Tranco firme. Manuel Riesco Larraín

“La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente”.

“Este 30 de septiembre quedará en la historia como el día que empezó la debacle del sistema universitario”, declaró el rector de una de las principales universidades privadas, en un reportaje conjunto con sus pares, quienes se expresaron en términos parecidos.

Tienen toda la razón. Se ha iniciado el fin de un mal sistema de educación, privatizado y sostenido con fondos del presupuesto público y agobiantes cobros a los estudiantes y sus familias, apropiados por establecimientos privados sin rendir cuenta alguna y sin “competencia” del sistema público, el que sobrevive a duras penas con “una mano atada a la espalda”, como declaró hace tiempo una autoridad gubernamental.

Ese es precisamente el camino que se abre con la firme decisión de la Presidenta Bachelet de iniciar la gratuidad en el presupuesto 2016, reasignando cuantiosas partidas de becas y créditos, a financiamiento directo de instituciones de alta calidad, inclusivas, participativas y sin fines de lucro, que terminen con los cobros a sus estudiantes.

ProyectoLSCNEGSenado_Página_18
Ahora se trata de en pocos años extender la gratuidad, así entendida, a todos los establecimientos que se incorporen voluntariamente al nuevo sistema de educación pública, así conformado, en todos los niveles, en todo el territorio y para todos los estudiantes.

El presupuesto de educación superior 2016 mantiene el monto del año anterior destinado becas y créditos (0,8 billones de pesos o aproximadamente 1.200 millones de dólares), rebajando las primeras pero incrementando los segundos más o menos en el mismo monto. Sin embargo, agrega una partida significativa (más de medio billón de pesos) destinada a aportes directos a las instituciones que se incorporen a la gratuidad. De esta manera, se revierte drásticamente la tendencia a aumentar las proporción de partidas destinadas al así llamado “subsidio a la demanda”, que se venía dando desde haces tres décadas y constituía la base de la privatización.

Esta medida favorecerá de inmediato a cientos de miles de estudiantes, los que más lo necesitan, quienes dejarán de endeudarse o someterse a los discriminatorios requisitos del sistema de becas; a las instituciones que contarán ahora con un financiamiento adecuado y estable sin tener que firmar avales ante los bancos; y a sus académicos, quienes podrán aspirar a condiciones de trabajo más estables, las que constituyen la base de una educación de calidad.

La medida no perjudica a nadie, puesto que quienes estudian en instituciones que no cumplan con los necesarios requisitos para acceder a la gratuidad continuarán recibiendo apoyo estatal en becas y créditos, igual que hasta ahora. Sin embargo, hay que avanzar rápidamente para extender la gratuidad, así entendida, a todo el sistema educacional. La medida comentada muestra que ello es perfectamente posible, sin desembolsos mayores.

El asunto es ofrecer un camino para la rápida transformación de las actuales instituciones educacionales, en todos los niveles, de manera que las que voluntariamente así lo deseen, puedan acceder pronto al nuevo sistema público así conformado y sus estudiantes a la gratuidad.

En el caso de las universidades acreditadas, hay que ofrecer un camino claro para que, a cambio de un acceso gradual a la gratuidad, éstas transformen su estructura de propiedad de modo de garantizar que no tengan fines de lucro, que mejoren su calidad hasta satisfacer a los requisitos indispensables, y democraticen su estructura de gobierno incorporando a los tres estamentos; esto último es la clave para garantizar que su funcionamiento se va a alinear con autonomía a los objetivos públicos.

En el caso de las universidades privadas no acreditadas, que hoy no pueden acceder a becas ni créditos, su situación financiera es incierta y hay que establecer un fondo presupuestario adecuado para absorberlas completas en algunas de las universidades estatales. Éstas deben asimismo ser reformadas profundamente, saneadas financieramente, y fusionadas las más chicas o inviables en otras mayores de modo de dejar una o a lo más dos por región, empezando por el retorno del Instituto Pedagógico —actual “UMCE”— a la Universidad de Chile, de la cual fuera expulsado por la dictadura en una de sus primeras medidas “educacionales”. Asimismo, hay que dar un presupuesto adecuado a las universidades estatales que recién nacen, lo que es muy importante, puesto que ellas deben ser gratuitas desde sus inicios.

