Editorial (CdE nº32)

Reforma de la Educación: ¿Dónde quedan las Fuerzas Armadas?

El sistema de educación superior en Chile ha sufrido varios cambios estructurales en las últimas tres décadas. Estas transformaciones tuvieron como punto de partida las reformas de los años ochenta: el congelamiento de la universidades estatales y los cambios que aprobaron la incorporación de privados a la educación superior, permitiendo el surgimiento de nuevas Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) privados. Actualmente el sistema universitario chileno está constituido por 60 instituciones, de las cuales 25 son universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) y 35 son universidades privadas (creadas después de 1981). (Educación 2020, 2014)

El proceso de reforma a la educación superior actual viene a modificar esta institucionalidad desarrollada a partir del año 1981. Las propuestas, y/o modificaciones a esta estructura son parte de la discusión que se está generando en distintas instancias y que tiene como punto central el fin al lucro. Sin embargo, dentro del sistema de educación superior existen otras instituciones que hasta el momento no se han nombrado y discutido en el proceso de reforma educativa, a saber, las Fuerzas Armadas y de Orden.

En Chile, el ingreso a las Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas y de Orden está definido a partir del nivel socioeconómico de las familias de los aspirantes. Por tanto, es importante incorporar a estas Instituciones de Educación superior la discusión sobre la gratuidad para su ingreso, con el fin de generar la incorporación y la no discriminación en el proceso de selección de sus aspirantes y no seguir reproduciendo guetos o castas sociales.

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En este sentido, el objetivo de la reforma, busca la construcción de un sistema educativo inclusivo que ofrezca igualdad de oportunidades y equidad en el acceso, frente al ingreso, a las posibilidades de elección, al aprendizaje, conocimiento, competencias y valores, que aseguren un integral desarrollo personal y colectivo, para avanzar hacia un país con mayor justicia y democracia. Por lo tanto, es necesario incluir en la reforma educacional a las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el fin de generar un proceso de democratización en la accesibilidad y formación.

En la actualidad el Estado no financia la carrera militar de la oficialidad, siendo los padres los que deben contribuir monetariamente a su formación, lo que crea un sistema exclusivo y excluyente. La poca diversidad en la composición de clase y de género de la oficialidad chilena ha contribuido a crear un orden favorable a un determinado sector social, político y económico, heredero de la dictadura militar en su formación. En suma, se ha cambiado la forma pero el fondo sigue igual.

Considerando que la composición de las Fuerzas Armadas debe ser expresión de la diversidad social, cultural y económica de la que se compone la sociedad chilena, lo que garantizaría la seguridad democrática, debido a que en el seno de las instituciones militares estarían presentes y convivirían las diferentes clases, grupos e ideologías. Así los valores democráticos y la diversidad social no son enseñados y estudiados en lo abstracto por los futuros suboficiales y oficiales, sino que son asimilados a partir de la materialidad social en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje militar y policial.

La educación de las Fuerzas Armadas y de Orden es el espacio donde se deben concentrar los mayores esfuerzos para la consolidación de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, apuntando a la capacidad de constante perfeccionamiento de las instituciones respecto de la defensa de la vida, la solidaridad, la justicia y la soberanía. Es fundamental que en su formación los futuros oficiales reflejen la diversidad de la sociedad chilena para que así se produzca un intercambio de visiones con ciudadanos de distinto origen social, cultural y económico y con la diversidad de opciones políticas, religiosas, sexuales o de género. (Gutiérrez, Vallejo, 2014) Esto significa garantizar el derecho a la educación y a la formación del mayor número posible de personas que aspiran a la educación militar y policial en un contexto de democratización social.

Asimismo, es preciso incluir en la discusión propuestas curriculares que fomenten el respeto a los derechos fundamentales, la democracia, la solidaridad y la diversidad social. Es importante destacar, sin embargo, que las mismas Fuerzas Armadas, han sido reacias a reformas de sus sistemas educativos, contribuyendo así a su aislamiento social y a su aparente sometimiento al poder civil

De esta forma, en la estructura orgánica sigue predominando una concepción corporativa de la función de educación, esto es, permitir que sean las Fuerzas Armadas y no la autoridad superior ministerial la que decida los grandes lineamientos de la formación. Igualmente, desde el punto de vista institucional, la educación militar queda consagrada como una responsabilidad autónoma de cada una de las fuerzas, sin una coordinación superior en términos de doctrina, planes, y programas que se establezcan. Incluso más, pese a que la instrucción militar tiene una equivalencia en los grados de formación técnico profesional y universitaria, tampoco el Ministerio de Educación interfiere en los procesos de definición interna de planes y programas (Zúñiga, 2012)

Por ende, la reforma educativa debe entonces permear la formación integral de los militares y policías en todas sus dimensiones, generando una cultura de evaluación sintonizada y comprometida con las políticas públicas de formación profesional y con los avances sociales, tecnológicos y económicos nacionales y democráticos que el país promueve.

