Universidades en el Mercado Educacional, un nuevo elemento. Félix Fernández S.

Si bien marzo no es el primer mes del año, sí lo es en términos académicos para las diversas esferas educacionales: primaria, secundaria y universitaria, donde nuevamente las universidades enfrentan un escenario diferente y desafiante para su futuro no solo en el corto plazo, sino en el tiempo estratégico de su futuro como formadora y educadora de profesionales para el país y la sociedad. Esta afirmación, si la miramos en forma lógica, no debiera tener componentes distractores o destructores de la institucionalidad universitaria estatal, ya que correspondería entender que las instituciones estatales de índole universitaria son un ente estratégico para el desarrollo integral de la sociedad en sus diversos y complejos ámbitos. Pero la realidad de las últimas cuatro décadas nos demuestra con hechos concretos que no es así, siendo cada vez más confuso el escenario educacional chileno y en especial el superior.

Este artículo tiene como propósito generar inquietudes en torno al cuestionado rol existente por parte del Estado para con sus universidades, y de cómo ha sido el mercado el que juega un papel fundamental en las orientaciones y directrices de la institucionalidad universitaria. Cuestionamiento que haremos desde una perspectiva en particular, la que tiene relación con el proceso de selección universitaria PSU (prueba de selección universitaria).

psu

En el año 2012 ingresaron al sistema de selección universitaria ocho universidades privadas no tradicionales: Universidad Diego Portales, Universidad Mayor, Universidad Finis Terrae, Universidad Andrés Bello, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de los Andes, Universidad del Desarrollo y Universidad Alberto Hurtado. Esta incorporación masiva de universidades al proceso PSU podría ser justificado respecto de una mayor oferta para con los estudiantes que postulan a las diversas casas de estudios, pero esto no es así, ya que estas instituciones privadas no necesariamente necesitan de la PSU o de un puntaje particular de ésta como requisito de ingreso estudiantil, ya que con tan solo el certificado de cuarto medio podrían matricular a sus potenciales alumnos.

La experiencia vivida estos dos últimos años ha demostrado que el mercado nuevamente interfiere en el ámbito educacional. Las universidades tradicionales en general, y las estatales en particular, al contar con la exclusividad de la PSU como requisito de ingreso, generaban una conciencia respecto de la exigencia y la tradición en cuanto a sus planes de estudios y carreras, elementos exclusivos de los años de existencia, la tradición adquirida y el prestigio de aportar al desarrollo nacional. Estas características mencionadas claramente son menguadas al incorporarse otros actores educativos que en su mayoría no cuentan con ellas, pero que, por el solo hecho de ser parte de las universidades que toman en cuenta la PSU, pueden generar en la subjetividad del pensamiento novato estudiantil confusión y homogenización, colocando en una misma balanza a todas las universidades incorporadas en la selección por la PSU y, por ende, una paridad igualitaria con respecto a la decisión de postulación y posterior matrícula.

Si bien la construcción de una tradición no es transferible por un factor de años de historia, sí puede ser cuestionada cuando las instituciones tradicionales entran en la competencia del mercado, ya que ellas no cuentan con una herramienta clave a la hora de competir en los términos de la oferta y demanda académica. El factor monetario, herramienta fundamental para cualquier empresa que pretenda ser exitosa y duradera en el tiempo, juega un rol primordial al momento de promocionar y competir con las demás casas de estudios, que en términos de mercado serían parte de la competencia educacional universitaria. Las universidades privadas, bajo estas reglas del mercado, han demostrado ser estratégicas y hábiles, ya que, por una parte, son favorecidas por la confusión de la tradición y excelencia, y por otra, porque han contado con un masivo marketing de posicionamiento comunicacional, el que obviamente debe ser financiado constantemente. Realidad muy distinta a la de las universidades tradicionales estatales, las cuales no cuentan con el financiamiento o presupuesto necesario para realizar esfuerzos comunicacionales de promoción constante, por lo que la medida a tomar frente a este grave problemática consiste en promocionar sus ofertas académicas solo en los meses en que dura el proceso de selección universitaria.

El marketing universitario no solo es comunicacional sino también material, y un ejemplo claro de ello es la precariedad infraestructural de muchas universidades tradicionales, agobiadas por el paso de los años y por la falta de financiamiento para la mantención de sus recintos, por lo que en una rápida comparación con respecto de las universidades privadas, la modernidad del espacio arquitectónico se presenta como un atractivo al futuro estudiante que busca la comodidad y lo instantáneo. También debe considerarse la lluvia de regalos y supuestos beneficios que se ofrecen a los estudiantes que se matriculan en las universidades privadas, ventaja asociada a los diversos recursos que utiliza el mercado frente a la venta de bienes y servicios, donde el atractivo de lo moderno, lo instantáneo y lo plástico, son un aspecto primordial frente a la decisión de un estudiante inseguro. Al fin y al cabo es meramente un cliente a quien hay que captar.

El marketing tiene éxito cuando se alcanza un potencial público que prefiere optar por sus productos y servicios, y la forma de medir aquello con respecto de la selección de la PSU es por la cantidad de alumnos matriculados .

