depresión, y su auge global en las últimas cuatro décadas, se explican principalmente por la hipertrofia del sector financiero durante el mismo período, que los apadrinó cariñosamente. Sin embargo, las grandes corporaciones rentistas no han sido ajenas a este fenómeno, ni mucho menos. Su tamaño e influencia también creció extraordinariamente en estos años, especialmente el de las grandes petroleras tras el alza del precio del crudo en los años 1970. Su influencia sobre el Reaganismo es bien conocida y éste, a su vez, fue determinante en el renacimiento neoliberal, el cual ha sido auspiciado generosamente por las grandes corporaciones rentistas, en todo el mundo.

El rasgo anti Estado del neoliberalismo, anarquismo burgués como lo denomina Eric Hobsbawm, le viene como anillo al dedo no solo a los banqueros, que con su ayuda lograron imponer la globalización sin trabas del capital especulativo. Ello también resulta favorable para los grandes rentistas, los que por estos días se han vuelto librecambistas a ultranza: no requieren protección estatal alguna, puesto que están sentados encima de ella. Son partidarios de bajar los aranceles a cero, porque de ese modo abaratan sus insumos.

El neoliberalismo les ofrece un atractivo adicional: es la única escuela económica que considera irrelevante la teoría de la renta; no la niega pero dice que no es significativa puesto que, según ellos, en el largo plazo, no existirían recursos escasos. Nada puede ser más seductor para los grandes rentistas. No se la pueden creer: por primera vez, una escuela de economistas reniega de lo que ha sido una piedra angular de esta ciencia desde hace doscientos cincuenta años.

Las grandes corporaciones rentistas constituyen una suerte de híbridos. Tal como ocurría con las que profitaban del vil tráfico antes de su abolición, sus acciones se transan en las principales bolsas mundiales, como si fuesen empresas capitalistas respetables. Operan asimismo en su interior, algunas actividades productivas y comerciales propiamente capitalistas. De hecho, subcontratan la mayor parte de sus actividades de exploración, extracción, refinación y transporte, así como parte de sus operaciones comerciales, con filiales o contratistas externos, propiamente capitalistas, en las cuales ocupan a algunas decenas de miles de trabajadores a nivel mundial. Sin embargo, el grueso de sus ingresos y utilidades no provienen del valor agregado por éstos, sino de la renta de los recursos de los cuales se han apropiado. Aunque la mona se vista de seda…

De las veinte mayores empresas globales en la actualidad, según su capitalización bursátil, seis son petroleras o mineras: Exxon, Shell, Chevron, BHP Billiton, Petrochina y Petrobras, sin embargo, las dos últimas son estatales. Las cuatro primeras se cuentan a su vez entre las diez mayores corporaciones del mundo según sus ventas, seis de las cuales son rentistas, incluyendo a British Petroleum y la Estatal rusa Gazprom además de las anteriores.

El nivel de apropiación de recursos por parte de estas corporaciones no tiene precedentes. En Chile, por ejemplo, a pesar que la Constitución establece la propiedad estatal “inalienable e intransferible” del subsuelo, un puñado de grandes empresas mineras han declarado “concesiones plenas” sobre poco menos de 28 millones de hectáreas, área que cubre mas de un tercio del territorio nacional y es mayor que la superficie total del Reino Unido. Dichas concesiones son indefinidas, hereditarias y transferibles, fueron adquiridas sin pago alguno y el costo de mantenerlas es un dólar por hectárea al año. Si el Estado quiere recuperarlas, debe pagar el valor total de los minerales que eventualmente se encuentren en ellas. En Perú y Colombia, las mineras privadas se han adjudicado asimismo concesiones sobre más de veinte millones de hectáreas en cada caso, aunque las mismas son temporales y están sometidas por lo general a regalías.

