Sobre la Ley de Universidades Estatales ¿Cuál es la relación que debe tener el Estado con sus universidades? Daniel Salinas-Arizmendi.

En la ultima década varios actores de la educación esbozaron comentarios sobre el cambio estructural que había que hacer en la relación de Estado con sus instituciones de educación superior, del cual emergieron grandes debates sobre esta sinergia, la verdad que hasta la actualidad, solo hemos replicado el modelo de mercado y el lenguaje de la economía neoclásica a dominado el análisis. No resolviendo la contradicción primordial, la educación como un derecho social, o al contrario, como un bien de consumo en un mercado regulado. Los que defendemos la primera postura consideramos que la Educación Superior es un pilar fundamental y estratégico de inversión para desarrollo de la sociedad del cualquier país y es la responsable de la formación del pensamiento creativo, laico, democrático y critico de nuestra sociedad. Por lo tanto el Estado debe velar por el desarrollo de la organización interna de estas instituciones, generar la oportunidad de la conexión ínter instituciones con miras al desarrollo nacional y regional y el fortalecimiento y responsabilidad continua en materias de financiamiento con sus Universidades para que estás logren desarrollarse en plenitud su misión y principios, fortalezcan la democracia del país y su desarrollo integro y sustentable y así logren el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio para las que son creadas. Por eso es importante revisar la nueva Ley Nº21.094 promulgada y publicada el Martes 5 de junio del Presente año, a lo refiere este articulo, revisado los cambios en materias de gobernanza institucional, coordinación entre las universidades , la novedades en acreditación y actos atentatorios y el nuevo plan de fortalecimiento.

El órgano superior que gobierna la universidad se dividirá en tres cuerpos, el Consejo Superior, Consejo Universitario y el Rector, a su vez la responsabilidad del control y de la fiscalización interna estará a cargo de la Contraloría Universitaria, esto no limita la autonomía administrativa de establecer a la instituciones sus propios estatutos orgánicos.

La creación del Consejo Superior, órgano máximo colegiado, responsable de definir la política general y tomar las desiciones estratégicas de la universidad. Compuesto por ocho consejeros: tres consejeros designados por el Presidente de la República, un consejero titulado o licenciado de la Universidad de destacada trayectoria profesional, que resida en la región donde se domicilia la institución, estos últimos consejeros son los únicos que pueden optar a presidir el Consejo Superior el cual toma relevancia en caso de existir un empate en la votación, el presidente del consejo posee el voto decisivo, cuatro miembros de la Universidad, dos académicos de la mas alta jerarquía, un funcionario no académico y un estudiante todos ellos designados o elegidos por el Consejo Universitario mismo Consejo que nombra al consejero titulado/licenciado propuesto por una terna en el Gobierno Regional, y el Rector que continua sido la máxima autoriadad unipersonal representante legal y responsable tanto en lo judicial y extra judicial de la universidad, la Ley manifiesta que su elección esta sujeto a la Ley Nº 19.305 (que refiere que solo académicos jerarquizados tiene el poder de votó y atenta contra la triestamentalidad impidiendo el libre y legitimo ejercicio de la participación) pero en el Artículo 21 de la presente ley promulgada deja establecido que la elección queda prescrita a las normas internas de cada institución donde podría entrar en conflicto al procedimiento de las mismas elecciones. La duración de los cargos dispuestos es de cuatro años para los primeros cuatro consejeros nombrados previamente y el Rector con una opción de reelección para el periodo consecutivo, los consejeros correspondientes a miembros internos de la universidad y la presidencia del Consejo tiene una duración de dos años en su cargo o rol con derecho a una reelección y sin derecho a una reelección para un periodo consecutivo respectivamente.

También se crea el Consejo Universitario conformado por 2/3 de académicos y el resto por funcionarios no académicos y estudiantes todos con derecho a voz y voto concordado en lo los reglamentos internos de cada institución, este consejo estará presidido por el Rector.

