Editorial (CdE nº42)

La derrota electoral de la centroizquierda


Los individuos son entes complejos y esa complejidad se traspasa potenciada a la sociedad. Me refiero aquí al conjunto de valores y visiones de mundo que se manifiestan en la sociedad. Pero en ese conjunto, lleno de contradicciones y matices, hay algunos que predominan. Estas concepciones dominantes forman el llamado sentido común. Hay muchas evidencias de sentido común, acerca de los valores dominantes en la actual sociedad chilena: el individualismo es uno de ellos. A partir del golpe militar y la implantación en Chile del modelo económico y cultural neoliberal, se empezó a debilitar rápidamente el sentimiento solidario y comunitario que se había desarrollado en una buena parte de la sociedad durante el período de Frei y Allende. Creció la desconfianza y las condiciones sociales propias del modelo neoliberal impulsaron el individualismo. El sálvese quien pueda y el rascarse con las propias uñas fue simplemente una forma de supervivencia. Pero el desarrollo del individualismo no se frenó con el término de la dictadura: por el contrario, se continuó desarrollando. La enorme mayoría de la gente piensa en sí mismo y en sus cercanos primero. A lo largo de la transición con la Concertación hubo un rápido crecimiento económico, grandes masas de gente pobre empezó a salir, con gran esfuerzo, de la pobreza, y se empezó a advertir un fenómeno muy curioso: los pobres que salen de la pobreza se empiezan a identificar con las clases acomodadas: imitan sus comportamientos, su “cultura”, en particular los valores individualistas que predominan en esas capas. Quienes vuelven del exilio después de varios años denuncian que con la dictadura se perdió el ambiente solidario que ellos vivieron antes del golpe de estado. En realidad en los gobiernos de la Concertación, ya fuera de la dictadura, se siguió desarrollando el egoísmo. Se transformó el sentido común hacia los valores del consumo: si yo quiero un auto mejor, tengo que pagar más ¿no es cierto? Bueno, lo mismo con la educación: si quiero un mejor colegio para mis hijos, tengo que pagar más. Esta manera de pensar pasó a imponerse como algo propio del “sentido común”. Sentido común que la derecha y los poderes fácticos han logrado hacer algo banal y cotidiano. Nos hemos transformado de ciudadanos que éramos en los consumidores que somos hoy.
Pero hay otro aspecto en donde se observa el predominio del individualismo en nuestro país: el apoliticismo. En efecto, quien declara que la política no le interesa, significa que no le interesa la polis y que solo le interesa el entorno familiar o el círculo más cercano. El hecho que más de la mitad de los potenciales electores no hayan concurrido a votar, significa que la sociedad en su conjunto, no le interesa. Pero la cultura se va transformando a lo largo de la historia y a veces en forma muy rápida. Cada individuo es un manojo de tendencias, de voluntades y valores diferentes. A veces predominan unas y otras veces otras.

Sin embargo, las condiciones sociales, la acción de la política, los intereses de clase, van poniéndole leña a unas formas más que a otras. Fue sorprendente la irrupción de una arista solidaria en los jóvenes de enseñanza media y también universitaria: la educación como derecho social, no al pago ni al copago. La propagación de esta arista solidaria condujo a la elección de Michelle Bachelet en el 2013. De este modo se comenzó a hacer una serie de transformaciones importantes en la estructura social y económica del país, en la dirección hacia la solidaridad (en “la dirección correcta” diríamos nosotros; “la dirección equivocada”, dirían los grupos de derecha). Es en este aspecto donde aflora claramente la debilidad de la coalición Nueva Mayoría y del gobierno (no se trata simplemente de errores: se trata de debilidad). No se supo defender con fuerza la orientación de las reformas. Le faltó responder con mucho énfasis (incluso con agresividad, diría yo) a las distorsiones y mentiras del sector de derecha. La debilitada arista solidaria no fue defendida con la pasión necesaria. Es claro que la prensa nacional inflaba todo lo negativo y ponía todo el énfasis en las críticas de la derecha. Pero la heterogeneidad de la coalición condujo a que dentro de la misma surgieran las críticas más dañinas: hasta el mismo Mario Weisbluth, lo primero que hizo fue criticar con estridencia: “estoy en absoluto desacuerdo, no se debió haber empezado por ahí…” O bien la famosa crítica de los matices: la prensa destacaba la crítica y la derecha la magnificaba y la distorsiona. Las respuestas a esas críticas fueron débiles, demasiado débiles. Resultó sorprendente para muchos que, al par de años de introducidas las reformas, las encuestas señalaban poco apoyo. No se defendieron con la fuerza necesaria. La famosa frase “las reformas están mal hechas”, eludía y obnubilaba el aspecto central de las reformas, su contenido básico, su orientación. La ignorancia, esta acción de los intereses creados, de los políticos de derecha que no querían que las cosas en Chile se transformaran, y aquellos que se habían acomodado con lo que había, más la flojera mental de mucha gente hacía que no se buscara el sentido de las reformas y que se rechazaran porque estaban mal hechas. Al respecto habría que añadir que hubo un error de apreciación básico con respecto a la opinión pública que se expresó diciendo que: la mayoría de la gente es de centroizquierda. No. La base ideológica de la mayoría de la gente es neoliberal, individualista y manipulada por los valores que el gremialismo, los Chicago boys, y la dictadura han logrado imponer y mantener. Solo surgió una pequeña llama solidaria que se propagó hasta la elección de Michelle Bachelet. Pero la llamita de la cultura solidaria no se cuidó, y se fue apagando. Ahora han ganado terreno nuevamente la cultura del crecimiento económico, del arreglarse con las propias uñas, del yo-primero, en una palabra los patrones de la cultura neoliberal. Nuestra tarea será ahora encender nuevamente la llama de la solidaridad.

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Modelo de desarrollo y Política de Ciencia y Tecnología: Algunas reflexiones a partir del caso brasileño. Manuel Cabezas ; Alexis Cortés

Modelo de desarrollo y Política de Ciencia y Tecnología: Algunas reflexiones a partir del caso brasileño[1]

Manuel Cabezas[2]; Alexis Cortés[3]

El modelo neoliberal instaurado en Chile durante la dictadura militar y administrado por los gobiernos democráticos que la sucedieron ha profundizado la posición subordinada de Chile en la división internacional del trabajo mediante un proceso de desindustrialización de su aparato productivo, de privatización y deschilenización de sus recursos naturales y de privilegio de una estrategia reprimarizada de crecimiento económico. Para usar un término propio de los teóricos de la dependencia de los años 70, el modelo neoliberal, aunque ha mostrado cifras positivas de crecimiento (gracias en gran parte a los buenos precios de los productos primarios que exporta) más que ser una alternativa de desarrollo, ha sido un modelo de subdesarrollo para el país (Gunder Frank, 1973).

