Por una política de Estado para nuestro desarrollo científico-tecnológico. Rolando Rebolledo Berroeta

Rolando Rebolledo Berroeta

Docteur d’État ès-Sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris!

Profesor Titular

Facultades de Ingeniería y Matemática

Universidad Católica de Chile

En los últimos días se ha producido gran agitación sobre el retiro por parte del nuevo gobierno del proyecto de ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología presentado por la administración de Sebastián Piñera en los últimos días de su mandato. Como se recordará, en el año 2012 el entonces Ministro de Economía Pablo Longueira provocó una enorme reacción de rechazo de la comunidad científica al anunciar que el gobierno estudiaba el traspaso de CONICYT a su cartera.

Ante la ola de críticas recibida y para evitar una escalada mayor, el ex Presidente Piñera suspendió dicha medida y designó una Comisión Asesora para que hiciera recomendaciones sobre una nueva institucionalidad para la Ciencia, la Tecnología y la Educación. De las recomendaciones entregadas por esa comisión, retuvo solo aquella de generar un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior. Cabe preguntarse por qué no presentó su proyecto de ley antes, el año 2013, en vez de dejarlo para las últimas horas de su mandato. El postrer proyecto de ley de la administración Piñera adquirió así el carácter de un recurso simbólico, susceptible de recabar algunas simpatías en la comunidad científica nacional, con vistas a posteriores justas electorales.

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Pero, un análisis más acucioso de las reivindicaciones de la comunidad científica nacional muestra que la reivindicación principal es la de disponer de una política de Estado en materia de Ciencia y Tecnología. En sucesivos estudios realizados por la Academia de Ciencias y las Sociedades Científicas, ha quedado en evidencia que nuestro país adolece de la falta de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica, que sea independiente de los gobiernos de turno.

Diferentes gobiernos han creado instrumentos para incentivar la investigación, motivados por la existencia de una productiva comunidad científica nacional. Entre esos, el más antiguo y más ampliamente utilizado ha sido FONDECYT, otros, han tenido vidas más efímeras, en no pocos casos producto de visiones más bien individuales que inspiradas en estrategias de desarrollo de largo alcance, fraguadas en amplia consulta a la comunidad académica.

Al iniciarse un nuevo gobierno que pretende hacer importantes cambios estructurales en el Estado, esta comunidad está a la espera de que se promueva una amplia discusión nacional al respecto. Se ha recordado por ejemplo, que la ley que dio nacimiento a CONICYT estableció la generación de un Consejo Nacional de Ciencia. Éste quedó en receso el año 1973 y ningún gobierno ha tomado a cargo su reactivación. Es hora de que este Consejo se reconstituya con la debida consulta a la comunidad científica, dando inicio a un proceso de debate nacional sobre la institucionalidad requerida para impulsar estratégicamente la investigación científica y la innovación en nuestro país. De manera más precisa, para garantizar que este Consejo elabore una política de desarrollo de largo plazo, con verdadera independencia del gobierno en ejercicio, se propone que sólo un tercio de sus miembros sea designado, en tanto los dos tercios restantes sean elegidos entre pares. A este respecto, hay numerosas bases de datos (FONDECYT, Sociedades Científicas, Academia de Ciencias) que pueden ser usadas para hacer un catastro de los científicos elegibles y con derecho a elegir. Indudablemente, la creación (o reactivación) de este Consejo tiene la mayor prioridad con respecto a otras medidas institucionales.

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A la luz de la experiencia de los países que forman parte de la OCDE, es ciertamente importante avanzar en la instalación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que sea un órgano ejecutor de las políticas decididas en el Consejo. Pero, conviene ver esta instalación como un proceso que comience con una Subsecretaría en el Ministerio de Educación que asuma como primera tarea recuperar la gestión de los diversos fondos de financiamiento de la investigación en el país. Gradualmente, haciéndose cargo de otras reivindicaciones muy sentidas como la Carrera del Investigador, la inserción de doctorados en la Educación Superior o en la industria nacional, realizando un muy serio estudio sobre materias presupuestarias, podría esta subsecretaría devenir un Ministerio. Los Ministerios de Ciencia de los países de la OCDE pueden en este tema ser de una gran ayuda, con asesorías técnicas que ayuden a traspasar experiencias de diseño presupuestario en estas materias.