Estas últimas no se aplican a la explotación de los minerales en Chile, que recién el 2003 estableció un tímido impuesto específico a las utilidades de las mineras, que el 2010 se incrementó al doble. Según el Servicio de Impuestos Internos, el Impuesto Específico a la Actividad Minera recaudó un promedio de 389 millones de dólares anuales, entre 2005 y 2010. La Estatal CODELCO representó un 60 por ciento de ese tributo, por lo que las privadas pagaron solo 233 millones de dólares anuales en promedio, lo que equivale aproximadamente a un 0,9 por ciento de sus ingresos de explotación, los que promediaron 25.703 millones de dólares por año, en ese período. Dicho impuesto representó el 1,45 por ciento de sus utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, que se conocen por su sigla en inglés, EBITDA. Estas últimas promediaron 16.127 millones de dólares anuales, cifra que equivale casi exactamente a la mitad de los ingresos tributarios totales promedio del Estado, en el mismo período. Es decir, los chilenos sostienen un Estado y medio: uno mediante sus impuestos y medio adicional con la renta que “conceden” a las mineras privadas.

Sus panegiristas gustan de embolinar la perdiz con los impuestos a la renta aportados por “la industria” al erario nacional. En Chile, por ejemplo, generalmente publican los aportes al Estado de “la minería,” sin detallar que CODELCO aporta dos tercios de estos recursos controlando sólo un tercio de la producción. La verdad es que aparte del impuesto específico antes referido, los propietarios de la “industria” minera pagan menos impuestos a la renta que los dueños de una modesta pastelería.

En ambos casos, la empresa misma debe pagar el denominado impuesto de primera categoría, que actualmente es de 20 por ciento sobre las utilidades. En ambos casos, hacen uso de toda una batería de artilugios contables que les permiten postergar dicho pago, o eludirlo derechamente. Ciertamente, las mineras han demostrado en esta materia una creatividad y capacidad de innovación a toda prueba, que harían las delicias de los pasteleros.

Nadie como la minería ha utilizado tanto el sobre endeudamiento con filiales en paraísos fiscales, para remesar utilidades bajo la forma de intereses, eludiendo impuestos. Nadie ha usado y abusado como ellos de los beneficios de la depreciación acelerada. Principalmente mediante estos mecanismos, Exxon operó un mineral de cobre en Chile durante 23 años a pérdida, para luego venderlo a Anglo American ¡en 1.500 millones de dólares! Estudios publicados por NN.UU. han demostrado que, incluso mineras que posan de líderes en “responsabilidad social corporativa,” eludieron impuestos al subdeclarar el contenido de oro, plata, molibdeno y otros “subproductos,” en los concentrados que venden a sus filiales en el extranjero, a los cuales pagaron, además, cargos de refinación superiores al precio más alto del mercado y, finalmente, vendieron a las mismas empresas relacionadas el contenido de cobre de los mismos, sistemáticamente por debajo del precio promedio de la bolsa de metales de Londres.

Los mecanismos antes referidos, entre otros, rebajan las utilidades y consecuentemente el pago de impuestos a la renta por parte de las empresas. En Chile, sin embargo, estos últimos son considerados un crédito sobre los impuestos personales que posteriormente deben pagar sus dueños sobre aquella parte de las utilidades que retiren. Es decir, en este país, los impuestos a la renta que pagan las empresas no constituyen sino un anticipo sobre los que luego deben pagar sus dueños. Pues bien, resulta que los inversionistas extranjeros en Chile, están sujetos a una tasa marginal de 35 por ciento sobre las utilidades repatriadas, mientras el dueño de nuestra pastelería queda sujeto a una tasa marginal ¡superior a 40 por ciento!
Lo anterior operaría en caso que efectivamente unos y otros reconocieran retirar utilidades, lo cual todos los propietarios de empresas disfrazan como re inversiones, sea en las mismas empresas que generan las utilidades en primer lugar -la mitad de las gigantescas inversiones de más de cien mil millones de dólares aprobadas por las mineras para los próximos cinco años, corresponden a reinversión de utilidades-, como en una cascada de “inversiones” en una serie de empresas de papel creadas exclusivamente con este objeto. Como resultado de todo ello, en Chile ningún empresario paga la tasa marginal de impuestos a las personas -que en teoría es el único impuesto que se paga-, la que queda en pie solamente para los asalariados de ingresos elevados, a quienes se les descuenta por planilla.

Ni siquiera pagan la tasa de 20 por ciento, que hasta el 2010 era de 17 por ciento, de impuestos anticipados por las empresas, puesto que la liquidación anual termina en una gigantesca devolución de estos anticipos a los dueños. El diario El Mercurio estimó recientemente que las tasa reales de impuestos a la renta que pagan en Chile los empresarios son de 0,7 por ciento para el tramo entre 12.000 y 25.000 dólares mensuales de ingresos y de 9,2 por ciento para los que resultan superiores a esta última cifra.

