Por una política de Estado para nuestro desarrollo científico-tecnológico. Rolando Rebolledo Berroeta

Rolando Rebolledo Berroeta

Docteur d’État ès-Sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris!

Profesor Titular

Facultades de Ingeniería y Matemática

Universidad Católica de Chile

En los últimos días se ha producido gran agitación sobre el retiro por parte del nuevo gobierno del proyecto de ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología presentado por la administración de Sebastián Piñera en los últimos días de su mandato. Como se recordará, en el año 2012 el entonces Ministro de Economía Pablo Longueira provocó una enorme reacción de rechazo de la comunidad científica al anunciar que el gobierno estudiaba el traspaso de CONICYT a su cartera.

Ante la ola de críticas recibida y para evitar una escalada mayor, el ex Presidente Piñera suspendió dicha medida y designó una Comisión Asesora para que hiciera recomendaciones sobre una nueva institucionalidad para la Ciencia, la Tecnología y la Educación. De las recomendaciones entregadas por esa comisión, retuvo solo aquella de generar un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior. Cabe preguntarse por qué no presentó su proyecto de ley antes, el año 2013, en vez de dejarlo para las últimas horas de su mandato. El postrer proyecto de ley de la administración Piñera adquirió así el carácter de un recurso simbólico, susceptible de recabar algunas simpatías en la comunidad científica nacional, con vistas a posteriores justas electorales.

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Pero, un análisis más acucioso de las reivindicaciones de la comunidad científica nacional muestra que la reivindicación principal es la de disponer de una política de Estado en materia de Ciencia y Tecnología. En sucesivos estudios realizados por la Academia de Ciencias y las Sociedades Científicas, ha quedado en evidencia que nuestro país adolece de la falta de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica, que sea independiente de los gobiernos de turno.

Diferentes gobiernos han creado instrumentos para incentivar la investigación, motivados por la existencia de una productiva comunidad científica nacional. Entre esos, el más antiguo y más ampliamente utilizado ha sido FONDECYT, otros, han tenido vidas más efímeras, en no pocos casos producto de visiones más bien individuales que inspiradas en estrategias de desarrollo de largo alcance, fraguadas en amplia consulta a la comunidad académica.

Al iniciarse un nuevo gobierno que pretende hacer importantes cambios estructurales en el Estado, esta comunidad está a la espera de que se promueva una amplia discusión nacional al respecto. Se ha recordado por ejemplo, que la ley que dio nacimiento a CONICYT estableció la generación de un Consejo Nacional de Ciencia. Éste quedó en receso el año 1973 y ningún gobierno ha tomado a cargo su reactivación. Es hora de que este Consejo se reconstituya con la debida consulta a la comunidad científica, dando inicio a un proceso de debate nacional sobre la institucionalidad requerida para impulsar estratégicamente la investigación científica y la innovación en nuestro país. De manera más precisa, para garantizar que este Consejo elabore una política de desarrollo de largo plazo, con verdadera independencia del gobierno en ejercicio, se propone que sólo un tercio de sus miembros sea designado, en tanto los dos tercios restantes sean elegidos entre pares. A este respecto, hay numerosas bases de datos (FONDECYT, Sociedades Científicas, Academia de Ciencias) que pueden ser usadas para hacer un catastro de los científicos elegibles y con derecho a elegir. Indudablemente, la creación (o reactivación) de este Consejo tiene la mayor prioridad con respecto a otras medidas institucionales.

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A la luz de la experiencia de los países que forman parte de la OCDE, es ciertamente importante avanzar en la instalación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que sea un órgano ejecutor de las políticas decididas en el Consejo. Pero, conviene ver esta instalación como un proceso que comience con una Subsecretaría en el Ministerio de Educación que asuma como primera tarea recuperar la gestión de los diversos fondos de financiamiento de la investigación en el país. Gradualmente, haciéndose cargo de otras reivindicaciones muy sentidas como la Carrera del Investigador, la inserción de doctorados en la Educación Superior o en la industria nacional, realizando un muy serio estudio sobre materias presupuestarias, podría esta subsecretaría devenir un Ministerio. Los Ministerios de Ciencia de los países de la OCDE pueden en este tema ser de una gran ayuda, con asesorías técnicas que ayuden a traspasar experiencias de diseño presupuestario en estas materias.

El desarrollo de nuestra investigación científica es de importancia estratégica para la nación. Así lo han entendido Brasil y otros gobiernos latinoamericanos. Una adecuada política de intercambio en estas materias reforzaría nuestras relaciones exteriores y ayudaría a generar soluciones innovadoras para cruciales problemas de nuestro desarrollo como la energía, la educación, la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

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Propuesta de Reforma Tributaria de la Nueva Mayoría. Roberto Saavedra Inostroza

Comentarios y Alcances.

A continuación expondré comentarios acerca de algunos puntos contemplados en la propuesta de Reforma Tributaria contenida en el programa de Gobierno de la Nueva Mayoría. Mi opinión se basa en los conceptos fundamentales de Tributación adquiridos en mi formación y ejercicio como profesional del área.

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1.- Programa :

“Característica esencial del sistema de impuesto a la renta vigente en Chile”

“El mecanismo del FUT con que hoy cuenta Chile, no existe en ninguna parte del mundo.”

“ Se trata de una fórmula surgida en los años 80, posterior a la crisis vivida en esa década, que obedece a las condiciones económicas específicas de ese momento en nuestro país, en especial, debido a las restricciones financieras que enfrentaron las empresas en dicha década en Chile.”

“El sistema de impuesto a la renta se caracteriza por tener una tributación de las rentas del capital baja, con algunas franquicias tributarias mal diseñadas, que se superponen entre sí.”

“Una parte dela estructura de incentivos, como es el caso del FUT, algunos regímenes especiales o el tratamiento del ahorro, se han desviado sustancialmente de sus objetivos iniciales y se han convertido en fuentes de elusión e incluso de evasión de impuestos.”

“Para corregir lo anterior, se implementarán las siguientes modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta:”

“Elevaremos, en forma gradual, la tasa del impuesto a las empresas de 20% a 25% en un plazo de 4 años.”

“Ésta seguirá operando como un anticipo de los impuestos personales , manteniéndose así la integración de impuestos entre empresas y personas”.

“Los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que retiran (el sistema operará en base devengada). Esta medida será implementada a partir del cuarto año de la reforma. De esta forma se termina con el actual mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables (FUT).”    ( El destacado en negritas ha sido agregado )

Comentario :

a)  Integración de Impuestos

Efectivamente el sistema chileno es único, por lo menos en el ámbito de los países OCDE.

No hay otro país de la OCDE que tenga un sistema basado en la denominada integración de impuestos, lo que implica que las empresas no son afectadas por Impuesto a la Renta.

El llamado Impuesto a la renta de 1ª categoría , que declaran las empresas, es solamente un anticipo a cuenta del Impuesto Global Complementario ( IGC) de los dueños de las empresas.

Como el Global Complementario afecta a las rentas efectivamente percibidas, los dueños deben declarar en el IGC las utilidades obtenidas en sus empresas, al momento y por el monto , que realmente retiran. Y ese mecanismo hace nacer el FUT, para registrar y controlar las utilidades originadas en empresas, que aún no han sido retiradas por los dueños.

Cuando el empresario incluye en su IGC utilidades retiradas de sus empresas, el Fisco le descuenta de su IGC a pagar, el Impuesto de 1ª categoría (I. de 1ª C) pagado por la empresa, correspondiente a las utilidades retiradas.

Como cuesta verlo lo recalco, el FUT corresponde a utilidades que no han tributado, que sólo han pagado un anticipo llamado Impuesto de 1ª categoría , que el empresario recuperará a la hora de liquidar su IGC.

La eliminación del FUT propuesta en el programa no cambia la esencia del sistema.

Lo que hace es considerar toda la utilidad de la empresa como retirada, o sea, la iguala con el retiro a incluir en el IGC del dueño. De este modo no queda utilidad por retirar, lo que hace innecesario el control, y por ende el FUT.

b)     Efecto en recaudación

El I. de 1ª C. se recauda anticipadamente, desde enero a diciembre, mediante los Pagos Provisionales Mensuales (PPM).

En la Operación Renta de abril se determina el monto del   I. de 1ª C., se compara con los PPM pagados entre enero y diciembre del año anterior, y la empresa paga lo que falta o pide la devolución del exceso pagado. En ese mismo momento, el (o los) dueño de la empresa determina su IGC, considerando como rebaja el I. de 1ª C. determinado en la empresa.

Cuando se elimine el FUT, es decir, cuando toda la utilidad de la empresa se considere retirada en el IGC del dueño, todo lo recaudado por concepto de Impuesto de Primera Categoría debe ser devuelto al contribuyente, en la forma de crédito contra otros impuestos.

Se recauda entre enero y diciembre, se determina en abril, y se devuelve entre mayo y junio del año siguiente.