La economía de nuestro país, si bien se ha ido diversificando en las últimas décadas, aún depende significativamente de la explotación del Cobre, por lo demás la propia diversificación se ha hecho manteniendo la lógica de explotación de recursos primarios (Vinos, Madera, Salmón y otros minerales) (Cortés, 2012). Chile cuenta con una de las legislaciones más permisivas de explotación de estos recursos, sea desde el punto de vista medioambiental, laboral o tributario. El Estado recolecta mínimamente impuestos, ha cedido sus derechos sobre el sub-suelo a transnacionales y además se ha abstenido de producir marcos regulatorios similares a los países que cuentan con el mismo nivel de riqueza natural. Además, el país ha vivido un retroceso abismante en lo concerniente al desarrollo y producción de tecnología, lo que se expresa de manera patente en la propia producción del Cobre que, gracias a la deschilenización, ha vivido también un proceso de simplificación de su explotación, o sea hemos dejado de vender Cobre Refinado para pasar a vender Cobre Concentrado, lo que requiere menos empleo de tecnología, infraestructura y mano de obra especializada. “En 1990 la producción de refinado de cobre llegó a 86% de la producción total, en 1999 bajó a cerca de 64%”(Caputo, Radrigán, & Galarce, 2003, p. 21).

La clásica división entre países manufactureros y países exportadores de materias primas, es coherente con una división internacional en la que a los primeros les concierne también la producción de conocimiento, mientras que los segundos son simples receptores y reproductores de la ciencia y tecnología generada en el centro. La explotación de recursos naturales generalmente prescinde de estrategias de generación de ciencia y tecnología avanzadas, sin embargo en los países que han iniciado el ejercicio de recuperación de sus recursos naturales, mediante nacionalizaciones como Venezuela, Brasil o Bolivia existe la preocupación de generar tecnología específica para la explotación de los mismos. Lamentablemente Chile ha profundizado su subordinación internacional, pues ni siquiera ha optado por fortalecer la dimensión tecnológica propia de economías extractivistas que buscan darle valor agregado a sus exportaciones, renunciando al refinamiento de la explotación de sus propios recursos. Chile básicamente es un exportador de rocas ricas en minerales.

El desarrollo de una política de Ciencia y Tecnología posee un papel determinante en las posibilidades de éxito de un proyecto de desarrollo que rompa con las características dependientes y subordinadas de un país situado en la periferia del mercado internacional. Sin política de Ciencia y Tecnología no hay desarrollo. Sin duda, la definición de una estrategia de desarrollo implica una serie disputas trabadas en el seno de la sociedad para determinar qué se entiende por tal. Así, si bien existen diversos proyectos de desarrollo susceptibles de ser aplicados, una política de Ciencia y Tecnología sistemática y ambiciosa es condición de posibilidad para cualquiera de ellos.

La investigación realizada por Alice Amsden (2001) sobre los países periféricos (the rest) que adquirieron una experiencia manufacturera suficiente en la producción de determinados productos (bienes de consumo leves, algodón, alimentos, etc.) y que incorporaron desarrollo tecnológico medio y alto en su aparato productivo, muestra que al interior de este grupo de países se produjo una nueva división entre países “compradores” de tecnología y “productores” de tecnología. A pesar de que entre 1950 y 1980 todos los países del “resto” compartían un nivel de industrialización, productividad y fortaleza institucional similar, las exigencias para éstos fueron diferentes a partir de los años 80, donde los requerimientos tecnológicos se volvieron decisivos para la inserción en la economía mundial.chile-brasil

Uno de los contrastes que mejor expresan la distancia entre los países compradores versus los productores de tecnología es la comparación entre Chile y Taiwán, dos miembros de the rest, que a partir de los años 80 verán superado el estadio de relativa igualdad de sus trayectorias de desarrollo. En 1995, el ingreso per cápita de Chile era sólo una fracción del de Taiwán (+- 68%), mientras en 1973, era el ingreso per cápita de Taiwán el que correspondía a una fracción del chileno (73%). ¿Qué fue lo que cambió? Mientras Chile desde 1973 vivió un proceso de desindustrialización y de especialización minera, Taiwán apostó por los productos manufacturados y por la incorporación de un padrón de crecimiento basado en el conocimiento, es decir, mediante la tecnificación de su economía.

¿Cómo realizar esa transición de un país “comprador” de tecnología a uno “productor”? Una posible respuesta a esta interrogante se encuentra en el concepto de “ventanas de oportunidad”. Según Shumpeter (1939), la evolución tecnológica no es un proceso lineal, sino que viene dado por sucesivas revoluciones tecnológicas, e.g: La “Revolución industrial” (desde 1771), la “Era del vapor y ferrocarriles” (desde 1829), la “Era del acero y la electricidad” (desde 1875), la “Era del petróleo y los automóviles” (desde 1908) y finalmente, la actual “Era de la información y las telecomunicaciones” (desde 1971) (para más detalles de esta última revolución tecnológica, ver Perez (2007)). Cada una de estas revoluciones comienza con la introducción de  algún invento o técnica nueva dentro del esquema de producción. En un comienzo este elemento nuevo es resistido por la mayor parte de los agentes productivos, pues estos están imbuidos en los paradigmas del ciclo tecnológico anterior. Una vez superada esta resistencia, el nuevo conjunto de tecnologías gana terreno hasta volverse dominante. Finamente, el potencial de innovación de dichas tecnologías se comienza a agotar, entonces es el momento de que una nueva revolución tecnología haga su aparición.

Cuando un ciclo tecnológico está en su apogeo, es difícil para un país con bajo nivel tecnológico mejorar su posición en el concierto internacional. Todas las iniciativas productivas que envuelvan el uso de dichas tecnologías se verán negativamente afectadas por dicho retraso. Los países más desarrollados lo aventajarán en experiencia, control del mercado, infraestructura instalada, capacitación de los recursos humanos, etc. Es en las primeras etapas de una revolución tecnológica donde los países compradores de tecnología tienen la chance de mejorar su posición. En el cambio de ciclo tecnológico, se crea una “ventana de oportunidad”, donde su desventaja con respecto a los países desarrollados se ve disminuida. De cierto modo, todos los países, incluidos los desarrollados, tienen que adaptarse a los nuevos paradigmas, capacitar a su fuerza productiva, instalar infraestructura, etc.

Con estos antecedentes podemos explicar en buena parte la diferencia entre los casos de Taiwán y Chile. El primero aprovechó la ventana de oportunidad creada por la revolución tecnológica de la “Era de la información”, mientras que Chile seguía un esquema de país exportador de materias primas.

Es importante destacar el papel de las “ciencias puras” en las ventanas de oportunidad. El cambio de ciclo tecnológico, como hemos mencionado anteriormente, deja obsoletos los conocimientos técnicos y los métodos productivos del ciclo anterior, o sea, la “ciencia aplicada”. Si, en nuestra política científica y tecnológica, consideramos inversiones solamente para este tipo de ciencia, estaremos debilitados en el momento de la transición de paradigma tecnológico. Sin embargo, las ciencias puras no caducan (o lo hacen en menor grado), y este tipo de conocimiento sigue otorgando ventajas a los países que los poseen.

