Universidades en el Mercado Educacional, un nuevo elemento. Félix Fernández S.

Si bien marzo no es el primer mes del año, sí lo es en términos académicos para las diversas esferas educacionales: primaria, secundaria y universitaria, donde nuevamente las universidades enfrentan un escenario diferente y desafiante para su futuro no solo en el corto plazo, sino en el tiempo estratégico de su futuro como formadora y educadora de profesionales para el país y la sociedad. Esta afirmación, si la miramos en forma lógica, no debiera tener componentes distractores o destructores de la institucionalidad universitaria estatal, ya que correspondería entender que las instituciones estatales de índole universitaria son un ente estratégico para el desarrollo integral de la sociedad en sus diversos y complejos ámbitos. Pero la realidad de las últimas cuatro décadas nos demuestra con hechos concretos que no es así, siendo cada vez más confuso el escenario educacional chileno y en especial el superior.

Este artículo tiene como propósito generar inquietudes en torno al cuestionado rol existente por parte del Estado para con sus universidades, y de cómo ha sido el mercado el que juega un papel fundamental en las orientaciones y directrices de la institucionalidad universitaria. Cuestionamiento que haremos desde una perspectiva en particular, la que tiene relación con el proceso de selección universitaria PSU (prueba de selección universitaria).

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En el año 2012 ingresaron al sistema de selección universitaria ocho universidades privadas no tradicionales: Universidad Diego Portales, Universidad Mayor, Universidad Finis Terrae, Universidad Andrés Bello, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de los Andes, Universidad del Desarrollo y Universidad Alberto Hurtado. Esta incorporación masiva de universidades al proceso PSU podría ser justificado respecto de una mayor oferta para con los estudiantes que postulan a las diversas casas de estudios, pero esto no es así, ya que estas instituciones privadas no necesariamente necesitan de la PSU o de un puntaje particular de ésta como requisito de ingreso estudiantil, ya que con tan solo el certificado de cuarto medio podrían matricular a sus potenciales alumnos.

La experiencia vivida estos dos últimos años ha demostrado que el mercado nuevamente interfiere en el ámbito educacional. Las universidades tradicionales en general, y las estatales en particular, al contar con la exclusividad de la PSU como requisito de ingreso, generaban una conciencia respecto de la exigencia y la tradición en cuanto a sus planes de estudios y carreras, elementos exclusivos de los años de existencia, la tradición adquirida y el prestigio de aportar al desarrollo nacional. Estas características mencionadas claramente son menguadas al incorporarse otros actores educativos que en su mayoría no cuentan con ellas, pero que, por el solo hecho de ser parte de las universidades que toman en cuenta la PSU, pueden generar en la subjetividad del pensamiento novato estudiantil confusión y homogenización, colocando en una misma balanza a todas las universidades incorporadas en la selección por la PSU y, por ende, una paridad igualitaria con respecto a la decisión de postulación y posterior matrícula.

Si bien la construcción de una tradición no es transferible por un factor de años de historia, sí puede ser cuestionada cuando las instituciones tradicionales entran en la competencia del mercado, ya que ellas no cuentan con una herramienta clave a la hora de competir en los términos de la oferta y demanda académica. El factor monetario, herramienta fundamental para cualquier empresa que pretenda ser exitosa y duradera en el tiempo, juega un rol primordial al momento de promocionar y competir con las demás casas de estudios, que en términos de mercado serían parte de la competencia educacional universitaria. Las universidades privadas, bajo estas reglas del mercado, han demostrado ser estratégicas y hábiles, ya que, por una parte, son favorecidas por la confusión de la tradición y excelencia, y por otra, porque han contado con un masivo marketing de posicionamiento comunicacional, el que obviamente debe ser financiado constantemente. Realidad muy distinta a la de las universidades tradicionales estatales, las cuales no cuentan con el financiamiento o presupuesto necesario para realizar esfuerzos comunicacionales de promoción constante, por lo que la medida a tomar frente a este grave problemática consiste en promocionar sus ofertas académicas solo en los meses en que dura el proceso de selección universitaria.

El marketing universitario no solo es comunicacional sino también material, y un ejemplo claro de ello es la precariedad infraestructural de muchas universidades tradicionales, agobiadas por el paso de los años y por la falta de financiamiento para la mantención de sus recintos, por lo que en una rápida comparación con respecto de las universidades privadas, la modernidad del espacio arquitectónico se presenta como un atractivo al futuro estudiante que busca la comodidad y lo instantáneo. También debe considerarse la lluvia de regalos y supuestos beneficios que se ofrecen a los estudiantes que se matriculan en las universidades privadas, ventaja asociada a los diversos recursos que utiliza el mercado frente a la venta de bienes y servicios, donde el atractivo de lo moderno, lo instantáneo y lo plástico, son un aspecto primordial frente a la decisión de un estudiante inseguro. Al fin y al cabo es meramente un cliente a quien hay que captar.