En el control de la legalidad existirá la Controlaría Universitaria, donde Contralor Universitario será el responsable, esté debe poseer un título de Abogado con experiencia mayor igual a 8 años, para poder ser elegido de una terna elaborada mediante el Sistema de Alta Dirección Publica y cumplirá una duración de 6 años en su cargo .

El actual CUECH (Consorcio de Universidades del Estado de Chile) conformado hace 25 años será reemplazado por un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, Consejo que asesorara al Ministerio de Educación en el diseño de proyectos conjunto entre el Estado y sus Universidades en torno a objetivos específicos, ademas de conformar redes de cooperación entre las instituciones en áreas de interés nacional o regional. Este Consejo está conformado por los Rectores de las Universidades del Estado, por el Ministro de Educación que lo presidirá y por el Ministro de Ciencia y Tecnología. Con poder ser convocado por le Ministro de Educación y auto-convocado por 2/3 de sus integrantes.

De la calidad y acreditación institucional el proyecto subraya, que si la universidad del Estado pierde su acreditación o obtenga una inferior a cuatro años, el Ministerio de Educación designará a otra universidad del Estado para desempeñe el papel de tutor para lograr la acreditación de la universidad tutorada, una vez alcanzada la acreditación a lo mínimo de cuatro años retirara la tutoría, está tutoría tiene un periodo máximo de aplicación de seis años el Presidente de la República enviará al Congreso nacional un proyecto de ley que defina el futuro de la respectiva institución.

La novedad en financiamiento, es el Plan de Fortalecimiento el cual consiste en proyecto transitorio que en un periodo de diez años inyectara un recurso en total de 300 millones de pesos chilenos, cada 5 años será evaluado por un panel de expertos extranjeros en conjunto al Ministro de Educación y de Hacienda. Estableciendo que los primero cinco años de vigencia del plan se deberán destinar a lo menos 150 millones de pesos, la aprobación, supervisión y seguimiento continuo estará a cargo del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado mediante una comisión de cinco Rectores, representantes del Ministerio de Educación, de Ciencia y tecnología y de la Dirección de Presupuesto.

El Articulo 49 da un gran salto sobre los actos atentatorios a la dignidad de los integrantes de la comunidad, un tema muy presente durante el transcurso del año fueron la falta de protocolos sobre las situaciones de acoso dentro de la instituciones, la nueva ley promulgada establece una tipificación del acoso, donde se podrá establecer un protocolo ante el acoso sexual, laboral y la discriminación arbitraria, equiparando el derecho del denunciante y permitiendo la incorporación de pruebas, y por ultimo se garantiza que toda la comunidad este dentro este protocolo refiriéndose a la incorporación de los funcionarios no académicos y estudiantes dentro del proceso.

La Ley publica el mes Junio del presente año por lo cual entra en vigencia y las universidades tiene un periodo de un máximo de tres años desde la fecha mencionada esto esta claramente establecido en su articulo transitorio Nº 1.

Quienes consideramos que el denominador común para un desarrollo estratégico del país es la correcta relación entre el Estado y sus universidades, donde el Estado debe poner la Economía del país al servicio del cumplimiento de este importante objetivo. Vemos como gran avance la promulgación de esta Ley que lleva a las universidades del Estado contribuyan con su impronta al progreso de la sociedad chilena y se acerquen cada vez mas al gran proyecto de Reforma Universitaria de 1967 y que la educación superior cumple el rol que le corresponde en la historia.

Octubre del 2018, Valparaíso

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Declaración Pública. Por Consorcio de Universidades del Estado de Chile

Los Rectores de las universidades del Estado, reunidos en sesión extraordinaria, hemos tomado conocimiento de la propuesta de presupuesto 2012 en lo relativo a educación superior.

Nuestra convicción es que la reforma de la educación superior, que han planteado los estudiantes y las comunidades universitarias, debe contener cambios estructurales y una decidida voluntad de fortalecer la educación superior pública, plasmadas en el documento ”Puntos Convergentes” consensuado entre el CRUCH y la CONFECH.