 Otro aspecto importante de las ventanas de oportunidad es el papel jugado por el capital financiero.  En la primera etapa de un ciclo tecnológico, la inversión en la nueva tecnología es generalmente una apuesta arriesgada y con resultados inciertos. Luego, son necesarios agentes financieros que estén dispuestos a asumir estos riesgos costeando iniciativas productivas innovadoras. Creemos que en el  caso Chileno, este rol debe ser necesariamente asumido por el Estado, al no contar con agentes privados con dichas características. En Chile, el perfil de nuestros empresarios se identifica con la ganancia inmediata propia de economías extractivistas, una inversión de largo plazo como la ciencia y tecnología sería impensable para este tipo de agentes económicos. Al mismo tiempo, incluso si los hubiera, la decisión estratégica de inversión en el desarrollo tecnológico y científico no puede recaer en empresarios privados sin que con ello se comprometa un proyecto de país que represente un interés público amplio y de grandes mayorías.

Si bien el modelo de desarrollo de ciencia y tecnología de Estados Unidos en la actualidad es bastante descentralizado, continúa en gran medida siendo empujado por el Complejo-Militar-Tecnológico, más de la mitad del presupuesto americano para C&T se destina a defensa. Sin embargo, en su origen fue extremamente centralizado y planificado desde el Estado, teniendo como paradigma el Proyecto Manhattan que culminó con la construcción de la Bomba Atómica. Este modelo sirvió de inspiración a varios países, como Francia e incluso Brasil, que concibieron el desarrollo tecnológico como un componente estratégico de sus políticas de Defensa.

Precisamente, es este último país el que hemos escogido para detenernos en su trayectoria y rescatar algunas lecciones que sean útiles para el debate que actualmente se realiza en Chile. Brasil se ha convertido recientemente en la sexta economía del globo y su posición semi-periférica ha llamado la atención del mundo en el último tiempo. No creemos que Brasil pueda ser un modelo para Chile, sus dimensiones continentales abren una brecha que hace difícil tomarlo como un ejemplo factible de replicar, además es un país que no ha superado el sub-desarrollo ni su dependencia, sin embargo posee un proyecto de superación de la misma con bastantes bemoles. No obstante, en ese camino, ha sido capaz de elaborar diversas políticas que no dejan de ser interesantes para un país como el nuestro, pues su apuesta ha sido bastante heterodoxa en relación al consenso de Washington, a diferencia de nuestro país, y ha sido capaz de levantar una política de ciencia y tecnología, así como una institucionalidad académica y científica que se han vuelto referencias para el continente (Mourão, 2011).

La Institucionalidad Académica y Científica Brasileña

El proceso de colonización portugués no se caracterizó por el estímulo académico, cuando Brasil declaró su independencia no existía ninguna institución de educación superior comparable a las que dejó la colonización española (ej. Universidad de San Marcos). La institucionalidad universitaria brasileña es reciente, pese a ello sus universidades públicas se han encumbrado entre las mejores del continente. La Universidade de São Paulo, que disputa con la UNAM la posición de la mejor universidad latinoamericana, fue fundada en 1934; la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), considerada la segunda mejor universidad de Brasil, fue creada apenas en la década del ’60.

Otras universidades públicas de carácter federal también marcan presencia sistemática en los rankings internacionales, la UFRJ, UFMG, UFRGS, UnB. Todas ellas universidades públicas y gratuitas. En este punto, un contraste necesario a realizar con nuestra realidad es que la Universidad Pública ha encontrado en Brasil un espacio propicio para su desarrollo y consolidación. Quizás lo que más marca una diferencia con Chile es el dispar tratamiento que estas instituciones recibieron durante las respectivas dictaduras militares. Mientras en Chile la orientación neoliberal del proyecto refundacional de los militares mermó y cercenó las universidades públicas, fomentando lógicas privatistas y mercantiles; en Brasil, el carácter nacionalista de su dictadura llevó a que los militares otorgaran a las universidades dependientes del Estado un papel estratégico en su proyecto de desarrollo.

Ya en democracia, varios fueron los esfuerzos tendientes a profesionalizar y asegurar niveles elevados de calidad en el ámbito universitario. Probablemente el más destacado sea la opción pública por formar prioritariamente a sus cuadros académicos dentro del propio país. De esta manera, la mayor parte de los Masters y Doctores de Brasil son formados por sus propias universidades, dejando la formación plena en el exterior apenas para ámbitos de conocimiento insuficientemente desarrollados en su territorio. Además, todos los cargos y roles en las universidades públicas son definidos mediante concursos públicos, incluso los profesores substitutos. Una vez aprobados en ellos, todos los funcionarios, incluyendo los profesores, inician una carrera funcionaria que combina criterios de antigüedad y productividad con estabilidad laboral.

Chile en los últimos años ha realizado un esfuerzo notable de “formación de Capital Humano Avanzado” enviando como nunca antes a un gran número de investigadores chilenos a realizar estudios de post-grados en los países centrales (despreciando a las academias de la periferia). Hoy la pregunta es qué hacer con el retorno masivo de doctores a un medio académico y universitario poco desarrollado y precario. A nuestro juicio, sería un buen momento para aprovechar esta oportunidad no sólo para fortalecer el Sistema Nacional de Educación Superior, sino que particularmente para iniciar la apuesta de conformación de un sistema de post-grado local que permita la valorización de los nuevos cuadros científicos que retornan y de la naciente red de post-grados existente en Chile. Esto no quiere decir que debamos cerrar nuestras fronteras académicas, Brasil, por ejemplo, continúa enviando doctorantes a realizar estudios plenos en el extranjero en áreas estratégicas o no contempladas por su sistema nacional, priorizando la realización de estadías parciales de sus post-graduantes.

Ahora bien, la decisión anteriormente descrita de formar a sus doctores en casa no hubiese sido posible sin la generación de un sistema de becas de amplio alcance. En la actualidad, todos los programas de post-grado reconocidos por las agencias gubernamentales reciben una cantidad determinada de becas dependiendo de su evaluación en el organismo público competente (CAPES) y realizadas por un comité de especialistas representantes de los investigadores. Además de las becas otorgadas por el gobierno federal (CAPES y CNPq), los gobiernos estaduales también entregan un cierto número de becas a los programas de posgrado. Esto permite que la mayor parte de los estudiantes de post-grado puedan dedicarse exclusivamente al desarrollo de sus tesis, lo que también se facilita por la ausencia de aranceles en las universidades públicas. Es más, en el áreas de las Ciencias Sociales, incluso las privadas no cobran a sus alumnos por realizar algunos de sus cursos de post-grado, lo que en buena parte se explica, porque en Brasil para que una Universidad sea reconocida por el Estado como tal necesita poseer programas de post-grado registrados en diferentes ámbitos del conocimiento y porque a estas alturas ya se encuentra incorporada la idea en el sistema de que la realización de un post-grado, más que una ganancia de recursos personales, es una forma de desarrollo nacional, haciendo innecesaria ese tipo de vigilancia.