En el caso de la educación superior técnica, la primera medida debe ser retornar INACAP al Estado, a quien pertenece. Fue entregado sin pago alguno a sus directivos en la hora undécima de la dictadura y es tiempo que retorne al Estado para constituirse en la base del sistema público en ese nivel educacional importantísimo. Del mismo modo, hay que proceder con decisión a la medida programática de creación de un CFT público por región. Respecto de las instituciones privadas en ese nivel, hay que proceder igual que con las universidades, transformándolas o absorbiéndolas.

ProyectoLSCNEGSenado_Página_23

Finalmente, hay que modificar del mismo modo el sistema de financiamiento de las escuelas, colegios y liceos. Actualmente se da el contrasentido que se les ha prohibido el lucro, al mismo tiempo que se les ha incrementado el financiamiento público entregado íntegramente mediante “vouchers” ¡incluso a las escuelas municipales! Eso debe ser modificado de inmediato, transformando la así llamada “ley de desmunicipalización” en la reconstrucción del sistema nacional de educación pública en este nivel, con una estructura  de dirección bien equilibrada en sus aspectos centralizados y descentralizado y con la misión de dotar rápidamente a cada barrio y cada pueblo con una escuela pública gratuita y de calidad, empezando por la más necesitados.

Para ello es necesario transformar los actuales colegios subvencionados, incorporando los mejores de ellos directamente al presupuesto, en un esquema de gratuidad similar al que se está aplicando hoy para las universidades, con la misión específica de atender de manera gratuita a un barrio determinado. Esta medida tendrá un impacto gigantesco, mejorando la calidad de la educación pero también la vida en las ciudades, entre otros aspectos al reducir drásticamente el número de viajes, puesto que los niños podrán caminar a su escuela, pública gratuita y de calidad, ubicada cerca de su casa, tal como lo hacen en todos les países del mundo.

La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente.

Ahora que la decisión de la Presidenta es un hecho y forma parte de la ley de presupuesto, nadie ha osado pronunciarse en contra. Ha enmudecido el coro estridente y majadero, que intentó manipular todos los resortes del poder que manejan a su amaño, incluidas pataletas histéricas, amenazas de romper la coalición de gobierno y no incorporar a la gratuidad a algunas instituciones importantes, para impedir la concreción de esta medida de evidente beneficio general, que implementa un programa sancionado democráticamente. De seguro se van a reponer de su desconcierto inicial y van a intentar poner palitos a la aprobación de la ley de presupuesto, pero les resulta cuesta arriba y fracasaran en el intento.

Sería lindo que los estudiantes ayudarán aún más en todo este gran avance, que ha sido posible gracias a su histórica movilización iniciada el 2006. Recientemente, la posición de la principal organización estudiantil y algunos parlamentarios de esa “bancada”, han aparecido con remilgos puristas o más preocupados de hacer oposición al gobierno que de lograr avances concretos para miles de estudiantes. Han mantenido una posición ambigua en la dura batalla librada desde hace más de un año, por iniciar la gratuidad de inmediato en la ley de presupuesto, la ley madre que determina la política del Estado.

Es de esperar que ahora se sumen con decisión a la batalla que se viene, por aprobar la ley tal como la ha presentado el gobierno y extender esta medida rápidamente a todos.

FUENTE

Anuncios

Editorial (CdE nº32)

Reforma de la Educación: ¿Dónde quedan las Fuerzas Armadas?

