Sobre el caso CAVAL. Jorge González Guzmán

No puedo negar que me sorprendió enormemente el escándalo que se armó con el llamado “caso CAVAL”. Y me sorprendió, porque ese tipo de especulaciones inmobiliarias es pan de cada día, además de ser completamente legal. A lo largo y ancho del país se compra y se vende, según la oferta y la demanda, terrenos particulares. Las ganancias pueden ser pocas o muchas, incluso puede haber pérdidas, cuando el que hace el negocio es poco diestro en prever los precios respectivos. Se trata de negocios propios y típicos del sistema en que nos encontramos, el sistema neoliberal. El que Sebastián Dávalos sea el marido de una socia de la empresa que hizo el negocio (CAVAL), no lo hace ni más ni menos aceptable: el negocio se hizo estrictamente dentro del marco de nuestro sistema económico. Si en este caso algo es feo, no es el actuar particular de Dávalos, sino el sistema que dio el espacio para hacerlo. No deja de ser curioso el que precisamente quienes defienden y promueven este sistema sean los que rasguen vestiduras y se escandalicen porque alguien haga uso de él. Se ha dicho que lo malo en este negocio es que la empresa CAVAL ha hecho uso de información privilegiada, tráfico de influencias y, ahora incluso, estafa. Pero la realidad parece ser otra: información privilegiada no la hay de ningún modo, pues era de público conocimiento el proyecto de cambio de suelo en la zona de Machalí , de rural a urbano, con la consiguiente alza en los precios respectivos. Ahí es el sistema el que abre las puertas a la especulación. Además, hay que tomar en cuenta que los alcaldes de Machalí y Rancagua son militantes de la UDI, que el síndico que licitó los predios es Herman Chadwick (hijo) y que los antecedentes de la venta eran por concurso público. Tráfico de influencias no existe, pues Dávalos no era funcionario público al momento de pactarse el negocio. Además, él no era socio de la empresa sino su esposa, con la cual tiene separación de bienes. Que haya acompañado a su esposa en la entrevista con Luksic es natural, y que Luksic haya aprobado el préstamo también lo es: los préstamos bancarios se hacen en relación a la confianza que tiene el que otorga el préstamo de que el que lo recibe cumplirá con el pago respectivo. En todo caso eso es responsabilidad de Luksic, que se arriesgó y sacó de hecho una tajada en intereses de 500 millones, además de los intereses que recibió por el préstamo que le hizo a Hugo Silva, que fue quien compró a CAVAL los terrenos. Es decir, el Banco Chile prestó a CAVAL para comprar el terreno y a Silva para que CAVAL pudiese venderlo: ganancia especulativa por lado y lado. Finalmente, CAVAL ha sido acusado de estafa por el mismo empresario, Hugo Silva, ante la posibilidad de que el terreno no cambie su uso, al menos a corto plazo, como si la decisión al respecto fuese de una empresa privada, al margen de la institucionalidad.

mapa-caval

¿Hay algo feo en todo este negocio? ¡por supuesto que si! Pero lo feo es la estructura económica en que nos encontramos, donde el sistema financiero hace sus negocios velando solo por su interés y no en el interés del país. Nuestro sistema promueve y elogia el emprendimiento, sin importarle el tipo de emprendimiento: una empresa es una buena empresa si acaso obtiene utilidades. El cómo las obtiene no interesa, salvo en casos muy excepcionales, como cuando las obtiene traficando drogas o seres humanos. En otras palabras, las restricciones son pocas y los resquicios son muchos.

Se ha opinado sobre el hecho que sea un hijo de la presidenta (más precisamente su nuera) quien ha haya hecho uso de las posibilidades de nuestro sistema económico para obtener ganancias, lo que sería un revés irreversible para el gobierno. No me parece. Pronto la atención estará puesta en las nuevas reformas sobre educación: des-municipalización, carrera docente, educación superior. Sin duda entonces la gritería se centrará allí y el Tribunal Constitucional tendrá un montón de trabajo: la derecha no se va a conformar con su derrota y acudirá al Tribunal, con los más peregrinos argumentos, tal como los que ya ha presentado sobre la Ley de Inclusión ya aprobada por el Parlamento.

Anuncios

La irresistible ascensión del lucro en el sistema Universitario Chileno. Por Osvaldo Fernández y Ricardo López

I. Breve historia del avance del lucro como tendencia en un sector de las universidades chilenas.

Vamos a hablar del lucro tal como éste ha venido desarrollándose y contaminando la educación superior chilena, y particularmente la universitaria, desde 1981. Antes de esa fecha el lucro no era un objetivo para la educación universitaria en Chile. Junto a las universidades Estatales públicas existían, ciertamente, instituciones privadas, pero su objetivo era más bien ideológico, y obedecían a sectores privados, por lo general católicos o masones preocupados por intervenir en esta función, desde los intereses culturales de estos sectores.

Es a partir de 1981, que uno de los objetivos principales de la dictadura, se comienza a cumplir y desde esa fecha se inicia lo que podríamos llamar, el desmantelamiento de todo el servicio público chileno. Como consecuencia se abandonan por parte del Estado las políticas públicas, tanto en el ámbito de la educación, como en el de la salud y también en la previsión. Surgen en el plano de la previsión las AFP; ellas lanzan los fondos de pensiones a los vaivenes del mercado y a la especulación; en el ámbito de la salud aparecen las Isapres, mientras que en el campo de la educación, se hace posible la existencia de universidades privadas de nuevo cuño, entre las cuales unas se orientaron claramente hacia el lucro, a pesar de que había una ley que lo impedía.