En este sentido, la Educación Pública debe seguir fortaleciendo estas virtudes, permitiéndonos formar una sociedad civil que respete y sea garante de un sistema democrático en construcción directa con sus ciudadanos. La educación universitaria civil y/o militar es trascendental para el desarrollo del país y de sus ciudadanos, dado que en ella se juega la capacidad de nuestros técnicos y profesionales, así como de nuestros académicos dedicados a la ciencia e investigación, para estar a la altura de las nuevas exigencias. (VVAA, 2012)

Una reforma educacional tiene que pensar el conjunto de la sociedad presente y futura, donde los valores de la justicia social sean el interés central, el pensar una educación más allá del capital como señalara István Mészáros, donde la educación deje de funcionar como mercancía y se convierta en el vehículo donde todos los seres humanos se desarrollen en todas sus potencialidades sociales y culturales.

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Cuadernos de Educación JUN-AGO (Año VII) nº25

Editorial (CdE nº25)

Diversos acontecimientos políticos hemos podido observar en el presente mes. Esta diversidad se ha caracterizado por su cantidad y versatilidad. En efecto, el resultado de las primarias, indiscutiblemente favorable a la coalición Nueva Mayoría ha provocado variadas reacciones en los bloques con pretensiones presidenciales o de presencia en el parlamento. La desbordada votación de la candidata Michelle Bachelet, la cual superó expectativas que ya eran altas, provocó, por una parte, una indisimulada tranquilidad en la oposición y, por sobre todo, un fuerte desconcierto en el oficialismo, el cual se ha expresado en divergencias públicas entre quienes lo componen, como lo fue el sentimiento de humillación del candidato perdedor de la derecha ante Joaquín Lavín.  Por otra parte, la fuerte incidencia del Partido Comunista en la vida política nacional ha provocado preocupación e irritación en la derecha, la cual con frecuencia intenta montar en el debate una supuesta contradicción en la participación de este partido junto a la Democracia Cristiana en el pacto Nueva Mayoría. También habría que agregar aquí exacerbados “meas culpas” provenientes de personeros del bloque perdedor y las posteriores diferencias respecto del sistema electoral binominal. Existe conocimiento que esta falta de unidad no favorece los sueños electorales de este sector, pero todo esto pareciera inevitable. El manifiesto temor del gobierno y la derecha a eventuales cambios constitucionales, los que podrían devenir en una Asamblea Constituyente, ha provocado sendos proyectos de modificación al sistema binominal, siendo éstos evidentes muestras de “gatopardismo”. La evidencia de esta acción, junto con el conocido deseo de la ciudadanía por cambiar la Constitución, corre el serio riesgo de no conseguir su objetivo.

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Fotografía:

Carolina Pavez
Artista visual
http://www.carolinapavez.cl/

La marcha convocada por la CUT no solo tiene valor por su carácter multitudinario, sino que por su composición. A diferencia del llamado a movilización de la multigremial del 24 y 25 de agosto de 2011, esta vez los estudiantes significaron un importante apoyo, pero fueron los trabajadores quienes contribuyeron en mayor porcentaje a la constitución de la marcha. Esto hecho es muy relevante debido a que el actual Código Laboral no favorece la sindicalización, por el contrario, apunta a la desintegración de los trabajadores. Aun cuando el gobierno y la derecha han apuntado constantemente a la criminalización del movimiento sindical, y esta vez no fue la excepción, la jornada se desarrolló con mucha calma y en concordancia como la dirigencia de la CUT lo planificó.

