Cuadernos de Educación DIC-FEB (Año XI) nº39

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Editorial (CdE nº35)

Educación y gratuidad: ¿Existe una contradicción real?

El conjunto de los actores de la educación vienen planteando la gratuidad en la educación como nuevo paradigma de financiamiento en la sociedad chilena. La implicancia principal es que el Estado asuma la misión de financiar sus instituciones, cuestión bastante obvia en apariencia, pero, si atendemos al fondo de la problemática, necesariamente tenemos que pensar en un nuevo carácter del Estado, o simplemente continuar reforzando el rol subsidiario del Estado con sus instituciones públicas.

Este dilema ha estado presente en los últimos meses con la falsa discusión entre el carácter público de las universidades estatales y las universidades tradicionales y frente a las privadas, argumentado estas últimas, que también prestan un servicio público y que, por ende, el Estado también, debe y tiene que financiarlas.

La tensión, como hemos visto, ha estado en el financiamiento, y las medidas y procedimientos no quedan claros hasta el momento. La discusión ha sido bastante tensa, y por el momento sigue ocultado la problemática de fondo y no ha dado respuesta a las preguntas fundamentales que la sociedad chilena demanda, a saber: ¿qué modelo de educación necesitamos, para qué tipo de sociedad y para qué tipo de estado nacional?

Creemos que en las interrogantes anteriores está la perspectiva profunda de la discusión, donde el tema de la educación no es necesariamente una problemática, como se ha planteado hasta el momento, solo de especialistas o expertos, sino que es una cuestión del conjunto de la sociedad, es decir, en palabras del marxista italiano, es un problema de la gran política, pues trae implícita la discusión sobre buscar alternativas globales para desmontar y a su vez elaborar un modelo de desarrollo alternativo para el país.

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Este modelo de desarrollo en los últimos años ha sido tensionado someramente por los ortodoxos del neoliberalismo y los reformistas al modelo. La interrogante es si entre ortodoxos y reformistas existe una alternativa de un modelo educacional y, por ende, de nación, que tenga como horizonte alcanzar los cambios en perspectivas de desarrollo y democracia para una sociedad más equitativa, o estamos en la pequeña política de la inmediatez y los fríos cálculos del mercado de la educación.

En este sentido, la gratuidad no necesariamente podría terminar con las lógicas del mercado en la educación, es más, podría reforzarlas, si dicho financiamiento apoya el mero carácter subsidiario del Estado, el mismo que ocupa en la actualidad en la economía neoliberal de mercado. Sin embargo, este esfuerzo programático de gratuidad puede ser el primer paso para desmontar la madeja de dominación, aunque dicha madeja tiene muchos nudos ciegos que están siendo apretados, incluso por aquellos que quieren gratuidad.

Asimismo, el estado actual de la discusión sobre la gratuidad en educación superior no ha generado todavía un cuestionamiento a la totalidad del sistema en el cual se fundamenta nuestra sociedad actual, donde el neoliberalismo y sus valores hedonistas del consumo no nos dejan ver la realidad. Perseo se cubría con un yelmo de niebla para perseguir a los monstruos. Nosotros nos encasquetamos el yelmo de la niebla, cubriéndonos ojos y oídos para negar la existencia de los monstruos.

Editorial (CdE nº34)

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El acto de celebración de los 27 años del triunfo del NO, realizado en el teatro Caupolicán (el “Caupolicanazo”) rescató una verdad evidente, verdad que ha sido ocultada, distorsionada, negada, desconocida y que incluso varios de los dirigentes de la Nueva Mayoría no habían logrado reconocer. Nos referimos a los logros del gobierno de Michelle Bachelet, lo realizado en los primeros 18 meses de ejercicio. Este gobierno ha sido, por lejos, el más eficaz realizador de las transformaciones que nuestra sociedad requiere. En este caso no tiene sentido quedarse en las formas, en la autocrítica, en las llamadas desprolijidades, sino que es cosa de mirar la tremenda lista de reformas ya realizadas y aquellas que están en curso:

El fin del sistema electoral binominal, ya aprobado.