El desarrollo de nuestra investigación científica es de importancia estratégica para la nación. Así lo han entendido Brasil y otros gobiernos latinoamericanos. Una adecuada política de intercambio en estas materias reforzaría nuestras relaciones exteriores y ayudaría a generar soluciones innovadoras para cruciales problemas de nuestro desarrollo como la energía, la educación, la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

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Editorial (CdE nº24)

bachletEstos últimos meses han resultado bastante convulsionados en lo que a materia política se refiere. En marzo, la vuelta de la ex presidenta Bachelet a Chile, con su renuncia a la ONU Mujeres, significó un replanteamiento en diversos sectores de la política chilena. Y no solo por su venida y posterior candidatura presidencial, sino que también porque suscita debates necesarios para el país: la educación, los recursos naturales, la salud, AFP, etc. Estos asuntos aún no afloran con la suficiente fuerza para ser discutidos en el presente año electoral. Ni siquiera el movimiento social, con sus demandas constantes, ha sido capaz de poner en la palestra mediática los temas. Los medios de comunicación en Chile siguen estando en manos de unos pocos, por lo que lo “mediático”, tal como la palabra lo indica, está en manos de quienes defienden y sustentan su quehacer en el modelo económico neoliberal. Nuestro mundo, dominado por las imágenes, requiere de éstos.  Así, la llegada de la ex presidenta Bachelet nos planteó temas, pero aún más. En un mes tan convulsionado como lo fue abril, los estudiantes vuelven a salir a las calles, se destituyó al Ministro de Educación Harald Beyer (el segundo en toda la historia del país), se cuestionó duramente las cifras del Censo (del cual, hasta ahora, no existía registro de dificultades en sus cifras), se cuestionó el cálculo del IPC y hasta el Banco del Estado fue cuestionado y formalizado por los vicios usuales del modelo económico.  Además, para cerrar la lista de asuntos públicos en el país, la renuncia del candidato de la UDI, Laurence Golborne, cierra un ciclo en la historia política nacional. Su baja solo puede explicarse por un tema táctico. No es casual que en un momento coyuntural de su campaña se den a conocer los casos en que Golborne estaba involucrado con Cencosud  y sus inversiones en las islas Vírgenes:  la derecha movilizó en los medios la situación en un momento en que Golborne ya no tendría posibilidades de ser presidente. Entonces, ¿Qué buscaba con el posterior candidato?

La entrada de Pablo Longueira, como candidato presidencial de la UDI, puede entenderse por la necesidad de volver a la política. Y a una política que está enmarcada en dejar de lado los espacios en los cuales los candidatos de la derecha emitían un discurso que hacía verlos como “fuera del espacio político”. El sentido común queda afuera. Ahora entra un candidato que no tiene problemas en nombrar a Jaime Guzmán en sus discursos, en invitar a la DC  “disidente” de la Concertación a unirse a su campaña. La derecha de la expresión fácil,  en la cual lo importante es la imagen y la tecnocracia, se acabó. Llegó con Longueira la derecha a golpear la mesa e imponer sus convicciones.

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Por otra parte, el reciente apoyo del Partido Comunista a la candidatura de Michelle Bachelet también produjo dolores en varios sectores políticos del país. Como era de esperar, este hecho descompuso a la Derecha y a ciertos sectores llamados ultraizquierdistas. Pero también desde la presidencia de la DC hubo reacciones, toda vez que es innegable que este hecho desfavorece las pretensiones para un mejor posicionamiento de la candidatura de Claudio Orrego en las próximas elecciones primarias.