Todo lo anterior sirve para entender el efecto que tendrá el aumento propuesto en el   I. de 1ª categoría, el que será sólo un efecto financiero transitorio.

Aumentará la caja fiscal unos puntos más que ahora, entre enero y diciembre. Pero, entre mayo y junio del año siguiente, debe ser devuelto en su totalidad.

Es como pedir un préstamo de corto plazo (entre 6 y 18 meses para ser precisos), en un ciclo que se repetirá año tras año.

Y como sabemos, con un préstamo de esas características no se puede financiar grandes inversiones permanentes, como parece ser lo requerido, tanto en el ámbito de la educación como el de la salud.

Otro modo – a mi juicio más proactivo, apuntando en la dirección correcta – de eliminar el FUT, sería transformar el impuesto de primera categoría en un impuesto real a las empresas, como ocurre en la generalidad de los países OCDE. Por ejemplo, “ bajar “ el impuesto a las empresas del 20% actual a un 10%, o un 5%, o un 3%, o un 1% , pero real no “ a cuenta de”, efectivamente liberaría los fondos para financiar otras reformas en esa misma cantidad.

Como se desprende de la primera frase del programa citada en este trabajo, en los otros países de la OCDE se aplica un impuesto real a las empresas. Avanzar en esa dirección no resulta entonces descabellado, y además es adecuado para los fines que se pretenden.

Corolario.-   Tengo serias dudas de que el aumento de recaudación de 1.92% del PIB , esperado con los cambios al Impuesto a la Renta, pueda lograrse con las medidas anunciadas.

Como espero haya quedado claro, el aumento del Impuesto de 1ª categoría, de 20% a 25%, no genera un aumento real para el Fisco, ya que debe devolverse en su totalidad en la Operación Renta correspondiente.

El otro cambio propuesto es la rebaja de un 40% a un 35% del impuesto para el tramo más alto del IGC. Como se declara en el programa, tal medida incentivadora, no generará un aumento de recaudación.

De allí las dudas

2.-  Programa :

“Incentivo a la Inversión de las PYMES.”

“Ampliaremos y potenciaremos el sistema simplificado bajo el cual tributan las PYMES, establecido en el artículo 14 ter de la Ley de la Renta. “

“Actualmente, pueden acceder a este sistema las empresas individuales, que pagan IVA y que tengan ventas anuales inferiores a 5.000 UTM. Ampliaremos este beneficio a todas las empresas con ventas anuales inferiores a 14.500 UTM, sean empresas individuales o personas jurídicas, e independiente de sus obligaciones respecto del IVA.”

[…]

“ Por ejemplo, una panadería de barrio que vende en total 55 millones de pesos al año (límite de la microempresa),que tiene una utilidad de 5 millones al año, y que invierte un millón de pesos en la compra de maquinarias como hornos o refrigeradores, pagaría actualmente 340 mil pesos en impuestos y en el sistema que proponemos pagaría sólo 140 mil acogiéndose al 14 ter.”

Comentario :

Tanto el alza en el límite de ventas necesario para acceder al beneficio, como la ampliación del beneficio a personas jurídicas, agranda de manera significativa las posibilidades de elusión, por medio de la mimetización de una empresa mediana o grande en múltiples personas jurídicas que alcancen a cumplir con los límites establecidos. Esta forma, usada en la actualidad con diversos fines, es conocida como la práctica del multi – rut .

Por otra parte, la Pyme del ejemplo no necesita esa clase de incentivo.

A esa Pyme, en régimen normal, le corresponde un I. de 1ª C. de $ 1.000.000, que lo ha pagado en su mayor parte a través de los PPM, de modo que en abril sólo paga la diferencia, que equipararemos a los $ 340.000 del ejemplo. También en abril el empresario dueño de esa panadería, declara en su IGC el retiro de toda la utilidad, $ 4.000.000 ($ 333.000 por mes, que no es exagerado), lo que lo ubica en el tramo 0% de Global Complementario,  con un crédito de $ 1.000.000, ambos provenientes de la panadería. De esa manera, entre mayo y junio recibe la devolución de todo lo que había pagado por impuestos:   $ 1.000.000.

El empresario del ejemplo, no necesita mayor incentivo, en tanto sus utilidades no superen el tramo exento del Global Complementario, que para este año es de $ 6.605.064, equivalente a 13,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Un incentivo real para este empresario sería subir el tramo exento, por ejemplo, a unas 20UTA, o sea $ 9.785.280, unos 815.000 al mes, que no parece un ingreso excesivo

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3.- Programa :

“Incentivo a la Inversión de las Empresas.”

Frente a los cambios anunciados en el impuesto a la renta, debemos tener un particular cuidado con la inversión, introduciendo mecanismos modernos que superen la situación actual de elusión.”

“Se implementará un mecanismo de depreciación instantánea, que consiste en que las empresas puedan descontar de las utilidades la inversión total del año en curso, y que beneficie principalmente a la pequeña y mediana empresa y que considere un mecanismo que controle las posibles distorsiones entre sectores productivos con distinta intensidad en el uso de inversión de capital.”

“ Este mecanismo se implementará a partir del cuarto año de la reforma, coincidiendo con el cierre del FUT.”

“Esta es una medida que corresponde al Chile de hoy: i) es un incentivo mayor a la inversión que el sistema de tributación que actualmente nos rige y; ii) elimina muchas de las actuales prácticas de evasión y elusión.”

Comentario :

Hay poca información acerca de los detalles en esta propuesta.

De modo que sólo advertiré acerca de los peligros que podría conllevar una inadecuada concepción de los alcances de la depreciación inmediata.

Una medida que alcance toda clase de bienes depreciables, transformaría a Chile en una suerte de paraíso tributario, quitando a la actividad empresarial esa aureola romántica de valor, empuje y creatividad que lleva a asumir el riesgo empresarial. El emprendimiento se transformaría en una actividad sin riesgo, y sin aporte para el erario nacional.

El dueño de la empresa no tributará (y la empresa no prestará dinero al Fisco) hasta que haya recuperado toda la inversión en activos depreciables.

Y , si me permiten tocar tangencialmente las maniobras elusivas que pueden crearse y se crearán, diremos que no pagará impuestos hasta que el Balance muestre que ha recuperado toda la inversión.

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Comentario final.

Una de las características que se espera tenga un sistema de tributación es la simplicidad. Cuando ésta existe se dificulta la elusión y se facilita la fiscalización.

El sistema tributario chileno se ha ido haciendo cada vez más alambicado, reforma tras reforma. Al punto que la enorme mayoría de la población cree que las empresas soportan una carga tributaria.

En Chile no tributan las empresas, tributan las personas.

Por eso mismo las correcciones al sistema deben hacerse en relación a los impuestos a las personas. Cualquier corrección que se pretenda hacer indirectamente, a través de los “impuestos a las empresas”, abre campo a las maniobras elusivas como ha ocurrido también, reforma tras reforma.

Otro principio de importancia es la transitoriedad de los gravámenes o incentivos específicos.

Cuando un gravamen específico se hace permanente, se transforma en un castigo para un determinado sector económico o social.

Cuando un incentivo específico se hace permanente, se transforma en un privilegio.

Tanto los castigos como los privilegios se oponen al que quizás sea el principio más fundamental : la equidad del sistema tributario.

Glosario :

OCDE                       Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

FUT                          Fondo de utilidades tributarias

I de 1ª C.                 Impuesto de primera categoría

IGC                           Impuesto global complementario

PPM                         Pago provisional mensual

UTM                         Unidad tributaria mensual

UTA                          Unidad tributaria anual

PIB                            Producto interno bruto

Puede descargar completo el programa de Reforma Tributaria desde aquí

Reflexiones sobre la situación educacional. Gustavo Quintana M.

 Si partimos de la premisa que el desarrollo  de un sistema educacional  de calidad  es condición indispensable  para el desarrollo  global  y la eliminación de las diversas formas  de segregación en un país (raciales,  sociales,  de género.)  y agregamos el inmenso  consenso que existe sobre el desastre del modelo chileno y el daño causado a la inmensa mayoría de los estudiantes, aparece como natural  una reflexión  sobre el origen, la  paternidad y  los diversos grados de responsabilidad en la concepción, instalación, desarrollo y desastre final del modelo chileno. Si además ubicamos esta reflexión en el contexto  de la campaña electoral , la acusación constitucional  al ministro de educación,   la forma vergonzosa en que los diferentes  grupos políticos  tratan de eludir su responsabilidad en el desarrollo del desastre educacional y el resultado  igual a  cero de las medidas del gobierno  de Piñera ,  opinión  al menos compartida por los 150.000 estudiantes, profesores,  apoderados y trabajadores que fue manifestada el 10 de Abril  en Santiago junto a cientos de miles en todo Chile,  tendremos una base bastante amplia de análisis.

Las bases del modelo 

 Las bases del actual modelo las encontramos en  los DFL  de 1980-1  y en la concepción de que la educación  no es un derecho sino una mercancía  que se transa en un mercado desregulado, entre quienes tienen la posibilidad de acceder a  él.