La ley de inclusión educacional, ya aprobada.

La ley de Carrera Docente, todavía en discusión.

La reforma tributaria, ya vigente.

La reforma laboral, que se discute aún en el Congreso.

El acuerdo de Unión Civil , ya aprobado.

La ley Ricarte Soto y el Fondo de Medicamentos, ya vigente.

La eliminación del cobro del 5% de salud de los adultos mayores, ya vigente.

Las leyes de Probidad Política, siguiendo las recomendaciones de la llamada Comisión Engel, que se enviarán muy pronto al Congreso. En todo caso ya se decretó la autonomía constitucional del SERVEL.

La Reforma Educacional, que continúa con el inicio de la gratuidad en la educación superior y con la desmunicipalización de la educación básica y media.

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Probablemente se nos quedan todavía algunas en el tintero. Pero lo que ya se ha logrado y lo que está previsto para un futuro próximo es enorme y habría que ser ciego para no verlo. Claro que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Desde luego, aquellos sectores que no quieren cambios, los sectores conservadores, han desplegado todo su poder, que no es poco, para denostar, criticar, tergiversar e incluso mentir acerca de las realizaciones del gobierno, oponiéndose a como dé lugar a las reformas planteadas. Es lo que la presidenta ha llamado “el muro de la desinformación”. Incluso cuando ya no pueden oponerse acuden al Tribunal Constitucional. Con lo que se evidencia la necesidad de una nueva Constitución, cuestión que muy pronto comenzará a discutirse.

Hay otros sectores, especialmente en el movimiento estudiantil, que consideran que no se ha hecho nada. Que todo lo realizado es insuficiente. Se trata en este caso de una perspectiva inmadura, de una incomprensión de la dinámica de las transformaciones sociales que se están llevando a cabo. Hay que comprender que este no es un gobierno revolucionario. No se planteó nunca llevar a cabo una revolución social o política. Se trata de realizar una serie de reformas, absolutamente necesarias, para destrabar el desarrollo social del país. Estas reformas abrirán camino a otras y la perspectiva que se abre es un país un poquito mejor, más solidario, menos desigual.

EDITORIAL (CdE nº33)