En esta perspectiva creemos que el proyecto de presupuesto 2012 presentado por el Ejecutivo representa una política que no considera incrementos permanentes en educación superior, porque no tienen una mirada de largo plazo. Nos preocupa que el Fondo de Educación no tenga carácter permanente.

El proyecto de ley de presupuesto profundiza la mercantilización y privatización del sistema a través de mecanismos de financiamiento competitivo, dirigido principalmente a la demanda, y a soportar un sistema de créditos que continuará traspasando recursos a la banca privada y no a las instituciones de educación superior, ni mucho menos a los estudiantes. El discurso del Gobierno, sobre su real preocupación por la educación superior pública no se condice con la realidad de este proyecto de ley de presupuestos 2012.

En este sentido, surgen legítimas dudas respecto a la visión del Ejecutivo respecto del futuro de las universidades públicas, porque una vez más, los recursos de fomento y las ayudas estudiantiles, se abren sin control a las instituciones de educación superior privadas, sin considerar su calidad ni su cumplimento efectivo de fin de lucro, ni mucho menos asegurar una efectiva rendición de cuentas.

Del mismo modo, no se contemplan incrementos reales y sustantivos a los aportes basales de las universidades estatales. No queremos pensar que este presupuesto represente una sanción o represalia en contra de las instituciones que lideramos, debido a la posición que públicamente hemos manifestado respecto de las demandas estudiantiles.

El presupuesto de la Nación debería representar la voluntad mayoritaria de la sociedad por avanzar progresivamente hacia el fortalecimiento de las universidades estatales y públicas. ¿Donde están los compromisos relativos a: fondo de revitalización para el año 2011, continuidad a los convenios para el desarrollo de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, recursos para los planes de retiro y para el desarrollo de las universidades públicas de regiones?

Las universidades del Estado representamos un espacio del saber plural, laico, de calidad, productoras de bienes públicos y comprometidas con cada una de las regiones del país. Esta misión que nos ha encomendado la sociedad requiere de recursos y de un trato preferente del Estado con sus universidades, el que no se ve reflejado en este proyecto de presupuesto. Continuaremos la defensa de la educación pública, lo que se va a expresar en la demanda por aumentar los aportes basales y los recursos a las universidades estatales en la discusión presupuestaria.

Así como manifestamos nuestras aprehensiones con el proyecto de presupuesto 2012, queremos ser claros en señalar la decisión de los rectores de normalizar la vida académica en nuestras universidades. Esto supone el diálogo y las acciones destinadas a recuperar los espacios universitarios y reiniciar el segundo semestre.

Reiteramos nuestra disposición a compatibilizar la movilización con la actividad académica y no poner en peligro la sustentabilidad de las universidades estatales.

Los rectores condenamos y rechazamos todos los actos y métodos de represión que han sufrido las manifestaciones públicas pacíficas hechas en el legítimo ejercicio del derecho a disentir que caracteriza a toda sociedad democrática. En este sentido, señalamos que todo acto de fuerza pública desproporcionada es antidemocrático.

Asimismo somos categóricos en condenar las tomas de los recintos universitarios, como mecanismo de expresión de las demandas estudiantiles. Las tomas representan actos de violencia que rechazamos porque vulneran las libertades de las personas y la paz interna de las comunidades universitarias.

Además, contradicen la demanda de mayor democratización y participación de las comunidades universitarias en las instituciones. Quien pone cadenas o candados a sus recintos universitarios está contradiciendo la demanda y compromiso de mayor democratización en estas mismas instituciones.

No compartimos las presiones indebidas que el gobierno está ejerciendo sobre nuestras universidades, a través de la condicionalidad de las becas y de la retención de los aportes directos, comprometidos por ley. Se está además discriminando arbitrariamente a algunas universidades estatales en el flujo regular de sus recursos fiscales, y con ello, se las debilita, poniendo en riesgo su viabilidad. Los presupuestos suponen flujos anuales que no pueden ser re-asignados discrecionalmente ni en sus montos, ni en su periodicidad.

