Reformas educacionales en Chile: avances y desafíos en educación pública. Sandra González Toro

La educación no solo surge como un instrumento al servicio de las necesidades de los poderes públicos para originar mano de obra cualificada en los procesos de producción, sino que además como un proyecto político y social que emerge de la ilustración, la cual proclama la Educación como el mecanismo para la regeneración cultural y moral y la consolidación de identidades nacionales y personales que fortalecen sociedades democráticas. (Barroso, 1994; citado en Escudero, 2002).

Estas concepciones han originado diferencias significativas respecto a la Educación. Por un lado, se visualiza como una inversión rentable -que genera relaciones entre las necesidades económicas de cada momento histórico- y por ende, está al servicio de las jerarquías de poder. Por otro, como una actividad que permite “el desarrollo humano y personal en el concierto social y comunitario, inspirado en principios como la igualdad, libertad, emancipación social y humana, y solidaridad” (Reid, 1997; citado en Escudero, 2002).

Por consiguiente, las reformas curriculares originadas por los Estados han intentado responder a estas visiones divergentes, enfrentando el desafío de no quedar al margen del desarrollo económico y atendiendo a su vez a las dificultades de acceso a una educación de calidad, desde un enfoque de derechos. Desde esta perspectiva, la Educación Chilena -en los últimos 50 años- ha manifestado significativas transformaciones, a partir de los objetivos principales en que se han fundamentado las reformas curriculares, y de las cuales se pueden inferir diferentes y, posiblemente, divergentes formas de concebir la Educación. Entre las más relevantes, tenemos la iniciada a mediados de los años sesenta con el presidente Eduardo Frei Montalva, que implicó cambios sustantivos para la Educación Chilena, donde resalta la concepción sobre la responsabilidad socio-cultural de la Educación y la formación para la vida activa, visualizándola como un proceso para toda la vida, por tanto, la expansión al acceso a ésta se convierte en lo fundamental.A partir de esto, se reforma la Constitución para extender la educación y hacerla obligatoria durante ocho años, incrementando el gasto fiscal para construir más escuelas, con el objetivo de ampliar la cobertura en todos los niveles. Esto permite alcanzar la cobertura básica universal en los años setenta, además de un aumento en la cobertura de la Educación Media. (Elacqua, 2011).

Con todo, en 1970 las tasas de deserción escolar continuaron siendo considerables, presentándose datos tales como: de 100 estudiantes que ingresaban a 1° año básico, solo el 14,2% terminaba el 8° año básico (Obra protegida, Memoria Chilena, 1973). Por esta razón, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, se propone un proyecto para la transformación integral de la Educación Chilena, a saber, la Escuela Nacional Unificada, la cual se basa en una concepción de Educación como un proceso permanente que se debe desarrollar desde los primeros años y durante toda la vida. Siendo fundamental su perspectiva democrática, pluralista y participativa. Este proyecto no se concreta, primero, debido a los miedos de parte de la burguesía nacional, de “ideologizar la educación”, y posteriormente por el acceso de la dictadura al poder.

Con la dictadura militar, se concretan las reformas más profundas en términos estructurales de la Educación Chilena. Entre estas se encuentra la descentralización de la administración de las escuelas, pasando del Ministerio de Educación a los municipios; el establecimiento de un sistema de “voucher”, consistente en entregar un subsidio a la demanda; el origen de un sistema de evaluación nacional, el SIMCE; y la creación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).Estas acciones tienen repercusión en la expansión de la educación privada, que se concretan con la creación de más de 1.000 escuelas privadas subvencionadas, las cuales entran al sistema e incrementan sus matrículas de un 15% en 1981 a un 31% en 1990. A su vez, se origina un desplome en las matrículas de las escuelas públicas, bajando de un 78% a un 60% en el mismo periodo. (Elacqua, 2011).

Posteriormente, con los gobiernos de los partidos de la Concertación, se establecen una serie de iniciativas para el desarrollo de la Educación, como la creación del Estatuto Docente; aumento de los recursos privados en el sistema público, extensión de la jornada escolar, extensión de la educación obligatoria a 12 años, aumento en la cobertura pre-escolar y el reemplazo de la LOCE por la Ley General de Enseñanza, que tiene como objetivo equilibrar la libertad de enseñanza con el derecho a una educación de calidad.

Si bien, todas estas medidas buscan una nueva regulación, se sigue sosteniendo los componentes centrales de la educación con principios coherentes al modelo económico neoliberal: la subvención escolar a instituciones privadas, la selección de los estudiantes y la libertad de enseñanza, las cuales se ven fortalecidas con el gobierno de Sebastián Piñera, limitando cada vez más el rol del Estado como garante de Educación Pública de calidad.

En este escenario, el concepto de calidad se pone en entredicho, pues, si bien para algunos está sustentado en principios como la liberación, la eficacia, la optimización y la excelencia, sutilmente, sus objetivos son muy distintos a los declarados, toda vez que constituyen un pretexto para obviar los compromisos y aspiraciones depositadas en la Educación y los sistemas educativos de las sociedades modernas, como son la igualdad y la no discriminación. En sí, la Educación como servicio público (Escudero, 2002).

Aquí es donde las reformas impulsadas por el gobierno de Michelle Bachelet tienen su mayor sustento, constituyéndose en base a 4 pilares o consideraciones: calidad educativa, segregación e inclusión, gratuidad universal y fin al lucro en todo el sistema educativo.

Lo anterior se traduce en que, a la fecha, se encuentran aprobadas la Ley de Inclusión Escolar; la Ley de Desarrollo Profesional Docente y gratuidad mediante glosa, destinada a implementar un programa de acceso gratuito a la Educación Superior para estudiantes pertenecientes a los cinco primeros deciles de menores ingresos de la población, matriculados en instituciones que cumplan ciertos requisitos de calidad, participación y exclusión del lucro.