Carrera Docente

Para muchos debe haber sido una sorpresa la reacción de los profesores respecto al proyecto de Carrera Profesional Docente presentado hace un par de semanas por el gobierno. Porque se suponía que este proyecto tenía como objetivo precisamente atender a las justas demandas de los maestros: mejores remuneraciones, más tiempo para preparar clases, estabilidad laboral, en fin, mejores condiciones de trabajo. Y si se mira el proyecto en sus líneas gruesas, eso es justamente lo que plantea el proyecto. Es que hay que ver la letra chica, se dice. Bueno, la letra chica es el texto completo del proyecto de ley, que tiene 81 páginas. Este no es el lugar apropiado para hacer un exhaustivo análisis del proyecto, lo cual, por lo demás, sería prácticamente inútil, pues ya se han realizado muchos cambios. Tan solo podemos adelantar que nos parece que tiene varios puntos discutibles, junto con otros que son absolutamente necesarios. Solamente queremos detenernos en uno que nos parece crucial: el que la entrada a la Carrera Docente, en cualquiera de sus niveles, requiera un examen, una cierta evaluación. Ante el argumento de que los profesores no quieren ser evaluados, ellos responden que eso no es cierto, que no rechazan la evaluación, y que desde hace ya varios años son periódicamente evaluados. ¿Entonces? Entonces hay que ir al detalle: lo que los profesores rechazan, por amplia mayoría, es el tipo de evaluación que plantea el proyecto. En efecto, poco a poco se empieza a configurar qué es lo que los profesores rechazan con tanta vehemencia: se trata de la evaluación de los conocimientos disciplinarios. Lo que en el proyecto se denomina la certificación. Uno de los argumentos que lanzan es que el proyecto refleja la desconfianza de las autoridades. Y eso es efectivo: quienes confeccionaron el proyecto tienen una profunda desconfianza en las competencias disciplinarias de los profesores. Lo malo es que esa desconfianza tiene fundamento. La formación de los actuales profesores es sumamente heterogénea. La estructura del sistema universitario impuesto por la dictadura y que los gobiernos de la Concertación no cambiaron, hizo que se pudieran formar profesores con los más disímiles niveles de preparación. Por supuesto que hay excelentes profesores que dominan ampliamente las materias que deben enseñar. Pero no todos. Es más: existe una gran cantidad de profesores que no manejan adecuadamente su disciplina. Las carreras de pedagogía son en gran medida de tiza y pizarrón, o pueden reducirse a eso. Por eso son más baratas y por eso, en un sistema basado en el mercado, proliferaron como flores de primavera y así tenemos profesores de todo tipo y nivel. Hay también evidencias directas al respecto, como las llamadas pruebas Inicia, que se han venido realizando de modo experimental y con carácter voluntario, así como los testimonios y la experiencia directa de los profesores universitarios que reciben en sus aulas a los nuevos mechones. Los actuales profesores en ejercicio tienen cierta conciencia de sus debilidades en el conocimiento de su disciplina y por eso rechazan vehementemente ser puestos en evidencia mediante exámenes disciplinarios. Desgraciadamente muchos de los que no tendrían ningún problema respecto a su disciplina, son arrastrados por los otros y se produce una cierta solidaridad espuria, bajo la idea de que la disciplina no es lo más importante. Y eso puede ser cierto, tal vez no es lo más importante. Pero es absolutamente necesaria. Es claro que no basta con conocer y dominar la disciplina: saber enseñarla, es decir, ser capaz de lograr que los alumnos aprendan, es un elemento esencial en este proceso. Pero lo que no se sabe no puede enseñarse. O se enseña mal. La disciplina a tratar en el colegio debe ser conocida y dominada a un nivel básico razonable.

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Este problema no se hubiese presentado si la formación de los profesores en las universidades hubiese sido rigurosa, es decir, si las carreras de Pedagogía hubiesen sido suficientemente serias en todas las universidades. Este punto también se toca en el Proyecto, exigiendo que las carreras de pedagogía sean impartidas por instituciones acreditadas, más aun, que las carreras mismas sean acreditadas, y se espera, además, que la acreditación sea seria, exigente, no simplemente hecha por agencias privadas contratadas por las mismas instituciones. En este sentido se puede esperar que en el futuro los nuevos profesores estén bien formados y que no sea necesario un examen adicional. Creemos que el ministerio no pensó que el proyecto iba a tener tan radical rechazo entre los profesores. Si éstos lo hubiesen aceptado, tranquilamente, en una actitud de autocrítica racional, entonces se podría haber generado un fuerte impulso en el mejoramiento de la calidad de los profesores, preparándose éstos para los respectivos exámenes y contando con un fuerte programa de perfeccionamiento, desde luego que organizado y financiado por el ministerio. Esto no fue así y pensamos que entonces no vale la pena acelerar el proceso, tal vez resulte mejor retirar el proyecto, pero mejorar de todos modos las condiciones de trabajo de los profesores, aumentando sustantivamente los sueldos, dando más tiempo en horas no lectivas y financiando su perfeccionamiento, sin incluir ninguna exigencia adicional. No es claro que esto signifique retardar significativamente el desarrollo de la calidad en la enseñanza en los colegios. De todos modos, éste es un proceso lento, con o sin el incentivo de una carrera docente.

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Editorial (CdE nº32)

Reforma de la Educación: ¿Dónde quedan las Fuerzas Armadas?

