La Educación Técnica de Nivel Superior: el paraíso del lucro. Ricardo López E.

La actual estructura de la Educación Superior en Chile comprende un sector público conformado por la Universidades Públicas (estatales y privadas que pertenecen al CRUCH) y un sector privado que hoy totaliza 193 instituciones, de las cuales 142 corresponden a Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

Este conjunto de 142 CFT e IP’s constituyen la Educación Técnica de Nivel Superior.

En su inmensa mayoría está conformado por inversionistas privados (salvo unos pocos CFT e IP formados por Universidades del sector tradicional) y opera en un mercado absolutamente desregulado, pues, a diferencia de las Universidades, no tiene prohibición legal de generar lucro.

Como todos los mercados nacionales, tiene características oligopólicas y una tendencia a la concentración en aumento. De hecho existen cuatro instituciones con estructura nacional que concentran la mayor parte de la matrícula de este sector: INACAP, DUOC, AIEP y Santo Tomás.

Sólo INACAP y el DUOC concentran 171.000 alumnos repartidos en 38 sedes.

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La Educación Técnica de Nivel Superior detenta (en cifras de 2012, Mineduc) una matrícula de 406.401 alumnos lo que representa un 38% del total de alumnos de la Educación Superior en Chile. Es de suponer que este porcentaje irá en aumento debido a que el último año igualó la matrícula de primer año con el sistema universitario (considerando universidades públicas y privadas).

Laboran en este sector un total de 70.248 docentes, que en un porcentaje mayor al 85% son docentes-hora.

La mayor oferta académica consiste en carreras técnicas con duración de cuatro semestres y otorgan el título profesional de Técnico de Nivel Superior, y la mayor parte de ellas no califica para que el titulado pueda optar a la bonificación por título profesional que se otorga a los trabajadores fiscales.

Los alumnos que optan por estudiar en estas instituciones son aquellos que no dieron PSU o cuyo puntaje no les permite postular a carreras universitarias, y provienen de sectores vulnerados social y económicamente y de  liceos técnico-profesionales.

Existe, a la vez, un sector importante de jóvenes trabajadores con enseñanza media completa que optan por estos institutos para intentar lograr una mejora en su posición laboral actual. Estos jóvenes financian de su bolsillo sus estudios y los realizan en horario vespertino.

En cuanto al nivel de deserción, en primer año, bordea el 36% de la matrícula.

Del total de 142 CFT e IP’s que operan, sólo 17 de ellos se encuentran acreditados.

El Estado  se ha desentendido absolutamente de la gestión docente en este sector, desde que fuera “donado”, a precio vil, el INACAP a la SOFOFA, toda la gestión docente de este sector es realizada por empresarios privados que han convertido esta función esencial para el desarrollo del país en un muy lucrativo negocio.

La supervisión y fiscalización del sector recae en la División de Educación Superior del Mineduc. Pero, como hemos visto, si esta División no alcanza ha realizar una gestión fiscalizadora medianamente suficiente en las Universidades, menos lo hace en la Educación Técnica de Nivel Superior.

Lo único que el Estado hace en este sector es financiar (Becas Milenio) el lucrativo negocio de privados, cuestión que es consistente con la visión neoliberal de la “sociedad docente”.

La infraestructura de estas instituciones (salvo honrosas excepciones) es inadecuada e insuficiente para desarrollar una formación como la de que alardean en sus mensajes publicitarios. La mayor rentabilidad se alcanza en formación de tiza y pizarrón, con docentes muy mal remunerados. Por ello sus laboratorios, en la mayoría de ellas, son inexistentes o francamente obsoletos.

Por otra parte el “tipo” de profesional que aspiran a formar está sesgado por los intereses de la clase empresarial. Así es como en sus “Visiones” y “Misiones” estas instituciones plantean valores como “competitividad”, “productividad”, “emprendimiento”, etc. Nada hay, como propósito en la formación, en relación con valores humanistas, de solidaridad, de compromiso con la sociedad, entre otros. De hecho, en la mayoría de estas instituciones no se permite la formación de federaciones ni centros estudiantiles, ni menos sindicatos de docentes y personal de apoyo.