Ante el panorama actual, variable, en el cual todos los días se generan cambios, nos corresponde al pueblo en su conjunto y, en particular, al mundo universitario enterar a la ciudadanía de los cambios que Chile necesita. El debate, está abierto.

Editorial (CdE nº22)

Recientemente el Ministro Pablo Longueira ha anunciado la intención del actual gobierno que el Ministerio de Economía se haga cargo de la actual Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, siendo el principal argumento la necesidad de que nuestro país impulse la innovación como motor del desarrollo económico.

Como ha quedado en evidencia, en los sucesivos estudios realizados por la Academia de Ciencias y las Sociedades Científicas, nuestro país adolece de la falta de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica, que sea independiente de los gobiernos de turno. Diferentes gobiernos han creado instrumentos para incentivar la investigación, motivados por la existencia de una productiva comunidad científica nacional. Una vez más observamos con temor que se anuncian medidas que involucran nuestro desarrollo científico y tecnológico, sin que detectemos signo alguno de una amplia discusión nacional al respecto. La ley que dio nacimiento a CONICYT estableció la generación de un Consejo Nacional de Ciencia. Éste quedó en receso el año 1973 y ningún gobierno ha tomado a cargo su reactivación. Es hora de que este Consejo se reconstituya con la debida consulta a la comunidad científica, dando inicio a un proceso de debate nacional sobre la institucionalidad requerida para impulsar estratégicamente la investigación científica y la innovación en nuestro país. A la luz de la experiencia de los países que forman parte de la OCDE, es importante considerar la instalación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Abundan razones para la suspicacia. Se pretende, de manera soterrada, poner al servicio del modelo económico neoliberal la capacidad de la comunidad científica nacional. Ya no para el desarrollo del conocimiento, sino que para orientarla hacia los intereses del capital.  Los recursos humanos y económicos disponibles en el país al servicio de los grandes empresarios. Lo ha dicho el Ministro Longueira: “Es muy importante que CONICYT se radique en Economía y toda la inversión pública que hacemos en I+D en Chile y en ciencia y tecnología tenga un vínculo mayor con el aparato productivo” (sic).

También de manera encubierta, en un intento frustrado, el gobierno ha intentado entregar el litio a manos privadas. Todos los especialistas concuerdan en que las bases del CEOL fueron hechas para ser adjudicadas a Soquimich (SQM), ex empresa pública y hoy propiedad de Julio Ponce Lerou, oscuro personaje de la dictadura y principal financista de la UDI. Recordemos que Ponce acumuló su actual fortuna utilizando privilegios concedidos por Pinochet desde el puesto de Gerente de Empresas de CORFO. El procedimiento utilizado para adjudicar la exploración y explotación del litio por parte de privados es un artificio que a nadie puede engañar y que busca evitar una discusión democrática y amplia de la sociedad chilena en relación con este recurso natural que es propiedad de todos los chilenos. El proceso de adjudicación de contratos para la explotación de litio es “inconstitucional”, ya que, según la normativa vigente el litio es una de las sustancias minerales que no puede ser objeto de concesión.