El sistema de educación superior en Chile ha sufrido varios cambios estructurales en las últimas tres décadas. Estas transformaciones tuvieron como punto de partida las reformas de los años ochenta: el congelamiento de la universidades estatales y los cambios que aprobaron la incorporación de privados a la educación superior, permitiendo el surgimiento de nuevas Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) privados. Actualmente el sistema universitario chileno está constituido por 60 instituciones, de las cuales 25 son universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) y 35 son universidades privadas (creadas después de 1981). (Educación 2020, 2014)

El proceso de reforma a la educación superior actual viene a modificar esta institucionalidad desarrollada a partir del año 1981. Las propuestas, y/o modificaciones a esta estructura son parte de la discusión que se está generando en distintas instancias y que tiene como punto central el fin al lucro. Sin embargo, dentro del sistema de educación superior existen otras instituciones que hasta el momento no se han nombrado y discutido en el proceso de reforma educativa, a saber, las Fuerzas Armadas y de Orden.

En Chile, el ingreso a las Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas y de Orden está definido a partir del nivel socioeconómico de las familias de los aspirantes. Por tanto, es importante incorporar a estas Instituciones de Educación superior la discusión sobre la gratuidad para su ingreso, con el fin de generar la incorporación y la no discriminación en el proceso de selección de sus aspirantes y no seguir reproduciendo guetos o castas sociales.

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En este sentido, el objetivo de la reforma, busca la construcción de un sistema educativo inclusivo que ofrezca igualdad de oportunidades y equidad en el acceso, frente al ingreso, a las posibilidades de elección, al aprendizaje, conocimiento, competencias y valores, que aseguren un integral desarrollo personal y colectivo, para avanzar hacia un país con mayor justicia y democracia. Por lo tanto, es necesario incluir en la reforma educacional a las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el fin de generar un proceso de democratización en la accesibilidad y formación.

En la actualidad el Estado no financia la carrera militar de la oficialidad, siendo los padres los que deben contribuir monetariamente a su formación, lo que crea un sistema exclusivo y excluyente. La poca diversidad en la composición de clase y de género de la oficialidad chilena ha contribuido a crear un orden favorable a un determinado sector social, político y económico, heredero de la dictadura militar en su formación. En suma, se ha cambiado la forma pero el fondo sigue igual.

Considerando que la composición de las Fuerzas Armadas debe ser expresión de la diversidad social, cultural y económica de la que se compone la sociedad chilena, lo que garantizaría la seguridad democrática, debido a que en el seno de las instituciones militares estarían presentes y convivirían las diferentes clases, grupos e ideologías. Así los valores democráticos y la diversidad social no son enseñados y estudiados en lo abstracto por los futuros suboficiales y oficiales, sino que son asimilados a partir de la materialidad social en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje militar y policial.

La educación de las Fuerzas Armadas y de Orden es el espacio donde se deben concentrar los mayores esfuerzos para la consolidación de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, apuntando a la capacidad de constante perfeccionamiento de las instituciones respecto de la defensa de la vida, la solidaridad, la justicia y la soberanía. Es fundamental que en su formación los futuros oficiales reflejen la diversidad de la sociedad chilena para que así se produzca un intercambio de visiones con ciudadanos de distinto origen social, cultural y económico y con la diversidad de opciones políticas, religiosas, sexuales o de género. (Gutiérrez, Vallejo, 2014) Esto significa garantizar el derecho a la educación y a la formación del mayor número posible de personas que aspiran a la educación militar y policial en un contexto de democratización social.

Asimismo, es preciso incluir en la discusión propuestas curriculares que fomenten el respeto a los derechos fundamentales, la democracia, la solidaridad y la diversidad social. Es importante destacar, sin embargo, que las mismas Fuerzas Armadas, han sido reacias a reformas de sus sistemas educativos, contribuyendo así a su aislamiento social y a su aparente sometimiento al poder civil

De esta forma, en la estructura orgánica sigue predominando una concepción corporativa de la función de educación, esto es, permitir que sean las Fuerzas Armadas y no la autoridad superior ministerial la que decida los grandes lineamientos de la formación. Igualmente, desde el punto de vista institucional, la educación militar queda consagrada como una responsabilidad autónoma de cada una de las fuerzas, sin una coordinación superior en términos de doctrina, planes, y programas que se establezcan. Incluso más, pese a que la instrucción militar tiene una equivalencia en los grados de formación técnico profesional y universitaria, tampoco el Ministerio de Educación interfiere en los procesos de definición interna de planes y programas (Zúñiga, 2012)

Por ende, la reforma educativa debe entonces permear la formación integral de los militares y policías en todas sus dimensiones, generando una cultura de evaluación sintonizada y comprometida con las políticas públicas de formación profesional y con los avances sociales, tecnológicos y económicos nacionales y democráticos que el país promueve.