El marketing tiene éxito cuando se alcanza un potencial público que prefiere optar por sus productos y servicios, y la forma de medir aquello con respecto de la selección de la PSU es por la cantidad de alumnos matriculados .

Generalmente las universidades tradicionales cuentan con ciertas carreras o facultades insignes, más aún si estas se encuentran en alguna región. Ejemplo concreto del punto anterior es la Universidad de Valparaíso, ubicada en la quinta región de Chile. Esta universidad era la única casa de estudios tradicional o de selección PSU que impartía las carreras de: Medicina, Odontología, Tecnología Médica y solo compartía con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso carreras ligadas a las Ciencias Jurídicas, como Derecho. Este potencial reconocido por años de excelencia académica, quedó mermado automáticamente desde el año 2012, ya que en la región de Valparaíso se sumaron dos universidades privadas que ingresaron al proceso PSU que ofrecen estas carreras, como es el caso de la Universidad Andrés Bello, la cual pertenece al consorcio internacional Laureate International Universities, institución que imparte carreras ligadas a la medicina y el derecho, entre otras. Como segunda universidad incorporada al proceso PSU está la Universidad Adolfo Ibáñez, la cual se enfoca principalmente en las ciencias administrativas y empresariales, pero que frente a este nuevo escenario incorpora en su actual oferta académica la carrera de Derecho. Esta gran diversidad de ofertas académicas ofrece al futuro universitario una gran cantidad de opciones a elegir y, como hemos recalcado durante este artículo, es en estas instancias donde el marketing material y promocional juega un rol decisivo.

La experiencia que se obtiene en estos dos últimos años de competencia mercantil universitaria nos indica que la precariedad financiera, infraestructural y administrativa de las universidades tradicionales del Estado frente a las privadas, hace que las primeras tengan un futuro incierto y hasta pesimista. Las prácticas del mercado permiten una competencia feroz por el potencial estudiante, donde el marketing y el ofrecimiento de un sin fin de beneficios hacen que el joven postulante no necesariamente opte por la tradición y los años de experiencia, sino por lo material y lo instantáneo, como si fuera hecho de plástico.

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Las Universidades del Estado han sido afectadas significativamente con este nuevo proceso mercantil de las matrículas PSU, ya que ha bajado no solo la cantidad de matriculados, sino también los puntajes de ingreso, lo cual permitía contar con ingresos financieros extras, ligados a becas y aportes por parte del Estado a los estudiantes con excelencia académica. Estos aportes generalmente el estudiante no los recibe directamente, ya que son entregados vía transferencia a la institución que los matricule. Es por ello el gran interés de las diversas universidades o entidades de educación superior por captar la mayor cantidad de alumnos, ya que el beneficio que reciben en términos financieros puede llegar a ser muy sustancial, más aún cuando el Estado no discrimina entre universidades estatales y privadas.

Este artículo pretende seguir desarrollándose en una próxima edición, donde con cifras oficiales ejemplificaremos lo planteado.

Félix Fernández S.
Administrador Público

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Editorial (CdE nº21)

Desde aproximadamente la revolución pingüina de 2006 es que somos testigos de un masivo descontento; quizás no generalizado, pero sí de un sector importante del estudiantado, profesorado y de funcionarios. Decimos no generalizado, porque  ciertamente a un pequeño sector le acomoda el sistema educacional actual, ya que la libertad de enseñanza y la posibilidad de crear instituciones orientadas a este fin generan cierta atracción, pero es evidente que, según el informe emanado de la comisión investigadora sobre el lucro en las universidades del Honorable Congreso Nacional, la atracción de este sector no va orientada a la buena fe del crecimiento intelectual del país, sino al crecimiento económico de los inversionistas.

Llama la atención que esta comisión investigadora del Congreso no nace específicamente de la iniciativa propia de los parlamentarios, en su función de representar y velar por los derechos de los chilenos, sino que surge por presiones de la sociedad civil, la cual levanta fuertes demandas y denuncias de hechos no ajenos, ni escondidos, sino explícitos y publicitados por diversos medios de comunicación. ¿Será este ejemplo solo una de las causas del descontento y deslegitimación de las instituciones políticas? El problema de esta hipótesis es que legalmente son las instituciones las que quedan en última instancia para dar solución a las demandas ciudadanas y, en el mejor de los casos, éstas crean comisiones con los actores involucrados, las que tienen por objetivo generar diálogos eternos y sin puerto, como ocurrió en la revolución pingüina.

Las instituciones estatales las dirigen personas, funcionarios públicos,  que necesitan de los votos ciudadanos para seguir trabajando, haciendo de la actividad pública un oficio político más que un deber para con el bienestar social. Por ello llama la atención la rápida y publicitaria respuesta de la comisión investigadora, la cual denuncia el lucro por lo menos en cinco instituciones privadas. Entre las mencionadas en el informe se encuentra la Universidad del Mar, tan en boga en las últimas semanas, y otras pertenecientes a corporaciones transnacionales como los Laureate: Universidad de las Américas, Viña del Mar y Andrés Bello, esta última incorporada recientemente al proceso de PSU. Hay que tener en cuenta que la gran agilidad de respuesta de las instituciones públicas,  puede responder a ciertas  imágines  políticas que los partidos y sus políticos desean generar en la ciudadanía, sobre todo si nos encontramos cerca de las elecciones municipales y  el levantamiento de candidatos presidenciales.