La probidad en absoluto ha estado de lado del modelo económico neoliberal en general, y del gobierno en particular. Indignación ha producido el resultado judicial debido a la colusión de las farmacias. Por otra parte, el caso Johnsons, que vincula un claro conflicto de interés de parte de su ex director Julio Pereira, no viene sino a ratificar una característica que desde su inicio mostró el actual gobierno. Nos referimos a la promesa incumplida del presidente de deshacerse de la propiedad de las acciones de Chile Visión y Colo Colo antes de asumir el gobierno. Todo esto, salvo las diferencias propias existentes entre distintas situaciones, pareciera provenir de un mismo criterio ético que con frecuencia tiene su expresión en el escenario neoliberal.

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El conflicto estudiantil, caracterizado por paros y tomas, en establecimientos de educación secundaria y universidades, ha estado presente como un hecho político desde hace ya casi dos meses. No obstante, éste no ha conseguido ser lo que fue el 2011, al menos en lo que se refiere al sector universitario. En primer lugar, el contenido político de este movimiento ha sido menor, toda vez que el énfasis se ha puesto en petitorios internos en aquellas universidades donde se ha expresado el conflicto. La dirigencia central ubicada en la CONFECH no ha tenido la capacidad de aunar a todo el movimiento estudiantil universitario en torno a demandas políticas nacionales. Como consecuencia de este hecho, las expresiones del movimiento han sido aisladas y con menor fuerza si se le compara con lo ocurrido el 2011. Una segunda característica del movimiento actual ha sido el predominio de sectores no adscritos a organizaciones políticas consolidadas y cuyo objetivo ha sido mantener vivo el conflicto, de manera independiente de la satisfacción o no de las demandas enunciadas en los respectivos petitorios internos. Cierta coincidencia entre esta característica y las posiciones enunciadas por el historiador Gabriel Salazar y el sociólogo Alberto Mayol pareciera existir, toda vez que estos cientistas políticos defienden tesis que privilegian los cambios sociales mediante expresiones espontáneas de los movimientos sociales y con prescindencias de partidos políticos. Como una tercera característica, añadimos que, si bien el conjunto de la sociedad continúa apoyando las demandas estructurales del movimiento estudiantil universitario, la mayoría en cada uno de los estamentos universitarios no concuerda con esta posición cerrada de mantener el conflicto a como dé lugar. Pareciera evidente que, para enfrentar la amenaza neoliberal, el movimiento requiere de una reinvención, convocando a la discusión a funcionarios y académicos en cada una de las universidades donde esto es posible. Esta unidad debería producir la correspondiente réplica entre la CONFECH y el CRUCH, para que a renglón seguido, mediante el eventual apoyo de la CUT, pueda conformarse un frente nacional con la suficiente fuerza para producir los cambios.

La Educación Técnica de Nivel Superior: el paraíso del lucro. Ricardo López E.

La actual estructura de la Educación Superior en Chile comprende un sector público conformado por la Universidades Públicas (estatales y privadas que pertenecen al CRUCH) y un sector privado que hoy totaliza 193 instituciones, de las cuales 142 corresponden a Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

Este conjunto de 142 CFT e IP’s constituyen la Educación Técnica de Nivel Superior.

En su inmensa mayoría está conformado por inversionistas privados (salvo unos pocos CFT e IP formados por Universidades del sector tradicional) y opera en un mercado absolutamente desregulado, pues, a diferencia de las Universidades, no tiene prohibición legal de generar lucro.

Como todos los mercados nacionales, tiene características oligopólicas y una tendencia a la concentración en aumento. De hecho existen cuatro instituciones con estructura nacional que concentran la mayor parte de la matrícula de este sector: INACAP, DUOC, AIEP y Santo Tomás.

Sólo INACAP y el DUOC concentran 171.000 alumnos repartidos en 38 sedes.

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La Educación Técnica de Nivel Superior detenta (en cifras de 2012, Mineduc) una matrícula de 406.401 alumnos lo que representa un 38% del total de alumnos de la Educación Superior en Chile. Es de suponer que este porcentaje irá en aumento debido a que el último año igualó la matrícula de primer año con el sistema universitario (considerando universidades públicas y privadas).

Laboran en este sector un total de 70.248 docentes, que en un porcentaje mayor al 85% son docentes-hora.

La mayor oferta académica consiste en carreras técnicas con duración de cuatro semestres y otorgan el título profesional de Técnico de Nivel Superior, y la mayor parte de ellas no califica para que el titulado pueda optar a la bonificación por título profesional que se otorga a los trabajadores fiscales.

