Revolución tecnológica, contrarrevolución capitalista. Claudio Iturra

“Estamos viviendo una revolución tecnológica […] una gran transformación de la economía, de la sociedad e, incluso, de las formas de convivencia social”, señala el economista Juan Manuel Rodríguez en su nuevo libro La revolución tecnológica, ¿El fin del trabajo? Opciones para Uruguay y países emergentes.1 En la “evolución del capitalismo” ha habido otras revoluciones de esta naturaleza. La actual es la cuarta. El principal propósito de la obra es analizar la magnitud de su efecto ineluctable, la reducción de los puestos de trabajo, en la radical transformación de la organización productiva. Al adjudicar los cambios sin precedentes de los últimos 50 años a un proceso técnico, con una dinámica inmanente, autodeterminado, motor de la historia, orientado a mejores formas de vida, Rodríguez coincide con la posición predominante en la academia, el gran empresariado, los organismos multilaterales y muchos gobiernos, en especial los más poderosos.

Por eso, la exigencia crítica elemental refiere a examinar tanto lo que se dice como lo que no se dice en ese enfoque coincidente, para poder iluminar lo que queda en la sombra: su origen, naturaleza, contenido, finalidad. El cambio técnico, de la tecnología, acompaña toda la peripecia humana desde que el Homo sapiens produjo lo que necesitaba para vivir y permanecer, desde que el Homo sapiens y el Homo faber se tornaron cara y sello de una moneda, tanto en su relación con otros hombres como en su relación con la naturaleza. Se teje así un proceso continuo de aprender haciendo y de una nueva producción que encarna el saber hacer aprendido y aprehendido, en lo que conocemos como reproducción.

Como señala Cristina Zucchermaglio en L’usabilità sociale delle tecnologie, “Las tecnologías no ‘caen’ nunca en un vacío social, sino que por el contrario interactúan siempre con un sistema de prácticas sociales […] La funcionalidad de la tecnología no reside tanto en su específica estructura técnica y material cuanto más bien en el curso de acción que produce y sustenta en un contexto productivo y organizativo. Los instrumentos tecnológicos no son nunca instrumentos social y cognitivamente neutros: cumplen acciones sociales y prescriben comportamientos específicos”. Las tecnologías, por ende, no adquieren funcionalidad de sí mismas, sino de las formas que caracterizan a la estructura económico-social que las contiene y significa. El capitalismo en su fase globalizada, en nuestro caso.

El capitalismo tiene dos finalidades concurrentes: la ganancia y la dominación (territorial, política, ideológica) para asegurar la reproducción del sistema que garantice mantener y ampliar la ganancia. La historia del siglo XX muestra nítidamente esta dinámica.

Primero, desde la Segunda Guerra Mundial, y en particular desde la posguerra, se produjo el avance de los movimientos populares en pos de una mayor igualdad en la distribución de la riqueza; luego, la reacción planificada para cortar de raíz esa amenaza y revertirla en términos duraderos, desde la estructura económica y social y todas sus expresiones. La contrarrevolución capitalista. El cambio técnico ha cumplido una valiosa función en ella.

Así, la historia ha discurrido lejos de lo que Rodríguez atribuye al cambio técnico: “La historia de la humanidad estuvo marcada por el cambio permanente en las herramientas que utiliza el hombre para resolver sus necesidades de alimentación, abrigo y vivienda […] El cambio técnico es expresión de esta voluntad de encontrar formas mejores de atender las necesidades” o a “encontrar mejores formas de vida”.

El examen histórico-crítico permite afirmar que todas estas situaciones se inscriben en el capitalismo, sistema que busca la ganancia y la dominación territorial, política e ideológica, y no en “resolver sus necesidades de alimentación, abrigo y vivienda” ni en “encontrar mejores formas de vida”. Lo que cuestiona radicalmente el origen, naturaleza y sentido del “cambio técnico” que propone Rodríguez.

El insoportable avance de la igualdad

Antes de que la historia diera un salto mortal, se vivía lo que Eric Hobsbawm denomina el “corto siglo XX”, la época que va de 1914 a 1991. En ella destaca la “edad de oro” del capitalismo, refiriéndose a las tres décadas que transcurren, aproximadamente, desde 1945 hasta 1973; desde la derrota de las potencias nazifascistas y sus aliados hasta el final del ciclo largo de expansión económica de la posguerra. En la “edad de oro” se desarrollan los sistemas de protección social en los países capitalistas avanzados y algunos no tanto, acaba el colonialismo, se produce el largo equilibrio entre superpotencias que caracterizó la Guerra Fría.

La industria fordista dio lugar a grandes aglomeraciones fabriles, creando las condiciones para la organización de sindicatos de alta incidencia en la repartición de las ganancias, al punto de que las curvas que representaban las ganancias del capital y las ganancias acortaban su distancia a puntos nunca antes alcanzados.

Como reacción se planificó erradicar el “insoportable avance de la igualdad”. Se buscó restaurar sin obstáculos, en forma duradera y estructural la ganancia y la dominación territorial, política e ideológica, las finalidades esenciales del capitalismo.

Ya en 1971, bajo la égida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se llevó a cabo una reunión de expertos de las patronales de los mayores países desarrollados, incluyendo Estados Unidos y Japón. El encuentro buscaba revertir el “fenómeno de degradación que caracteriza hoy por hoy el comportamiento de los trabajadores […] el endurecimiento de sus actitudes […] Las economías industriales […] sufren una revolución […] que atraviesa todas las fronteras culturales […] (y que se caracteriza por “un desafío a la autoridad)”.2

Se creó la Comisión Trilateral, una organización internacional privada fundada en 1973 por iniciativa de David Rockefeller, ex miembro ejecutivo del Council on Foreign Relations y del Grupo Bilderberg, que aglutina a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas principales de la economía capitalista. El ex secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger fue uno de sus principales líderes.

Todos los preceptos generados por estos grupos de elite fueron sintetizados, durante los años 90, en el Consenso de Washington, un listado de políticas económicas asumidas por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington DC, elementos básicos de la economía política “neoliberal”.

El eje de este giro estructural tomó en cuenta la centralidad del trabajo: se organizó la fragmentación del trabajo incrementando su precarización, socavando las normas que buscan su mayor formalización, se disminuyó la intervención pública de protección de los trabajadores, reduciendo las libertades sindicales.

Todo ello concurre a impedir o inhibir la existencia y acción de los sujetos colectivos, en cuyo primer lugar se ubica la organización sindical, a nivel local e internacional. Todas estas medidas condujeron a la vertical caída tanto de la cantidad de sindicatos como de afiliados a esas organizaciones.

La privatización de servicios otrora brindados por el Estado agudizó las condiciones de desprotección de las poblaciones menos favorecidas. La renuncia del Estado a regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo, generalizaron el trabajo precario y los abusos patronales. Se produjo una brusca reducción en el gasto social, así como de los impuestos aplicados a las empresas y familias. Fue el canto fúnebre del Estado de bienestar.