¿Se encuentra en crisis el sistema educacional chileno y, en este caso puntual, el universitario?, ¿el estado y su gobierno se encuentran en sintonía y de acuerdo con las demandas educacionales? Creemos que cada lectura, noticia, reflexión sobre este tema nos abre más incógnitas e interrogantes.  Pero algo sí se debe resaltar y manifestar: es que por lo menos el tema “lucro” ha generado una construcción social de incomodidad y cuidado entre las personas. No es irreal pensar que para un joven, al momento de decidir dónde continuar sus estudios superiores, la discusión del financiamiento, el lucro y la calidad de la educación, sean el postre en el almuerzo familiar de un domingo. Este hecho real es resaltado pese a la mirada pesimista que se tiene de los logros alcanzados en las movilizaciones del 2011, ya que la ciudadanía se está atreviendo a manifestar el descontento social, no tan solo respecto  a la educación, sino también a la salud, vivienda, trabajo, e incluso hemos sido testigos de levantamientos regionales y comunales de masas, como ha sido el  caso de Aysén y Freirina, entre otros.

Volvamos a la pregunta; ¿Se encuentra en crisis el sistema educacional chileno? Es más, proponemos  otra mucho más intrigante: ¿será que esta crisis es solo una renovación para dar lugar a otro sistema?  Ésta última pregunta debe tener bastante discusión e investigación, por evidencias reales y concretas que están sucediendo en algunas universidades no solo privadas sino también estatales, y planteamos esta evidencia con otra pregunta, ¿será casualidad la discusión de incorporar competencias en las mallas curriculares de las carreras?

Supongamos que sí se pone al fin al lucro y se designan los recursos necesarios para dar educación gratuita (las ideas vuelan y nos permiten imaginar escenarios magníficos), pero con la condición de que todas las universidades, para poder acreditarse y obtener recursos del estado, sean obligadas u orientadas a implementar competencias en sus diversas mallas curriculares, ¿no sería esto solo una renovación del sistema educacional?.

Las competencias, en forma muy general, tienen un énfasis profesionalizante , generador de habilidades específicas: competencias al servicio de la eficiencia y eficacia, competencias orientadas a fortalecer el sistema económico neoliberal, competencias orientadas a generar profesionales tecnicistas y no universitarios en su pensar, en conclusión, formar Recurso Humano capacitado y productivo.

Esta pequeña redacción, quiere invitarlos a pensar más allá de los mecanismos fiscalizadores y de financiamiento que se les demanda al estado, sino también estar atentos a que la crisis del sistema educacional universitario puede cambiar, pero no en el sentido del crecimiento humano, sino del crecimiento económico del pequeño sector de inversionistas.

La irresistible ascensión del lucro en el sistema Universitario Chileno. Por Osvaldo Fernández y Ricardo López

I. Breve historia del avance del lucro como tendencia en un sector de las universidades chilenas.

Vamos a hablar del lucro tal como éste ha venido desarrollándose y contaminando la educación superior chilena, y particularmente la universitaria, desde 1981. Antes de esa fecha el lucro no era un objetivo para la educación universitaria en Chile. Junto a las universidades Estatales públicas existían, ciertamente, instituciones privadas, pero su objetivo era más bien ideológico, y obedecían a sectores privados, por lo general católicos o masones preocupados por intervenir en esta función, desde los intereses culturales de estos sectores.

Es a partir de 1981, que uno de los objetivos principales de la dictadura, se comienza a cumplir y desde esa fecha se inicia lo que podríamos llamar, el desmantelamiento de todo el servicio público chileno. Como consecuencia se abandonan por parte del Estado las políticas públicas, tanto en el ámbito de la educación, como en el de la salud y también en la previsión. Surgen en el plano de la previsión las AFP; ellas lanzan los fondos de pensiones a los vaivenes del mercado y a la especulación; en el ámbito de la salud aparecen las Isapres, mientras que en el campo de la educación, se hace posible la existencia de universidades privadas de nuevo cuño, entre las cuales unas se orientaron claramente hacia el lucro, a pesar de que había una ley que lo impedía.

El zarpazo fue total en el terreno de la previsión y, en cierto modo mixto, en el plano de la salud, donde podemos decir que hubo una política de resguardo, por lo menos durante el gobierno de la presidenta Bachelet. En la educación el proceso fue más lento, pero hay que decir que la privatización y el sector que lucraba se fue ampliando y haciendo cada vez más competitivo.

