Sobre el Centro de Formación Técnica Estatal Región de Valparaíso. Alejandro Zuleta Marín

El lunes 21 de marzo de 2016, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria promulgó la ley Nº 20.910 que crea 15 Centros de Formación Técnica Estatales, los cuales se emplazarán en cada una de las regiones del país, con el fin de aumentar, diversificar y descentralizar la oferta educacional técnica y aportarasí a la calidaden educación mediante estos centros educacionales.

Estos Centros de Formación Técnica Estatales estarán vinculados con las universidades regionales, con el objetivo de formar Técnicos de Nivel Superior en materias y necesidades de punta y propias de cada región, fijando así un estándar de calidad y contribuyendo al aumento de la productividad regional.

Al promulgarse esta ley, el país está dando una señal muy potente en el sentido de proporcionar una oferta de educación pública en todos los niveles y en todo el territorio de la República, con el objeto de contribuir a una mayor equidad, con calidad en la educación superior yfortaleciento la educación pública.

La implementación de estos 15 Centros de Formación Técnica Estatal es otra iniciativa que contribuye a formar parte sustantiva del proceso de la Reforma a la Educación que impulsa el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que ya está en marcha a través de Ley de Inclusión, de la creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente y de la Gratuidad en la Educación Superior.

Esta iniciativa generará una oferta pública para la formación de técnicos de nivel superior de alta calificación, quienes deberán responder a las necesidades de desarrollo económico-productivo locales y a los requerimientos reales de empleo, en el corto y mediano plazo, facilitando la inserción efectiva de los estudiantes al mundo del trabajo.

Por otra parte, estos centros serán gratuitos y de calidad y estarán regidos por la reforma a la Educación Superior actualmente en discusión. En la transición, habrá un periodo en que contarán con financiamiento desde el Estado para su correcto funcionamiento, no existiendo copago ni restricción para que jóvenes interesados, con talento y vocación, puedan acceder a su ingreso. Estas instituciones se someterán de manera obligatoria a las exigencias de acreditación y se vincularán a universidades, a empresas productivas y de servicios regionales y también a liceos técnico-profesionales que existan en cada localidad.

En la Región de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha será la institución mandatada para dar vida y nacimiento al Centro de Formación Técnica Estatal Regional que durante su primera etapa empezará a funcionar el año 2018, con una sede institucional especialmente diseñada y construida para tales efectos, que estará ubicada en la Calle Manuel Rodríguez Erdoiza N° 40, ex-Calle Enriqueta N° 11, Cerro Alegre en la Ciudad de San Antonio, impartiendo tres Carreras de Técnico de Nivel Superior en Cadena de Suministros, Técnico de Nivel Superior en Mantención Industrial y Técnico de Nivel Superior en Producción Agrícola Intensiva.

En este momento, mayo de 2017, profesionales con experiencia y conocimientos de las tres carreras se encuentran diseñando y afinando lo que será su Proyecto Educativo, con la construcción de la malla curricular, las asignaturas y contenidos, que en este caso se denominan módulos. Estos módulos constituyen la base de la educación y de la formación por competencias que, según los compromisos formales establecidos entre la Universidad de Playa Ancha y el Ministerio de Educación, deberán estar terminados en junio de 2017 para su análisis y posterior aprobación ministerial.

El trabajo de diseño y de construcción de la propuesta para el Proyecto Educativo es producto y consecuencia de una Jornada de Validación para el Perfil de Egreso, efectuada en enero de 2017 en la Ciudad de San Antonio, la cual se realizó con la asistencia y participación de un importante y diverso número de actores locales relevantes para cada una de las áreas productivas en las que el Centro de Formación Técnica Estatal Regional impartirá carreras técnicas de nivel superior. Además, estuvieron presentes distintas autoridades políticas y administrativas locales.