El zarpazo fue total en el terreno de la previsión y, en cierto modo mixto, en el plano de la salud, donde podemos decir que hubo una política de resguardo, por lo menos durante el gobierno de la presidenta Bachelet. En la educación el proceso fue más lento, pero hay que decir que la privatización y el sector que lucraba se fue ampliando y haciendo cada vez más competitivo.

Tal proceso tuvo como correlato la disminución programada y creciente del aporte fiscal a las UES estatales, que antes de 1981 era total. Esto que comienza durante la dictadura, se va a continuar a través de los gobiernos de la Concertación, llegando a la situación actual que, en lo que concierne a la U de Valparaíso, es apenas un 6% entre el aporte fiscal directo y el indirecto. Debido a que el Estado fue eliminando su aporte y responsabilidad respecto de la educación superior, proceso que se continuó en los primeros gobiernos de la Concertación, las propias universidades estatales comenzaron a vivir una tensión casi insostenible entre la presión del mercado, y su deber como institución de servicio público.

Gran parte de las universidades privadas se crean a fines de la década del 80, entre el triunfo del NO y la instalación del gobierno del presidente Aylwin. La premura de esta medida explica que para el sector político que apoyó la dictadora, en especial la UDI, este fuera un tema importante, que estuvo probablemente entre los puntos del pacto que dio inicio a la democracia cautelada que siguió a la dictadura.

Alrededor del año 2007, la crisis de varias universidades, como la Valparaíso y la UPLA, además de otras universidades del país, evidenciaron el desastre de esta política en las UES estatales que no eran negocios, que habían ido siendo privatizadas y que no podían serlo, plenamente amarradas como estaban a diversas trabas burocráticas administrativas.

II. ¿Cómo se lucra, o mejor dicho, cómo se logro burlar la ley que hablaba de universidades sin fines de lucro, y se lucró?

a)  Explotando a los profesores, profesores jóvenes o jubilados que trabajan por horas, sin previsión, sin salud, sin existencia “ciudadana” en las universidades. Condenados a un trabajo precario con “contratos” que establecen explícitamente que la relación es de carácter civil y no laboral

b)   A través de donaciones con las cuales se eluden impuestos. Los Yarur en la Universidad de los Andes. Lavín y Larroulet en la Universidad del Desarrollo.

c)   Estafando a los estudiantes, en especial a aquellos que no han podido entrar a las universidades principales por su bajo puntaje. Algunas universidades, como la de las Américas, se han especializado en este sector, y en ese sentido son comparables a la Polar. La suma de deserciones (por razones económicas) y fracasos académicos supera el 60% en promedio en estas universidades con fines de lucro.

d)   Estafando a la sociedad al ofrecer y dictar carreras que no aportan ningún valor agregado para el desarrollo de nuestro país.

e)    Disminuyendo la duración de las horas de clases, o las semanas de trabajo. Cobran lo mismo, pero pagan menos a los profesores, aprovechan mejor las instalaciones.

f)    Los aportes, inicialmente de familias, o de grupos ad hoc que se iban instalando para intervenir en este nuevo, creciente y próspero negocio, muy pronto comenzaron a ser reemplazados por los de consorcios extranjeros. La actividad pasó de esa manera a manos del capital financiero. Todos los argumentos que se dan en defensa del lucro olvidan este aspecto, entregando la versión idílica que siempre ha entregado el capital industrial. La presencia de los consorcios extranjeros, en más o menos el 10% del alumnado chileno. La Apolo, la Laureate y la Southern Cross. En la Andres Bello, la de las Américas, la Santo Tomás, la Uniac, la Viña del Mar, la del Mar (a la cual se trasladaron lo inversionistas que hasta 2008 eran dueños de la Polar).

g)   Recientemente la Comisión Nacional de Acreditación reacreditó por tres años a la Universidad de Viña del Mar. Al parecer no consideró como incumplimiento grave el hecho de que las horas lectivas en dicha universidad son hoy de 35 minutos. Esta reducción se ha implantado ya desde hace dos años y no ha existido una modificación acorde de los programas y contenidos. Los profesionales que egresan de la UVM tienen en promedio un 22% menos de horas de clases presenciales, y probablemente la suma de horas lectivas no alcanza a cumplir con los requisitos mínimos que exigen las carreras de pregrado para otorgar grado de licenciatura y títulos profesionales de pedagogía, ingeniería, etc.

De lo dicho se desprende que uno de los puntos decisivos de la contrapropuesta sea la instalación de un aporte basal progresivo que vaya a la reinstalación en  Chile de la educación pública y gratuita. Esto es exactamente lo contrario del lucro y una manera de erradicarlo definitivamente.

Reflexiones e interrogantes en torno a la L.G.E. Por Gustavo Quintana M.

La alineación casi unánime de la Cámara de Diputados en la aprobación de la LGE, obliga a plantearse muchas interrogantes y reflexiones.

Esta ley ¿modifica sustancialmente el modelo neoliberal de educación aplicado por casi 30 años? ¿Asegura calidad y equidad?