Estamos convencido que la resolución del conflicto no se alcanzará con presiones y amenazas, sino que con diálogo y propuestas a nivel nacional y en el seno de cada una de nuestras universidades.

Esta ha sido nuestra conducta permanente y perseveraremos por la responsabilidad que nos compete, como rectores de nuestras universidades.

Viernes 14 de Octubre de 2011.

Fuente: http://www.universidadesestatales.cl/

¡CAE a los Bancos Estúpido!. Por Manuel Riesco

¿Quién resulta más beneficiado con el crédito con aval del Estado (CAE)? ¡Acertó!

Desde que fue engendrado el 2006, este perverso mecanismo para endeudar estudiantes a favor de instituciones de educación superior privadas con fines de lucro, ha reportado ganancias brutas por no menos 400 millones de dólares ¡a los bancos intermediarios! Éstas provienen de intereses devengados por los estudiantes y “recarga” pagada al contado por el Fisco, más o menos en partes iguales.

Sin riesgo alguno y sin moverse de su escritorio, por cierto. Además del aval de las instituciones receptoras y del Estado, los bancos adquirieron el derecho a embargar sueldos y devoluciones de impuestos de los futuros profesionales. Como si fuera poco, el Estado les ha recomprado el 41 por ciento de los créditos colocados.

Dichas ganancias brutas equivalen al veinte por ciento de los aproximadamente dos mil millones de dólares colocados a los estudiantes en CAE hasta el momento. Sin embargo, considerando la recompra por parte del Estado, la banca ha aportado solo unos 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, las ganancias brutas hasta el momento equivalen a ¡un tercio del capital aportado por la banca! No está mal.

A lo anterior hay que agregar que aparte de endeudar a los estudiantes en 800 millones de dólares anuales y consumir un 30 por ciento del presupuesto de educación superior del 2012, casi todos los CAE van a a parar a instituciones de educación superior privadas y la mitad a sólo tres de ellas, con fines de lucro.

Por estos motivos hay que terminar con el CAE ahora, redestinando esta partida presupuestaria a financiamiento basal de las instituciones públicas, crédito solidario y becas. Éste es el primer paso hacia la gratuidad de la educación superior.

Las ganancias brutas de los bancos han sido estimadas por CENDA en base a los antecedentes publicados por la Dirección de Presupuestos, DIPRES. Se calculan sumando año a año desde el 2006 al 2011 las “recargas” pagadas por Fisco a los bancos por la cartera recomprada, más los intereses devengados por el capital neto aportado por la banca, una vez descontada la recompra por parte del Estado del total de CAE colocados.

Las “recargas” pagadas por el fisco a la banca suman un total de 106,257 millones de pesos entre el 2006 y 2011. Llama la atención que los promedios de recarga pagados a la banca entre el 2006 y el 2010 promediaron más de 40 por ciento de la cartera recomprada, proporción que se redujo violentamente el 2011 a sólo 6 por ciento. Ello resulta escandaloso, puesto que evidencia que durante los años precedentes se pagó de más a la banca una suma de más de ochenta mil millones de pesos ¡cinco veces el escándalo de Kodama! Por cierto, nadie ha respondido por ello.

Los intereses devengados por los CAE todavía en poder de la banca, es decir, descontada la recompra por parte del Estado, suman un total de 90.452 millones de pesos desde el 2006. Sólo el 2011 suman 36.732 millones de pesos, cifra que crece año a año. El cálculo supone que toda la cartera colocada continúa devengando intereses corrientes. En realidad la suma es mayor, puesto que los créditos morosos son cerca de la mitad y devengan adicionalmente intereses penales y multas.

Las cifras anteriores se presentan en el cuadro adjunto, preparado por CENDA como parte del inforrme a CONFECH.