Tal proceso tuvo como correlato la disminución programada y creciente del aporte fiscal a las UES estatales, que antes de 1981 era total. Esto que comienza durante la dictadura, se va a continuar a través de los gobiernos de la Concertación, llegando a la situación actual que, en lo que concierne a la U de Valparaíso, es apenas un 6% entre el aporte fiscal directo y el indirecto. Debido a que el Estado fue eliminando su aporte y responsabilidad respecto de la educación superior, proceso que se continuó en los primeros gobiernos de la Concertación, las propias universidades estatales comenzaron a vivir una tensión casi insostenible entre la presión del mercado, y su deber como institución de servicio público.

Gran parte de las universidades privadas se crean a fines de la década del 80, entre el triunfo del NO y la instalación del gobierno del presidente Aylwin. La premura de esta medida explica que para el sector político que apoyó la dictadora, en especial la UDI, este fuera un tema importante, que estuvo probablemente entre los puntos del pacto que dio inicio a la democracia cautelada que siguió a la dictadura.

Alrededor del año 2007, la crisis de varias universidades, como la Valparaíso y la UPLA, además de otras universidades del país, evidenciaron el desastre de esta política en las UES estatales que no eran negocios, que habían ido siendo privatizadas y que no podían serlo, plenamente amarradas como estaban a diversas trabas burocráticas administrativas.

II. ¿Cómo se lucra, o mejor dicho, cómo se logro burlar la ley que hablaba de universidades sin fines de lucro, y se lucró?

a)  Explotando a los profesores, profesores jóvenes o jubilados que trabajan por horas, sin previsión, sin salud, sin existencia “ciudadana” en las universidades. Condenados a un trabajo precario con “contratos” que establecen explícitamente que la relación es de carácter civil y no laboral

b)   A través de donaciones con las cuales se eluden impuestos. Los Yarur en la Universidad de los Andes. Lavín y Larroulet en la Universidad del Desarrollo.

c)   Estafando a los estudiantes, en especial a aquellos que no han podido entrar a las universidades principales por su bajo puntaje. Algunas universidades, como la de las Américas, se han especializado en este sector, y en ese sentido son comparables a la Polar. La suma de deserciones (por razones económicas) y fracasos académicos supera el 60% en promedio en estas universidades con fines de lucro.

d)   Estafando a la sociedad al ofrecer y dictar carreras que no aportan ningún valor agregado para el desarrollo de nuestro país.

e)    Disminuyendo la duración de las horas de clases, o las semanas de trabajo. Cobran lo mismo, pero pagan menos a los profesores, aprovechan mejor las instalaciones.

f)    Los aportes, inicialmente de familias, o de grupos ad hoc que se iban instalando para intervenir en este nuevo, creciente y próspero negocio, muy pronto comenzaron a ser reemplazados por los de consorcios extranjeros. La actividad pasó de esa manera a manos del capital financiero. Todos los argumentos que se dan en defensa del lucro olvidan este aspecto, entregando la versión idílica que siempre ha entregado el capital industrial. La presencia de los consorcios extranjeros, en más o menos el 10% del alumnado chileno. La Apolo, la Laureate y la Southern Cross. En la Andres Bello, la de las Américas, la Santo Tomás, la Uniac, la Viña del Mar, la del Mar (a la cual se trasladaron lo inversionistas que hasta 2008 eran dueños de la Polar).

g)   Recientemente la Comisión Nacional de Acreditación reacreditó por tres años a la Universidad de Viña del Mar. Al parecer no consideró como incumplimiento grave el hecho de que las horas lectivas en dicha universidad son hoy de 35 minutos. Esta reducción se ha implantado ya desde hace dos años y no ha existido una modificación acorde de los programas y contenidos. Los profesionales que egresan de la UVM tienen en promedio un 22% menos de horas de clases presenciales, y probablemente la suma de horas lectivas no alcanza a cumplir con los requisitos mínimos que exigen las carreras de pregrado para otorgar grado de licenciatura y títulos profesionales de pedagogía, ingeniería, etc.

De lo dicho se desprende que uno de los puntos decisivos de la contrapropuesta sea la instalación de un aporte basal progresivo que vaya a la reinstalación en  Chile de la educación pública y gratuita. Esto es exactamente lo contrario del lucro y una manera de erradicarlo definitivamente.

La educación superior y un gobierno de nuevo tipo. Por Ricardo López Erazo

El acuerdo de Tomé, declaraciones de diversos dirigentes concertacionistas , la convocatoria al 24° Congreso de los comunistas y de dirigentes del Juntos Podemos, así como de diversas organizaciones sociales, han puesto sobre la mesa la necesidad de discutir y lograr consensos en torno a una idea fuerza: lograr un gobierno de nuevo tipo.