Las  primeras medidas de la dictadura se orientaron a borrar de una plumada  los tradicionales aportes  que el sistema educacional chileno  entregaba al país,  desde el nacimiento de la república ( en el plano cultural, social,  de integración  a la solución de los problemas de la sociedad, fueran ellos de tipo científico,  económico  o  tecnológico) ,  culpabilizando a estas virtudes  como las causas del retroceso académico  de   la universidades por burocratizar su quehacer.  Según la dictadura el sistema adolecería del impulso creador  que la libre  competencia y el mercado entregarían.

La gratuidad de la educación  desaparece (reducción en 50% en más o menos 5 años –salvo en la educación municipal)  y quienes no tienen  recursos  para pagar los nuevos aranceles  debían recurrir al crédito fiscal,  convirtiéndose en deudores desde su ingreso  y convirtiendo al Estado en  vulgar prestamista.

Dos aspectos no visualizados en la instalación del sistema constituyen hoy en día la cara más visible del desmoronamiento de todo el sistema. Me refiero al  LUCRO,  que fatalmente se convierte  en el  motor de un sistema tan abierto y  desregulado  y  la  creación artificial de la necesidad de alcanzar un cartón  universitario( necesidad al servicio del mayor lucro),  sin ver que ellos  sobrepasarían  con mucho  las hipotéticas necesidades   y formarían  una   generación de cesantes ilustrados  y hoy en día también   de  estafados ilustrados (U. del Mar  )

En relación a la educación municipal (DFL-1 3063 de traspaso a las municipalidades de escuelas básicas y liceos de enseñanza media estatales y DL4002 de exigencias  mínimas  en la formación de los niños),los decretos señalados  son la base de la creciente  segregación   al  entregar a los alcaldes la administración de las escuelas públicas y  la potestad de reducir de 10 a 5 las asignaturas obligatorias en la enseñanza básica ( que muchas veces no pasan del  manejo de las cuatro operaciones aritméticas,  algo de historia y geografía  y reglas de urbanidad, moral y buenas   costumbres),  todo esto en función de los recursos de las respectivas municipalidades.

Esto  se tradujo en  educación de mayor calidad para las comunas ricas y  menor    en las  comunas  pobres,  produciéndose así un   éxodo masivo de estudiantes de la escuelas  municipales a las privadas subvencionadas  con copago,  aun cuando este copago es sólo  un engaño más, pues los rendimientos  en este segundo segmento,  con orígenes   similares de sus estudiantes,   es  similar y el copago es sólo un truco de marketing  para actuar sobre los escasos  recursos  y los temores de padres y apoderados en la carrera por un  cartón universitario  muchas veces inútil

En resumen, la política de la dictadura  ha sido  eficaz para demoler la educación pública,  en especial la básica y media,   y mantener los objetivos esenciales de la derecha de oponerse a la gratuidad de la educación  y defender intransablemente   el LUCRO.

¿Y que fue del impulso creador que la competencia entre universidades privadas y el incentivo del  LUCRO  permitiría finalmente el  disparar la excelencia académica ?  Sólo una de ellas calificó como universidad de investigación,  y el resto de la calidad y la excelencia académica  continua radicado en  las antiguas del  Consejo de Rectores.  De las  más de 30    nuevas universidades privadas  cinco o seis  tienen un desempeño docente aceptable  y otras seis desarrollan actividades de calidad en áreas más restringidas del conocimiento.  Del resto, sólo el LUCRO  es su objetivo.

Las victimas                                                                                                                        

 La primera agresión,  el fin de la gratuidad, que a pesar  de ser progresiva , tras 40 años de modelo ha dejado una huella dolorosa en los estudiantes,  fue sólo el comienzo.  Luego vino una serie de medidas hasta configurar el derrumbe del sistema  sobre los hombros  de quienes más necesitan una educación  de  calidad, accesible  aun para los que no pueden pagarla.DSCN6469

Daremos unas pocas cifras que ilustren la forma progresiva de cómo los estudiantes fueron asumiendo esta  carga.

Mientras el número  de nuevas universidades   privadas   y su alumnado estuvo por debajo del de las del consejo de rectores,  un 50% de los estudiantes que ingresaban debía retirarse cargando la deuda  del crédito fiscal y sólo un 40 %  de los que egresaban  trabajaban en empleos relacionados con sus estudios . Del  otro 60% de afortunados que egresaban un 16% engrosaban el grupo de cesantes ilustrados y  el resto trabajaban en cualquier cosa,  en forma generalmente precaria.

Cuando las bondades del negocio  se hicieron más evidentes ingresaron al sistema  algunas trasnacionales  de la educación  (Laureate, SEK, etc.) y se crearon subterfugios  para aumentar las matrículas y el número de  estudiantes que financiaban  este creciente  negocio  (disminución de los puntajes de ingreso,  creación  de carreras esotéricas , la ley de aseguramiento de la calidad como subterfugio formal que, lejos de asegurar la calidad, sólo intentaba dar la imagen de universidad  sin definir en ningún momento un proyecto de desarrollo y sus necesidades)

Esta carga creciente  sobre los estudiantes afecta hoy en día  a unos 370.000   que adeudan  aproximadamente  1   BILLON DE PESOS, según la superintendencia de bancos,  sin contar con los 110.000 morosos  del Fondo Solidario que agregan  300.000  millones  de pesos a la deuda.   A  todo  esto   no se han incorporados  aun  los 18.000  estudiantes  de la Universidad del Mar, que   CONFORMAN  los  primeros  estafados  ilustrados. (deudores  sin  ninguna acreditación académica ni posibilidades de terminar sus estudios en otra universidad)

Los culpables y responsables

Los mayores responsables de la creación,  instalación, desarrollo y aprovechamiento  del modelo , los padres putativos de él, deben buscarse en primer lugar entre los sectores más cercanos a Pinochet,  donde se gestó el modelo,  y entre ellos  a Jaime Guzmán y su  grupo, nucleados en torno a los participantes  en   Chacarillas, la UDI y sectores  ultrarreaccionarios  que fueron los aliados civiles de la dictadura.  A continuación debe considerarse  a  quienes administraron el modelo por 20 años—la  Concertación– sin proyecto propio y afirmando su política de gobierno (con la educación entre los más afectados)  en la política de los acuerdos, dando por sanas a las políticas de Pinochet.

De allí nacieron y se desarrollaron  el fin de la gratuidad de la educación y los DFL de los años 80 a 81, la libertad de aranceles de las nuevas universidades  privadas, la ley de acreditación de la calidad y la  C.N.A, el incentivo para el aumento sin límites de la matrícula universitaria en desmedro de la calidad  (la investigación y  creación  se transformaron en actividades opcionales  y,  finalmente, el Estado terminó por avalar los créditos bancarios y  el  salto de 2% a 6% en los intereses, medida que  constituyó la ruina para muchos sectores medios).

 ¿Quiénes manejaron esta máquina de producir ganancias?

Primero,  desde los primeros años hasta hoy  hay sectores  que  buscaban  y buscan   consolidar una sociedad  segregada, una sociedad  con dos tipos de educación, una para la elite rica destinada a gobernar el país y  otra para los pobres, al servicio de los primeros, una que en definitiva les permitiera enriquecerse.

En relación a la integración de los primeros al sistema universitario  debemos señalar en primer lugar al grupo de Chacarilla  con Jaime Guzmán a la cabeza, la UDI el Opus Dei (Universidad Santo Tomás y colaboradores civiles ultrarreaccionarios de Pinochet). Elementos destacados de este grupo fueron Carlos  Bombal, jefe de gabinete del rector Swett,  destinado al trabajo sucio, como  la  entrega del profesor Juan Avalos Davidson  a los  agentes de la CNI, después de lo cual desapareció (Le Monde Diplomatique ). Actor principal desde la primera hora fue Hernán Larraín, en la primera época en la Universidad Católica  y luego a través de una  fuerte ligazón con los propietarios de de la universidad  Sto. Tomás junto a José Jurasek y Luis Hernán Cubillos. También ingresaron al mundo universitario  Joaquín Lavín y C. Larroulet , copropietarios de la Universidad del Desarrollo,  con Hernán Buchi como Presidente, Hernán Chadwick  se incorporó  a  la Universidad del las Américas .

 Como un caso particular,  Francisco Javier Cuadra  se incorporó como rector de una de las primeras nuevas  universidades  privadas, la Diego Portales. Cuadra,  hombre de confianza de Pinochet,  y  pieza maestra  en el ajedrez universitario,  se fue de boca y contó haber estado presente en el asesinato por agentes de la  CNI del militante del MIR Fernando Vergara ( llegó minutos después de su muerte).La excesiva  difusión de este hecho  (que llegó a la jueza Raquel Lermanda ) obligó a Cuadra a renunciar.

