Chile: hacia un mejor derecho a la educación

Estudio comparativo de la UNESCO sobre legislación educativa:

Chile: hacia un mejor derecho a la educación

  • Foto: ©UNESCO / Carolina Jerez

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), condujo el estudio “El derecho a la educación: una mirada legislativa comparada” enfocado en los marcos jurídico-legales que rigen los sistemas de educación de Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile, con énfasis en este último país. “Tenemos el propósito de seguir apoyando a los países de nuestra región en la implementación de acciones que permitan avanzar hacia el derecho a una educación de calidad para todos y todas” afirmó Jorge Sequeira, Director de la OREALC/UNESCO Santiago.

El estudio fue liderado por Vernor Muñoz, ex Relator Especial de la ONU para el derecho a la educación (2004-2010) y miembro del Consejo Deliberativo del Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación. En su elaboración también colaboró el equipo del Ministerio de Educación de Chile junto con otros actores relevantes.

El foco del trabajo estuvo en la revisión del marco conceptual y normativo del derecho a la educación, y en el análisis de la situación desde sus principales ejes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. A partir de estos elementos, se explicitan las obligaciones del Estado relativas al derecho a la educación y su aplicación específica. El estudio señala que los objetivos de la educación determinan prioridades institucionales que incluyen el desarrollo curricular, por un lado, y por otro la naturaleza y alcance de la gestión educativa, que requiere de un financiamiento adecuado para sentar las bases de un avance progresivo que garantice la gratuidad de la educación.

Desafíos y oportunidades para Chile

“Los desafíos que enfrenta el sistema educacional chileno son el resultado de un largo proceso histórico que ha visto pasar varias administraciones de Gobierno. Por esto, las transformaciones requeridas deben ser consensuadas y formuladas por todos los actores sociales y trascender agendas políticas, de manera que emerja una visión y un proyecto país a largo plazo, en el cual el diálogo social positivo se convierta en el garante para formular las soluciones que se necesitan”, señaló Jorge Sequeira, director de la OREALC/UNESCO Santiago.

“Si bien el derecho a la educación está incorporado al bloque constitucional de la mayoría de los países, se entiende de diferentes maneras. En Uruguay tiene más un sentido de utilidad pública, en Argentina tiene más un sentido de protección y garantía; y en Chile está más cercano al fomento de actores claves vinculados con la libertad de enseñanza. Esto arroja una necesidad adicional que es construir un lenguaje común en torno al derecho de la educación” afirmó Vernor Muñoz, autor del estudio.

En el caso de Chile, y considerando que ya cuenta con procesos de supervisión y control, el estudio señala que un paso importante será enriquecer su legislación para responder de una mejor manera al desafío de ofrecer igualdad de oportunidades de educación para todos y todas.

Otro elemento positivo que se destaca es que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes. Sin embargo, se advierte la necesidad de revisar las pruebas de admisión, ya que estas “establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad”.

Además, otro punto a resaltar del sistema chileno son las becas y subvenciones que buscan contribuir a la igualdad de oportunidades. El estudio señala que estas prácticas positivas ven disminuido su impacto dado un contexto aún insuficiente de la educación como un bien público. De ahí que las controversias actuales giren en torno a consideraciones económicas, apartándose del significado y propósito del derecho a la educación.

Lo que viene

El estudio muestra que las legislaciones de Argentina y Uruguay son explícitas en restringir que la educación sea tratada como un bien de consumo. Por su parte, la Constitución chilena enfatiza la protección del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos e hijas, mientras que la finlandesa otorga garantía de oportunidades educativas y la uruguaya acentúa la utilidad pública de la educación. Es decir, dado que en Chile la ley deposita en los padres y madres un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación y ofrecer una educación de calidad, el rol del Estado debe ser reforzado como garante institucional de este derecho.

Durante su visita a Chile, Vernor Muñoz compartió los hallazgos y el análisis de su estudio con el Ministro de Educación, Felipe Bulnes, y su equipo, con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, senadores, estudiantes secundarios, apoderados, representantes de la sociedad civil, académicos y agencias del sistema de Naciones Unidas en Chile.