Como contrapartida, ha habido una eclosión de nuevos productos (automóviles eléctricos, energía solar fotovoltaica, biocombustibles y la panoplia basada en las tecnologías de la información y la comunicación: microprocesadores, teléfonos celulares y computadoras, la galaxia internet). Ha habido nuevos procesos de diseño y producción (desarticulación, fragmentación, desterritorialización) y profundas transformaciones de la distribución y comercialización (grandes superficies, supermercados, ventas online), así como en el transporte y la logística, por ejemplo con el uso de contenedores. La creciente concentración de estos mercados crea estructuras oligopólicas.

Se han creado nuevos mercados o expandido algunos existentes. La población de las ciudades superó a la población rural: la población urbana mundial pasó de 2.300 millones de personas en 1994 a 3.900 millones en 2014.

La combinación de búsqueda de ganancias ha llevado a desarrollar nuevos sistemas y aplicaciones que han conducido a una creciente financiarización de la economía a escala global, creando instrumentos para ganar dinero sobre la base del dinero y no de la producción, sin límites geográficos ni horarios.

Cambia la escala del sistema financiero en relación con la economía real. Se incrementa la desregulación del sistema financiero. A nivel empresarial, lo financiero predomina sobre lo productivo. Se incrementa la flexibilización y precariedad salarial. Se intensifica la desconexión entre grandes empresas y sus países de origen. Se incrementa la pérdida de capacidad de pilotaje macroeconómico de los estados nación en lo que hace a planes de pleno empleo.

Los bancos se transforman en instituciones financieras legales que conviven con los paraísos fiscales, que sustraen impuestos a los estados en unos 190.000 millones de dólares, sirven para manejar dinero con fuentes directamente delictuales: miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico mantuvieron a flote el sistema financiero durante la crisis financiera global de 2008-2010.

Estados Unidos y sus aliados han mantenido focos bélicos en Europa, Asia, África y, sobre todo, en Medio Oriente. El gasto militar mundial ascendió en 2017 a 1,73 billones de dólares, 1,1% más en términos reales respecto del año anterior, el más alto desde la Guerra Fría según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Estados Unidos mantiene su hegemonía mundial, con el 35% total de este gasto, y una inversión que supera a la de los siete siguientes países combinados. La investigación y desarrollo con fines bélicos es uno de los mayores capítulos presupuestarios. Los contratos de las empresas tejen una intrincada red clientelista en el Complejo Militar Industrial, sobre cuya peligrosidad ya había advertido el general Dwight Eisenhower al terminar su mandato en 1961.

En todos y cada uno de estos cambios, la inovación tecnológica es un sustento básico para su implantación, asociada en forma programada con el poder institucional, el poder económico y la hegemonía ideológica y militar. Warren Buffet, uno de los capitalistas más poderosos del mundo, por su fortuna y sus influencias, sintetiza el resultado de esta cruzada: “Claro que hay lucha de clases, pero es mi clase, la clase rica, la que hace la guerra, y estamos ganando”.3

Claudio Iturra integra el Centro de Formación y Estudios José D’Elía, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.


  1. Ediciones de la Banda Oriental, setiembre de 2018. 
  2. Citada por Luc Boltanski y Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, París, 1999; p. 249. 
  3. The New York Times, 26 de noviembre de 2006. 

Fuente

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Por una política de Estado para nuestro desarrollo científico-tecnológico. Rolando Rebolledo Berroeta

Rolando Rebolledo Berroeta

Docteur d’État ès-Sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris!

Profesor Titular

Facultades de Ingeniería y Matemática

Universidad Católica de Chile

En los últimos días se ha producido gran agitación sobre el retiro por parte del nuevo gobierno del proyecto de ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología presentado por la administración de Sebastián Piñera en los últimos días de su mandato. Como se recordará, en el año 2012 el entonces Ministro de Economía Pablo Longueira provocó una enorme reacción de rechazo de la comunidad científica al anunciar que el gobierno estudiaba el traspaso de CONICYT a su cartera.

Ante la ola de críticas recibida y para evitar una escalada mayor, el ex Presidente Piñera suspendió dicha medida y designó una Comisión Asesora para que hiciera recomendaciones sobre una nueva institucionalidad para la Ciencia, la Tecnología y la Educación. De las recomendaciones entregadas por esa comisión, retuvo solo aquella de generar un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior. Cabe preguntarse por qué no presentó su proyecto de ley antes, el año 2013, en vez de dejarlo para las últimas horas de su mandato. El postrer proyecto de ley de la administración Piñera adquirió así el carácter de un recurso simbólico, susceptible de recabar algunas simpatías en la comunidad científica nacional, con vistas a posteriores justas electorales.

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Pero, un análisis más acucioso de las reivindicaciones de la comunidad científica nacional muestra que la reivindicación principal es la de disponer de una política de Estado en materia de Ciencia y Tecnología. En sucesivos estudios realizados por la Academia de Ciencias y las Sociedades Científicas, ha quedado en evidencia que nuestro país adolece de la falta de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica, que sea independiente de los gobiernos de turno.

Diferentes gobiernos han creado instrumentos para incentivar la investigación, motivados por la existencia de una productiva comunidad científica nacional. Entre esos, el más antiguo y más ampliamente utilizado ha sido FONDECYT, otros, han tenido vidas más efímeras, en no pocos casos producto de visiones más bien individuales que inspiradas en estrategias de desarrollo de largo alcance, fraguadas en amplia consulta a la comunidad académica.

Al iniciarse un nuevo gobierno que pretende hacer importantes cambios estructurales en el Estado, esta comunidad está a la espera de que se promueva una amplia discusión nacional al respecto. Se ha recordado por ejemplo, que la ley que dio nacimiento a CONICYT estableció la generación de un Consejo Nacional de Ciencia. Éste quedó en receso el año 1973 y ningún gobierno ha tomado a cargo su reactivación. Es hora de que este Consejo se reconstituya con la debida consulta a la comunidad científica, dando inicio a un proceso de debate nacional sobre la institucionalidad requerida para impulsar estratégicamente la investigación científica y la innovación en nuestro país. De manera más precisa, para garantizar que este Consejo elabore una política de desarrollo de largo plazo, con verdadera independencia del gobierno en ejercicio, se propone que sólo un tercio de sus miembros sea designado, en tanto los dos tercios restantes sean elegidos entre pares. A este respecto, hay numerosas bases de datos (FONDECYT, Sociedades Científicas, Academia de Ciencias) que pueden ser usadas para hacer un catastro de los científicos elegibles y con derecho a elegir. Indudablemente, la creación (o reactivación) de este Consejo tiene la mayor prioridad con respecto a otras medidas institucionales.

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A la luz de la experiencia de los países que forman parte de la OCDE, es ciertamente importante avanzar en la instalación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que sea un órgano ejecutor de las políticas decididas en el Consejo. Pero, conviene ver esta instalación como un proceso que comience con una Subsecretaría en el Ministerio de Educación que asuma como primera tarea recuperar la gestión de los diversos fondos de financiamiento de la investigación en el país. Gradualmente, haciéndose cargo de otras reivindicaciones muy sentidas como la Carrera del Investigador, la inserción de doctorados en la Educación Superior o en la industria nacional, realizando un muy serio estudio sobre materias presupuestarias, podría esta subsecretaría devenir un Ministerio. Los Ministerios de Ciencia de los países de la OCDE pueden en este tema ser de una gran ayuda, con asesorías técnicas que ayuden a traspasar experiencias de diseño presupuestario en estas materias.

