La Reforma Universitaria de 1967. Ricardo López Erazo

Hace 50 años los campus universitarios de Chile se estremecieron.Las comunidades universitarias – académicos, estudiantes y personal no académico – irrumpieron en la escena política y social del país, proclamando el inicio de un proceso de reforma de la educación superior.

Hasta ese entonces, las Universidades eran consideradas “torres de marfil” haciendo alusión al nulo involucramiento en el devenir de su entorno social y menos en la construcción de un proyecto-país. Era un sistema elitista al que accedían sólo estudiantes que lograban sortear con buenos puntajes la prueba de ingreso que a la sazón se denominaba Bachillerato.

Salvo excepciones, que confirman la regla, los hijos de obreros y campesinos no tenían posibilidades de acceder a la educación superior. El sistema universitario reproducía a las elites gobernantes.

El proceso de Reforma Universitaria de 1967 fue un proceso complejo y ocurrió en un escenario histórico de guerra fría, sin embargo, el apoyo de las comunidades universitarias fue transversal. Los motores del proceso fueron jóvenes democratacristianos, socialistas, comunistas y un gran número de jóvenes, académicos y trabajadores independientes. La única exclusión provino de la extrema derecha con el movimiento gremialista creado por Jaime Guzmán el mismo año 1967. (El movimiento gremialista es el antecedente histórico de la actual UDI.)

Ese año el sistema universitario estaba conformado por ocho universidades, con gran preponderancia de las universidades estatales. La reforma vino a modificar de manera sustancial los contenidos y orientaciones de las funciones universitarias. Se estableció una nueva estructura de autoridad y poder a través de una participación triestamental e involucró, como nunca antes, a las universidades en la generación de proyectos de desarrollo y modernización del país.

El proceso de reforma significó que grandes contingentes de jóvenes se interesaran en los problemas de la sociedad chilena y en la forma en que se vinculaban el conocimiento científico y cultural con el desarrollo nacional y la política.

Cada casa de estudios vivió su propio proceso de reforma, pero es posible distinguir cuatro objetivos comunes en cada una de las universidades:

  1. Una docencia que fuera más allá del mero adiestramiento. Se procuró una formación más amplia, humanista y participativa. Por primera vez, los estudiantes tuvieron la posibilidad de incidir en la organización del currículo.
  2. Se promovió la investigación científica y tecnológica, aumentando considerablemente los recursos para aumentar la dotación de académicos de jornada completa e investigadores. Se mejoró notablemente la infraestructura de investigación, entendiendo que el desarrollo de ésta enriquecería a la docencia.
  3. El proceso de reforma incentivó una función que las universidades no habían desarrollado hasta ese momento, a saber, la extensión universitaria. Se buscó hacer aportes pertinentes a demandas de la sociedad. Es al calor de este proceso que surgen el ICTUS, el BAFONA, la Universidad de Trabajadores (UTE), el DUOC (UC) cuyo propósito inicial de este último era el acceso de jóvenes obreros y campesinos a la educación superior – muy distante de lo que hoy es- y múltiples experiencias en ese sentido, tan alejadas de los esfuerzos de “vinculación con el medio” que no son otra cosa que los brazos comerciales de las actuales universidades.
  4. La Reforma significó una amplia democratización de los gobiernos universitarios, se implementó la elección triestamental de las autoridades unipersonales y se promovió la participación de todos los estamentos en las decisiones de los gobiernos universitarios.

En términos generales, la Reforma Universitaria fue un proceso constructor en el que las demandas eran apoyadas por proposiciones sustantivas.

Durante el período 1967-1973, la Reforma continuó implementándose y mejorando continuamente, pudiendo señalarse que en ese período nuestras universidades respondieron satisfactoriamente a las demandas sociales y del país. Asimismo, su desarrollo interno posibilitó una vida universitaria real, rica en experiencias, debates y desarrollo personal de sus estudiantes. Nadie cuestionaba el rigor y la calidad de la formación incrementando vigorosamente el prestigio internacional de nuestras universidades.

En septiembre de 1973, la larga noche de oscurantismo habría de abortar dramáticamente este proceso. Con metralla y corvos entraron los bárbaros y sus rectores-delegados para demoler toda la obra realizada. Las expulsiones y persecución de estudiantes no se hicieron esperar, el despido de académicos y trabajadores fueron el denominador común en todas nuestras universidades. Luego, anticipándose a la transformación de la educación en un negocio, desmembraron y debilitaron a las universidades nacionales, obligándolas a una política de autofinanciamiento, pavimentando así el camino para la entrada a este “nuevo mercado” de instituciones que difícilmente podríamos llamar Universidades.

