¿Educación Cívica o Formación Ciudadana? Patricio Gutiérrez Donoso y Nadia Rojo Libuy

La idea de formar ciudadanos con una clara conciencia, críticos, responsables y participativos ha sido una necesidad urgente en nuestro contexto social y cultural latinoamericano. Sin embargo, al mismo tiempo, desde el Estado y el desarrollo de nuestras repúblicas, ello no ha sido un objetivo central a impulsar.

No obstante, el razonar sobre cuáles son las mejores formas de desarrollar este propósito, tanto desde la sociedad así como desde el contexto escolarizado y el no escolarizado, ha estado presente en la discusión de pedagogos y didactas desde la enseñanza de los diferentes saberes específicos[2].

Las primeras orientaciones sobre la formación ciudadana en general y la educación cívica como una de sus especialidades, planeadas y sistematizadas para ser logradas en los integrantes de la sociedad desde el contexto escolar, se vinculan a elementos simbólicos de la identidad nacional (banderas, territorios, himnos Patrios, etc.), recibidos por las personas, incluso antes de llegar a la escuela. Son elementos que ofrecen un punto de partida al conocimiento “cívico” que ofrece el sistema educativo[3]. Ambas, formación ciudadana y formación cívica, se pueden ver como procesos y como resultados, aún no acabados y en disputa, para pensar el sistema democrático.

ciudadania

La relación entre educación cívica y formación de ciudadanía es de largo aliento y tensión, y ambas apuntan a intereses y objetivos bien definidos en la manera de concebir la sociedad. La finalidad de la educación cívica es instruir a un sujeto íntegro y patriota. Asimismo, la formación ciudadana implica el desarrollo para una cultura ciudadana, es decir, “el conjunto de costumbres, comportamientos y reglas mínimas que generen sentido de pertenencia, faciliten la convivencia urbana y conduzcan al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos”[4].

En el caso de la formación ciudadana, como la conocemos actualmente, ha sido el resultado de un proceso de transformación orientada a los objetivos planteados en distintos momentos históricos. Los procesos de transformación política, económica y cultural por los que ha atravesado la sociedad, más o menos desde el siglo XIX hasta nuestros días, se han expresado en la constante presión por incorporar a los sujetos populares, movimientos sociales e indígenas, junto a los obreros, al ámbito socio-político, todo lo cual demanda propuestas de desarrollo estratégico que permitan democratizar la sociedad.

Dichos sujetos han exigido una permanente revisión y reformulación de las tareas educativas en general y de las escuelas en particular, para repensar una sociedad más democrática, pero no necesariamente como un espacio privilegiado para la socialización y formación de ciudadanos[5], sino más bien como crítica, muchas veces, a un sistema educativo que ha operado como espacio articulador de conformismo social y político que sustenta una sociedad desigual.

A partir de estas transformaciones y exigencias ciudadanas, en la actualidad el Gobierno ha planteado un Plan Nacional de Formación Ciudadana. Esta propuesta responde a los requerimientos dispuestos en el mensaje enviado por la Presidenta de la Republica a la Honorable Cámara de Diputados para la tramitación del proyecto de ley del Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, el cual ha puesto hincapié, como tarea de primer orden del Gobierno, en: “Formar ciudadanos activos, responsables, participativos y comprometidos con el rol que tienen al interior de la sociedad (…) Y para ello, el rol que cumple la educación escolar es fundamental. En efecto, mi programa de Gobierno plantea explícitamente el desarrollo de un Plan Nacional de Formación Ciudadana y Derechos Humanos en todos los niveles educacionales, que sea participativo y de formación integral, tarea que actualmente coordina el Ministerio de Educación”[6].

La propuesta del Plan Nacional apunta a una aceptación general sobre la necesidad de fortalecer la formación ciudadana en nuestro país, a fin de contribuir a la construcción de una democracia más sólida, sustentada en una ética de transparencia y cohesión social [7].

Además de la presencia de la Formación Ciudadana en las bases curriculares nacionales del sistema educativo chileno, los estudios ratifican la necesidad de fortalecer los conocimientos y aprendizajes de la ciudadanía[8].

En tal sentido, la formación ciudadana está en permanente proceso de constitución y expansión, abarcando un conjunto cada vez más amplio y multidimensional de categorías y capacidades. Esos objetivos requieren, de parte de las escuelas y sus docentes, que conozcan el sentido de las reformas curriculares y sean capacitados en la recontextualización de los lineamientos generales a las realidades locales[9].

