2017, Año de Aniversarios. Por Comité Editorial de CdE.

El próximo año 2017 será un año de importantes aniversarios, se cumplirá un siglo de la Revolución rusa. Revolución que marcaría la historia del siglo XX. El partido bolchevique, encabezado por Vladimir Ilich Ulianov (Lenin), contra todo pronóstico – incluido Marx– iniciaría la marcha del proceso socialista más importante de la historia.

Una Rusia atrasada, casi feudal aún, sería el territorio de las luchas de un pueblo por su emancipación. La Rusia de Lenin encabezaría, a nivel mundial, el proceso revolucionario anticapitalista más relevante de la historia de la humanidad.

Con sus aciertos, y por cierto con sus errores, la Revolución rusa sería el hecho histórico más importante del siglo XX. La humanidad se dividiría en dos grandes polos: capitalismo o socialismo.

También el año 2017, se cumplirá medio siglo del proceso de Reforma Universitaria en Chile. Ese año estallarían los movimientos universitarios de las principales universidades chilenas. La Universidad Técnica Federico Santa María lograría, después de una huelga y toma del plantel porteño de casi un año, un gobierno triestamental, casi al mismo tiempo la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Técnica del Estado (hoy USACH) lograrían establecer el rol público de la universidades chilenas.

A nosotros, como Grupo de Reflexión Fernando Ortiz Letelier, nos enorgullece llevar este nombre pues fue él, precisamente, quien sería un destacado dirigente de las luchas por lograr un sistema universitario al servicio del país.

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Un siglo y medio siglo, son espacios de tiempo que permiten una reflexión sobre estos hechos políticos e históricos, por ello, invitamos a nuestros lectores a participar activamente en estos procesos de reflexión.

Es nuestro propósito que durante 2017 nuestra revista de lugar a artículos que releven los hechos históricos aquí señalados. Por tal razón, invitamos a nuestros lectores a enviar contribuciones para su publicación en Cuadernos de Educación.

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Cuadernos de Educación 2011 JUN-AGO (año V) nº17

Universidades públicas. Por Manuel Riesco Larraín .-

Desde el golpe militar, Chile ha venido desmantelando su bien notable sistema de educación   pública, construido a lo largo del medio siglo precedente. El intento de reemplazarlo por un mercado basado en elevados cobros forzados a los estudiantes y sus familias ha resultado en un fracaso rotundo. Todo ello afecta especialmente a la educación superior, cuya crisis han puesto de manifiesto por estos días cien mil alumnos, académicos y funcionarios, manifestándose en las calles. El país enfrenta hoy el desafío de reconstruir su sistema nacional de educación pública. Ello es posible también en el nivel superior, puesto que, felizmente, puede apoyarse sobre lo actualmente existente, así como en la experiencia de haberlo realizado antes, especialmente durante los años de la reforma universitaria.

Una universidad por excelencia combina de modo equilibrado las funciones de docencia, investigación y extensión. Sólo cinco de las sesenta así llamadas “universidades” chilenas cumplen con este requisito elemental. Un reciente trabajo del Centro de Investigación de la Estructura Social de la U. de Chile (CIES) y el Foro Aequalis las clasifica como “universidades de investigación.” Incluye otras seis en la categoría de “universidades con investigación selectiva,” y seis adicionales en la categoría “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva.”

Las cinco primeras son, en orden de importancia, las universidades de Chile, Católica de Santiago, de Concepción, de Santiago y Austral. Dos son estatales y tres particulares. Las seis que les siguen incluyen otras tres estatales y tres particulares. Todas ellas al igual que las cinco anteriores, pertenecen al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, conocido por el poco asentador acrónimo CRUCH.

Solo en la tercera categoría, “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva,” logran entrar raspando cuatro universidades privadas. Las cuarenta y tres instituciones restantes que también se rotulan como “universidades,” sencillamente no realizan investigación ni extensión significativa. Todas las demás privadas caen en estas categorías, junto a algunas sedes estatales regionales.

La enorme brecha entre unas y otras se puede apreciar en diversos indicadores. De partida, las publicaciones científicas se concentran de manera abrumadora en las cinco primeras y las restantes en las dos categorías que les siguen. Las 43 “universidades” de docencia simplemente no tienen publicaciones en revistas de prestigio internacional.

De acuerdo a los resultados preliminares de un estudio encargado a CENDA por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, las primeras atienden a un quinto del alumnado universitario, pero concentran un 39 por ciento de los académicos a jornada completa y un 43 por ciento de los que tienen grado de doctor. Correspondientemente, su presupuesto representa el 41 por ciento de los ingresos de explotación de todas las universidades.

De esta manera, en relación al promedio de las 60 “universidades” existente en el país, estas cinco “universidades de investigación” invierten el doble de recursos, académicos a jornada completa y con grado de doctor o doctorados, por alumno. Si se las compara con las dos categorías más bajas del estudio de CIES, que concentran un 28 por ciento del alumnado, estas brechas aumentan a cuatro, más de cinco y casi siete veces, respectivamente.

Incluso si se las compara con las doce universidades clasificadas en categorías de “universidades con investigación selectiva,” que les siguen, las cinco universidades de investigación prácticamente las duplican en presupuesto, académicos a jornada completa y académicos con doctorado, por cada estudiante.

El que casi todas las que se dicen universidades estén acreditadas como tales quiere decir bien poco en este aspecto. El único requisito verdaderamente importante para obtener la acreditación consiste en demostrar que son un buen negocio. Los demás son flecos. Por ejemplo, no se les exige que tengan publicaciones científicas, académicos a jornada completa o con post grados, entre muchos otros requisitos elementales. De hecho hay once “universidades,” todas acreditadas, que informan tener menos de un académico a jornada completa ¡por cada mil alumnos!

De este modo, como escribe el historiador Perry Anderson, “solo en la noche de nuestra ignorancia adquieren el mismo color todas las formas extrañas.”