Analisis CAE

Fuente: http://economia.manuelriesco.cl/

Por la defensa de la educación pública:

Es menester volver a considerar a la educación como un derecho,donde el Estado asuma las responsabilidades pertinentes, y que la educación deje de ser una mercancía.

El actual gobierno ha iniciado una ofensiva donde se pretende sellarla privatización total de lo que queda de educación pública.

Las universidades y centros de educación superior no son un problema reservado a quienes estudian y trabajan en ellos, sino de todos los chilenos.

Un gobierno de nuevo tipo deberá incorporar en su plataforma programática la visión de todos los sectores no neoliberales. Esto es a lo que invitamos a conversar,  consensuar y proponer al país: Una educación pública potente, de calidad, que forme a los constructores del mañana.

La educación superior y un gobierno de nuevo tipo. Por Ricardo López Erazo

El acuerdo de Tomé, declaraciones de diversos dirigentes concertacionistas , la convocatoria al 24° Congreso de los comunistas y de dirigentes del Juntos Podemos, así como de diversas organizaciones sociales, han puesto sobre la mesa la necesidad de discutir y lograr consensos en torno a una idea fuerza: lograr un gobierno de nuevo tipo.

En la retina puede quedar una imagen: el desalojo de la derecha del poder ejecutivo de ¡a república, pero resulta obvio que para las fuerzas más progresistas y democráticas no se puede tratar de una estrategia tipo Allamand, en la cual el desalojo fue sólo eso, un gobierno con nuevas caras para continuar administrando un mismo tipo de política, ¡a neoliberal. De lo que se trata es de impulsar un acuerdo que logre constituir un gobierno de nuevo tipo, y eso significa un gobierno que tenga la voluntad política, con el apoyo del pueblo, de proponer e implementar un nuevo programa de gobierno que cautele los intereses más caros de la sociedad chilena en su conjunto y, en particular, de los trabajadores y excluidos de las oportunidades del desarrollo de la nación.

Dicho lo anterior quisiéramos exponer un conjunto de medidas programáticas – para este gobierno de nuevo tipo- que aborden la cuestión de la Educación Superior en Chile.

El propósito es abrir un análisis y discusión, con todos los sectores que se manifiesten a favor de un gobierno de nuevo tipo, en torno a medidas programáticas respecto de la Educación Superior en nuestro país.

La primero que es necesario abordar es la dicotomía entre lo “positivo y lo normativo”: desde que Pinochet inició el desmantelamiento de la Educación Pública – casi 30 años-se nos ha bombardeado con la noción de que lo positivo (aquello que es) es lo único que debe ser considerado, la ortodoxia neoliberal nos impone no pensar, analizar, ni siquiera discutir en términos normativos, es decir en aquello que queremos que sea.

La dictadura, a partir del decreto de autofinanciamiento (1981) creó un aquello que es, la educación superior ya no es más pública y, si existe interés privado, e! Estado debe abstenerse de intervenir En resumen, la educación superior-en términos positivos- comenzó a ser privada.

El desmantelamiento de las Universidades Nacionales (Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado) reafirmó este dato objetivo y posibilitó ei desarrollo de lo que hoy tenemos: un mercado de la educación superior, abierto, sin restricciones éticas ni legales, para ejercer comercio con fines de lucro en esta actividad.

Las ideas que propondremos son sólo un punto de partida para iniciar una discusión abierta, participativa y democrática.

Primera Idea: Detener el crecimiento inorgánico del Sistema de Educación Superior hasta que nos demos una nueva institucionalidad en el sector.

Hoy tenemos un total de 177 de instituciones de Educación Superior, donde el 75% de las matrículas están copadas por instituciones privadas. Este crecimiento, obviamente, ha logrado una mayor cobertura, pero también, obviamente, ha significado un gran decrecimiento de la calidad.

Según el Instituto Libertad y Desarrollo – defensor de la educación privada- el 81% de las instituciones privadas están clasificados como de baja complejidad, es decir, de mala calidad.