Los alumnos que optan por estudiar en estas instituciones son aquellos que no dieron PSU o cuyo puntaje no les permite postular a carreras universitarias, y provienen de sectores vulnerados social y económicamente y de  liceos técnico-profesionales.

Existe, a la vez, un sector importante de jóvenes trabajadores con enseñanza media completa que optan por estos institutos para intentar lograr una mejora en su posición laboral actual. Estos jóvenes financian de su bolsillo sus estudios y los realizan en horario vespertino.

En cuanto al nivel de deserción, en primer año, bordea el 36% de la matrícula.

Del total de 142 CFT e IP’s que operan, sólo 17 de ellos se encuentran acreditados.

El Estado  se ha desentendido absolutamente de la gestión docente en este sector, desde que fuera “donado”, a precio vil, el INACAP a la SOFOFA, toda la gestión docente de este sector es realizada por empresarios privados que han convertido esta función esencial para el desarrollo del país en un muy lucrativo negocio.

La supervisión y fiscalización del sector recae en la División de Educación Superior del Mineduc. Pero, como hemos visto, si esta División no alcanza ha realizar una gestión fiscalizadora medianamente suficiente en las Universidades, menos lo hace en la Educación Técnica de Nivel Superior.

Lo único que el Estado hace en este sector es financiar (Becas Milenio) el lucrativo negocio de privados, cuestión que es consistente con la visión neoliberal de la “sociedad docente”.

La infraestructura de estas instituciones (salvo honrosas excepciones) es inadecuada e insuficiente para desarrollar una formación como la de que alardean en sus mensajes publicitarios. La mayor rentabilidad se alcanza en formación de tiza y pizarrón, con docentes muy mal remunerados. Por ello sus laboratorios, en la mayoría de ellas, son inexistentes o francamente obsoletos.

Por otra parte el “tipo” de profesional que aspiran a formar está sesgado por los intereses de la clase empresarial. Así es como en sus “Visiones” y “Misiones” estas instituciones plantean valores como “competitividad”, “productividad”, “emprendimiento”, etc. Nada hay, como propósito en la formación, en relación con valores humanistas, de solidaridad, de compromiso con la sociedad, entre otros. De hecho, en la mayoría de estas instituciones no se permite la formación de federaciones ni centros estudiantiles, ni menos sindicatos de docentes y personal de apoyo.

El propósito de esta introducción es dar a conocer, de manera inicial, una realidad de la educación superior en Chile que ha estado al margen de la discusión nacional permitiendo la conformación de un verdadero paraíso del lucro, que está causando un daño irreversible en la formación de cientos de miles de jóvenes de nuestro país y, al mismo tiempo, hipotecando un futuro desarrollo nacional que requiere del aporte de trabajadores conscientes, comprometidos y formados en sus especialidades con estándares de calidad. Efectivamente, los estudiantes y docentes de este sector no han formulado petitorios, no están integrados en las movilizaciones estudiantiles y la sociedad en su conjunto no reconoce aquí un problema.

En toda la problemática de la Educación en Chile son los grandes olvidados.

Efectivamente, en los últimos años hemos discutido de enseñanza pre-escolar, escolar y universitaria, pero no de la educación técnica, tanto de nivel medio como superior.

Entonces, el llamado es a cuestionarse esta realidad e incorporar en todo análisis sobre la Educación a este importante sector. Por ejemplo, la oposición que camina a conformar un referente llamado Nueva Mayoría, haciendo eco, y apoyando uno de los principales intereses del movimiento estudiantil, analiza la necesidad de una reforma tributaria para lograr una educación universalmente gratuita y de calidad, sin embargo, a diferencia del sistema universitario- que posee una estructura pública- en la educación técnica de nivel superior no existe una estructura pública-estatal que fortalecer.

¿Puede el Estado financiar educación técnica gratuita y de calidad, en este sector, cuando todos los gestores actuales son negocios privados?

¿Al incorporar la variable educación técnica, el nivel de reforma tributaria es el mismo?

¿Debemos seguir permitiendo este muy neoliberal “laissez faire” en la educación técnica?

¿Qué tipo de estructura nacional queremos para la educación técnica?

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Hasta hoy, la educación técnica de nivel superior fue vista desde una mirada mercadista: el primer programa de gobierno de Bachelet planteaba la necesidad de “incorporarlos plenamente a este esquema de financiamiento, exigiéndole acreditación y vinculando sus planes de estudio a un sistema nacional de acreditación y certificación de competencias”.