 Representativo también de esta verdadera invasión de las nuevas universidades privadas es el caso de la universidad  Finis  Terrae por parte de un conjunto de economistas del régimen de Pinochet (  Julio Phillippi,  Fernado Leniz,  Pablo  Barahona,  Sergio  de Castro,  Jorge Cauas y   Alvaro Bardón) , para ser reemplazados posteriormente por la congregación de los  Legionarios de Cristo.

Estos ejemplos ilustran cómo se instaló el nuevo modelo y quiénes deben asumir,  después de 30 años,   la principal responsabilidad  en el desastre.

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Sin tener una responsabilidad ideológica en la creación  y desarrollo del  modelo,  la Concertación actuó por comodidad y desidia  contra los principios tradicionales de gran parte de los partidos que  la componían,    permitiendo la continuidad del modelo.  Responsabilidad principal en este menosprecio del rol que  debía jugar la educación en el desarrollo de Chile la tienen  Ricardo   Lagos , como primer ministro de educación , J.J. Brunner,  el gurú de la Concertación  y  un grupo no menor de políticos  de la DC ligados a la enseñanza básica y media y  a  algunas universidades.

Posteriormente, en un contubernio increíble, políticos de ambos sectores aparecen unidos en el desarrollo de la educación básica y media ,  en algunas universidades  y en las instituciones calificadoras  de calidad. Un caso sorprendente  es la  unión de Maximiano Errázuriz , impulsor en el Congreso de la ley de acreditación de la calidad  con   los ex rectores  Riveros  y Zuñiga (Universidad de Chile y Universidad de Santiago,respectivamente)  en la formación de una sociedad calificadora de calidad.

¿Cómo encaran los países  más desarrollados de la OCDE una educación de calidad útil para el desarrollo?

El ministro BEYER y el presidente Piñera,  a  diferencia de loa países de la  OCDE,   han  sostenido    implacablemente el carácter  privado de la educación  y lo natural  y legítimo que significa el lucro  como factor estimulante  de la calidad de la educación

Estas concepciones criticadas recientemente por la O.C.D.E., como la traba fundamental para que Chile pueda salir de su papel de simple exportador de  riquezas sin valor agregado,   se mantienen desde más de 30 años  ( D.L. de 1981).  siendo ellas las  principales responsables  del desastre  educacional  (situación preocupante ante la reciente caída del precio del cobre).

¿Cómo han estructurado estos países sus sistemas educacionales?

La inmensa mayoría de los 30  países de la  O.C.D.E  financiaba  casi el total del gasto en educación básica y media con fondos públicos(hasta 1999,  según el Banco Mundial), estando el control de ella en manos del Estado, con un promedio sobre el 85%,  con la excepción  de Chile con solo un  68% de gasto estatal  Por su parte, el financiamiento  de la educación superior  se  encontraba   en promedio  sobre el  85% a cargo del Estado, con excepción  de  Japón, 50%,  Canadá ,64%,  U.S.A.48%, Corea 20%, Indonesia 50% y  Chile 27%. (Banco Mundial 1999) .

A pesar de que la crisis  redujo el aporte del Estado, el control de la educación siguió en sus manos y en algunos casos la magnitud del financiamiento  se mantuvo, como en Finlandia y en los países nórdicos .   Dos casos interesantes,   Finlandia y   Chile,  nos permiten visualizar la estrecha relación entre financiamiento estatal,  calidad de la educación  y el desarrollo  de un país en su expresión más amplia,  mucho más allá que la  simple competencia entre pruebas de conocimiento. Comparativamente,  Finlandia y Chile eran  países claramente subdesarrollados en loa años 70, siendo Chile un país  rico en recursos naturales y   Finlandia un país en  el que sus habitantes emigraban al resto de Europa en busca de trabajo.

¿Qué políticas implementaron ambos países para avanzar hacia el desarrollo?

 En Finlandia se firmó un pacto social principalmente entre  empresarios y trabajadores,  y en conjunto decidieron  priorizar el desarrollo  de la mejor educación posible, destinando el 30% de las mejores inteligencias  a  una educación  donde el compartir  era  más importante  que el competir, donde se alcanzó  un nivel de integración por encima del resto de los países europeos (con el mismo nivel de calidad y de integración entre el campo y la ciudad, entre hombres y mujeres y entre jóvenes originarios del  país y jóvenes provenientes de otros países y culturas ). Todo esto ligado a una fuerte inversión para recuperar al mayor número de jóvenes (jóvenes con problemas conductuales o  con  discapacidades  físicas),  sin dejar de lado las artes  la ciencia ,y el dominio de las lenguas maternas. Así,  mientras Finlandia pudo transformarse en una potencia industrial,  un país culto e integrado,  con una moral notable y que lograba escapar a la precariedad de la vida  a la que nos ha impulsado el estado actual del sistema capitalista en su etapa actual, Chile, por su parte,  en la trampa del lucro y de una competencia brutal ha quedado limitado  a ser  sólo  exportador de minerales, frutas  y otras riquezas naturales, sin ser capaces de  producir  valor agregado,  privilegiando el crecimiento sobre el desarrollo y valorando el competir sobre el compartir. Esta pobreza creativa comienza a producir los primeros temores sobre nuestro futuro. El reciente llamado de alerta de una posible baja del precio del cobre,  la torpeza empresarial,  que por negar una petición exigua estuvo a  punto de  hacer fracasar el embarque de fruta de todo un año,  la precariedad de la vida y, finalmente,  el egoísmo inhumano de quienes quieren continuar controlando país visualizando sólo su afán de lucro  y de ganancia,  hacen imposible estructurar un sistema de educación con la creatividad indispensable para contribuir al desarrollo del país

Editorial (CdE nº22)

Recientemente el Ministro Pablo Longueira ha anunciado la intención del actual gobierno que el Ministerio de Economía se haga cargo de la actual Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, siendo el principal argumento la necesidad de que nuestro país impulse la innovación como motor del desarrollo económico.

Como ha quedado en evidencia, en los sucesivos estudios realizados por la Academia de Ciencias y las Sociedades Científicas, nuestro país adolece de la falta de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica, que sea independiente de los gobiernos de turno. Diferentes gobiernos han creado instrumentos para incentivar la investigación, motivados por la existencia de una productiva comunidad científica nacional. Una vez más observamos con temor que se anuncian medidas que involucran nuestro desarrollo científico y tecnológico, sin que detectemos signo alguno de una amplia discusión nacional al respecto. La ley que dio nacimiento a CONICYT estableció la generación de un Consejo Nacional de Ciencia. Éste quedó en receso el año 1973 y ningún gobierno ha tomado a cargo su reactivación. Es hora de que este Consejo se reconstituya con la debida consulta a la comunidad científica, dando inicio a un proceso de debate nacional sobre la institucionalidad requerida para impulsar estratégicamente la investigación científica y la innovación en nuestro país. A la luz de la experiencia de los países que forman parte de la OCDE, es importante considerar la instalación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Abundan razones para la suspicacia. Se pretende, de manera soterrada, poner al servicio del modelo económico neoliberal la capacidad de la comunidad científica nacional. Ya no para el desarrollo del conocimiento, sino que para orientarla hacia los intereses del capital.  Los recursos humanos y económicos disponibles en el país al servicio de los grandes empresarios. Lo ha dicho el Ministro Longueira: “Es muy importante que CONICYT se radique en Economía y toda la inversión pública que hacemos en I+D en Chile y en ciencia y tecnología tenga un vínculo mayor con el aparato productivo” (sic).

También de manera encubierta, en un intento frustrado, el gobierno ha intentado entregar el litio a manos privadas. Todos los especialistas concuerdan en que las bases del CEOL fueron hechas para ser adjudicadas a Soquimich (SQM), ex empresa pública y hoy propiedad de Julio Ponce Lerou, oscuro personaje de la dictadura y principal financista de la UDI. Recordemos que Ponce acumuló su actual fortuna utilizando privilegios concedidos por Pinochet desde el puesto de Gerente de Empresas de CORFO. El procedimiento utilizado para adjudicar la exploración y explotación del litio por parte de privados es un artificio que a nadie puede engañar y que busca evitar una discusión democrática y amplia de la sociedad chilena en relación con este recurso natural que es propiedad de todos los chilenos. El proceso de adjudicación de contratos para la explotación de litio es “inconstitucional”, ya que, según la normativa vigente el litio es una de las sustancias minerales que no puede ser objeto de concesión.

