La Educación Técnica de Nivel Superior: el paraíso del lucro. Ricardo López E.

La actual estructura de la Educación Superior en Chile comprende un sector público conformado por la Universidades Públicas (estatales y privadas que pertenecen al CRUCH) y un sector privado que hoy totaliza 193 instituciones, de las cuales 142 corresponden a Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

Este conjunto de 142 CFT e IP’s constituyen la Educación Técnica de Nivel Superior.

En su inmensa mayoría está conformado por inversionistas privados (salvo unos pocos CFT e IP formados por Universidades del sector tradicional) y opera en un mercado absolutamente desregulado, pues, a diferencia de las Universidades, no tiene prohibición legal de generar lucro.

Como todos los mercados nacionales, tiene características oligopólicas y una tendencia a la concentración en aumento. De hecho existen cuatro instituciones con estructura nacional que concentran la mayor parte de la matrícula de este sector: INACAP, DUOC, AIEP y Santo Tomás.

Sólo INACAP y el DUOC concentran 171.000 alumnos repartidos en 38 sedes.

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La Educación Técnica de Nivel Superior detenta (en cifras de 2012, Mineduc) una matrícula de 406.401 alumnos lo que representa un 38% del total de alumnos de la Educación Superior en Chile. Es de suponer que este porcentaje irá en aumento debido a que el último año igualó la matrícula de primer año con el sistema universitario (considerando universidades públicas y privadas).

Laboran en este sector un total de 70.248 docentes, que en un porcentaje mayor al 85% son docentes-hora.

La mayor oferta académica consiste en carreras técnicas con duración de cuatro semestres y otorgan el título profesional de Técnico de Nivel Superior, y la mayor parte de ellas no califica para que el titulado pueda optar a la bonificación por título profesional que se otorga a los trabajadores fiscales.

Los alumnos que optan por estudiar en estas instituciones son aquellos que no dieron PSU o cuyo puntaje no les permite postular a carreras universitarias, y provienen de sectores vulnerados social y económicamente y de  liceos técnico-profesionales.

Existe, a la vez, un sector importante de jóvenes trabajadores con enseñanza media completa que optan por estos institutos para intentar lograr una mejora en su posición laboral actual. Estos jóvenes financian de su bolsillo sus estudios y los realizan en horario vespertino.

En cuanto al nivel de deserción, en primer año, bordea el 36% de la matrícula.

Del total de 142 CFT e IP’s que operan, sólo 17 de ellos se encuentran acreditados.

El Estado  se ha desentendido absolutamente de la gestión docente en este sector, desde que fuera “donado”, a precio vil, el INACAP a la SOFOFA, toda la gestión docente de este sector es realizada por empresarios privados que han convertido esta función esencial para el desarrollo del país en un muy lucrativo negocio.

La supervisión y fiscalización del sector recae en la División de Educación Superior del Mineduc. Pero, como hemos visto, si esta División no alcanza ha realizar una gestión fiscalizadora medianamente suficiente en las Universidades, menos lo hace en la Educación Técnica de Nivel Superior.

Lo único que el Estado hace en este sector es financiar (Becas Milenio) el lucrativo negocio de privados, cuestión que es consistente con la visión neoliberal de la “sociedad docente”.

La infraestructura de estas instituciones (salvo honrosas excepciones) es inadecuada e insuficiente para desarrollar una formación como la de que alardean en sus mensajes publicitarios. La mayor rentabilidad se alcanza en formación de tiza y pizarrón, con docentes muy mal remunerados. Por ello sus laboratorios, en la mayoría de ellas, son inexistentes o francamente obsoletos.

Por otra parte el “tipo” de profesional que aspiran a formar está sesgado por los intereses de la clase empresarial. Así es como en sus “Visiones” y “Misiones” estas instituciones plantean valores como “competitividad”, “productividad”, “emprendimiento”, etc. Nada hay, como propósito en la formación, en relación con valores humanistas, de solidaridad, de compromiso con la sociedad, entre otros. De hecho, en la mayoría de estas instituciones no se permite la formación de federaciones ni centros estudiantiles, ni menos sindicatos de docentes y personal de apoyo.