Pues bien, los propietarios de las mineras hacen uso y abuso de todos estos resquicios, con la ventaja que su tasa marginal es cinco puntos inferior a la de los empresarios chilenos, como se ha mencionado. Con sistemas tributarios tan permisivos en general -cuya corrección constituye otra de las grandes cuestiones pendientes-, la única manera efectiva de recuperar parte de la renta que se apropian las grandes corporaciones rentistas, consiste en someterlas al pago de regalías sobre los recursos extraídos, las cuales en Chile, como se ha mencionado, consisten en un tributo especial cuyo monto equivale a menos de uno por ciento de las ventas.

Resultados

La privatización sin cobro de los recursos ha introducido una distorsión muy grande en la economía chilena. La minería representa dos tercios de las exportaciones del país, cuyo valor equivale, por su parte, a la mitad del PIB. Ni siquiera en la época del salitre se alcanzó una dependencia de esta magnitud, puesto que en 1929 las exportaciones representaban un 29 por ciento del PIB. La minería ha absorbido un tercio de toda la inversión extranjera llegada al país entre 1974 y 2011 y dicha proporción sube de la mitad si se considera la parte proporcional de la inversión en energía, un tercio de la cual se genera para abastecer a la minería. Representa una cuarta parte de las ventas de las cien principales empresas del país y un quinto del PIB. Sin embargo, ocupa ¡sólo 1,5 (uno coma cinco) por ciento de la fuerza de trabajo asalariada nacional!

Si se consideran adicionalmente la agricultura, silvicultura, pesca y energía, es decir, todos los sectores basados en recursos naturales, las cifras anteriores ascienden al 90 por ciento de las exportaciones, el 60 por ciento de la inversión, el 50 por ciento de las ventas y un cuarto del PIB, respectivamente. El empleo total en estos sectores, en cambio, solo asciende al 9,3 por ciento del total de los asalariados.

El asunto va de mal en peor. Si se consideran los grandes proyectos aprobados para el quinquenio 2011-2015, la minería sola absorbe más de la mitad de la inversión, tanto nacional como extranjera, pero dará ocupación permanente a solo un 0,8 por ciento adicional de la fuerza de trabajo asalariada.

Es decir, los grandes inversionistas no son auténticos capitalistas, que vienen a obtener ganancias a partir del valor agregado por sus trabajadores en la producción de bienes y servicios competitivos: los que han llegado vienen por los tesoros con que la naturaleza ha bendecido al territorio, de cuya renta se apropian casi por completo.

Como resultado de la hegemonía de los rentistas, el país ha abrazado el librecambio a ultranza, desmantelando la producción interna. Aparte de las ramas de recursos naturales, la producción se ha restringido solo a aquellas industrias que cuentan con protección natural, como la construcción, el transporte y algunos servicios. Mientras tanto, más de la mitad de la fuerza de trabajo, se encuentra ocupada de modo precario en el comercio, finanzas, servicios sociales y personales, todos ellos de bajo valor agregado. Uno de cada diez trabajadores han estado cesantes, en promedio, desde el golpe de Pinochet.
El poco interés de los grandes rentistas por el valor agregado por el trabajo, ha llevado a descuidar la educación, donde se ha desmantelado el sistema nacional, gratuito y de buena calidad que el país había construido a lo largo de medio siglo, que antes del golpe de 1973 tenía matriculado a uno de cada tres chilenos de todas las edades. Hoy estudian en el sistema público y privado, solo uno de cada cuatro habitantes, pagando elevados aranceles por un servicio deficiente, mientras el gasto público en educación es un tercio inferior al que el país desembolsaba hace cuatro décadas, como porcentaje del PIB.