En otras palabras, no todas las que se dicen “universidades” dan la talla mínima para serlo. Como se ha mostrado, en estricto rigor solo cinco de las que utilizan este nombre lo son verdaderamente. Otras doce siguen sus pasos, pero a muchísima distancia. Las restantes 43 son instituciones que imparten docencia en nivel terciario, lo que es importante. Quizás todas aspiran y se esfuerzan seriamente en mejorar su calidad, lo cual es meritorio. Sin embargo, ello no las convierte en verdaderas universidades, ni mucho menos.

La solución parece bastante evidente: para mejorar el sistema universitario hay que consolidar y ampliar las cinco verdaderas universidades existentes y estimular a todas las demás para que se eleven a esa condición.

Para concluir en algo tan sencillo ciertamente no se requiere contratar una comisión de expertos internacionales, sin embargo, el estudio encargado a la OCDE propuso exactamente eso.

El problema es que el sistema actual de financiamiento promueve exactamente lo contrario: empuja hacia abajo a las pocas universidades que realizan investigación y extensión, estimulando que todas se conviertan en simples “universidades de docencia.”

Según el mismo estudio del Foro Aequalis antes citado,  la matrícula de las “universidades de investigación” ha aumentado en un 13 por ciento entre 2005 y 2010, mientras en el mismo período las “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva” lo ha hecho en 51 por ciento y las “docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentran al fondo de la escala de calidad, han crecido ¡un 81 por ciento!

La razón es bien simple: se hace descansar el grueso del financiamiento en los pagos de los alumnos, que malamente alcanzan para financiar la función de docencia. Aún a costa de representar una carga insostenible, además de ineficiente e injusta sobre ellos y sus familias. De este modo, desde el punto de vista de mejorar el sistema universitario, el mecanismo de financiamiento basado en los aranceles resulta además perverso.

En las universidades del CRUCH, al que pertenecen casi todas las que realizan investigación y extensión, además de docencia de relativa buena calidad,  los aportes de las familias alcanzan a 2,2 millones de pesos por alumno al año, en promedio, según el estudio de CENDA para CONFECH. Ello no alcanza a cubrir ni la mitad de sus ingresos de explotación, que ascienden a 4,6 millones de pesos por alumno al año, en promedio. Los estudiantes de universidades privadas, en cambio, que concentran a todas las que hacen sólo docencia, aportan un promedio de 2,7 millones de pesos por año, lo que alcanza para cubrir en buena forma todo el presupuesto de las mismas, que suma la misma cantidad por alumno.

Lo anterior explica el raro contraste que un millón de santiaguinos que transitan a diario por la plaza Baquedano pueden apreciar a simple vista. Cruzando el Mapocho por el puente Pío-Nono, se alza la venerable Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el centro académico más antiguo y prestigiado del país, que alberga buena parte de los profesores a jornada completa y doctorados y produce lo más de la investigación científica en derecho del país. Sin embargo, el edificio es muy antiguo y relativamente pequeño, lo que no sería nada si no fuese porque su estado de mantención deja muchísimo que desear.

Justo al frente, cruzando Bellavista, se alza una de las “universidades docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentra al fondo de la tabla de calidad según el estudio de Aequalis. Su flamante y enorme edificio es deslumbrante, más parecido a un aeropuerto que a una universidad. Paga sumas ingentes en arriendos a su inmobiliaria relacionada – que retira de este modo utilidades no despreciables que son ilegales para las universidades – y sueldos millonarios a sus directivos, aparte de cifras multimillonarias en publicidad. Por cierto, funciona en base a profesores “taxis” a los que ofrece poco más que una pizarra y ninguna estabilidad laboral, los que se allanan a ello entre otras cosas porque no tienen postgrados. Que se sepa, no ha producido jamás un sólo “paper” que amerite ser publicado en revistas de prestigio. Eso no le impide estar acreditada, puesto que ciertamente es buen negocio. Para todo eso le alcanza con las matrículas que cobra a sus alumnos, que las pagan encalillándose hasta las orejas y por toda la vida. Agradecida de tal milagro, le sobró plata para proponer al municipio, que felizmente rechazó la oferta, la construcción en el parque aledaño de una monstruosa estatua ¡del Papa!

Esto no da para más. Eso lo saben bien los sus estudiantes, administrativos y muy especialmente, sus académicos y lo están manifestando. No lo soportan los estudiantes y sus familias, sobre las cuales se está descargando un impuesto anual equivalente a más de la mitad del total de los impuestos a la renta pagados por todas las empresas – incluidas las del cobre – y personas pudientes del país el año 2009. Según un reciente estudio del Banco Mundial, los veterinarios van a tener que destinar a servir el crédito universitario ¡un tercio de sus salarios! Tampoco lo soportan los funcionarios administrativos, que soportan bajos sueldos y no tienen derechos laborales.

Muy especialmente, no las soportan los académicos, que constituyen hoy uno de los grupos de trabajadores chilenos con sueldos más deprimidos, empleo más precario y condiciones de trabajo más deficientes. Precisamente, lo más grave del desmantelamiento del sistema nacional de universidades públicas es haber debilitado seriamente la institución que todas las sociedades civilizadas han construido para sostener de modo estable a la capa intelectual que destinan al quehacer científico, artístico, cultural; en una palabra, a las llamadas cosas del espíritu.

La crisis del sistema universitario superior recae por igual en los alumnos, académicos y administrativos de las universidades estatales y particulares, en las del CRUCH y las privadas. Los afecta a todos por igual, aparte de las familias de los primeros que no hayan como pagar la cuenta. Por este motivo, se manifiestan todos juntos, encabezados por los rectores de las universidades públicas y privadas.