Entre los elementos más destacables de estas políticas educativas, se encuentra que, en el año 2016, más de 240 mil estudiantes accedieron a la Educación Escolar de manera gratuita, liberando a sus familias del pago por su educación. A su vez, se termina con la selección en los establecimientos educacionales y los recursos,aportados por el Estado, solo se pueden usar con fines educativos, no pudiendo retirarse utilidades de los establecimientos con cargo a recursos públicos.

Por otra parte, en el ámbito de la inclusión, no se podrá cancelar matrículas por rendimiento y tampoco realizar expulsiones en medio de un período escolar.

A este nuevo escenario en los establecimientos, se suman aspectos relevantes a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, como es la formación inicial de los profesores. En efecto, el Estado es el responsable de las Universidades que imparten pedagogía y solo aquellas universidades acreditadas podrán entregar títulos a los profesionales de la educación. Se complejizan a su vez los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía y se inicia un proceso de reconocimiento del desarrollo profesional de los docentes, el cual posibilita el aumento de sus remuneraciones y el acceso a procesos de capacitación permanente, recobrando el rol histórico del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas  (CPEIP), entre otros aspectos positivos.

Por otra parte, en lo que respecta a Educación Superior, el avance más sustantivo dice relación con el proceso de gratuidad, el cual viene a restituir el derecho a la educación, entregando a los estudiantes la garantía de acceder a una carrera sin pagar matrícula ni arancel, por el período de duración formal de su carrera. Este beneficio hoy alcanza los 200.000 estudiantes a lo largo de Chile, logrando un nivel de permanencia en la Educación Superior del 86.7%, muy por sobre el promedio nacional de 68.7%.

A estos avances, se sumarán próximamente los proyectos de ley de Nueva Educación Pública y Educación Superior, los cuales vienen a aportar continuidad y sustentabilidad a este proceso de reformas. Por una parte, la nueva institucionalidad en las escuelas y liceos públicos permitirá resguardar la calidad y la equidad de los procesos educativos que desarrollan las comunidades educativas. Por otra parte, posibilitará el término de desvíos de recursos del Estado destinados a Educación hacia otras prioridades de los municipios. Adicionalmente, el foco de fortalecimiento de la institucionalidad de la Educación Superior se acompaña de un aseguramiento de la calidad, fin al lucro, gratuidad y fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional.

No obstante lo anterior, aún sigue siendo necesario asumir las implicancias de la polarización del sistema educativo y la revisión del sentido de lo público y lo privado. Teniendo como desafío terminar con las lógicas de las relaciones del mercado en la provisión de educación, donde no solo se dé, como objeto de discusión, el fin del lucro en todo el sistema educativo, sino también, el repensar la participación del Estado como garante del derecho a la educación y como actor predominante en la construcción de un modelo educativo acorde a las necesidades de equidad y justicia social que demanda el país.

En consecuencia, no solo es necesario colocar los procesos educativos como ejes centrales de las políticas públicas, sino que además se debe resguardar la participación de todos los actores sociales en la reconstrucción del sistema educativo público, como una forma de propiciar el equilibrio de intereses y la distribución del poder, garantizando una educación pública, laica, inclusiva y de calidad, como ejercicio de derecho fundamental.

 

Sandra González Toro

Magíster en Evaluación Educacional

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

Referencias
Elacqua, G. (2011). Breve Historia de las reformas educacionales en Chile (1813-2011): Cobertura, Condiciones, Calidad y Equidad. Instituto de Políticas Públicas, Universidad Diego Portales.
Escudero, J. M. (2002).La Reforma de la Reforma ¿Qué calidad para quiénes?. Barcelona, Ariel Social.
Colegio de Profesores de Chile A.G (2016). Análisis de la ley que crea el sistema de desarrollo desarrollo profesional docente. Recuperado de http://www.colegiodeprofesores.cl/images/pdf/sistema%20de%20Desarrollo%20Profesional%20Docente%20(ley%20n%C2%BA20903).pdf
Propiedad protegida (1973). La crisis educacional. Santiago. Quimantú. www.memoriachilena.cl
Ministerio de Educación (2016) Decálogo de la ley de inclusión. Construyendo el derecho a una educación de calidad.
Recuperado de http://leyinclusion.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/91/2017/04/decalogo.pdf

Reflexiones sobre Educación. Por Julio Díaz Letelier

 La educación formal, es decir, aquella que se imparte a través de instituciones creadas expresamente con fines educativos, forma parte de aquel fenómeno más amplio y no sistematizado de transmisión de conocimientos, valores y habilidades denominado por los antropólogos, procesos de   enculturación [1 ]

Es evidente, que en principio, ambos mecanismos tienen como objetivo lograr que los individuos se adapten al sistema social imperante. Ninguna sociedad prepara intencionalmente a sus miembros para que quebranten las normas de convivencia social  o revolucionarios que puedan atentar contra el orden establecido. En aquellos casos de   conductas disfuncionales para un  sistema socio/político determinado; las estructuras de poder emplean diversas  medidas coercitivas  destinadas a reprimir a los individuos o los grupos desviados.

 No obstante lo anterior, las sociedades no son homogéneas, existen dentro de ellas diferentes clases sociales, sectores de clase y subculturas que proyectan   intereses y concepciones diferentes u opuestas acerca de la vida social. Aunque  al final, son las clases dominantes las que a través del monopolio del poder imponen su  visión del mundo a la sociedad global, las señales contradictorias que éstas envían al cuerpo social  provocan frecuentes disfunciones conductuales.  .

Existen numerosas y heterogéneas perspectivas de análisis que pretenden dilucidar el origen de  los pésimos resultados que muestra la educación básica y media de nuestro país. Algunos atribuyen esos problemas al magro presupuesto invertido en educación, otros a la desigual distribución de esos fondos, abundan aquellos que centran su crítica en la regresiva distribución del ingreso familiar, pero la mayoría radica esas dificultades en la calidad   del cuerpo docente. Aunque es evidente, que  en  diferente  medida, todos estos factores gravitan sobre el rendimiento de nuestros escolares, es curioso, por decir lo menos, que no centremos nuestra atención en el componente esencial de todo proceso educativo; es decir, en el alumno.