El desarrollo de nuestra investigación científica es de importancia estratégica para la nación. Así lo han entendido Brasil y otros gobiernos latinoamericanos. Una adecuada política de intercambio en estas materias reforzaría nuestras relaciones exteriores y ayudaría a generar soluciones innovadoras para cruciales problemas de nuestro desarrollo como la energía, la educación, la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

Propuesta de Reforma Tributaria de la Nueva Mayoría. Roberto Saavedra Inostroza

Comentarios y Alcances.

A continuación expondré comentarios acerca de algunos puntos contemplados en la propuesta de Reforma Tributaria contenida en el programa de Gobierno de la Nueva Mayoría. Mi opinión se basa en los conceptos fundamentales de Tributación adquiridos en mi formación y ejercicio como profesional del área.

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1.- Programa :

“Característica esencial del sistema de impuesto a la renta vigente en Chile”

“El mecanismo del FUT con que hoy cuenta Chile, no existe en ninguna parte del mundo.”

“ Se trata de una fórmula surgida en los años 80, posterior a la crisis vivida en esa década, que obedece a las condiciones económicas específicas de ese momento en nuestro país, en especial, debido a las restricciones financieras que enfrentaron las empresas en dicha década en Chile.”

“El sistema de impuesto a la renta se caracteriza por tener una tributación de las rentas del capital baja, con algunas franquicias tributarias mal diseñadas, que se superponen entre sí.”

“Una parte dela estructura de incentivos, como es el caso del FUT, algunos regímenes especiales o el tratamiento del ahorro, se han desviado sustancialmente de sus objetivos iniciales y se han convertido en fuentes de elusión e incluso de evasión de impuestos.”

“Para corregir lo anterior, se implementarán las siguientes modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta:”

“Elevaremos, en forma gradual, la tasa del impuesto a las empresas de 20% a 25% en un plazo de 4 años.”

“Ésta seguirá operando como un anticipo de los impuestos personales , manteniéndose así la integración de impuestos entre empresas y personas”.

“Los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que retiran (el sistema operará en base devengada). Esta medida será implementada a partir del cuarto año de la reforma. De esta forma se termina con el actual mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables (FUT).”    ( El destacado en negritas ha sido agregado )

Comentario :

a)  Integración de Impuestos

Efectivamente el sistema chileno es único, por lo menos en el ámbito de los países OCDE.

No hay otro país de la OCDE que tenga un sistema basado en la denominada integración de impuestos, lo que implica que las empresas no son afectadas por Impuesto a la Renta.

El llamado Impuesto a la renta de 1ª categoría , que declaran las empresas, es solamente un anticipo a cuenta del Impuesto Global Complementario ( IGC) de los dueños de las empresas.

Como el Global Complementario afecta a las rentas efectivamente percibidas, los dueños deben declarar en el IGC las utilidades obtenidas en sus empresas, al momento y por el monto , que realmente retiran. Y ese mecanismo hace nacer el FUT, para registrar y controlar las utilidades originadas en empresas, que aún no han sido retiradas por los dueños.

Cuando el empresario incluye en su IGC utilidades retiradas de sus empresas, el Fisco le descuenta de su IGC a pagar, el Impuesto de 1ª categoría (I. de 1ª C) pagado por la empresa, correspondiente a las utilidades retiradas.

Como cuesta verlo lo recalco, el FUT corresponde a utilidades que no han tributado, que sólo han pagado un anticipo llamado Impuesto de 1ª categoría , que el empresario recuperará a la hora de liquidar su IGC.

La eliminación del FUT propuesta en el programa no cambia la esencia del sistema.

Lo que hace es considerar toda la utilidad de la empresa como retirada, o sea, la iguala con el retiro a incluir en el IGC del dueño. De este modo no queda utilidad por retirar, lo que hace innecesario el control, y por ende el FUT.

b)     Efecto en recaudación

El I. de 1ª C. se recauda anticipadamente, desde enero a diciembre, mediante los Pagos Provisionales Mensuales (PPM).

En la Operación Renta de abril se determina el monto del   I. de 1ª C., se compara con los PPM pagados entre enero y diciembre del año anterior, y la empresa paga lo que falta o pide la devolución del exceso pagado. En ese mismo momento, el (o los) dueño de la empresa determina su IGC, considerando como rebaja el I. de 1ª C. determinado en la empresa.

Cuando se elimine el FUT, es decir, cuando toda la utilidad de la empresa se considere retirada en el IGC del dueño, todo lo recaudado por concepto de Impuesto de Primera Categoría debe ser devuelto al contribuyente, en la forma de crédito contra otros impuestos.

Se recauda entre enero y diciembre, se determina en abril, y se devuelve entre mayo y junio del año siguiente.

Todo lo anterior sirve para entender el efecto que tendrá el aumento propuesto en el   I. de 1ª categoría, el que será sólo un efecto financiero transitorio.

Aumentará la caja fiscal unos puntos más que ahora, entre enero y diciembre. Pero, entre mayo y junio del año siguiente, debe ser devuelto en su totalidad.

Es como pedir un préstamo de corto plazo (entre 6 y 18 meses para ser precisos), en un ciclo que se repetirá año tras año.

Y como sabemos, con un préstamo de esas características no se puede financiar grandes inversiones permanentes, como parece ser lo requerido, tanto en el ámbito de la educación como el de la salud.

Otro modo – a mi juicio más proactivo, apuntando en la dirección correcta – de eliminar el FUT, sería transformar el impuesto de primera categoría en un impuesto real a las empresas, como ocurre en la generalidad de los países OCDE. Por ejemplo, “ bajar “ el impuesto a las empresas del 20% actual a un 10%, o un 5%, o un 3%, o un 1% , pero real no “ a cuenta de”, efectivamente liberaría los fondos para financiar otras reformas en esa misma cantidad.

Como se desprende de la primera frase del programa citada en este trabajo, en los otros países de la OCDE se aplica un impuesto real a las empresas. Avanzar en esa dirección no resulta entonces descabellado, y además es adecuado para los fines que se pretenden.

Corolario.-   Tengo serias dudas de que el aumento de recaudación de 1.92% del PIB , esperado con los cambios al Impuesto a la Renta, pueda lograrse con las medidas anunciadas.

Como espero haya quedado claro, el aumento del Impuesto de 1ª categoría, de 20% a 25%, no genera un aumento real para el Fisco, ya que debe devolverse en su totalidad en la Operación Renta correspondiente.

El otro cambio propuesto es la rebaja de un 40% a un 35% del impuesto para el tramo más alto del IGC. Como se declara en el programa, tal medida incentivadora, no generará un aumento de recaudación.

De allí las dudas

2.-  Programa :

“Incentivo a la Inversión de las PYMES.”