Hoy se discute en el Congreso el proyecto de Reforma de la Educación Superior, el gobierno ha comprometido que tras este proyecto se enviarán, este mismo año, dos nuevos proyectos: el que termina con el CAE y el de fortalecimiento de las universidades estatales. Son los primeros pasos para recuperar (o comenzar a recuperar) lo alcanzado en el proceso de reforma universitaria de 1967. Se requerirá del mismo espíritu constructor y de propuestas sustantivas para volver a colocar nuestra educación superior en el sitial que le corresponde.

Tranco firme. Manuel Riesco Larraín

“La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente”.

“Este 30 de septiembre quedará en la historia como el día que empezó la debacle del sistema universitario”, declaró el rector de una de las principales universidades privadas, en un reportaje conjunto con sus pares, quienes se expresaron en términos parecidos.

Tienen toda la razón. Se ha iniciado el fin de un mal sistema de educación, privatizado y sostenido con fondos del presupuesto público y agobiantes cobros a los estudiantes y sus familias, apropiados por establecimientos privados sin rendir cuenta alguna y sin “competencia” del sistema público, el que sobrevive a duras penas con “una mano atada a la espalda”, como declaró hace tiempo una autoridad gubernamental.

Ese es precisamente el camino que se abre con la firme decisión de la Presidenta Bachelet de iniciar la gratuidad en el presupuesto 2016, reasignando cuantiosas partidas de becas y créditos, a financiamiento directo de instituciones de alta calidad, inclusivas, participativas y sin fines de lucro, que terminen con los cobros a sus estudiantes.

ProyectoLSCNEGSenado_Página_18
Ahora se trata de en pocos años extender la gratuidad, así entendida, a todos los establecimientos que se incorporen voluntariamente al nuevo sistema de educación pública, así conformado, en todos los niveles, en todo el territorio y para todos los estudiantes.

El presupuesto de educación superior 2016 mantiene el monto del año anterior destinado becas y créditos (0,8 billones de pesos o aproximadamente 1.200 millones de dólares), rebajando las primeras pero incrementando los segundos más o menos en el mismo monto. Sin embargo, agrega una partida significativa (más de medio billón de pesos) destinada a aportes directos a las instituciones que se incorporen a la gratuidad. De esta manera, se revierte drásticamente la tendencia a aumentar las proporción de partidas destinadas al así llamado “subsidio a la demanda”, que se venía dando desde haces tres décadas y constituía la base de la privatización.

Esta medida favorecerá de inmediato a cientos de miles de estudiantes, los que más lo necesitan, quienes dejarán de endeudarse o someterse a los discriminatorios requisitos del sistema de becas; a las instituciones que contarán ahora con un financiamiento adecuado y estable sin tener que firmar avales ante los bancos; y a sus académicos, quienes podrán aspirar a condiciones de trabajo más estables, las que constituyen la base de una educación de calidad.

La medida no perjudica a nadie, puesto que quienes estudian en instituciones que no cumplan con los necesarios requisitos para acceder a la gratuidad continuarán recibiendo apoyo estatal en becas y créditos, igual que hasta ahora. Sin embargo, hay que avanzar rápidamente para extender la gratuidad, así entendida, a todo el sistema educacional. La medida comentada muestra que ello es perfectamente posible, sin desembolsos mayores.

El asunto es ofrecer un camino para la rápida transformación de las actuales instituciones educacionales, en todos los niveles, de manera que las que voluntariamente así lo deseen, puedan acceder pronto al nuevo sistema público así conformado y sus estudiantes a la gratuidad.

En el caso de las universidades acreditadas, hay que ofrecer un camino claro para que, a cambio de un acceso gradual a la gratuidad, éstas transformen su estructura de propiedad de modo de garantizar que no tengan fines de lucro, que mejoren su calidad hasta satisfacer a los requisitos indispensables, y democraticen su estructura de gobierno incorporando a los tres estamentos; esto último es la clave para garantizar que su funcionamiento se va a alinear con autonomía a los objetivos públicos.

En el caso de las universidades privadas no acreditadas, que hoy no pueden acceder a becas ni créditos, su situación financiera es incierta y hay que establecer un fondo presupuestario adecuado para absorberlas completas en algunas de las universidades estatales. Éstas deben asimismo ser reformadas profundamente, saneadas financieramente, y fusionadas las más chicas o inviables en otras mayores de modo de dejar una o a lo más dos por región, empezando por el retorno del Instituto Pedagógico —actual “UMCE”— a la Universidad de Chile, de la cual fuera expulsado por la dictadura en una de sus primeras medidas “educacionales”. Asimismo, hay que dar un presupuesto adecuado a las universidades estatales que recién nacen, lo que es muy importante, puesto que ellas deben ser gratuitas desde sus inicios.