La solución es sencilla, como se ha mencionado. Como recomienda la OCDE, hay que aumentar significativamente el presupuesto público, que hoy cubre menos de un 15 por ciento del total según esta fuente. Del 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que representa en la actualidad, hay que elevarlo en pocos años al 2 por ciento del PIB que representaba hace cuarenta años atrás. El incremento hay que destinarlo prioritariamente a consolidar, fortalecer y ampliar las cinco universidades públicas mejores, que evidentemente son las que mejor pueden responder a este desafío.

Al mismo tiempo, hay que estimular a todas las demás para que se eleven a este nivel. Para ello, como dice la OCDE, es necesario dirigir la mayor parte de los recursos a fortalecer las instituciones mismas, de modo que puedan ofrecer condiciones estables y adecuadas de trabajo a sus académicos y funcionarios. Muy especialmente, como también recomienda la OCDE, hay que dar un financiamiento basal adecuado a las universidades estatales.

Al mismo tiempo, hay que destinar parte significativa del aumento del financiamiento estatal a otorgar becas estudiantiles, de modo de aliviar progresivamente la carga insostenible, injusta e ineficiente que hoy soportan los estudiantes y sus familias.

Una palabra adicional: en paralelo hay que reconstruir el sistema nacional de educación pública superior técnica y vincularlo al sistema universitario. Como se ha mostrado en otra nota, si se generaliza a todo el país el ejemplo del Centro de Formación Técnica de Lota-Arauco, el único público y gratuito del país, bastaría con aumentar el gasto educacional total en 7,3 por ciento para ¡duplicar la cobertura de educación terciaria!

Parece una tarea ardua. Sin embargo, es precisamente lo que el país logró realizar durante la Reforma Universitaria. Entre 1967 y 1973, se duplicó el sistema universitario, transformando universidades que no merecían el nombre de tales en establecimientos nacionales modernos y comprometidos con el desarrollo del país y el destino de su pueblo. Gratuitos además.

Ello se logró incrementando los aportes estatales a todas las universidades existentes, exigiendo a cambio que realizaran docencia, investigación y extensión, que contrataran académicos a jornada completa con buenas condiciones de salarios y trabajo, lo mismo que sus funcionarios. Que respetaran la libertad de cátedra y no discriminaran en el acceso, promoviendo el de los obreros y sectores populares. A todos se exigió garantizar lo anterior mediante gobiernos internos democráticos, con participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, a la cual se respetó su autonomía en estas condiciones.

No parece mala idea intentarlo de nuevo.

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Manuel Riesco Larraín. Economista, investigador de CENDA (Centro de Estudios
Nacionales de Desarrollo Alternativo) y miembro de la Junta Directiva
de la Universidad de Valparaíso.

Fuente: Autorizado en http://blog.manuelriesco.cl/2011/05/universidades-publicas.html

El Sistema de Acreditación de la Educación Superior en Chile. Por Ricardo López Erazo.-

Antecedentes históricos:

Desde el mismo 11 de septiembre de 1973, la dictadura de Augusto Pinochet, intervino el sistema de Educación Superior en Chile.

Los “Rectores Delegados” impusieron la barbarie, la persecución y pusieron fin a una comunidad universitaria que había realizado un proceso de reforma democrática que nos prestigiaba a nivel mundial.

Nuestras Universidades, después del proceso de reforma de los años 60’s, desarrollaban docencia, investigación y extensión con un gran reconocimiento de la comunidad universitaria y científica internacional, y además lo hacían en el marco de una estructura de gobierno triestamental.

Durante los años 1973 y 1980, la dictadura de Pinochet, se impuso la tarea de desmembrar la estructura universitaria chilena. Así es, como en estos años el gobierno de Pinochet instala una máquina de moler universidades hasta que logra una situación de atomización que permite iniciar aventuras capitalistas que deseen lucrar con la educación superior.

La guinda de la torta vendría a ser la Ley 20129, también conocida como la Ley de Acreditación de la Educación Superior. En Octubre de 2006, se promulga esta ley que viene a inclinar, aún más, la cancha a favor de los inversionistas privados de la educación superior.

Diagnóstico:

Transcurridos 30 años, después de atomizado y sometido a las cadenas del autofinanciamiento, el sistema público (y tradicional) de Educación Superior no ha podido ser abatido del todo por los “eficientes consorcios privados, nacionales e internacionales

¿Qué falta por hacer?

HOMOLOGARLOS: Intentar que parezcan iguales, que el “mercado” perciba que un título de aquí es igual al de allá, que los “eficientes privados” pueden dar más cobertura y cobrar menos- por eso- porque son más eficientes, son de excelencia…

SOLUCIÓN: La acreditación.

Después de más de dos decenios, en que la hipótesis neoliberal no se cumple, se hace necesario desnivelar aún más la cancha a favor de los mercaderes de la educación.

¿Pero cómo homologar Universidades de pizarra y plumón, con 90 % de académicos- hora, de bibliotecas ínfimas, de laboratorios inexistentes (en la mayoría de los casos), con Universidades que tienen bibliotecas y laboratorios, que cuentan con académicos de jornada completa, que no sólo realizan docencia sino también investigación y extensión?

Fácil, el Chilean way : un poco de talibanes neoliberales dispuestos a inmolarse por la “mano invisible”, una pizca de asesores y expertos con serios compromisos de intereses y la infaltable cucharadita de funcionarios de alto nivel inescrupulosos y dispuestos a venderse al mejor postor.

Si esta cazuela la cocinamos a fuego lento- y le agregamos unos condimentos de conceptos para que le den sazón: calidad, aseguramiento de la calidad, propósitos declarados, todo lo anterior con el objetivo de que no se contamine con participación de las partes interesadas, logramos el objetivo de homologar esperpentos de lucro en la educación superior con reales universidades.

Es necesario detenerse en un análisis más detallado de esta Ley (20129) para comprender sus reales alcances:

La columna vertebral de esta ley se alza sobre tres conceptos, los cuales son redundantes entre sí:

  • Autorregulación
  • Aseguramiento de la Calidad
  • Propósitos declarados.