Lo que es coincidente con la apreciación generalizada que presentan distintos sectores de nuestra sociedad, que observan la Formación Ciudadana como una necesidad primordial en el Siglo XXI, para formar ciudadanos activos, responsables, participativos y comprometidos con el rol que tienen al interior de la sociedad.

En este contexto, la Formación Ciudadana es concebida como un pilar fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los/as estudiantes, puesto que considera las competencias necesarias para cooperar con una sociedad plural, respetuosa, movida por valores éticos, entre otros componentes sociales.

Es importante señalar que durante décadas predominó el concepto de Educación Cívica, basado en el conocimiento de las instituciones, tanto jurídicas como históricas de nuestro país, presentadas como categorías conceptuales naturales y esencialistas. En este sentido valga recordar la tan difundida expresión de un ex presidente de la república, que señalaba que las instituciones funcionan, queriendo expresar, que las instituciones funcionan independientemente de la voluntad de los sujetos, que es una expresión muy cuestionada en el último tiempo, por los graves casos de corrupción en que los sujetos justamente ocupaban las “Instituciones” para generar nichos de interés y así acumular negocios y riquezas.

educacion civica

Actualmente, dada la complejidad de la sociedad de la información y la valoración de la diversidad de formas de participación, tanto política y social, como económica, se avanzó hacia un concepto más complejo y vital, como es el de Formación Ciudadana. Es importante reconocer que la Educación Cívica fue relevante, en cuanto al análisis de las instituciones políticas; no obstante, actualmente es necesario incorporar las dimensiones de lo social, cultural y económico, integradas en la formación de las personas, facilitando su participación activa, responsable e informada en la sociedad democrática.

Ambas formas de concebir la vida republicana implican concepciones diferentes de sociedad y de democracia. Una, la educación cívica, crea sistemas democráticos de bajo impacto, donde los ciudadanos son convocados cada cierto periodo a legitimar el sistema mediante el voto, para ser inmediatamente relegados a un plano de simples observadores del proceso político. La otra, la formación ciudadana, genera democracias de mayor impacto, donde se reconoce la diversidad y la posibilidad de crear ciudadanos con la capacidad de interpelar al poder en su accionar, con iniciativa de poder transformar su realidad, así como de crear sociedades que se hacen cargo de la diversidad étnica, política y cultural, es decir, ciudadanos activos, vigilantes y participativos.

Sin embargo, y a pesar de la discusión que se desarrolla en la actualidad por construir una sociedad más democrática y participativa, ninguna Democracia, puede sustentarse sobre una sociedad desigual en lo económico, y como los datos han demostrado en los últimos 30 años, Chile es unos de los países con mayor desigualdad y concentración económica en el Continente, dificultando así gravemente la construcción de una sociedad democrática. Por tales motivos, es un deber ciudadano desmontar un sistema que privilegia a unos pocos en desmedro de las mayorías ciudadanas.

Notas

[1] Patricio Gutierrez, Docente de la Universidad de Valparaíso, Nadia Rojo, miembros del CEPIB, perteneciente a la Universidad de Valparaíso

[2] Quiroz P., Ruth E. y Jaramillo, Orlanda. Formación ciudadana y educación cívica,En: Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales: Mérida-Venezuela. Ene-Jun: 14,2009, P.123

[3] Ibíd. Pág. 124

[4] Ibíd. Pág. 125.

[5] Ibíd. Pág. 126.

[6] Michelle Bachelet, mensaje presidencial, 2015.

[7] Consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, informe final 2015.

[8] MINEDUC, Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana ICCCS 2009.

[9] Magendzo Kolstrein, Abraham y Arias Albañil, Rafael Andrés. Informe regional 2015: Educación ciudadana y formación docente en países de América Latina, En Red

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Llamado a una iniciativa humanitaria para contribuir al término de la huelga de hambre de Hector Llaitul y Ramón Llanquileo

La huelga de hambre es un recurso extremo al que recurre alguien al ver que el diálogo razonable no opera.