Fuera de lo ya mencionado, existen las “becas sándwiches” para fomentar el intercambio académico internacional. Con esta beca, el postgraduante matriculado en Brasil realiza una estadía de entre 4 y 12 meses en un programa fuera del país. También, para atraer a estudiantes latinoamericanos y africanos, existen las becas de cooperación regional PEC-PG[4] que financian la estadía de estos profesionales. Vale notar que todas estas becas no exigen ningún tipo de retribución laboral dentro del país, siendo demandado sólo que la tesis sea defendida, pues se parte del supuesto que ella es un aporte compensatorio suficiente para el desarrollo del conocimiento en el país.

A pesar de la existencia de este sistema de becas, la gran cantidad de programas de post-grado existentes en el país exige también la presencia de un sistema de evaluación que permita distribuir las mismas, así como otros recursos públicos, con criterios normalizados. El sistema de notas CAPES[5] que evalúa periódicamente los programas de post-grado se alimenta de una serie de recursos que permiten medir la producción de los diferentes cursos. De entre ellos los que más destacan son: la plataforma lattes[6], base de datos que registra a todos los investigadores de Brasil y que padroniza sus curriculums, y la nota qualis[7] para publicaciones académicas, sistema de evaluación de la producción de revistas académicas y libros. Lo curioso de este último instrumento es que cada artículo de un profesor o estudiante de post-grado recibe una nota, no por la calidad del escrito, sino más bien, por las características de la revista en la que publicó (periodicidad, inserción internacional, exogamia, indexación, etc.). Vale consignar que estas notas son otorgadas por comisiones constituidas por miembros de la comunidad científica en cada área que es evaluada.

Todos estos factores han contribuido también a la formación de un mercado editorial profuso. Las revistas científicas brasileñas han alcanzado un nivel bastante elevado en el concierto latinoamericano, lo que se ha reflejado en un aporte fundamental para el desarrollo del proyecto Scielo. Tanto las publicaciones consolidadas con las revistas que están emergiendo pueden acceder a financiamiento de apoyo diferenciados tanto en las agencias federales como en las estaduales, lo que ha permitido fortalecer una política de acceso abierto a las publicaciones que contrasta con la tendencia global a la privatización del conocimiento.

Por otro lado, Brasil posee un amplio sistema de becas de post-doctorado, como una forma de darle continuidad a la carrera científica de los investigadores recién doctorados. Éste se ha entendido, en la práctica, como la transición natural entre el doctorado y el trabajo académico. Asignando un salario similar al de un profesor de universidad pública en comienzo de carrera, esta instancia se ha transformado en la mejor opción para que un joven Doctor aguarde la realización de un concurso público que coincida con su perfil, pues generalmente el post-doctorado contempla una carga docente, compatible con  la investigación.  De esta manera, una vez terminado el post-doctorado, el investigador cuenta con experiencia académica que muchas veces es gravitante  a la hora de obtener un puesto en una universidad o centro de investigación.

En el ámbito de la investigación, existen diversas fuentes de financiamiento público para la pesquisa científica. El Ministerio de Educación posee la agencia de Coordinación del Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (CAPES), orientada a la formación de Capital Humano en términos generales. Mientras que el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación administra el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), destinado a programas de excelencia y estratégicos. Los recursos se distribuyen tanto por la calidad de los proyectos como por la trayectoria productiva de los investigadores, carrera que puede comenzar tempranamente con las “becas de iniciación científica” otorgadas a alumnos destacados de pre-grado asociados a núcleos de investigación registrados en las agencias de fomento públicas.educacion

También en lo referente a la academia, cabe destacar la relevancia que ha tenido la sociedad civil en la creación y gestión de algunos de los más importantes centros de investigación brasileños. Es el caso del Centro Brasileiro de  Pesquisas Físicas (CBPF). Este fue fundado en 1949 como una sociedad civil y entre cuyos miembros se contaban científicos, políticos, militares, empresarios, etc. El CBPF, desde  su creación, ha sido pionero en el desarrollo de la ciencia en Brasil. Fue responsable de la creación del primer programa de post-grado en física en el país y su historia  está relacionada con  la creación del Consejo  Nacional de desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), del Laboratorio Nacional de Computación Científica (LNCC), del Laboratorio  Nacional  de Luz Sincrotrón (LNLS) y del Centro Latinoamericano de Física (CLAF). También en el CBPF se funda otro centro de investigación de  excelencia, el Instituto  Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).  El IMPA fue fundado en 1952 como la primera unidad de investigación creada por el Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). A pesar de sus  comienzos humildes (inicialmente estaba confinado a una oficina del edificio del CBPF), es, hoy en día, uno de los más importantes centros de investigación  matemática en Latinoamérica. El órgano máximo del IMPA es su consejo de administración que está constituido por diez miembros, de los cuales 3 son representantes de los ministerios, 2 son representantes de sociedades científicas, 2 son investigadores de la propia institución, 2 son profesionales del área científica externos a la institución y, finalmente, hay un representante de la Federación de Industrias de Rio de Janeiro (FIRJAN).  Analizando la constitución del consejo,  constatamos una  amplia representación del mundo científico (6 miembros), mayor aún que la del estado  (3 miembros) y el sector privado (1 miembro).

Hasta ahora hemos comunicado elementos de la institucionalidad Brasileña que conciernen principalmente a la investigación y a la academia. En lo que respecta a  innovación y tecnología, destacamos los llamados fundos setoriais (fondos sectoriales), bajo responsabilidad de la Agencia Brasileña de Innovación, la FINEP.   Esta iniciativa se remonta a 1997, con la  aprobación de una ley que establece que una parte de los royalties de la extracción del petróleo y del gas deben ser destinados a financiar la investigación científica y el desarrollo tecnológico  aplicados a la industria del petróleo. Los recurso deberían ser administrados por un comité con presencia del estado, de los actores privados y de la comunidad científica. Nacía así el “Plan nacional de Ciencia  y  Tecnología del sector Petróleo y gas natural (CT-Petro)”. Una de las directrices del CT-Petro fue estimular la cooperación entre los centros de investigación, universidades y empresas. Estas últimas se encuentran impedidas de reducir sus niveles habituales de inversión en investigación, mediante la substitución por los del CT-Petro.  Los instrumentos que el plan considera para lograr sus objetivos son, la calificación de recursos humanos, el apoyo a la investigación y el incentivo a la innovación.  El éxito de esta iniciativa puede ser calificado de extraordinario. En los últimos años Brasil se transformó en un líder en la exploración en aguas profundas y alcanzó la ansiada autosuficiencia en la producción de petróleo.