La autorregulación, de mayor trasfondo ideológico, simplemente plantea la intención de cumplir con ciertos “propósitos declarados” de la entidad que pretende acreditarse.

Las exigencias con esta política de autorregulación no van más allá del disponer de políticas, mecanismos y controles que velen por el cumplimiento de los “propósitos declarados”.

No hay en esta autorregulación nada que valide la intervención, ni del Estado ni de partes interesadas (estudiantes, académicos, familias, Estado, entre otras) ni de la sociedad en su conjunto.

Así se introduce en la política universitaria un viejo dogma neoliberal, los mercados no deben ser intervenidos, mientras más desregulados más eficientes serán.

La desregulación, ha sido y será, un campo de batalla ideológico fundamental. La última (y no final) crisis capitalista gatillada en el mercado inmobiliario y financiero de EE.UU. se desata precisamente por la peculiar idea que los bancos pueden vigilarse de forma eficaz a si mismos.

En 1999, los lobbystas neoliberales americanos ganan una gran batalla . La Ley de Modernización de los Servicios Financieros termina con la Ley Glass-Steagall de 1933, aquella ley que surge después de la Gran Depresión. Esta ley pretendía evitar que se reprodujera la situación que los llevó, precisamente, a la Gran Depresión. La ley de 1999 es en esencia una ley “autorregulatoria” que en menos de diez años creó las condiciones para la crisis global financiera de 2008. (Ver J. Stiglitz, Caída Libre, Editorial Taurus)

Sin ir más lejos, el laboratorio neoliberal chileno nos muestra que esta “autorregulación” nos provee de cadenas de farmacias coludidas en contra de los enfermos, duopolios energéticos imponiéndonos “su solución”, la banca chilena obteniendo las mayores rentabilidades “autorreguladas”, entre otras.

Si la “autorregulación” primera piedra del neoliberalismo no funciona en ninguna parte, ¿Por qué deberíamos pensar que funciona en la Educación Superior?

El aseguramiento de la calidad, es un concepto que proviene de las normas de calidad de la familia de normas ISO 9000, el problema es que ya en esta familia de normas, a partir del año 2000,pasó a ser un concepto obsoleto.

El concepto vigente es el de gestión de calidad, la diferencia no es menor, el concepto vigente de gestión de la calidad exige al que pretende certificarse en esta norma, que someta a prueba su sistema con las partes interesadas con las cuales interactúa. El viejo concepto de aseguramiento de la calidad no planteaba esta exigencia y sólo dejaba en manos de la organización el establecer un sistema “autorregulatorio” (procedimientos y registros) que pruebe que lo que se dice que se va a hacer, se haga.

El tema de los “propósitos declarados” resulta ser también una triquiñuela neoliberal de mayor importancia: ¿cómo es posible homologar universidades que declaran sólo docencia y pretenden asimilarse con universidades que están empeñadas en desarrollar- además de docencia- investigación y extensión?

El pensamiento crítico, el compromiso del estudiante con su disciplina y con la sociedad a la cual pretende servir, no se puede desarrollar en una comunidad en que no haya investigación ni extensión.

De la misma manera no es posible confundir extensión con marketing. La rebuscada expresión de vinculación con el medio, no reemplaza la necesaria dialéctica entre universidad y sociedad que pretende un proyecto de desarrollo compartido por y para todos.

Esta ley de acreditación resuelve el problema simplemente por el expediente de los “propósitos declarados” y por tanto otorga acreditación aún a quienes no merecen ser considerados como una Universidad.

La docencia, la investigación y la extensión son las tres funciones que conforman la peculiaridad de una Universidad. O se realizan las tres funciones o no se es Universidad.

El actual ministro de educación, de manera acostumbrada por el “gobierno de excelencia” nos plantea que se viene una nueva ley de acreditación: la acreditación 2.0.

No informa de ningún aspecto relevante, no señala que aspectos negativos se tratarán de resolver, ¿habrá más autorregulación? Preocupémonos.

El actual Ministerio de Educación en manos de Lavín y sus asesores, todos ellos con evidentes conflictos de interés (debido a su participación directa o indirecta en Universidades Privadas “sin fines de lucro”), tendrá por objetivo, siempre, el crear condiciones cada vez más favorables para el desarrollo del “mercado” y la aniquilación del sistema público y tradicional. La acreditación es una variable importante.

Hacemos un llamado a nuestros lectores a participar en una reflexión colectiva en torno a un nuevo sistema de acreditación que refleje el real nivel de complejidad (y calidad) que tienen las universidades, el desempeño de las tres funciones debe ser ineludible, el gobierno triestamental también. De otro modo no estamos hablando de Universidad sino de otra cosa. Las páginas de nuestros Cuadernos de Educación están abiertas a su participación.

Comentarios entorno a la Reforma Lavín. Por Gustavo Quintana

Publicitada inicialmente como una reforma para producir un cambio revolucionario en la calidad de la educación, el conocimiento de su texto indica que se trata sólo de profundizar el modelo neoliberal de educación instalado por la dictadura, con todo el lastre autoritario e ideológico impuesto por ella.

Los aspectos principales de este modelo, vigente por cerca de 30 años, se acentúan en la reforma propuesta, y sus objetivos actuales pueden sintetizarse en lo siguiente:

  • Aceleración del proceso de liquidación de lo que queda de educación pública (municipal) , que debiera caracterizarse por ser gratuita , permitir el acceso de todos a una educación de calidad y ser capaz de entregar, bajo el control y el financiamiento del Estado, iguales oportunidades a todos los estudiantes

 

  • Intensificación del lucro, como factor preponderante, y de la acción del mercado como rector de todo el sistema educacional, con el consiguiente aumento en la desregulación de todo el sistema y el deterioro de calidad en especial para la inmensa mayoría de los niños y jóvenes

 

  • Profundización de la segregación social en la educación básica y media (los mejores profesores y las mejores condiciones de estudio para los colegios privados y/o ” de excelencia”, que no cubren más del 10 % del total de los alumnos ). Además, en este mismo cuadro, sólo un 30% de los estudiantes, en su gran mayoría de los sectores de mayores ingresos, tendrían acceso a la educación preescolar.