Generalmente las universidades tradicionales cuentan con ciertas carreras o facultades insignes, más aún si estas se encuentran en alguna región. Ejemplo concreto del punto anterior es la Universidad de Valparaíso, ubicada en la quinta región de Chile. Esta universidad era la única casa de estudios tradicional o de selección PSU que impartía las carreras de: Medicina, Odontología, Tecnología Médica y solo compartía con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso carreras ligadas a las Ciencias Jurídicas, como Derecho. Este potencial reconocido por años de excelencia académica, quedó mermado automáticamente desde el año 2012, ya que en la región de Valparaíso se sumaron dos universidades privadas que ingresaron al proceso PSU que ofrecen estas carreras, como es el caso de la Universidad Andrés Bello, la cual pertenece al consorcio internacional Laureate International Universities, institución que imparte carreras ligadas a la medicina y el derecho, entre otras. Como segunda universidad incorporada al proceso PSU está la Universidad Adolfo Ibáñez, la cual se enfoca principalmente en las ciencias administrativas y empresariales, pero que frente a este nuevo escenario incorpora en su actual oferta académica la carrera de Derecho. Esta gran diversidad de ofertas académicas ofrece al futuro universitario una gran cantidad de opciones a elegir y, como hemos recalcado durante este artículo, es en estas instancias donde el marketing material y promocional juega un rol decisivo.

La experiencia que se obtiene en estos dos últimos años de competencia mercantil universitaria nos indica que la precariedad financiera, infraestructural y administrativa de las universidades tradicionales del Estado frente a las privadas, hace que las primeras tengan un futuro incierto y hasta pesimista. Las prácticas del mercado permiten una competencia feroz por el potencial estudiante, donde el marketing y el ofrecimiento de un sin fin de beneficios hacen que el joven postulante no necesariamente opte por la tradición y los años de experiencia, sino por lo material y lo instantáneo, como si fuera hecho de plástico.

patron

Las Universidades del Estado han sido afectadas significativamente con este nuevo proceso mercantil de las matrículas PSU, ya que ha bajado no solo la cantidad de matriculados, sino también los puntajes de ingreso, lo cual permitía contar con ingresos financieros extras, ligados a becas y aportes por parte del Estado a los estudiantes con excelencia académica. Estos aportes generalmente el estudiante no los recibe directamente, ya que son entregados vía transferencia a la institución que los matricule. Es por ello el gran interés de las diversas universidades o entidades de educación superior por captar la mayor cantidad de alumnos, ya que el beneficio que reciben en términos financieros puede llegar a ser muy sustancial, más aún cuando el Estado no discrimina entre universidades estatales y privadas.

Este artículo pretende seguir desarrollándose en una próxima edición, donde con cifras oficiales ejemplificaremos lo planteado.

Félix Fernández S.
Administrador Público

Anuncios

La Educación Técnica de Nivel Superior: el paraíso del lucro. Ricardo López E.

La actual estructura de la Educación Superior en Chile comprende un sector público conformado por la Universidades Públicas (estatales y privadas que pertenecen al CRUCH) y un sector privado que hoy totaliza 193 instituciones, de las cuales 142 corresponden a Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

Este conjunto de 142 CFT e IP’s constituyen la Educación Técnica de Nivel Superior.

En su inmensa mayoría está conformado por inversionistas privados (salvo unos pocos CFT e IP formados por Universidades del sector tradicional) y opera en un mercado absolutamente desregulado, pues, a diferencia de las Universidades, no tiene prohibición legal de generar lucro.

Como todos los mercados nacionales, tiene características oligopólicas y una tendencia a la concentración en aumento. De hecho existen cuatro instituciones con estructura nacional que concentran la mayor parte de la matrícula de este sector: INACAP, DUOC, AIEP y Santo Tomás.

Sólo INACAP y el DUOC concentran 171.000 alumnos repartidos en 38 sedes.

1786958_300

La Educación Técnica de Nivel Superior detenta (en cifras de 2012, Mineduc) una matrícula de 406.401 alumnos lo que representa un 38% del total de alumnos de la Educación Superior en Chile. Es de suponer que este porcentaje irá en aumento debido a que el último año igualó la matrícula de primer año con el sistema universitario (considerando universidades públicas y privadas).

Laboran en este sector un total de 70.248 docentes, que en un porcentaje mayor al 85% son docentes-hora.

La mayor oferta académica consiste en carreras técnicas con duración de cuatro semestres y otorgan el título profesional de Técnico de Nivel Superior, y la mayor parte de ellas no califica para que el titulado pueda optar a la bonificación por título profesional que se otorga a los trabajadores fiscales.

Los alumnos que optan por estudiar en estas instituciones son aquellos que no dieron PSU o cuyo puntaje no les permite postular a carreras universitarias, y provienen de sectores vulnerados social y económicamente y de  liceos técnico-profesionales.

Existe, a la vez, un sector importante de jóvenes trabajadores con enseñanza media completa que optan por estos institutos para intentar lograr una mejora en su posición laboral actual. Estos jóvenes financian de su bolsillo sus estudios y los realizan en horario vespertino.

En cuanto al nivel de deserción, en primer año, bordea el 36% de la matrícula.

Del total de 142 CFT e IP’s que operan, sólo 17 de ellos se encuentran acreditados.

El Estado  se ha desentendido absolutamente de la gestión docente en este sector, desde que fuera “donado”, a precio vil, el INACAP a la SOFOFA, toda la gestión docente de este sector es realizada por empresarios privados que han convertido esta función esencial para el desarrollo del país en un muy lucrativo negocio.