Esta situación que se repite en países que han imitado el modelo chileno, como Perú, han obligado a que dichos gobiernos nieguen la posibilidad de entrada a nuevas instituciones, como una forma de frenar la pendiente negativa en la curva de calidad de la educación superior.

Proponemos no sólo detener el proceso de entrada de nuevas instituciones, sino también el de evitar el fenómeno de concentración privada que se viene observando en los últimos meses, en donde grupos económicos privados internacionales compran, sin restricción alguna, a instituciones privadas de este “mercado” (Grupo Lauréate, dueño de Universidad Andrés Bello, de la Universidad de Las Américas y recientemente de la Universidad de Viña del Mar)

Segunda Idea: Caminar hacia una nueva institucionalidad en la Educación Superior.

Esta idea está cruzada por varios aspectos y necesariamente tiene una dimensión en el tiempo.

Proponemos analizar la forma en que el Estado retome su papel de Estado Docente, es decir de garante y asegurador de una educación de calidad y disponible para todos los jóvenes de Chile, independiente de su condición socioeconómica.

En primer lugar se trata de derribar uno de ¡os enclaves autoritarios de Pinochet y terminar con la política de autofinanciamiento de las Universidades Públicas.

Educación Superior Pública:

En una primera etapa, proponemos crear tres áreas de funcionamiento de las instituciones de educación superior: una primera – y con trato preferencial – el del área pública, en la cual el Estado disponga de un presupuesto tal que  asegure   el ingreso y la calidad a los jóvenes que ingresen en este sistema.

Este sistema público de educación superior debe ser fortalecido, no sólo en términos de recursos sino también en términos de institucionalidad, y por ello sometemos a discusión la posibilidad de renacionalizar la educación superior reconstituyendo fas universidades nacionales: Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado y renacionalizando el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) para que se constituya en el eje público de la formación técnica superior.

Un sistema público como el que proponemos debe dar cuenta de necesidades específicas del desarrollo del país, no sólo en términos de calidad sino también en términos de pertinencia.

Sólo un sistema público considerará en sus proyectos las externalidades positivas y negativas que la actividad de educación genera sobre el conjunto de la sociedad.

Las externalidades positivas, como la menor cantidad de cesantes ilustrados, los menores índices de drogadicción y delincuencia, el mayor involucramiento de jóvenes y docentes en áreas de interés para el país, tienen un costo para ¡a sociedad en su conjunto: es necesario – como dicen los economistas – asignar precios “sombra” a estas externalidades para una correcta evaluación de los proyectos que la sociedad financie en este sistema público.

Del mismo modo, las externalidades negativas que los privados no consideran en su evaluación de rentabilidad, deben tener asignados “costos sombra” : la apatía, el no compromiso, la no pertinencia, la falta de ética y profesionalismo, entre otras.

Un sistema público como el que proponemos debe prestar especial atención a la dotación de competencias en la formación de personas críticas, por ello la formación temprana en investigación es una actividad ineludible de este sistema.

La innovación, cuestión por todos considerada ineludible para el desarrollo de un país, se inicia con la formación de profesionales críticos, abiertos y sólo la formación en investigación nos dotará de una reserva de creadores, en caso contrario deberemos seguir vendiendo materias primas y comprando ideas y tecnología.

El sistema público de educación superior deberá considerar, por sobre todo, los intereses nacionales, de nuestra sociedad en su conjunto, y por elfo debiera incorporar en el análisis y decisiones a todos los actores involucrados, que podríamos llamar “partes interesadas”, es decir, la comunidad universitaria, las familias, los empresarios, los formadores de opinión, los creadores de conocimiento, el Estado.

El actual sistema, y que el nuevo gobierno pretende consolidar, sólo considera los intereses de los inversionistas en educación.

Educación Superior Privada-Pública:

Esta área, conformada por Universidades tradicionales dé carácter privado pero que han jugado y juegan un gran rol en el desarrollo de la educación superior en Chile, es necesaria para dar una mirada crítica al desenvolvimiento de las universidades del sistema público.