El  prejuicio más importante  que debemos extirpar de nuestras concepciones educacionales, es considerar al alumno como una constante indiferenciada que los sistemas de enseñanza pueden modelar a su arbitrio. Nuestros estudiantes son seres   con un fuerte y variado sustento genético que ejerce  una gravitante influencia en la conformación de su personalidad. Los más  recientes estudios de microbiología han  probado, por ejemplo,  que rasgos tan dispares como la obesidad, el consumo de drogas, los niveles de agresión, los comportamientos sexuales y  la inteligencia tienen un evidente  componente hereditario.[2] Al mismo tiempo, nadie ignora, que a pesar de los intentos homogenizadores de la sociedad contemporánea en el campo valórico, los pupilos de nuestro sistema educacional son influidos por niveles de ingreso familiar,  medio ambiente cultural,  entorno físico,  densidad demográfico y conglomerados urbanísticas fuertemente diferenciados. Aunque estos elementos constituyen un substrato esencial  para entender  los problemas que enfrenta nuestro modelo educacional, queremos fijar nuestra atención en las motivaciones sociales y los modelos de referencia [3 ] que gravitan en el proceso de desarrollo de nuestro estudiantado.

Antes que nada, es necesario diferenciar aquella energía sicológica conocida con el nombre de  motivación social, de las tendencias conductuales de origen biológico identificada comúnmente con el término impulso. Al contrario de lo que sucede en el campo de los impulsos, que son difícilmente modificables, los sistemas educativos  se justifican porque el amplísimo campo de  las  conductas socialmente motivadas pueden ser desarrolladas o alteradas mediante los procesos de socialización formal. [4]

En principio descartamos, que las clases y los sectores de clase dominantes de nuestro país  pretendan transmitir a nuestra  población escolar elementos conductuales contrarios a la actual estructura de poder. Más bien, sería lógico  concluir, que  el control de los medios formales e informales de socialización por el ultra-liberalismo, le ha permitido transmitir conocimientos y motivaciones destinadas a la conservación del modelo socio/económico vigente. Y si esto fuera así, deberíamos preguntarnos si esas motivaciones han sido suficientes y con la necesaria coherencia interna como para alcanzar los niveles de eficiencia que el desarrollo del  sistema imperante exige.

El primer objetivo educacional formal que el modelo ultra-liberal pretende alcanzar es un número suficiente de cuadros  técnicamente calificados y de conductas laborales funcionales para las concepciones  políticas gobernantes. Sin embargo, no basta que las instituciones educacionales del ámbito escolar estén diseñadas para cumplir esas exigencias, que en el caso de la disciplina para el trabajo es dudosa, para que los resultados esperados por los sectores dominantes sean exitosos. Se necesita ante todo, que las motivaciones vinculadas al conocimiento que el alumno recibe de la sociedad global sean compatibles con las metas de  esos institutos docentes.

 Nadie puede dudar, que en los medios de comunicación de masas, los instrumentos de  socialización más influyentes de nuestra  sociedad, el conocimiento no ocupa un lugar importante. No vemos, por ejemplo, que se invite a los programas de televisión a los premios nacionales de ciencia, de arte o a  los trabajadores destacados de las  áreas técnicas. Mientras que las celebridades de la canción y del deporte  son recibidos en la Moneda, en la Teletón u otros eventos de carácter nacional, los representantes relevantes del mundo académico, de la literatura o de la investigación científica   son allí olímpicamente ignorados. Más aún, los ejemplos sociales exitosos  promovidos por   los medios de comunicación,  no corresponden a los representantes  del conocimiento  o del trabajo, sino que a los círculos del futbol, a los animadores de televisión o a los personajes de la “farándula”. Es evidente, que estos potentes   modelos de referencia  que nuestros alumnos reciben de los medios de comunicación  tienen una lejana relación con la ciencia y con el estudio.

 El  más importante contacto que el alumno básico y medio chileno promedio tiene con representantes dedicada profesionalmente al cultivo del conocimiento son sus docentes, ¿pero que ve este estudiante en el profesor? Ve a un profesional que no tiene  ninguno de los signos externos valorizados por la sociedad liberal (ingresos, vestimenta, autos, vivienda o prestigio social).  Al contrario, en la escala valorativa de  un modelo que exhibe  fundamentalmente al éxito económico y no la vocación como el elemento más significativo, los profesores ocupan uno de los  status sociales y profesionales más desvalorizados.

¿Puede un proyecto ultra-liberal dependiente como el nuestro, resolver estas contradicciones? Mientras los medios de comunicación de masas, al igual que el resto de las empresas capitalistas, tengan como objetivo obtener el máximo lucro en el juego de mercado, estos problemas son insolubles. Las contradictorias señales motivadoras que el alumno recibe del modelo liberal son profundamente incongruentes  con los objetivos que se plantea el  actual sistema escolar. Solo una conjugación positiva  de los elementos motivadores  de las diversas instancias que influyen en los procesos de internalización de conocimientos de nuestros alumnos, podría cambiar el deprimente momento que afecta nuestra educación. Esta última solución  solo es posible en el marco de un estado y de gobiernos muy diferentes a los que tenemos en este momento

 Por último, aunque mediante fuertes incentivos económicos, los países  centrales han resuelto en parte sus  dificultades educacionales  drenando profesionales del resto del mundo, en una economía  dependiente como la nuestra, esa solución es  parcialmente valida a nivel calificado y remotamente imaginable  a nivel medio.

      Bibliografía

1-      Marvin Harris- Introducción a la antropología general.

2-      Dean Hamer & Peter Copeland- Living with our Genes

3-      K.B. Madsen- Teorías de la motivación.

4-      Muzafer Sherif & Carolyn W. Sherif- Social psychology

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La Propuesta Educacional que Chile Reclama. Por VV.AA.