La supervisión y fiscalización del sector recae en la División de Educación Superior del Mineduc. Pero, como hemos visto, si esta División no alcanza ha realizar una gestión fiscalizadora medianamente suficiente en las Universidades, menos lo hace en la Educación Técnica de Nivel Superior.

Lo único que el Estado hace en este sector es financiar (Becas Milenio) el lucrativo negocio de privados, cuestión que es consistente con la visión neoliberal de la “sociedad docente”.

La infraestructura de estas instituciones (salvo honrosas excepciones) es inadecuada e insuficiente para desarrollar una formación como la de que alardean en sus mensajes publicitarios. La mayor rentabilidad se alcanza en formación de tiza y pizarrón, con docentes muy mal remunerados. Por ello sus laboratorios, en la mayoría de ellas, son inexistentes o francamente obsoletos.

Por otra parte el “tipo” de profesional que aspiran a formar está sesgado por los intereses de la clase empresarial. Así es como en sus “Visiones” y “Misiones” estas instituciones plantean valores como “competitividad”, “productividad”, “emprendimiento”, etc. Nada hay, como propósito en la formación, en relación con valores humanistas, de solidaridad, de compromiso con la sociedad, entre otros. De hecho, en la mayoría de estas instituciones no se permite la formación de federaciones ni centros estudiantiles, ni menos sindicatos de docentes y personal de apoyo.

El propósito de esta introducción es dar a conocer, de manera inicial, una realidad de la educación superior en Chile que ha estado al margen de la discusión nacional permitiendo la conformación de un verdadero paraíso del lucro, que está causando un daño irreversible en la formación de cientos de miles de jóvenes de nuestro país y, al mismo tiempo, hipotecando un futuro desarrollo nacional que requiere del aporte de trabajadores conscientes, comprometidos y formados en sus especialidades con estándares de calidad. Efectivamente, los estudiantes y docentes de este sector no han formulado petitorios, no están integrados en las movilizaciones estudiantiles y la sociedad en su conjunto no reconoce aquí un problema.

En toda la problemática de la Educación en Chile son los grandes olvidados.

Efectivamente, en los últimos años hemos discutido de enseñanza pre-escolar, escolar y universitaria, pero no de la educación técnica, tanto de nivel medio como superior.

Entonces, el llamado es a cuestionarse esta realidad e incorporar en todo análisis sobre la Educación a este importante sector. Por ejemplo, la oposición que camina a conformar un referente llamado Nueva Mayoría, haciendo eco, y apoyando uno de los principales intereses del movimiento estudiantil, analiza la necesidad de una reforma tributaria para lograr una educación universalmente gratuita y de calidad, sin embargo, a diferencia del sistema universitario- que posee una estructura pública- en la educación técnica de nivel superior no existe una estructura pública-estatal que fortalecer.

¿Puede el Estado financiar educación técnica gratuita y de calidad, en este sector, cuando todos los gestores actuales son negocios privados?

¿Al incorporar la variable educación técnica, el nivel de reforma tributaria es el mismo?

¿Debemos seguir permitiendo este muy neoliberal “laissez faire” en la educación técnica?

¿Qué tipo de estructura nacional queremos para la educación técnica?

educacion tecnica

Hasta hoy, la educación técnica de nivel superior fue vista desde una mirada mercadista: el primer programa de gobierno de Bachelet planteaba la necesidad de “incorporarlos plenamente a este esquema de financiamiento, exigiéndole acreditación y vinculando sus planes de estudio a un sistema nacional de acreditación y certificación de competencias”.

Era una mirada con lógica de mercado: al hablar de financiamiento se evita considerar a la educación como un derecho social. Pero, tan grave como lo anterior es el planteamiento de acreditación y certificación de competencias. La “competencia” debe ser entendida, necesariamente, en función de intereses específicos. ¿Entonces competencias para qué y para quiénes?

¿Por qué la mayoría de los programas de formación técnica no incorpora ni considera elementos formativos en aspectos como derechos laborales, solidaridad, participación, desarrollo de pensamiento crítico, entre otros?

Los egresados de carreras de formación técnica de nivel superior (y también media) están siendo formados para satisfacer necesidades específicas de una minoría de la sociedad, de los grandes acumuladores de capital.

Necesitamos revertir la situación. Es cierto que necesitamos un contingente mayor de técnicos de alto nivel, mayor aún que el de egresados de pregrado universitario, pero sus características deben responder a necesidades de la sociedad, deben estar vinculados al desarrollo de ventajas competitivas que sean los pilares de un plan de desarrollo nacional, y  más aún, necesitamos profesionales que sean personas críticas, solidarias y dispuestas a hacer de Chile un mejor país, un país mas justo, un país con mayor igualdad.

Es un paso en el sentido correcto el anuncio de la candidata Bachelet de implementar un Centro de Formación Técnica Público y Nacional, pero se debe avanzar en regulación y fiscalización del resto del universo de CFT e IP´s.

La construcción de un nuevo Estado que impulse un Plan de Desarrollo Nacional que permita terminar con los actuales niveles de desigualdad, pasa también por definir objetivos, planes y estructuras de la formación técnica nacional.

Dejo planteadas estas cuestiones como una forma de invitar a participar en la formulación y respuestas a éstas y otras muchas preguntas que debemos hacernos para avanzar en una nueva educación técnica en nuestro país.