En relación al tema que estamos tratando, pero en otro plano. Una vez más los porfiados hechos contradicen la autodefinición de pretendida excelencia, vociferada a los cuatro vientos por el gobierno, toda vez que el nivel de ineptitud e incompetencia ha quedado en evidencia con la renuncia del ahora ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Aunque fracasado, el funesto proceso de privatización del litio deja al descubierto una de las principales características nefastas de la doctrina neoliberal. Como ya hemos mencionado, en relación al traspaso de CONICYT, no existe de parte del gobierno interés por llevar a cabo, en conjunto con la comunidad científica, un Proyecto Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología. El litio fue declarado mineral estratégico en 1979 porque se pensaba que podría tener aplicaciones nucleares (por tanto armamentistas). Treinta años después, el litio se ha consolidado como materia prima en la fabricación de baterías, cerámicas y vidrios, grasas lubricantes, aluminio, entre otros. En los últimos ocho años el precio mundial del litio ha subido de US$ 2.500 a US$ 6.000 por tonelada.  Es decir, en nuestra discusión sobre el litio, nosotros quienes somos los dueños de este mineral, debemos tener en cuenta el largo plazo y la búsqueda de valor agregado de este recurso, y no vender este mineral en bruto como lo dicta el dogma neoliberal que sólo consolidará una estrategia exportadora de materias primas sin el consiguiente valor agregado. El producto estrella que utiliza litio son las baterías, las cuales son requeridas por automóviles, celulares y computadores. Sin embargo, el litio utilizado en una batería sólo representa menos del 1% del valor del producto final, valorado a precio corriente. El 99% restante es tecnología. Esto no lo hemos discutido, aun cuando Longueira pretenda resolver este tipo de inconvenientes mediante el traspaso de CONICYT al Ministerio de Economía, según ha señalado: “Es un cambio que queremos introducir en que debemos aceptar la mirada de la ciencia, de la academia, del mundo de la investigación en Chile al mundo del emprendimiento, porque si seguimos en esta falta de diálogo y de vínculo, vamos a seguir siendo un país exportador de materia prima” (sic). Digámoslo una vez más, Chile adolece que un plan estratégico de Desarrollo en Ciencia y Tecnología. Mientras este plan, el cual necesariamente debe contar con la participación de la comunidad científica nacional, no se materialice continuarán los intentos neoliberales pretendiendo privatizarlo todo.

La Iglesia Católica, después de mucho tiempo, ha saltado al ruedo y ha hecho una firme condena al modelo neoliberal. En su carta pastoral los obispos chilenos hacen una denuncia social importante: el modelo neoliberal y su afán de lucro, así como la política de bonos que rehuye el principal aspecto de la desigualdad, el pago justo y equitativo a los trabajadores, mantiene a los trabajadores, aún con contrato, siendo pobres.

Editorial (CdE nº13)

En alrededor de 40 días más enfrentaremos otro de tantos dilemas que nos concierne de manera especial a las Universidades y a la Educación Terciaria, a saber, una Reforma a la Educación Superior. Aunque la vida universitaria demanda a gritos cambios en su forma de funcionamiento, gobierno y financiamiento que apunten a elevar la democratización de estas casas de estudio, esta reforma no guarda ninguna relación con esto, muy por el contrario, se trata de seguir los lineamientos dictados por la OCDE y el Banco Mundial en cuanto a sincronizar el quehacer universitario con el modelo económico vigente, vale decir, la Economía Neoliberal. Es así como, hace pocas semanas atrás, el jefe de la Educación Superior del MINEDUC, Juan José Ugarte, anunció la creación de dos entidades. Una que agrupe a las 177 instituciones que imparten educación terciaria, y otra que reúna las 60 universidades existentes en el país, 25 tradicionales y 35 privadas. Por supuesto que este proyecto no fue comunicado a las instituciones afectadas, y mucho menos discutido con la participación de éstas. Las reacciones no se hicieron esperar, y es así como el presidente Sebastián Piñera, al acudir a la entrega de la medalla Patrono de la Universidad de Chile, recibió la reprobación de parte de los estudiantes y del mismo rector, quién calificó de “poco sensatas y poco prudentes las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación”. A su vez, en su discurso, el rector Víctor Pérez rechazó de manera categórica la intención de homologar las universidades tradicionales con las privadas, indicando que las medidas bien podrían terminar por “profundizar la privatización y mercantilización del sistema universitario”.

Otra de las medidas de carácter manifiestamente neoliberal es la creación de un sistema único de créditos y becas, que estaría destinado a favorecer la demanda, es decir, los estudiantes recibirían el aporte económico para luego decidir en qué institución estudiar. Con esto, el Estado se desentendería de la regulación de la educación y de su financiamiento, dejando a las universidades la responsabilidad de adecuar su funcionamiento con el propósito de captar estos recursos económicos de manos de los potenciales estudiantes. Como consecuencia natural, el mercado estaría determinando el quehacer universitario, llegando a ser cada vez más funcional al modelo económico neoliberal.