En este sentido, la Educación Pública debe seguir fortaleciendo estas virtudes, permitiéndonos formar una sociedad civil que respete y sea garante de un sistema democrático en construcción directa con sus ciudadanos. La educación universitaria civil y/o militar es trascendental para el desarrollo del país y de sus ciudadanos, dado que en ella se juega la capacidad de nuestros técnicos y profesionales, así como de nuestros académicos dedicados a la ciencia e investigación, para estar a la altura de las nuevas exigencias. (VVAA, 2012)

Una reforma educacional tiene que pensar el conjunto de la sociedad presente y futura, donde los valores de la justicia social sean el interés central, el pensar una educación más allá del capital como señalara István Mészáros, donde la educación deje de funcionar como mercancía y se convierta en el vehículo donde todos los seres humanos se desarrollen en todas sus potencialidades sociales y culturales.

Editorial (CdE nº31)

Llegamos a Diciembre y se nos va el año 2014, año cargado de dinamismo político, económico y social. La presidenta Michelle Bachelet asume el poder con una coalición de gobierno llamada Nueva Mayoría, ex Concertación, la que contempla una gran diversidad política en sus filas: desde la Democracia Cristiana, hasta el Partido Comunista, además de sectores de ambulantes progresistas como el PRO del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y, por otro lado, el sector liberal de Velasco, el cual se acerca y a veces se aleja del gobierno, según lo tratante en la agenda y lo beneficioso para su sector. Esta diversidad ideológica partidaria se reflejó desde los inicios del gobierno y no justamente por el consenso y el apoyo al gobierno, sino por las diferencias que se profundizaron en puntos esenciales de la agenda política, como fue la reforma tributaria, y por uno de los temas más complejos hasta la fecha: la reforma educacional, donde el punto del lucro evidencia los intereses que tienen algunos partidos de la Nueva Mayoría. En este sentido, la conducción del presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, ha ido en una dirección que lleva a la confusión ciudadana respecto de su posición en torno al negocio de un bien público como lo es la educación, ya que las posturas de este partido parecen enlistarse a veces como parte de la oposición, antes que como integrantes de la coalición de gobierno.

Lo anterior lo reflejan las datos entregados este mes de diciembre por la encuesta CEP, donde se da un 24% de aprobación a la labor de la Nueva Mayoría, cifra concordante con la desaprobación obtenida por el Gobierno, la cual baja del 50%, cayendo a un 43%, descendiendo así doce puntos en comparación con la medición anterior del mes de julio.

Siguiendo con el resumen del año, llegamos a la derecha, sector opositor al gobierno, la que enfrentó una baja considerable en las elecciones pasadas; no tan solo por la derrota de su presidenciable, sino también por la reducción considerable de representantes en el parlamento, donde actualmente son minoría. Estos hechos se han agudizado con la escasa conducción política que han mostrado este año y la visualización casi nula de un líder opositor, que sea un portavoz que concentre las posiciones de la oposición; por el contrario, cada partido y movimiento se ha manifestado de forma particular, contradiciéndose en hitos políticos que poco o nada han aprovechado, como fue la interpelación al Ministro de Educación Eyzaguirre, el 26 de noviembre pasado, donde la diputada Hoffmann, integrante de la comisión de Educación, no fue capaz de conducir esta instancia hacia un crítica fuerte al ministro, pues más bien Eyzaguirre sale airoso de esta interpelación. La diputada fue cuestionada por sus mismos pares de sector, los que incluso no estaban de acuerdo en utilizar esta instancia constitucional para apelar sin fundamentos profundos contra un ministro de Estado.