En la retina puede quedar una imagen: el desalojo de la derecha del poder ejecutivo de ¡a república, pero resulta obvio que para las fuerzas más progresistas y democráticas no se puede tratar de una estrategia tipo Allamand, en la cual el desalojo fue sólo eso, un gobierno con nuevas caras para continuar administrando un mismo tipo de política, ¡a neoliberal. De lo que se trata es de impulsar un acuerdo que logre constituir un gobierno de nuevo tipo, y eso significa un gobierno que tenga la voluntad política, con el apoyo del pueblo, de proponer e implementar un nuevo programa de gobierno que cautele los intereses más caros de la sociedad chilena en su conjunto y, en particular, de los trabajadores y excluidos de las oportunidades del desarrollo de la nación.

Dicho lo anterior quisiéramos exponer un conjunto de medidas programáticas – para este gobierno de nuevo tipo- que aborden la cuestión de la Educación Superior en Chile.

El propósito es abrir un análisis y discusión, con todos los sectores que se manifiesten a favor de un gobierno de nuevo tipo, en torno a medidas programáticas respecto de la Educación Superior en nuestro país.

La primero que es necesario abordar es la dicotomía entre lo “positivo y lo normativo”: desde que Pinochet inició el desmantelamiento de la Educación Pública – casi 30 años-se nos ha bombardeado con la noción de que lo positivo (aquello que es) es lo único que debe ser considerado, la ortodoxia neoliberal nos impone no pensar, analizar, ni siquiera discutir en términos normativos, es decir en aquello que queremos que sea.

La dictadura, a partir del decreto de autofinanciamiento (1981) creó un aquello que es, la educación superior ya no es más pública y, si existe interés privado, e! Estado debe abstenerse de intervenir En resumen, la educación superior-en términos positivos- comenzó a ser privada.

El desmantelamiento de las Universidades Nacionales (Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado) reafirmó este dato objetivo y posibilitó ei desarrollo de lo que hoy tenemos: un mercado de la educación superior, abierto, sin restricciones éticas ni legales, para ejercer comercio con fines de lucro en esta actividad.

Las ideas que propondremos son sólo un punto de partida para iniciar una discusión abierta, participativa y democrática.

Primera Idea: Detener el crecimiento inorgánico del Sistema de Educación Superior hasta que nos demos una nueva institucionalidad en el sector.

Hoy tenemos un total de 177 de instituciones de Educación Superior, donde el 75% de las matrículas están copadas por instituciones privadas. Este crecimiento, obviamente, ha logrado una mayor cobertura, pero también, obviamente, ha significado un gran decrecimiento de la calidad.

Según el Instituto Libertad y Desarrollo – defensor de la educación privada- el 81% de las instituciones privadas están clasificados como de baja complejidad, es decir, de mala calidad.

Esta situación que se repite en países que han imitado el modelo chileno, como Perú, han obligado a que dichos gobiernos nieguen la posibilidad de entrada a nuevas instituciones, como una forma de frenar la pendiente negativa en la curva de calidad de la educación superior.

Proponemos no sólo detener el proceso de entrada de nuevas instituciones, sino también el de evitar el fenómeno de concentración privada que se viene observando en los últimos meses, en donde grupos económicos privados internacionales compran, sin restricción alguna, a instituciones privadas de este “mercado” (Grupo Lauréate, dueño de Universidad Andrés Bello, de la Universidad de Las Américas y recientemente de la Universidad de Viña del Mar)

Segunda Idea: Caminar hacia una nueva institucionalidad en la Educación Superior.

Esta idea está cruzada por varios aspectos y necesariamente tiene una dimensión en el tiempo.

Proponemos analizar la forma en que el Estado retome su papel de Estado Docente, es decir de garante y asegurador de una educación de calidad y disponible para todos los jóvenes de Chile, independiente de su condición socioeconómica.

En primer lugar se trata de derribar uno de ¡os enclaves autoritarios de Pinochet y terminar con la política de autofinanciamiento de las Universidades Públicas.

Educación Superior Pública:

En una primera etapa, proponemos crear tres áreas de funcionamiento de las instituciones de educación superior: una primera – y con trato preferencial – el del área pública, en la cual el Estado disponga de un presupuesto tal que  asegure   el ingreso y la calidad a los jóvenes que ingresen en este sistema.

Este sistema público de educación superior debe ser fortalecido, no sólo en términos de recursos sino también en términos de institucionalidad, y por ello sometemos a discusión la posibilidad de renacionalizar la educación superior reconstituyendo fas universidades nacionales: Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado y renacionalizando el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) para que se constituya en el eje público de la formación técnica superior.

Un sistema público como el que proponemos debe dar cuenta de necesidades específicas del desarrollo del país, no sólo en términos de calidad sino también en términos de pertinencia.

Sólo un sistema público considerará en sus proyectos las externalidades positivas y negativas que la actividad de educación genera sobre el conjunto de la sociedad.

Las externalidades positivas, como la menor cantidad de cesantes ilustrados, los menores índices de drogadicción y delincuencia, el mayor involucramiento de jóvenes y docentes en áreas de interés para el país, tienen un costo para ¡a sociedad en su conjunto: es necesario – como dicen los economistas – asignar precios “sombra” a estas externalidades para una correcta evaluación de los proyectos que la sociedad financie en este sistema público.