El sistema de educación superior en Chile ha sufrido varios cambios estructurales en las últimas tres décadas. Estas transformaciones tuvieron como punto de partida las reformas de los años ochenta: el congelamiento de la universidades estatales y los cambios que aprobaron la incorporación de privados a la educación superior, permitiendo el surgimiento de nuevas Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) privados. Actualmente el sistema universitario chileno está constituido por 60 instituciones, de las cuales 25 son universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) y 35 son universidades privadas (creadas después de 1981). (Educación 2020, 2014)

El proceso de reforma a la educación superior actual viene a modificar esta institucionalidad desarrollada a partir del año 1981. Las propuestas, y/o modificaciones a esta estructura son parte de la discusión que se está generando en distintas instancias y que tiene como punto central el fin al lucro. Sin embargo, dentro del sistema de educación superior existen otras instituciones que hasta el momento no se han nombrado y discutido en el proceso de reforma educativa, a saber, las Fuerzas Armadas y de Orden.

En Chile, el ingreso a las Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas y de Orden está definido a partir del nivel socioeconómico de las familias de los aspirantes. Por tanto, es importante incorporar a estas Instituciones de Educación superior la discusión sobre la gratuidad para su ingreso, con el fin de generar la incorporación y la no discriminación en el proceso de selección de sus aspirantes y no seguir reproduciendo guetos o castas sociales.

Academia

En este sentido, el objetivo de la reforma, busca la construcción de un sistema educativo inclusivo que ofrezca igualdad de oportunidades y equidad en el acceso, frente al ingreso, a las posibilidades de elección, al aprendizaje, conocimiento, competencias y valores, que aseguren un integral desarrollo personal y colectivo, para avanzar hacia un país con mayor justicia y democracia. Por lo tanto, es necesario incluir en la reforma educacional a las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el fin de generar un proceso de democratización en la accesibilidad y formación.

En la actualidad el Estado no financia la carrera militar de la oficialidad, siendo los padres los que deben contribuir monetariamente a su formación, lo que crea un sistema exclusivo y excluyente. La poca diversidad en la composición de clase y de género de la oficialidad chilena ha contribuido a crear un orden favorable a un determinado sector social, político y económico, heredero de la dictadura militar en su formación. En suma, se ha cambiado la forma pero el fondo sigue igual.

Considerando que la composición de las Fuerzas Armadas debe ser expresión de la diversidad social, cultural y económica de la que se compone la sociedad chilena, lo que garantizaría la seguridad democrática, debido a que en el seno de las instituciones militares estarían presentes y convivirían las diferentes clases, grupos e ideologías. Así los valores democráticos y la diversidad social no son enseñados y estudiados en lo abstracto por los futuros suboficiales y oficiales, sino que son asimilados a partir de la materialidad social en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje militar y policial.

La educación de las Fuerzas Armadas y de Orden es el espacio donde se deben concentrar los mayores esfuerzos para la consolidación de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, apuntando a la capacidad de constante perfeccionamiento de las instituciones respecto de la defensa de la vida, la solidaridad, la justicia y la soberanía. Es fundamental que en su formación los futuros oficiales reflejen la diversidad de la sociedad chilena para que así se produzca un intercambio de visiones con ciudadanos de distinto origen social, cultural y económico y con la diversidad de opciones políticas, religiosas, sexuales o de género. (Gutiérrez, Vallejo, 2014) Esto significa garantizar el derecho a la educación y a la formación del mayor número posible de personas que aspiran a la educación militar y policial en un contexto de democratización social.

Asimismo, es preciso incluir en la discusión propuestas curriculares que fomenten el respeto a los derechos fundamentales, la democracia, la solidaridad y la diversidad social. Es importante destacar, sin embargo, que las mismas Fuerzas Armadas, han sido reacias a reformas de sus sistemas educativos, contribuyendo así a su aislamiento social y a su aparente sometimiento al poder civil

De esta forma, en la estructura orgánica sigue predominando una concepción corporativa de la función de educación, esto es, permitir que sean las Fuerzas Armadas y no la autoridad superior ministerial la que decida los grandes lineamientos de la formación. Igualmente, desde el punto de vista institucional, la educación militar queda consagrada como una responsabilidad autónoma de cada una de las fuerzas, sin una coordinación superior en términos de doctrina, planes, y programas que se establezcan. Incluso más, pese a que la instrucción militar tiene una equivalencia en los grados de formación técnico profesional y universitaria, tampoco el Ministerio de Educación interfiere en los procesos de definición interna de planes y programas (Zúñiga, 2012)

Por ende, la reforma educativa debe entonces permear la formación integral de los militares y policías en todas sus dimensiones, generando una cultura de evaluación sintonizada y comprometida con las políticas públicas de formación profesional y con los avances sociales, tecnológicos y económicos nacionales y democráticos que el país promueve.