“Ampliaremos y potenciaremos el sistema simplificado bajo el cual tributan las PYMES, establecido en el artículo 14 ter de la Ley de la Renta. “

“Actualmente, pueden acceder a este sistema las empresas individuales, que pagan IVA y que tengan ventas anuales inferiores a 5.000 UTM. Ampliaremos este beneficio a todas las empresas con ventas anuales inferiores a 14.500 UTM, sean empresas individuales o personas jurídicas, e independiente de sus obligaciones respecto del IVA.”

[…]

“ Por ejemplo, una panadería de barrio que vende en total 55 millones de pesos al año (límite de la microempresa),que tiene una utilidad de 5 millones al año, y que invierte un millón de pesos en la compra de maquinarias como hornos o refrigeradores, pagaría actualmente 340 mil pesos en impuestos y en el sistema que proponemos pagaría sólo 140 mil acogiéndose al 14 ter.”

Comentario :

Tanto el alza en el límite de ventas necesario para acceder al beneficio, como la ampliación del beneficio a personas jurídicas, agranda de manera significativa las posibilidades de elusión, por medio de la mimetización de una empresa mediana o grande en múltiples personas jurídicas que alcancen a cumplir con los límites establecidos. Esta forma, usada en la actualidad con diversos fines, es conocida como la práctica del multi – rut .

Por otra parte, la Pyme del ejemplo no necesita esa clase de incentivo.

A esa Pyme, en régimen normal, le corresponde un I. de 1ª C. de $ 1.000.000, que lo ha pagado en su mayor parte a través de los PPM, de modo que en abril sólo paga la diferencia, que equipararemos a los $ 340.000 del ejemplo. También en abril el empresario dueño de esa panadería, declara en su IGC el retiro de toda la utilidad, $ 4.000.000 ($ 333.000 por mes, que no es exagerado), lo que lo ubica en el tramo 0% de Global Complementario,  con un crédito de $ 1.000.000, ambos provenientes de la panadería. De esa manera, entre mayo y junio recibe la devolución de todo lo que había pagado por impuestos:   $ 1.000.000.

El empresario del ejemplo, no necesita mayor incentivo, en tanto sus utilidades no superen el tramo exento del Global Complementario, que para este año es de $ 6.605.064, equivalente a 13,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Un incentivo real para este empresario sería subir el tramo exento, por ejemplo, a unas 20UTA, o sea $ 9.785.280, unos 815.000 al mes, que no parece un ingreso excesivo

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3.- Programa :

“Incentivo a la Inversión de las Empresas.”

Frente a los cambios anunciados en el impuesto a la renta, debemos tener un particular cuidado con la inversión, introduciendo mecanismos modernos que superen la situación actual de elusión.”

“Se implementará un mecanismo de depreciación instantánea, que consiste en que las empresas puedan descontar de las utilidades la inversión total del año en curso, y que beneficie principalmente a la pequeña y mediana empresa y que considere un mecanismo que controle las posibles distorsiones entre sectores productivos con distinta intensidad en el uso de inversión de capital.”

“ Este mecanismo se implementará a partir del cuarto año de la reforma, coincidiendo con el cierre del FUT.”

“Esta es una medida que corresponde al Chile de hoy: i) es un incentivo mayor a la inversión que el sistema de tributación que actualmente nos rige y; ii) elimina muchas de las actuales prácticas de evasión y elusión.”

Comentario :

Hay poca información acerca de los detalles en esta propuesta.

De modo que sólo advertiré acerca de los peligros que podría conllevar una inadecuada concepción de los alcances de la depreciación inmediata.

Una medida que alcance toda clase de bienes depreciables, transformaría a Chile en una suerte de paraíso tributario, quitando a la actividad empresarial esa aureola romántica de valor, empuje y creatividad que lleva a asumir el riesgo empresarial. El emprendimiento se transformaría en una actividad sin riesgo, y sin aporte para el erario nacional.

El dueño de la empresa no tributará (y la empresa no prestará dinero al Fisco) hasta que haya recuperado toda la inversión en activos depreciables.

Y , si me permiten tocar tangencialmente las maniobras elusivas que pueden crearse y se crearán, diremos que no pagará impuestos hasta que el Balance muestre que ha recuperado toda la inversión.

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Comentario final.

Una de las características que se espera tenga un sistema de tributación es la simplicidad. Cuando ésta existe se dificulta la elusión y se facilita la fiscalización.

El sistema tributario chileno se ha ido haciendo cada vez más alambicado, reforma tras reforma. Al punto que la enorme mayoría de la población cree que las empresas soportan una carga tributaria.

En Chile no tributan las empresas, tributan las personas.

Por eso mismo las correcciones al sistema deben hacerse en relación a los impuestos a las personas. Cualquier corrección que se pretenda hacer indirectamente, a través de los “impuestos a las empresas”, abre campo a las maniobras elusivas como ha ocurrido también, reforma tras reforma.

Otro principio de importancia es la transitoriedad de los gravámenes o incentivos específicos.

Cuando un gravamen específico se hace permanente, se transforma en un castigo para un determinado sector económico o social.

Cuando un incentivo específico se hace permanente, se transforma en un privilegio.

Tanto los castigos como los privilegios se oponen al que quizás sea el principio más fundamental : la equidad del sistema tributario.

Glosario :

OCDE                       Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

FUT                          Fondo de utilidades tributarias

I de 1ª C.                 Impuesto de primera categoría

IGC                           Impuesto global complementario

PPM                         Pago provisional mensual

UTM                         Unidad tributaria mensual

UTA                          Unidad tributaria anual

PIB                            Producto interno bruto

Puede descargar completo el programa de Reforma Tributaria desde aquí

Reflexiones sobre la situación educacional. Gustavo Quintana M.

 Si partimos de la premisa que el desarrollo  de un sistema educacional  de calidad  es condición indispensable  para el desarrollo  global  y la eliminación de las diversas formas  de segregación en un país (raciales,  sociales,  de género.)  y agregamos el inmenso  consenso que existe sobre el desastre del modelo chileno y el daño causado a la inmensa mayoría de los estudiantes, aparece como natural  una reflexión  sobre el origen, la  paternidad y  los diversos grados de responsabilidad en la concepción, instalación, desarrollo y desastre final del modelo chileno. Si además ubicamos esta reflexión en el contexto  de la campaña electoral , la acusación constitucional  al ministro de educación,   la forma vergonzosa en que los diferentes  grupos políticos  tratan de eludir su responsabilidad en el desarrollo del desastre educacional y el resultado  igual a  cero de las medidas del gobierno  de Piñera ,  opinión  al menos compartida por los 150.000 estudiantes, profesores,  apoderados y trabajadores que fue manifestada el 10 de Abril  en Santiago junto a cientos de miles en todo Chile,  tendremos una base bastante amplia de análisis.

Las bases del modelo 

 Las bases del actual modelo las encontramos en  los DFL  de 1980-1  y en la concepción de que la educación  no es un derecho sino una mercancía  que se transa en un mercado desregulado, entre quienes tienen la posibilidad de acceder a  él.

Las  primeras medidas de la dictadura se orientaron a borrar de una plumada  los tradicionales aportes  que el sistema educacional chileno  entregaba al país,  desde el nacimiento de la república ( en el plano cultural, social,  de integración  a la solución de los problemas de la sociedad, fueran ellos de tipo científico,  económico  o  tecnológico) ,  culpabilizando a estas virtudes  como las causas del retroceso académico  de   la universidades por burocratizar su quehacer.  Según la dictadura el sistema adolecería del impulso creador  que la libre  competencia y el mercado entregarían.