Los parlamentarios abajo firmantes, recogiendo con respeto las propuestas de Estudiantes, Profesores y Apoderados, y valorando las masivas manifestaciones ciudadanas en todo el país, expresamos públicamente nuestro resuelto compromiso de apoyar, promover y legislar para hacer realidad dichas propuestas.

Compartimos con la ciudadania la necesidad y urgencia de una Reforma Estructural al actual  modelo educacional, tanto en el ámbito de la Educación Básica y Media, de Educación Superior, y de Educación Técnica Profesional.

Por todo ello, nos comprometemos urgentemente con los siguientes contenidos:

Reforma Constitucional para:

  • Establecer el derecho a la educación a cada persona.
  • Establecer la obligatoriedad del Estado de proveer una educación, gratuita, laica y de calidad.

Más recursos para la Educación pública:

  • Entrega de aportes de libre disposición a las universidades del Estado.
  • Fondo de “revitalización” de las universidades tradicionales, que se entregue prioritariamente a las estatales, regionales y con alumnos de menos recursos.
  • Gratuidad de los estudios al 60% de los alunmos (tres quintiles más pobres) y arancel diferenciado según capacidad de pago al 40% restante.
  •  Pase escolar único, valido todo el año.
  •  Eliminación del Aporte Fiscal Indirecto, fondo que reparte el Estado a las instituciones que captan a los 27.500 mejores puntajes PSU.

Acceso equitativo:

  • Rechazo a la PSU como método de selección de alumnos.
  • Nuevos estándares de calidad, que incluyan, además de la gestión institucional, los perfiles profesionales y el aseguramiento de la libertad de cátedra y opinión.
  • Que el fin de lucro sea incompatible con la obtención de la acreditación institucional.

Democratización:

  •  Derogación de las normas que excluyen del gobierno de las instituciones la participación con derecho a voto de los alumnos y trabajadores.
  • Asegurar las libertades de expresión, cátedra y asociación a los alumnos, docentes y trabajadores en todas las instituciones.

 Estado que asegure equidad  y calidad de Educación Básica y Media:

  •  Fin de la Administración Municipal de los establecimientos educacionales, creando en su reemplazo un Sistema Nacional de Educación, como organismo publico descentralizado y jerárquicamente dependiente del Ministerio de Educación, que releve y fortalezca una educación pública  de calidad, y legalmente con derecho a mayores aportes del Estado.
  •  Educación Particular Subvencionada deberá ser entendida como un complemento al rol insustituible del Estado, y deberá ser provista por instituciones sin fines de lucro, excluyéndose de esta educación toda forma de selección y exclusión de alumnos.
  •  Respaldo a una carrera docente, otorgando la calidad de funcionarios públicos  a los profesores del Sistema Nacional de Educación, mejorando sus rentas, asegurando el acceso a instancias de perfeccionamiento permanentes y contemplando su participación en la definición de políticas y programas educacionales.
  • Exigir el cumplimiento del programa Tarjeta Nacional Estudiantil para garantizar el derecho a la movilización de los estudiantes durante todo el año, en todo el territorio nacional.

Impulsar una Reforma Tributaria, aumentando la carga tributaria del país de manera progresiva, para financiar los mayores gastos que esta reforma educacional supone.