En este sentido, la Educación Pública debe seguir fortaleciendo estas virtudes, permitiéndonos formar una sociedad civil que respete y sea garante de un sistema democrático en construcción directa con sus ciudadanos. La educación universitaria civil y/o militar es trascendental para el desarrollo del país y de sus ciudadanos, dado que en ella se juega la capacidad de nuestros técnicos y profesionales, así como de nuestros académicos dedicados a la ciencia e investigación, para estar a la altura de las nuevas exigencias. (VVAA, 2012)

Una reforma educacional tiene que pensar el conjunto de la sociedad presente y futura, donde los valores de la justicia social sean el interés central, el pensar una educación más allá del capital como señalara István Mészáros, donde la educación deje de funcionar como mercancía y se convierta en el vehículo donde todos los seres humanos se desarrollen en todas sus potencialidades sociales y culturales.

La Reforma Educacional. Jorge González Guzmán

Como se sabe, la reforma educacional que está desarrollando el gobierno de la presidenta Bachelet, contiene varios capítulos, los que se pueden visualizar con bastante detalle en el Programa de Gobierno. Uno de los primeros, precisamente el que ha desatado una tremenda polémica, es el que elimina el Lucro, el Copago y la Selección en los colegios particulares con subvención del Estado. Para entendernos bien, el lucro a que se refiere la reforma consiste en la rentabilidad producida por una determinada inversión en educación: es la ganancia que queda después de descontar todos los gastos, incluyendo, por supuesto, los sueldos de los altos administradores del plantel, que muchas veces son los mismos sostenedores.  La medida, como se puede apreciar, pone fin a la educación como negocio (al menos con aportes del Estado) y, por lo tanto,  constituye un primer paso para sacar a la educación de la lógica del mercado. El fin al copago y la selección son elementos que van en otra dirección: se trata de comenzar a desmantelar la tremenda segregación que se observa en la educación básica y media, que abarca alrededor del 93% de los niños.  Los colegios en nuestro país son como una torta de mil hojas: en la base están los colegios municipales, enseguida vienen los colegios subvencionados que cobran, digamos,  $10.000 mensuales por niño, después los que cobran $20.000 y así sucesivamente hasta llegar a los que cobran $84.000 que es el máximo de copago que pueden cobrar los colegios con subvención estatal. La última capa, de crema chantilly, son los colegios particulares pagados, sin subvención del Estado, que a su vez se segregan hasta llegar a los $400.000 mensuales por niño o más.  Nótese que estos últimos no están considerados en la Reforma. Esto mismo nos debe hacer comprender que no estamos en presencia de una gran revolución, se trata tan solo de una reforma bastante mesurada que pretende dar un paso hacia la restitución de la educación como derecho social.

 lucro, copago y selección en educación

Se ha dicho, por parte de muchos comentaristas, periodistas, analistas e incluso de personeros de la misma Nueva Mayoría, que el gobierno ha sido sumamente desprolijo, contradictorio y torpe en la presentación de este proyecto, que no ha sabido explicar con la suficiente claridad sus alcances, que ha habido improvisación.  No comparto esa opinión. La autocrítica es saludable, siempre es posible mejorar las cosas, pero no hay que pasarse de la raya: las dificultades que enfrenta esta parte de la Reforma tienen dos causas principales bastante claras:

· Desde un principio la oposición de derecha distorsionó esta reforma, desinformando de modo descarado su contenido. La derecha es poderosa: es dueña y controla la mayor parte de los medios de comunicación de masas y tiene una gran cantidad de medios económicos disponibles. Carece por completo de escrúpulos cuando percibe que sus intereses y su concepción del mundo son cuestionados. En este caso, la reforma por supuesto que hiere intereses económicos: se acaba el negocio de la educación (al menos con recursos del Estado). Sin embargo pienso que lo que realmente preocupa a la derecha, puesto que la educación es solo un negocio marginal,  es que se abre una pequeña grieta en el sistema neoliberal que se implantó en los primeros años del régimen militar y que se consolidó en los gobiernos de la Concertación pasando a ser hegemónico hasta el día de hoy. En su afán de oponerse con todo a la reforma, logra arrastrar a sectores mucho más amplios, incluso aquellos que se beneficiarían con ella, como son los apoderados, que ya no estarían obligados a desembolsar el copago. Es evidente que la derecha ha logrado desatar una campaña del terror bastante efectiva, con afirmaciones que tergiversan (o sencillamente contradicen) las disposiciones del proyecto de reforma.

· Nuestra sociedad está sumergida en una cultura de la segregación que se remonta a nuestros mismos orígenes, desde la colonia en adelante,  y que no ha logrado ser superada sino muy parcialmente. Los apoderados que se oponen a la reforma están dispuestos a pagar con tal que sus hijos no se junten con los hijos de los rotos. En este sentido esta reforma hiere también un aspecto cultural bastante extendido en nuestro país.  La conocida película “Machuca” denuncia este problema y se ha puesto tan actual que han  aparecido algunas de sus escenas en Youtube a propósito de la reforma. Vale la pena verlas.

Por otro lado, esta reforma tiene también su propia complejidad: la gran heterogeneidad de nuestro sistema educacional obliga a tener en cuenta situaciones de la más variada índole.  La ley debe, de algún modo, tomar en cuenta esta heterogeneidad. De los 12.500 colegios con que cuenta nuestro país, 6.017 son particulares subvencionados, de los cuales 4.374 están organizados como empresas comerciales, es decir, con fines de lucro. Sin embargo,  la enorme mayoría de estos colegios no lucran , puesto que son demasiado pequeños como para producir excedentes económicos. Sus sostenedores se verían, en rigor,  beneficiados con esta reforma. Sin embargo muchos de ellos  son arrastrados por aquellos sostenedores que realmente obtienen excedentes y que ven, con justificado enojo, que su negocio se acaba.   Por otro lado,  se planteó originalmente la necesidad de que los sostenedores fuesen dueños de la infraestructura del establecimiento, como una forma de evitar el lucro disimulado a través de inmobiliarias relacionadas. Esto generó problemas debido a las dificultades de compra en algunas situaciones específicas como la de los colegios religiosos que arriendan a congregaciones que no pueden vender. De los 4374 colegios con fines de lucro solamente 980 son dueños de su infraestructura, 1934 arriendan y 1950 se encuentran en comodato.  La ley deberá ser, a mi juicio, lo suficientemente flexible para dar cuenta de esta diversidad y  cumplir finalmente el objetivo: fin al lucro, el copago y la selección.

sillas

Se ha planteado que la reforma debió haber empezado por el fortalecimiento de la educación pública tal vez, es posible que hubiese sido mejor. Pero al respecto hay que tener claro que el proceso de desmunicipalización y el del nuevo estatuto docente son cuestiones largas y extremadamente complejas. También los municipios donde se encuentran estos colegios son sumamente heterogéneos. En particular, se requieren recursos económicos que todavía no están disponibles. Finalmente, queremos enfatizar que es esta ley (fin del lucro, el copago y la selección) la que saca,  parcialmente, la educación escolar de la lógica del mercado y la acerca a un derecho social.

Editorial (CDE nº 29)

El Gobierno de la Nueva Mayoría ha dado inicio a su ambicioso plan de reforma educacional. Así es como han sido enviados al parlamento proyectos de ley que pondrán fin al lucro en la educación escolar, terminando con el copago y la selección de alumnos en aquellas escuelas y/o liceos que reciban subvención estatal. Del mismo modo ya se tramita un proyecto de ley que crea la figura del interventor en aquellos planteles de educación que estén en riesgo de sustentabilidad por razones económicas y/o académicas.