La gratuidad de la educación  desaparece (reducción en 50% en más o menos 5 años –salvo en la educación municipal)  y quienes no tienen  recursos  para pagar los nuevos aranceles  debían recurrir al crédito fiscal,  convirtiéndose en deudores desde su ingreso  y convirtiendo al Estado en  vulgar prestamista.

Dos aspectos no visualizados en la instalación del sistema constituyen hoy en día la cara más visible del desmoronamiento de todo el sistema. Me refiero al  LUCRO,  que fatalmente se convierte  en el  motor de un sistema tan abierto y  desregulado  y  la  creación artificial de la necesidad de alcanzar un cartón  universitario( necesidad al servicio del mayor lucro),  sin ver que ellos  sobrepasarían  con mucho  las hipotéticas necesidades   y formarían  una   generación de cesantes ilustrados  y hoy en día también   de  estafados ilustrados (U. del Mar  )

En relación a la educación municipal (DFL-1 3063 de traspaso a las municipalidades de escuelas básicas y liceos de enseñanza media estatales y DL4002 de exigencias  mínimas  en la formación de los niños),los decretos señalados  son la base de la creciente  segregación   al  entregar a los alcaldes la administración de las escuelas públicas y  la potestad de reducir de 10 a 5 las asignaturas obligatorias en la enseñanza básica ( que muchas veces no pasan del  manejo de las cuatro operaciones aritméticas,  algo de historia y geografía  y reglas de urbanidad, moral y buenas   costumbres),  todo esto en función de los recursos de las respectivas municipalidades.

Esto  se tradujo en  educación de mayor calidad para las comunas ricas y  menor    en las  comunas  pobres,  produciéndose así un   éxodo masivo de estudiantes de la escuelas  municipales a las privadas subvencionadas  con copago,  aun cuando este copago es sólo  un engaño más, pues los rendimientos  en este segundo segmento,  con orígenes   similares de sus estudiantes,   es  similar y el copago es sólo un truco de marketing  para actuar sobre los escasos  recursos  y los temores de padres y apoderados en la carrera por un  cartón universitario  muchas veces inútil

En resumen, la política de la dictadura  ha sido  eficaz para demoler la educación pública,  en especial la básica y media,   y mantener los objetivos esenciales de la derecha de oponerse a la gratuidad de la educación  y defender intransablemente   el LUCRO.

¿Y que fue del impulso creador que la competencia entre universidades privadas y el incentivo del  LUCRO  permitiría finalmente el  disparar la excelencia académica ?  Sólo una de ellas calificó como universidad de investigación,  y el resto de la calidad y la excelencia académica  continua radicado en  las antiguas del  Consejo de Rectores.  De las  más de 30    nuevas universidades privadas  cinco o seis  tienen un desempeño docente aceptable  y otras seis desarrollan actividades de calidad en áreas más restringidas del conocimiento.  Del resto, sólo el LUCRO  es su objetivo.

Las victimas                                                                                                                        

 La primera agresión,  el fin de la gratuidad, que a pesar  de ser progresiva , tras 40 años de modelo ha dejado una huella dolorosa en los estudiantes,  fue sólo el comienzo.  Luego vino una serie de medidas hasta configurar el derrumbe del sistema  sobre los hombros  de quienes más necesitan una educación  de  calidad, accesible  aun para los que no pueden pagarla.DSCN6469

Daremos unas pocas cifras que ilustren la forma progresiva de cómo los estudiantes fueron asumiendo esta  carga.

Mientras el número  de nuevas universidades   privadas   y su alumnado estuvo por debajo del de las del consejo de rectores,  un 50% de los estudiantes que ingresaban debía retirarse cargando la deuda  del crédito fiscal y sólo un 40 %  de los que egresaban  trabajaban en empleos relacionados con sus estudios . Del  otro 60% de afortunados que egresaban un 16% engrosaban el grupo de cesantes ilustrados y  el resto trabajaban en cualquier cosa,  en forma generalmente precaria.

Cuando las bondades del negocio  se hicieron más evidentes ingresaron al sistema  algunas trasnacionales  de la educación  (Laureate, SEK, etc.) y se crearon subterfugios  para aumentar las matrículas y el número de  estudiantes que financiaban  este creciente  negocio  (disminución de los puntajes de ingreso,  creación  de carreras esotéricas , la ley de aseguramiento de la calidad como subterfugio formal que, lejos de asegurar la calidad, sólo intentaba dar la imagen de universidad  sin definir en ningún momento un proyecto de desarrollo y sus necesidades)

Esta carga creciente  sobre los estudiantes afecta hoy en día  a unos 370.000   que adeudan  aproximadamente  1   BILLON DE PESOS, según la superintendencia de bancos,  sin contar con los 110.000 morosos  del Fondo Solidario que agregan  300.000  millones  de pesos a la deuda.   A  todo  esto   no se han incorporados  aun  los 18.000  estudiantes  de la Universidad del Mar, que   CONFORMAN  los  primeros  estafados  ilustrados. (deudores  sin  ninguna acreditación académica ni posibilidades de terminar sus estudios en otra universidad)

Los culpables y responsables

Los mayores responsables de la creación,  instalación, desarrollo y aprovechamiento  del modelo , los padres putativos de él, deben buscarse en primer lugar entre los sectores más cercanos a Pinochet,  donde se gestó el modelo,  y entre ellos  a Jaime Guzmán y su  grupo, nucleados en torno a los participantes  en   Chacarillas, la UDI y sectores  ultrarreaccionarios  que fueron los aliados civiles de la dictadura.  A continuación debe considerarse  a  quienes administraron el modelo por 20 años—la  Concertación– sin proyecto propio y afirmando su política de gobierno (con la educación entre los más afectados)  en la política de los acuerdos, dando por sanas a las políticas de Pinochet.

De allí nacieron y se desarrollaron  el fin de la gratuidad de la educación y los DFL de los años 80 a 81, la libertad de aranceles de las nuevas universidades  privadas, la ley de acreditación de la calidad y la  C.N.A, el incentivo para el aumento sin límites de la matrícula universitaria en desmedro de la calidad  (la investigación y  creación  se transformaron en actividades opcionales  y,  finalmente, el Estado terminó por avalar los créditos bancarios y  el  salto de 2% a 6% en los intereses, medida que  constituyó la ruina para muchos sectores medios).

 ¿Quiénes manejaron esta máquina de producir ganancias?

Primero,  desde los primeros años hasta hoy  hay sectores  que  buscaban  y buscan   consolidar una sociedad  segregada, una sociedad  con dos tipos de educación, una para la elite rica destinada a gobernar el país y  otra para los pobres, al servicio de los primeros, una que en definitiva les permitiera enriquecerse.