En relación al tema que estamos tratando, pero en otro plano. Una vez más los porfiados hechos contradicen la autodefinición de pretendida excelencia, vociferada a los cuatro vientos por el gobierno, toda vez que el nivel de ineptitud e incompetencia ha quedado en evidencia con la renuncia del ahora ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Aunque fracasado, el funesto proceso de privatización del litio deja al descubierto una de las principales características nefastas de la doctrina neoliberal. Como ya hemos mencionado, en relación al traspaso de CONICYT, no existe de parte del gobierno interés por llevar a cabo, en conjunto con la comunidad científica, un Proyecto Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología. El litio fue declarado mineral estratégico en 1979 porque se pensaba que podría tener aplicaciones nucleares (por tanto armamentistas). Treinta años después, el litio se ha consolidado como materia prima en la fabricación de baterías, cerámicas y vidrios, grasas lubricantes, aluminio, entre otros. En los últimos ocho años el precio mundial del litio ha subido de US$ 2.500 a US$ 6.000 por tonelada.  Es decir, en nuestra discusión sobre el litio, nosotros quienes somos los dueños de este mineral, debemos tener en cuenta el largo plazo y la búsqueda de valor agregado de este recurso, y no vender este mineral en bruto como lo dicta el dogma neoliberal que sólo consolidará una estrategia exportadora de materias primas sin el consiguiente valor agregado. El producto estrella que utiliza litio son las baterías, las cuales son requeridas por automóviles, celulares y computadores. Sin embargo, el litio utilizado en una batería sólo representa menos del 1% del valor del producto final, valorado a precio corriente. El 99% restante es tecnología. Esto no lo hemos discutido, aun cuando Longueira pretenda resolver este tipo de inconvenientes mediante el traspaso de CONICYT al Ministerio de Economía, según ha señalado: “Es un cambio que queremos introducir en que debemos aceptar la mirada de la ciencia, de la academia, del mundo de la investigación en Chile al mundo del emprendimiento, porque si seguimos en esta falta de diálogo y de vínculo, vamos a seguir siendo un país exportador de materia prima” (sic). Digámoslo una vez más, Chile adolece que un plan estratégico de Desarrollo en Ciencia y Tecnología. Mientras este plan, el cual necesariamente debe contar con la participación de la comunidad científica nacional, no se materialice continuarán los intentos neoliberales pretendiendo privatizarlo todo.

La Iglesia Católica, después de mucho tiempo, ha saltado al ruedo y ha hecho una firme condena al modelo neoliberal. En su carta pastoral los obispos chilenos hacen una denuncia social importante: el modelo neoliberal y su afán de lucro, así como la política de bonos que rehuye el principal aspecto de la desigualdad, el pago justo y equitativo a los trabajadores, mantiene a los trabajadores, aún con contrato, siendo pobres.

Carta Abierta: Por una política cultural, científica y tecnológica para Chile fundada sobre una discusión democrática

Hace dos semanas la prensa nos ha sorprendido con la noticia de que, por encargo del presidente de la República, el Ministro Longueira estaría preparando un proyecto de ley dirigido a desvincular la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt) de su actual dependencia en el Ministerio de Educación para trasladar su administración al Ministerio de Economía. Anunciada en el Diario Financiero, refrendada el mismo día en Radio Cooperativa y reiterada algunos días después en una entrevista concedida al Diario El Mercurio, la iniciativa fue defendida por el actual Ministro de Economía como una manera de fomentar una relación más estrecha entre el “mundo” de la academia y aquel de la empresa privada con vistas a que “toda la inversión pública que hacemos en I+D en Chile y en ciencia y tecnología tenga un vinculo mayor con el aparato productivo”, de suerte que “todos los recursos que se destinan para la investigación en Chile tengan una planificación estatal mucho más vinculante al valor agregado que queremos incorporar a los sectores productivos”.

Las palabras del Ministro no pueden sino despertar la más aguda inquietud entre aquellos(as) que trabajamos en el seno de la academia y comprometemos nuestros esfuerzos en el desarrollo de la investigación en Chile. De hecho, la preocupación es incluso más punzante para las y los académicos y profesionales que dedicamos nuestras labores, a la ya fuertemente pauperizada investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.

Es que, como ya ha sido señalado por otros colegas, no toda la investigación puede ser traducida, ni en lo inmediato ni en lo mediato, a productos transables en el mercado, menos aún reducida al valor agregado de algún bien de consumo. De hecho, existe un vasto territorio de la investigación mal llamada pura que difícilmente podría ser transformada en los acariciados primores que cautivan las apetencias del  denominado sector productivo. Además, tanto Conicyt como Corfo (es decir, el mismo Ministerio de Economía), ya cuentan con programas específicamente orientados al fomento y desarrollo de I+D, a lo cual se suman exenciones tributarias millonarias a las empresas por inversiones en esta área.

Sabemos que el valor del saber nacido de la investigación en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades posee una particularidad que lo hace aún más sensible a la  reducción utilitarista. Convocado a dar cuenta de los asuntos que conciernen a hombres y mujeres en un tiempo y espacio determinado,  las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales representan la forma en que una sociedad intenta comprenderse en su pasado, su presente y su devenir. Sin esta investigación, la sociedad se vería condenada al automatismo irreflexivo, a la repetición incesante de su propia barbarie, privada de la posibilidad de mirarse, de escucharse, de sentirse, de retratarse, de reconocerse, de estimarse, de criticarse, de proyectarse… En consecuencia, no parece exagerado decir que se trata de saberes sobre los que se funda el alma misma de una cultura: cercenarlos mediante exigencias utilitaristas y objetivos mercantiles sería exponernos a transformar nuestra sociedad en una maquinaria productiva altamente rentable pero desalmada.

Sin duda, los fondos que nuestro país destina al conjunto de la investigación son notablemente exiguos. De hecho, la inversión que nuestro país destina a Ciencia y Tecnología sólo llega al 0,4% del PIB, allí donde el promedio de los países de la OCDE alcanza el 2,3%, ubicando en el penúltimo lugar del ranking. Pero esta pobre realidad llega a la más resuelta indigencia cuando se trata de los presupuestos para investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.  ¿Qué podríamos esperar de estos anuncios para esas disciplinas? Como es evidente nada auspicioso. Una verdadera “innovación” que demostraría  una preocupación real por el desarrollo científico y tecnológico sería la de crear un Ministerio de la Cultura, las Ciencias y las  Tecnologías colocando en el centro del crecimiento y progreso del país a la cultura y sus manifestaciones creadoras en el más amplio sentido. La producción científica, entendida como producción cultural, debe gozar de libertad de pensamiento y por lo tanto no debe estar condicionada solo a la generación de mercancías transables en el mercado, tampoco debe estar presionado por las demandas de las empresas privadas ni de los gobiernos de turno. Una real política estatal debiera ocuparse de propiciar espacios para que el libre desarrollo de las ciencias pueda expandirse en consonancia con los múltiples desafíos que la sociedad globalizada impone como futuro. Los abajo firmantes demandamos que la democracia en Chile no sea solo formal, sino que considere efectivamente la participación, opinión y propuestas de los diversos actores , en este caso las y los científicos, intelectuales e investigadores(as) que construyen día a día el conocimiento. Rechazamos las políticas producidas entre cuatro paredes ideologizadas y sesgadas, más aún si se trata de reeditar una institucionalidad propia de los tiempos oscuros de la dictadura (cuando Conicyt efectivamente pertenecía al Ministerio de Economía). Es preciso comprender que los cambios no pueden imponerse por decreto, sobre todo cuando estos tocan el corazón mismo de la cultura, es decir de las ciencias como lenguaje y acción del pensamiento humano.

 En este sentido, y en respuesta a una demanda arraigada de la comunidad intelectual y científica chilena, lo propicio es generar una instancia gubernamental que acoja la más extensa y diversa participación de esa misma comunidad, para discutir los lineamientos de una política cultural, científica y tecnológica para el país y alcanzar sobre esa base los consensos necesarios que permitan una proyección de largo plazo de las capacidades creativas de la nación, sin las cuales ningún desarrollo es posible.

Nota de la redacción: Para suscribir esta carta abierta es necesario enviar mail a:

cartaabiertaconicyt@gmail.com

indicando: Nombre, profesión u oficio, institución y RUT.

Cuadernos de Educación 2011 JUN-AGO (año V) nº17

Editorial ( CdE nº17) .

En los momentos en que escribimos esta página editorial, la movilización estudiantil, tanto de los secundarios como de los universitarios sigue a todo vapor, estos no han depuesto ni sus paros, ni sus tomas y han rechazado la propuesta del Ministro Joaquín Lavín por considerarla poco concreta y ambigua. Efectivamente, hay en la propuesta del Mineduc un silencio revelador en lo que se refiere a los dos puntos centrales para una reforma de la Educación, que son 1) que el Estado financie significativamente a las universidades estatales y públicas, y 2) que se instale una superintendencia que controle y fiscalice a las universidades privadas.

De lo que propone el Mineduc, quizás lo más importante sea el punto que habla de que «los aportes del Estado a la educación superior alcancen el promedio de los países de la OECD en el mediano plazo». Pero, ¿significa esto, que el Estado de Chile que sólo aporta un 0,3% a la Educación se va a poner a nivel del 1,4% que aportan los países que integran la OECD? ¿Qué significa en este caso mediano plazo? ¿Cómo se va a distribuir este aporte? Son estas las dudas que explican que la oferta del Gobierno, juzgada de ambigua, haya sido rechazada.