Firmas de Diputados

Nombre Región Distrito Partido Correo
Accorsi Opazo, Enrique RM de Metropolitana N°24 Partido Por la Democracia eaccorsi@congreso.cl
Aguiló Melo, Sergio VII de del Maule N°37 Independientes saguilo@congreso.cl
Alinco Bustos, René XI de de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo N°59 Independientes ralinco@congreso.cl
Alvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo VII de del Maule N°38 Unión Demócrata Independiente palvarez-salamanca@congreso.cl
Andrade Lara, Osvaldo RM de Metropolitana N°29 Partido Socialista oandrade@congreso.cl
Araya Guerrero, Pedro II de de Antofagasta N°4 Partido Regionalista Independiente paraya@congreso.cl
Arenas Hödar, Gonzalo IX de de la Araucanía N°48 Unión Demócrata Independiente garenas@congreso.cl
Ascencio Mansilla, Gabriel X de de los Lagos N°58 Partido Demócrata Cristiano ascencio@congreso.cl
Auth Stewart, Pepe RM de Metropolitana N°20 Partido Por la Democracia pepeauth@congreso.cl
Baltolu Rasera, Nino XV de Arica y Parinacota N°1 Unión Demócrata Independiente nbaltolu@congreso.cl
Barros Montero, Ramón VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°35 Unión Demócrata Independiente jbarros@congreso.cl
Bauer Jouanne, Eugenio VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°33 Unión Demócrata Independiente ebauer@congreso.cl
Becker Alvear, Germán IX de de la Araucanía N°50 Renovación Nacional gbecker@congreso.cl
Bertolino Rendic, Mario IV de de Coquimbo N°7 Renovación Nacional mbertoli@congreso.cl
Bobadilla Muñoz, Sergio VIII de del Bío Bío N°45 Unión Demócrata Independiente sbobadilla@congreso.cl
Browne Urrejola, Pedro RM de Metropolitana N°28 Renovación Nacional pbrowne@congreso.cl
Burgos Varela, Jorge RM de Metropolitana N°21 Partido Demócrata Cristiano jburgos@congreso.cl
Calderón Bassi, Giovanni III de de Atacama N°6 Unión Demócrata Independiente gcalderon@congreso.cl
Campos Jara, Cristián VIII de del Bío Bío N°43 Partido Por la Democracia ccampos@congreso.cl
Cardemil Herrera, Alberto RM de Metropolitana N°22 Renovación Nacional acardemil@congreso.cl
Carmona Soto, Lautaro III de de Atacama N°5 Partido Comunista lcarmona@congreso.cl
Castro González, Juan Luis VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°32 Partido Socialista jlcastro@congreso.cl
Cerda García, Eduardo V de de Valparaíso N°10 Partido Demócrata Cristiano ecerda@congreso.cl
Ceroni Fuentes, Guillermo VII de del Maule N°40 Partido Por la Democracia gceroni@congreso.cl
Cornejo González, Aldo V de de Valparaíso N°13 Partido Demócrata Cristiano acornejo@congreso.cl
Cristi Marfil, María Angélica RM de Metropolitana N°24 Unión Demócrata Independiente macristi@congreso.cl
Chahín Valenzuela, Fuad IX de de la Araucanía N°49 Partido Demócrata Cristiano fchahin@congreso.cl
De Urresti Longton, Alfonso XIV de de los Ríos N°53 Partido Socialista adeurresti@congreso.cl
Delmastro Naso, Roberto XIV de de los Ríos N°53 Independientes rdelmast@congreso.cl
Díaz Díaz, Marcelo IV de de Coquimbo N°7 Partido Socialista mdiaz@congreso.cl
Edwards Silva, José Manuel IX de de la Araucanía N°51 Renovación Nacional jmedwards@congreso.cl
Eluchans Urenda, Edmundo V de de Valparaíso N°14 Unión Demócrata Independiente eeluchans@congreso.cl
Espinosa Monardes, Marcos II de de Antofagasta N°3 Partido Radical Social Demócrata mespinosa@congreso.cl
Espinoza Sandoval, Fidel X de de los Lagos N°56 Partido Socialista fespinoza@congreso.cl
Estay Peñaloza, Enrique IX de de la Araucanía N°49 Unión Demócrata Independiente eestay@congreso.cl
Farías Ponce, Ramón RM de Metropolitana N°30 Partido Por la Democracia rfarias@congreso.cl
García García, René Manuel IX de de la Araucanía N°52 Renovación Nacional rmgarcia@congreso.cl
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°32 Unión Demócrata Independiente agarcia@congreso.cl
Girardi Lavín, Cristina RM de Metropolitana N°18 Partido Por la Democracia cgirardi@congreso.cl
Godoy Ibáñez, Joaquín V de de Valparaíso N°13 Renovación Nacional jgodoy@congreso.cl
Goic Boroevic, Carolina XII de de Magallanes y de la Antártica Chilena N°60 Partido Demócrata Cristiano cgoic@congreso.cl
González Torres, Rodrigo V de de Valparaíso N°14 Partido Por la Democracia rodrigogonzalez@congreso.cl
Gutiérrez Gálvez, Hugo I de de Tarapacá N°2 Partido Comunista hgutierrez@congreso.cl
Gutiérrez Pino, Romilio VII de del Maule N°39 Unión Demócrata Independiente rgutierrez@congreso.cl
Hales Dib, Patricio RM de Metropolitana N°19 Partido Por la Democracia phales@congreso.cl
Harboe Bascuñán, Felipe RM de Metropolitana N°22 Partido Por la Democracia fharboe@congreso.cl
Hasbún Selume, Gustavo RM de Metropolitana N°26 Unión Demócrata Independiente ghasbun@congreso.cl
Hernández Hernández, Javier X de de los Lagos N°55 Unión Demócrata Independiente jhernandez@congreso.cl
Hoffmann Opazo, María José V de de Valparaíso N°15 Unión Demócrata Independiente mjhoffmann@congreso.cl
Isasi Barbieri, Marta I de de Tarapacá N°2 Independientes misasi@congreso.cl
Jaramillo Becker, Enrique XIV de de los Ríos N°54 Partido Por la Democracia ejaramil@congreso.cl
Jarpa Wevar, Carlos Abel VIII de del Bío Bío N°41 Partido Radical Social Demócrata cjarpa@congreso.cl
Jiménez Fuentes, Tucapel RM de Metropolitana N°27 Partido Por la Democracia tjimenez@congreso.cl
Kast Rist, José Antonio RM de Metropolitana N°30 Unión Demócrata Independiente jkast@congreso.cl
Latorre Carmona, Juan Carlos VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°35 Partido Demócrata Cristiano jclatorre@congreso.cl
Lemus Aracena, Luis IV de de Coquimbo N°9 Partido Socialista llemus@congreso.cl
León Ramírez, Roberto VII de del Maule N°36 Partido Demócrata Cristiano rleon@congreso.cl
Rosales Guzmán, Joel VIII de del Bío Bío N°47 Unión Demócrata Independiente jrosales@congreso.cl
Lorenzini Basso, Pablo VII de del Maule N°38 Partido Demócrata Cristiano plorenzi@congreso.cl
Macaya Danús, Javier VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°34 Unión Demócrata Independiente jmacaya@congreso.cl