Los buenos resultados hicieron del CT-Petro un modelo a replicar en otras áreas. Se crearon entonces los mencionados fundos setoriais. En este momento existen 16 fundos setoriais, abarcando áreas como: Agronomía, Biotecnología, Energía, Tecnología Espacial, Hidrología, Informática, Minería, Salud, etc. La creación de un fundo se estructura mediante la definición de un mecanismo de financiamiento, el nombramiento de un comité gestor con presencia del estado y de la sociedad, la creación de un aparato  legal e institucional para el funcionamiento del programa y la estructuración de las normas y área de acción programa. En suma, los fundos setoriais ofrecen una herramienta institucional que ofrece financiamiento estable y estimula la cooperación entre el estado, el sector privado y la comunidad científica.

De manera resumida, existe una tríada institucional en la política de C&T brasileña basada en FINEP-CNPq-CAPES que permite la especialización funcional de cada una de las agencias, fomentando dimensiones diferentes del desarrollo científico y tecnológico local.

Conclusiones

La experiencia Brasileña, con sus luces y sombras, ofrece elementos que parecen ser dignos de ser tomados en consideración por Chile. Ningún país puede (intentar) superar su condición estructural de dependencia sin desarrollar una política de Ciencia y tecnología, así como una institucionalidad universitaria pública amplia, inclusiva, ambiciosa y de largo plazo.

La refundación de nuestro sistema universitario, en ese sentido, se muestra como una de las tareas urgentes. Afortunadamente las recientes movilizaciones del mundo educacional, notablemente de los estudiantes, ha permitido cuestionar desde la raíz el actual sistema educacional, particularmente el universitario, por su sometimiento a criterios mercantiles, situación que ha profundizado nuestra subordinación en términos de producción de conocimiento.

 Ahora bien, la reciente propuesta proveniente del Ministerio de Economía de trasladar CONICYT, nuestra principal agencia de desarrollo científico, a la cartera de economía muestra que si bien los estudiantes han abierto una brecha para enmendar el camino, los sectores neoliberales no perderán oportunidad para profundizar aún más las lógicas mercantiles que han guiado nuestra institucionalidad científica y educacional. Aunque es probable que esta propuesta finalmente no se implemente, en gran medida gracias a la presión del mundo científico, es un buen indicio de cómo se puede retroceder fácilmente en materia científica. El argumento esgrimido por parte del Ministerio para trasladar CONICYT fue la necesidad de que esta institución acompañe más de cerca el desarrollo productivo de nuestra economía. ¿Es esto negativo en sí mismo? Cuando se trata de una economía reprimarizada y compradora de tecnología, no puede sino significar amplificar nuestra subordinación en el concierto internacional. Al mismo tiempo, amenaza nuestra precaria institucionalidad científica ya existente, pues le quitaría autonomía a la comunidad para determinar sus propios criterios de desarrollo, perjudicando también a las disciplinas más alejadas de nuestro quehacer productivo (Cobre, Frutas y Madera), con el agravante de que criterios cortoplacistas típicos del mercado colonicen aún más áreas que deben ser guiadas por orientaciones de largo plazo.

El ejemplo brasileño muestra que es posible combinar una institucionalidad científica con altos grados de autonomía académica, definición de criterios estratégicos públicos y apoyo al desarrollo productivo en un país periférico. De hecho, como iniciativa a mediano plazo, la aplicación de un esquema de fondos sectoriales en áreas estratégicas, como la industria del cobre, Litio o energía satisfaría la inquietud del Ministerio sin comprometer los recursos y las institucionalidades ya existentes en el área científica. Sin embargo, la aplicación de un esquema similar al de los fondos sectoriales no puede ir en desmedro del financiamiento de las ciencias puras o de las menos “aplicadas”. La definición por parte del Estado de áreas estratégicas no puede significar la eliminación o la disminución de recursos para otras áreas. Lo lógico sería la creación de agencias específicas encargadas de fomentar la investigación en áreas definidas como más sensibles para los intereses nacionales, no necesariamente el reemplazo o el traslado de las ya existentes.

La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para que coordine esta refundación institucional surge una propuesta también urgente, siendo recogida incluso por la Comisión Asesora Presidencial para el estudio de la Institucionalidad de la Ciencia, Tecnología e Innovación (2013), aunque por razones equivocadas. Para está Comisión el gran problema de la institucionalidad científica chilena es la ausencia de una adecuada coordinación de los diferentes esfuerzos dirigidos a generar ciencia, tecnología e innovación. Tal como hemos afirmado en este documento, el principal problema de Chile en esta materia es que carece de una política estratégica de Ciencia y Tecnología, obviamente la centralización de esfuerzos que un Ministerio podría ofrecer mejoraría eventualmente la coordinación del sistema, pero: ¿Coordinación en función de cuáles objetivos? Esa es la principal materia pendiente.

La propia Comisión se aproxima tangencialmente a esta problemática cuando propone la conformación de un Consejo Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación con presencia del Mundo Público y Mundo Privado. Ahora bien, ¿qué entienden por mundo público y mundo privado? Por el tenor del informe, es claro que con público se refieren al Estado y con privado restrictamente hacen referencia al mundo empresarial, pero ¿dónde queda la sociedad civil? Y más importante aún, ¿dónde quedan las sociedades científicas? La definición de una política de ciencia y tecnología para el desarrollo del país es una tarea de la sociedad en su conjunto, no únicamente de los representantes del Estado y de los empresarios y en la que le cabe un papel protagónico al mundo científico. La elaboración de esta debe ser una tarea tripartita entre: el Estado, la sociedad civil y el mundo académico. Cabiéndole un papel preponderante a este último, en países como Francia el equivalente de Consejo cuenta con un 2/3 de sus miembros adscritos a las Sociedades Científicas, las que eligen sus representantes de manera amplia y democrática entre los científicos y académicos registrados en el país y por un período que supera el mandato presidencial para no comprometer las definiciones a largo plazo que le caben.

Corresponde al mundo universitario y a la sociedad en general iniciar un amplio debate sobre el modelo de desarrollo al que aspiramos. El papel de la Universidad en ese marco no es secundario, ella debería ser la conciencia crítica de la nación. El desarrollo del país no es un tópico exclusivo de alguna disciplina, le concierne a toda la comunidad universitaria y si ésta no asume como propio este debate, estaremos condenados a seguir perpetuando nuestra actual posición en la división internacional de producción de conocimiento en la que nos cabe un papel subordinado.

Referencias

Amsden, Alice. (2001). The Rise of “The Rest”: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies. Oxford: Oxford University Press.

Caputo, Orlando, Radrigán, Juan, & Galarce, Graciela. (2003). Manifiesto del cobre: el cobre es chileno y debe ser explotado en beneficio de los chilenos. Chiapas(15).

Comisión Asesora Presindencial Institucionalidad Ciencia, Tecnología e Innovación. (2013). Informe Final (pp. 1-18). Santiago.

Cortés, Alexis. (2012). La Reprimarización del Modelo de Desarrollo Chileno. Oikos (Rio de Janeiro), 11(1), 63-86.

Gunder Frank, André. (1973). Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Mourão, Victor. (2011). Variedades do Capitalismo, Sistemas de Inovação e a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Ponto de Vista(9), 1-35.