El movimiento estudiantil ha puesto su acento en el problema del lucro, rechazándolo como mecanismo organizador de la Educación superior y de los liceos. Incluso, no son pocas las voces que hoy se alzan descalificando al ministro por sus compromisos económicos con la Universidad del Desarrollo y pidiéndole por lo mismo su dimisión, pues ya no lo consideran como un interlocutor válido. El tema del lucro está puesto en la primera línea de la contienda y, en una encuesta realizada por el Mercurio, apenas un 53% opina que está bien que se permita el lucro. Creemos que el tema debe ser aun profundizado y esclarecido, pues a lo que se refieren los que ahora defienden las Universidades Estatales y públicas, es que no haya negocio en la educación. Los inversionistas extranjeros, especialmente norteamericanos que han comprado universidades chilenas, no lo han hecho porque de pronto les interesara el desarrollo de la Educación en Chile, sino porque es hoy en día un pingüe negocio, uno de los menos regulado y controlado en nuestro país. Es a eso que nos referimos al condenar el lucro. A eso, que las universidades se transen en el mercado como cualquier producto, que gasten millones de dólares en propaganda, casi tanto como en las tiendas de retail. Si se investiga más en profundidad a algunas de estas universidades, las que francamente profitan con la educación, se encontrará que en ellas el escándalo y la estafa a los estudiantes se aproxima y asemeja bastante a lo que ocurre en La Polar.

Estamos de acuerdo en la petición de los estudiantes en relación a que el Consejo de Rectores no tome iniciativas de acuerdo con el MINEDUC en forma aislada. La unidad de todos los actores es garantía de éxito en la consecución de los objetivos de una educación democrática equitativa y de calidad en nuestro país.

Lo que ocurre en materia de educación y lo que acontece en la tienda la Polar, cuya crisis financiera puede desembocar en una catástrofe económica, como la que se conoció recientemente en los EEUU y Europa con el negocio inmobiliario, revela que el actual modelo hace agua por todos lados, que el mercado no es el mejor instrumento de regulación y que nuestro país debiera avanzar en un modelo político y económico que considere una activa participación reguladora y fiscalizadora del Estado que vele por los intereses de la gran mayoría del país: los trabajadores.

Recensión del Libro “Se derrumba un mito: Chile reforma sus sistemas privatizados de educación y previsión” de Manuel Riesco Larraín . Por Gustavo Quintana Muñoz

El autor, Ingeniero Civil  (U.de Chile),Vicepresidente  de Cenda en Chile y Coordinador externo de investigación  de UNRISD  ,director de la revista Encuentro  XXI,  que ha desempeñado  diversos cargos administrativos y docentes en universidades chilenas y  norteamericanas, consultor habitual de diversos gobiernos y del Parlamento, y que  ha escrito extensamente sobre el  desarrollo social de Chile y América Latina,   nos ofrece en este libro un análisis de los efectos de la ola privatizadora  en la educación y en la previsión , con el rigor al que nos tiene habituados.

El título de esta obra,  incomprensible para muchos, se aclara ya en el prefacio,  al igual que las razones   para que este libro aparezca en el momento en que se edita.  Allí se indica que son los efectos sociales,  consecuencia de  las privatizaciones en ambos ámbitos,  los que proporcionan el nexo de unión,  y que son los acontecimientos sociales producidos en los años 2006 y 2007, que son analizados con gran clarividencia,  casi   premonitoriamente,  por el autor, los que señalan que el  fracaso de las privatizaciones  abre   finalmente  la posibilidad del  inicio  de una reforma  de los sistemas privatizados de educación y previsión.

¿Qué representa el año 2007 como fecha de edición?   En Diciembre de 2006 la presidenta  Bachelet   envía al Congreso un proyecto de ley   con un amplio programa de reformas al  sistema privado de pensiones y días después recibe el informe de la comisión asesora presidencial para la calidad de la educación  que,  si bien solo llega  a resultados concretos limitados o nulos,   tiene el mérito de sacar a la luz pública un vigoroso movimiento de reforma  de las privatizaciones desarrolladas  en ambos sectores,  principalmente  el movimiento  de los pingüinos, que empuja a la comisión citada a plantear por primera vez  en 25 años la derogación de la legislación que  rige a la educación desde Pinochet.   En suma,  el profundo descontento por los efectos de las privatizaciones en ambos sectores abre un proceso  de reforma de los sistemas sociales privatizados  cuyos resultados finales  dependerán del  desarrollo del movimiento contra  el proceso privatizador y la forma  como crezca la movilización social contra él  durante los próximos años.  Cuatro años después de  la edición de este libro no sólo  se mantiene  este movimiento de reformas sino que incorpora nuevos sectores  que exigen su participación en los asuntos públicos y generales del país,  entre los cuales el enorme movimiento contra las represas en  Aysén   es el mejor ejemplo.

Antes de analizar más detalladamente  la magnitud del  fracaso del proceso privatizador,  tanto en educación como en previsión,  el autor ensaya someramente el  ubicar las políticas sociales  chilenas en el  contexto histórico de un  siglo, dividiendo este lapso en dos partes: de  1924 a 1973  y   de  1973 hasta hoy ,  señalando  las dos grandes estrategias  desarrolladas por el Estado en la transición  del país a la era moderna,  y expresando su opinión de que en este instante  el país experimenta otro gran giro en su estrategia de desarrollo.

El 11 de Septiembre de 1924, en un marco de movilizaciones sociales, una junta  militar de corte progresista toma el poder  y promulga la primera  legislación social, creando las instituciones  económicas  y políticas básicas del Estado chileno moderno,  incluida una nueva constitución política.  La estrategia de desarrollo que se adopta, cuyo guía es el Estado, tiene  como norte  el progreso tanto económico como social  y se desenvolverá  de manera ascendente a lo largo de medio siglo,   impulsada por gobiernos democráticos de variada orientación ideológica, culminando en las profundas reformas democráticas del presidente Frei  Montalva  y  alcanzando su climax revolucionario  durante el gobierno del presidente Allende. Esta estrategia  deja al país un capital cultural social y económico  inmenso y alcanza en el ciclo económico 1958- 1971 una tasa de crecimiento del  PIB  que no volverá a repetirse  hasta los años  90.  Un golpe militar de extrema derecha, encabezado por Pinochet,  pone término violentamente  a  esta  estrategia   e instaura una nueva  sobre los principios del neoliberalismo,  las privatizaciones   y el mercado como único ordenador .

En las tres décadas durante las cuales el país se ha desarrollado con una orientación neoliberal  se distinguen  dos períodos de aproximadamente 17 años cada uno.  Los primeros corresponden al régimen dictatorial,  preocupado de crear un ambiente económicamente amistoso a los negocios de corto plazo y de un manejo de los asuntos públicos mayormente en  interés del empresariado, de las trasnacionales y de la minoría de altos ingresos de la población,  en contrapartida  con un retroceso brutal de todo lo que el país había desarrollado en materia de avance social.  Si se puede establecer alguna diferencia entre ambos períodos , lo  es la persecución sangrienta de los opositores a la dictadura,  frente  a una lenta transición hacia la democracia en el segundo período,  junto  a una lentísima recuperación  de los derechos sociales perdidos.    En lo demás,  sólo más de lo mismo.  Un ejemplo de esto  es el resultado de que un puñado de empresas  mineras, casi todas extranjeras,  que en 2006 remesaron a sus casas matrices unos  veinte mil millones de dólares, cifra del mismo orden de magnitud  que el presupuesto total del Estado chileno.

La paradoja entre el crecimiento durante este período  (2,3 veces entre 1990 y 2005) y el aumento del gasto público (2,8 veces en el mismo período) y  el creciente descontento  que explotó en 2006 y que sigue aumentando, sólo se explica  por una de las distribuciones  de  ingreso más desiguales del mundo, lo que hace que el aumento del gasto público sólo represente  1/5   del   PIB,  lo que se refleja en  un aumento de los salarios ( 53 %  de 1990 a 2004 ) menor  en un   50%  del incremento   del  PIB  en el mismo período,  y  que recién en 1999 volvió a los niveles   que estos tenían justo antes del golpe.   Esta situación  afecta especialmente a los profesores  que,  a pesar de recibir un aumento del mismo orden que el PIB,  aun no recuperan los niveles de sueldo que poseían antes del golpe.

Finalmente,  Manuel Riesco  entrega los elementos de análisis que muestran irrefutablemente que el modelo neoliberal de sociedad,  el mercado regulador absoluto  y  las privatizaciones como freno de  la acción del Estado son la causa  del fracaso  de los sistemas de educación y previsional .