El propósito de esta introducción es dar a conocer, de manera inicial, una realidad de la educación superior en Chile que ha estado al margen de la discusión nacional permitiendo la conformación de un verdadero paraíso del lucro, que está causando un daño irreversible en la formación de cientos de miles de jóvenes de nuestro país y, al mismo tiempo, hipotecando un futuro desarrollo nacional que requiere del aporte de trabajadores conscientes, comprometidos y formados en sus especialidades con estándares de calidad. Efectivamente, los estudiantes y docentes de este sector no han formulado petitorios, no están integrados en las movilizaciones estudiantiles y la sociedad en su conjunto no reconoce aquí un problema.

En toda la problemática de la Educación en Chile son los grandes olvidados.

Efectivamente, en los últimos años hemos discutido de enseñanza pre-escolar, escolar y universitaria, pero no de la educación técnica, tanto de nivel medio como superior.

Entonces, el llamado es a cuestionarse esta realidad e incorporar en todo análisis sobre la Educación a este importante sector. Por ejemplo, la oposición que camina a conformar un referente llamado Nueva Mayoría, haciendo eco, y apoyando uno de los principales intereses del movimiento estudiantil, analiza la necesidad de una reforma tributaria para lograr una educación universalmente gratuita y de calidad, sin embargo, a diferencia del sistema universitario- que posee una estructura pública- en la educación técnica de nivel superior no existe una estructura pública-estatal que fortalecer.

¿Puede el Estado financiar educación técnica gratuita y de calidad, en este sector, cuando todos los gestores actuales son negocios privados?

¿Al incorporar la variable educación técnica, el nivel de reforma tributaria es el mismo?

¿Debemos seguir permitiendo este muy neoliberal “laissez faire” en la educación técnica?

¿Qué tipo de estructura nacional queremos para la educación técnica?

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Hasta hoy, la educación técnica de nivel superior fue vista desde una mirada mercadista: el primer programa de gobierno de Bachelet planteaba la necesidad de “incorporarlos plenamente a este esquema de financiamiento, exigiéndole acreditación y vinculando sus planes de estudio a un sistema nacional de acreditación y certificación de competencias”.

Era una mirada con lógica de mercado: al hablar de financiamiento se evita considerar a la educación como un derecho social. Pero, tan grave como lo anterior es el planteamiento de acreditación y certificación de competencias. La “competencia” debe ser entendida, necesariamente, en función de intereses específicos. ¿Entonces competencias para qué y para quiénes?

¿Por qué la mayoría de los programas de formación técnica no incorpora ni considera elementos formativos en aspectos como derechos laborales, solidaridad, participación, desarrollo de pensamiento crítico, entre otros?

Los egresados de carreras de formación técnica de nivel superior (y también media) están siendo formados para satisfacer necesidades específicas de una minoría de la sociedad, de los grandes acumuladores de capital.

Necesitamos revertir la situación. Es cierto que necesitamos un contingente mayor de técnicos de alto nivel, mayor aún que el de egresados de pregrado universitario, pero sus características deben responder a necesidades de la sociedad, deben estar vinculados al desarrollo de ventajas competitivas que sean los pilares de un plan de desarrollo nacional, y  más aún, necesitamos profesionales que sean personas críticas, solidarias y dispuestas a hacer de Chile un mejor país, un país mas justo, un país con mayor igualdad.

Es un paso en el sentido correcto el anuncio de la candidata Bachelet de implementar un Centro de Formación Técnica Público y Nacional, pero se debe avanzar en regulación y fiscalización del resto del universo de CFT e IP´s.

La construcción de un nuevo Estado que impulse un Plan de Desarrollo Nacional que permita terminar con los actuales niveles de desigualdad, pasa también por definir objetivos, planes y estructuras de la formación técnica nacional.

Dejo planteadas estas cuestiones como una forma de invitar a participar en la formulación y respuestas a éstas y otras muchas preguntas que debemos hacernos para avanzar en una nueva educación técnica en nuestro país.

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La educación superior y un gobierno de nuevo tipo. Por Ricardo López Erazo

El acuerdo de Tomé, declaraciones de diversos dirigentes concertacionistas , la convocatoria al 24° Congreso de los comunistas y de dirigentes del Juntos Podemos, así como de diversas organizaciones sociales, han puesto sobre la mesa la necesidad de discutir y lograr consensos en torno a una idea fuerza: lograr un gobierno de nuevo tipo.