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag XII de de Magallanes y de la Antártica Chilena N°60 Independientes mmarinovic@congreso.cl
Martínez Labbé, Rosauro VIII de del Bío Bío N°41 Renovación Nacional rmartine@congreso.cl
Melero Abaroa, Patricio RM de Metropolitana N°16 Unión Demócrata Independiente pmelero@congreso.cl
Meza Moncada, Fernando IX de de la Araucanía N°52 Partido Radical Social Demócrata fmeza@congreso.cl
Molina Oliva, Andrea V de de Valparaíso N°10 Unión Demócrata Independiente amolina@congreso.cl
Monckeberg Bruner, Cristián RM de Metropolitana N°23 Renovación Nacional cmonckeberg@congreso.cl
Monckeberg Díaz, Nicolás RM de Metropolitana N°18 Renovación Nacional nmonckeberg@congreso.cl
Monsalve Benavides, Manuel VIII de del Bío Bío N°46 Partido Socialista mmonsalve@congreso.cl
Montes Cisternas, Carlos RM de Metropolitana N°26 Partido Socialista cmontes@congreso.cl
Morales Muñoz, Celso VII de del Maule N°36 Unión Demócrata Independiente cmorales@congreso.cl
Moreira Barros, Iván RM de Metropolitana N°27 Unión Demócrata Independiente imoreira@congreso.cl
Muñoz D’Albora, Adriana IV de de Coquimbo N°9 Partido Por la Democracia amunoz@congreso.cl
Nogueira Fernández, Claudia RM de Metropolitana N°19 Unión Demócrata Independiente cnogueira@congreso.cl
Norambuena Farías, Iván VIII de del Bío Bío N°46 Unión Demócrata Independiente inorambuena@congreso.cl
Núñez Lozano, Marco Antonio V de de Valparaíso N°11 Partido Por la Democracia mnunez@congreso.cl
Ojeda Uribe, Sergio X de de los Lagos N°55 Partido Demócrata Cristiano sojeda@congreso.cl
Ortiz Novoa, José Miguel VIII de del Bío Bío N°44 Partido Demócrata Cristiano jmortiz@congreso.cl
Pacheco Rivas, Clemira VIII de del Bío Bío N°45 Partido Socialista cpacheco@congreso.cl
Pascal Allende, Denise RM de Metropolitana N°31 Partido Socialista dpascal@congreso.cl
Pérez Arriagada, José VIII de del Bío Bío N°47 Partido Radical Social Demócrata jperez@congreso.cl
Pérez Lahsen, Leopoldo RM de Metropolitana N°29 Renovación Nacional lperezl@congreso.cl
Recondo Lavanderos, Carlos X de de los Lagos N°56 Unión Demócrata Independiente crecondo@congreso.cl
Rincón González, Ricardo VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°33 Partido Demócrata Cristiano rrincon@congreso.cl
Rivas Sánchez, Gaspar V de de Valparaíso N°11 Renovación Nacional grivas@congreso.cl
Robles Pantoja, Alberto III de de Atacama N°6 Partido Radical Social Demócrata arobles@congreso.cl
Rojas Molina, Manuel II de de Antofagasta N°4 Unión Demócrata Independiente mrojas@congreso.cl
Rubilar Barahona, Karla RM de Metropolitana N°17 Renovación Nacional krubilar@congreso.cl
Saa Díaz, María Antonieta RM de Metropolitana N°17 Partido Por la Democracia masaa@congreso.cl
Sabag Villalobos, Jorge VIII de del Bío Bío N°42 Partido Demócrata Cristiano jsabag@congreso.cl
Sabat Fernández, Marcela RM de Metropolitana N°21 Renovación Nacional msabat@congreso.cl
Saffirio Espinoza, René IX de de la Araucanía N°50 Partido Demócrata Cristiano rsaffirio@congreso.cl
Salaberry Soto, Felipe RM de Metropolitana N°25 Unión Demócrata Independiente fsalaberry@congreso.cl
Sandoval Plaza, David XI de de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo N°59 Unión Demócrata Independiente dsandoval@congreso.cl
Santana Tirachini, Alejandro X de de los Lagos N°58 Renovación Nacional asantana@congreso.cl
Sauerbaum Muñoz, Frank VIII de del Bío Bío N°42 Renovación Nacional fs@congreso.cl
Schilling Rodríguez, Marcelo V de de Valparaíso N°12 Partido Socialista schilling@congreso.cl
Sepúlveda Orbenes, Alejandra VI de del Libertador Bernardo O’ Higgins N°34 Partido Regionalista Independiente asepulveda@congreso.cl
Silber Romo, Gabriel RM de Metropolitana N°16 Partido Demócrata Cristiano gsilber@congreso.cl
Silva Méndez, Ernesto RM de Metropolitana N°23 Unión Demócrata Independiente esilva@congreso.cl
Squella Ovalle, Arturo V de de Valparaíso N°12 Unión Demócrata Independiente asquella@congreso.cl
Tarud Daccarett, Jorge VII de del Maule N°39 Partido Por la Democracia jtarud@congreso.cl
Teillier Del Valle, Guillermo RM de Metropolitana N°28 Partido Comunista gteillier@congreso.cl
Torres Jeldes, Víctor V de de Valparaíso N°15 Partido Demócrata Cristiano vtorres@congreso.cl
Tuma Zedan, Joaquín IX de de la Araucanía N°51 Partido Por la Democracia jtuma@congreso.cl
Turres Figueroa, Marisol X de de los Lagos N°57 Unión Demócrata Independiente mturres@congreso.cl
Ulloa Aguillón, Jorge VIII de del Bío Bío N°43 Unión Demócrata Independiente julloa@congreso.cl
Letelier Aguilar, Cristian RM de Metropolitana N°31 Unión Demócrata Independiente cletelier@congreso.cl
Urrutia Bonilla, Ignacio VII de del Maule N°40 Unión Demócrata Independiente iurrutia@congreso.cl
Vallespín López, Patricio X de de los Lagos N°57 Partido Demócrata Cristiano pvallespin@congreso.cl
Van Rysselberghe Herrera, Enrique VIII de del Bío Bío N°44 Unión Demócrata Independiente evr@congreso.cl
Vargas Pizarro, Orlando XV de Arica y Parinacota N°1 Partido Por la Democracia ovargas@congreso.cl
Velásquez Seguel, Pedro IV de de Coquimbo N°8 Independientes pvelasquez@congreso.cl
Venegas Cárdenas, Mario IX de de la Araucanía N°48 Partido Demócrata Cristiano mvenegas@congreso.cl
Verdugo Soto, Germán VII de del Maule N°37 Renovación Nacional gverdugo@congreso.cl
Vidal Lázaro, Ximena RM de Metropolitana N°25 Partido Por la Democracia xvidal@congreso.cl
Vilches Guzmán, Carlos III de de Atacama N°5 Unión Demócrata Independiente cvilches@congreso.cl
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón XIV de de los Ríos N°54 Unión Demócrata Independiente gvonmuhlenbrock@congreso.cl
Walker Prieto, Matías IV de de Coquimbo N°8 Partido Demócrata Cristiano mwalker@congreso.cl
Ward Edwards, Felipe II de de Antofagasta N°3 Unión Demócrata Independiente fw120@congreso.cl
Zalaquett Said, Mónica RM de Metropolitana N°20 Unión Demócrata Independiente mzalaquett@congreso.cl