El propósito de esta introducción es dar a conocer, de manera inicial, una realidad de la educación superior en Chile que ha estado al margen de la discusión nacional permitiendo la conformación de un verdadero paraíso del lucro, que está causando un daño irreversible en la formación de cientos de miles de jóvenes de nuestro país y, al mismo tiempo, hipotecando un futuro desarrollo nacional que requiere del aporte de trabajadores conscientes, comprometidos y formados en sus especialidades con estándares de calidad. Efectivamente, los estudiantes y docentes de este sector no han formulado petitorios, no están integrados en las movilizaciones estudiantiles y la sociedad en su conjunto no reconoce aquí un problema.

En toda la problemática de la Educación en Chile son los grandes olvidados.

Efectivamente, en los últimos años hemos discutido de enseñanza pre-escolar, escolar y universitaria, pero no de la educación técnica, tanto de nivel medio como superior.

Entonces, el llamado es a cuestionarse esta realidad e incorporar en todo análisis sobre la Educación a este importante sector. Por ejemplo, la oposición que camina a conformar un referente llamado Nueva Mayoría, haciendo eco, y apoyando uno de los principales intereses del movimiento estudiantil, analiza la necesidad de una reforma tributaria para lograr una educación universalmente gratuita y de calidad, sin embargo, a diferencia del sistema universitario- que posee una estructura pública- en la educación técnica de nivel superior no existe una estructura pública-estatal que fortalecer.

¿Puede el Estado financiar educación técnica gratuita y de calidad, en este sector, cuando todos los gestores actuales son negocios privados?

¿Al incorporar la variable educación técnica, el nivel de reforma tributaria es el mismo?

¿Debemos seguir permitiendo este muy neoliberal “laissez faire” en la educación técnica?

¿Qué tipo de estructura nacional queremos para la educación técnica?

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Hasta hoy, la educación técnica de nivel superior fue vista desde una mirada mercadista: el primer programa de gobierno de Bachelet planteaba la necesidad de “incorporarlos plenamente a este esquema de financiamiento, exigiéndole acreditación y vinculando sus planes de estudio a un sistema nacional de acreditación y certificación de competencias”.

Era una mirada con lógica de mercado: al hablar de financiamiento se evita considerar a la educación como un derecho social. Pero, tan grave como lo anterior es el planteamiento de acreditación y certificación de competencias. La “competencia” debe ser entendida, necesariamente, en función de intereses específicos. ¿Entonces competencias para qué y para quiénes?

¿Por qué la mayoría de los programas de formación técnica no incorpora ni considera elementos formativos en aspectos como derechos laborales, solidaridad, participación, desarrollo de pensamiento crítico, entre otros?

Los egresados de carreras de formación técnica de nivel superior (y también media) están siendo formados para satisfacer necesidades específicas de una minoría de la sociedad, de los grandes acumuladores de capital.

Necesitamos revertir la situación. Es cierto que necesitamos un contingente mayor de técnicos de alto nivel, mayor aún que el de egresados de pregrado universitario, pero sus características deben responder a necesidades de la sociedad, deben estar vinculados al desarrollo de ventajas competitivas que sean los pilares de un plan de desarrollo nacional, y  más aún, necesitamos profesionales que sean personas críticas, solidarias y dispuestas a hacer de Chile un mejor país, un país mas justo, un país con mayor igualdad.

Es un paso en el sentido correcto el anuncio de la candidata Bachelet de implementar un Centro de Formación Técnica Público y Nacional, pero se debe avanzar en regulación y fiscalización del resto del universo de CFT e IP´s.

La construcción de un nuevo Estado que impulse un Plan de Desarrollo Nacional que permita terminar con los actuales niveles de desigualdad, pasa también por definir objetivos, planes y estructuras de la formación técnica nacional.

Dejo planteadas estas cuestiones como una forma de invitar a participar en la formulación y respuestas a éstas y otras muchas preguntas que debemos hacernos para avanzar en una nueva educación técnica en nuestro país.

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No a la banca, pero sigue el lucro. Camila Vallejo D.