La Derecha, enfrenta hasta hoy el caso PENTA, donde se evidencia cómo gran parte de los políticos pertenecientes principalmente a la UDI financiaron sus respectivas campañas políticas, transgrediendo aspecto éticos de la probidad Pública, además de evidenciar lo frágil del sistema electoral chileno. La ciudadanía cada vez es menos tolerante frente a estos casos, y claramente queda mucho aún por descubrir; lo que podría llevar a posibles acusaciones legales contra los políticos que se encuentran en cargos de representación popular.

Otro aspecto relevante que ha surgido este año es el rol del empresariado chileno como actor político, el cual ante la baja representación parlamentaria y la inorgánica movilidad política de la derecha como oposición al gobierno, representante histórica de sus intereses, empezó a tener un rol protagónico ante la agenda social del gobierno; dejando en claro sus posiciones y más que algún mensaje de alerta ante los proyectos que pretenden tocar la estructura institucional económica del país.

Sabemos que cada mes ha tenido sus matices, y claramente en unas líneas no se puede nombrar y aclarar cada uno de ellos, pero sí es cierto que cerramos un año 2014 lleno de movimiento político, y quizás es el momento de que el gobierno genere un cambio sustancial a las estructuras de poder del país: tributaria, educacional, salud, sistema electoral, económico, constitucional, entre otros. Pero todos estos cambios requerirán de un apoyo transversal de los partidos que conforman la Nueva Mayoría, más aún si son mayoría parlamentaria, pero mientras no sinceren posturas, mejoren las conversaciones entre partidos y lleguen a acuerdos concretos, el momento crucial que espera la sociedad puede transformarse solo en una ilusión, que claramente la ciudadanía castigará en las próximas elecciones.

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La sociedad y sus jóvenes, han sido pacientes ante las instituciones del país, entre ellas los partidos políticos, por lo que este nuevo año 2015 se debe responder a las demandas legítimas emanada de la gente, ya que si no es así, podemos estar ante un despertar poco amable de la sociedad frente a las estructuras de poder que han regido el país desde sus inicios. Nos podemos preguntar que quizás es aquello lo necesario para cambiar el país, pero las reflexiones pragmáticas nos llevan a la conclusión que, con voluntad política, es posible disminuir la enorme desigualdad económica del país y con ello, avanzar hacia una sociedad justa y fraterna.

Editorial (CDE nº 29)

El Gobierno de la Nueva Mayoría ha dado inicio a su ambicioso plan de reforma educacional. Así es como han sido enviados al parlamento proyectos de ley que pondrán fin al lucro en la educación escolar, terminando con el copago y la selección de alumnos en aquellas escuelas y/o liceos que reciban subvención estatal. Del mismo modo ya se tramita un proyecto de ley que crea la figura del interventor en aquellos planteles de educación que estén en riesgo de sustentabilidad por razones económicas y/o académicas.

Sin duda esto demuestra la voluntad política de cumplir estrictamente lo que dicho conglomerado político ofreció al pueblo chileno como programa de gobierno.

No hay duda, tampoco, que faltan otras iniciativas y proyectos de ley que completen el ámbito de la reforma. Sin embargo, también a estas alturas del proceso es pertinente señalar algunas deficiencias (o falta de información) que se han observado hasta aquí.

El movimiento estudiantil ha criticado el bajo (o nulo) nivel de participación en la elaboración de las distintas propuestas conocidas hasta hoy. En particular se critica el no conocer una hoja de ruta en relación al fortalecimiento del sistema público de educación escolar, la desmunicipalización, el fortalecimiento del rol del profesorado y los inevitables cambios curriculares que una educación escolar pública conlleva, los que no son ni conocidos ni se está generando un adecuado nivel de participación de la comunidad escolar (profesores, alumnos y apoderados) en torno a ellos.

Los estudiantes secundarios, con razón, reclaman mayor participación de ellos y los profesores en temas como la evaluación escolar (¿fin a la medición estandarizada?),y el método de selección universitaria, entre otros.