Comentarios entorno a la Reforma Lavín. Por Gustavo Quintana

Publicitada inicialmente como una reforma para producir un cambio revolucionario en la calidad de la educación, el conocimiento de su texto indica que se trata sólo de profundizar el modelo neoliberal de educación instalado por la dictadura, con todo el lastre autoritario e ideológico impuesto por ella.

Los aspectos principales de este modelo, vigente por cerca de 30 años, se acentúan en la reforma propuesta, y sus objetivos actuales pueden sintetizarse en lo siguiente:

  • Aceleración del proceso de liquidación de lo que queda de educación pública (municipal) , que debiera caracterizarse por ser gratuita , permitir el acceso de todos a una educación de calidad y ser capaz de entregar, bajo el control y el financiamiento del Estado, iguales oportunidades a todos los estudiantes

 

  • Intensificación del lucro, como factor preponderante, y de la acción del mercado como rector de todo el sistema educacional, con el consiguiente aumento en la desregulación de todo el sistema y el deterioro de calidad en especial para la inmensa mayoría de los niños y jóvenes

 

  • Profundización de la segregación social en la educación básica y media (los mejores profesores y las mejores condiciones de estudio para los colegios privados y/o ” de excelencia”, que no cubren más del 10 % del total de los alumnos ). Además, en este mismo cuadro, sólo un 30% de los estudiantes, en su gran mayoría de los sectores de mayores ingresos, tendrían acceso a la educación preescolar.

 

¿Qué propone la ley y cuán lejos se encuentra de constituir un cambio profundo en la educación?

La ley mezcla proposiciones que aparentemente constituyen modificaciones profundas en la calidad y la equidad de la educación(becas para estudiantes que ingresen a estudiar pedagogías con puntajes de 600 puntos o más , 50 liceos de excelencia que reúnan el 70% de los mejores estudiantes del sistema municipalizado), con modificaciones tendientes a consolidar el modelo neoliberal (modificación del estatuto docente .modificaciones cuticulares) y con medidas que en principio nadie puede objetar (mejoramiento de las condiciones de jubilación de profesores con más de 30 años de trabajo, acceso al nivel más alto de remuneraciones a los 10 años de carrera, en lugar de los 30)

Analicemos en primer lugar si el número de estudiantes que serían becados, y que debieran formar esta nueva élite de profesores, es suficiente para asegurar una educación de mayor calidad al conjunto de los estudiantes chilenos en un lapso de 15 años (suponiendo entre 2500 y 3000 becas anuales, que serían utilizadas). Si bien la calidad de los nuevos profesores aseguraría un recambio de calidad para la generación que debe jubilar en el transcurso de estos 15 años y, sin duda, sería superior a la de la gran cantidad de quienes están egresando, de universidades, escuelas e Institutos no acreditados y de establecimientos acreditados de calidad insuficiente, que muchas veces otorgan títulos a través de cursos por correspondencia, persiste la duda si los marcos de la ley permite formarlos en cantidad suficiente para alcanzar a todos los estudiantes en el lapso de tiempo señalado.

Para estimar muy aproximadamente las necesidades de recambio, o los vacíos a llenar, consideremos tres factores el destino probable de los nuevos profesores, la magnitud del número de profesores en edad de jubilar, y la falencia de profesores en el sistema , para poder asegurar una educación de la misma calidad para todos los estudiantes.

En la actualidad, y en el caso de las pedagogías, una cifra del orden del 67% de los que ingresaron a estudiar pedagogía ya sea abandonan sus estudios antes de egresar(40%) o abandonan la educación dentro de los 4 años posteriores a su egreso, por encontrar posibilidades de trabajo más estables y con mejores remuneraciones fuera de la educación. (La ley no propone ni una carrera académica estable y atractiva ni expectativas materiales comparables con las de las principales carreras universitarias, manteniéndose la valoración del profesor como un profesional de segunda categoría). Evidentemente parece altamente probable que profesores con mejor formación tiendan a emigrar neutralizando parcialmente uno de los pocos objetivos de la ley que apuntan en la dirección correcta.

La magnitud del número de profesores en edad de jubilar se estima en ¡a actualidad en 7000 y al final del período presidencial bordearía los 15000 Todos ellos, profesores que en su mayoría sólo esperan una proposición digna para hacerlo, proposición que figura en la ley.

Si además consideramos el déficit en profesores de pre-básica (70%), y los nuevos profesores que sería necesario contratar para mejorar las condiciones de enseñanza (por ejemplo, limitar a 30 el número de estudiantes por sala), el objetivo de mejorar la calidad sólo alcanzaría efectivamente a una parte de los estudiantes y ¡a equidad , en los marcos de la ley, sería prácticamente imposible, con lo cual el sello dé la segregación continuaría marcando el modelo.

Lo estrecho de los márgenes de la ley, que hacen prácticamente imposible asumir como objetivos el mejorar la calidad de una educación al alcance de todos los estudiantes, indica falta de voluntad política para asumir la educación como un derecho fundamental y como elemento estratégico para el desarrollo del país . y sólo se comprende la urgencia de hacer aprobar esta ley, casi sin discusión, por otros objetivos presentes claramente en la ley.

Así, desconociendo que la causa del fracaso está en el modelo, modelo que no es utilizado en la inmensa mayoría de los países desarrollados con mayor nivel’ educacional (con sistemas muy estructurados, con el Estado como tronco central de él), se culpabiliza al profesor como responsable principal del fracaso, y la ley se centra principalmente en modificar el estatuto docente y en tener mayores atribuciones para reprimirá los profesores.