En relación a la integración de los primeros al sistema universitario  debemos señalar en primer lugar al grupo de Chacarilla  con Jaime Guzmán a la cabeza, la UDI el Opus Dei (Universidad Santo Tomás y colaboradores civiles ultrarreaccionarios de Pinochet). Elementos destacados de este grupo fueron Carlos  Bombal, jefe de gabinete del rector Swett,  destinado al trabajo sucio, como  la  entrega del profesor Juan Avalos Davidson  a los  agentes de la CNI, después de lo cual desapareció (Le Monde Diplomatique ). Actor principal desde la primera hora fue Hernán Larraín, en la primera época en la Universidad Católica  y luego a través de una  fuerte ligazón con los propietarios de de la universidad  Sto. Tomás junto a José Jurasek y Luis Hernán Cubillos. También ingresaron al mundo universitario  Joaquín Lavín y C. Larroulet , copropietarios de la Universidad del Desarrollo,  con Hernán Buchi como Presidente, Hernán Chadwick  se incorporó  a  la Universidad del las Américas .

 Como un caso particular,  Francisco Javier Cuadra  se incorporó como rector de una de las primeras nuevas  universidades  privadas, la Diego Portales. Cuadra,  hombre de confianza de Pinochet,  y  pieza maestra  en el ajedrez universitario,  se fue de boca y contó haber estado presente en el asesinato por agentes de la  CNI del militante del MIR Fernando Vergara ( llegó minutos después de su muerte).La excesiva  difusión de este hecho  (que llegó a la jueza Raquel Lermanda ) obligó a Cuadra a renunciar.

 Representativo también de esta verdadera invasión de las nuevas universidades privadas es el caso de la universidad  Finis  Terrae por parte de un conjunto de economistas del régimen de Pinochet (  Julio Phillippi,  Fernado Leniz,  Pablo  Barahona,  Sergio  de Castro,  Jorge Cauas y   Alvaro Bardón) , para ser reemplazados posteriormente por la congregación de los  Legionarios de Cristo.

Estos ejemplos ilustran cómo se instaló el nuevo modelo y quiénes deben asumir,  después de 30 años,   la principal responsabilidad  en el desastre.

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Sin tener una responsabilidad ideológica en la creación  y desarrollo del  modelo,  la Concertación actuó por comodidad y desidia  contra los principios tradicionales de gran parte de los partidos que  la componían,    permitiendo la continuidad del modelo.  Responsabilidad principal en este menosprecio del rol que  debía jugar la educación en el desarrollo de Chile la tienen  Ricardo   Lagos , como primer ministro de educación , J.J. Brunner,  el gurú de la Concertación  y  un grupo no menor de políticos  de la DC ligados a la enseñanza básica y media y  a  algunas universidades.

Posteriormente, en un contubernio increíble, políticos de ambos sectores aparecen unidos en el desarrollo de la educación básica y media ,  en algunas universidades  y en las instituciones calificadoras  de calidad. Un caso sorprendente  es la  unión de Maximiano Errázuriz , impulsor en el Congreso de la ley de acreditación de la calidad  con   los ex rectores  Riveros  y Zuñiga (Universidad de Chile y Universidad de Santiago,respectivamente)  en la formación de una sociedad calificadora de calidad.

¿Cómo encaran los países  más desarrollados de la OCDE una educación de calidad útil para el desarrollo?

El ministro BEYER y el presidente Piñera,  a  diferencia de loa países de la  OCDE,   han  sostenido    implacablemente el carácter  privado de la educación  y lo natural  y legítimo que significa el lucro  como factor estimulante  de la calidad de la educación

Estas concepciones criticadas recientemente por la O.C.D.E., como la traba fundamental para que Chile pueda salir de su papel de simple exportador de  riquezas sin valor agregado,   se mantienen desde más de 30 años  ( D.L. de 1981).  siendo ellas las  principales responsables  del desastre  educacional  (situación preocupante ante la reciente caída del precio del cobre).

¿Cómo han estructurado estos países sus sistemas educacionales?

La inmensa mayoría de los 30  países de la  O.C.D.E  financiaba  casi el total del gasto en educación básica y media con fondos públicos(hasta 1999,  según el Banco Mundial), estando el control de ella en manos del Estado, con un promedio sobre el 85%,  con la excepción  de Chile con solo un  68% de gasto estatal  Por su parte, el financiamiento  de la educación superior  se  encontraba   en promedio  sobre el  85% a cargo del Estado, con excepción  de  Japón, 50%,  Canadá ,64%,  U.S.A.48%, Corea 20%, Indonesia 50% y  Chile 27%. (Banco Mundial 1999) .

A pesar de que la crisis  redujo el aporte del Estado, el control de la educación siguió en sus manos y en algunos casos la magnitud del financiamiento  se mantuvo, como en Finlandia y en los países nórdicos .   Dos casos interesantes,   Finlandia y   Chile,  nos permiten visualizar la estrecha relación entre financiamiento estatal,  calidad de la educación  y el desarrollo  de un país en su expresión más amplia,  mucho más allá que la  simple competencia entre pruebas de conocimiento. Comparativamente,  Finlandia y Chile eran  países claramente subdesarrollados en loa años 70, siendo Chile un país  rico en recursos naturales y   Finlandia un país en  el que sus habitantes emigraban al resto de Europa en busca de trabajo.

¿Qué políticas implementaron ambos países para avanzar hacia el desarrollo?

 En Finlandia se firmó un pacto social principalmente entre  empresarios y trabajadores,  y en conjunto decidieron  priorizar el desarrollo  de la mejor educación posible, destinando el 30% de las mejores inteligencias  a  una educación  donde el compartir  era  más importante  que el competir, donde se alcanzó  un nivel de integración por encima del resto de los países europeos (con el mismo nivel de calidad y de integración entre el campo y la ciudad, entre hombres y mujeres y entre jóvenes originarios del  país y jóvenes provenientes de otros países y culturas ). Todo esto ligado a una fuerte inversión para recuperar al mayor número de jóvenes (jóvenes con problemas conductuales o  con  discapacidades  físicas),  sin dejar de lado las artes  la ciencia ,y el dominio de las lenguas maternas. Así,  mientras Finlandia pudo transformarse en una potencia industrial,  un país culto e integrado,  con una moral notable y que lograba escapar a la precariedad de la vida  a la que nos ha impulsado el estado actual del sistema capitalista en su etapa actual, Chile, por su parte,  en la trampa del lucro y de una competencia brutal ha quedado limitado  a ser  sólo  exportador de minerales, frutas  y otras riquezas naturales, sin ser capaces de  producir  valor agregado,  privilegiando el crecimiento sobre el desarrollo y valorando el competir sobre el compartir. Esta pobreza creativa comienza a producir los primeros temores sobre nuestro futuro. El reciente llamado de alerta de una posible baja del precio del cobre,  la torpeza empresarial,  que por negar una petición exigua estuvo a  punto de  hacer fracasar el embarque de fruta de todo un año,  la precariedad de la vida y, finalmente,  el egoísmo inhumano de quienes quieren continuar controlando país visualizando sólo su afán de lucro  y de ganancia,  hacen imposible estructurar un sistema de educación con la creatividad indispensable para contribuir al desarrollo del país

Editorial (CdE nº22)

Recientemente el Ministro Pablo Longueira ha anunciado la intención del actual gobierno que el Ministerio de Economía se haga cargo de la actual Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, siendo el principal argumento la necesidad de que nuestro país impulse la innovación como motor del desarrollo económico.