Era una mirada con lógica de mercado: al hablar de financiamiento se evita considerar a la educación como un derecho social. Pero, tan grave como lo anterior es el planteamiento de acreditación y certificación de competencias. La “competencia” debe ser entendida, necesariamente, en función de intereses específicos. ¿Entonces competencias para qué y para quiénes?

¿Por qué la mayoría de los programas de formación técnica no incorpora ni considera elementos formativos en aspectos como derechos laborales, solidaridad, participación, desarrollo de pensamiento crítico, entre otros?

Los egresados de carreras de formación técnica de nivel superior (y también media) están siendo formados para satisfacer necesidades específicas de una minoría de la sociedad, de los grandes acumuladores de capital.

Necesitamos revertir la situación. Es cierto que necesitamos un contingente mayor de técnicos de alto nivel, mayor aún que el de egresados de pregrado universitario, pero sus características deben responder a necesidades de la sociedad, deben estar vinculados al desarrollo de ventajas competitivas que sean los pilares de un plan de desarrollo nacional, y  más aún, necesitamos profesionales que sean personas críticas, solidarias y dispuestas a hacer de Chile un mejor país, un país mas justo, un país con mayor igualdad.

Es un paso en el sentido correcto el anuncio de la candidata Bachelet de implementar un Centro de Formación Técnica Público y Nacional, pero se debe avanzar en regulación y fiscalización del resto del universo de CFT e IP´s.

La construcción de un nuevo Estado que impulse un Plan de Desarrollo Nacional que permita terminar con los actuales niveles de desigualdad, pasa también por definir objetivos, planes y estructuras de la formación técnica nacional.

Dejo planteadas estas cuestiones como una forma de invitar a participar en la formulación y respuestas a éstas y otras muchas preguntas que debemos hacernos para avanzar en una nueva educación técnica en nuestro país.

Reflexiones sobre la situación educacional. Gustavo Quintana M.

 Si partimos de la premisa que el desarrollo  de un sistema educacional  de calidad  es condición indispensable  para el desarrollo  global  y la eliminación de las diversas formas  de segregación en un país (raciales,  sociales,  de género.)  y agregamos el inmenso  consenso que existe sobre el desastre del modelo chileno y el daño causado a la inmensa mayoría de los estudiantes, aparece como natural  una reflexión  sobre el origen, la  paternidad y  los diversos grados de responsabilidad en la concepción, instalación, desarrollo y desastre final del modelo chileno. Si además ubicamos esta reflexión en el contexto  de la campaña electoral , la acusación constitucional  al ministro de educación,   la forma vergonzosa en que los diferentes  grupos políticos  tratan de eludir su responsabilidad en el desarrollo del desastre educacional y el resultado  igual a  cero de las medidas del gobierno  de Piñera ,  opinión  al menos compartida por los 150.000 estudiantes, profesores,  apoderados y trabajadores que fue manifestada el 10 de Abril  en Santiago junto a cientos de miles en todo Chile,  tendremos una base bastante amplia de análisis.

Las bases del modelo 

 Las bases del actual modelo las encontramos en  los DFL  de 1980-1  y en la concepción de que la educación  no es un derecho sino una mercancía  que se transa en un mercado desregulado, entre quienes tienen la posibilidad de acceder a  él.

Las  primeras medidas de la dictadura se orientaron a borrar de una plumada  los tradicionales aportes  que el sistema educacional chileno  entregaba al país,  desde el nacimiento de la república ( en el plano cultural, social,  de integración  a la solución de los problemas de la sociedad, fueran ellos de tipo científico,  económico  o  tecnológico) ,  culpabilizando a estas virtudes  como las causas del retroceso académico  de   la universidades por burocratizar su quehacer.  Según la dictadura el sistema adolecería del impulso creador  que la libre  competencia y el mercado entregarían.

La gratuidad de la educación  desaparece (reducción en 50% en más o menos 5 años –salvo en la educación municipal)  y quienes no tienen  recursos  para pagar los nuevos aranceles  debían recurrir al crédito fiscal,  convirtiéndose en deudores desde su ingreso  y convirtiendo al Estado en  vulgar prestamista.