Bases para un acuerdo social por la educación Chilena.

El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado. Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION CHILENA.

Hoy queremos emplazar a los actores políticos del país, y en particular a los representantes del Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma.

 Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo de formación.El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.

La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.

La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social

La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica. En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social. Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.

EJES FUNDAMENTALES

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales:

I.- La Reforma Constitucional

La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media. Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar un titulo de educación superior.

II.- Educación Escolar

La Educación Escolar contempla tanto la educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional. En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:

A.- La Desmunicipalización de la Educación.

Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar. La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.

B.- Nuevo Sistema de Financiamiento.

El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.

C.- Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad.

Debe avanzarse en una nueva ley de carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación. Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores.

D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas

La suspensión inmediata de la creación de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos establecimientos y hasta que se encuentre operando la nueva institucionalidad escolar vinculada a: la superintendencia de educación, la agencia de la calidad de la educación, la nueva estructura publica de administración de la educacional y, se haya implementado las correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.

E.- Transporte Escolar

Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes, especialmente en regiones, durante los 365 días del año.

F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar

Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y sanidad.

G.- Educación Politécnica o Técnico Profesional

En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entre ambas. La educación técnico –profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades. Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.

H.- Democratización

Democratizar los espacios de participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias. También, y a través de Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.

III.- EDUCACION SUPERIOR 

La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional. Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que la Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordada con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.-

El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.-El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias el costo de esta.

A.-  Educación Universitaria

1.- Financiamiento Institucional

a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas, que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones.

b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del CRUCH, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.

c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:

• Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH)

• Condición Regional

• Composición socio-económica de sus estudiantes

• Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)

2.- Nuevos Sistemas de Accesos: Más Equitativo y que Garantice Igualdad de Oportunidades.

Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del CRUCH cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas. Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluar de manera transparente su pertinencia. Avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación. Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.

3.- Nuevos Sistema de Becas y Financiamiento Estudiantil

a) Se promoverá una reestructuración integral del sistema de becas, ayudas estudiantiles (en sus montos, cobertura y condiciones de postulación) y créditos poniendo fin a los insostenibles niveles de endeudamiento de las familias. Para este efecto se propone: Con el fin de avanzar hacia la gratuidad, se debe promover un sistema de becas que cubra a todos los alumnos y alumnas provenientes de familias del 70% de menores ingresos. De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a los estudiantes pertenecientes al 70% de menores ingresos del país. Finalmente se debe crear un sistema único de Fondo Solidario para todos los y las estudiantes pertenecientes al 30% de las familias de mayores ingresos que ingresen a instituciones que en la práctica no lucren, eliminando a su vez, el CAE y a la banca en el sistema financiero.

 b) El financiamiento estudiantil será de asignación exclusiva de las Universidades estatales y las Universidades que cumplan con una estricta regulación por parte del Estado.

c) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:

• Acreditación Institucional, en todas las categorías.

• Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión..

• Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles.

• Transparencia total del uso de sus recursos financieros.

• Ausencia total de fines de lucro.

d) Todas las Universidades se deberán someter a una revisión completa de los montos  arancelarios de sus planes de estudio, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación. Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.

4.- Nueva Institucionalidad

a) Creación de Superintendencia de Educación Superior

Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior. Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior. Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos, gastos y vínculos contractuales.

b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación

Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema de acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.

5.- Democratización

El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución. Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 MINEDUC, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de educación superior.

6.- Derechos Educativos de los Pueblos Originarios

A.- Avanzar en un sistema educacional más inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo.

Para esto se propone:

1.– Creación de una Universidad Estatal Intercultural

2.– Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.

3.– Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.

B.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales

El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país. Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo. Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica, gratuita y de calidad.

La Propuesta Educacional que Chile Reclama. Por VV.AA.

Los parlamentarios abajo firmantes, recogiendo con respeto las propuestas de Estudiantes, Profesores y Apoderados, y valorando las masivas manifestaciones ciudadanas en todo el país, expresamos públicamente nuestro resuelto compromiso de apoyar, promover y legislar para hacer realidad dichas propuestas.

Compartimos con la ciudadania la necesidad y urgencia de una Reforma Estructural al actual  modelo educacional, tanto en el ámbito de la Educación Básica y Media, de Educación Superior, y de Educación Técnica Profesional.

Por todo ello, nos comprometemos urgentemente con los siguientes contenidos:

Reforma Constitucional para:

  • Establecer el derecho a la educación a cada persona.
  • Establecer la obligatoriedad del Estado de proveer una educación, gratuita, laica y de calidad.

Más recursos para la Educación pública:

  • Entrega de aportes de libre disposición a las universidades del Estado.
  • Fondo de “revitalización” de las universidades tradicionales, que se entregue prioritariamente a las estatales, regionales y con alumnos de menos recursos.
  • Gratuidad de los estudios al 60% de los alunmos (tres quintiles más pobres) y arancel diferenciado según capacidad de pago al 40% restante.
  •  Pase escolar único, valido todo el año.
  •  Eliminación del Aporte Fiscal Indirecto, fondo que reparte el Estado a las instituciones que captan a los 27.500 mejores puntajes PSU.

Acceso equitativo:

  • Rechazo a la PSU como método de selección de alumnos.
  • Nuevos estándares de calidad, que incluyan, además de la gestión institucional, los perfiles profesionales y el aseguramiento de la libertad de cátedra y opinión.
  • Que el fin de lucro sea incompatible con la obtención de la acreditación institucional.