Las ganancias de las grandes empresas mineras equivalen a un ocho por ciento del PIB y forman parte del excedente de explotación apropiado por el conjunto de las empresas, el que representa la mitad del PIB. De ese total, los dueños de los recursos y el capital, que representan menos del uno por ciento de la población, reinvierten un quinto del PIB y consumen un 30 por ciento del mismo. Mientras tanto, los ingresos del trabajo – que coinciden con los de las familias que responden la encuesta de ingresos de hogares, que en Chile se llama CASEN -, se han visto reducidos a sólo un 40 por ciento del PIB, todo ello según cifras oficiales. Las rentas de la minería resultan decisivas para la distribución del ingreso, así considerada. Ésta empeoró drásticamente entre 2009 y 2011, principalmente por el fuerte crecimiento de aquellas, debido al incremento del precio del cobre entre esos años: los ingresos sumados de todas las familias que responden la CASEN disminuyeron su participación en el PIB ¡desde 45 por ciento el 2009 a 40 por ciento el 2011!

Todo lo anterior sin abordar siquiera el enorme daño ambiental que la depredación de la industria extractiva ha representado para amplias regiones del país y las comunidades que las habitan.

Conclusión

Estos argumentos teóricos y prácticos parecen responder la gran pregunta: el modelo de crecimiento económico basado en la industria extractiva no es consistente con una apuesta por formas de inclusión democrática, calidad de vida y salud ambiental que sean sostenibles en el tiempo.

Un fantasma viene recorriendo el mundo desde principios de los años 2000, que la prensa internacional ha bautizado “nacionalismo de recursos.” Desde Bolivia a Uzbequistán y desde Australia al Reino Unido, los gobiernos de los países ricos en recursos naturales han venido renacionalizando o al menos exigiendo una mayor participación en las rentas de sus recursos, que habían sido privatizados durante el período neoliberal.

Quizás el hito más significativo en América Latina y el mundo, por su magnitud, lo constituye la renacionalización en los hechos de Petrobras, bajo la forma de un aumento de capital en que el Estado aportó los recién descubiertos yacimientos submarinos. El Presidente Lula lo denominó “Segunda Independencia,” parafraseando al presidente chileno Salvador Allende y declaró que impulsaría una industria local de insumos de nivel mundial. La Presidenta Rousseff ha propuesto recientemente que todas las regalías se destinen a educación, ciencia y tecnología, lo que convertirá a Brasil en líder mundial en la materia, con un 10 por ciento del PIB destinado a ello.

¿Nos decidiremos los chilenos a reemprender ese camino, durante el próximo gobierno?

FUENTE: http://economia.manuelriesco.cl/2012/12/la-gran-pregunta.html

La irresistible ascensión del lucro en el sistema Universitario Chileno. Por Osvaldo Fernández y Ricardo López

I. Breve historia del avance del lucro como tendencia en un sector de las universidades chilenas.

Vamos a hablar del lucro tal como éste ha venido desarrollándose y contaminando la educación superior chilena, y particularmente la universitaria, desde 1981. Antes de esa fecha el lucro no era un objetivo para la educación universitaria en Chile. Junto a las universidades Estatales públicas existían, ciertamente, instituciones privadas, pero su objetivo era más bien ideológico, y obedecían a sectores privados, por lo general católicos o masones preocupados por intervenir en esta función, desde los intereses culturales de estos sectores.

Es a partir de 1981, que uno de los objetivos principales de la dictadura, se comienza a cumplir y desde esa fecha se inicia lo que podríamos llamar, el desmantelamiento de todo el servicio público chileno. Como consecuencia se abandonan por parte del Estado las políticas públicas, tanto en el ámbito de la educación, como en el de la salud y también en la previsión. Surgen en el plano de la previsión las AFP; ellas lanzan los fondos de pensiones a los vaivenes del mercado y a la especulación; en el ámbito de la salud aparecen las Isapres, mientras que en el campo de la educación, se hace posible la existencia de universidades privadas de nuevo cuño, entre las cuales unas se orientaron claramente hacia el lucro, a pesar de que había una ley que lo impedía.

El zarpazo fue total en el terreno de la previsión y, en cierto modo mixto, en el plano de la salud, donde podemos decir que hubo una política de resguardo, por lo menos durante el gobierno de la presidenta Bachelet. En la educación el proceso fue más lento, pero hay que decir que la privatización y el sector que lucraba se fue ampliando y haciendo cada vez más competitivo.