En el caso de la educación superior técnica, la primera medida debe ser retornar INACAP al Estado, a quien pertenece. Fue entregado sin pago alguno a sus directivos en la hora undécima de la dictadura y es tiempo que retorne al Estado para constituirse en la base del sistema público en ese nivel educacional importantísimo. Del mismo modo, hay que proceder con decisión a la medida programática de creación de un CFT público por región. Respecto de las instituciones privadas en ese nivel, hay que proceder igual que con las universidades, transformándolas o absorbiéndolas.

ProyectoLSCNEGSenado_Página_23

Finalmente, hay que modificar del mismo modo el sistema de financiamiento de las escuelas, colegios y liceos. Actualmente se da el contrasentido que se les ha prohibido el lucro, al mismo tiempo que se les ha incrementado el financiamiento público entregado íntegramente mediante “vouchers” ¡incluso a las escuelas municipales! Eso debe ser modificado de inmediato, transformando la así llamada “ley de desmunicipalización” en la reconstrucción del sistema nacional de educación pública en este nivel, con una estructura  de dirección bien equilibrada en sus aspectos centralizados y descentralizado y con la misión de dotar rápidamente a cada barrio y cada pueblo con una escuela pública gratuita y de calidad, empezando por la más necesitados.

Para ello es necesario transformar los actuales colegios subvencionados, incorporando los mejores de ellos directamente al presupuesto, en un esquema de gratuidad similar al que se está aplicando hoy para las universidades, con la misión específica de atender de manera gratuita a un barrio determinado. Esta medida tendrá un impacto gigantesco, mejorando la calidad de la educación pero también la vida en las ciudades, entre otros aspectos al reducir drásticamente el número de viajes, puesto que los niños podrán caminar a su escuela, pública gratuita y de calidad, ubicada cerca de su casa, tal como lo hacen en todos les países del mundo.

La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente.

Ahora que la decisión de la Presidenta es un hecho y forma parte de la ley de presupuesto, nadie ha osado pronunciarse en contra. Ha enmudecido el coro estridente y majadero, que intentó manipular todos los resortes del poder que manejan a su amaño, incluidas pataletas histéricas, amenazas de romper la coalición de gobierno y no incorporar a la gratuidad a algunas instituciones importantes, para impedir la concreción de esta medida de evidente beneficio general, que implementa un programa sancionado democráticamente. De seguro se van a reponer de su desconcierto inicial y van a intentar poner palitos a la aprobación de la ley de presupuesto, pero les resulta cuesta arriba y fracasaran en el intento.

Sería lindo que los estudiantes ayudarán aún más en todo este gran avance, que ha sido posible gracias a su histórica movilización iniciada el 2006. Recientemente, la posición de la principal organización estudiantil y algunos parlamentarios de esa “bancada”, han aparecido con remilgos puristas o más preocupados de hacer oposición al gobierno que de lograr avances concretos para miles de estudiantes. Han mantenido una posición ambigua en la dura batalla librada desde hace más de un año, por iniciar la gratuidad de inmediato en la ley de presupuesto, la ley madre que determina la política del Estado.

Es de esperar que ahora se sumen con decisión a la batalla que se viene, por aprobar la ley tal como la ha presentado el gobierno y extender esta medida rápidamente a todos.

FUENTE

El Sistema de Acreditación de la Educación Superior en Chile. Por Ricardo López Erazo.-

Antecedentes históricos:

Desde el mismo 11 de septiembre de 1973, la dictadura de Augusto Pinochet, intervino el sistema de Educación Superior en Chile.

Los “Rectores Delegados” impusieron la barbarie, la persecución y pusieron fin a una comunidad universitaria que había realizado un proceso de reforma democrática que nos prestigiaba a nivel mundial.

Nuestras Universidades, después del proceso de reforma de los años 60’s, desarrollaban docencia, investigación y extensión con un gran reconocimiento de la comunidad universitaria y científica internacional, y además lo hacían en el marco de una estructura de gobierno triestamental.

Durante los años 1973 y 1980, la dictadura de Pinochet, se impuso la tarea de desmembrar la estructura universitaria chilena. Así es, como en estos años el gobierno de Pinochet instala una máquina de moler universidades hasta que logra una situación de atomización que permite iniciar aventuras capitalistas que deseen lucrar con la educación superior.

La guinda de la torta vendría a ser la Ley 20129, también conocida como la Ley de Acreditación de la Educación Superior. En Octubre de 2006, se promulga esta ley que viene a inclinar, aún más, la cancha a favor de los inversionistas privados de la educación superior.

Diagnóstico:

Transcurridos 30 años, después de atomizado y sometido a las cadenas del autofinanciamiento, el sistema público (y tradicional) de Educación Superior no ha podido ser abatido del todo por los “eficientes consorcios privados, nacionales e internacionales

¿Qué falta por hacer?