En efecto, que el sistema público tenga una contraparte para evaluarse es muy necesario, dada la velocidad de los cambios tecnológicos y del saber humano en distintas áreas. Las Universidades Católicas, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Concepción, entre otras, han prestado un gran aporte al desarrollo  del  sistema universitario en todas sus funciones: docencia, investigación y extensión, y deben seguir prestándolo. Por ello ésta área de la Educación Superior debe tener financiamiento del Estado y será necesario desarrollar una política y protocolo de financiamiento a este tipo de instituciones. En relación con el área de formación técnica superior el DUOC puede jugar perfectamente el rol de contraparte y evaluación del trabajo de INACAP en esta función.

Educación Superior Privada:

La educación superior privada debe ser despojada de la hipócrita declaración de actividad sin fines de lucro.

Todos sabemos que las universidades privadas intentan el lucro, que no se trata de una actividad ajena a las variables del mercado. Que estas universidades crean sociedades ad-hoc para recibir los frutos del lucro, llámense inmobiliarias u otras.

Este sector no debiera recibir ningún apoyo ni subsidio del Estado, por el contrario, como se trata de una actividad que afecta a la fe pública, deberían pagar un impuesto que garantice el cumplimiento de lo que están ofreciendo a nuestros jóvenes.

Este sector de la educación superior debería estar fuertemente controlado y supervisado por el Estado,-sobre todo en relación a aquellas carreras que influyen estratégicamente en el desarrollo del país: pedagogías, medicina, ingenierías, entre otras.

Propuesta acerca del sistema educacional chileno.

El informe final del Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la educación hace un diagnóstico con el cual se puede coincidir en los aspectos principales: La educación chilena, si bien ha hecho avances en la cobertura, está muy lejos de alcanzar la calidad requerida y exigible en el mundo de hoy; no ha logrado aminorar las marcadas desigualdades de origen con que los niños inician su experiencia educativa, ahondando por el contrario la brecha social. Se necesitan, en consecuencia, cambios sustanciales en la institucionalidad educativa, que deben comenzar con una ley sustitutiva a la actual LOCE. El informe no hace sin embargo un análisis de la génesis del actual modelo educacional (organismos monetarios internacionales -el B.M. en especial- los D.F.L. de 1981 y la instucionalidad que de ahí se derivó, y finalmente la LOCE que recoge lo anterior y le da carácter constitucional) ni tampoco explora la forma como la mayoría de los países desarrollados y subdesarrollados han organizado, con mas éxito que Chile, sus sistemas educacionales Las modificaciones que se insinúan, aunque apunten muchas veces en la dirección correcta, se plantean .sin embargo, como reformas dentro del actual modelo, con un Estado subsidiario y sin tocar al mercado como control absoluto del mismo. Así no propone ninguna modificación al sistema educacional de nuestro país, que en ninguno de sus niveles: básico, medio, tecnológico y superior, tiene carácter público y donde el Estado ha tomado, desde la reforma de la Dictadura de 1981, un carácter subsidiario y, si bien subsisten  enclaves  educacionales  que  no  son  propiamente  privados,  éstos  son  ya minoritarios y de escasa influencia nacional.

Como  propuesta alternativa     pensamos  que  debe  existir una  educación pública, pues solo el Estado puede garantizar que:

i)               La educación de calidad sea un derecho de todos los niños y jóvenes de

nuestro país, y que
ii)                La educación sea un bien social usufructuado por todo el país y al servicio   del   desarrollo   nacional.   La   educación,   mirada   como   una inversión  individual  que  pretende  recuperar los costos con  mayores ingresos futuros, genera egoísmo, disgregación social y un divorcio con el desarrollo global del país, y es por eso quizás que   en la mayoría de los países en todo  el  mundo el  éxito y   la calidad  de sus sistemas educacionales está ligada al papel activo que juega el Estado en el control y al financiamiento de la educación.