La respuesta es no, pues prevalece la libertad de enseñanza por sobre la  educación pública  (ni siquiera se la menciona), se legitima el lucro y  se mantiene el artículo 2 de la Constitución (amarre de a LOCE).Todos estos elementos reafirman el carácter discriminatorio del sistema, un ingreso a la educación superior como privilegio sólo de los sectores de mayores ingresos (Casen 2000.) y la calidad reservada para una elite dentro de la elite ¿Qué calidad ni qué equidad puede asegurar el Estado cuando ha transferido a los padres los deberes y obligaciones que le competían? ¿Cómo pueden los padres ejercer el derecho de elegir el establecimiento de enseñanza para sus hijos (Articulo 8. ) si la inmensa mayoría de ellos no dispondrá jamás de los 30 a 60 millones de pesos por hijo, necesarios para asegurar que estos puedan financiar sus estudios, desde la parvularia hasta egresar de una universidad de calidad? ¿Qué calidad puede entregar un sistema que, después de casi 30 años, es responsable de que la Filosofía y la Historia se hayan convertido en forados en la conciencia de los chilenos, que las ciencias sean optativas en la Enseñanza media y que el retroceso en el manejo de la lengua materna afecte peligrosamente nuestra identidad cultural (sólo el 2% tiene un total manejo de ella y en un 80% de la población existe analfabetismo funcional, 30% de ellos son estudiantes universitarios)? ¿Qué utilidad para el desarrollo del país tiene el sistema, reafirmado por la LGE, si no forma los profesionales y científicos necesarios para este objetivo?

La opinión de la comunidad científica y estudios del MINEDUC y el BM (1998-1999)detectan insuficiencias e incongruencias graves, como destinar sólo 1/3 de los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación y la formación de investigadores, y desatender a las universidades del Consejo de Rectores (en particular las públicas) que desarrollan más del 90% de la investigación universitaria (entre el 75 % y el 80% del total de la investigación en Chile).

¿Cómo podemos avanzar eficientemente en el camino por superar el subdesarrollo si, como lo han detectado los organismos antes mencionados, el número de investigadores en ejercicio no alcanza ni a la mitad de los requeridos por el grado de desarrollo actual, el ritmo de formación de postgraduados está por debajo del de los principales países de América Latina (a años luz de países más pequeños, y con menos riquezas naturales y habitantes que Chile –Holanda, Suecia, Finlandia, etc.-) y si, además, el nivel de los técnicos y profesionales que se forman en Chile está por debajo de los estándares internacionales.

El fracaso de la educación ¿es sólo un problema de gestión y de incomprensión de un modelo educativo que correspondería mejor a los tiempos actuales? Si examinamos someramente cómo organiza un grupo relevante de países su educación (muestra de 40 países –de Latinoamérica y de la OMCD-) y las recomendaciones de la UNESCO para avanzar en la equidad, constatamos, con sorpresa para algunos, que el problema en realidad es un problema del modelo educacional.

UNESCO recomienda sistemas públicos de educación como única forma de asegurar el acceso a la educación de calidad a todos los niños y jóvenes. En un comunicado reciente plantea: “La educación pública o financiada con fondos públicos es la única que puede asegurar el derecho a una educación sin exclusiones, sin perjuicio que existan otras opciones para que los padres puedan ejercer el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos“; “Concebir la educación como un derecho y no como un mero servicio o una mercancía exige un rol garante del Estado para asegurar una educación obligatoria, gratuita y de calidad a todos los ciudadanos, pues los derechos no se compran ni se transan.

Los países de la OMCD, por su parte (BM 1999), financian en promedio un 76% de la educación superior y un 86% de la educación básica y media. Estos países estructuran la matrícula de la educación superior según las necesidades reales y los planes de desarrollo a mediano y largo plazo (culturales, artísticos, científicos, técnicos, y económicos) obteniendo una distribución piramidal de ella. Esto junto a un control riguroso por parte del Estado de la utilización de los recursos públicos (gastos, calidad y rendimiento) permite resultados óptimos y una educación de calidad a la que todos tienen acceso, siendo en muchos países gratuita.

¿Por qué países campeones de la globalización y pilares del desarrollo capitalista tienen una conducta estatista en educación? En primer lugar, tanto en estos países como en la mayor parte de América Latina la educación es un derecho fundamental y no una mercancía y sus habitantes lo defienden cada vez que este derecho es cuestionado. Además, entre el sistema público de educación y el desarrollo del capitalismo no aparecen, hasta ahora, antagonismos que impidan su cohabitación, y por el contrario, ofrece ventajas que un sistema como el chileno no podría proporcionar. A saber, un desarrollo cultural amplio (cuestión no desligada de un desarrollo económico creativo y con grados de independencia) y el acceso de todos los jóvenes a una educación de calidad, lo que permite un universo mayor para seleccionar talentos.

Cuba, que encabeza en Latinoamérica una educación de calidad para todos los jóvenes y niños, con un sistema político totalmente diferente, estructura su educación, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, en torno a un sistema público y gratuito.