 Un millón de estudiantes secundarios estremecieron Chile en 2006,  con la mayor manifestación social  desde las protestas de los años 80,  exigiendo la derogación de la  LOCE,  motor del  sistema de privatización de la educación, siendo prueba palpable de que el aumento  del presupuesto  de la educación  en 4,4 veces  (1990 – 2005) no basta para  detener  el deterioro constante después de 25 años.  La desregulación de todo el sistema responde a la falta de objetivos confesables  de país,  reemplazados por un vago anhelo de llegar al desarrollo,  lo que lleva a Chile a solicitar su ingreso  a este mundo  desarrollado (OECD). Este solo hecho,  que obliga a comparar la educación de los nuevos socios con la nuestra sólo sirve para exponer nuestra miseria  educacional . Contrastando así nuestro sistema de pobre aporte fiscal a la educación, de acelerado proceso de privatización,  segregación vergonzosa y educación de dos calidades ,para pobres y para ricos, y la caída en la calidad de la educación superior :  sólo 11 de 60 universidades acreditadas por investigación,  con las características del  de  los nuevos socios.  Estos tienen una  estructura mayoritariamente pública (88% en OECD,92% en U.E de aporte estatal) con fuerte participación del estado en la educación superior (25% del aporte estatal total OECD promedio,  con ejemplos que lo  superan (Canadá con un 40% , EEUU,38,6%,Corea , 33,4%, Finlandia , 28,9% y unos 8 a 10 países más).  El objetivo que realmente persigue nuestro modelo es preservar, por una parte,  la calidad de la educación para una elite ideológica y de poder, restringida a no más del 10% de la población dejando  a cerca de un 50%  sin ningún otro tipo de formación que una mala educación secundaria  Para el resto de los estudiantes sólo quedan  ofertas publicitariamente atrayentes,  pagadas y de calidad discutible,  que permiten  muy buenas ganancias a los dueños  de estas universidades,  en el marco de una actividad que legalmente no tiene fines de lucro (el único milagro del nuevo modelo).

Si La  privatización relega  al desarrollo al papel de un falso objetivo ¿Qué hacer ? Punteemos a lo menos  las principales proposiciones del profesor Riesco:

  • Devolvamos  al profesor su calidad, su dignidad y el papel  que tuvo en la sociedad hasta 1973.
  • Reconstruyamos el sistema nacional de educación pública,  partiendo por la recuperación  de la propiedad que le pertenece  y las funciones de gestión docente  de todo lo que financie completamente( subvenciones al 90% de los estudiantes de Chile),  sin perjuicio de continuar su política tradicional de  apoyo financiero a las instituciones educacionales particulares sin fines de lucro , que así  lo ameriten

En suma,  la base de una reforma es que el Estado aporte el financiamiento suficiente y en las modalidades más adecuadas (volver al 7% del P.I.B.,  contra el 3 a 4 % actual).

Finalmente,  Manuel Riesco analiza la segregación social  y el deterioro en las pensiones  de  los sectores  medios, producto de la privatización de la previsión,  así como el enorme costo para el Estado y los enormes beneficios para los mayores grupos económicos y compañías de seguros.

A pesar de que el Estado aseguró en la reforma previsional  una pensión básica para la mayoría de los cotizantes de las AFP con capacidad de ahorro  insuficiente,   mantuvo como pilar único de las pensiones de los sectores  medios la capitalización individual, que entrega  a estos sectores pensiones muy inferiores  a las que aun se otorgan a la mayor parte de los adultos mayores jubilados con el sistema  antiguo ( 3 pilares de financiamiento).

El sistema chileno destina la totalidad de los descuentos previsionales  al mercado de capitales y a la mantención de las propias  AFP  y de las compañías de seguros relacionadas, a diferencia del resto del mundo,  donde sólo una porción menor de las cotizaciones  se destina al mercado de capitales.  En suma,  la privatización del sistema de pensiones  de 1981, es un verdadero embargo  sobre las contribuciones de los asalariados a la seguridad social, principalmente en beneficio directo de los mayores conglomerados  económicos.

Lo más incomprensible de este modelo de previsión es que el principal recaudador de cotizaciones de seguridad social del país, el Estado,  entregue estas a las AFP  y posteriormente tenga que asumir el pago de la mayor parte de la pensión de los adultos mayores (unas   ¾ partes de los 1.594.000 adultos mayores ), pagando las AFP, con los fondos acumulados,  las pensiones de unos 70.000 adultos mayores   y  la quinta parte de las pensiones mínimas garantizadas,  siendo finalmente  los únicos cotizantes beneficiados con la privatización del sistema a lo sumo los sectores perteneciente al quintil de  mayores ingresos.

Queda pendiente aun  investigar a fondo la administración que de los  fondos de pensiones  han hecho las AFP,  pues las cotizaciones,  en un tránsito muy alambicado,  son invertidas en gastos administrativos  de las AFP , traspasos a las compañías de seguro, que a su vez pagan algunas pensiones ( de por vida, e incapacidades),  inversión en el mercado de capitales,   préstamos al Estado (nunca más allá de un 25% del total),  recuperación de parte de estos préstamos por nuevas cotizaciones  al fondo de pensiones, etc.  En estos vericuetos es fácil  aparecer con gastos inexistentes, falsear las ganancias y presentar contabilidades  discutibles  o  fraudulentas.

Ante la interrogante de qué  hacer, sugerencias  muy simples,  tales como acoger la modalidad que la mayoría de los países  han adoptado,  con presencia activa del Estado sobre la base de tres pilares de financiamiento:  pensión básica, financiada por el Estado, ahorro o capitalización con parte de la cotización y reparto anual.

¿Qué niveles debiéramos esperar?  No inferiores a los que entregaba el sistema anterior a 1973 y que es el que aun reciben los  antiguos pensionados y los que no pudieron integrarse  al sistema de AFP.

La recuperación por parte del Estado (hoy en día administrador más eficiente que las AFP) de todos los fondos que recauda para las AFP  y asunción de la potestad que tuvo en el pasado. No es algo imposible, y países como Polonia y Hungría ya lo hicieron tras experimentar el modelo que Chile les había vendido y que resultó ser un pésimo negocio para el Estado.

Universidades públicas. Por Manuel Riesco Larraín .-

Desde el golpe militar, Chile ha venido desmantelando su bien notable sistema de educación   pública, construido a lo largo del medio siglo precedente. El intento de reemplazarlo por un mercado basado en elevados cobros forzados a los estudiantes y sus familias ha resultado en un fracaso rotundo. Todo ello afecta especialmente a la educación superior, cuya crisis han puesto de manifiesto por estos días cien mil alumnos, académicos y funcionarios, manifestándose en las calles. El país enfrenta hoy el desafío de reconstruir su sistema nacional de educación pública. Ello es posible también en el nivel superior, puesto que, felizmente, puede apoyarse sobre lo actualmente existente, así como en la experiencia de haberlo realizado antes, especialmente durante los años de la reforma universitaria.

Una universidad por excelencia combina de modo equilibrado las funciones de docencia, investigación y extensión. Sólo cinco de las sesenta así llamadas “universidades” chilenas cumplen con este requisito elemental. Un reciente trabajo del Centro de Investigación de la Estructura Social de la U. de Chile (CIES) y el Foro Aequalis las clasifica como “universidades de investigación.” Incluye otras seis en la categoría de “universidades con investigación selectiva,” y seis adicionales en la categoría “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva.”

Las cinco primeras son, en orden de importancia, las universidades de Chile, Católica de Santiago, de Concepción, de Santiago y Austral. Dos son estatales y tres particulares. Las seis que les siguen incluyen otras tres estatales y tres particulares. Todas ellas al igual que las cinco anteriores, pertenecen al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, conocido por el poco asentador acrónimo CRUCH.

Solo en la tercera categoría, “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva,” logran entrar raspando cuatro universidades privadas. Las cuarenta y tres instituciones restantes que también se rotulan como “universidades,” sencillamente no realizan investigación ni extensión significativa. Todas las demás privadas caen en estas categorías, junto a algunas sedes estatales regionales.

La enorme brecha entre unas y otras se puede apreciar en diversos indicadores. De partida, las publicaciones científicas se concentran de manera abrumadora en las cinco primeras y las restantes en las dos categorías que les siguen. Las 43 “universidades” de docencia simplemente no tienen publicaciones en revistas de prestigio internacional.

De acuerdo a los resultados preliminares de un estudio encargado a CENDA por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, las primeras atienden a un quinto del alumnado universitario, pero concentran un 39 por ciento de los académicos a jornada completa y un 43 por ciento de los que tienen grado de doctor. Correspondientemente, su presupuesto representa el 41 por ciento de los ingresos de explotación de todas las universidades.

De esta manera, en relación al promedio de las 60 “universidades” existente en el país, estas cinco “universidades de investigación” invierten el doble de recursos, académicos a jornada completa y con grado de doctor o doctorados, por alumno. Si se las compara con las dos categorías más bajas del estudio de CIES, que concentran un 28 por ciento del alumnado, estas brechas aumentan a cuatro, más de cinco y casi siete veces, respectivamente.

Incluso si se las compara con las doce universidades clasificadas en categorías de “universidades con investigación selectiva,” que les siguen, las cinco universidades de investigación prácticamente las duplican en presupuesto, académicos a jornada completa y académicos con doctorado, por cada estudiante.