Democratización:

  •  Derogación de las normas que excluyen del gobierno de las instituciones la participación con derecho a voto de los alumnos y trabajadores.
  • Asegurar las libertades de expresión, cátedra y asociación a los alumnos, docentes y trabajadores en todas las instituciones.

 Estado que asegure equidad  y calidad de Educación Básica y Media:

  •  Fin de la Administración Municipal de los establecimientos educacionales, creando en su reemplazo un Sistema Nacional de Educación, como organismo publico descentralizado y jerárquicamente dependiente del Ministerio de Educación, que releve y fortalezca una educación pública  de calidad, y legalmente con derecho a mayores aportes del Estado.
  •  Educación Particular Subvencionada deberá ser entendida como un complemento al rol insustituible del Estado, y deberá ser provista por instituciones sin fines de lucro, excluyéndose de esta educación toda forma de selección y exclusión de alumnos.
  •  Respaldo a una carrera docente, otorgando la calidad de funcionarios públicos  a los profesores del Sistema Nacional de Educación, mejorando sus rentas, asegurando el acceso a instancias de perfeccionamiento permanentes y contemplando su participación en la definición de políticas y programas educacionales.
  • Exigir el cumplimiento del programa Tarjeta Nacional Estudiantil para garantizar el derecho a la movilización de los estudiantes durante todo el año, en todo el territorio nacional.

Impulsar una Reforma Tributaria, aumentando la carga tributaria del país de manera progresiva, para financiar los mayores gastos que esta reforma educacional supone.