Del mismo modo, las externalidades negativas que los privados no consideran en su evaluación de rentabilidad, deben tener asignados “costos sombra” : la apatía, el no compromiso, la no pertinencia, la falta de ética y profesionalismo, entre otras.

Un sistema público como el que proponemos debe prestar especial atención a la dotación de competencias en la formación de personas críticas, por ello la formación temprana en investigación es una actividad ineludible de este sistema.

La innovación, cuestión por todos considerada ineludible para el desarrollo de un país, se inicia con la formación de profesionales críticos, abiertos y sólo la formación en investigación nos dotará de una reserva de creadores, en caso contrario deberemos seguir vendiendo materias primas y comprando ideas y tecnología.

El sistema público de educación superior deberá considerar, por sobre todo, los intereses nacionales, de nuestra sociedad en su conjunto, y por elfo debiera incorporar en el análisis y decisiones a todos los actores involucrados, que podríamos llamar “partes interesadas”, es decir, la comunidad universitaria, las familias, los empresarios, los formadores de opinión, los creadores de conocimiento, el Estado.

El actual sistema, y que el nuevo gobierno pretende consolidar, sólo considera los intereses de los inversionistas en educación.

Educación Superior Privada-Pública:

Esta área, conformada por Universidades tradicionales dé carácter privado pero que han jugado y juegan un gran rol en el desarrollo de la educación superior en Chile, es necesaria para dar una mirada crítica al desenvolvimiento de las universidades del sistema público.

En efecto, que el sistema público tenga una contraparte para evaluarse es muy necesario, dada la velocidad de los cambios tecnológicos y del saber humano en distintas áreas. Las Universidades Católicas, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Concepción, entre otras, han prestado un gran aporte al desarrollo  del  sistema universitario en todas sus funciones: docencia, investigación y extensión, y deben seguir prestándolo. Por ello ésta área de la Educación Superior debe tener financiamiento del Estado y será necesario desarrollar una política y protocolo de financiamiento a este tipo de instituciones. En relación con el área de formación técnica superior el DUOC puede jugar perfectamente el rol de contraparte y evaluación del trabajo de INACAP en esta función.

Educación Superior Privada:

La educación superior privada debe ser despojada de la hipócrita declaración de actividad sin fines de lucro.

Todos sabemos que las universidades privadas intentan el lucro, que no se trata de una actividad ajena a las variables del mercado. Que estas universidades crean sociedades ad-hoc para recibir los frutos del lucro, llámense inmobiliarias u otras.

Este sector no debiera recibir ningún apoyo ni subsidio del Estado, por el contrario, como se trata de una actividad que afecta a la fe pública, deberían pagar un impuesto que garantice el cumplimiento de lo que están ofreciendo a nuestros jóvenes.

Este sector de la educación superior debería estar fuertemente controlado y supervisado por el Estado,-sobre todo en relación a aquellas carreras que influyen estratégicamente en el desarrollo del país: pedagogías, medicina, ingenierías, entre otras.

Investigación universitaria: Su incidencia histórica en la calidad del sistema universitario. Por Gustavo Quintana

Hace casi 100 años Ortega y Gasset al definir las misiones de la universidad, junto con resaltar la “misión irrenunciable de ella en la formación de buenos profesionales y hombres cultos”, agrega con insistencia que la universidad es esto, pero no sólo esto, sino que es, además, creación de nuevo conocimiento, sin lo cual la universidad se anquilosa y muere… Al plantear la creación de nuevo conocimiento y la investigación como funciones sin las cuales la universidad decae y muere, lo que Ortega y Gasset hace implícita y explícitamente es definir esta función como el alma y la dignidad de la universidad.

La concepción del profesional como un hombre culto implica, además, que no lo visualiza como un tecnócrata formado sólo para aplicar determinados conocimientos, casi en forma rutinaria, sino como un hombre con un conocimiento mucho más amplio sobre la naturaleza y la sociedad, lo que le permite tener una visión crítica sobre ella y ser creativo en el ejercicio de su profesión.

Con diferentes matices esta concepción de la universidad continúa siendo valida hasta el día de hoy y podemos encontrarla presente en diferentes momentos de la historia universitaria chilena.

Al plantearse la relación entre docencia e investigación en la formación de pregrado de profesionales universitarios, el profesor, investigador y notable fisiólogo Alejandro Lipschütz expresa que “la enseñanza universitaria profesional (pregrado) no consiste en dictar tan solo las clases para exponer las conclusiones a la cual ha llegado la ciencia en el campo respectivo y en enseñar como se aplican estas conclusiones para poder curar enfermos, construir puentes, cancelar pleitos y enseñar a los niños. La enseñanza universitaria es hoy en día mucho más compleja. No se trata de exponer doctrinas, sino que se trata de hacer vivir a los jóvenes, en la universidad, la vida de la ciencia misma’ (La organización de la universidad y la investigación científica- Eds. Nascimiento, Chile, 1943).