El paso que ha dado el Gobierno reafirma lo que generaciones de estudiantes llevan años planteando: el lucro en el sistema educacional es perverso, pues fomenta la inequidad y la baja calidad. Sacar a la banca de la administración del sistema de créditos constituye un avance, producto de las posiciones estudiantiles, y a la vez, es una derrota a quienes promueven el lucro, como motor del sistema educativo. Sin embargo, el enriquecimiento de la banca privada a través del mercado de los créditos universitarios, ha sido solo un exceso más del sistema. La propuesta del Ministerio de Educación no modifica la esencia mercantilista de la educación en Chile.

La decisión de apartar a la banca de la administración del sistema de créditos va en una dirección correcta, pero no resuelve las demandas centrales del movimiento estudiantil a lo largo del año 2011: educación de calidad, recuperación de la educación pública, no más lucro con la educación.

La propuesta del MINEDUC no se hace cargo del lucro en las instituciones de educación superior privadas. Los estudiantes hemos sido muy enfáticos al señalar que cualquier tipo de traspaso de recursos por parte del Estado a instituciones privadas debe ser considerando medidas que permitan hacer valer la ley y así erradicar el lucro en las Universidades e impulsar un cambio legislativo para hacer extensiva dicha prohibición a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Impartir educación en Chile debe dejar de ser un suculento negocio para los empresarios. El Estado debe asumir un rol dinámico al momento de  establecer las pautas para un Sistema Nacional de Educación en el cual las distintas instituciones del sistema colaboren y no compitan entre sí. Llevamos meses escuchando hablar de una Superintendencia, pero aún no conocemos el contenido de esa propuesta, cuáles serían sus atribuciones para la fiscalización y cuáles serán las sanciones para quienes osen especular con los anhelos y sueños de los jóvenes chilenos.

Necesitamos, exigimos, proponemos y nos movilizamos por políticas educativas con visión estratégica, de futuro. Esperamos que no estén pensando solamente en cómo evitar una marcha o evitar seguir bajando en las encuestas.

A su vez, la propuesta de modificar los criterios para establecer los aranceles de referencias genera bastantes preocupaciones. Lo que se señala, desde el ministerio, es que los nuevos criterios estarán fundamentados principalmente en la supuesta rentabilidad futura de las carreras y no en los costos de la educación. Esto demuestra que el Gobierno, tal como lo señalara el año pasado el Presidente Sebastián Piñera, sigue entendiendo a la educación como un bien de consumo y no como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, procurando que las entidades que imparten educación superior deben ser instituciones complejas, que desarrollen también la investigación y la extensión universitaria, con el objetivo de formar profesionales integrales con capacidad crítica, en ambientes democráticos y no meros reproductores del sistema. La rentabilidad social de la educación superior es más trascendente que la mera rentabilidad lucrativa.

El Gobierno sigue omitiéndose respecto a la propuesta de financiamiento directo hacia las instituciones para revitalizar la educación pública; sigue acusando de regresiva la gratuidad, pese a que se han levantado propuestas para hacer una reforma tributaria que genere tributos progresivos a la renta y de ese modo garantizar equidad a la hora de entender la educación como un derecho.

Se echan de menos medidas compensatorias a los estafados por el crédito CORFO, de altísimos intereses, superiores incluso a los del crédito con aval del Estado. Estamos hablando de 100 mil familias que han sido las más afectadas por la ilusión de acceder a la educación superior.

Estamos, por tanto, aún muy lejos de ver voluntad política real por parte del Gobierno para impulsar un cambio integral al sistema educacional. Lo que proponemos es situar a la educación como una de las principales responsabilidades del Estado, para que esta logre altos estándares de calidad internacionales y que esté en sintonía con las necesidades del país.

Necesitamos una educación para formar ciudadanos cultos, profesionales críticos, técnicos de alto nivel; debemos entender la educación como un espacio de cohesión social y no reproductora de desigualdades; requerimos elevar las ciencias, las artes, las humanidades; hacer de la educación la principal herramienta del progreso del conjunto de la sociedad chilena.

En definitiva, necesitamos, exigimos, proponemos y nos movilizamos por políticas educativas con visión estratégica, de futuro. Esperamos que no estén pensando solamente en cómo evitar una marcha o evitar seguir bajando en las encuestas.

Los estudiantes somos optimistas en que más temprano que tarde Chile tendrá la educación que se merece. Pero somos conscientes: para que eso se cumpla tendremos que seguir siendo parte activa de dicho proceso.

Fuente: El Mostrador

Bases para un acuerdo social por la educación Chilena.