El que casi todas las que se dicen universidades estén acreditadas como tales quiere decir bien poco en este aspecto. El único requisito verdaderamente importante para obtener la acreditación consiste en demostrar que son un buen negocio. Los demás son flecos. Por ejemplo, no se les exige que tengan publicaciones científicas, académicos a jornada completa o con post grados, entre muchos otros requisitos elementales. De hecho hay once “universidades,” todas acreditadas, que informan tener menos de un académico a jornada completa ¡por cada mil alumnos!

De este modo, como escribe el historiador Perry Anderson, “solo en la noche de nuestra ignorancia adquieren el mismo color todas las formas extrañas.”

En otras palabras, no todas las que se dicen “universidades” dan la talla mínima para serlo. Como se ha mostrado, en estricto rigor solo cinco de las que utilizan este nombre lo son verdaderamente. Otras doce siguen sus pasos, pero a muchísima distancia. Las restantes 43 son instituciones que imparten docencia en nivel terciario, lo que es importante. Quizás todas aspiran y se esfuerzan seriamente en mejorar su calidad, lo cual es meritorio. Sin embargo, ello no las convierte en verdaderas universidades, ni mucho menos.

La solución parece bastante evidente: para mejorar el sistema universitario hay que consolidar y ampliar las cinco verdaderas universidades existentes y estimular a todas las demás para que se eleven a esa condición.

Para concluir en algo tan sencillo ciertamente no se requiere contratar una comisión de expertos internacionales, sin embargo, el estudio encargado a la OCDE propuso exactamente eso.

El problema es que el sistema actual de financiamiento promueve exactamente lo contrario: empuja hacia abajo a las pocas universidades que realizan investigación y extensión, estimulando que todas se conviertan en simples “universidades de docencia.”

Según el mismo estudio del Foro Aequalis antes citado,  la matrícula de las “universidades de investigación” ha aumentado en un 13 por ciento entre 2005 y 2010, mientras en el mismo período las “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva” lo ha hecho en 51 por ciento y las “docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentran al fondo de la escala de calidad, han crecido ¡un 81 por ciento!

La razón es bien simple: se hace descansar el grueso del financiamiento en los pagos de los alumnos, que malamente alcanzan para financiar la función de docencia. Aún a costa de representar una carga insostenible, además de ineficiente e injusta sobre ellos y sus familias. De este modo, desde el punto de vista de mejorar el sistema universitario, el mecanismo de financiamiento basado en los aranceles resulta además perverso.

En las universidades del CRUCH, al que pertenecen casi todas las que realizan investigación y extensión, además de docencia de relativa buena calidad,  los aportes de las familias alcanzan a 2,2 millones de pesos por alumno al año, en promedio, según el estudio de CENDA para CONFECH. Ello no alcanza a cubrir ni la mitad de sus ingresos de explotación, que ascienden a 4,6 millones de pesos por alumno al año, en promedio. Los estudiantes de universidades privadas, en cambio, que concentran a todas las que hacen sólo docencia, aportan un promedio de 2,7 millones de pesos por año, lo que alcanza para cubrir en buena forma todo el presupuesto de las mismas, que suma la misma cantidad por alumno.

Lo anterior explica el raro contraste que un millón de santiaguinos que transitan a diario por la plaza Baquedano pueden apreciar a simple vista. Cruzando el Mapocho por el puente Pío-Nono, se alza la venerable Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el centro académico más antiguo y prestigiado del país, que alberga buena parte de los profesores a jornada completa y doctorados y produce lo más de la investigación científica en derecho del país. Sin embargo, el edificio es muy antiguo y relativamente pequeño, lo que no sería nada si no fuese porque su estado de mantención deja muchísimo que desear.

Justo al frente, cruzando Bellavista, se alza una de las “universidades docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentra al fondo de la tabla de calidad según el estudio de Aequalis. Su flamante y enorme edificio es deslumbrante, más parecido a un aeropuerto que a una universidad. Paga sumas ingentes en arriendos a su inmobiliaria relacionada – que retira de este modo utilidades no despreciables que son ilegales para las universidades – y sueldos millonarios a sus directivos, aparte de cifras multimillonarias en publicidad. Por cierto, funciona en base a profesores “taxis” a los que ofrece poco más que una pizarra y ninguna estabilidad laboral, los que se allanan a ello entre otras cosas porque no tienen postgrados. Que se sepa, no ha producido jamás un sólo “paper” que amerite ser publicado en revistas de prestigio. Eso no le impide estar acreditada, puesto que ciertamente es buen negocio. Para todo eso le alcanza con las matrículas que cobra a sus alumnos, que las pagan encalillándose hasta las orejas y por toda la vida. Agradecida de tal milagro, le sobró plata para proponer al municipio, que felizmente rechazó la oferta, la construcción en el parque aledaño de una monstruosa estatua ¡del Papa!

Esto no da para más. Eso lo saben bien los sus estudiantes, administrativos y muy especialmente, sus académicos y lo están manifestando. No lo soportan los estudiantes y sus familias, sobre las cuales se está descargando un impuesto anual equivalente a más de la mitad del total de los impuestos a la renta pagados por todas las empresas – incluidas las del cobre – y personas pudientes del país el año 2009. Según un reciente estudio del Banco Mundial, los veterinarios van a tener que destinar a servir el crédito universitario ¡un tercio de sus salarios! Tampoco lo soportan los funcionarios administrativos, que soportan bajos sueldos y no tienen derechos laborales.

Muy especialmente, no las soportan los académicos, que constituyen hoy uno de los grupos de trabajadores chilenos con sueldos más deprimidos, empleo más precario y condiciones de trabajo más deficientes. Precisamente, lo más grave del desmantelamiento del sistema nacional de universidades públicas es haber debilitado seriamente la institución que todas las sociedades civilizadas han construido para sostener de modo estable a la capa intelectual que destinan al quehacer científico, artístico, cultural; en una palabra, a las llamadas cosas del espíritu.

La crisis del sistema universitario superior recae por igual en los alumnos, académicos y administrativos de las universidades estatales y particulares, en las del CRUCH y las privadas. Los afecta a todos por igual, aparte de las familias de los primeros que no hayan como pagar la cuenta. Por este motivo, se manifiestan todos juntos, encabezados por los rectores de las universidades públicas y privadas.

La solución es sencilla, como se ha mencionado. Como recomienda la OCDE, hay que aumentar significativamente el presupuesto público, que hoy cubre menos de un 15 por ciento del total según esta fuente. Del 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que representa en la actualidad, hay que elevarlo en pocos años al 2 por ciento del PIB que representaba hace cuarenta años atrás. El incremento hay que destinarlo prioritariamente a consolidar, fortalecer y ampliar las cinco universidades públicas mejores, que evidentemente son las que mejor pueden responder a este desafío.

Al mismo tiempo, hay que estimular a todas las demás para que se eleven a este nivel. Para ello, como dice la OCDE, es necesario dirigir la mayor parte de los recursos a fortalecer las instituciones mismas, de modo que puedan ofrecer condiciones estables y adecuadas de trabajo a sus académicos y funcionarios. Muy especialmente, como también recomienda la OCDE, hay que dar un financiamiento basal adecuado a las universidades estatales.

Al mismo tiempo, hay que destinar parte significativa del aumento del financiamiento estatal a otorgar becas estudiantiles, de modo de aliviar progresivamente la carga insostenible, injusta e ineficiente que hoy soportan los estudiantes y sus familias.

Una palabra adicional: en paralelo hay que reconstruir el sistema nacional de educación pública superior técnica y vincularlo al sistema universitario. Como se ha mostrado en otra nota, si se generaliza a todo el país el ejemplo del Centro de Formación Técnica de Lota-Arauco, el único público y gratuito del país, bastaría con aumentar el gasto educacional total en 7,3 por ciento para ¡duplicar la cobertura de educación terciaria!

Parece una tarea ardua. Sin embargo, es precisamente lo que el país logró realizar durante la Reforma Universitaria. Entre 1967 y 1973, se duplicó el sistema universitario, transformando universidades que no merecían el nombre de tales en establecimientos nacionales modernos y comprometidos con el desarrollo del país y el destino de su pueblo. Gratuitos además.

Ello se logró incrementando los aportes estatales a todas las universidades existentes, exigiendo a cambio que realizaran docencia, investigación y extensión, que contrataran académicos a jornada completa con buenas condiciones de salarios y trabajo, lo mismo que sus funcionarios. Que respetaran la libertad de cátedra y no discriminaran en el acceso, promoviendo el de los obreros y sectores populares. A todos se exigió garantizar lo anterior mediante gobiernos internos democráticos, con participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, a la cual se respetó su autonomía en estas condiciones.

No parece mala idea intentarlo de nuevo.

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Manuel Riesco Larraín. Economista, investigador de CENDA (Centro de Estudios
Nacionales de Desarrollo Alternativo) y miembro de la Junta Directiva
de la Universidad de Valparaíso.

Fuente: Autorizado en http://blog.manuelriesco.cl/2011/05/universidades-publicas.html