Firmas de Diputados

Nombre Región Distrito Partido Correo
Accorsi Opazo, Enrique RM de Metropolitana N°24 Partido Por la Democracia eaccorsi@congreso.cl
Aguiló Melo, Sergio VII de del Maule N°37 Independientes saguilo@congreso.cl
Alinco Bustos, René XI de de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo N°59 Independientes ralinco@congreso.cl
Alvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo VII de del Maule N°38 Unión Demócrata Independiente palvarez-salamanca@congreso.cl
Andrade Lara, Osvaldo RM de Metropolitana N°29 Partido Socialista oandrade@congreso.cl
Araya Guerrero, Pedro II de de Antofagasta N°4 Partido Regionalista Independiente paraya@congreso.cl
Arenas Hödar, Gonzalo IX de de la Araucanía N°48 Unión Demócrata Independiente garenas@congreso.cl
Ascencio Mansilla, Gabriel X de de los Lagos N°58 Partido Demócrata Cristiano ascencio@congreso.cl
Auth Stewart, Pepe RM de Metropolitana N°20 Partido Por la Democracia pepeauth@congreso.cl
Baltolu Rasera, Nino XV de Arica y Parinacota N°1 Unión Demócrata Independiente nbaltolu@congreso.cl
Barros Montero, Ramón VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°35 Unión Demócrata Independiente jbarros@congreso.cl
Bauer Jouanne, Eugenio VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°33 Unión Demócrata Independiente ebauer@congreso.cl
Becker Alvear, Germán IX de de la Araucanía N°50 Renovación Nacional gbecker@congreso.cl
Bertolino Rendic, Mario IV de de Coquimbo N°7 Renovación Nacional mbertoli@congreso.cl
Bobadilla Muñoz, Sergio VIII de del Bío Bío N°45 Unión Demócrata Independiente sbobadilla@congreso.cl
Browne Urrejola, Pedro RM de Metropolitana N°28 Renovación Nacional pbrowne@congreso.cl
Burgos Varela, Jorge RM de Metropolitana N°21 Partido Demócrata Cristiano jburgos@congreso.cl
Calderón Bassi, Giovanni III de de Atacama N°6 Unión Demócrata Independiente gcalderon@congreso.cl
Campos Jara, Cristián VIII de del Bío Bío N°43 Partido Por la Democracia ccampos@congreso.cl
Cardemil Herrera, Alberto RM de Metropolitana N°22 Renovación Nacional acardemil@congreso.cl
Carmona Soto, Lautaro III de de Atacama N°5 Partido Comunista lcarmona@congreso.cl
Castro González, Juan Luis VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°32 Partido Socialista jlcastro@congreso.cl
Cerda García, Eduardo V de de Valparaíso N°10 Partido Demócrata Cristiano ecerda@congreso.cl
Ceroni Fuentes, Guillermo VII de del Maule N°40 Partido Por la Democracia gceroni@congreso.cl
Cornejo González, Aldo V de de Valparaíso N°13 Partido Demócrata Cristiano acornejo@congreso.cl
Cristi Marfil, María Angélica RM de Metropolitana N°24 Unión Demócrata Independiente macristi@congreso.cl
Chahín Valenzuela, Fuad IX de de la Araucanía N°49 Partido Demócrata Cristiano fchahin@congreso.cl
De Urresti Longton, Alfonso XIV de de los Ríos N°53 Partido Socialista adeurresti@congreso.cl
Delmastro Naso, Roberto XIV de de los Ríos N°53 Independientes rdelmast@congreso.cl
Díaz Díaz, Marcelo IV de de Coquimbo N°7 Partido Socialista mdiaz@congreso.cl
Edwards Silva, José Manuel IX de de la Araucanía N°51 Renovación Nacional jmedwards@congreso.cl
Eluchans Urenda, Edmundo V de de Valparaíso N°14 Unión Demócrata Independiente eeluchans@congreso.cl
Espinosa Monardes, Marcos II de de Antofagasta N°3 Partido Radical Social Demócrata mespinosa@congreso.cl
Espinoza Sandoval, Fidel X de de los Lagos N°56 Partido Socialista fespinoza@congreso.cl
Estay Peñaloza, Enrique IX de de la Araucanía N°49 Unión Demócrata Independiente eestay@congreso.cl
Farías Ponce, Ramón RM de Metropolitana N°30 Partido Por la Democracia rfarias@congreso.cl
García García, René Manuel IX de de la Araucanía N°52 Renovación Nacional rmgarcia@congreso.cl
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°32 Unión Demócrata Independiente agarcia@congreso.cl
Girardi Lavín, Cristina RM de Metropolitana N°18 Partido Por la Democracia cgirardi@congreso.cl
Godoy Ibáñez, Joaquín V de de Valparaíso N°13 Renovación Nacional jgodoy@congreso.cl
Goic Boroevic, Carolina XII de de Magallanes y de la Antártica Chilena N°60 Partido Demócrata Cristiano cgoic@congreso.cl
González Torres, Rodrigo V de de Valparaíso N°14 Partido Por la Democracia rodrigogonzalez@congreso.cl
Gutiérrez Gálvez, Hugo I de de Tarapacá N°2 Partido Comunista hgutierrez@congreso.cl
Gutiérrez Pino, Romilio VII de del Maule N°39 Unión Demócrata Independiente rgutierrez@congreso.cl
Hales Dib, Patricio RM de Metropolitana N°19 Partido Por la Democracia phales@congreso.cl
Harboe Bascuñán, Felipe RM de Metropolitana N°22 Partido Por la Democracia fharboe@congreso.cl
Hasbún Selume, Gustavo RM de Metropolitana N°26 Unión Demócrata Independiente ghasbun@congreso.cl
Hernández Hernández, Javier X de de los Lagos N°55 Unión Demócrata Independiente jhernandez@congreso.cl
Hoffmann Opazo, María José V de de Valparaíso N°15 Unión Demócrata Independiente mjhoffmann@congreso.cl
Isasi Barbieri, Marta I de de Tarapacá N°2 Independientes misasi@congreso.cl
Jaramillo Becker, Enrique XIV de de los Ríos N°54 Partido Por la Democracia ejaramil@congreso.cl
Jarpa Wevar, Carlos Abel VIII de del Bío Bío N°41 Partido Radical Social Demócrata cjarpa@congreso.cl
Jiménez Fuentes, Tucapel RM de Metropolitana N°27 Partido Por la Democracia tjimenez@congreso.cl
Kast Rist, José Antonio RM de Metropolitana N°30 Unión Demócrata Independiente jkast@congreso.cl
Latorre Carmona, Juan Carlos VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°35 Partido Demócrata Cristiano jclatorre@congreso.cl
Lemus Aracena, Luis IV de de Coquimbo N°9 Partido Socialista llemus@congreso.cl
León Ramírez, Roberto VII de del Maule N°36 Partido Demócrata Cristiano rleon@congreso.cl
Rosales Guzmán, Joel VIII de del Bío Bío N°47 Unión Demócrata Independiente jrosales@congreso.cl
Lorenzini Basso, Pablo VII de del Maule N°38 Partido Demócrata Cristiano plorenzi@congreso.cl
Macaya Danús, Javier VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°34 Unión Demócrata Independiente jmacaya@congreso.cl