El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado. Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION CHILENA.

Hoy queremos emplazar a los actores políticos del país, y en particular a los representantes del Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma.

 Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo de formación.El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.

La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.

La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social

La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica. En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social. Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.

EJES FUNDAMENTALES

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales:

I.- La Reforma Constitucional

La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media. Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar un titulo de educación superior.

II.- Educación Escolar

La Educación Escolar contempla tanto la educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional. En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:

A.- La Desmunicipalización de la Educación.

Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar. La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.

B.- Nuevo Sistema de Financiamiento.

El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.

C.- Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad.

Debe avanzarse en una nueva ley de carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación. Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores.

D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas

La suspensión inmediata de la creación de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos establecimientos y hasta que se encuentre operando la nueva institucionalidad escolar vinculada a: la superintendencia de educación, la agencia de la calidad de la educación, la nueva estructura publica de administración de la educacional y, se haya implementado las correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.

E.- Transporte Escolar

Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes, especialmente en regiones, durante los 365 días del año.

F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar

Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y sanidad.

G.- Educación Politécnica o Técnico Profesional

En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entre ambas. La educación técnico –profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades. Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.

H.- Democratización

Democratizar los espacios de participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias. También, y a través de Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.

III.- EDUCACION SUPERIOR 

La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional. Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que la Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordada con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.-

El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.-El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias el costo de esta.

A.-  Educación Universitaria

1.- Financiamiento Institucional

a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas, que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones.

b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del CRUCH, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.

c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:

• Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH)

• Condición Regional

• Composición socio-económica de sus estudiantes

• Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)

2.- Nuevos Sistemas de Accesos: Más Equitativo y que Garantice Igualdad de Oportunidades.

Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del CRUCH cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas. Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluar de manera transparente su pertinencia. Avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación. Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.

3.- Nuevos Sistema de Becas y Financiamiento Estudiantil

a) Se promoverá una reestructuración integral del sistema de becas, ayudas estudiantiles (en sus montos, cobertura y condiciones de postulación) y créditos poniendo fin a los insostenibles niveles de endeudamiento de las familias. Para este efecto se propone: Con el fin de avanzar hacia la gratuidad, se debe promover un sistema de becas que cubra a todos los alumnos y alumnas provenientes de familias del 70% de menores ingresos. De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a los estudiantes pertenecientes al 70% de menores ingresos del país. Finalmente se debe crear un sistema único de Fondo Solidario para todos los y las estudiantes pertenecientes al 30% de las familias de mayores ingresos que ingresen a instituciones que en la práctica no lucren, eliminando a su vez, el CAE y a la banca en el sistema financiero.

 b) El financiamiento estudiantil será de asignación exclusiva de las Universidades estatales y las Universidades que cumplan con una estricta regulación por parte del Estado.

c) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:

• Acreditación Institucional, en todas las categorías.

• Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión..

• Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles.

• Transparencia total del uso de sus recursos financieros.

• Ausencia total de fines de lucro.

d) Todas las Universidades se deberán someter a una revisión completa de los montos  arancelarios de sus planes de estudio, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación. Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.

4.- Nueva Institucionalidad

a) Creación de Superintendencia de Educación Superior

Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior. Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior. Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos, gastos y vínculos contractuales.

b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación

Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema de acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.

5.- Democratización

El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución. Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 MINEDUC, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de educación superior.

6.- Derechos Educativos de los Pueblos Originarios

A.- Avanzar en un sistema educacional más inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo.

Para esto se propone:

1.– Creación de una Universidad Estatal Intercultural

2.– Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.

3.– Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.

B.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales

El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país. Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo. Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica, gratuita y de calidad.

Sonó la Campana y Comenzó el año escolar 2011. Por Gustavo Quintana M.

Promesas y realidades  en la  aplicación  de las reformas de Lavín.

A pesar de que es aventurado predecir los  resultados de la aplicación de estas reformas, casi en el instante mismo  que comienza el año escolar,  la trayectoria,  personalidad  y ambiciones  políticas del ministro Lavín ,  algunas medidas tomadas durante Febrero, las limitaciones de  la  ley recientemente aprobada , que impiden reformas profundas, y la  continuidad  del modelo neoliberal  de educación  instaurado por  el régimen de Pinochet en 1981, permiten, con  los datos disponibles al mes de Marzo,   emitir algunas opiniones sobre la imposibilidad de que este  nuevo intento  resuelva los principales problemas de la educación chilena.