 

¿Qué propone la ley y cuán lejos se encuentra de constituir un cambio profundo en la educación?

La ley mezcla proposiciones que aparentemente constituyen modificaciones profundas en la calidad y la equidad de la educación(becas para estudiantes que ingresen a estudiar pedagogías con puntajes de 600 puntos o más , 50 liceos de excelencia que reúnan el 70% de los mejores estudiantes del sistema municipalizado), con modificaciones tendientes a consolidar el modelo neoliberal (modificación del estatuto docente .modificaciones cuticulares) y con medidas que en principio nadie puede objetar (mejoramiento de las condiciones de jubilación de profesores con más de 30 años de trabajo, acceso al nivel más alto de remuneraciones a los 10 años de carrera, en lugar de los 30)

Analicemos en primer lugar si el número de estudiantes que serían becados, y que debieran formar esta nueva élite de profesores, es suficiente para asegurar una educación de mayor calidad al conjunto de los estudiantes chilenos en un lapso de 15 años (suponiendo entre 2500 y 3000 becas anuales, que serían utilizadas). Si bien la calidad de los nuevos profesores aseguraría un recambio de calidad para la generación que debe jubilar en el transcurso de estos 15 años y, sin duda, sería superior a la de la gran cantidad de quienes están egresando, de universidades, escuelas e Institutos no acreditados y de establecimientos acreditados de calidad insuficiente, que muchas veces otorgan títulos a través de cursos por correspondencia, persiste la duda si los marcos de la ley permite formarlos en cantidad suficiente para alcanzar a todos los estudiantes en el lapso de tiempo señalado.

Para estimar muy aproximadamente las necesidades de recambio, o los vacíos a llenar, consideremos tres factores el destino probable de los nuevos profesores, la magnitud del número de profesores en edad de jubilar, y la falencia de profesores en el sistema , para poder asegurar una educación de la misma calidad para todos los estudiantes.

En la actualidad, y en el caso de las pedagogías, una cifra del orden del 67% de los que ingresaron a estudiar pedagogía ya sea abandonan sus estudios antes de egresar(40%) o abandonan la educación dentro de los 4 años posteriores a su egreso, por encontrar posibilidades de trabajo más estables y con mejores remuneraciones fuera de la educación. (La ley no propone ni una carrera académica estable y atractiva ni expectativas materiales comparables con las de las principales carreras universitarias, manteniéndose la valoración del profesor como un profesional de segunda categoría). Evidentemente parece altamente probable que profesores con mejor formación tiendan a emigrar neutralizando parcialmente uno de los pocos objetivos de la ley que apuntan en la dirección correcta.

La magnitud del número de profesores en edad de jubilar se estima en ¡a actualidad en 7000 y al final del período presidencial bordearía los 15000 Todos ellos, profesores que en su mayoría sólo esperan una proposición digna para hacerlo, proposición que figura en la ley.

Si además consideramos el déficit en profesores de pre-básica (70%), y los nuevos profesores que sería necesario contratar para mejorar las condiciones de enseñanza (por ejemplo, limitar a 30 el número de estudiantes por sala), el objetivo de mejorar la calidad sólo alcanzaría efectivamente a una parte de los estudiantes y ¡a equidad , en los marcos de la ley, sería prácticamente imposible, con lo cual el sello dé la segregación continuaría marcando el modelo.

Lo estrecho de los márgenes de la ley, que hacen prácticamente imposible asumir como objetivos el mejorar la calidad de una educación al alcance de todos los estudiantes, indica falta de voluntad política para asumir la educación como un derecho fundamental y como elemento estratégico para el desarrollo del país . y sólo se comprende la urgencia de hacer aprobar esta ley, casi sin discusión, por otros objetivos presentes claramente en la ley.

Así, desconociendo que la causa del fracaso está en el modelo, modelo que no es utilizado en la inmensa mayoría de los países desarrollados con mayor nivel’ educacional (con sistemas muy estructurados, con el Estado como tronco central de él), se culpabiliza al profesor como responsable principal del fracaso, y la ley se centra principalmente en modificar el estatuto docente y en tener mayores atribuciones para reprimirá los profesores.

Junto a esto se trata de legitimar el modelo con ¡os pequeños avances en la prueba Pisa, que después de 30 años de aplicación ubican a Chile entre el 44° y el 49 ° lugar (entre 65 países de la OCDE e invitados) y se pretende introducir la falacia que con este magro resultado Chile lidera la educación en América latina. Quien haya leído el N° 14 -año 4 del Boletín de Educación habrá constatado que Cuba, que no es miembros de la OCDE ni invitado a participaren esa prueba , sino por el contrario, en pruebas tomadas por Unesco en los países de América ¡atina tiene efectivamente, y por un gran margen , el mejor rendimiento en esta parte del mundo.

Ya asegurado que los sectores de mayores ingresos mantendrán una calidad de educación superior a ¡a del resto de los niños y jóvenes de Chile (segregación consolidada), entre las proposiciones de la ley que realmente interesan a la alianza destacan las modificaciones al estatuto docente, en lo que se refiere a profesores, directores y modificaciones curriculares.

Se otorgan mayores atribuciones a los sostenedores de colegios que estén más vinculados a los aprendizajes de sus alumnos ( ¿ ), los que tendrían autonomía de crear y administrar sus propios sistemas de evaluación que complementen los mecanismos establecidos en el estatuto docente. De esta forma se pretende darle más autonomía al sostenedor para tener una evaluación más ad hoc a sus necesidades.