Sin duda esto demuestra la voluntad política de cumplir estrictamente lo que dicho conglomerado político ofreció al pueblo chileno como programa de gobierno.

No hay duda, tampoco, que faltan otras iniciativas y proyectos de ley que completen el ámbito de la reforma. Sin embargo, también a estas alturas del proceso es pertinente señalar algunas deficiencias (o falta de información) que se han observado hasta aquí.

El movimiento estudiantil ha criticado el bajo (o nulo) nivel de participación en la elaboración de las distintas propuestas conocidas hasta hoy. En particular se critica el no conocer una hoja de ruta en relación al fortalecimiento del sistema público de educación escolar, la desmunicipalización, el fortalecimiento del rol del profesorado y los inevitables cambios curriculares que una educación escolar pública conlleva, los que no son ni conocidos ni se está generando un adecuado nivel de participación de la comunidad escolar (profesores, alumnos y apoderados) en torno a ellos.

Los estudiantes secundarios, con razón, reclaman mayor participación de ellos y los profesores en temas como la evaluación escolar (¿fin a la medición estandarizada?),y el método de selección universitaria, entre otros.

El ministro de educación ha señalado reiteradas veces el carácter sistémico de la educación, y tiene razón. Por ello es necesario que los estudiantes, los profesores y los padres conozcan ese alcance sistémico de la reforma. Es posible que por razones políticas (obtener aprobación de proyectos en el parlamento) se debilite el conocimiento y alcance sistémico del proceso de reforma y terminemos enfrascados en discusiones menores respecto de particularidades de tal reforma.

El árbol de decisiones debe ser conocido por el movimiento estudiantil, y los ciudadanos debemos conocer cómo es que se instalará en Chile una educación escolar pública, gratuita y de calidad.

educacicionparatodos

A la luz de estos elementos es necesario tomar los resguardos y actuar proactivamente en relación con las iniciativas que atañen a la reforma en la educación superior, universitaria y de formación técnica.

Respecto de ello la información pública es parcial, y ya algunos actores (CONFECH, y Consejo de Rectores de Universidades del Estado) han expresado preocupación por el nivel de participación en la formulación del proyecto.

Algunas declaraciones señalan que se mantendría el financiamiento a la matrícula vía voucher (¿Deberán las universidades del Estado seguir destinando recursos escasos a publicidad para poder competir por ese financiamiento?).

También algunas declaraciones señalan que habría un financiamiento basal especial para las universidades del Estado y que una parte importante del financiamiento se haría por la labor de investigación de universidades acreditadas.

Nada se ha dicho de otra función de toda universidad: La extensión.

Chile ya tuvo una reforma universitaria en los años sesenta, y fue exitosa. No se debe olvidar la clave del éxito de dicha reforma que fue la participación.

En dicha reforma no sólo la participación de las comunidades universitarias sino de todo el pueblo fue crucial, pues cuando hablamos de investigación y de extensión necesariamente hablamos de un proyecto país.

Nuevamente aquí no se debe perder de vista el objetivo: un sistema universitario público, gratuito y de calidad.

Siempre será bueno y mejor que los cambios sean motivo de discusión, y por ello nos alegramos de estar conversando de educación, pero más nos alegraremos si en esa conversación participamos todos. Aunque es posible que esta falta de participación obedezca a que el proyecto se encuentre distante de su formulación final, pues acabamos de conocer (El Mercurio, 22.06.2014) que el Ministro de Educación propone una red pública de colegios abierta a los particulares subvencionados, con nuevo financiamiento y Estatuto Docente. Esta vez, el ministro plantea la necesidad de mayor interacción con los ministros. Con seguridad, la clave es demorarse un poco más e incluir un amplio debate con los actores involucrados, entendiéndose por estos últimos aquellos con organización representativa a nivel nacional.

Todas estas observaciones obedecen a que queremos una mejor educación pública para un Chile más democrático, inclusivo y justo.