 Esta es la situación en que se encuentran ahora los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, quienes desde el día  14 de noviembre de 2012 se encuentran empeñados en conseguir una reconsideración de su situación legal después de una sentencia por homicidio frustrado.
 La revisión de esta sentencia por parte de la Corte Suprema  ha logrado que se reconocieran diversos factores, con resultado de reducción de penas, pero creemos que con esto no se toca la esencia del reclamo  que los huelguistas están dirigiendo al Estado chileno y a la sociedad chilena, al costo de su salud y eventualmente de sus vidas.
 Este reclamo se refiere a la necesidad perentoria de que Chile reconozca algo que está plenamente documentado y que muy claramente lo ha expresado el recién laureado con el Premio Nacional de Historia, Jorge Pinto Rodríguez  en entrevista en El Mercurio del día 2 de septiembre de 2012, donde afirma, refiriéndose a la CAM: “considero que sus demandas son legítimas, porque se inspiran en esa larga historia de abusos, atropellos y expropiaciones de tierras que tanto empobrecieron al Mapuche”.
  El “problema Mapuche” entonces no es un tema simplemente policial o jurídico;  es un tema político que implica reconocer que los Mapuche están embarcados en una causa que brota de la ocupación abusiva que hizo Chile de su territorio al sur del Bío-Bío, ocupación de la cual Chile hasta ahora no ha estado dispuesto a dar razón ni reparación.
   Esto implica que ni Llaitul ni Llanquileo puedan ser tratados como delincuentes y mucho menos como terroristas y al mantenerlos en esa condición se hace que cada día sea más difícil llevar adelante el diálogo que está pendiente entre la Nación chilena y el pueblo Mapuche. Por lo tanto ponemos a consideración del país un camino de paz y de justicia bajo los siguientes predicamentos:
1.-        La libertad inmediata e incondicional de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo como forma de terminar con la huelga de hambre.
2.-      Creación de una instancia de diálogo entre el Estado chileno  y los representantes legítimos del pueblo Mapuche.
3.-        Definición de una agenda común que pueda desembocar  en un acuerdo  que considere la autodeterminación y formas de representación y autogobierno del pueblo Mapuche.
4.-       Recuperar para las comunidades los territorios Mapuche que en su gran mayoría se encuentran en manos de las forestales y reconocimiento del Tratado de Trapihue de 1825, vigente y no respetado por el Estado Chileno, aplicándose el principio “pacta sunt servanda “; vale decir, los tratados se deben respetar tal como ha sido la línea de Chile para todo conflicto internacional.
5.-       Promover con urgencia  una ley de indulto general a los presos por este conflicto territorial y, en lo inmediato, la consagración del  debido proceso en las causas judiciales, término de la actual prisión preventiva prolongada e ilegal y acceso real a la defensa y a la Justicia para todos los integrantes de los pueblos originarios detenidos y procesados por defender sus tierras.
6.-        Pleno respeto al Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por Chile a fin que los pueblos originarios sean efectivamente consultados sobre las políticas y programas sociales y de inversión que les conciernen.
7.-       Resguardo de la integridad física y psíquica de la niñez mapuche y cumplimiento de todos los compromisos establecidos por el Estado chileno ante el concierto internacional en materia de Derechos Humanos.
 
Nos parece que todo intento de diálogo por parte de algún organismo del Estado u oficina del Gobierno, por bien intencionado que sea, no llegará a buen puerto sino considera estos puntos, porque no se hace cargo de la demanda principal del movimiento y de la reparación del daño causado con la criminalización de estas demandas.
Tarde o temprano el país y el gobierno de turno tendrán que tener el valor de caminar en esa dirección.
Santiago, 27 de diciembre de 2012 a 43  días del comienzo de la huelga de hambre.
Firman el presente llamado:
-Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012.  
-Luis Álvarez Figueroa, Pastor Presidente Iglesia Evangélica Luterana en Chile.
-José Balmes Parrón, Premio Nacional de Arte 1998.
-Juan Pablo Cárdenas Squella,  Premio Nacional de Periodismo 2005.                                                                      
-Raúl De la Puente Peña, Profesor de Estado, Presidente Nacional de la ANEF.   
-Viviana Díaz Caro, Premio Nacional de Derechos Humanos 2011.                                                                                                
-Andrés Fielbaum, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH.
-Sergio Grez Toso, Historiador y Académico de la Universidad de Chile.    
-Juan Guzmán Tapia, Jurista, ex Juez de la República.
-Enrique Paris Mancilla, Presidente del Colegio Médico de Chile
-Armando Uribe Arce, Diplomático, Premio Nacional de Literatura 2004.
-Diego Vela Grau, Directiva Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC.
Iniciativa impulsada por:
Pastoral Mapuche y Comisión Ética Contra la Tortura
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Comisión Ética Contra la Tortura – CECT
11 años luchando contra la Tortura en Chile
Huelén 164, 1er piso.
Providencia
Santiago, Chile
www.contralatortura.cl
Adherimos la Campaña: 
Ninguna circunstancia permite tolerar la tortura! Con la OMCTfirme el Manifiesto…