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag XII de de Magallanes y de la Antártica Chilena N°60 Independientes mmarinovic@congreso.cl
Martínez Labbé, Rosauro VIII de del Bío Bío N°41 Renovación Nacional rmartine@congreso.cl
Melero Abaroa, Patricio RM de Metropolitana N°16 Unión Demócrata Independiente pmelero@congreso.cl
Meza Moncada, Fernando IX de de la Araucanía N°52 Partido Radical Social Demócrata fmeza@congreso.cl
Molina Oliva, Andrea V de de Valparaíso N°10 Unión Demócrata Independiente amolina@congreso.cl
Monckeberg Bruner, Cristián RM de Metropolitana N°23 Renovación Nacional cmonckeberg@congreso.cl
Monckeberg Díaz, Nicolás RM de Metropolitana N°18 Renovación Nacional nmonckeberg@congreso.cl
Monsalve Benavides, Manuel VIII de del Bío Bío N°46 Partido Socialista mmonsalve@congreso.cl
Montes Cisternas, Carlos RM de Metropolitana N°26 Partido Socialista cmontes@congreso.cl
Morales Muñoz, Celso VII de del Maule N°36 Unión Demócrata Independiente cmorales@congreso.cl
Moreira Barros, Iván RM de Metropolitana N°27 Unión Demócrata Independiente imoreira@congreso.cl
Muñoz D’Albora, Adriana IV de de Coquimbo N°9 Partido Por la Democracia amunoz@congreso.cl
Nogueira Fernández, Claudia RM de Metropolitana N°19 Unión Demócrata Independiente cnogueira@congreso.cl
Norambuena Farías, Iván VIII de del Bío Bío N°46 Unión Demócrata Independiente inorambuena@congreso.cl
Núñez Lozano, Marco Antonio V de de Valparaíso N°11 Partido Por la Democracia mnunez@congreso.cl
Ojeda Uribe, Sergio X de de los Lagos N°55 Partido Demócrata Cristiano sojeda@congreso.cl
Ortiz Novoa, José Miguel VIII de del Bío Bío N°44 Partido Demócrata Cristiano jmortiz@congreso.cl
Pacheco Rivas, Clemira VIII de del Bío Bío N°45 Partido Socialista cpacheco@congreso.cl
Pascal Allende, Denise RM de Metropolitana N°31 Partido Socialista dpascal@congreso.cl
Pérez Arriagada, José VIII de del Bío Bío N°47 Partido Radical Social Demócrata jperez@congreso.cl
Pérez Lahsen, Leopoldo RM de Metropolitana N°29 Renovación Nacional lperezl@congreso.cl
Recondo Lavanderos, Carlos X de de los Lagos N°56 Unión Demócrata Independiente crecondo@congreso.cl
Rincón González, Ricardo VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°33 Partido Demócrata Cristiano rrincon@congreso.cl
Rivas Sánchez, Gaspar V de de Valparaíso N°11 Renovación Nacional grivas@congreso.cl
Robles Pantoja, Alberto III de de Atacama N°6 Partido Radical Social Demócrata arobles@congreso.cl
Rojas Molina, Manuel II de de Antofagasta N°4 Unión Demócrata Independiente mrojas@congreso.cl
Rubilar Barahona, Karla RM de Metropolitana N°17 Renovación Nacional krubilar@congreso.cl
Saa Díaz, María Antonieta RM de Metropolitana N°17 Partido Por la Democracia masaa@congreso.cl
Sabag Villalobos, Jorge VIII de del Bío Bío N°42 Partido Demócrata Cristiano jsabag@congreso.cl
Sabat Fernández, Marcela RM de Metropolitana N°21 Renovación Nacional msabat@congreso.cl
Saffirio Espinoza, René IX de de la Araucanía N°50 Partido Demócrata Cristiano rsaffirio@congreso.cl
Salaberry Soto, Felipe RM de Metropolitana N°25 Unión Demócrata Independiente fsalaberry@congreso.cl
Sandoval Plaza, David XI de de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo N°59 Unión Demócrata Independiente dsandoval@congreso.cl
Santana Tirachini, Alejandro X de de los Lagos N°58 Renovación Nacional asantana@congreso.cl
Sauerbaum Muñoz, Frank VIII de del Bío Bío N°42 Renovación Nacional fs@congreso.cl
Schilling Rodríguez, Marcelo V de de Valparaíso N°12 Partido Socialista schilling@congreso.cl
Sepúlveda Orbenes, Alejandra VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°34 Partido Regionalista Independiente asepulveda@congreso.cl
Silber Romo, Gabriel RM de Metropolitana N°16 Partido Demócrata Cristiano gsilber@congreso.cl
Silva Méndez, Ernesto RM de Metropolitana N°23 Unión Demócrata Independiente esilva@congreso.cl
Squella Ovalle, Arturo V de de Valparaíso N°12 Unión Demócrata Independiente asquella@congreso.cl
Tarud Daccarett, Jorge VII de del Maule N°39 Partido Por la Democracia jtarud@congreso.cl
Teillier Del Valle, Guillermo RM de Metropolitana N°28 Partido Comunista gteillier@congreso.cl
Torres Jeldes, Víctor V de de Valparaíso N°15 Partido Demócrata Cristiano vtorres@congreso.cl
Tuma Zedan, Joaquín IX de de la Araucanía N°51 Partido Por la Democracia jtuma@congreso.cl
Turres Figueroa, Marisol X de de los Lagos N°57 Unión Demócrata Independiente mturres@congreso.cl
Ulloa Aguillón, Jorge VIII de del Bío Bío N°43 Unión Demócrata Independiente julloa@congreso.cl
Letelier Aguilar, Cristian RM de Metropolitana N°31 Unión Demócrata Independiente cletelier@congreso.cl
Urrutia Bonilla, Ignacio VII de del Maule N°40 Unión Demócrata Independiente iurrutia@congreso.cl
Vallespín López, Patricio X de de los Lagos N°57 Partido Demócrata Cristiano pvallespin@congreso.cl
Van Rysselberghe Herrera, Enrique VIII de del Bío Bío N°44 Unión Demócrata Independiente evr@congreso.cl
Vargas Pizarro, Orlando XV de Arica y Parinacota N°1 Partido Por la Democracia ovargas@congreso.cl
Velásquez Seguel, Pedro IV de de Coquimbo N°8 Independientes pvelasquez@congreso.cl
Venegas Cárdenas, Mario IX de de la Araucanía N°48 Partido Demócrata Cristiano mvenegas@congreso.cl
Verdugo Soto, Germán VII de del Maule N°37 Renovación Nacional gverdugo@congreso.cl
Vidal Lázaro, Ximena RM de Metropolitana N°25 Partido Por la Democracia xvidal@congreso.cl
Vilches Guzmán, Carlos III de de Atacama N°5 Unión Demócrata Independiente cvilches@congreso.cl
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón XIV de de los Ríos N°54 Unión Demócrata Independiente gvonmuhlenbrock@congreso.cl
Walker Prieto, Matías IV de de Coquimbo N°8 Partido Demócrata Cristiano mwalker@congreso.cl
Ward Edwards, Felipe II de de Antofagasta N°3 Unión Demócrata Independiente fw120@congreso.cl
Zalaquett Said, Mónica RM de Metropolitana N°20 Unión Demócrata Independiente mzalaquett@congreso.cl