Estas proposiciones, como lo plantea Jaime Gajardo, presidente del colegio de profesores, amplía los potenciales de despido y somete a ¡os profesores a una doble evaluación , sin control y sin mecanismos que aseguren la objetividad.

En cuanto a la evaluación de los profesores y las desvinculaciones producto de ello, se retrocede. Así la desvinculación actual, producto de evaluaciones insuficientes por tres veces seguidas, se puede adelantar disminuyendo a sólo dos la condición de insuficiencia y, además, haciéndola extensiva a tres evaluaciones consecutivas de un desempeño básico. Igualmente se incluye como causal el no respetar el reglamento interno del colegio y hacer uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo de seis meses en un período de dos años.

 

En las proposiciones para la designación de nuevos directores y la selección de los nuevos profesores se ignora condiciones indispensables para una educación de calidad, como el equilibrio entre el director y los profesores. Administrador y gestor el primero, el papel de expertos en educación corresponde a los profesores, y sólo un funcionamiento armónico entre ambos elementos y una participación conjunta en las grandes decisiones del colegio puede asegurar su éxito.

En la ley, por el contrario, una parte de los nuevos directores (un 25% del total) serían seleccionados por un organismo similar al de alta dirección pública y tendría como requisito indispensable estar en posesión de un magister en la función que desempeñaran(¿ ) aun cuando seguirían siendo nombrados por el alcalde entre una terna que este organismo fe presentaría. Su renta aumentaría sensiblemente y tendría la potestad de desvincular hasta el 5% de los profesores por año, potestad ésta que quiebra la posibilidad de trabajo armonioso entre director y profesores.

La selección de los nuevos profesores exige, además de su título, la rendición de una prueba de conocimientos (prueba Inicia) sin otro requisito para alguien que no tiene ninguna experiencia (como sería, por ejemplo, la evaluación de su equilibrio emocional, de su aptitud para enfrentar crisis o su ascendiente sobre los jóvenes estudiantes). Su remuneración, por otra parte, estaría en función de los resultados en esta prueba de conocimiento, creando, desde su ingreso, una situación potencialmente conflictiva frente aun cuerpo de profesores que sí tiene experiencia, pero donde los niveles de renta no aparecen claramente en concordancia con los de los nuevos profesores. En suma, se deterioran las condiciones de trabajo en los colegios municipalizados, un escalón más en el deterioro de lo que queda de la educación estatal.

En resumen, los objetivos inmediatos más claros se pueden resumir en: Desregulación del sistema de educación para facultar una verdadera razzia entre los profesores, en primer lugar, entre los más activos del colegio de profesores y ahuyentar a profesores y alumnos de los colegios municipalizados.

Se perfilan cuatro sistemas diferentes con diferentes capacidades para desvinculara los profesores.

Colegios privados no subvencionados con licencia absoluta para despedir.

Colegios privados subvencionados con mayores libertades para despedir y para lucrar. Una parte de los colegios municipalizados (75%) con el tipo de dirección anterior a la ley, con más causales de licenciamiento.

Colegios municipales con el nuevo tipo de dirección con derecho a licenciar anualmente hasta al 5% de los profesores.

Modificaciones curriculares: “la guinda de la torta”.

La obsesión de reemplazar la calidad por indicadores, que no constituyen por si solos una evaluación absoluta del éxito de un sistema educativo, lleva al absurdo de disminuir el estudio de disciplinas fundamentales para la formación de los jóvenes(Historia, Ciencias Sociales, Artes), para disponer de más tiempo para machacar disciplinas que son evaluadas directamente por esos indicadores. Se empobrece así torpemente la formación de los estudiantes, despreciando instantes en la vida del niño donde existen, usando los métodos y la psicología apropiadas, potencialidades de aprendizaje de la lengua materna y de las matemáticas con rendimientos superiores a los que se dan posteriormente, y todo esto sin salirse del mundo lúdico propio de la infancia.

La verdad es que opera una tentación ideológica perversa, pues los sectores que detentan el poder niegan siempre los conflictos pendientes con nuestra Historia , (“no vivamos en el pasado, miremos el futuro), a pesar de que !a realidad nos recuerda con cierta regularidad su existencia. Hace algunos meses, con el pueblo mapuche, en este mes, con los pascuenses reprimidos y golpeados allí donde son los únicos habitantes legítimos y, paralelamente en estos días en Paris, con el juicio abierto a militares chilenos por la desaparición de cuatro franceses, víctimas del régimen de Pinochet

En resumen esta ley no es ni revolución ni pálida reforma, sino una sucia operación política para continuar implantando un modelo dogmático que asegure que el conocimiento y la capacidad profesional continúen siendo un privilegio de la élite del poder.

Editorial (CdE nº13)

En alrededor de 40 días más enfrentaremos otro de tantos dilemas que nos concierne de manera especial a las Universidades y a la Educación Terciaria, a saber, una Reforma a la Educación Superior. Aunque la vida universitaria demanda a gritos cambios en su forma de funcionamiento, gobierno y financiamiento que apunten a elevar la democratización de estas casas de estudio, esta reforma no guarda ninguna relación con esto, muy por el contrario, se trata de seguir los lineamientos dictados por la OCDE y el Banco Mundial en cuanto a sincronizar el quehacer universitario con el modelo económico vigente, vale decir, la Economía Neoliberal. Es así como, hace pocas semanas atrás, el jefe de la Educación Superior del MINEDUC, Juan José Ugarte, anunció la creación de dos entidades. Una que agrupe a las 177 instituciones que imparten educación terciaria, y otra que reúna las 60 universidades existentes en el país, 25 tradicionales y 35 privadas. Por supuesto que este proyecto no fue comunicado a las instituciones afectadas, y mucho menos discutido con la participación de éstas. Las reacciones no se hicieron esperar, y es así como el presidente Sebastián Piñera, al acudir a la entrega de la medalla Patrono de la Universidad de Chile, recibió la reprobación de parte de los estudiantes y del mismo rector, quién calificó de “poco sensatas y poco prudentes las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación”. A su vez, en su discurso, el rector Víctor Pérez rechazó de manera categórica la intención de homologar las universidades tradicionales con las privadas, indicando que las medidas bien podrían terminar por “profundizar la privatización y mercantilización del sistema universitario”.