¿Qué es lo que ha llevado a Chile a elegir un sistema neoliberal “fundamentalista” también en la educación y quiénes son los responsables –y beneficiarios- de su implantación y de su desarrollo? Chile no tiene plan de desarrollo nacional y ha confiado su crecimiento a los inversionistas privados chilenos y extranjeros. Dicho en términos muy simples, les ha entregado la explotación de la mayor parte de nuestras riquezas básicas y de los sectores más estratégicos de nuestra economía en condiciones extraordinariamente favorables para ellos, asegurando, además, mano de obra barata (nueva ley minera, modificación del código del trabajo, privatizaciones…), asumiendo    así    una posición de gran dependencia y muy vulnerable frente a las grandes crisis del sistema capitalista mundial. Las principales fuerzas políticas de Chile son fieles a un neoliberalismo ortodoxo (mercados auto-correctores, que serían distribuidores eficaces de los recursos, servidores del interés general…) y no previeron antes ni asumen hoy en día el fracaso de su política ni la profundidad de la crisis actual (financiera, energética y de alimentos). Consecuente con lo anterior, consideran suficiente el modelo educacional heredado de Pinochet y continúan impulsándolo, como queda en claro con la aprobación de la LGE, que constituye un parche más, donde lo que se necesita es un modelo nuevo, Entre quienes presionan por la mantención del modelo se encuentran además quienes en este largo período han desarrollado intereses personales y/o ideológicos.

¿Cuáles son los grados de responsabilidad? Desde luego, el fundamental lo tiene el gobierno de Pinochet y sus partidarios, que continúan defendiéndolo hoy en día desde la oposición. A partir de los DFL de 1981, y con el amarre que significó la LOCE, son sus creadores.

La Concertación por su parte ha actuado, a partir de 1990, como administrador eficaz del modelo neoliberal, al considerar que era sano y perfectible. En lo esencial, en este largo período su acción se ha traducido principalmente en el debilitamiento del sistema público y en la destrucción de la educación como bien social y motor en muchos aspectos del desarrollo del país . Un ejemplo dramático de la aplicación de esta política es el deterioro del Instituto Nacional, del que egresaban hace solo unos cinco años los mejores estudiantes de cada promoción. y que hoy pasa por una crisis profunda al haber sido asfixiado económicamente. Ninguna retórica puede graficar tan exactamente la catástrofe de la educación municipal como el derrumbe material del Liceo de Aplicación, otro de los otrora liceos “emblemáticos”.

En relación a la educación superior, el estado también ha priorizado la educación privada, y el progresivo respaldo a las nuevas universidades privadas se puede resumir en las siguientes etapas:

-Los DFL de 1981 y la autorización para la creación de nuevas universidades privadas;

-La permisividad del estado en el incremento de la matrícula y el aumento año a año de los aranceles por encima del crecimiento de los salarios, del IPC y del PIB (ECO-CONSULT). Este aumento de la matrícula ha sido de tal magnitud que ha llegado a invertir la pirámide normal de matrícula chilena (FONDECYT 1951151 y 1010850) en detrimento de los estudiantes y en beneficio de los propietarios de las universidades;

-La complicidad del estado en el deterioro en la calidad de los estudios universitarios al aprobar la ley de acreditación de la calidad (paradojas del lenguaje) que legitima las universidades,docentes, (pseudo universidades), al plantear como optativo el desarrollo de la investigación en ellas, única forma para que las nuevas “universidades” pudieran seguir ostentando el nombre de tales;

-La entrega directa de recursos a  estas universidades vía AFI (21% de sus estudiantes tienen AFI) y vía donaciones (a lo menos 50% de ellas con cargo al estado) que ha permitido, en los últimos 3 años, un aporte promedio anual de 3.500.millones de pesos contra sólo 1.300 millones que han recibido las universidades públicas, por el mismo concepto.

-La permisividad del estado al aceptar que estas universidades, creadas expresamente sin fines de lucro, se hayan transformado en negocios extraordinarios, como lo plantea la periodista M. O. Mönckeberg en sus libros “La privatización de las universidades“ y “El negocio de las universidades en Chile”. Allí se deja en claro que en torno a cada universidad privada se han formado verdaderos holdings para transferir a las empresas de ellos las ganancias de las universidades (todas de los mismos dueños).

Una veta interesante a investigar es el papel que juegan en estos holdings las inmobiliarias, tradicionales focos de corrupción en todos los países del mundo.

Los efectos del mercado en la educación superior (LOCE y LGE como reguladores) ha sido el quiebre del sistema universitario ,princi-palmente en dos grupos.

Por una parte el grupo de nuevas universidades privadas (30 a 35) , hijas legítimas del sistema neoliberal de educación cuya matrícula se aproxima al 50% del total  Este grupo, sin trayectoria universitaria conocida(salvo 1 o 2 ) han priorizado su acción en el autofinanciamiento con la particularidad que unas pocas entre ellas concentran además su acción  en objetivos ideológicos orientados a consolidar el sistema neoliberal y a preparar una elite de cuadros que controlen las posiciones de mayor influencia en la sociedad chilena. Estas universidades no son sino apéndices de grupos ideológicos muy cerrados (U. de los Andes y el Opus DeiU.Finis Terra y los legionarios de CristoU. Adolfo Ibañez y los intereses de un grupo de empresarios—Ibañez—-U. del  desarrollo y la  UDI) sin que este fenómeno este agotado pues se visualizan otros acuer-dos en la misma dirección (U. Diego Portales Expansiva)  encontrándonos en medio. de un proceso en la misma dirección  Salvo unas pocas ,principalmente las ya mencionadas, donde está presente una mayor calidad y donde la investigación  alcanza a un 4% de la investigación universitaria ,estas nuevas universidades se han limitado a ser “universidades docentes “ en las que priman las llamadas carreras profesionales de   “tiza y pizarrón” utilizan profesores a honorarios y aprovechan todos los subterfugios que la ley y la desregulación de este nuevo sistema les ofrecen para pasar del autofinanciamiento al  enriquecimiento.