Editorial ( CdE nº17)

El clima en la educación del país ha estado marcado, de manera creciente, por las movilizaciones. Desde la marcha del jueves 12 de mayo convocada por la CONFECH, pasando por el 21 de mayo, día en que el Presidente de la República entrega su cuenta anual, pero donde nada se dijo respecto de las grandes interrogantes de la Educación Superior. Ya en la última semana de mayo comenzaron algunas tomas en planteles universitarios de la Quinta Región, llegando a paralizar la totalidad de las universidades públicas de la región. El movimiento estudiantil ha sido el conductor de estas movilizaciones, pero en no pocos casos han sido apoyados por otros estamentos universitarios, incluso en la marcha del pasado 12 de mayo participaron cinco rectores de universidades estatales. El estamento académico ha sido el más renuente a sumarse a estas movilizaciones, llegando la Universidad Católica de Valparaíso a emitir diversas declaraciones de parte de las autoridades de la universidad, como también, directores de unidades académicas en su conjunto. Algunos Consejos de Facultad se han pronunciado además de manera contraria a las tomas. El argumento principal contenido en estas declaraciones, ha consistido en que este accionar, de parte de los estudiantes, dificulta el diálogo, el cual forma parte casi de la esencia universitaria. No obstante, este argumento resulta bastante paradojal, toda vez que en períodos de normalidad las autoridades no han convocado a este diálogo. El cual por lo demás resulta estéril si no es vinculante. La falta de diálogo universitario es sinónimo de falta de triestamentalidad. Una conversación entre partes donde siempre se lleva a cabo por decreto la voluntad de una de ellas no merece llamarse diálogo. Entre tantas declaraciones, condenando las tomas y elogiando el diálogo, apareció el pasado 10 de junio el comunicado correspondiente a la Asociación Gremial de Académicos de la PUCV. Esta declaración pública, además de tardía, sólo parece representar a su directiva, porque sus bases no han sido convocadas para la discusión de los distintos puntos de vista que, sin duda, existen respecto de la actual crisis universitaria.

En todo caso, las últimas movilizaciones sociales en el país no han sido privativas de la educación. Además de la defensa a la Educación Pública se suman a las masivas protestas contra el Proyecto Hidroeléctrico de Aysén (HidroAysén), las multitudinarias marchas en Iquique contra la instalación de termoeléctricas a carbón. Los trabajadores reclaman por mejores condiciones laborales y gran parte de la ciudadanía, por libertad a los presos mapuches. En este último tiempo, casi tres meses estuvieron en huelga de hambre cuatro comuneros mapuches. Las movilizaciones han sido masivas, sin embargo, el gobierno sólo responde con represión y no da respuestas precisas a las demandas de las distintas organizaciones sociales.

Respecto del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) este constituye parte del financiamiento que el Estado entrega a las universidades, y es proporcional a la cantidad de alumnos que hayan obtenido los mejores 27.500 puntajes en la Prueba de Selección Universitaria. Este aporte lo han estado recibiendo principalmente las universidades del Consejo de Rectores, dado que los alumnos con mejores puntajes han preferido las universidades tradicionales.Sin embargo, estas casas de estudio han visto reducido este aporte en 7,8% en este año, dado que las universidades externas al Consejo de Rectores han aumentado la recepción de recursos por este concepto. Pero esto no es todo. Entre los 12 puntos establecidos por el ministro Lavín en su Agenda para la Educación Superior, se contempla que el AFI sería entregado al estudiante para que éste decida a qué universidad se lo entrega para el financiamiento de sus estudios. Como es fácil de ver, se pretende introducir en la Educación Superior la lógica del mercado. Los diferentes estamentos de las universidades del CRUCH han reaccionado categóricamente, incluyendo a sus rectores, en contra de la medida. Los estudiantes apuntan más allá, porque entre sus demandas, además de un aumento en los recursos para estudiar y en un cambio sustancial en el financiamiento universitario, exigen la democratización de las universidades mediante mayores niveles de participación.

La movilización estudiantil va en aumento, no sólo en las universidades. En palabras del ministro Lavín existen 40 liceos tomados en todo el país, pero en este momento, entre tomas y paros de colegios y liceos, el conflicto supera el centenar de establecimientos. La casa central de la Universidad de Chile está tomada desde el jueves 9 de junio como gesto de fuerza para apoyar a las universidades que están tomadas en regiones. Todo esto, sin considerar las adhesiones futuras que pueda producir el paro nacional convocado por el Colegio de Profesores y la CONFECH para este jueves 16 de junio.

Los hechos muestran la necesidad de un diálogo. Pero de un diálogo social y vinculante, que incluya a todos los actores de la educación: profesores básicos, medios y universitarios, apoderados, estudiantes medios y de la educación superior, de universidades públicas y privadas, trabajadores de los distintos sistemas educacionales. La crisis educacional en nuestro país es un problema de todos, principalmente aquella correspondiente a la Educación Superior, porque en nuestros días son las familias quienes financian la principal parte del Sistema de Educación Superior.