HOMOLOGARLOS: Intentar que parezcan iguales, que el “mercado” perciba que un título de aquí es igual al de allá, que los “eficientes privados” pueden dar más cobertura y cobrar menos- por eso- porque son más eficientes, son de excelencia…

SOLUCIÓN: La acreditación.

Después de más de dos decenios, en que la hipótesis neoliberal no se cumple, se hace necesario desnivelar aún más la cancha a favor de los mercaderes de la educación.

¿Pero cómo homologar Universidades de pizarra y plumón, con 90 % de académicos- hora, de bibliotecas ínfimas, de laboratorios inexistentes (en la mayoría de los casos), con Universidades que tienen bibliotecas y laboratorios, que cuentan con académicos de jornada completa, que no sólo realizan docencia sino también investigación y extensión?

Fácil, el Chilean way : un poco de talibanes neoliberales dispuestos a inmolarse por la “mano invisible”, una pizca de asesores y expertos con serios compromisos de intereses y la infaltable cucharadita de funcionarios de alto nivel inescrupulosos y dispuestos a venderse al mejor postor.

Si esta cazuela la cocinamos a fuego lento- y le agregamos unos condimentos de conceptos para que le den sazón: calidad, aseguramiento de la calidad, propósitos declarados, todo lo anterior con el objetivo de que no se contamine con participación de las partes interesadas, logramos el objetivo de homologar esperpentos de lucro en la educación superior con reales universidades.

Es necesario detenerse en un análisis más detallado de esta Ley (20129) para comprender sus reales alcances:

La columna vertebral de esta ley se alza sobre tres conceptos, los cuales son redundantes entre sí:

  • Autorregulación
  • Aseguramiento de la Calidad
  • Propósitos declarados.

La autorregulación, de mayor trasfondo ideológico, simplemente plantea la intención de cumplir con ciertos “propósitos declarados” de la entidad que pretende acreditarse.

Las exigencias con esta política de autorregulación no van más allá del disponer de políticas, mecanismos y controles que velen por el cumplimiento de los “propósitos declarados”.

No hay en esta autorregulación nada que valide la intervención, ni del Estado ni de partes interesadas (estudiantes, académicos, familias, Estado, entre otras) ni de la sociedad en su conjunto.

Así se introduce en la política universitaria un viejo dogma neoliberal, los mercados no deben ser intervenidos, mientras más desregulados más eficientes serán.

La desregulación, ha sido y será, un campo de batalla ideológico fundamental. La última (y no final) crisis capitalista gatillada en el mercado inmobiliario y financiero de EE.UU. se desata precisamente por la peculiar idea que los bancos pueden vigilarse de forma eficaz a si mismos.

En 1999, los lobbystas neoliberales americanos ganan una gran batalla . La Ley de Modernización de los Servicios Financieros termina con la Ley Glass-Steagall de 1933, aquella ley que surge después de la Gran Depresión. Esta ley pretendía evitar que se reprodujera la situación que los llevó, precisamente, a la Gran Depresión. La ley de 1999 es en esencia una ley “autorregulatoria” que en menos de diez años creó las condiciones para la crisis global financiera de 2008. (Ver J. Stiglitz, Caída Libre, Editorial Taurus)

Sin ir más lejos, el laboratorio neoliberal chileno nos muestra que esta “autorregulación” nos provee de cadenas de farmacias coludidas en contra de los enfermos, duopolios energéticos imponiéndonos “su solución”, la banca chilena obteniendo las mayores rentabilidades “autorreguladas”, entre otras.

Si la “autorregulación” primera piedra del neoliberalismo no funciona en ninguna parte, ¿Por qué deberíamos pensar que funciona en la Educación Superior?

El aseguramiento de la calidad, es un concepto que proviene de las normas de calidad de la familia de normas ISO 9000, el problema es que ya en esta familia de normas, a partir del año 2000,pasó a ser un concepto obsoleto.

El concepto vigente es el de gestión de calidad, la diferencia no es menor, el concepto vigente de gestión de la calidad exige al que pretende certificarse en esta norma, que someta a prueba su sistema con las partes interesadas con las cuales interactúa. El viejo concepto de aseguramiento de la calidad no planteaba esta exigencia y sólo dejaba en manos de la organización el establecer un sistema “autorregulatorio” (procedimientos y registros) que pruebe que lo que se dice que se va a hacer, se haga.

El tema de los “propósitos declarados” resulta ser también una triquiñuela neoliberal de mayor importancia: ¿cómo es posible homologar universidades que declaran sólo docencia y pretenden asimilarse con universidades que están empeñadas en desarrollar- además de docencia- investigación y extensión?

El pensamiento crítico, el compromiso del estudiante con su disciplina y con la sociedad a la cual pretende servir, no se puede desarrollar en una comunidad en que no haya investigación ni extensión.