Dos aspectos no visualizados en la instalación del sistema constituyen hoy en día la cara más visible del desmoronamiento de todo el sistema. Me refiero al  LUCRO,  que fatalmente se convierte  en el  motor de un sistema tan abierto y  desregulado  y  la  creación artificial de la necesidad de alcanzar un cartón  universitario( necesidad al servicio del mayor lucro),  sin ver que ellos  sobrepasarían  con mucho  las hipotéticas necesidades   y formarían  una   generación de cesantes ilustrados  y hoy en día también   de  estafados ilustrados (U. del Mar  )

En relación a la educación municipal (DFL-1 3063 de traspaso a las municipalidades de escuelas básicas y liceos de enseñanza media estatales y DL4002 de exigencias  mínimas  en la formación de los niños),los decretos señalados  son la base de la creciente  segregación   al  entregar a los alcaldes la administración de las escuelas públicas y  la potestad de reducir de 10 a 5 las asignaturas obligatorias en la enseñanza básica ( que muchas veces no pasan del  manejo de las cuatro operaciones aritméticas,  algo de historia y geografía  y reglas de urbanidad, moral y buenas   costumbres),  todo esto en función de los recursos de las respectivas municipalidades.

Esto  se tradujo en  educación de mayor calidad para las comunas ricas y  menor    en las  comunas  pobres,  produciéndose así un   éxodo masivo de estudiantes de la escuelas  municipales a las privadas subvencionadas  con copago,  aun cuando este copago es sólo  un engaño más, pues los rendimientos  en este segundo segmento,  con orígenes   similares de sus estudiantes,   es  similar y el copago es sólo un truco de marketing  para actuar sobre los escasos  recursos  y los temores de padres y apoderados en la carrera por un  cartón universitario  muchas veces inútil

En resumen, la política de la dictadura  ha sido  eficaz para demoler la educación pública,  en especial la básica y media,   y mantener los objetivos esenciales de la derecha de oponerse a la gratuidad de la educación  y defender intransablemente   el LUCRO.

¿Y que fue del impulso creador que la competencia entre universidades privadas y el incentivo del  LUCRO  permitiría finalmente el  disparar la excelencia académica ?  Sólo una de ellas calificó como universidad de investigación,  y el resto de la calidad y la excelencia académica  continua radicado en  las antiguas del  Consejo de Rectores.  De las  más de 30    nuevas universidades privadas  cinco o seis  tienen un desempeño docente aceptable  y otras seis desarrollan actividades de calidad en áreas más restringidas del conocimiento.  Del resto, sólo el LUCRO  es su objetivo.

Las victimas                                                                                                                        

 La primera agresión,  el fin de la gratuidad, que a pesar  de ser progresiva , tras 40 años de modelo ha dejado una huella dolorosa en los estudiantes,  fue sólo el comienzo.  Luego vino una serie de medidas hasta configurar el derrumbe del sistema  sobre los hombros  de quienes más necesitan una educación  de  calidad, accesible  aun para los que no pueden pagarla.DSCN6469

Daremos unas pocas cifras que ilustren la forma progresiva de cómo los estudiantes fueron asumiendo esta  carga.

Mientras el número  de nuevas universidades   privadas   y su alumnado estuvo por debajo del de las del consejo de rectores,  un 50% de los estudiantes que ingresaban debía retirarse cargando la deuda  del crédito fiscal y sólo un 40 %  de los que egresaban  trabajaban en empleos relacionados con sus estudios . Del  otro 60% de afortunados que egresaban un 16% engrosaban el grupo de cesantes ilustrados y  el resto trabajaban en cualquier cosa,  en forma generalmente precaria.

Cuando las bondades del negocio  se hicieron más evidentes ingresaron al sistema  algunas trasnacionales  de la educación  (Laureate, SEK, etc.) y se crearon subterfugios  para aumentar las matrículas y el número de  estudiantes que financiaban  este creciente  negocio  (disminución de los puntajes de ingreso,  creación  de carreras esotéricas , la ley de aseguramiento de la calidad como subterfugio formal que, lejos de asegurar la calidad, sólo intentaba dar la imagen de universidad  sin definir en ningún momento un proyecto de desarrollo y sus necesidades)