El ministro de educación ha señalado reiteradas veces el carácter sistémico de la educación, y tiene razón. Por ello es necesario que los estudiantes, los profesores y los padres conozcan ese alcance sistémico de la reforma. Es posible que por razones políticas (obtener aprobación de proyectos en el parlamento) se debilite el conocimiento y alcance sistémico del proceso de reforma y terminemos enfrascados en discusiones menores respecto de particularidades de tal reforma.

El árbol de decisiones debe ser conocido por el movimiento estudiantil, y los ciudadanos debemos conocer cómo es que se instalará en Chile una educación escolar pública, gratuita y de calidad.

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A la luz de estos elementos es necesario tomar los resguardos y actuar proactivamente en relación con las iniciativas que atañen a la reforma en la educación superior, universitaria y de formación técnica.

Respecto de ello la información pública es parcial, y ya algunos actores (CONFECH, y Consejo de Rectores de Universidades del Estado) han expresado preocupación por el nivel de participación en la formulación del proyecto.

Algunas declaraciones señalan que se mantendría el financiamiento a la matrícula vía voucher (¿Deberán las universidades del Estado seguir destinando recursos escasos a publicidad para poder competir por ese financiamiento?).

También algunas declaraciones señalan que habría un financiamiento basal especial para las universidades del Estado y que una parte importante del financiamiento se haría por la labor de investigación de universidades acreditadas.

Nada se ha dicho de otra función de toda universidad: La extensión.

Chile ya tuvo una reforma universitaria en los años sesenta, y fue exitosa. No se debe olvidar la clave del éxito de dicha reforma que fue la participación.

En dicha reforma no sólo la participación de las comunidades universitarias sino de todo el pueblo fue crucial, pues cuando hablamos de investigación y de extensión necesariamente hablamos de un proyecto país.

Nuevamente aquí no se debe perder de vista el objetivo: un sistema universitario público, gratuito y de calidad.

Siempre será bueno y mejor que los cambios sean motivo de discusión, y por ello nos alegramos de estar conversando de educación, pero más nos alegraremos si en esa conversación participamos todos. Aunque es posible que esta falta de participación obedezca a que el proyecto se encuentre distante de su formulación final, pues acabamos de conocer (El Mercurio, 22.06.2014) que el Ministro de Educación propone una red pública de colegios abierta a los particulares subvencionados, con nuevo financiamiento y Estatuto Docente. Esta vez, el ministro plantea la necesidad de mayor interacción con los ministros. Con seguridad, la clave es demorarse un poco más e incluir un amplio debate con los actores involucrados, entendiéndose por estos últimos aquellos con organización representativa a nivel nacional.

Todas estas observaciones obedecen a que queremos una mejor educación pública para un Chile más democrático, inclusivo y justo.

Editorial (CdE nº26)

Este es un año lleno de conmemoraciones, curiosamente en fechas muy cercanas, que llenan de acontecimientos un olvido provocado por los silencios y ocultamientos de información. Son 40 años del Golpe de Estado, 25 años del triunfo del NO y 15 años desde que Augusto Pinochet, el mismo que perpetró el Golpe y fuera derrotado en el No, fuera detenido en Londres, Inglaterra.

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No obstante, este ha sido un año distinto por otras conmemoraciones. Hoy se han develado informaciones y puesto en jaque la historia oficial, en parte por la presión que generaron las movilizaciones estudiantiles y también por el trabajo sistemático que se viene haciendo al margen de la institucionalidad, aunque también en alianza con ella, con investigaciones históricas y políticas. Estamos viviendo un reencuentro con nosotros mismos y nuestra historia, aunque sea por pequeños puntos de fuga, pero como los veía Neruda en sus poemas, esos luceros que se asoman y conforman poco a poco un cielo estrellado.