De la misma manera no es posible confundir extensión con marketing. La rebuscada expresión de vinculación con el medio, no reemplaza la necesaria dialéctica entre universidad y sociedad que pretende un proyecto de desarrollo compartido por y para todos.

Esta ley de acreditación resuelve el problema simplemente por el expediente de los “propósitos declarados” y por tanto otorga acreditación aún a quienes no merecen ser considerados como una Universidad.

La docencia, la investigación y la extensión son las tres funciones que conforman la peculiaridad de una Universidad. O se realizan las tres funciones o no se es Universidad.

El actual ministro de educación, de manera acostumbrada por el “gobierno de excelencia” nos plantea que se viene una nueva ley de acreditación: la acreditación 2.0.

No informa de ningún aspecto relevante, no señala que aspectos negativos se tratarán de resolver, ¿habrá más autorregulación? Preocupémonos.

El actual Ministerio de Educación en manos de Lavín y sus asesores, todos ellos con evidentes conflictos de interés (debido a su participación directa o indirecta en Universidades Privadas “sin fines de lucro”), tendrá por objetivo, siempre, el crear condiciones cada vez más favorables para el desarrollo del “mercado” y la aniquilación del sistema público y tradicional. La acreditación es una variable importante.

Hacemos un llamado a nuestros lectores a participar en una reflexión colectiva en torno a un nuevo sistema de acreditación que refleje el real nivel de complejidad (y calidad) que tienen las universidades, el desempeño de las tres funciones debe ser ineludible, el gobierno triestamental también. De otro modo no estamos hablando de Universidad sino de otra cosa. Las páginas de nuestros Cuadernos de Educación están abiertas a su participación.

Comentarios entorno a la Reforma Lavín. Por Gustavo Quintana

Publicitada inicialmente como una reforma para producir un cambio revolucionario en la calidad de la educación, el conocimiento de su texto indica que se trata sólo de profundizar el modelo neoliberal de educación instalado por la dictadura, con todo el lastre autoritario e ideológico impuesto por ella.

Los aspectos principales de este modelo, vigente por cerca de 30 años, se acentúan en la reforma propuesta, y sus objetivos actuales pueden sintetizarse en lo siguiente:

  • Aceleración del proceso de liquidación de lo que queda de educación pública (municipal) , que debiera caracterizarse por ser gratuita , permitir el acceso de todos a una educación de calidad y ser capaz de entregar, bajo el control y el financiamiento del Estado, iguales oportunidades a todos los estudiantes

 

  • Intensificación del lucro, como factor preponderante, y de la acción del mercado como rector de todo el sistema educacional, con el consiguiente aumento en la desregulación de todo el sistema y el deterioro de calidad en especial para la inmensa mayoría de los niños y jóvenes

 

  • Profundización de la segregación social en la educación básica y media (los mejores profesores y las mejores condiciones de estudio para los colegios privados y/o ” de excelencia”, que no cubren más del 10 % del total de los alumnos ). Además, en este mismo cuadro, sólo un 30% de los estudiantes, en su gran mayoría de los sectores de mayores ingresos, tendrían acceso a la educación preescolar.

 

¿Qué propone la ley y cuán lejos se encuentra de constituir un cambio profundo en la educación?

La ley mezcla proposiciones que aparentemente constituyen modificaciones profundas en la calidad y la equidad de la educación(becas para estudiantes que ingresen a estudiar pedagogías con puntajes de 600 puntos o más , 50 liceos de excelencia que reúnan el 70% de los mejores estudiantes del sistema municipalizado), con modificaciones tendientes a consolidar el modelo neoliberal (modificación del estatuto docente .modificaciones cuticulares) y con medidas que en principio nadie puede objetar (mejoramiento de las condiciones de jubilación de profesores con más de 30 años de trabajo, acceso al nivel más alto de remuneraciones a los 10 años de carrera, en lugar de los 30)

Analicemos en primer lugar si el número de estudiantes que serían becados, y que debieran formar esta nueva élite de profesores, es suficiente para asegurar una educación de mayor calidad al conjunto de los estudiantes chilenos en un lapso de 15 años (suponiendo entre 2500 y 3000 becas anuales, que serían utilizadas). Si bien la calidad de los nuevos profesores aseguraría un recambio de calidad para la generación que debe jubilar en el transcurso de estos 15 años y, sin duda, sería superior a la de la gran cantidad de quienes están egresando, de universidades, escuelas e Institutos no acreditados y de establecimientos acreditados de calidad insuficiente, que muchas veces otorgan títulos a través de cursos por correspondencia, persiste la duda si los marcos de la ley permite formarlos en cantidad suficiente para alcanzar a todos los estudiantes en el lapso de tiempo señalado.