En paralelo, distintos profesionales de la Región de Valparaíso están desarrollando, y ya está casi en su etapa de termino, la propuesta de infraestructura educacional con el diseño y la materialidad de lo que será el edificio institucional que albergara el Centro de Formación Técnica Regional Estatal y que ha sido muy bien recibido y aceptado por toda la comunidad local, con la cual se han hecho muchas interacciones para concebir una especie de Plaza Cívica Educacional con las autoridades sectoriales locales de San Antonio.

El deseo, el interés y la voluntad de todas las autoridades regionales es que a continuación, o bien de manera paralela y muy sincrónica, también se pueda abrir una segunda sede de este centro en la ciudad de Los Andes, donde se impartirán también, muy probablemente, las mismas tres carreras con las que se iniciará su funcionamiento en la ciudad de San Antonio.

En el Diario Oficial del día 21 de abril de 2017 se publicó el Decreto con Fuerza de Ley N° 14 de 2017, que establece los estatutos del Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso, lo cual en los hechos significa el nacimiento oficial de esta institución.

Alejandro Zuleta Marín
Ingeniero Agrónomo

Reformas educacionales en Chile: avances y desafíos en educación pública. Sandra González Toro

La educación no solo surge como un instrumento al servicio de las necesidades de los poderes públicos para originar mano de obra cualificada en los procesos de producción, sino que además como un proyecto político y social que emerge de la ilustración, la cual proclama la Educación como el mecanismo para la regeneración cultural y moral y la consolidación de identidades nacionales y personales que fortalecen sociedades democráticas. (Barroso, 1994; citado en Escudero, 2002).

Estas concepciones han originado diferencias significativas respecto a la Educación. Por un lado, se visualiza como una inversión rentable -que genera relaciones entre las necesidades económicas de cada momento histórico- y por ende, está al servicio de las jerarquías de poder. Por otro, como una actividad que permite “el desarrollo humano y personal en el concierto social y comunitario, inspirado en principios como la igualdad, libertad, emancipación social y humana, y solidaridad” (Reid, 1997; citado en Escudero, 2002).

Por consiguiente, las reformas curriculares originadas por los Estados han intentado responder a estas visiones divergentes, enfrentando el desafío de no quedar al margen del desarrollo económico y atendiendo a su vez a las dificultades de acceso a una educación de calidad, desde un enfoque de derechos. Desde esta perspectiva, la Educación Chilena -en los últimos 50 años- ha manifestado significativas transformaciones, a partir de los objetivos principales en que se han fundamentado las reformas curriculares, y de las cuales se pueden inferir diferentes y, posiblemente, divergentes formas de concebir la Educación. Entre las más relevantes, tenemos la iniciada a mediados de los años sesenta con el presidente Eduardo Frei Montalva, que implicó cambios sustantivos para la Educación Chilena, donde resalta la concepción sobre la responsabilidad socio-cultural de la Educación y la formación para la vida activa, visualizándola como un proceso para toda la vida, por tanto, la expansión al acceso a ésta se convierte en lo fundamental.A partir de esto, se reforma la Constitución para extender la educación y hacerla obligatoria durante ocho años, incrementando el gasto fiscal para construir más escuelas, con el objetivo de ampliar la cobertura en todos los niveles. Esto permite alcanzar la cobertura básica universal en los años setenta, además de un aumento en la cobertura de la Educación Media. (Elacqua, 2011).

Con todo, en 1970 las tasas de deserción escolar continuaron siendo considerables, presentándose datos tales como: de 100 estudiantes que ingresaban a 1° año básico, solo el 14,2% terminaba el 8° año básico (Obra protegida, Memoria Chilena, 1973). Por esta razón, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, se propone un proyecto para la transformación integral de la Educación Chilena, a saber, la Escuela Nacional Unificada, la cual se basa en una concepción de Educación como un proceso permanente que se debe desarrollar desde los primeros años y durante toda la vida. Siendo fundamental su perspectiva democrática, pluralista y participativa. Este proyecto no se concreta, primero, debido a los miedos de parte de la burguesía nacional, de “ideologizar la educación”, y posteriormente por el acceso de la dictadura al poder.