El otro grupo lo constituyen las universidades del consejo de rectores (8 existentes ya en 1973 y 17 derivadas) más un  número muy reducido entre las nuevas universidades privadas (  U.Humanismo Cristiano, Arcis.)  que comparten algunos principios no mercantiles (el papel social de la universidad , universidad creadora de nuevo conocimiento , pluralista, la  necesidad de un sistema público de educación, el rechazo de las universidades docentes,…..) y donde las que pertenecen al Consejo de Rectores comparten además una experiencia, desde los años  40, de cohabitación y colaboración en torno a objetivos de interés nacional.

El estado ha actuado en relación a este grupo presionándo para  su privatización, política que es responsable  del fin de la  educación gratuita disminuyendo  abruptamente  los subsidios que recibían las ha obligado a transitar desde objetivos académicos y sociales hacia objetivos de autofinanciamiento  produciendo un deterioro importante a pesar de lo cual  constituyen aun, hoy en día ,el elemento más sano de la educación superior  y la única reserva cultural que cuenta el país  para enfrentar una crisis mayor . No hay que olvidar que si aun existe investigación en Chile es por que existe este grupo de universidades

Las crisis de las universidades de Valparaíso y Playa Ancha ,  son ejemplos claros  de esta orientación destructora  ,que está afectando ya a las universidades Públicas La universidad de Valparaíso ,superior en calidad a la inmensa mayoría de las nuevas universidades privadas y la Universidad de Playa Ancha  llamada a jugar un papel estratégico en la formación de los profesores ante la crisis que atraviesan, han recibido más ofertas de compra por parte de universidades privadas   que compromisos claros y explícitos por parte del estado

¿Hacia donde deriva este sistema?

El lucro y el nivel de enriquecimiento inusitado que alcanzan   las nuevas universidades privadas ilustra una de las razones de la defensa encarnizada del sistema y de la   LGE (sin modificaciones),por parte de la oposición .

El caso del  difunto señor Rocha y su  universidad Sto Tomas que al morir valía 80 millones de dólares  y había interesado a financistas de la talla de  Jurasek y el grupo Condor(16% de la universidad) , junto con su fortuna personal  que alcanzaba los 200 millones de dólares. muestra  las posibilidades de enriquecimiento que ofrece la educación  privada a comerciates audaces ,sin estudios relevantes ni trayectoria académica

La participación de ex ministros de  educación y hasta de la actual ministra en  corporaciones de sostenedores  , el cambalache de votos de acreditación por  posiciones y prebendas dentro de las universidades en vias de acreditar (U. De la Americas )  indi-can que la podredumbre se instala ya  hasta entre los llamados a controlarla..

La reinstalación  un sistema público de educación ,con recursos comparables con los que dispone la educación privada , que permita calidad y gratuidad se hace indispensable

Si esto no fuera posible , la corrupción continuaría extendiéndose  y el hecho, casi anecdótico, de que un connotado integrante de una de las mayores bandas de narcotraficantes de Chile sea también un sostenedor, no será un hecho aislado.

Editorial (CdE nº13)

En alrededor de 40 días más enfrentaremos otro de tantos dilemas que nos concierne de manera especial a las Universidades y a la Educación Terciaria, a saber, una Reforma a la Educación Superior. Aunque la vida universitaria demanda a gritos cambios en su forma de funcionamiento, gobierno y financiamiento que apunten a elevar la democratización de estas casas de estudio, esta reforma no guarda ninguna relación con esto, muy por el contrario, se trata de seguir los lineamientos dictados por la OCDE y el Banco Mundial en cuanto a sincronizar el quehacer universitario con el modelo económico vigente, vale decir, la Economía Neoliberal. Es así como, hace pocas semanas atrás, el jefe de la Educación Superior del MINEDUC, Juan José Ugarte, anunció la creación de dos entidades. Una que agrupe a las 177 instituciones que imparten educación terciaria, y otra que reúna las 60 universidades existentes en el país, 25 tradicionales y 35 privadas. Por supuesto que este proyecto no fue comunicado a las instituciones afectadas, y mucho menos discutido con la participación de éstas. Las reacciones no se hicieron esperar, y es así como el presidente Sebastián Piñera, al acudir a la entrega de la medalla Patrono de la Universidad de Chile, recibió la reprobación de parte de los estudiantes y del mismo rector, quién calificó de “poco sensatas y poco prudentes las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación”. A su vez, en su discurso, el rector Víctor Pérez rechazó de manera categórica la intención de homologar las universidades tradicionales con las privadas, indicando que las medidas bien podrían terminar por “profundizar la privatización y mercantilización del sistema universitario”.

Otra de las medidas de carácter manifiestamente neoliberal es la creación de un sistema único de créditos y becas, que estaría destinado a favorecer la demanda, es decir, los estudiantes recibirían el aporte económico para luego decidir en qué institución estudiar. Con esto, el Estado se desentendería de la regulación de la educación y de su financiamiento, dejando a las universidades la responsabilidad de adecuar su funcionamiento con el propósito de captar estos recursos económicos de manos de los potenciales estudiantes. Como consecuencia natural, el mercado estaría determinando el quehacer universitario, llegando a ser cada vez más funcional al modelo económico neoliberal.