A comienzos de este milenio Pilar Armanet, responsable de la C.S.E., responde a la pregunta de si no encuentra que 60 universidades son demasiadas (revista QUE PASA, Diciembre 2002) de la siguiente manera: “La pregunta que yo me haría no es si se justifica que haya 60 universidades, porque la verdad es que no son todas universidades” “Una Universidad, como tal, tiene que hacer investigación” y “las universidades que son docentes obedecen a otros criterios”.

Los momentos de mayor desarrollo del sistema universitario, donde alcanza su máxima calidad (1973) y los del comienzo de su declinación (1981 y los D.F.L., de ese año) están ligados al impulso dado al desarrollo de la investigación o al freno brutal de esta función que caracteriza los últimos 28 años.

Así, entre los años 1960 y 1973, los planteamientos esbozados anteriormente continuaron desarrollándose, y, a juicio de Conicyt (Proposiciones para el desarrollo científico y tecnológico de Chile (14/06/1995), “durante los años 60 y comienzos de los años 70 el Estado de Chile realiza un esfuerzo fundacional para desarrollar las capacidades científicas y tecnológicas de! país”. Con esto se refiere al proceso, ya insinuado en los años 50 y desarrollado con mucho más fuerza en los años 60 y comienzos de los 70, para rescatar el valor de la investigación en el quehacer universitario chileno, como respuesta ineludible ante el estancamiento creciente de las universidades chilenas, incapaces de comprender el desarrollo acelerado del conocimiento y del pensamiento crítico en el resto del mundo.

La calidad de la producción científica y de la potencialidad alcanzada por los investigadores hasta 1973 puede inferirse, indirectamente, de los indicadores científicos y tecnológicos (1998-1999) de Conicyt. Allí se constata que los resultados de la producción científica chilena en 1981 pueden evaluarse en 4,54 artículos por 100.000 habitantes, la cifra más alta de Latinoamérica., a pesar de la razzia universitaria de los años 1973 a 1975 (50% de los académicos exonerados) y de la concentración de la investigación en áreas reducidas (81%’ de las publicaciones aparecen en las áreas de la Biología, las Ciencias Médicas y la Química, desapareciendo del quehacer universitario la mayor parte de la producción en Matemáticas, Física, Historia, Filosofía, Literatura y Artes (M. Krauskopf -La investigación universitaria en Chile- CPU-1992). Esta producción corresponde naturalmente a los investigadores surgidos de los procesos anteriores a 1973 y que sobrevivieron a la ola de exoneraciones.

Si el daño producido por la exoneración de académicos, por los DFL de 1981 y por la ley de acreditación de la calidad es enorme, lo es aún más la ausencia de una política coherente para superar este daño, evidencia de la falta de voluntad política para enfrentar seriamente el problema.

La importancia de la investigación en la calidad del sistema universitario se hace patente, por una parte, por la estrecha relación entre la caída de la calidad de ésta (que ya nadie discute), la disminución del número de investigadores en ejercicio y por la reducción de los recursos destinados a la investigación universitaria.

En la desaparición sostenida de investigadores por exoneraciones, envejecimiento y ausencia de política de recambio y de reimpulso de la investigación hay cinco referencias ilustrativas:

  • – Marta Bories, en comunicación personal al Consejo de Rectores informa que en el período 1985-1990 Chile forma sólo 19 doctores por año en el país y unos 2 en el extranjero.
  • – En 1993 Francisco Saavedra y otros (“Slze and Ageing of the scientific community in Chile” – Scientometrics, 1993) manifiesta con preocupación que la fracción de investigadores mayores*de 40 años creció de 34,7% en 1982-1983 a 61,9% en 1991-1992.
  • – Jorge Allende, premio nacional de ciencias plantea en 1991 (“Los post-grados en Chile: limitaciones y perspectivas”) que “una meta razonable en el área de los doctorados sería la formación de aproximadamente 150 doctores por año, para sustituir a aquellos que jubilarían anualmente a partir del año 2000”.
  • – Mario Letelier, en 1992 estima, por su parte, (Los estudios de postgrado y el desarrollo universitario en Chile) que el ritmo de formación de doctores debiera ser de 500 por año para que, en las condiciones de 1992, se reemplazara por doctores a todos los académicos del sistema universitario que lo abandonarán.
  • – Finalmente, Eric Goles manifiesta en 1999 (Seminario “La universidad piensa a Chile”), que “en cuanto a la importante tarea de formación de investigadores jóvenes, de jóvenes dedicados a la ciencia básica o ciencias de la ingeniería, el año 1997, tuvimos, a nivel de doctorado, alrededor de 50 y, evidentemente, con eso no llegamos a ninguna parte”.

La repercusión de este desinterés político por parte del Estado en la investigación universitaria ha llevado incluso a organismos monetarios internacionales (B.M. y OCDE) y algunos economistas liberales a señalar su inquietud ante la contradicción insuperable que se desarrolla entre los objetivos confesados por el Estado chileno, de salir del subdesarrollo, y las políticas neoliberales aplicadas (con toda su ortodoxia) al sistema de educación.