Empezando Por El Ministro De Educaciön ¿Quién Es El Ministro Lavin? ¿Cuál Es Su Trayectoria Polïtica Y Educacional?¿Cuales Son Sus Ambiciones Politicas Hoy En Día? ¿Qué Credibilidad Podemos Darle A Sus Promesas?

Joaquín Lavin es un profesional formado principalmente en economía,  en las universidades Católica y de Chicago,  que sin ser un hombre brillante (sólo  obtuvo un magister  en economía) es un artesano eficiente. Adscrito desde muy joven  al  Opus Dei  y al pinochetismo, es parte de la vanguardia de éste y participante importante de la reunión de Chacarillas.  Durante  la dictadura  asume  diversas tareas  en el gobierno de Pinochet,  y en educación,  es el motor de la Universidad del Desarrollo (una de las primeras universidades privadas), no como un experto en educación,  sino simplemente como  un administrador riguroso de los principios del modelo  educacional   de la dictadura  y de los intereses del Opus Dei.  Para comprender mejor  sus  intereses  y los objetivos de su actual desempeño debemos agregar a lo anterior  el   hecho  que es un precandidato a la presidencia  con un gran instinto político para desarrollar proposiciones  que interpreten los anhelos  de un amplio sector  medio y popular.   Para esto  utiliza con gran habilidad y profusión los medios de comunicación, para mostrar como cambios profundos  lo que no es  sino que más de lo mismo,  características todas estas que le hemos visto en este año de actuación.

En este contexto,  y a la luz de las primeras  acciones, examinemos qué credibilidad podemos darle a sus promesas y a la ley de la educación,  y consecuentemente qué podemos esperar  de la educación  en este año  2011.

El discurso del ministro de educación  promete una  revolución educacional  que constituya un paso gigantesco  en equidad  y calidad,  apoyada en los  50 liceos  de excelencia al alcance de los   estudiantes más desprotegidos  (los de la educación municipal),nuevos profesores  mejor seleccionados,  con acceso gratuito a la enseñanza superior,y la detención del proceso de destrucción  de la educación  municipal  ( la educación de los pobres y último vestigio de la educación pública). Promesas estas que,  como lo veremos a continuación, se van desdibujando,  sea  por las limitaciones de la misma ley, sea por la ausencia de voluntad política  para respetarlas.

Los 50 liceos de excelencia, que debían reunir al 70% de los mejores estudiantes del sistema municipal, quedaron reducidos a 30,y el objetivo central declarado , que estuvieran abiertosprincipalmente a los estudiantes de los liceos municipales,  ha comenzado a diluirse con la aplicación de una suerte de letra chica desconocida. La indicación de que a lo menos un tercio de estos estudiantes se seleccionaran por sorteo,  ya se redujo a  sólo un 10%, y si bien en la mitad de ellos se recurrió a información  de la ficha de protección social, en todo el proceso de selección se ha desarrollado la tendencia de llenar los cupos con estudiantes de los colegios privados (subvencionados) en a lo menos un 40% del total de las vacantes, que en un  número significativo de establecimientos  representan entre el 50 y el 80% de la matricula total. En resumen,  la segregación social   en educación,  intrínseca al modelo neoliberal  de educación,  vuelve a manifestarse independiente  de la imagen  de equidad que se quiere proyectar.

El no respeto de los compromisos anunciados  y la subsiguiente disminución del número  de  estudiantes de la educación municipalizada  integrados a  estos colegios  no representan sin embargo  el engaño mayor.  La pretensión  de que esta medida permite avanzar en la entrega de una educación de la misma calidad a ricos y pobres   es una falacia enorme,  pues los 30 liceos de excelencia  prácticamente  no modifican  nada. La educación de doble calidad  se mantiene, y no más de un 8% del total de los estudiantes  (lo mismo que antes de los colegios de excelencia), pertenecientes  en su inmensa   mayoría al sector privado de la educación (privado  pagado  y subvencionado)  , continuará  siendo  beneficiado por una educación  de calidad superior,  y quienes no dispongan de recursos suficientes  deberán conformarse  con una calidad claramente inferior.