Esta carga creciente  sobre los estudiantes afecta hoy en día  a unos 370.000   que adeudan  aproximadamente  1   BILLON DE PESOS, según la superintendencia de bancos,  sin contar con los 110.000 morosos  del Fondo Solidario que agregan  300.000  millones  de pesos a la deuda.   A  todo  esto   no se han incorporados  aun  los 18.000  estudiantes  de la Universidad del Mar, que   CONFORMAN  los  primeros  estafados  ilustrados. (deudores  sin  ninguna acreditación académica ni posibilidades de terminar sus estudios en otra universidad)

Los culpables y responsables

Los mayores responsables de la creación,  instalación, desarrollo y aprovechamiento  del modelo , los padres putativos de él, deben buscarse en primer lugar entre los sectores más cercanos a Pinochet,  donde se gestó el modelo,  y entre ellos  a Jaime Guzmán y su  grupo, nucleados en torno a los participantes  en   Chacarillas, la UDI y sectores  ultrarreaccionarios  que fueron los aliados civiles de la dictadura.  A continuación debe considerarse  a  quienes administraron el modelo por 20 años—la  Concertación– sin proyecto propio y afirmando su política de gobierno (con la educación entre los más afectados)  en la política de los acuerdos, dando por sanas a las políticas de Pinochet.

De allí nacieron y se desarrollaron  el fin de la gratuidad de la educación y los DFL de los años 80 a 81, la libertad de aranceles de las nuevas universidades  privadas, la ley de acreditación de la calidad y la  C.N.A, el incentivo para el aumento sin límites de la matrícula universitaria en desmedro de la calidad  (la investigación y  creación  se transformaron en actividades opcionales  y,  finalmente, el Estado terminó por avalar los créditos bancarios y  el  salto de 2% a 6% en los intereses, medida que  constituyó la ruina para muchos sectores medios).

 ¿Quiénes manejaron esta máquina de producir ganancias?

Primero,  desde los primeros años hasta hoy  hay sectores  que  buscaban  y buscan   consolidar una sociedad  segregada, una sociedad  con dos tipos de educación, una para la elite rica destinada a gobernar el país y  otra para los pobres, al servicio de los primeros, una que en definitiva les permitiera enriquecerse.

En relación a la integración de los primeros al sistema universitario  debemos señalar en primer lugar al grupo de Chacarilla  con Jaime Guzmán a la cabeza, la UDI el Opus Dei (Universidad Santo Tomás y colaboradores civiles ultrarreaccionarios de Pinochet). Elementos destacados de este grupo fueron Carlos  Bombal, jefe de gabinete del rector Swett,  destinado al trabajo sucio, como  la  entrega del profesor Juan Avalos Davidson  a los  agentes de la CNI, después de lo cual desapareció (Le Monde Diplomatique ). Actor principal desde la primera hora fue Hernán Larraín, en la primera época en la Universidad Católica  y luego a través de una  fuerte ligazón con los propietarios de de la universidad  Sto. Tomás junto a José Jurasek y Luis Hernán Cubillos. También ingresaron al mundo universitario  Joaquín Lavín y C. Larroulet , copropietarios de la Universidad del Desarrollo,  con Hernán Buchi como Presidente, Hernán Chadwick  se incorporó  a  la Universidad del las Américas .

 Como un caso particular,  Francisco Javier Cuadra  se incorporó como rector de una de las primeras nuevas  universidades  privadas, la Diego Portales. Cuadra,  hombre de confianza de Pinochet,  y  pieza maestra  en el ajedrez universitario,  se fue de boca y contó haber estado presente en el asesinato por agentes de la  CNI del militante del MIR Fernando Vergara ( llegó minutos después de su muerte).La excesiva  difusión de este hecho  (que llegó a la jueza Raquel Lermanda ) obligó a Cuadra a renunciar.

 Representativo también de esta verdadera invasión de las nuevas universidades privadas es el caso de la universidad  Finis  Terrae por parte de un conjunto de economistas del régimen de Pinochet (  Julio Phillippi,  Fernado Leniz,  Pablo  Barahona,  Sergio  de Castro,  Jorge Cauas y   Alvaro Bardón) , para ser reemplazados posteriormente por la congregación de los  Legionarios de Cristo.

Estos ejemplos ilustran cómo se instaló el nuevo modelo y quiénes deben asumir,  después de 30 años,   la principal responsabilidad  en el desastre.