Tal proceso tuvo como correlato la disminución programada y creciente del aporte fiscal a las UES estatales, que antes de 1981 era total. Esto que comienza durante la dictadura, se va a continuar a través de los gobiernos de la Concertación, llegando a la situación actual que, en lo que concierne a la U de Valparaíso, es apenas un 6% entre el aporte fiscal directo y el indirecto. Debido a que el Estado fue eliminando su aporte y responsabilidad respecto de la educación superior, proceso que se continuó en los primeros gobiernos de la Concertación, las propias universidades estatales comenzaron a vivir una tensión casi insostenible entre la presión del mercado, y su deber como institución de servicio público.

Gran parte de las universidades privadas se crean a fines de la década del 80, entre el triunfo del NO y la instalación del gobierno del presidente Aylwin. La premura de esta medida explica que para el sector político que apoyó la dictadora, en especial la UDI, este fuera un tema importante, que estuvo probablemente entre los puntos del pacto que dio inicio a la democracia cautelada que siguió a la dictadura.

Alrededor del año 2007, la crisis de varias universidades, como la Valparaíso y la UPLA, además de otras universidades del país, evidenciaron el desastre de esta política en las UES estatales que no eran negocios, que habían ido siendo privatizadas y que no podían serlo, plenamente amarradas como estaban a diversas trabas burocráticas administrativas.

II. ¿Cómo se lucra, o mejor dicho, cómo se logro burlar la ley que hablaba de universidades sin fines de lucro, y se lucró?

a)  Explotando a los profesores, profesores jóvenes o jubilados que trabajan por horas, sin previsión, sin salud, sin existencia “ciudadana” en las universidades. Condenados a un trabajo precario con “contratos” que establecen explícitamente que la relación es de carácter civil y no laboral

b)   A través de donaciones con las cuales se eluden impuestos. Los Yarur en la Universidad de los Andes. Lavín y Larroulet en la Universidad del Desarrollo.

c)   Estafando a los estudiantes, en especial a aquellos que no han podido entrar a las universidades principales por su bajo puntaje. Algunas universidades, como la de las Américas, se han especializado en este sector, y en ese sentido son comparables a la Polar. La suma de deserciones (por razones económicas) y fracasos académicos supera el 60% en promedio en estas universidades con fines de lucro.

d)   Estafando a la sociedad al ofrecer y dictar carreras que no aportan ningún valor agregado para el desarrollo de nuestro país.

e)    Disminuyendo la duración de las horas de clases, o las semanas de trabajo. Cobran lo mismo, pero pagan menos a los profesores, aprovechan mejor las instalaciones.

f)    Los aportes, inicialmente de familias, o de grupos ad hoc que se iban instalando para intervenir en este nuevo, creciente y próspero negocio, muy pronto comenzaron a ser reemplazados por los de consorcios extranjeros. La actividad pasó de esa manera a manos del capital financiero. Todos los argumentos que se dan en defensa del lucro olvidan este aspecto, entregando la versión idílica que siempre ha entregado el capital industrial. La presencia de los consorcios extranjeros, en más o menos el 10% del alumnado chileno. La Apolo, la Laureate y la Southern Cross. En la Andres Bello, la de las Américas, la Santo Tomás, la Uniac, la Viña del Mar, la del Mar (a la cual se trasladaron lo inversionistas que hasta 2008 eran dueños de la Polar).

g)   Recientemente la Comisión Nacional de Acreditación reacreditó por tres años a la Universidad de Viña del Mar. Al parecer no consideró como incumplimiento grave el hecho de que las horas lectivas en dicha universidad son hoy de 35 minutos. Esta reducción se ha implantado ya desde hace dos años y no ha existido una modificación acorde de los programas y contenidos. Los profesionales que egresan de la UVM tienen en promedio un 22% menos de horas de clases presenciales, y probablemente la suma de horas lectivas no alcanza a cumplir con los requisitos mínimos que exigen las carreras de pregrado para otorgar grado de licenciatura y títulos profesionales de pedagogía, ingeniería, etc.

De lo dicho se desprende que uno de los puntos decisivos de la contrapropuesta sea la instalación de un aporte basal progresivo que vaya a la reinstalación en  Chile de la educación pública y gratuita. Esto es exactamente lo contrario del lucro y una manera de erradicarlo definitivamente.