[1] Los autores agradecen los comentarios y observaciones de Rolando Rebolledo y Cristóbal Villalobos. Particularmente inestimables fueron los diálogos con el sociólogo Victor Mourão, quien precisamente ha hecho de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación en Brasil el objeto de su tesis doctoral. Aunque es claro, los posibles errores de este manuscrito son de exclusiva responsabilidad de los autores.

[2] Posdoctorante en Matemáticas en el Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) y becario CNPq .

[3] Doctorante en Sociología por Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP-UERJ) y becario CNPq.

Reflexiones e interrogantes en torno a la L.G.E. Por Gustavo Quintana M.

La alineación casi unánime de la Cámara de Diputados en la aprobación de la LGE, obliga a plantearse muchas interrogantes y reflexiones.

Esta ley ¿modifica sustancialmente el modelo neoliberal de educación aplicado por casi 30 años? ¿Asegura calidad y equidad?

La respuesta es no, pues prevalece la libertad de enseñanza por sobre la  educación pública  (ni siquiera se la menciona), se legitima el lucro y  se mantiene el artículo 2 de la Constitución (amarre de a LOCE).Todos estos elementos reafirman el carácter discriminatorio del sistema, un ingreso a la educación superior como privilegio sólo de los sectores de mayores ingresos (Casen 2000.) y la calidad reservada para una elite dentro de la elite ¿Qué calidad ni qué equidad puede asegurar el Estado cuando ha transferido a los padres los deberes y obligaciones que le competían? ¿Cómo pueden los padres ejercer el derecho de elegir el establecimiento de enseñanza para sus hijos (Articulo 8. ) si la inmensa mayoría de ellos no dispondrá jamás de los 30 a 60 millones de pesos por hijo, necesarios para asegurar que estos puedan financiar sus estudios, desde la parvularia hasta egresar de una universidad de calidad? ¿Qué calidad puede entregar un sistema que, después de casi 30 años, es responsable de que la Filosofía y la Historia se hayan convertido en forados en la conciencia de los chilenos, que las ciencias sean optativas en la Enseñanza media y que el retroceso en el manejo de la lengua materna afecte peligrosamente nuestra identidad cultural (sólo el 2% tiene un total manejo de ella y en un 80% de la población existe analfabetismo funcional, 30% de ellos son estudiantes universitarios)? ¿Qué utilidad para el desarrollo del país tiene el sistema, reafirmado por la LGE, si no forma los profesionales y científicos necesarios para este objetivo?

La opinión de la comunidad científica y estudios del MINEDUC y el BM (1998-1999)detectan insuficiencias e incongruencias graves, como destinar sólo 1/3 de los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación y la formación de investigadores, y desatender a las universidades del Consejo de Rectores (en particular las públicas) que desarrollan más del 90% de la investigación universitaria (entre el 75 % y el 80% del total de la investigación en Chile).

¿Cómo podemos avanzar eficientemente en el camino por superar el subdesarrollo si, como lo han detectado los organismos antes mencionados, el número de investigadores en ejercicio no alcanza ni a la mitad de los requeridos por el grado de desarrollo actual, el ritmo de formación de postgraduados está por debajo del de los principales países de América Latina (a años luz de países más pequeños, y con menos riquezas naturales y habitantes que Chile –Holanda, Suecia, Finlandia, etc.-) y si, además, el nivel de los técnicos y profesionales que se forman en Chile está por debajo de los estándares internacionales.

El fracaso de la educación ¿es sólo un problema de gestión y de incomprensión de un modelo educativo que correspondería mejor a los tiempos actuales? Si examinamos someramente cómo organiza un grupo relevante de países su educación (muestra de 40 países –de Latinoamérica y de la OMCD-) y las recomendaciones de la UNESCO para avanzar en la equidad, constatamos, con sorpresa para algunos, que el problema en realidad es un problema del modelo educacional.

UNESCO recomienda sistemas públicos de educación como única forma de asegurar el acceso a la educación de calidad a todos los niños y jóvenes. En un comunicado reciente plantea: “La educación pública o financiada con fondos públicos es la única que puede asegurar el derecho a una educación sin exclusiones, sin perjuicio que existan otras opciones para que los padres puedan ejercer el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos“; “Concebir la educación como un derecho y no como un mero servicio o una mercancía exige un rol garante del Estado para asegurar una educación obligatoria, gratuita y de calidad a todos los ciudadanos, pues los derechos no se compran ni se transan.

Los países de la OMCD, por su parte (BM 1999), financian en promedio un 76% de la educación superior y un 86% de la educación básica y media. Estos países estructuran la matrícula de la educación superior según las necesidades reales y los planes de desarrollo a mediano y largo plazo (culturales, artísticos, científicos, técnicos, y económicos) obteniendo una distribución piramidal de ella. Esto junto a un control riguroso por parte del Estado de la utilización de los recursos públicos (gastos, calidad y rendimiento) permite resultados óptimos y una educación de calidad a la que todos tienen acceso, siendo en muchos países gratuita.

¿Por qué países campeones de la globalización y pilares del desarrollo capitalista tienen una conducta estatista en educación? En primer lugar, tanto en estos países como en la mayor parte de América Latina la educación es un derecho fundamental y no una mercancía y sus habitantes lo defienden cada vez que este derecho es cuestionado. Además, entre el sistema público de educación y el desarrollo del capitalismo no aparecen, hasta ahora, antagonismos que impidan su cohabitación, y por el contrario, ofrece ventajas que un sistema como el chileno no podría proporcionar. A saber, un desarrollo cultural amplio (cuestión no desligada de un desarrollo económico creativo y con grados de independencia) y el acceso de todos los jóvenes a una educación de calidad, lo que permite un universo mayor para seleccionar talentos.

Cuba, que encabeza en Latinoamérica una educación de calidad para todos los jóvenes y niños, con un sistema político totalmente diferente, estructura su educación, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, en torno a un sistema público y gratuito.

¿Qué es lo que ha llevado a Chile a elegir un sistema neoliberal “fundamentalista” también en la educación y quiénes son los responsables –y beneficiarios- de su implantación y de su desarrollo? Chile no tiene plan de desarrollo nacional y ha confiado su crecimiento a los inversionistas privados chilenos y extranjeros. Dicho en términos muy simples, les ha entregado la explotación de la mayor parte de nuestras riquezas básicas y de los sectores más estratégicos de nuestra economía en condiciones extraordinariamente favorables para ellos, asegurando, además, mano de obra barata (nueva ley minera, modificación del código del trabajo, privatizaciones…), asumiendo    así    una posición de gran dependencia y muy vulnerable frente a las grandes crisis del sistema capitalista mundial. Las principales fuerzas políticas de Chile son fieles a un neoliberalismo ortodoxo (mercados auto-correctores, que serían distribuidores eficaces de los recursos, servidores del interés general…) y no previeron antes ni asumen hoy en día el fracaso de su política ni la profundidad de la crisis actual (financiera, energética y de alimentos). Consecuente con lo anterior, consideran suficiente el modelo educacional heredado de Pinochet y continúan impulsándolo, como queda en claro con la aprobación de la LGE, que constituye un parche más, donde lo que se necesita es un modelo nuevo, Entre quienes presionan por la mantención del modelo se encuentran además quienes en este largo período han desarrollado intereses personales y/o ideológicos.