En la retina puede quedar una imagen: el desalojo de la derecha del poder ejecutivo de ¡a república, pero resulta obvio que para las fuerzas más progresistas y democráticas no se puede tratar de una estrategia tipo Allamand, en la cual el desalojo fue sólo eso, un gobierno con nuevas caras para continuar administrando un mismo tipo de política, ¡a neoliberal. De lo que se trata es de impulsar un acuerdo que logre constituir un gobierno de nuevo tipo, y eso significa un gobierno que tenga la voluntad política, con el apoyo del pueblo, de proponer e implementar un nuevo programa de gobierno que cautele los intereses más caros de la sociedad chilena en su conjunto y, en particular, de los trabajadores y excluidos de las oportunidades del desarrollo de la nación.

Dicho lo anterior quisiéramos exponer un conjunto de medidas programáticas – para este gobierno de nuevo tipo- que aborden la cuestión de la Educación Superior en Chile.

El propósito es abrir un análisis y discusión, con todos los sectores que se manifiesten a favor de un gobierno de nuevo tipo, en torno a medidas programáticas respecto de la Educación Superior en nuestro país.

La primero que es necesario abordar es la dicotomía entre lo “positivo y lo normativo”: desde que Pinochet inició el desmantelamiento de la Educación Pública – casi 30 años-se nos ha bombardeado con la noción de que lo positivo (aquello que es) es lo único que debe ser considerado, la ortodoxia neoliberal nos impone no pensar, analizar, ni siquiera discutir en términos normativos, es decir en aquello que queremos que sea.

La dictadura, a partir del decreto de autofinanciamiento (1981) creó un aquello que es, la educación superior ya no es más pública y, si existe interés privado, e! Estado debe abstenerse de intervenir En resumen, la educación superior-en términos positivos- comenzó a ser privada.

El desmantelamiento de las Universidades Nacionales (Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado) reafirmó este dato objetivo y posibilitó ei desarrollo de lo que hoy tenemos: un mercado de la educación superior, abierto, sin restricciones éticas ni legales, para ejercer comercio con fines de lucro en esta actividad.

Las ideas que propondremos son sólo un punto de partida para iniciar una discusión abierta, participativa y democrática.

Primera Idea: Detener el crecimiento inorgánico del Sistema de Educación Superior hasta que nos demos una nueva institucionalidad en el sector.

Hoy tenemos un total de 177 de instituciones de Educación Superior, donde el 75% de las matrículas están copadas por instituciones privadas. Este crecimiento, obviamente, ha logrado una mayor cobertura, pero también, obviamente, ha significado un gran decrecimiento de la calidad.

Según el Instituto Libertad y Desarrollo – defensor de la educación privada- el 81% de las instituciones privadas están clasificados como de baja complejidad, es decir, de mala calidad.

Esta situación que se repite en países que han imitado el modelo chileno, como Perú, han obligado a que dichos gobiernos nieguen la posibilidad de entrada a nuevas instituciones, como una forma de frenar la pendiente negativa en la curva de calidad de la educación superior.

Proponemos no sólo detener el proceso de entrada de nuevas instituciones, sino también el de evitar el fenómeno de concentración privada que se viene observando en los últimos meses, en donde grupos económicos privados internacionales compran, sin restricción alguna, a instituciones privadas de este “mercado” (Grupo Lauréate, dueño de Universidad Andrés Bello, de la Universidad de Las Américas y recientemente de la Universidad de Viña del Mar)

Segunda Idea: Caminar hacia una nueva institucionalidad en la Educación Superior.

Esta idea está cruzada por varios aspectos y necesariamente tiene una dimensión en el tiempo.

Proponemos analizar la forma en que el Estado retome su papel de Estado Docente, es decir de garante y asegurador de una educación de calidad y disponible para todos los jóvenes de Chile, independiente de su condición socioeconómica.

En primer lugar se trata de derribar uno de ¡os enclaves autoritarios de Pinochet y terminar con la política de autofinanciamiento de las Universidades Públicas.