Con la dictadura militar, se concretan las reformas más profundas en términos estructurales de la Educación Chilena. Entre estas se encuentra la descentralización de la administración de las escuelas, pasando del Ministerio de Educación a los municipios; el establecimiento de un sistema de “voucher”, consistente en entregar un subsidio a la demanda; el origen de un sistema de evaluación nacional, el SIMCE; y la creación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).Estas acciones tienen repercusión en la expansión de la educación privada, que se concretan con la creación de más de 1.000 escuelas privadas subvencionadas, las cuales entran al sistema e incrementan sus matrículas de un 15% en 1981 a un 31% en 1990. A su vez, se origina un desplome en las matrículas de las escuelas públicas, bajando de un 78% a un 60% en el mismo periodo. (Elacqua, 2011).

Posteriormente, con los gobiernos de los partidos de la Concertación, se establecen una serie de iniciativas para el desarrollo de la Educación, como la creación del Estatuto Docente; aumento de los recursos privados en el sistema público, extensión de la jornada escolar, extensión de la educación obligatoria a 12 años, aumento en la cobertura pre-escolar y el reemplazo de la LOCE por la Ley General de Enseñanza, que tiene como objetivo equilibrar la libertad de enseñanza con el derecho a una educación de calidad.

Si bien, todas estas medidas buscan una nueva regulación, se sigue sosteniendo los componentes centrales de la educación con principios coherentes al modelo económico neoliberal: la subvención escolar a instituciones privadas, la selección de los estudiantes y la libertad de enseñanza, las cuales se ven fortalecidas con el gobierno de Sebastián Piñera, limitando cada vez más el rol del Estado como garante de Educación Pública de calidad.

En este escenario, el concepto de calidad se pone en entredicho, pues, si bien para algunos está sustentado en principios como la liberación, la eficacia, la optimización y la excelencia, sutilmente, sus objetivos son muy distintos a los declarados, toda vez que constituyen un pretexto para obviar los compromisos y aspiraciones depositadas en la Educación y los sistemas educativos de las sociedades modernas, como son la igualdad y la no discriminación. En sí, la Educación como servicio público (Escudero, 2002).

Aquí es donde las reformas impulsadas por el gobierno de Michelle Bachelet tienen su mayor sustento, constituyéndose en base a 4 pilares o consideraciones: calidad educativa, segregación e inclusión, gratuidad universal y fin al lucro en todo el sistema educativo.

Lo anterior se traduce en que, a la fecha, se encuentran aprobadas la Ley de Inclusión Escolar; la Ley de Desarrollo Profesional Docente y gratuidad mediante glosa, destinada a implementar un programa de acceso gratuito a la Educación Superior para estudiantes pertenecientes a los cinco primeros deciles de menores ingresos de la población, matriculados en instituciones que cumplan ciertos requisitos de calidad, participación y exclusión del lucro.

Entre los elementos más destacables de estas políticas educativas, se encuentra que, en el año 2016, más de 240 mil estudiantes accedieron a la Educación Escolar de manera gratuita, liberando a sus familias del pago por su educación. A su vez, se termina con la selección en los establecimientos educacionales y los recursos,aportados por el Estado, solo se pueden usar con fines educativos, no pudiendo retirarse utilidades de los establecimientos con cargo a recursos públicos.

Por otra parte, en el ámbito de la inclusión, no se podrá cancelar matrículas por rendimiento y tampoco realizar expulsiones en medio de un período escolar.

A este nuevo escenario en los establecimientos, se suman aspectos relevantes a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, como es la formación inicial de los profesores. En efecto, el Estado es el responsable de las Universidades que imparten pedagogía y solo aquellas universidades acreditadas podrán entregar títulos a los profesionales de la educación. Se complejizan a su vez los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía y se inicia un proceso de reconocimiento del desarrollo profesional de los docentes, el cual posibilita el aumento de sus remuneraciones y el acceso a procesos de capacitación permanente, recobrando el rol histórico del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas  (CPEIP), entre otros aspectos positivos.