Para estimar muy aproximadamente las necesidades de recambio, o los vacíos a llenar, consideremos tres factores el destino probable de los nuevos profesores, la magnitud del número de profesores en edad de jubilar, y la falencia de profesores en el sistema , para poder asegurar una educación de la misma calidad para todos los estudiantes.

En la actualidad, y en el caso de las pedagogías, una cifra del orden del 67% de los que ingresaron a estudiar pedagogía ya sea abandonan sus estudios antes de egresar(40%) o abandonan la educación dentro de los 4 años posteriores a su egreso, por encontrar posibilidades de trabajo más estables y con mejores remuneraciones fuera de la educación. (La ley no propone ni una carrera académica estable y atractiva ni expectativas materiales comparables con las de las principales carreras universitarias, manteniéndose la valoración del profesor como un profesional de segunda categoría). Evidentemente parece altamente probable que profesores con mejor formación tiendan a emigrar neutralizando parcialmente uno de los pocos objetivos de la ley que apuntan en la dirección correcta.

La magnitud del número de profesores en edad de jubilar se estima en ¡a actualidad en 7000 y al final del período presidencial bordearía los 15000 Todos ellos, profesores que en su mayoría sólo esperan una proposición digna para hacerlo, proposición que figura en la ley.

Si además consideramos el déficit en profesores de pre-básica (70%), y los nuevos profesores que sería necesario contratar para mejorar las condiciones de enseñanza (por ejemplo, limitar a 30 el número de estudiantes por sala), el objetivo de mejorar la calidad sólo alcanzaría efectivamente a una parte de los estudiantes y ¡a equidad , en los marcos de la ley, sería prácticamente imposible, con lo cual el sello dé la segregación continuaría marcando el modelo.

Lo estrecho de los márgenes de la ley, que hacen prácticamente imposible asumir como objetivos el mejorar la calidad de una educación al alcance de todos los estudiantes, indica falta de voluntad política para asumir la educación como un derecho fundamental y como elemento estratégico para el desarrollo del país . y sólo se comprende la urgencia de hacer aprobar esta ley, casi sin discusión, por otros objetivos presentes claramente en la ley.

Así, desconociendo que la causa del fracaso está en el modelo, modelo que no es utilizado en la inmensa mayoría de los países desarrollados con mayor nivel’ educacional (con sistemas muy estructurados, con el Estado como tronco central de él), se culpabiliza al profesor como responsable principal del fracaso, y la ley se centra principalmente en modificar el estatuto docente y en tener mayores atribuciones para reprimirá los profesores.

Junto a esto se trata de legitimar el modelo con ¡os pequeños avances en la prueba Pisa, que después de 30 años de aplicación ubican a Chile entre el 44° y el 49 ° lugar (entre 65 países de la OCDE e invitados) y se pretende introducir la falacia que con este magro resultado Chile lidera la educación en América latina. Quien haya leído el N° 14 -año 4 del Boletín de Educación habrá constatado que Cuba, que no es miembros de la OCDE ni invitado a participaren esa prueba , sino por el contrario, en pruebas tomadas por Unesco en los países de América ¡atina tiene efectivamente, y por un gran margen , el mejor rendimiento en esta parte del mundo.

Ya asegurado que los sectores de mayores ingresos mantendrán una calidad de educación superior a ¡a del resto de los niños y jóvenes de Chile (segregación consolidada), entre las proposiciones de la ley que realmente interesan a la alianza destacan las modificaciones al estatuto docente, en lo que se refiere a profesores, directores y modificaciones curriculares.

Se otorgan mayores atribuciones a los sostenedores de colegios que estén más vinculados a los aprendizajes de sus alumnos ( ¿ ), los que tendrían autonomía de crear y administrar sus propios sistemas de evaluación que complementen los mecanismos establecidos en el estatuto docente. De esta forma se pretende darle más autonomía al sostenedor para tener una evaluación más ad hoc a sus necesidades.

Estas proposiciones, como lo plantea Jaime Gajardo, presidente del colegio de profesores, amplía los potenciales de despido y somete a ¡os profesores a una doble evaluación , sin control y sin mecanismos que aseguren la objetividad.

En cuanto a la evaluación de los profesores y las desvinculaciones producto de ello, se retrocede. Así la desvinculación actual, producto de evaluaciones insuficientes por tres veces seguidas, se puede adelantar disminuyendo a sólo dos la condición de insuficiencia y, además, haciéndola extensiva a tres evaluaciones consecutivas de un desempeño básico. Igualmente se incluye como causal el no respetar el reglamento interno del colegio y hacer uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo de seis meses en un período de dos años.

