La educación superior y un gobierno de nuevo tipo. Por Ricardo López Erazo

El acuerdo de Tomé, declaraciones de diversos dirigentes concertacionistas , la convocatoria al 24° Congreso de los comunistas y de dirigentes del Juntos Podemos, así como de diversas organizaciones sociales, han puesto sobre la mesa la necesidad de discutir y lograr consensos en torno a una idea fuerza: lograr un gobierno de nuevo tipo.

En la retina puede quedar una imagen: el desalojo de la derecha del poder ejecutivo de ¡a república, pero resulta obvio que para las fuerzas más progresistas y democráticas no se puede tratar de una estrategia tipo Allamand, en la cual el desalojo fue sólo eso, un gobierno con nuevas caras para continuar administrando un mismo tipo de política, ¡a neoliberal. De lo que se trata es de impulsar un acuerdo que logre constituir un gobierno de nuevo tipo, y eso significa un gobierno que tenga la voluntad política, con el apoyo del pueblo, de proponer e implementar un nuevo programa de gobierno que cautele los intereses más caros de la sociedad chilena en su conjunto y, en particular, de los trabajadores y excluidos de las oportunidades del desarrollo de la nación.

Dicho lo anterior quisiéramos exponer un conjunto de medidas programáticas – para este gobierno de nuevo tipo- que aborden la cuestión de la Educación Superior en Chile.

El propósito es abrir un análisis y discusión, con todos los sectores que se manifiesten a favor de un gobierno de nuevo tipo, en torno a medidas programáticas respecto de la Educación Superior en nuestro país.

La primero que es necesario abordar es la dicotomía entre lo “positivo y lo normativo”: desde que Pinochet inició el desmantelamiento de la Educación Pública – casi 30 años-se nos ha bombardeado con la noción de que lo positivo (aquello que es) es lo único que debe ser considerado, la ortodoxia neoliberal nos impone no pensar, analizar, ni siquiera discutir en términos normativos, es decir en aquello que queremos que sea.

La dictadura, a partir del decreto de autofinanciamiento (1981) creó un aquello que es, la educación superior ya no es más pública y, si existe interés privado, e! Estado debe abstenerse de intervenir En resumen, la educación superior-en términos positivos- comenzó a ser privada.

El desmantelamiento de las Universidades Nacionales (Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado) reafirmó este dato objetivo y posibilitó ei desarrollo de lo que hoy tenemos: un mercado de la educación superior, abierto, sin restricciones éticas ni legales, para ejercer comercio con fines de lucro en esta actividad.

Las ideas que propondremos son sólo un punto de partida para iniciar una discusión abierta, participativa y democrática.

Primera Idea: Detener el crecimiento inorgánico del Sistema de Educación Superior hasta que nos demos una nueva institucionalidad en el sector.

Hoy tenemos un total de 177 de instituciones de Educación Superior, donde el 75% de las matrículas están copadas por instituciones privadas. Este crecimiento, obviamente, ha logrado una mayor cobertura, pero también, obviamente, ha significado un gran decrecimiento de la calidad.

Según el Instituto Libertad y Desarrollo – defensor de la educación privada- el 81% de las instituciones privadas están clasificados como de baja complejidad, es decir, de mala calidad.

Esta situación que se repite en países que han imitado el modelo chileno, como Perú, han obligado a que dichos gobiernos nieguen la posibilidad de entrada a nuevas instituciones, como una forma de frenar la pendiente negativa en la curva de calidad de la educación superior.

Proponemos no sólo detener el proceso de entrada de nuevas instituciones, sino también el de evitar el fenómeno de concentración privada que se viene observando en los últimos meses, en donde grupos económicos privados internacionales compran, sin restricción alguna, a instituciones privadas de este “mercado” (Grupo Lauréate, dueño de Universidad Andrés Bello, de la Universidad de Las Américas y recientemente de la Universidad de Viña del Mar)

Segunda Idea: Caminar hacia una nueva institucionalidad en la Educación Superior.

Esta idea está cruzada por varios aspectos y necesariamente tiene una dimensión en el tiempo.

Proponemos analizar la forma en que el Estado retome su papel de Estado Docente, es decir de garante y asegurador de una educación de calidad y disponible para todos los jóvenes de Chile, independiente de su condición socioeconómica.

En primer lugar se trata de derribar uno de ¡os enclaves autoritarios de Pinochet y terminar con la política de autofinanciamiento de las Universidades Públicas.

Educación Superior Pública:

En una primera etapa, proponemos crear tres áreas de funcionamiento de las instituciones de educación superior: una primera – y con trato preferencial – el del área pública, en la cual el Estado disponga de un presupuesto tal que  asegure   el ingreso y la calidad a los jóvenes que ingresen en este sistema.