Como ha quedado en evidencia, en los sucesivos estudios realizados por la Academia de Ciencias y las Sociedades Científicas, nuestro país adolece de la falta de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica, que sea independiente de los gobiernos de turno. Diferentes gobiernos han creado instrumentos para incentivar la investigación, motivados por la existencia de una productiva comunidad científica nacional. Una vez más observamos con temor que se anuncian medidas que involucran nuestro desarrollo científico y tecnológico, sin que detectemos signo alguno de una amplia discusión nacional al respecto. La ley que dio nacimiento a CONICYT estableció la generación de un Consejo Nacional de Ciencia. Éste quedó en receso el año 1973 y ningún gobierno ha tomado a cargo su reactivación. Es hora de que este Consejo se reconstituya con la debida consulta a la comunidad científica, dando inicio a un proceso de debate nacional sobre la institucionalidad requerida para impulsar estratégicamente la investigación científica y la innovación en nuestro país. A la luz de la experiencia de los países que forman parte de la OCDE, es importante considerar la instalación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Abundan razones para la suspicacia. Se pretende, de manera soterrada, poner al servicio del modelo económico neoliberal la capacidad de la comunidad científica nacional. Ya no para el desarrollo del conocimiento, sino que para orientarla hacia los intereses del capital.  Los recursos humanos y económicos disponibles en el país al servicio de los grandes empresarios. Lo ha dicho el Ministro Longueira: “Es muy importante que CONICYT se radique en Economía y toda la inversión pública que hacemos en I+D en Chile y en ciencia y tecnología tenga un vínculo mayor con el aparato productivo” (sic).

También de manera encubierta, en un intento frustrado, el gobierno ha intentado entregar el litio a manos privadas. Todos los especialistas concuerdan en que las bases del CEOL fueron hechas para ser adjudicadas a Soquimich (SQM), ex empresa pública y hoy propiedad de Julio Ponce Lerou, oscuro personaje de la dictadura y principal financista de la UDI. Recordemos que Ponce acumuló su actual fortuna utilizando privilegios concedidos por Pinochet desde el puesto de Gerente de Empresas de CORFO. El procedimiento utilizado para adjudicar la exploración y explotación del litio por parte de privados es un artificio que a nadie puede engañar y que busca evitar una discusión democrática y amplia de la sociedad chilena en relación con este recurso natural que es propiedad de todos los chilenos. El proceso de adjudicación de contratos para la explotación de litio es “inconstitucional”, ya que, según la normativa vigente el litio es una de las sustancias minerales que no puede ser objeto de concesión.

En relación al tema que estamos tratando, pero en otro plano. Una vez más los porfiados hechos contradicen la autodefinición de pretendida excelencia, vociferada a los cuatro vientos por el gobierno, toda vez que el nivel de ineptitud e incompetencia ha quedado en evidencia con la renuncia del ahora ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Aunque fracasado, el funesto proceso de privatización del litio deja al descubierto una de las principales características nefastas de la doctrina neoliberal. Como ya hemos mencionado, en relación al traspaso de CONICYT, no existe de parte del gobierno interés por llevar a cabo, en conjunto con la comunidad científica, un Proyecto Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología. El litio fue declarado mineral estratégico en 1979 porque se pensaba que podría tener aplicaciones nucleares (por tanto armamentistas). Treinta años después, el litio se ha consolidado como materia prima en la fabricación de baterías, cerámicas y vidrios, grasas lubricantes, aluminio, entre otros. En los últimos ocho años el precio mundial del litio ha subido de US$ 2.500 a US$ 6.000 por tonelada.  Es decir, en nuestra discusión sobre el litio, nosotros quienes somos los dueños de este mineral, debemos tener en cuenta el largo plazo y la búsqueda de valor agregado de este recurso, y no vender este mineral en bruto como lo dicta el dogma neoliberal que sólo consolidará una estrategia exportadora de materias primas sin el consiguiente valor agregado. El producto estrella que utiliza litio son las baterías, las cuales son requeridas por automóviles, celulares y computadores. Sin embargo, el litio utilizado en una batería sólo representa menos del 1% del valor del producto final, valorado a precio corriente. El 99% restante es tecnología. Esto no lo hemos discutido, aun cuando Longueira pretenda resolver este tipo de inconvenientes mediante el traspaso de CONICYT al Ministerio de Economía, según ha señalado: “Es un cambio que queremos introducir en que debemos aceptar la mirada de la ciencia, de la academia, del mundo de la investigación en Chile al mundo del emprendimiento, porque si seguimos en esta falta de diálogo y de vínculo, vamos a seguir siendo un país exportador de materia prima” (sic). Digámoslo una vez más, Chile adolece que un plan estratégico de Desarrollo en Ciencia y Tecnología. Mientras este plan, el cual necesariamente debe contar con la participación de la comunidad científica nacional, no se materialice continuarán los intentos neoliberales pretendiendo privatizarlo todo.

La Iglesia Católica, después de mucho tiempo, ha saltado al ruedo y ha hecho una firme condena al modelo neoliberal. En su carta pastoral los obispos chilenos hacen una denuncia social importante: el modelo neoliberal y su afán de lucro, así como la política de bonos que rehuye el principal aspecto de la desigualdad, el pago justo y equitativo a los trabajadores, mantiene a los trabajadores, aún con contrato, siendo pobres.

Carta Abierta: Por una política cultural, científica y tecnológica para Chile fundada sobre una discusión democrática

Hace dos semanas la prensa nos ha sorprendido con la noticia de que, por encargo del presidente de la República, el Ministro Longueira estaría preparando un proyecto de ley dirigido a desvincular la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt) de su actual dependencia en el Ministerio de Educación para trasladar su administración al Ministerio de Economía. Anunciada en el Diario Financiero, refrendada el mismo día en Radio Cooperativa y reiterada algunos días después en una entrevista concedida al Diario El Mercurio, la iniciativa fue defendida por el actual Ministro de Economía como una manera de fomentar una relación más estrecha entre el “mundo” de la academia y aquel de la empresa privada con vistas a que “toda la inversión pública que hacemos en I+D en Chile y en ciencia y tecnología tenga un vinculo mayor con el aparato productivo”, de suerte que “todos los recursos que se destinan para la investigación en Chile tengan una planificación estatal mucho más vinculante al valor agregado que queremos incorporar a los sectores productivos”.

Las palabras del Ministro no pueden sino despertar la más aguda inquietud entre aquellos(as) que trabajamos en el seno de la academia y comprometemos nuestros esfuerzos en el desarrollo de la investigación en Chile. De hecho, la preocupación es incluso más punzante para las y los académicos y profesionales que dedicamos nuestras labores, a la ya fuertemente pauperizada investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.

Es que, como ya ha sido señalado por otros colegas, no toda la investigación puede ser traducida, ni en lo inmediato ni en lo mediato, a productos transables en el mercado, menos aún reducida al valor agregado de algún bien de consumo. De hecho, existe un vasto territorio de la investigación mal llamada pura que difícilmente podría ser transformada en los acariciados primores que cautivan las apetencias del  denominado sector productivo. Además, tanto Conicyt como Corfo (es decir, el mismo Ministerio de Economía), ya cuentan con programas específicamente orientados al fomento y desarrollo de I+D, a lo cual se suman exenciones tributarias millonarias a las empresas por inversiones en esta área.