Es ante este hecho que el B.M. en Enero de 1998 plantea que el sistema chileno es perverso, inequitativo, vulnerable y peligroso; que el número de científicos activos no alcanza al 50% de los necesarios para el desarrollo del país y que el sistema gradúa solo unos 50 doctores por año, cifra por debajo del promedio de los países de A. L. Consecuentemente con esto, sólo el 12,4% de los académicos posee grado de doctor, cifra muy inferior al promedio de los países más desarrollados.

¿Cómo se llegó a esta deplorable situación? ¿Cuál es el camino para que el sistema universitario alcance un nivel de calidad a la par con el desarrollo que ha alcanzado la cultura, el conocimiento y el pensamiento en el resto del mundo?

Las claves, para entender el paso abrupto de un sistema universitario de calidad, en claro desarrollo, a uno en plena decadencia, están en el paso de la estructura de! sistema universitario existente hasta 1973, al modelo neoliberal producto de los DFL de 1981.

El anexo 1 de los DFL de 1981 explica las razones por las cuales es indispensable una nueva legislación universitaria. Sintetizando éstas encontramos:

.- Un cuestionamiento al financiamiento de las universidades públicas y privadas existentes, por parte del Estado, y a la autonomía (autonomía financiera, entre ellas) con que desarrollan su quehacer académico y se integran a su misión social, planteando que esto sólo es fuente de mediocridad académica al desaparecer el incentivo de competir por los recursos. Este cuestionamiento se traduce, a través del DFL N° 4 de 1981, en la reducción gradual del aporte estatal a las universidades, el que llega hoy en día a un porcentaje bajísimo del presupuesto de las universidades del consejo de rectores.

Finalmente cabe señalar las dos preocupaciones centrales de la nueva legislación, que son:

-Asegurar la libertad de enseñanza y el derecho de los interesados en crear nuevas universidades, sin ninguna regulación, única manera de incentivar la competencia y de elevar la calidad académica, eliminando todos los espacios democráticos.

El balance de 28 años de aplicación del modelo neoliberal, con pequeños retoques (LOCE, LGE), analizado a la luz de los últimos datos entregados por la Comisión Nacional de Acreditación, demuestran que la calidad reside aun en 6 de las 8 universidades existentes en 1973 (U. Chile, U. Católica de Chile, U. Católica de Valparaíso, U. de Concepción, U. de Santiago y U. Austral) más la U. de la Frontera, derivada de las universidades estatales de 1973, las únicas acreditadas en todas sus áreas, y que aparte de ellas sólo otras 5 universidades del Consejo de Rectores (U. Antofagasta, U. Tarapacá, U. de Valparaíso, U. F. Santa María y U. Bío Bío), más la universidad A. Bello, lograron ser acreditadas también por investigación.

Finalmente, se hace evidente que el cambio en la calidad del sistema universitario no está en continuar tropezando en la misma piedra (el sistema neoliberal, la educación privada, y el mercado como regulador), sino en devolver a la investigación su papel dinamizador de calidad de los años 60 e inicios de los 70.

Considerando que la investigación y la creación son una necesidad de la sociedad para asegurar su desarrollo económico y cultural (ideológico, artístico, científico, tecnológico…), pero que también lo son de la universidad, para asegurar la calidad de los profesionales universitarios que forma y de los cuadros que serán el relevo de los investigadores de hoy día, es preciso que, junto con aumentar el presupuesto en investigación (que no puede ser inferior a un 3% del P.I.B.), la universidad deba disponer de suficientes recursos que aseguren la cobertura de todas las disciplinas, asegurar la calidad de ella (concursando nacionalmente a una parte importante de los recursos de investigación del país) y la transmisión del-espíritu creativo, asociado a la investigación, al conjunto de los estudiantes, ya sea por el conocimiento de los resultados de los proyectos que se desarrollen o por la participación de ellos en partes de los proyectos mismos. Nada es más contraproducente que, en su interior, el objeto de la investigación y el conocimiento de sus resultados sólo sea un asunto entre el investigador y quien asigna los recursos.

Además de ello, y en el espíritu de toda la descentralización que sea posible y toda la centralización que sea necesaria, es aconsejable que cada universidad maneje y asigne autónomamente alguna cantidad de recursos orientados a la formación de nuevos investigadores, financiando sus primeros proyectos u otorgando algunas becas de postgrado.

Sólo una vez reconsolidada la investigación universitaria debieran crearse estructuras de investigación independientes de las universidades, de acuerdo a las necesidades de desarrollo del país, sean ellas privadas o estatales.

¿Qué hacer con esas casi 40 universidades que en verdad no son universidades?

No debe olvidarse que el sistema de educación superior no sólo está compuesto por universidades y que los Institutos Profesionales y los C.F.T. son posibilidades de reconversión.