Este sistema público de educación superior debe ser fortalecido, no sólo en términos de recursos sino también en términos de institucionalidad, y por ello sometemos a discusión la posibilidad de renacionalizar la educación superior reconstituyendo fas universidades nacionales: Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado y renacionalizando el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) para que se constituya en el eje público de la formación técnica superior.

Un sistema público como el que proponemos debe dar cuenta de necesidades específicas del desarrollo del país, no sólo en términos de calidad sino también en términos de pertinencia.

Sólo un sistema público considerará en sus proyectos las externalidades positivas y negativas que la actividad de educación genera sobre el conjunto de la sociedad.

Las externalidades positivas, como la menor cantidad de cesantes ilustrados, los menores índices de drogadicción y delincuencia, el mayor involucramiento de jóvenes y docentes en áreas de interés para el país, tienen un costo para ¡a sociedad en su conjunto: es necesario – como dicen los economistas – asignar precios “sombra” a estas externalidades para una correcta evaluación de los proyectos que la sociedad financie en este sistema público.

Del mismo modo, las externalidades negativas que los privados no consideran en su evaluación de rentabilidad, deben tener asignados “costos sombra” : la apatía, el no compromiso, la no pertinencia, la falta de ética y profesionalismo, entre otras.

Un sistema público como el que proponemos debe prestar especial atención a la dotación de competencias en la formación de personas críticas, por ello la formación temprana en investigación es una actividad ineludible de este sistema.

La innovación, cuestión por todos considerada ineludible para el desarrollo de un país, se inicia con la formación de profesionales críticos, abiertos y sólo la formación en investigación nos dotará de una reserva de creadores, en caso contrario deberemos seguir vendiendo materias primas y comprando ideas y tecnología.

El sistema público de educación superior deberá considerar, por sobre todo, los intereses nacionales, de nuestra sociedad en su conjunto, y por elfo debiera incorporar en el análisis y decisiones a todos los actores involucrados, que podríamos llamar “partes interesadas”, es decir, la comunidad universitaria, las familias, los empresarios, los formadores de opinión, los creadores de conocimiento, el Estado.

El actual sistema, y que el nuevo gobierno pretende consolidar, sólo considera los intereses de los inversionistas en educación.

Educación Superior Privada-Pública:

Esta área, conformada por Universidades tradicionales dé carácter privado pero que han jugado y juegan un gran rol en el desarrollo de la educación superior en Chile, es necesaria para dar una mirada crítica al desenvolvimiento de las universidades del sistema público.

En efecto, que el sistema público tenga una contraparte para evaluarse es muy necesario, dada la velocidad de los cambios tecnológicos y del saber humano en distintas áreas. Las Universidades Católicas, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Concepción, entre otras, han prestado un gran aporte al desarrollo  del  sistema universitario en todas sus funciones: docencia, investigación y extensión, y deben seguir prestándolo. Por ello ésta área de la Educación Superior debe tener financiamiento del Estado y será necesario desarrollar una política y protocolo de financiamiento a este tipo de instituciones. En relación con el área de formación técnica superior el DUOC puede jugar perfectamente el rol de contraparte y evaluación del trabajo de INACAP en esta función.

Educación Superior Privada:

La educación superior privada debe ser despojada de la hipócrita declaración de actividad sin fines de lucro.

Todos sabemos que las universidades privadas intentan el lucro, que no se trata de una actividad ajena a las variables del mercado. Que estas universidades crean sociedades ad-hoc para recibir los frutos del lucro, llámense inmobiliarias u otras.

Este sector no debiera recibir ningún apoyo ni subsidio del Estado, por el contrario, como se trata de una actividad que afecta a la fe pública, deberían pagar un impuesto que garantice el cumplimiento de lo que están ofreciendo a nuestros jóvenes.

Este sector de la educación superior debería estar fuertemente controlado y supervisado por el Estado,-sobre todo en relación a aquellas carreras que influyen estratégicamente en el desarrollo del país: pedagogías, medicina, ingenierías, entre otras.

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Editorial (CdE nº15)

Mal terminó el año para el presidente Sebastián Pinera, Así lo han expresado todas las encuestas, que se hicieron el año pasado. Estas encuestas no dejan de plantear dudas con respecto al primer gobierno de la derecha, después de Pinochet. Dudas que se acumulan en torno a la ausencia de un proyecto político que permita explicar las medidas que se han ido adoptando, como las vacilaciones que ha habido frente a muchas de las promesas, que por lo general están quedando incumplidas.