Por otra parte, en lo que respecta a Educación Superior, el avance más sustantivo dice relación con el proceso de gratuidad, el cual viene a restituir el derecho a la educación, entregando a los estudiantes la garantía de acceder a una carrera sin pagar matrícula ni arancel, por el período de duración formal de su carrera. Este beneficio hoy alcanza los 200.000 estudiantes a lo largo de Chile, logrando un nivel de permanencia en la Educación Superior del 86.7%, muy por sobre el promedio nacional de 68.7%.

A estos avances, se sumarán próximamente los proyectos de ley de Nueva Educación Pública y Educación Superior, los cuales vienen a aportar continuidad y sustentabilidad a este proceso de reformas. Por una parte, la nueva institucionalidad en las escuelas y liceos públicos permitirá resguardar la calidad y la equidad de los procesos educativos que desarrollan las comunidades educativas. Por otra parte, posibilitará el término de desvíos de recursos del Estado destinados a Educación hacia otras prioridades de los municipios. Adicionalmente, el foco de fortalecimiento de la institucionalidad de la Educación Superior se acompaña de un aseguramiento de la calidad, fin al lucro, gratuidad y fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional.

No obstante lo anterior, aún sigue siendo necesario asumir las implicancias de la polarización del sistema educativo y la revisión del sentido de lo público y lo privado. Teniendo como desafío terminar con las lógicas de las relaciones del mercado en la provisión de educación, donde no solo se dé, como objeto de discusión, el fin del lucro en todo el sistema educativo, sino también, el repensar la participación del Estado como garante del derecho a la educación y como actor predominante en la construcción de un modelo educativo acorde a las necesidades de equidad y justicia social que demanda el país.

En consecuencia, no solo es necesario colocar los procesos educativos como ejes centrales de las políticas públicas, sino que además se debe resguardar la participación de todos los actores sociales en la reconstrucción del sistema educativo público, como una forma de propiciar el equilibrio de intereses y la distribución del poder, garantizando una educación pública, laica, inclusiva y de calidad, como ejercicio de derecho fundamental.

 

Sandra González Toro

Magíster en Evaluación Educacional

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

Referencias
Elacqua, G. (2011). Breve Historia de las reformas educacionales en Chile (1813-2011): Cobertura, Condiciones, Calidad y Equidad. Instituto de Políticas Públicas, Universidad Diego Portales.
Escudero, J. M. (2002).La Reforma de la Reforma ¿Qué calidad para quiénes?. Barcelona, Ariel Social.
Colegio de Profesores de Chile A.G (2016). Análisis de la ley que crea el sistema de desarrollo desarrollo profesional docente. Recuperado de http://www.colegiodeprofesores.cl/images/pdf/sistema%20de%20Desarrollo%20Profesional%20Docente%20(ley%20n%C2%BA20903).pdf
Propiedad protegida (1973). La crisis educacional. Santiago. Quimantú. www.memoriachilena.cl
Ministerio de Educación (2016) Decálogo de la ley de inclusión. Construyendo el derecho a una educación de calidad.
Recuperado de http://leyinclusion.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/91/2017/04/decalogo.pdf

Editorial (CdE nº31)

Llegamos a Diciembre y se nos va el año 2014, año cargado de dinamismo político, económico y social. La presidenta Michelle Bachelet asume el poder con una coalición de gobierno llamada Nueva Mayoría, ex Concertación, la que contempla una gran diversidad política en sus filas: desde la Democracia Cristiana, hasta el Partido Comunista, además de sectores de ambulantes progresistas como el PRO del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y, por otro lado, el sector liberal de Velasco, el cual se acerca y a veces se aleja del gobierno, según lo tratante en la agenda y lo beneficioso para su sector. Esta diversidad ideológica partidaria se reflejó desde los inicios del gobierno y no justamente por el consenso y el apoyo al gobierno, sino por las diferencias que se profundizaron en puntos esenciales de la agenda política, como fue la reforma tributaria, y por uno de los temas más complejos hasta la fecha: la reforma educacional, donde el punto del lucro evidencia los intereses que tienen algunos partidos de la Nueva Mayoría. En este sentido, la conducción del presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, ha ido en una dirección que lleva a la confusión ciudadana respecto de su posición en torno al negocio de un bien público como lo es la educación, ya que las posturas de este partido parecen enlistarse a veces como parte de la oposición, antes que como integrantes de la coalición de gobierno.