Proponemos la construcción de un Sistema Público de Educación, que comprenda todos sus niveles: pre básico, básico, medio, técnico-profesional y superior.   La construcción de este sistema no implica la desaparición de! resto del sistema actualmente existente, siendo posible la coexistencia de ambos.

El Sistema Público debe ser un sistema nuevo, de alta calidad, cuya sola existencia obligue al sistema privado a elevar sus propias normas de calidad. Es el Estado el que debe asumir la completa responsabilidad de este sistema, tanto económicamente como en su estructura Organizativa y académica. Esto no significa la centralización completa del sistema: este aspecto debe regirse por el principio: “tanta descentralización como sea posible, tanta centralización como sea necesaria”.

 

Este Sistema puede construirse sobre la base del actual conjunto de colegios, institutos profesionales y universidades no-privadas, y que puede ser considerado como la columna vertebral del nuevo sistema.

 

Es claro que la construcción de este sistema significará una gran inversión económica para el país (no hay que olvidar que. a partir del decreto-ley de 1981, la Dictadura redujo el gasto de 2% del PIB en educación superior que había en tiempos de la Reforma a menos de 1%). pero en todo caso una cantidad que es todavía bastante menor que los mayores ingresos que proporciona el cobre.

 

Para que la educación pre básica, básica, y media públicas no sea un sistema de menor calidad, solo para los pobres, el sistema debiera disponer, a lo menos, y por estudiante, de cantidades entre 2 y 5 veces mayores que las actuales subvenciones, y la educación superior debiera llegar a disponer, en un tiempo razonable, a los menos del 2% PIB que dispuso en 1973.

 

Por otra parte, la heterogeneidad geográfica, cultural y social de nuestro país, la existencia de municipalidades ricas y pobres y la disgregación y anarquía que significa que a la calidad de la educación que recibe casi el 50% de los niños y jóvenes chilenos dependa del alcalde de turno, indica la inconveniencia de mantener el actual sistema municipalizado.

 

El salto en calidad no puede ser planteado en los términos casi policiales con que el actual modelo lo identifica (responsabilizar solo a los profesores del deterioro de la educación y castigar a los que obtengan malos resultados). Se trata de asumir que en el mundo actual, en que la competencia es una realidad, no se puede depender de modelos políticos, sociales y económicos importados y aplicados críticamente como dogmas de fe; así como tampoco se puede competir con éxito si solo se dispone del capital científico, intelectual, profesional y artístico de las edites. Para desarrollar las potencialidades de todos los niños y jóvenes chilenos la educación, desde la básica, debe priorizar la enseñanza de la lengua materna, de la Filosofía, de la Historia y las ciencias y. en general de todas aquellas disciplinas que desarrollen en los estudiantes el espíritu crítico y reflexivo y la capacidad de plantearse preguntas.

 

A nivel universitario deben recuperarse como funciones irrenunciables. la investigación y la creación artística y aumentar entre 2 y 4 veces los presupuestas destinados a la investigación y a la formación de investigadores. La calidad del cuerpo académico debe garantizarse a través de una carrera académica exigente y rigurosa y de un cuerpo académico mayoritariamente dedicado a la universidad. Debe eliminarse, en consecuencia, la práctica de contratar profesores por honorarios, por plazos breves, sin protección social y sin ninguna intención de incorporarlos a las labores creativas de la universidad, destinándolos a labores docentes rutinarias.

 

Coherente con lo anterior debe derogarse la LOCE. la ley de financiamiento de los estudiantes y la ley de acreditación de la calidad de la enseñanza superior y reemplazarlas por cuerpos legales que normen el sistema público y privado de educación, que establezcan el arancel diferenciado como solución al financiamiento de los estudiantes y fijen normas de real calidad en la educación superior, que impidan la proliferación de seudo universidades e instituciones de educación superior que solo tienen el lucro como objetivo