 

En las proposiciones para la designación de nuevos directores y la selección de los nuevos profesores se ignora condiciones indispensables para una educación de calidad, como el equilibrio entre el director y los profesores. Administrador y gestor el primero, el papel de expertos en educación corresponde a los profesores, y sólo un funcionamiento armónico entre ambos elementos y una participación conjunta en las grandes decisiones del colegio puede asegurar su éxito.

En la ley, por el contrario, una parte de los nuevos directores (un 25% del total) serían seleccionados por un organismo similar al de alta dirección pública y tendría como requisito indispensable estar en posesión de un magister en la función que desempeñaran(¿ ) aun cuando seguirían siendo nombrados por el alcalde entre una terna que este organismo fe presentaría. Su renta aumentaría sensiblemente y tendría la potestad de desvincular hasta el 5% de los profesores por año, potestad ésta que quiebra la posibilidad de trabajo armonioso entre director y profesores.

La selección de los nuevos profesores exige, además de su título, la rendición de una prueba de conocimientos (prueba Inicia) sin otro requisito para alguien que no tiene ninguna experiencia (como sería, por ejemplo, la evaluación de su equilibrio emocional, de su aptitud para enfrentar crisis o su ascendiente sobre los jóvenes estudiantes). Su remuneración, por otra parte, estaría en función de los resultados en esta prueba de conocimiento, creando, desde su ingreso, una situación potencialmente conflictiva frente aun cuerpo de profesores que sí tiene experiencia, pero donde los niveles de renta no aparecen claramente en concordancia con los de los nuevos profesores. En suma, se deterioran las condiciones de trabajo en los colegios municipalizados, un escalón más en el deterioro de lo que queda de la educación estatal.

En resumen, los objetivos inmediatos más claros se pueden resumir en: Desregulación del sistema de educación para facultar una verdadera razzia entre los profesores, en primer lugar, entre los más activos del colegio de profesores y ahuyentar a profesores y alumnos de los colegios municipalizados.

Se perfilan cuatro sistemas diferentes con diferentes capacidades para desvinculara los profesores.

Colegios privados no subvencionados con licencia absoluta para despedir.

Colegios privados subvencionados con mayores libertades para despedir y para lucrar. Una parte de los colegios municipalizados (75%) con el tipo de dirección anterior a la ley, con más causales de licenciamiento.

Colegios municipales con el nuevo tipo de dirección con derecho a licenciar anualmente hasta al 5% de los profesores.

Modificaciones curriculares: “la guinda de la torta”.

La obsesión de reemplazar la calidad por indicadores, que no constituyen por si solos una evaluación absoluta del éxito de un sistema educativo, lleva al absurdo de disminuir el estudio de disciplinas fundamentales para la formación de los jóvenes(Historia, Ciencias Sociales, Artes), para disponer de más tiempo para machacar disciplinas que son evaluadas directamente por esos indicadores. Se empobrece así torpemente la formación de los estudiantes, despreciando instantes en la vida del niño donde existen, usando los métodos y la psicología apropiadas, potencialidades de aprendizaje de la lengua materna y de las matemáticas con rendimientos superiores a los que se dan posteriormente, y todo esto sin salirse del mundo lúdico propio de la infancia.

La verdad es que opera una tentación ideológica perversa, pues los sectores que detentan el poder niegan siempre los conflictos pendientes con nuestra Historia , (“no vivamos en el pasado, miremos el futuro), a pesar de que !a realidad nos recuerda con cierta regularidad su existencia. Hace algunos meses, con el pueblo mapuche, en este mes, con los pascuenses reprimidos y golpeados allí donde son los únicos habitantes legítimos y, paralelamente en estos días en Paris, con el juicio abierto a militares chilenos por la desaparición de cuatro franceses, víctimas del régimen de Pinochet

En resumen esta ley no es ni revolución ni pálida reforma, sino una sucia operación política para continuar implantando un modelo dogmático que asegure que el conocimiento y la capacidad profesional continúen siendo un privilegio de la élite del poder.

Menos historia, más desarrollo. Por Pablo Aravena Nuñez

Este domingo 21, antes de las noticias, el presidente Piñera anunció en cadena nacional su paquete de reformas a la educación chilena. En ello lo precedió durante la semana el ministro Lavín, quien había dado la primicia de la ampliación de horas de Lenguaje y Matemáticas a costa de las de Historia y Educación Tecnológica.

Los argumentos esgrimidos son lo mejor de esta nueva “Revolución silenciosa”, que Piñera impulsa en su envolvente retórica bajo la ambigua figura de Frei Montalva… ese otro “revolucionario en libertad”: “Está demostrado que los países que así lo han hecho tienen mejores resultados”, “así se hace en los países desarrollados”. Larga y triste tradición tienen estas ideas en las ciases políticas latinoamericanas. Larga, porque es la pieza fundamental de la ideología modernizadora que se propaló desde mediados del siglo XIX por unas antiguas aristocracias criollas que ahora hacían de bisagra entre los intereses del capital inglés y estadounidense y la fuerza de trabajo y mercados locales. Triste porque tuvieron como resultado la absoluta desigualdad, pauperización del pueblo y dependencia económica (y por ende política) de las jóvenes naciones, mucho mayor que en la colonia. En una palabra: se sentó las bases del subdesarrollo.