Recensión del Libro “Se derrumba un mito: Chile reforma sus sistemas privatizados de educación y previsión” de Manuel Riesco Larraín . Por Gustavo Quintana Muñoz

El autor, Ingeniero Civil  (U.de Chile),Vicepresidente  de Cenda en Chile y Coordinador externo de investigación  de UNRISD  ,director de la revista Encuentro  XXI,  que ha desempeñado  diversos cargos administrativos y docentes en universidades chilenas y  norteamericanas, consultor habitual de diversos gobiernos y del Parlamento, y que  ha escrito extensamente sobre el  desarrollo social de Chile y América Latina,   nos ofrece en este libro un análisis de los efectos de la ola privatizadora  en la educación y en la previsión , con el rigor al que nos tiene habituados.

El título de esta obra,  incomprensible para muchos, se aclara ya en el prefacio,  al igual que las razones   para que este libro aparezca en el momento en que se edita.  Allí se indica que son los efectos sociales,  consecuencia de  las privatizaciones en ambos ámbitos,  los que proporcionan el nexo de unión,  y que son los acontecimientos sociales producidos en los años 2006 y 2007, que son analizados con gran clarividencia,  casi   premonitoriamente,  por el autor, los que señalan que el  fracaso de las privatizaciones  abre   finalmente  la posibilidad del  inicio  de una reforma  de los sistemas privatizados de educación y previsión.

¿Qué representa el año 2007 como fecha de edición?   En Diciembre de 2006 la presidenta  Bachelet   envía al Congreso un proyecto de ley   con un amplio programa de reformas al  sistema privado de pensiones y días después recibe el informe de la comisión asesora presidencial para la calidad de la educación  que,  si bien solo llega  a resultados concretos limitados o nulos,   tiene el mérito de sacar a la luz pública un vigoroso movimiento de reforma  de las privatizaciones desarrolladas  en ambos sectores,  principalmente  el movimiento  de los pingüinos, que empuja a la comisión citada a plantear por primera vez  en 25 años la derogación de la legislación que  rige a la educación desde Pinochet.   En suma,  el profundo descontento por los efectos de las privatizaciones en ambos sectores abre un proceso  de reforma de los sistemas sociales privatizados  cuyos resultados finales  dependerán del  desarrollo del movimiento contra  el proceso privatizador y la forma  como crezca la movilización social contra él  durante los próximos años.  Cuatro años después de  la edición de este libro no sólo  se mantiene  este movimiento de reformas sino que incorpora nuevos sectores  que exigen su participación en los asuntos públicos y generales del país,  entre los cuales el enorme movimiento contra las represas en  Aysén   es el mejor ejemplo.

Antes de analizar más detalladamente  la magnitud del  fracaso del proceso privatizador,  tanto en educación como en previsión,  el autor ensaya someramente el  ubicar las políticas sociales  chilenas en el  contexto histórico de un  siglo, dividiendo este lapso en dos partes: de  1924 a 1973  y   de  1973 hasta hoy ,  señalando  las dos grandes estrategias  desarrolladas por el Estado en la transición  del país a la era moderna,  y expresando su opinión de que en este instante  el país experimenta otro gran giro en su estrategia de desarrollo.

El 11 de Septiembre de 1924, en un marco de movilizaciones sociales, una junta  militar de corte progresista toma el poder  y promulga la primera  legislación social, creando las instituciones  económicas  y políticas básicas del Estado chileno moderno,  incluida una nueva constitución política.  La estrategia de desarrollo que se adopta, cuyo guía es el Estado, tiene  como norte  el progreso tanto económico como social  y se desenvolverá  de manera ascendente a lo largo de medio siglo,   impulsada por gobiernos democráticos de variada orientación ideológica, culminando en las profundas reformas democráticas del presidente Frei  Montalva  y  alcanzando su climax revolucionario  durante el gobierno del presidente Allende. Esta estrategia  deja al país un capital cultural social y económico  inmenso y alcanza en el ciclo económico 1958- 1971 una tasa de crecimiento del  PIB  que no volverá a repetirse  hasta los años  90.  Un golpe militar de extrema derecha, encabezado por Pinochet,  pone término violentamente  a  esta  estrategia   e instaura una nueva  sobre los principios del neoliberalismo,  las privatizaciones   y el mercado como único ordenador .