En todo caso, el Presidente Piñera desmintió que la eventual reforma universitaria tuviera la intención de disminuir los recursos para las universidades públicas. El punto es que cada vez se hacen menos creíbles las promesas del presidente. Se han cumplido 100 días del gobierno de la derecha y las promesas de menor cesantía y de mayor crecimiento no sólo no se han cumplido sino que van en la trayectoria opuesta. A la cesantía estructural del sistema neoliberal es necesario agregar la cesantía política causada por los despidos masivos en el aparato del Estado, perpetrada por los ministros-empresarios del gobierno. Contra su promesa de campaña, entre otras, Pinera ha avalado el despido de miles de trabajadores del Estado, siendo más fuerte que el cumplimiento de su palabra, el dogma neoliberal de empequeñecer el Estado hasta su mínima expresión. Por otra parte, el último informe del Banco Central ha corregido a la baja la estimación de crecimiento de la economía chilena para este año 2010. Es necesario recordar que tanto el cumplimiento del programa de Piñera como el financiamiento de la reconstrucción se financiarán con cargo a sólidos crecimientos del PIB, por ello podemos esperar que muchas otras promesas no se cumplan y suframos durante cuatro años de este estilo de gobernar que, en estos poco más de 100 días de gobierno, hemos ¡do conociendo.

Por otra parte, Piñera ha desplegado un gran número de acciones conducentes a definirse como un político de centro. Para ello no escatima medios, juega a usar el lenguaje de la Concertación y retoma sus banderas, lo que incluso le trae conflictos con la UDI, el sector más duro de la alianza. Exhibe un populismo como el de Lavín, yéndose a dormir con los damnificados por el terremoto y las lluvias, y viendo partidos de fútbol públicamente en diversas ciudades del país. No obstante, hay una frontera que no pasa, la que va del dicho al hecho. Cuando las medidas propuestas llegan a la fase de su concreción, se diluyen en el tiempo y los montos, como está ocurriendo con los jubilados y la eliminación de la parte de sus sueldos que va a FONASA. Los prometidos seis meses de postnatal, que después de tantos anuncios contradictorios está quedando poco menos que en nada o casi peor que antes. Como ya hemos señalado, también los despidos inconsiderados de los empleados públicos, negados al principio por la propia presidencia, que ahora se han desatado. A esto se agrega un desorbitado afán por la privatización que en estos momentos amenaza a la salud.

Desde un comienzo Sebastián Piñera ha tratado de cortar el cordón umbilical que lo une a la dictadura. Comenzó declarando que había votado por el NO en el Plebiscito, y ha continuado haciendo gestos como los mencionados. La designación del ministerio mostró claramente este afán por demarcarse de la línea política dura de la UDI, aún plenamente pinochetista. Luego, vino la alocución sorpresiva del embajador de Argentina y el de su hermano José Pinera, mostrando que este cordón umbilical sigue intacto, y que el monstruo no ha muerto. Tan sólo dormita con un ojo semi abierto dispuesto a saltar en el momento menos pensado.

Esta mirada hacia el centro, más que a un coqueteo, obedece a una necesidad y a un peligro. Piñera quebró la fórmula consagrada que les permitía a los poderes fácticos, en especial a los empresariales, mantenerse al margen de los vaivenes políticos, eludiendo la contingencia, sacando las castañas con la mano de la Concertación. Ahora se han hecho cargo de todo, abarcando la totalidad de las esferas del poder. Pero, políticamente, quedaron más expuestos. El triunfo electoral fue apenas el desplazamiento de un puñado de electores. Las encuestas demuestran que no ha ido más allá la adhesión a este gobierno y que la desaprobación hacia éste aumenta. El temor que los urge y apura es que sólo son cuatro años, y que estos cuatro años pasen con mucha pena para el pueblo de Chile y sin gloria para el gobierno. Y entonces, como dijo Longueira, las pretensiones políticas de la derecha se amaguen por largo tiempo.

La herencia ideológica de la dictadura. Por Osvaldo Fernández Díaz

¿Nos pudimos liberar de la sombra de la noche con el triunfo del “no” en el plebiscito de 1989?  ¿Nos hemos liberado del lastre del “pinochetismo” con su muerte en impunidad? A medida que conocemos lo que ocurrió, sus trágicas consecuencias, y cuánto de su obra aplasta aun a Chile, nos vemos forzados a responder negativamente a estas preguntas. Desapareció el gato, pero quedó su siniestra sonrisa.  No se creyó cuando, a unos años de la dictadura, se dijo que en Chile no había todavía democracia. Cierto, comparadas las cosas, el régimen político que le sucedió era lo más parecido a una democracia. Pero, miradas las cosas desde otro plano, si bien con el término del régimen dictatorial se logró salir de la situación de una “democracia tutelada”,  o acuartelada, se pasó, sin embargo a soportar una verdadera tutela ideológica:  imposición de una hegemonía cultural que se había venido incubando durante aquellos diez y siete años de gobierno militar. Lejos de desaparecer o aminorarse, aquella imposición ha pasado ahora a instalarse plenamente, como la ideología dominante de Chile, desde los primeros gobiernos de la Concertación.