Educación Superior Pública:

En una primera etapa, proponemos crear tres áreas de funcionamiento de las instituciones de educación superior: una primera – y con trato preferencial – el del área pública, en la cual el Estado disponga de un presupuesto tal que  asegure   el ingreso y la calidad a los jóvenes que ingresen en este sistema.

Este sistema público de educación superior debe ser fortalecido, no sólo en términos de recursos sino también en términos de institucionalidad, y por ello sometemos a discusión la posibilidad de renacionalizar la educación superior reconstituyendo fas universidades nacionales: Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado y renacionalizando el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) para que se constituya en el eje público de la formación técnica superior.

Un sistema público como el que proponemos debe dar cuenta de necesidades específicas del desarrollo del país, no sólo en términos de calidad sino también en términos de pertinencia.

Sólo un sistema público considerará en sus proyectos las externalidades positivas y negativas que la actividad de educación genera sobre el conjunto de la sociedad.

Las externalidades positivas, como la menor cantidad de cesantes ilustrados, los menores índices de drogadicción y delincuencia, el mayor involucramiento de jóvenes y docentes en áreas de interés para el país, tienen un costo para ¡a sociedad en su conjunto: es necesario – como dicen los economistas – asignar precios “sombra” a estas externalidades para una correcta evaluación de los proyectos que la sociedad financie en este sistema público.

Del mismo modo, las externalidades negativas que los privados no consideran en su evaluación de rentabilidad, deben tener asignados “costos sombra” : la apatía, el no compromiso, la no pertinencia, la falta de ética y profesionalismo, entre otras.

Un sistema público como el que proponemos debe prestar especial atención a la dotación de competencias en la formación de personas críticas, por ello la formación temprana en investigación es una actividad ineludible de este sistema.

La innovación, cuestión por todos considerada ineludible para el desarrollo de un país, se inicia con la formación de profesionales críticos, abiertos y sólo la formación en investigación nos dotará de una reserva de creadores, en caso contrario deberemos seguir vendiendo materias primas y comprando ideas y tecnología.

El sistema público de educación superior deberá considerar, por sobre todo, los intereses nacionales, de nuestra sociedad en su conjunto, y por elfo debiera incorporar en el análisis y decisiones a todos los actores involucrados, que podríamos llamar “partes interesadas”, es decir, la comunidad universitaria, las familias, los empresarios, los formadores de opinión, los creadores de conocimiento, el Estado.

El actual sistema, y que el nuevo gobierno pretende consolidar, sólo considera los intereses de los inversionistas en educación.

Educación Superior Privada-Pública:

Esta área, conformada por Universidades tradicionales dé carácter privado pero que han jugado y juegan un gran rol en el desarrollo de la educación superior en Chile, es necesaria para dar una mirada crítica al desenvolvimiento de las universidades del sistema público.

En efecto, que el sistema público tenga una contraparte para evaluarse es muy necesario, dada la velocidad de los cambios tecnológicos y del saber humano en distintas áreas. Las Universidades Católicas, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Concepción, entre otras, han prestado un gran aporte al desarrollo  del  sistema universitario en todas sus funciones: docencia, investigación y extensión, y deben seguir prestándolo. Por ello ésta área de la Educación Superior debe tener financiamiento del Estado y será necesario desarrollar una política y protocolo de financiamiento a este tipo de instituciones. En relación con el área de formación técnica superior el DUOC puede jugar perfectamente el rol de contraparte y evaluación del trabajo de INACAP en esta función.

Educación Superior Privada:

La educación superior privada debe ser despojada de la hipócrita declaración de actividad sin fines de lucro.

Todos sabemos que las universidades privadas intentan el lucro, que no se trata de una actividad ajena a las variables del mercado. Que estas universidades crean sociedades ad-hoc para recibir los frutos del lucro, llámense inmobiliarias u otras.

Este sector no debiera recibir ningún apoyo ni subsidio del Estado, por el contrario, como se trata de una actividad que afecta a la fe pública, deberían pagar un impuesto que garantice el cumplimiento de lo que están ofreciendo a nuestros jóvenes.

Este sector de la educación superior debería estar fuertemente controlado y supervisado por el Estado,-sobre todo en relación a aquellas carreras que influyen estratégicamente en el desarrollo del país: pedagogías, medicina, ingenierías, entre otras.