En las tres décadas durante las cuales el país se ha desarrollado con una orientación neoliberal  se distinguen  dos períodos de aproximadamente 17 años cada uno.  Los primeros corresponden al régimen dictatorial,  preocupado de crear un ambiente económicamente amistoso a los negocios de corto plazo y de un manejo de los asuntos públicos mayormente en  interés del empresariado, de las trasnacionales y de la minoría de altos ingresos de la población,  en contrapartida  con un retroceso brutal de todo lo que el país había desarrollado en materia de avance social.  Si se puede establecer alguna diferencia entre ambos períodos , lo  es la persecución sangrienta de los opositores a la dictadura,  frente  a una lenta transición hacia la democracia en el segundo período,  junto  a una lentísima recuperación  de los derechos sociales perdidos.    En lo demás,  sólo más de lo mismo.  Un ejemplo de esto  es el resultado de que un puñado de empresas  mineras, casi todas extranjeras,  que en 2006 remesaron a sus casas matrices unos  veinte mil millones de dólares, cifra del mismo orden de magnitud  que el presupuesto total del Estado chileno.

La paradoja entre el crecimiento durante este período  (2,3 veces entre 1990 y 2005) y el aumento del gasto público (2,8 veces en el mismo período) y  el creciente descontento  que explotó en 2006 y que sigue aumentando, sólo se explica  por una de las distribuciones  de  ingreso más desiguales del mundo, lo que hace que el aumento del gasto público sólo represente  1/5   del   PIB,  lo que se refleja en  un aumento de los salarios ( 53 %  de 1990 a 2004 ) menor  en un   50%  del incremento   del  PIB  en el mismo período,  y  que recién en 1999 volvió a los niveles   que estos tenían justo antes del golpe.   Esta situación  afecta especialmente a los profesores  que,  a pesar de recibir un aumento del mismo orden que el PIB,  aun no recuperan los niveles de sueldo que poseían antes del golpe.

Finalmente,  Manuel Riesco  entrega los elementos de análisis que muestran irrefutablemente que el modelo neoliberal de sociedad,  el mercado regulador absoluto  y  las privatizaciones como freno de  la acción del Estado son la causa  del fracaso  de los sistemas de educación y previsional .

 Un millón de estudiantes secundarios estremecieron Chile en 2006,  con la mayor manifestación social  desde las protestas de los años 80,  exigiendo la derogación de la  LOCE,  motor del  sistema de privatización de la educación, siendo prueba palpable de que el aumento  del presupuesto  de la educación  en 4,4 veces  (1990 – 2005) no basta para  detener  el deterioro constante después de 25 años.  La desregulación de todo el sistema responde a la falta de objetivos confesables  de país,  reemplazados por un vago anhelo de llegar al desarrollo,  lo que lleva a Chile a solicitar su ingreso  a este mundo  desarrollado (OECD). Este solo hecho,  que obliga a comparar la educación de los nuevos socios con la nuestra sólo sirve para exponer nuestra miseria  educacional . Contrastando así nuestro sistema de pobre aporte fiscal a la educación, de acelerado proceso de privatización,  segregación vergonzosa y educación de dos calidades ,para pobres y para ricos, y la caída en la calidad de la educación superior :  sólo 11 de 60 universidades acreditadas por investigación,  con las características del  de  los nuevos socios.  Estos tienen una  estructura mayoritariamente pública (88% en OECD,92% en U.E de aporte estatal) con fuerte participación del estado en la educación superior (25% del aporte estatal total OECD promedio,  con ejemplos que lo  superan (Canadá con un 40% , EEUU,38,6%,Corea , 33,4%, Finlandia , 28,9% y unos 8 a 10 países más).  El objetivo que realmente persigue nuestro modelo es preservar, por una parte,  la calidad de la educación para una elite ideológica y de poder, restringida a no más del 10% de la población dejando  a cerca de un 50%  sin ningún otro tipo de formación que una mala educación secundaria  Para el resto de los estudiantes sólo quedan  ofertas publicitariamente atrayentes,  pagadas y de calidad discutible,  que permiten  muy buenas ganancias a los dueños  de estas universidades,  en el marco de una actividad que legalmente no tiene fines de lucro (el único milagro del nuevo modelo).