¿Cuáles son los grados de responsabilidad? Desde luego, el fundamental lo tiene el gobierno de Pinochet y sus partidarios, que continúan defendiéndolo hoy en día desde la oposición. A partir de los DFL de 1981, y con el amarre que significó la LOCE, son sus creadores.

La Concertación por su parte ha actuado, a partir de 1990, como administrador eficaz del modelo neoliberal, al considerar que era sano y perfectible. En lo esencial, en este largo período su acción se ha traducido principalmente en el debilitamiento del sistema público y en la destrucción de la educación como bien social y motor en muchos aspectos del desarrollo del país . Un ejemplo dramático de la aplicación de esta política es el deterioro del Instituto Nacional, del que egresaban hace solo unos cinco años los mejores estudiantes de cada promoción. y que hoy pasa por una crisis profunda al haber sido asfixiado económicamente. Ninguna retórica puede graficar tan exactamente la catástrofe de la educación municipal como el derrumbe material del Liceo de Aplicación, otro de los otrora liceos “emblemáticos”.

En relación a la educación superior, el estado también ha priorizado la educación privada, y el progresivo respaldo a las nuevas universidades privadas se puede resumir en las siguientes etapas:

-Los DFL de 1981 y la autorización para la creación de nuevas universidades privadas;

-La permisividad del estado en el incremento de la matrícula y el aumento año a año de los aranceles por encima del crecimiento de los salarios, del IPC y del PIB (ECO-CONSULT). Este aumento de la matrícula ha sido de tal magnitud que ha llegado a invertir la pirámide normal de matrícula chilena (FONDECYT 1951151 y 1010850) en detrimento de los estudiantes y en beneficio de los propietarios de las universidades;

-La complicidad del estado en el deterioro en la calidad de los estudios universitarios al aprobar la ley de acreditación de la calidad (paradojas del lenguaje) que legitima las universidades,docentes, (pseudo universidades), al plantear como optativo el desarrollo de la investigación en ellas, única forma para que las nuevas “universidades” pudieran seguir ostentando el nombre de tales;

-La entrega directa de recursos a  estas universidades vía AFI (21% de sus estudiantes tienen AFI) y vía donaciones (a lo menos 50% de ellas con cargo al estado) que ha permitido, en los últimos 3 años, un aporte promedio anual de 3.500.millones de pesos contra sólo 1.300 millones que han recibido las universidades públicas, por el mismo concepto.

-La permisividad del estado al aceptar que estas universidades, creadas expresamente sin fines de lucro, se hayan transformado en negocios extraordinarios, como lo plantea la periodista M. O. Mönckeberg en sus libros “La privatización de las universidades“ y “El negocio de las universidades en Chile”. Allí se deja en claro que en torno a cada universidad privada se han formado verdaderos holdings para transferir a las empresas de ellos las ganancias de las universidades (todas de los mismos dueños).

Una veta interesante a investigar es el papel que juegan en estos holdings las inmobiliarias, tradicionales focos de corrupción en todos los países del mundo.

Los efectos del mercado en la educación superior (LOCE y LGE como reguladores) ha sido el quiebre del sistema universitario ,princi-palmente en dos grupos.

Por una parte el grupo de nuevas universidades privadas (30 a 35) , hijas legítimas del sistema neoliberal de educación cuya matrícula se aproxima al 50% del total  Este grupo, sin trayectoria universitaria conocida(salvo 1 o 2 ) han priorizado su acción en el autofinanciamiento con la particularidad que unas pocas entre ellas concentran además su acción  en objetivos ideológicos orientados a consolidar el sistema neoliberal y a preparar una elite de cuadros que controlen las posiciones de mayor influencia en la sociedad chilena. Estas universidades no son sino apéndices de grupos ideológicos muy cerrados (U. de los Andes y el Opus DeiU.Finis Terra y los legionarios de CristoU. Adolfo Ibañez y los intereses de un grupo de empresarios—Ibañez—-U. del  desarrollo y la  UDI) sin que este fenómeno este agotado pues se visualizan otros acuer-dos en la misma dirección (U. Diego Portales Expansiva)  encontrándonos en medio. de un proceso en la misma dirección  Salvo unas pocas ,principalmente las ya mencionadas, donde está presente una mayor calidad y donde la investigación  alcanza a un 4% de la investigación universitaria ,estas nuevas universidades se han limitado a ser “universidades docentes “ en las que priman las llamadas carreras profesionales de   “tiza y pizarrón” utilizan profesores a honorarios y aprovechan todos los subterfugios que la ley y la desregulación de este nuevo sistema les ofrecen para pasar del autofinanciamiento al  enriquecimiento.

El otro grupo lo constituyen las universidades del consejo de rectores (8 existentes ya en 1973 y 17 derivadas) más un  número muy reducido entre las nuevas universidades privadas (  U.Humanismo Cristiano, Arcis.)  que comparten algunos principios no mercantiles (el papel social de la universidad , universidad creadora de nuevo conocimiento , pluralista, la  necesidad de un sistema público de educación, el rechazo de las universidades docentes,…..) y donde las que pertenecen al Consejo de Rectores comparten además una experiencia, desde los años  40, de cohabitación y colaboración en torno a objetivos de interés nacional.

El estado ha actuado en relación a este grupo presionándo para  su privatización, política que es responsable  del fin de la  educación gratuita disminuyendo  abruptamente  los subsidios que recibían las ha obligado a transitar desde objetivos académicos y sociales hacia objetivos de autofinanciamiento  produciendo un deterioro importante a pesar de lo cual  constituyen aun, hoy en día ,el elemento más sano de la educación superior  y la única reserva cultural que cuenta el país  para enfrentar una crisis mayor . No hay que olvidar que si aun existe investigación en Chile es por que existe este grupo de universidades

Las crisis de las universidades de Valparaíso y Playa Ancha ,  son ejemplos claros  de esta orientación destructora  ,que está afectando ya a las universidades Públicas La universidad de Valparaíso ,superior en calidad a la inmensa mayoría de las nuevas universidades privadas y la Universidad de Playa Ancha  llamada a jugar un papel estratégico en la formación de los profesores ante la crisis que atraviesan, han recibido más ofertas de compra por parte de universidades privadas   que compromisos claros y explícitos por parte del estado

¿Hacia donde deriva este sistema?

El lucro y el nivel de enriquecimiento inusitado que alcanzan   las nuevas universidades privadas ilustra una de las razones de la defensa encarnizada del sistema y de la   LGE (sin modificaciones),por parte de la oposición .