I

En los años cincuenta del siglo pasado el modelo de sustitución de exportaciones se hallaba agotado, y en el plano de la política general se disputaban la sucesión tres proyectos. En primer lugar, una nueva izquierda que comenzaba a diseñarse junto a la figura de Salvador Allende,  creando una nueva alianza que logró expresarse durante los mil días de la Unidad Popular. Otro de los modelos en disputa era el que propugnaban las fuerzas demócratacristianas, que irrumpían con gran ímpetu en la escena política nacional a través de un modelo desarrollista que llevaría a la práctica el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1964. Y por último, un modelo de derecha todavía en ciernes, no totalmente coherente, que sólo se haría nítido durante la dictadura militar. En su conjunto, en el plano político, Chile era un espacio abierto.

En lo que respecta a su comportamiento, la derecha, si seguimos las ideas de Leopoldo Benavides, se encontraba más bien a la defensiva, hasta poco antes de la Unidad Popular. Es con la creación del Partido Nacional que la derecha chilena comienza realmente a elaborar un proyecto de más largo alcance. Se puede afirmar que hasta los 70 le faltaba capacidad de dirección en el plano que Antonio Gramsci llama “intelectual y moral”. De ahí que su mayor triunfo sea hoy día el haber creado esa capacidad de dirección,  que en lo intelectual y moral ha calado profundamente en la sociedad chilena. Aunque los chilenos no voten mayoritariamente por ella, siguen y han hecho suyos muchos de sus preceptos. En general, se puede afirmar que fue gracias a la dictadura y con su apoyo que se pudo modificar la cultura y las estructuras intelectuales hasta entonces vigentes. Por eso se puede decir que la profundidad de la administración intelectual, en términos de conformismo, que ha creado la derecha en Chile es hoy día uno de los desafíos más serios que enfrenta la izquierda.

Si nos atenemos al plano económico y social esta hegemonía cultural es, hoy en día, después de cuatro gobiernos de la Concertación, aún mayor. Por una parte, por la sólida instalación de poderes fácticos, en especial el económico, que está en manos del empresariado chileno. Este poder fáctico se halla reforzado por la hegemonía del modelo neoliberal. La Concertación, que adhiere y se atiene al modelo de la manera más ortodoxa posible, ha pasado a convertirse en una simple administradora y garante del éxito del programa económico del neoliberalismo. Fue en Chile en donde este modelo se experimentó por primera vez y es aquí en donde se sigue aplicando al pie de la letra. Pero no se trata tan sólo de programas políticos que se aplican “desde arriba”. Lo más grave para la izquierda reside en que el neoliberalismo se ha hecho carne en las masas. El consumo y el crédito para el consumo, más la forma de vida que generan, han ganado a los más amplios y humildes sectores y ha pasado a constituir una norma cotidiana  de conducta, que constituye el sostén básico y esencial para la gobernabilidad.
En el plano político es importante destacar que la UDI junto con RN representan casi la mitad del electorado nacional. Su hegemonía se sustenta, por una parte, en el poder fáctico de los empresarios, por otra, en la forma pactada como se logró un resquicio democrático luego del triunfo del “No”, pero principalmente por la fuerza que ha cobrado el dominio ideológico. Se ha ido produciendo, entonces, pero para el lado de la derecha, lo que Antonio Gramsci había propuesto como proceso de instalación de una hegemonía, diciendo que ésta supone a la clase hegemónica como dominante y dirigente a la vez. Partiendo del hecho que en el arco político de una sociedad como la nuestra se consideran las perspectivas de una alianza sobre la base de que hay, en ese arco, amigos, aliados, adversarios y enemigos, entonces una adecuada política de alianzas debe tratar de fortalecer el campo de los amigos, incorporando en él a los aliados; debe neutralizar y, si es posible, como ha ocurrido en Chile, fagocitar  a los adversarios, para poder lograr la meta:  reducir el campo de los enemigos a su mínima expresión. Si observamos la situación política chilena, vemos que para la derecha este programa aparece casi cumplido, y lo sería cabalmente, si no fuera porque desde el fin de la dictadura ha habido cuatro gobiernos de la concertación, lo que significa que en el plano estrictamente político la derecha no ha logrado todavía la alternancia. Esto nos lleva a que tenemos, de un lado, la alianza conservadora con la UDI y sus aliados de Renovación nacional, y del otro, la Concertación que podríamos describir como adversarios neutralizados de la derecha, y una izquierda seriamente disminuida -si tomamos en cuenta la tradición chilena- y que sólo en estos últimos años empieza a remontar.

II

El primer acto fundacional del golpe de estado de 1973 fue el quiebre institucional, la supresión violenta, no sólo de lo que había sido la práctica política de los años del Frente Popular, sino de lo que era institucional desde mucho antes. Se persigue, se relega y asesina a la clase dirigente política; algo similar ocurre con los trabajadores, con lo cual se busca acabar con la capacidad negociadora de la clase obrera. En fin, se siguen rigurosamente los dictados de la Doctrina de la Seguridad Nacional que se había estudiado en las escuelas de adiestramiento militar de los EEUU. El terror de Estado que se aplica es igualmente consecuente con esta misma doctrina, que hablaba de un enemigo interno. No se piensa todavía mucho hacia delante, y a pesar que Jaime Guzmán fue encargado de trabajar con un equipo, desde los primeros días, en una nueva Constitución,  todo el primer afán de la Junta estuvo destinado a borrar la cultura política democrática y cívica a que los chilenos se habían acostumbrado desde el fin del gobierno de Ibáñez. Esta depuración llevada a cabo con prolijidad y saña dura hasta pasado el año 1975.