Junto a esto se trata de legitimar el modelo con ¡os pequeños avances en la prueba Pisa, que después de 30 años de aplicación ubican a Chile entre el 44° y el 49 ° lugar (entre 65 países de la OCDE e invitados) y se pretende introducir la falacia que con este magro resultado Chile lidera la educación en América latina. Quien haya leído el N° 14 -año 4 del Boletín de Educación habrá constatado que Cuba, que no es miembros de la OCDE ni invitado a participaren esa prueba , sino por el contrario, en pruebas tomadas por Unesco en los países de América ¡atina tiene efectivamente, y por un gran margen , el mejor rendimiento en esta parte del mundo.

Ya asegurado que los sectores de mayores ingresos mantendrán una calidad de educación superior a ¡a del resto de los niños y jóvenes de Chile (segregación consolidada), entre las proposiciones de la ley que realmente interesan a la alianza destacan las modificaciones al estatuto docente, en lo que se refiere a profesores, directores y modificaciones curriculares.

Se otorgan mayores atribuciones a los sostenedores de colegios que estén más vinculados a los aprendizajes de sus alumnos ( ¿ ), los que tendrían autonomía de crear y administrar sus propios sistemas de evaluación que complementen los mecanismos establecidos en el estatuto docente. De esta forma se pretende darle más autonomía al sostenedor para tener una evaluación más ad hoc a sus necesidades.

Estas proposiciones, como lo plantea Jaime Gajardo, presidente del colegio de profesores, amplía los potenciales de despido y somete a ¡os profesores a una doble evaluación , sin control y sin mecanismos que aseguren la objetividad.

En cuanto a la evaluación de los profesores y las desvinculaciones producto de ello, se retrocede. Así la desvinculación actual, producto de evaluaciones insuficientes por tres veces seguidas, se puede adelantar disminuyendo a sólo dos la condición de insuficiencia y, además, haciéndola extensiva a tres evaluaciones consecutivas de un desempeño básico. Igualmente se incluye como causal el no respetar el reglamento interno del colegio y hacer uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo de seis meses en un período de dos años.

 

En las proposiciones para la designación de nuevos directores y la selección de los nuevos profesores se ignora condiciones indispensables para una educación de calidad, como el equilibrio entre el director y los profesores. Administrador y gestor el primero, el papel de expertos en educación corresponde a los profesores, y sólo un funcionamiento armónico entre ambos elementos y una participación conjunta en las grandes decisiones del colegio puede asegurar su éxito.

En la ley, por el contrario, una parte de los nuevos directores (un 25% del total) serían seleccionados por un organismo similar al de alta dirección pública y tendría como requisito indispensable estar en posesión de un magister en la función que desempeñaran(¿ ) aun cuando seguirían siendo nombrados por el alcalde entre una terna que este organismo fe presentaría. Su renta aumentaría sensiblemente y tendría la potestad de desvincular hasta el 5% de los profesores por año, potestad ésta que quiebra la posibilidad de trabajo armonioso entre director y profesores.

La selección de los nuevos profesores exige, además de su título, la rendición de una prueba de conocimientos (prueba Inicia) sin otro requisito para alguien que no tiene ninguna experiencia (como sería, por ejemplo, la evaluación de su equilibrio emocional, de su aptitud para enfrentar crisis o su ascendiente sobre los jóvenes estudiantes). Su remuneración, por otra parte, estaría en función de los resultados en esta prueba de conocimiento, creando, desde su ingreso, una situación potencialmente conflictiva frente aun cuerpo de profesores que sí tiene experiencia, pero donde los niveles de renta no aparecen claramente en concordancia con los de los nuevos profesores. En suma, se deterioran las condiciones de trabajo en los colegios municipalizados, un escalón más en el deterioro de lo que queda de la educación estatal.

En resumen, los objetivos inmediatos más claros se pueden resumir en: Desregulación del sistema de educación para facultar una verdadera razzia entre los profesores, en primer lugar, entre los más activos del colegio de profesores y ahuyentar a profesores y alumnos de los colegios municipalizados.

Se perfilan cuatro sistemas diferentes con diferentes capacidades para desvinculara los profesores.

Colegios privados no subvencionados con licencia absoluta para despedir.

Colegios privados subvencionados con mayores libertades para despedir y para lucrar. Una parte de los colegios municipalizados (75%) con el tipo de dirección anterior a la ley, con más causales de licenciamiento.

Colegios municipales con el nuevo tipo de dirección con derecho a licenciar anualmente hasta al 5% de los profesores.

Modificaciones curriculares: “la guinda de la torta”.

La obsesión de reemplazar la calidad por indicadores, que no constituyen por si solos una evaluación absoluta del éxito de un sistema educativo, lleva al absurdo de disminuir el estudio de disciplinas fundamentales para la formación de los jóvenes(Historia, Ciencias Sociales, Artes), para disponer de más tiempo para machacar disciplinas que son evaluadas directamente por esos indicadores. Se empobrece así torpemente la formación de los estudiantes, despreciando instantes en la vida del niño donde existen, usando los métodos y la psicología apropiadas, potencialidades de aprendizaje de la lengua materna y de las matemáticas con rendimientos superiores a los que se dan posteriormente, y todo esto sin salirse del mundo lúdico propio de la infancia.

La verdad es que opera una tentación ideológica perversa, pues los sectores que detentan el poder niegan siempre los conflictos pendientes con nuestra Historia , (“no vivamos en el pasado, miremos el futuro), a pesar de que !a realidad nos recuerda con cierta regularidad su existencia. Hace algunos meses, con el pueblo mapuche, en este mes, con los pascuenses reprimidos y golpeados allí donde son los únicos habitantes legítimos y, paralelamente en estos días en Paris, con el juicio abierto a militares chilenos por la desaparición de cuatro franceses, víctimas del régimen de Pinochet

En resumen esta ley no es ni revolución ni pálida reforma, sino una sucia operación política para continuar implantando un modelo dogmático que asegure que el conocimiento y la capacidad profesional continúen siendo un privilegio de la élite del poder.