Otra de las medidas de carácter manifiestamente neoliberal es la creación de un sistema único de créditos y becas, que estaría destinado a favorecer la demanda, es decir, los estudiantes recibirían el aporte económico para luego decidir en qué institución estudiar. Con esto, el Estado se desentendería de la regulación de la educación y de su financiamiento, dejando a las universidades la responsabilidad de adecuar su funcionamiento con el propósito de captar estos recursos económicos de manos de los potenciales estudiantes. Como consecuencia natural, el mercado estaría determinando el quehacer universitario, llegando a ser cada vez más funcional al modelo económico neoliberal.

En todo caso, el Presidente Piñera desmintió que la eventual reforma universitaria tuviera la intención de disminuir los recursos para las universidades públicas. El punto es que cada vez se hacen menos creíbles las promesas del presidente. Se han cumplido 100 días del gobierno de la derecha y las promesas de menor cesantía y de mayor crecimiento no sólo no se han cumplido sino que van en la trayectoria opuesta. A la cesantía estructural del sistema neoliberal es necesario agregar la cesantía política causada por los despidos masivos en el aparato del Estado, perpetrada por los ministros-empresarios del gobierno. Contra su promesa de campaña, entre otras, Pinera ha avalado el despido de miles de trabajadores del Estado, siendo más fuerte que el cumplimiento de su palabra, el dogma neoliberal de empequeñecer el Estado hasta su mínima expresión. Por otra parte, el último informe del Banco Central ha corregido a la baja la estimación de crecimiento de la economía chilena para este año 2010. Es necesario recordar que tanto el cumplimiento del programa de Piñera como el financiamiento de la reconstrucción se financiarán con cargo a sólidos crecimientos del PIB, por ello podemos esperar que muchas otras promesas no se cumplan y suframos durante cuatro años de este estilo de gobernar que, en estos poco más de 100 días de gobierno, hemos ¡do conociendo.

Por otra parte, Piñera ha desplegado un gran número de acciones conducentes a definirse como un político de centro. Para ello no escatima medios, juega a usar el lenguaje de la Concertación y retoma sus banderas, lo que incluso le trae conflictos con la UDI, el sector más duro de la alianza. Exhibe un populismo como el de Lavín, yéndose a dormir con los damnificados por el terremoto y las lluvias, y viendo partidos de fútbol públicamente en diversas ciudades del país. No obstante, hay una frontera que no pasa, la que va del dicho al hecho. Cuando las medidas propuestas llegan a la fase de su concreción, se diluyen en el tiempo y los montos, como está ocurriendo con los jubilados y la eliminación de la parte de sus sueldos que va a FONASA. Los prometidos seis meses de postnatal, que después de tantos anuncios contradictorios está quedando poco menos que en nada o casi peor que antes. Como ya hemos señalado, también los despidos inconsiderados de los empleados públicos, negados al principio por la propia presidencia, que ahora se han desatado. A esto se agrega un desorbitado afán por la privatización que en estos momentos amenaza a la salud.

Desde un comienzo Sebastián Piñera ha tratado de cortar el cordón umbilical que lo une a la dictadura. Comenzó declarando que había votado por el NO en el Plebiscito, y ha continuado haciendo gestos como los mencionados. La designación del ministerio mostró claramente este afán por demarcarse de la línea política dura de la UDI, aún plenamente pinochetista. Luego, vino la alocución sorpresiva del embajador de Argentina y el de su hermano José Pinera, mostrando que este cordón umbilical sigue intacto, y que el monstruo no ha muerto. Tan sólo dormita con un ojo semi abierto dispuesto a saltar en el momento menos pensado.

Esta mirada hacia el centro, más que a un coqueteo, obedece a una necesidad y a un peligro. Piñera quebró la fórmula consagrada que les permitía a los poderes fácticos, en especial a los empresariales, mantenerse al margen de los vaivenes políticos, eludiendo la contingencia, sacando las castañas con la mano de la Concertación. Ahora se han hecho cargo de todo, abarcando la totalidad de las esferas del poder. Pero, políticamente, quedaron más expuestos. El triunfo electoral fue apenas el desplazamiento de un puñado de electores. Las encuestas demuestran que no ha ido más allá la adhesión a este gobierno y que la desaprobación hacia éste aumenta. El temor que los urge y apura es que sólo son cuatro años, y que estos cuatro años pasen con mucha pena para el pueblo de Chile y sin gloria para el gobierno. Y entonces, como dijo Longueira, las pretensiones políticas de la derecha se amaguen por largo tiempo.

Fernando Ortiz, Político y Dirigente Universitario

En 1943 ingresa a la Universidad de Chile para estudiar Historia y Geografía, en una época en que la educación está impregnada del lema de P. Aguirre Cerda ” Gobernar es educar” y, donde además de un derecho de todo chileno, es considerada como preocupación preferente del Estado. Consciente del papel estratégico que para el país constituyen estas ideas, Fernando Ortiz no las abandona en toda su vida.

En 1949 Fernando Ortiz sobresale ya como dirigente estudiantil y está a cargo de la dirección de estudiantes comunistas, distinguiéndose por su enorme capacidad orgánica, su tenacidad en el cumplimiento de las tareas, y en la FECH como temible polemista.

En esa última organización juega un papel muy importante en el período de ilegalidad del partido comunista. En esos momentos la universidad se constituye en un foco de resistencia contra el régimen de González Videla; y los jóvenes comunistas, encabezados por Fernando Ortiz, despiertan la admiración popular por el coraje con que enfrentan la represión.