En todo caso, el Presidente Piñera desmintió que la eventual reforma universitaria tuviera la intención de disminuir los recursos para las universidades públicas. El punto es que cada vez se hacen menos creíbles las promesas del presidente. Se han cumplido 100 días del gobierno de la derecha y las promesas de menor cesantía y de mayor crecimiento no sólo no se han cumplido sino que van en la trayectoria opuesta. A la cesantía estructural del sistema neoliberal es necesario agregar la cesantía política causada por los despidos masivos en el aparato del Estado, perpetrada por los ministros-empresarios del gobierno. Contra su promesa de campaña, entre otras, Pinera ha avalado el despido de miles de trabajadores del Estado, siendo más fuerte que el cumplimiento de su palabra, el dogma neoliberal de empequeñecer el Estado hasta su mínima expresión. Por otra parte, el último informe del Banco Central ha corregido a la baja la estimación de crecimiento de la economía chilena para este año 2010. Es necesario recordar que tanto el cumplimiento del programa de Piñera como el financiamiento de la reconstrucción se financiarán con cargo a sólidos crecimientos del PIB, por ello podemos esperar que muchas otras promesas no se cumplan y suframos durante cuatro años de este estilo de gobernar que, en estos poco más de 100 días de gobierno, hemos ¡do conociendo.

Por otra parte, Piñera ha desplegado un gran número de acciones conducentes a definirse como un político de centro. Para ello no escatima medios, juega a usar el lenguaje de la Concertación y retoma sus banderas, lo que incluso le trae conflictos con la UDI, el sector más duro de la alianza. Exhibe un populismo como el de Lavín, yéndose a dormir con los damnificados por el terremoto y las lluvias, y viendo partidos de fútbol públicamente en diversas ciudades del país. No obstante, hay una frontera que no pasa, la que va del dicho al hecho. Cuando las medidas propuestas llegan a la fase de su concreción, se diluyen en el tiempo y los montos, como está ocurriendo con los jubilados y la eliminación de la parte de sus sueldos que va a FONASA. Los prometidos seis meses de postnatal, que después de tantos anuncios contradictorios está quedando poco menos que en nada o casi peor que antes. Como ya hemos señalado, también los despidos inconsiderados de los empleados públicos, negados al principio por la propia presidencia, que ahora se han desatado. A esto se agrega un desorbitado afán por la privatización que en estos momentos amenaza a la salud.

Desde un comienzo Sebastián Piñera ha tratado de cortar el cordón umbilical que lo une a la dictadura. Comenzó declarando que había votado por el NO en el Plebiscito, y ha continuado haciendo gestos como los mencionados. La designación del ministerio mostró claramente este afán por demarcarse de la línea política dura de la UDI, aún plenamente pinochetista. Luego, vino la alocución sorpresiva del embajador de Argentina y el de su hermano José Pinera, mostrando que este cordón umbilical sigue intacto, y que el monstruo no ha muerto. Tan sólo dormita con un ojo semi abierto dispuesto a saltar en el momento menos pensado.

Esta mirada hacia el centro, más que a un coqueteo, obedece a una necesidad y a un peligro. Piñera quebró la fórmula consagrada que les permitía a los poderes fácticos, en especial a los empresariales, mantenerse al margen de los vaivenes políticos, eludiendo la contingencia, sacando las castañas con la mano de la Concertación. Ahora se han hecho cargo de todo, abarcando la totalidad de las esferas del poder. Pero, políticamente, quedaron más expuestos. El triunfo electoral fue apenas el desplazamiento de un puñado de electores. Las encuestas demuestran que no ha ido más allá la adhesión a este gobierno y que la desaprobación hacia éste aumenta. El temor que los urge y apura es que sólo son cuatro años, y que estos cuatro años pasen con mucha pena para el pueblo de Chile y sin gloria para el gobierno. Y entonces, como dijo Longueira, las pretensiones políticas de la derecha se amaguen por largo tiempo.