Lo anterior lo reflejan las datos entregados este mes de diciembre por la encuesta CEP, donde se da un 24% de aprobación a la labor de la Nueva Mayoría, cifra concordante con la desaprobación obtenida por el Gobierno, la cual baja del 50%, cayendo a un 43%, descendiendo así doce puntos en comparación con la medición anterior del mes de julio.

Siguiendo con el resumen del año, llegamos a la derecha, sector opositor al gobierno, la que enfrentó una baja considerable en las elecciones pasadas; no tan solo por la derrota de su presidenciable, sino también por la reducción considerable de representantes en el parlamento, donde actualmente son minoría. Estos hechos se han agudizado con la escasa conducción política que han mostrado este año y la visualización casi nula de un líder opositor, que sea un portavoz que concentre las posiciones de la oposición; por el contrario, cada partido y movimiento se ha manifestado de forma particular, contradiciéndose en hitos políticos que poco o nada han aprovechado, como fue la interpelación al Ministro de Educación Eyzaguirre, el 26 de noviembre pasado, donde la diputada Hoffmann, integrante de la comisión de Educación, no fue capaz de conducir esta instancia hacia un crítica fuerte al ministro, pues más bien Eyzaguirre sale airoso de esta interpelación. La diputada fue cuestionada por sus mismos pares de sector, los que incluso no estaban de acuerdo en utilizar esta instancia constitucional para apelar sin fundamentos profundos contra un ministro de Estado.

La Derecha, enfrenta hasta hoy el caso PENTA, donde se evidencia cómo gran parte de los políticos pertenecientes principalmente a la UDI financiaron sus respectivas campañas políticas, transgrediendo aspecto éticos de la probidad Pública, además de evidenciar lo frágil del sistema electoral chileno. La ciudadanía cada vez es menos tolerante frente a estos casos, y claramente queda mucho aún por descubrir; lo que podría llevar a posibles acusaciones legales contra los políticos que se encuentran en cargos de representación popular.

Otro aspecto relevante que ha surgido este año es el rol del empresariado chileno como actor político, el cual ante la baja representación parlamentaria y la inorgánica movilidad política de la derecha como oposición al gobierno, representante histórica de sus intereses, empezó a tener un rol protagónico ante la agenda social del gobierno; dejando en claro sus posiciones y más que algún mensaje de alerta ante los proyectos que pretenden tocar la estructura institucional económica del país.

Sabemos que cada mes ha tenido sus matices, y claramente en unas líneas no se puede nombrar y aclarar cada uno de ellos, pero sí es cierto que cerramos un año 2014 lleno de movimiento político, y quizás es el momento de que el gobierno genere un cambio sustancial a las estructuras de poder del país: tributaria, educacional, salud, sistema electoral, económico, constitucional, entre otros. Pero todos estos cambios requerirán de un apoyo transversal de los partidos que conforman la Nueva Mayoría, más aún si son mayoría parlamentaria, pero mientras no sinceren posturas, mejoren las conversaciones entre partidos y lleguen a acuerdos concretos, el momento crucial que espera la sociedad puede transformarse solo en una ilusión, que claramente la ciudadanía castigará en las próximas elecciones.

cambio

La sociedad y sus jóvenes, han sido pacientes ante las instituciones del país, entre ellas los partidos políticos, por lo que este nuevo año 2015 se debe responder a las demandas legítimas emanada de la gente, ya que si no es así, podemos estar ante un despertar poco amable de la sociedad frente a las estructuras de poder que han regido el país desde sus inicios. Nos podemos preguntar que quizás es aquello lo necesario para cambiar el país, pero las reflexiones pragmáticas nos llevan a la conclusión que, con voluntad política, es posible disminuir la enorme desigualdad económica del país y con ello, avanzar hacia una sociedad justa y fraterna.