Casi inmediatamente después del golpe, tres sectores concurrieron como protagonistas a darle cuerpo a una doctrina, y a lo que después sería un proyecto de gobierno: los militares, los gremialistas, y los flamantes economistas que volvían de la Universidad de Chicago. Esto comienza cuando la coincidencia y compromiso entre estos tres sectores se anudan en una densa trama (la trenza). Así, los militares que adherían a la una concepción ideológica que se desprende y sustenta de la idea de la guerra fría, y que aporta el autoritarismo y la práctica del mando unipersonal, se vinculan con aquellos jóvenes economistas que se habían formado en la Universidad de Chicago y que, pese a sus diferencias, optaban  por la economía de mercado y el neoliberalismo. A ellos se unen también desde los primeros momentos los gremialistas liderados por Jaime Guzmán, quienes impregnan el todo con un componente católico extremo e integrista.

Estas ideas, que lograron tomar un cuerpo definitivo desde la aprobación de la Constitución de 1980, se habían venido entrelazando en torno a un núcleo central que era la economía de mercado. Algunas de las ideas integrantes de este cuerpo existían de antes en estos tres sectores. Por ejemplo, la idea de que el Estado sólo tenga un papel subsidiario, era uno de los componentes básicos del gremialismo y justificaba también la intervención militar en política. Otra idea común y que funcionaba ya en cada uno de los tres sectores era el “apoliticismo”. El movimiento gremialista se crea en 1965 y «nace como respuesta a la politización de la Universidad en Chile, y a la radicalización de las posturas que se dieron en los períodos de Frei y Allende (2).

Todo se precipita cuando el golpe de Estado de 1973 da origen directamente el gobierno de la dictadura militar. Si bien este bloque inicial de poder ha venido progresivamente desmaterializándose con respecto a su contextura inicial, con la salida del poder político de Pinochet y la paulatina reconversión de las FFAA chilenas, persiste, sin embargo, en comportamientos de administración como el mando unipersonal.  En ocasiones esta persistencia se advierte en la fuerza que adquiere la represión, y la colusión constante entre el empresariado y las fuerzas políticas de derecha.

El gremialismo es el verdadero germen de la postura ideológica actual de la derecha chilena, que en los momentos iniciales entronca con la dictadura y le otorga un sentido político ideológico, de más futuro que la doctrina de la seguridad nacional. Su participación como asesor en el gobierno de la Junta militar apadrina «políticamente el proyecto económico de los Chicago Boys, dotándolo de coherencia política y calzándolo con el nuevo proyecto que se vislumbraba para Chile(3). Junto con participar en la preparación de la que sería la Constitución de los 80, es el autor de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile. Continúa posteriormente en la década de los ochenta, más concretamente el 24 de septiembre de 1983, cuando se crea la Unión Democrática Independiente (UDI), cuyo primer comité directivo fue presidido por Jaime Guzmán.

Algunos años más tarde, como preparación para el plebiscito en 1988, la derecha se une como Renovación Nacional. A dicho conglomerado concurren excedentes del Partido Nacional presidido por Andrés Allamand, la UDI, y el Frente Nacional del Trabajo, presidido por Sergio Onofre Jarpa. Fue el primer partido político inscrito a nivel nacional desde el receso político de 1973. Fue durante el gobierno de la Junta militar, que estos distintos protagonistas de la dictadura y sus compañeros de ruta se fueron entendiendo y, si podemos decirlo así, la trenza comenzó a tomar cuerpo y consistencia.

De tal manera que es una trama ideológico-cultural de derecha la que cubre la actual democracia en Chile, empezando por el hecho que estamos hablando de una democracia que fue pactada, y que la totalidad de los detalles que se refieren a los compromisos pactados no se conocen aún plenamente. Esta situación confiere internamente a nuestra sociedad  un sesgo ideológico que es reaccionario hasta en los actos más cotidianos. Lo que lleva a una situación que en materia de derechos, de libertad y de reconocimiento, ha retrocedido hasta el panorama que existía antes del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ya que la Constitución de los años 1980 fue un evidente retroceso con respecto a aquella del año 1925. Importantes movimientos laborales, de los pueblos originarios, de las mujeres, de los estudiantes universitarios, de la salud y la educación, constatan en sus luchas diarias este retroceso en la dignidad y el reconocimiento. Y no hablamos sólo de una atmósfera cultural, que impone hábitos y costumbres, sino particularmente de su reproducción y reorganización a través del funcionamiento actual de los aparatos ideológicos de Estado. Es a este lastre ideológico al que  nos referimos cuando se escucha decir que el carácter público de la institución estatal ya no está a la orden del día, que son ideas nostálgicas. Ideas que siguen a una situación de facto que se instaló desde el mismo instante en que los componentes tradicionales de la sociedad chilena, que antes eran públicos, tales como la salud, la previsión y la educación, dejaron de serlo,  fueron privatizados, e incluso, han pasado a ser regidos por las leyes y normas del mercado.

NOTAS
(1) Este trabajo ha sido inspirado por la lectura de los libros de María Olivia Mönckeberg, en especial “La privatización de las Universidades. Una historia de dinero, poder e influencias”, editorial Copa rota, Santiago de Chile, 2005.
(2) Moncada Durruti, Belén, Jaime Guzmán, el político, RIL editores, Santiago de Chile, 2006, p.41.
(3) Idem, p.73

Cuadernos de Educación Volumen trimestral Junio 2008, Año 3 N° 7