No podemos dejar de mencionar tampoco la enorme contradicción entre la constatación pública hecha por Lavín, quien,  mediáticamente,  al parecer, recién tomaba conciencia  de que el futuro de un niño  se decidía en el acceso o no a la educación preescolar (comienzo de  la discriminación de los dos tipos de educación),  y la actitud posterior del mismo ministro y  de la Alianza en  la discusión del presupuesto, donde sólo  una batalla  decidida por parte de la Concertación y la izquierda  impidió que se borraran las partidas para la educación preescolar. Para un país donde un  8o% de los estudiantes que ingresan a la educación básica  no pasan por esta etapa formativa fundamental  (que se ha constituido en  un privilegio de los sectores más acomodados ), este incidente  marca el grado de segregación de la sociedad chilena y  el verdadero pensamiento de la Alianza.

Dos medidas justas y razonables un bono de jubilación que favorece a unos 13.000 profesores en edad de hacerlo y 60.000 millones de pesos para financiarlo (a utilizar hasta Diciembre de 2012 ) y  la gratuidad  de la educación,  para el ingreso anual de unos 3.000 estudiantes de pedagogía por sobre 600 puntos en la PSU- se han constituido, paradojalmente,  en nuevos problemas  para la educación  municipal.

La manera de administrar estas dos medidas,  por parte del Ministerio de Educación, produce un   desfase entre la fecha límite para usar el fondo especial de retiro(diciembre de 2012) y la fecha en que,  en el mejor de los casos, los nuevos profesores se habrán integrado  como reemplazos de calidad superior ( entre 6 y  8 años). Esto  obliga al sistema municipalizado a enfrentar el nuevo problema de cómo  asegurar en  el intertanto el relevo. ¿Con los profesores que actualmente se forman , a partir de estudiantes de bajo puntaje de ingreso,  formados muchas veces  por correspondencia o  aumentando  el número de estudiantes por aula, bajando así aun más la calidad,  perdiendo más estudiantes  y profundizando  la crisis que tiene al sistema municipalizado al borde de  la quiebra? Tras treinta años de deterioro creciente de la educación,   por  la aplicación ciega de un modelo  fracasado,  se pretende superar  problemas  vitales con medidas de parche y discusiones que se difieren en el tiempo.

 Recién el 30 de Septiembre se presentaría un proyecto de ley, cuya discusión puede durar años,  sobre la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal,  y el 1 Marzo de 2012 un proyecto sobre la modernización de la carrera profesional docente.   A este ritmo,  cuando se terminen de tramitar estas leyes, es posible que la educación municipal haya  quebrado definitivamente.

El problema de fondo es que con este tipo de medidas,  pedacitos de reformas,  como lo expresa el profesor Juan Eduardo García Huidobro,  se continua manteniendo escuelas para ricos y escuelas para pobres , Mario  Waissbluth,  por su parte,   plantea que lo que corresponde es una evaluación precisa del costo total del rescate del sistema municipal  de la quiebra financiera,  y  que la subvención general pareja va contra el rescate del sistema público de enseñanza como sistema  capaz de entregar una educación de calidad pareja. Esta debe entregarse  en  cantidad suficiente para realmente asegurar una educación con equidad en base a las realidades de cada municipalidad

Por el contrario,  lo que sí está claro en el ministro Lavín es la instalación de 1000  nuevos directores  con atribuciones especiales   para  desvincular  profesores.  Así pues, lo que puede caracterizar el año académico 2011   es un éxodo masivo de profesores  sin tener aun preparado el relevo,  y resolver nuevamente  la contingencia   con medidas de parche .

En relación a la educación superior cualquier modificación deberá esperar a lo menos hasta el  2012 .

La despreocupación por la educación superior  y el ningún control sobre las universidades privadas,  en circunstancias de que en el pasado próximo  algún rector estuvo vinculado a un asesinato  y en la actualidad el ex   vicecanciller de la mayor universidad privada del país debe renunciar  por sus vínculos y defensa   a grupos de pedófilos al interior de la iglesia católica, hacen  intolerable esta situación   e incomprensible  esta despreocupación en un país que pretende caminar hacia  el desarrollo.  Si consideramos además que detrás de todo está  el lucro como motor impulsor y que la despreocupación   tiene como objetivos   debilitar aun más al   CRUNCH,  último reducto de la calidad académica  y del sistema público de enseñanza superior, y   las universidades públicas  son la última posibilidad de acceder a  una  educación superior pública de calidad a  estudiantes  de sectores medios   cuyas familias puedan endeudarse .