Lo que funciona para los países desarrollados usualmente no resulta para los subdesarrollados, todo lo contrario, tiende a agravar sus condiciones. Las medidas anunciadas no pueden ser entendidas más que como otra pieza del populismo que hemos visto despuntar este último tiempo, porque todos los ajustes “técnicos” van acompañados de “incentivos” económicos para retiro, mejoras salariales “para los mejores” y bonos para los directores, que quintuplican los actuales, y lo mejor, sin que los montos salgan del bolsillo de los sostenedores. ¿Quién podría resistirse? ¿Así quien se opone al progreso? Un pueblo castigado, desmovilizado y atomizado se olvida de los problemas de fondo por un bono de cuarenta mil pesos. Así estamos.

¿Por qué no dicen Piñera y Lavín qué porcentaje del PIB invierten en educación esos países que quieren imitar? ¿Por qué no nos muestran qué tipo de clases reciben esos niños y jóvenes? ¿Por qué no nos hablan de la distribución del ingreso, de sus “inflexibles” leyes laborales, de los bajos niveles de estrés y enfermedades siquiátricas de su población? ¿Porqué no nos mencionan el caso de Francia, en donde los profesores de escuela trabajan 17 horas semanales y reciben un pago equivalente al de un académico? Y algo más importante, no nos dicen que en Francia, Alemania e Inglaterra -que es donde supuestamente miran nuestros gobernantes- a nadie se le pasaría por la cabeza, después de Auschwitz; “mejorar” la educación a costa de reducir horas de Historia. Porque aunque vaya con Ciencias Sociales, Geografía y Educación Cívica, sigue siendo la mantención de la memoria lo esencial de este trabajo, y tenemos cosas importantes que recordar en Chile. Porque la reiteración -y saturación- de imágenes y testimonios para las fechas de “aniversario” con que nos llenan los medios no equivale a recordar bien. Y no es que los profesores en la mayor parte de las escuelas lo estén haciendo, Recuerdo haber supervisado una clase en que el profesor preguntaba a los alumnos sobre lo que sabía desde su casa sobre el Golpe de Estado,.. y los niños contestaros reproduciendo todos los prejuicios de sus padres, y la clase se cerró con un “todas las opiniones sin válidas”. Hay demasiado por hacer en materia de la enseñanza de la historia, pero este recorte horario lo que hace es restringir la posibilidad de mejorarla. ¿Por qué que se puede hacer ahora en una clase de historia que dura 25% menos con un grupo igualmente numeroso? Para nuestro trabajo se necesita tiempo (porque toda reflexión lo requiere) y un número de alumnos que garantice un trato humano.

Pero este gobierno, más que los anteriores, insiste en focalizar la culpa en el individuo profesor Esa tan usada estrategia del discurso de las “Ciencias de la Empresa”, de los “Recursos Humanos”, en que la baja productividad siempre es culpa del trabajador… y siempre la productividad es baja,.. y el individuo imbuido de la lógica de las ciencias de la empresa se hace cargo, trabaja más y se capacita con costo a su bolsillo. Hace tiempo que no son necesarios los capataces, porque el capataz está dentro. Sabemos que estas lógicas se viene impulsando desde los gobiernos de la concertación, pero ahora nos enfrentamos a la voluntad de un completo cambio de línea editorial. Todavía no están ¡as condiciones para transformar los programas de historia, pero ya vendrá. Sintomática es la columna publicada en El Mercurio por en historiador Gonzalo Rojas (Opus Dei igual que el ministro Lavín): “el factor clave es el profesor, lleno de aparente vocación docente, pero que por su militancia en las izquierdas transforma la cátedra en pisito de adoctrinamiento” [. . ] “la tarea pendiente está primero en los programas y los textos” […] “Por ahora, la discusión está centrada en una cuestión menor: horas más u horas menos” (El Mercurio, 24 de noviembre de 2010).

Bueno, esto era un gobierno de derecha. Elegido por los votos, desde luego. (Otro problema sería entrar a ver qué tipo de información dispone la gente común a la hora de “decidir”, o si a estas alturas, con tanto “marketing político”, hay algún razonamiento previo al voto… pero esto es tema de varias columnas que quizá escriba. Aunque intuyo que una. buena práctica de enseñanza de la Historia se opone a dichos vicios. ¡No sea que a alguien le interese promoverlos!).