Sabemos que el valor del saber nacido de la investigación en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades posee una particularidad que lo hace aún más sensible a la  reducción utilitarista. Convocado a dar cuenta de los asuntos que conciernen a hombres y mujeres en un tiempo y espacio determinado,  las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales representan la forma en que una sociedad intenta comprenderse en su pasado, su presente y su devenir. Sin esta investigación, la sociedad se vería condenada al automatismo irreflexivo, a la repetición incesante de su propia barbarie, privada de la posibilidad de mirarse, de escucharse, de sentirse, de retratarse, de reconocerse, de estimarse, de criticarse, de proyectarse… En consecuencia, no parece exagerado decir que se trata de saberes sobre los que se funda el alma misma de una cultura: cercenarlos mediante exigencias utilitaristas y objetivos mercantiles sería exponernos a transformar nuestra sociedad en una maquinaria productiva altamente rentable pero desalmada.

Sin duda, los fondos que nuestro país destina al conjunto de la investigación son notablemente exiguos. De hecho, la inversión que nuestro país destina a Ciencia y Tecnología sólo llega al 0,4% del PIB, allí donde el promedio de los países de la OCDE alcanza el 2,3%, ubicando en el penúltimo lugar del ranking. Pero esta pobre realidad llega a la más resuelta indigencia cuando se trata de los presupuestos para investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.  ¿Qué podríamos esperar de estos anuncios para esas disciplinas? Como es evidente nada auspicioso. Una verdadera “innovación” que demostraría  una preocupación real por el desarrollo científico y tecnológico sería la de crear un Ministerio de la Cultura, las Ciencias y las  Tecnologías colocando en el centro del crecimiento y progreso del país a la cultura y sus manifestaciones creadoras en el más amplio sentido. La producción científica, entendida como producción cultural, debe gozar de libertad de pensamiento y por lo tanto no debe estar condicionada solo a la generación de mercancías transables en el mercado, tampoco debe estar presionado por las demandas de las empresas privadas ni de los gobiernos de turno. Una real política estatal debiera ocuparse de propiciar espacios para que el libre desarrollo de las ciencias pueda expandirse en consonancia con los múltiples desafíos que la sociedad globalizada impone como futuro. Los abajo firmantes demandamos que la democracia en Chile no sea solo formal, sino que considere efectivamente la participación, opinión y propuestas de los diversos actores , en este caso las y los científicos, intelectuales e investigadores(as) que construyen día a día el conocimiento. Rechazamos las políticas producidas entre cuatro paredes ideologizadas y sesgadas, más aún si se trata de reeditar una institucionalidad propia de los tiempos oscuros de la dictadura (cuando Conicyt efectivamente pertenecía al Ministerio de Economía). Es preciso comprender que los cambios no pueden imponerse por decreto, sobre todo cuando estos tocan el corazón mismo de la cultura, es decir de las ciencias como lenguaje y acción del pensamiento humano.

 En este sentido, y en respuesta a una demanda arraigada de la comunidad intelectual y científica chilena, lo propicio es generar una instancia gubernamental que acoja la más extensa y diversa participación de esa misma comunidad, para discutir los lineamientos de una política cultural, científica y tecnológica para el país y alcanzar sobre esa base los consensos necesarios que permitan una proyección de largo plazo de las capacidades creativas de la nación, sin las cuales ningún desarrollo es posible.

Nota de la redacción: Para suscribir esta carta abierta es necesario enviar mail a:

cartaabiertaconicyt@gmail.com

indicando: Nombre, profesión u oficio, institución y RUT.

Editorial ( CdE nº17) .

En los momentos en que escribimos esta página editorial, la movilización estudiantil, tanto de los secundarios como de los universitarios sigue a todo vapor, estos no han depuesto ni sus paros, ni sus tomas y han rechazado la propuesta del Ministro Joaquín Lavín por considerarla poco concreta y ambigua. Efectivamente, hay en la propuesta del Mineduc un silencio revelador en lo que se refiere a los dos puntos centrales para una reforma de la Educación, que son 1) que el Estado financie significativamente a las universidades estatales y públicas, y 2) que se instale una superintendencia que controle y fiscalice a las universidades privadas.

De lo que propone el Mineduc, quizás lo más importante sea el punto que habla de que «los aportes del Estado a la educación superior alcancen el promedio de los países de la OECD en el mediano plazo». Pero, ¿significa esto, que el Estado de Chile que sólo aporta un 0,3% a la Educación se va a poner a nivel del 1,4% que aportan los países que integran la OECD? ¿Qué significa en este caso mediano plazo? ¿Cómo se va a distribuir este aporte? Son estas las dudas que explican que la oferta del Gobierno, juzgada de ambigua, haya sido rechazada.

El movimiento estudiantil ha puesto su acento en el problema del lucro, rechazándolo como mecanismo organizador de la Educación superior y de los liceos. Incluso, no son pocas las voces que hoy se alzan descalificando al ministro por sus compromisos económicos con la Universidad del Desarrollo y pidiéndole por lo mismo su dimisión, pues ya no lo consideran como un interlocutor válido. El tema del lucro está puesto en la primera línea de la contienda y, en una encuesta realizada por el Mercurio, apenas un 53% opina que está bien que se permita el lucro. Creemos que el tema debe ser aun profundizado y esclarecido, pues a lo que se refieren los que ahora defienden las Universidades Estatales y públicas, es que no haya negocio en la educación. Los inversionistas extranjeros, especialmente norteamericanos que han comprado universidades chilenas, no lo han hecho porque de pronto les interesara el desarrollo de la Educación en Chile, sino porque es hoy en día un pingüe negocio, uno de los menos regulado y controlado en nuestro país. Es a eso que nos referimos al condenar el lucro. A eso, que las universidades se transen en el mercado como cualquier producto, que gasten millones de dólares en propaganda, casi tanto como en las tiendas de retail. Si se investiga más en profundidad a algunas de estas universidades, las que francamente profitan con la educación, se encontrará que en ellas el escándalo y la estafa a los estudiantes se aproxima y asemeja bastante a lo que ocurre en La Polar.

Estamos de acuerdo en la petición de los estudiantes en relación a que el Consejo de Rectores no tome iniciativas de acuerdo con el MINEDUC en forma aislada. La unidad de todos los actores es garantía de éxito en la consecución de los objetivos de una educación democrática equitativa y de calidad en nuestro país.

Lo que ocurre en materia de educación y lo que acontece en la tienda la Polar, cuya crisis financiera puede desembocar en una catástrofe económica, como la que se conoció recientemente en los EEUU y Europa con el negocio inmobiliario, revela que el actual modelo hace agua por todos lados, que el mercado no es el mejor instrumento de regulación y que nuestro país debiera avanzar en un modelo político y económico que considere una activa participación reguladora y fiscalizadora del Estado que vele por los intereses de la gran mayoría del país: los trabajadores.

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