Las nuevas universidades privadas pasan por un período de cierta holgura económica  que las mantiene en una suerte de compás de espera,  que es el que aprovecha el gobierno para no apurar una reforma,    pero este compás de espera no debe interpretarse   como una tregua sino como la preparación para entrar  a saco en lo que en lenguaje  empresarial se expresa como  “copar la parte de mercado  que ocupan aún las universidades públicas”.

Para evaluar someramente lo que económicamente significa la educación superior, consideremos  tres  datos :

Hace unos  quince años la consultora  Ecoconsult   determinó que los aranceles aumentaban año   a  año  en una tasa superior  a  la del  IPC  y a la del  PIB .

Concordante con esta apreciación,  hace unos  5  años el diputado Ibañez ordenó un estudio que arrojo como conclusión  que la segunda actividad económica de Valparaíso, después de la portuaria, era lo que el llamó  “la industria universitaria”,   papel que ha mantenido hasta  el día díe hoy.

 Hace no más de dos años se constató  que los aranceles en Chile estaban entre los tres más altos del mundo.

En resumen,  la  educación  superior se ha transformado,  al amparo del modelo neoliberal de educación,  en un campo para realizar  muy buenos negocios, lo  que ha comenzado  a atraer a las multinacionales  de la educación ,(Laureat—SEK).   Esta despreocupación por las  necesidades  de Chile  ha llevado a descuidar áreas   que especialmente Chile debiera desarrollar  prioritariamente,  pero que, en una actitud casi criminal, el afán de lucro ha  ocultado completamente.  Al respecto son  ilustrativas las ideas que entrega  a EL SIGLO   el sismólogo chileno  Armando  Cisternas,   parte de las cuales reproducimos en este mismo número  bajo  el titulo de  “ Sismos , Tsunamis y Energía Nuclear “

Para finalizar,  esta pudiera ser la perspectiva educacional del 2011  si las víctimas , los estudiantes ,  no reaccionan.

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Editorial (CdE nº13)

En alrededor de 40 días más enfrentaremos otro de tantos dilemas que nos concierne de manera especial a las Universidades y a la Educación Terciaria, a saber, una Reforma a la Educación Superior. Aunque la vida universitaria demanda a gritos cambios en su forma de funcionamiento, gobierno y financiamiento que apunten a elevar la democratización de estas casas de estudio, esta reforma no guarda ninguna relación con esto, muy por el contrario, se trata de seguir los lineamientos dictados por la OCDE y el Banco Mundial en cuanto a sincronizar el quehacer universitario con el modelo económico vigente, vale decir, la Economía Neoliberal. Es así como, hace pocas semanas atrás, el jefe de la Educación Superior del MINEDUC, Juan José Ugarte, anunció la creación de dos entidades. Una que agrupe a las 177 instituciones que imparten educación terciaria, y otra que reúna las 60 universidades existentes en el país, 25 tradicionales y 35 privadas. Por supuesto que este proyecto no fue comunicado a las instituciones afectadas, y mucho menos discutido con la participación de éstas. Las reacciones no se hicieron esperar, y es así como el presidente Sebastián Piñera, al acudir a la entrega de la medalla Patrono de la Universidad de Chile, recibió la reprobación de parte de los estudiantes y del mismo rector, quién calificó de “poco sensatas y poco prudentes las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación”. A su vez, en su discurso, el rector Víctor Pérez rechazó de manera categórica la intención de homologar las universidades tradicionales con las privadas, indicando que las medidas bien podrían terminar por “profundizar la privatización y mercantilización del sistema universitario”.