Los cambios introducidos por medio de la fuerza hoy son puestos en cuestionamiento y su aval, la constitución de 1980, es totalmente cuestionada, exigiéndose su cambio inminente. La educación concebida como un lucrativo negocio, asimismo como la salud, la vivienda y la previsión son hoy por hoy cuestiones propias del debate nacional y aunque los medios de información se esfuerzan por mantener focalizada la opinión en temas de menor importancia, persiste en la agenda del país esta discusión, pues el modelo económico neoliberal está agotado.

Así, en un año como este, lleno de fechas conmemorativas es cuando más sentido tiene reivindicar la historia de los trabajadores y movimientos sociales, como asimismo  el proyecto y pensamiento político que encabezó Salvador Allende.

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Editorial (CdE nº24)

bachletEstos últimos meses han resultado bastante convulsionados en lo que a materia política se refiere. En marzo, la vuelta de la ex presidenta Bachelet a Chile, con su renuncia a la ONU Mujeres, significó un replanteamiento en diversos sectores de la política chilena. Y no solo por su venida y posterior candidatura presidencial, sino que también porque suscita debates necesarios para el país: la educación, los recursos naturales, la salud, AFP, etc. Estos asuntos aún no afloran con la suficiente fuerza para ser discutidos en el presente año electoral. Ni siquiera el movimiento social, con sus demandas constantes, ha sido capaz de poner en la palestra mediática los temas. Los medios de comunicación en Chile siguen estando en manos de unos pocos, por lo que lo “mediático”, tal como la palabra lo indica, está en manos de quienes defienden y sustentan su quehacer en el modelo económico neoliberal. Nuestro mundo, dominado por las imágenes, requiere de éstos.  Así, la llegada de la ex presidenta Bachelet nos planteó temas, pero aún más. En un mes tan convulsionado como lo fue abril, los estudiantes vuelven a salir a las calles, se destituyó al Ministro de Educación Harald Beyer (el segundo en toda la historia del país), se cuestionó duramente las cifras del Censo (del cual, hasta ahora, no existía registro de dificultades en sus cifras), se cuestionó el cálculo del IPC y hasta el Banco del Estado fue cuestionado y formalizado por los vicios usuales del modelo económico.  Además, para cerrar la lista de asuntos públicos en el país, la renuncia del candidato de la UDI, Laurence Golborne, cierra un ciclo en la historia política nacional. Su baja solo puede explicarse por un tema táctico. No es casual que en un momento coyuntural de su campaña se den a conocer los casos en que Golborne estaba involucrado con Cencosud  y sus inversiones en las islas Vírgenes:  la derecha movilizó en los medios la situación en un momento en que Golborne ya no tendría posibilidades de ser presidente. Entonces, ¿Qué buscaba con el posterior candidato?

La entrada de Pablo Longueira, como candidato presidencial de la UDI, puede entenderse por la necesidad de volver a la política. Y a una política que está enmarcada en dejar de lado los espacios en los cuales los candidatos de la derecha emitían un discurso que hacía verlos como “fuera del espacio político”. El sentido común queda afuera. Ahora entra un candidato que no tiene problemas en nombrar a Jaime Guzmán en sus discursos, en invitar a la DC  “disidente” de la Concertación a unirse a su campaña. La derecha de la expresión fácil,  en la cual lo importante es la imagen y la tecnocracia, se acabó. Llegó con Longueira la derecha a golpear la mesa e imponer sus convicciones.

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Por otra parte, el reciente apoyo del Partido Comunista a la candidatura de Michelle Bachelet también produjo dolores en varios sectores políticos del país. Como era de esperar, este hecho descompuso a la Derecha y a ciertos sectores llamados ultraizquierdistas. Pero también desde la presidencia de la DC hubo reacciones, toda vez que es innegable que este hecho desfavorece las pretensiones para un mejor posicionamiento de la candidatura de Claudio Orrego en las próximas elecciones primarias.

Ante el panorama actual, variable, en el cual todos los días se generan cambios, nos corresponde al pueblo en su conjunto y, en particular, al mundo universitario enterar a la ciudadanía de los cambios que Chile necesita. El debate, está abierto.