El caso del  difunto señor Rocha y su  universidad Sto Tomas que al morir valía 80 millones de dólares  y había interesado a financistas de la talla de  Jurasek y el grupo Condor(16% de la universidad) , junto con su fortuna personal  que alcanzaba los 200 millones de dólares. muestra  las posibilidades de enriquecimiento que ofrece la educación  privada a comerciates audaces ,sin estudios relevantes ni trayectoria académica

La participación de ex ministros de  educación y hasta de la actual ministra en  corporaciones de sostenedores  , el cambalache de votos de acreditación por  posiciones y prebendas dentro de las universidades en vias de acreditar (U. De la Americas )  indi-can que la podredumbre se instala ya  hasta entre los llamados a controlarla..

La reinstalación  un sistema público de educación ,con recursos comparables con los que dispone la educación privada , que permita calidad y gratuidad se hace indispensable

Si esto no fuera posible , la corrupción continuaría extendiéndose  y el hecho, casi anecdótico, de que un connotado integrante de una de las mayores bandas de narcotraficantes de Chile sea también un sostenedor, no será un hecho aislado.

Editorial (CdE nº13)

En alrededor de 40 días más enfrentaremos otro de tantos dilemas que nos concierne de manera especial a las Universidades y a la Educación Terciaria, a saber, una Reforma a la Educación Superior. Aunque la vida universitaria demanda a gritos cambios en su forma de funcionamiento, gobierno y financiamiento que apunten a elevar la democratización de estas casas de estudio, esta reforma no guarda ninguna relación con esto, muy por el contrario, se trata de seguir los lineamientos dictados por la OCDE y el Banco Mundial en cuanto a sincronizar el quehacer universitario con el modelo económico vigente, vale decir, la Economía Neoliberal. Es así como, hace pocas semanas atrás, el jefe de la Educación Superior del MINEDUC, Juan José Ugarte, anunció la creación de dos entidades. Una que agrupe a las 177 instituciones que imparten educación terciaria, y otra que reúna las 60 universidades existentes en el país, 25 tradicionales y 35 privadas. Por supuesto que este proyecto no fue comunicado a las instituciones afectadas, y mucho menos discutido con la participación de éstas. Las reacciones no se hicieron esperar, y es así como el presidente Sebastián Piñera, al acudir a la entrega de la medalla Patrono de la Universidad de Chile, recibió la reprobación de parte de los estudiantes y del mismo rector, quién calificó de “poco sensatas y poco prudentes las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación”. A su vez, en su discurso, el rector Víctor Pérez rechazó de manera categórica la intención de homologar las universidades tradicionales con las privadas, indicando que las medidas bien podrían terminar por “profundizar la privatización y mercantilización del sistema universitario”.

Otra de las medidas de carácter manifiestamente neoliberal es la creación de un sistema único de créditos y becas, que estaría destinado a favorecer la demanda, es decir, los estudiantes recibirían el aporte económico para luego decidir en qué institución estudiar. Con esto, el Estado se desentendería de la regulación de la educación y de su financiamiento, dejando a las universidades la responsabilidad de adecuar su funcionamiento con el propósito de captar estos recursos económicos de manos de los potenciales estudiantes. Como consecuencia natural, el mercado estaría determinando el quehacer universitario, llegando a ser cada vez más funcional al modelo económico neoliberal.

En todo caso, el Presidente Piñera desmintió que la eventual reforma universitaria tuviera la intención de disminuir los recursos para las universidades públicas. El punto es que cada vez se hacen menos creíbles las promesas del presidente. Se han cumplido 100 días del gobierno de la derecha y las promesas de menor cesantía y de mayor crecimiento no sólo no se han cumplido sino que van en la trayectoria opuesta. A la cesantía estructural del sistema neoliberal es necesario agregar la cesantía política causada por los despidos masivos en el aparato del Estado, perpetrada por los ministros-empresarios del gobierno. Contra su promesa de campaña, entre otras, Pinera ha avalado el despido de miles de trabajadores del Estado, siendo más fuerte que el cumplimiento de su palabra, el dogma neoliberal de empequeñecer el Estado hasta su mínima expresión. Por otra parte, el último informe del Banco Central ha corregido a la baja la estimación de crecimiento de la economía chilena para este año 2010. Es necesario recordar que tanto el cumplimiento del programa de Piñera como el financiamiento de la reconstrucción se financiarán con cargo a sólidos crecimientos del PIB, por ello podemos esperar que muchas otras promesas no se cumplan y suframos durante cuatro años de este estilo de gobernar que, en estos poco más de 100 días de gobierno, hemos ¡do conociendo.

Por otra parte, Piñera ha desplegado un gran número de acciones conducentes a definirse como un político de centro. Para ello no escatima medios, juega a usar el lenguaje de la Concertación y retoma sus banderas, lo que incluso le trae conflictos con la UDI, el sector más duro de la alianza. Exhibe un populismo como el de Lavín, yéndose a dormir con los damnificados por el terremoto y las lluvias, y viendo partidos de fútbol públicamente en diversas ciudades del país. No obstante, hay una frontera que no pasa, la que va del dicho al hecho. Cuando las medidas propuestas llegan a la fase de su concreción, se diluyen en el tiempo y los montos, como está ocurriendo con los jubilados y la eliminación de la parte de sus sueldos que va a FONASA. Los prometidos seis meses de postnatal, que después de tantos anuncios contradictorios está quedando poco menos que en nada o casi peor que antes. Como ya hemos señalado, también los despidos inconsiderados de los empleados públicos, negados al principio por la propia presidencia, que ahora se han desatado. A esto se agrega un desorbitado afán por la privatización que en estos momentos amenaza a la salud.

Desde un comienzo Sebastián Piñera ha tratado de cortar el cordón umbilical que lo une a la dictadura. Comenzó declarando que había votado por el NO en el Plebiscito, y ha continuado haciendo gestos como los mencionados. La designación del ministerio mostró claramente este afán por demarcarse de la línea política dura de la UDI, aún plenamente pinochetista. Luego, vino la alocución sorpresiva del embajador de Argentina y el de su hermano José Pinera, mostrando que este cordón umbilical sigue intacto, y que el monstruo no ha muerto. Tan sólo dormita con un ojo semi abierto dispuesto a saltar en el momento menos pensado.

Esta mirada hacia el centro, más que a un coqueteo, obedece a una necesidad y a un peligro. Piñera quebró la fórmula consagrada que les permitía a los poderes fácticos, en especial a los empresariales, mantenerse al margen de los vaivenes políticos, eludiendo la contingencia, sacando las castañas con la mano de la Concertación. Ahora se han hecho cargo de todo, abarcando la totalidad de las esferas del poder. Pero, políticamente, quedaron más expuestos. El triunfo electoral fue apenas el desplazamiento de un puñado de electores. Las encuestas demuestran que no ha ido más allá la adhesión a este gobierno y que la desaprobación hacia éste aumenta. El temor que los urge y apura es que sólo son cuatro años, y que estos cuatro años pasen con mucha pena para el pueblo de Chile y sin gloria para el gobierno. Y entonces, como dijo Longueira, las pretensiones políticas de la derecha se amaguen por largo tiempo.