Otra de las medidas de carácter manifiestamente neoliberal es la creación de un sistema único de créditos y becas, que estaría destinado a favorecer la demanda, es decir, los estudiantes recibirían el aporte económico para luego decidir en qué institución estudiar. Con esto, el Estado se desentendería de la regulación de la educación y de su financiamiento, dejando a las universidades la responsabilidad de adecuar su funcionamiento con el propósito de captar estos recursos económicos de manos de los potenciales estudiantes. Como consecuencia natural, el mercado estaría determinando el quehacer universitario, llegando a ser cada vez más funcional al modelo económico neoliberal.

En todo caso, el Presidente Piñera desmintió que la eventual reforma universitaria tuviera la intención de disminuir los recursos para las universidades públicas. El punto es que cada vez se hacen menos creíbles las promesas del presidente. Se han cumplido 100 días del gobierno de la derecha y las promesas de menor cesantía y de mayor crecimiento no sólo no se han cumplido sino que van en la trayectoria opuesta. A la cesantía estructural del sistema neoliberal es necesario agregar la cesantía política causada por los despidos masivos en el aparato del Estado, perpetrada por los ministros-empresarios del gobierno. Contra su promesa de campaña, entre otras, Pinera ha avalado el despido de miles de trabajadores del Estado, siendo más fuerte que el cumplimiento de su palabra, el dogma neoliberal de empequeñecer el Estado hasta su mínima expresión. Por otra parte, el último informe del Banco Central ha corregido a la baja la estimación de crecimiento de la economía chilena para este año 2010. Es necesario recordar que tanto el cumplimiento del programa de Piñera como el financiamiento de la reconstrucción se financiarán con cargo a sólidos crecimientos del PIB, por ello podemos esperar que muchas otras promesas no se cumplan y suframos durante cuatro años de este estilo de gobernar que, en estos poco más de 100 días de gobierno, hemos ¡do conociendo.

Por otra parte, Piñera ha desplegado un gran número de acciones conducentes a definirse como un político de centro. Para ello no escatima medios, juega a usar el lenguaje de la Concertación y retoma sus banderas, lo que incluso le trae conflictos con la UDI, el sector más duro de la alianza. Exhibe un populismo como el de Lavín, yéndose a dormir con los damnificados por el terremoto y las lluvias, y viendo partidos de fútbol públicamente en diversas ciudades del país. No obstante, hay una frontera que no pasa, la que va del dicho al hecho. Cuando las medidas propuestas llegan a la fase de su concreción, se diluyen en el tiempo y los montos, como está ocurriendo con los jubilados y la eliminación de la parte de sus sueldos que va a FONASA. Los prometidos seis meses de postnatal, que después de tantos anuncios contradictorios está quedando poco menos que en nada o casi peor que antes. Como ya hemos señalado, también los despidos inconsiderados de los empleados públicos, negados al principio por la propia presidencia, que ahora se han desatado. A esto se agrega un desorbitado afán por la privatización que en estos momentos amenaza a la salud.

Desde un comienzo Sebastián Piñera ha tratado de cortar el cordón umbilical que lo une a la dictadura. Comenzó declarando que había votado por el NO en el Plebiscito, y ha continuado haciendo gestos como los mencionados. La designación del ministerio mostró claramente este afán por demarcarse de la línea política dura de la UDI, aún plenamente pinochetista. Luego, vino la alocución sorpresiva del embajador de Argentina y el de su hermano José Pinera, mostrando que este cordón umbilical sigue intacto, y que el monstruo no ha muerto. Tan sólo dormita con un ojo semi abierto dispuesto a saltar en el momento menos pensado.

Esta mirada hacia el centro, más que a un coqueteo, obedece a una necesidad y a un peligro. Piñera quebró la fórmula consagrada que les permitía a los poderes fácticos, en especial a los empresariales, mantenerse al margen de los vaivenes políticos, eludiendo la contingencia, sacando las castañas con la mano de la Concertación. Ahora se han hecho cargo de todo, abarcando la totalidad de las esferas del poder. Pero, políticamente, quedaron más expuestos. El triunfo electoral fue apenas el desplazamiento de un puñado de electores. Las encuestas demuestran que no ha ido más allá la adhesión a este gobierno y que la desaprobación hacia éste aumenta. El temor que los urge y apura es que sólo son cuatro años, y que estos cuatro años pasen con mucha pena para el pueblo de Chile y sin gloria para el gobierno. Y entonces, como dijo Longueira, las pretensiones políticas de la derecha se amaguen por largo tiempo.