La “huelga de la chaucha” -contra el alza de la locomoción-donde los estudiantes juegan un papel importante, marca un punto de inflexión en el período de ilegalidad del Partido Comunista. Se acentúa el desprestigio del gobierno, cae el gabinete con Jorge Alessandri a la cabeza, y en el movimiento estudiantil se recompone la unidad de la izquierda con la formación del FAU (frente universitario de izquierda), que recupera la dirección de la FECH eligiendo a José Tohá, Lucho Dodds y Fernando Ortiz. El FAU es uno de ios precursores de! Frente del Pueblo, que postula por primera vez la candidatura presidencial de Salvador Allende (1952).

Las cualidades de dirigente político y universitario de Fernando Ortiz se expresan en forma más marcada aún en la década de !os 80, periodo de auge del movimiento popular en Chile, que culminará con la victoria de Allende y la Unidad Popular en 1970.

La universidad no solo no está ajena a las movilizaciones que sacuden las viejas estructuras sociales, sino que en muchos aspectos se adelanta a las reivindicaciones del Programa de la Unidad Popular Nos referimos a la Reforma Universitaria que estalla alrededor de 1966 y que se extiende por todo Chile. Fernando Ortiz está a la cabeza de los académicos comunistas que impulsan este proceso a partir de la primera asamblea de universitarios comunistas, celebrada en 1964. La Reforma Universitaria, que como lo sostiene él mismo, “gestada en una sociedad en crisis, y tuvo el carácter de un auténticos proceso revolucionario, que aún no termina. Derribó conceptos idealistas sobre la universidad, superó el esquema que sustentaba el inmovilismo, obligó a las autoridades a sustentar, en los hechos, nuevos principios académicos, nuevas estructuras de poder y nueva legalidad”.

Junto a Enrique París encabezan la organización del Partido en la Universidad de Chile, y son miembros activos de las nuevas estructuras que la reforma universitaria ha creado: Enrique Paris como miembro de su Consejo Normativo Superior y Fernando Ortiz como integrante del Senado universitario.

Elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista, cuando se produce el golpe militar, Fernando Ortiz decide permanecer en el país y poner al servicio del Partido y del pueblo de Chile su capacidad y experiencia adquirida en el período de clandestinidad durante el gobierno de González Videla. Así integra la Dirección Central del Partido hasta el momento de su secuestro y desaparición el 15 de Diciembre de 1976.

Cita: VVAA.”Fernando Ortiz, Político y Dirigente Universitario”[en línea] Cuadernos de educación . Dic.-Feb.2006 (año1) nº1.8-9pp. <https://cuadernosdeeducacion.wordpress.com/2011/04/05/fernando-ortiz…-universitario/>%5BFecha de Consulta:    ] .ISSN:0719-0271

Biografía de Fernando Ortiz Letelier

Nació en la ciudad de Puerto Montt en 1922. Hizo allí sus estudios primarios y secundarios y fue, desde temprano, dirigente estudiantil connotado. Pasó luego a la Universidad de Chile, en Santiago, donde inició estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y  Educación, que debió  pronto interrumpir por la muerte de su padre. Retomados éstos,   años después, obtuvo su título de Profesor de Estado.

Mientras fue alumno, jugó un destacado papel en las luchas propiamente universitarias y en las contiendas políticas. Eran los años de la Guerra Fría y en Chile se vivía el período de González Videla, político de rara mediocridad, cuya Presidencia de la República se recuerda sobre todo por la espectacular voltereta que lo llevó a perseguir con odiosa saña a los comunistas, Pablo Neruda entre ellos. Quienes conocieron a Ortiz en esa época no olvidan su oratoria vibrante, su lucidez y valentía, y el papel eminente que jugó .en el movimiento estudiantil, al lado de dirigentes como JoséTohá, Julio Silva Solar, Ignacio Alvarado, Bjorn Holmgren, Juan Bosco Parra y Pedro Pobrete Larraín, entre otros.

Esta responsabilidad bifrontal ya no lo abandonaría. Por una parte, fue Secretario general de las juventudes Comunistas y, luego, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, mientras accedía, paralelamente, a la cátedra de Historia Económica de la misma facultad donde se formó, y al Consejo Superior de la Universidad de Chile. AI lado de su tarea docente, que desarrollaba en estrecha colaboración con el historiador Hernán Ramírez Cochea, fue promotor y activista destacado del movimiento de Reforma Universitaria de fines de la década del 60. Este proceso fue, en su terreno específico, una marea transformadora, prolegómeno significativo de lo que, con posterioridad, sería el vasto movimiento político y social que encarnó la Unidad Popular.

En septiembre de 1973, el golpe fascista fue también particularmente brutal con las universidades. Demolió el sistema existente y produjo expulsiones masivas de profesores y estudiantes, más la secuela de detenciones, asesinatos y destierros. Ortiz perdió su trabajo y sufrió, como tantos otros, e! acoso policial. En el mes de diciembre de 1976 deambulaba por la intersección de las avenidas Macul e Irarrázaval de la comuna de Ñuñoa, eje urbano familiar para él durante décadas, porque el tránsito es por allí más o menos obligatorio si se trata de ir a la Facultad donde, primero, estudió, y en la que después trabajaría como profesor Fue detenido conforme al esquema ya clásico: un auto que se para y el grupo policial que desciende rápida y silenciosamente de él. No se tuvo nunca más noticias suyas. Fernando Ortiz Letelier agregaba así su nombre a las listas de detenidos-desaparecidos, invento siniestro de la tenebrosa historia vivida ese tiempo en el cono sur de América Latina.

LOM Ediciones (Fuente extractada)

Cita: VVAA.”Biografía de Fernando Ortiz Letelier”[en línea] Cuadernos de educación . Dic.-Feb.2006 (año1) nº1 .3-4 pp<https://cuadernosdeeducacion.wordpress.com/2011/04/05/biografia-de/>%5BFecha de Consulta:    ] .ISSN:0719-0271