¿Dentro de qué política cabe, por ejemplo, la violencia represiva que se ha aplicado últimamente en contra de las legítimas demandas de pueblos originarios como los mapuches o el de Rapanui, o la feroz embestida en contra de la población de Magallanes? Creemos que la ausencia de un proyecto político claro se debe a que la derecha chilena no puede tenerlo, por la sencilla razón que durante veinte años la Concertación adoptó el modelo político y económico neoliberal, que era el de la derecha, que heredaron de la dictadura, lo hicieron suyo, y lo administraron de la mejor manera posible.

Que la derecha política pasara a ocupar el primer plano entorpecía este modus operandi que para los poderes fácticos había funcionado perfectamente. ¿Qué novedad podía haber aportado un gobierno de derecha frente a este modelo, salvo la de reemplazar los equipos dirigentes o introducir modificaciones meramente cosméticas? Por eso, una vez pasada la euforia producida por el rescate de los 33 mineros de la mina San José, nos encontramos nuevamente con el Chile real, a saber, el Chile neoliberal.

Con desgracias que parecieran accidentales, pero no lo son. Con culpas o responsabilidades adjudicadas, recíprocamente, de un lado para otro, desde un gobierno a otro. Incluso, en un intento, quizás, desesperado por encontrar la causa, de tanta inconformidad, crisis y desgracia, se ha personificado este cúmulo de aparente mala suerte en lo que comúnmente se conoce como un “yeta”. Si abandonamos la especulación y la superstición, no podemos encontrar estas causas, sino, en el modelo económico que nos rige, instaurado por la dictadura, pero mantenido sin discusión por los gobiernos posteriores, incluido por cierto el actual.

Si profundizamos un poco más, debemos reconocer que la responsabilidad radica en la sociedad en la cual convivimos, vale decir, en todos nosotros. La dictadura llegó a sangre y fuego, pero los gobiernos posteriores no. Los 81 presos de la cárcel de San Miguel, fueron víctimas del modelo. Es aquí donde se desmoronan los argumentos basados en la “puerta giratoria” y en quienes propugnan el concepto “tolerancia cero”, vale decir, se desmoronan los argumentos basados en la represión. No se trata de defender ¡o indefendible, los delincuentes tendrán que estar en la cárcel, pero debemos abocarnos a solucionar el fondo del problema. Chile ocupa el tercer lugar en Sudamérica en densidad de presos, con 305 de reclusos por cada 100 mil habitantes, después de Guayana Francesa y Surinam, y el número 33 en el mundo. Otra expresión del Chile neoliberal son los Empleados Públicos luchando en la calle por sus justas reivindicaciones.

Lo hacen también funcionarios’ municipales y los trabajadores del Ferrocarril Metropolitano de Santiago, quienes el recién pasado 5 de diciembre paralizaron completamente sus servicios por primera vez desde su inauguración en el año 1975.Lo mencionado hasta aquí, está pasando o ya pasó. Lo que viene nos concierne a todos, pues afecta la Educación Pública.

El proyecto Lavín sobre reforma a la educación ya ha sido formulado. Este proyecto tiene una componente claramente elitista y privatizadora de la educación, funcional al modelo económico imperante, pero por sobre todo apunta a cercenar los derechos de los principales trabajadores de la educación, a saber, los profesores.

Vemos como muchos liceos municipales comienzan a cerrar sus puertas por falta de recursos, sin que el Estado asuma la responsabilidad de protección de la educación, principalmente, para los más desposeídos. La conclusión es clara y consistente con fortalecer la tendencia a que sólo exista educación privada.

Las fuerzas sociales constituidas por estudiantes, apoderados, profesores, académicos de la educación superior y funcionarios, podremos parar estas nefastas intensiones en la medida que tengamos la disposición y la organización para hacerlo. Hasta cuándo se podrá sostener un modelo económico causante de tanta insatisfacción en la población, es una cuestión no fácil de responder. Los partidos de la Concertación por la democracia han estado planteando la necesidad de ampliar este bloque opositor con el propósito de derrotar a la Derecha en las elecciones venideras.

Por otra parte, el último Congreso del Partido Comunista de Chile, estableció en su resolución principal, la necesidad de una convergencia entre todos los partidos de oposición para la conquista de un gobierno de nuevo tipo, el cual no sólo tendrá la misión de desplazar a la Derecha, sino que también deberá superar las características neoliberales que estuvieron presente en los pasados gobiernos de la Concertación.

Por cierto, éste no será un gobierno socialista, pero tampoco podrá ser una . réplica de los gobiernos posteriores a la dictadura. Sólo queda esperar que esta convergencia también se reproduzca de manera transversal en las organizaciones sociales, para que después de tantos años, este nefasto modelo económico neoliberal, al menos en nuestro país, tenga que batirse en retirada.