Editorial (CDE nº 28)

La instalación del gobierno de la presidenta Bachelet ha sido la noticia más comentada y discutida en las últimas semanas: la razón ha sido cierta cantidad de tropiezos y críticas a los nombramientos de algunas de las nuevas autoridades. Pero si se mira la situación con cierta objetividad los mencionados tropiezos no tienen la menor importancia: se trata de objeciones menores a una cantidad también muy minoritaria de autoridades. De algún modo la exageración que los medios han dado a estas dificultades ha opacado lo verdaderamente importante: el nuevo gobierno ya ha empezado a enviar los proyectos de ley que dan comienzo a la concreción del programa de la Nueva Mayoría. No debe extrañarnos que la Derecha, utilizando su estrecha relación con los medios de comunicación, haya sacado todo el partido posible a esta situación.

Para nosotros es más importante el inicio de la discusión, que ya ha empezado a llamar la atención, acerca de la reforma educacional. La discusión, en su aspecto principal, se centra en la disyuntiva: ¿subvención a la demanda o subvención a la oferta?  Los estudiantes y muchos académicos se han pronunciado hace ya tiempo en contra de la subvención a la demanda, que es la forma en que el Estado ha estado, desde hace harto tiempo, contribuyendo al financiamiento universitario. Sin embargo no debemos caer en esquemas rígidos y simplistas: los fenómenos complejos rara vez se dilucidan sensatamente con respuestas del tipo blanco o negro. El sistema Educacional chileno es altamente complejo: la respuesta sensata no será entonces la disyuntiva: todo a la demanda o todo a la oferta. Hay que agregar además el factor tiempo: ¿con qué ritmo se transformará el sistema en uno u otro lado? ¿Con qué velocidad se irá reemplazando el subsidio a la demanda por el financiamiento directo a las instituciones? Al respecto hay ciertas cosas, digamos, de principio: el Estado es el dueño y mandante de las universidades estatales: debe entonces hacerse cargo de ellas, impulsar y financiar el desarrollo de algunas de ellas, sobre todo en regiones, las cuales han estado congeladas durante ya demasiado tiempo. En este caso no cabe una mera subvención a la demanda, que por definición está restringida a la docencia: el Estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde implementando un completo plan de desarrollo de aquellas universidades estatales que se quedaron detenidas en el tiempo por la legislación imperante, basada en el principio de subsidiaridad. Debe tenerse en cuenta que no bastan los proyectos de investigación financiados por Fondecyt para desarrollar la investigación en tales instituciones: tendrá que haber todo un programa de contrataciones de académicos de alto nivel así como programas generosos de perfeccionamiento de los propios académicos.

Sin embargo, otro podría ser el trato a las universidades privadas, donde un porcentaje importante de estudiantes podrían tener alguna ayuda económica del Estado. Las universidades privadas llamadas de vocación pública , como las universidades católicas, son también un caso especial. El Estado podría entrar a financiarlas directamente a condición de satisfacer ciertas exigencias mínimas: como respetar la libertad de cátedra, no discriminar de ningún modo, tener una planta académica con contratos adecuados y regirse por un gobierno interno democrático con participación triestamental. Aquí no hay que equivocarse: las universidades católicas no son iguales a las estatales . Baste al respecto recordar que, en el caso de las pontificias, es el Vaticano quien nombra al rector y no cualquiera puede ser propuesto como rector o decano: solo los católicos en plena comunión con la iglesia .

Como se puede apreciar, el problema es altamente complejo y no vale la pena adelantar juicios con información precaria: no queda más que esperar los proyectos que el gobierno de la Nueva Mayoría mandará al Congreso.