Este estudio, contempla acciones de seguimiento en colaboración con el Ministerio de Educación de Chile. Esta continuidad permitirá monitorear transformaciones progresivas del sistema educacional chileno. “El sistema educacional chileno siempre ha sido un referente para otros países y creemos que los avances que aquí se generen servirán de modelo para otros países que también están trabajando para mejorar el derecho a la educación” afirmó Jorge Sequeira, director de la OREALC/UNESCO Santiago.

Descargue el estudio
El derecho a la educación: una mirada comparativa. Argentina, Uruguay, Chile y Finlandia
(PDF, 425 kb)

Entrevista a Vernor Muñoz
Ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación

Para más información:
Victoria Uranga Harboe v.uranga@unesco.org
Tel. 472 46 14 – 472 46 07 – 472 46 06
Coordinadora de la Sección de Gestión del Conocimiento
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC/UNESCO Santiago)

Fuente:http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=15032&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

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Editorial ( CdE nº17) .

En los momentos en que escribimos esta página editorial, la movilización estudiantil, tanto de los secundarios como de los universitarios sigue a todo vapor, estos no han depuesto ni sus paros, ni sus tomas y han rechazado la propuesta del Ministro Joaquín Lavín por considerarla poco concreta y ambigua. Efectivamente, hay en la propuesta del Mineduc un silencio revelador en lo que se refiere a los dos puntos centrales para una reforma de la Educación, que son 1) que el Estado financie significativamente a las universidades estatales y públicas, y 2) que se instale una superintendencia que controle y fiscalice a las universidades privadas.

De lo que propone el Mineduc, quizás lo más importante sea el punto que habla de que «los aportes del Estado a la educación superior alcancen el promedio de los países de la OECD en el mediano plazo». Pero, ¿significa esto, que el Estado de Chile que sólo aporta un 0,3% a la Educación se va a poner a nivel del 1,4% que aportan los países que integran la OECD? ¿Qué significa en este caso mediano plazo? ¿Cómo se va a distribuir este aporte? Son estas las dudas que explican que la oferta del Gobierno, juzgada de ambigua, haya sido rechazada.

El movimiento estudiantil ha puesto su acento en el problema del lucro, rechazándolo como mecanismo organizador de la Educación superior y de los liceos. Incluso, no son pocas las voces que hoy se alzan descalificando al ministro por sus compromisos económicos con la Universidad del Desarrollo y pidiéndole por lo mismo su dimisión, pues ya no lo consideran como un interlocutor válido. El tema del lucro está puesto en la primera línea de la contienda y, en una encuesta realizada por el Mercurio, apenas un 53% opina que está bien que se permita el lucro. Creemos que el tema debe ser aun profundizado y esclarecido, pues a lo que se refieren los que ahora defienden las Universidades Estatales y públicas, es que no haya negocio en la educación. Los inversionistas extranjeros, especialmente norteamericanos que han comprado universidades chilenas, no lo han hecho porque de pronto les interesara el desarrollo de la Educación en Chile, sino porque es hoy en día un pingüe negocio, uno de los menos regulado y controlado en nuestro país. Es a eso que nos referimos al condenar el lucro. A eso, que las universidades se transen en el mercado como cualquier producto, que gasten millones de dólares en propaganda, casi tanto como en las tiendas de retail. Si se investiga más en profundidad a algunas de estas universidades, las que francamente profitan con la educación, se encontrará que en ellas el escándalo y la estafa a los estudiantes se aproxima y asemeja bastante a lo que ocurre en La Polar.

Estamos de acuerdo en la petición de los estudiantes en relación a que el Consejo de Rectores no tome iniciativas de acuerdo con el MINEDUC en forma aislada. La unidad de todos los actores es garantía de éxito en la consecución de los objetivos de una educación democrática equitativa y de calidad en nuestro país.

Lo que ocurre en materia de educación y lo que acontece en la tienda la Polar, cuya crisis financiera puede desembocar en una catástrofe económica, como la que se conoció recientemente en los EEUU y Europa con el negocio inmobiliario, revela que el actual modelo hace agua por todos lados, que el mercado no es el mejor instrumento de regulación y que nuestro país debiera avanzar en un modelo político y económico que considere una activa participación reguladora y fiscalizadora del Estado que vele por los intereses de la gran mayoría del país: los trabajadores.