Si La  privatización relega  al desarrollo al papel de un falso objetivo ¿Qué hacer ? Punteemos a lo menos  las principales proposiciones del profesor Riesco:

  • Devolvamos  al profesor su calidad, su dignidad y el papel  que tuvo en la sociedad hasta 1973.
  • Reconstruyamos el sistema nacional de educación pública,  partiendo por la recuperación  de la propiedad que le pertenece  y las funciones de gestión docente  de todo lo que financie completamente( subvenciones al 90% de los estudiantes de Chile),  sin perjuicio de continuar su política tradicional de  apoyo financiero a las instituciones educacionales particulares sin fines de lucro , que así  lo ameriten

En suma,  la base de una reforma es que el Estado aporte el financiamiento suficiente y en las modalidades más adecuadas (volver al 7% del P.I.B.,  contra el 3 a 4 % actual).

Finalmente,  Manuel Riesco analiza la segregación social  y el deterioro en las pensiones  de  los sectores  medios, producto de la privatización de la previsión,  así como el enorme costo para el Estado y los enormes beneficios para los mayores grupos económicos y compañías de seguros.

A pesar de que el Estado aseguró en la reforma previsional  una pensión básica para la mayoría de los cotizantes de las AFP con capacidad de ahorro  insuficiente,   mantuvo como pilar único de las pensiones de los sectores  medios la capitalización individual, que entrega  a estos sectores pensiones muy inferiores  a las que aun se otorgan a la mayor parte de los adultos mayores jubilados con el sistema  antiguo ( 3 pilares de financiamiento).

El sistema chileno destina la totalidad de los descuentos previsionales  al mercado de capitales y a la mantención de las propias  AFP  y de las compañías de seguros relacionadas, a diferencia del resto del mundo,  donde sólo una porción menor de las cotizaciones  se destina al mercado de capitales.  En suma,  la privatización del sistema de pensiones  de 1981, es un verdadero embargo  sobre las contribuciones de los asalariados a la seguridad social, principalmente en beneficio directo de los mayores conglomerados  económicos.

Lo más incomprensible de este modelo de previsión es que el principal recaudador de cotizaciones de seguridad social del país, el Estado,  entregue estas a las AFP  y posteriormente tenga que asumir el pago de la mayor parte de la pensión de los adultos mayores (unas   ¾ partes de los 1.594.000 adultos mayores ), pagando las AFP, con los fondos acumulados,  las pensiones de unos 70.000 adultos mayores   y  la quinta parte de las pensiones mínimas garantizadas,  siendo finalmente  los únicos cotizantes beneficiados con la privatización del sistema a lo sumo los sectores perteneciente al quintil de  mayores ingresos.

Queda pendiente aun  investigar a fondo la administración que de los  fondos de pensiones  han hecho las AFP,  pues las cotizaciones,  en un tránsito muy alambicado,  son invertidas en gastos administrativos  de las AFP , traspasos a las compañías de seguro, que a su vez pagan algunas pensiones ( de por vida, e incapacidades),  inversión en el mercado de capitales,   préstamos al Estado (nunca más allá de un 25% del total),  recuperación de parte de estos préstamos por nuevas cotizaciones  al fondo de pensiones, etc.  En estos vericuetos es fácil  aparecer con gastos inexistentes, falsear las ganancias y presentar contabilidades  discutibles  o  fraudulentas.

Ante la interrogante de qué  hacer, sugerencias  muy simples,  tales como acoger la modalidad que la mayoría de los países  han adoptado,  con presencia activa del Estado sobre la base de tres pilares de financiamiento:  pensión básica, financiada por el Estado, ahorro o capitalización con parte de la cotización y reparto anual.

¿Qué niveles debiéramos esperar?  No inferiores a los que entregaba el sistema anterior a 1973 y que es el que aun reciben los  antiguos pensionados y los que no pudieron integrarse  al sistema de AFP.

La recuperación por parte del Estado (hoy en día administrador más eficiente que las AFP) de todos los fondos que recauda para las AFP  y asunción de la potestad que tuvo en el pasado. No es algo imposible, y países como Polonia y Hungría ya lo hicieron tras experimentar el modelo que Chile les había vendido y que resultó ser un pésimo negocio para el Estado.