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Sin tener una responsabilidad ideológica en la creación  y desarrollo del  modelo,  la Concertación actuó por comodidad y desidia  contra los principios tradicionales de gran parte de los partidos que  la componían,    permitiendo la continuidad del modelo.  Responsabilidad principal en este menosprecio del rol que  debía jugar la educación en el desarrollo de Chile la tienen  Ricardo   Lagos , como primer ministro de educación , J.J. Brunner,  el gurú de la Concertación  y  un grupo no menor de políticos  de la DC ligados a la enseñanza básica y media y  a  algunas universidades.

Posteriormente, en un contubernio increíble, políticos de ambos sectores aparecen unidos en el desarrollo de la educación básica y media ,  en algunas universidades  y en las instituciones calificadoras  de calidad. Un caso sorprendente  es la  unión de Maximiano Errázuriz , impulsor en el Congreso de la ley de acreditación de la calidad  con   los ex rectores  Riveros  y Zuñiga (Universidad de Chile y Universidad de Santiago,respectivamente)  en la formación de una sociedad calificadora de calidad.

¿Cómo encaran los países  más desarrollados de la OCDE una educación de calidad útil para el desarrollo?

El ministro BEYER y el presidente Piñera,  a  diferencia de loa países de la  OCDE,   han  sostenido    implacablemente el carácter  privado de la educación  y lo natural  y legítimo que significa el lucro  como factor estimulante  de la calidad de la educación

Estas concepciones criticadas recientemente por la O.C.D.E., como la traba fundamental para que Chile pueda salir de su papel de simple exportador de  riquezas sin valor agregado,   se mantienen desde más de 30 años  ( D.L. de 1981).  siendo ellas las  principales responsables  del desastre  educacional  (situación preocupante ante la reciente caída del precio del cobre).

¿Cómo han estructurado estos países sus sistemas educacionales?

La inmensa mayoría de los 30  países de la  O.C.D.E  financiaba  casi el total del gasto en educación básica y media con fondos públicos(hasta 1999,  según el Banco Mundial), estando el control de ella en manos del Estado, con un promedio sobre el 85%,  con la excepción  de Chile con solo un  68% de gasto estatal  Por su parte, el financiamiento  de la educación superior  se  encontraba   en promedio  sobre el  85% a cargo del Estado, con excepción  de  Japón, 50%,  Canadá ,64%,  U.S.A.48%, Corea 20%, Indonesia 50% y  Chile 27%. (Banco Mundial 1999) .

A pesar de que la crisis  redujo el aporte del Estado, el control de la educación siguió en sus manos y en algunos casos la magnitud del financiamiento  se mantuvo, como en Finlandia y en los países nórdicos .   Dos casos interesantes,   Finlandia y   Chile,  nos permiten visualizar la estrecha relación entre financiamiento estatal,  calidad de la educación  y el desarrollo  de un país en su expresión más amplia,  mucho más allá que la  simple competencia entre pruebas de conocimiento. Comparativamente,  Finlandia y Chile eran  países claramente subdesarrollados en loa años 70, siendo Chile un país  rico en recursos naturales y   Finlandia un país en  el que sus habitantes emigraban al resto de Europa en busca de trabajo.

¿Qué políticas implementaron ambos países para avanzar hacia el desarrollo?

 En Finlandia se firmó un pacto social principalmente entre  empresarios y trabajadores,  y en conjunto decidieron  priorizar el desarrollo  de la mejor educación posible, destinando el 30% de las mejores inteligencias  a  una educación  donde el compartir  era  más importante  que el competir, donde se alcanzó  un nivel de integración por encima del resto de los países europeos (con el mismo nivel de calidad y de integración entre el campo y la ciudad, entre hombres y mujeres y entre jóvenes originarios del  país y jóvenes provenientes de otros países y culturas ). Todo esto ligado a una fuerte inversión para recuperar al mayor número de jóvenes (jóvenes con problemas conductuales o  con  discapacidades  físicas),  sin dejar de lado las artes  la ciencia ,y el dominio de las lenguas maternas. Así,  mientras Finlandia pudo transformarse en una potencia industrial,  un país culto e integrado,  con una moral notable y que lograba escapar a la precariedad de la vida  a la que nos ha impulsado el estado actual del sistema capitalista en su etapa actual, Chile, por su parte,  en la trampa del lucro y de una competencia brutal ha quedado limitado  a ser  sólo  exportador de minerales, frutas  y otras riquezas naturales, sin ser capaces de  producir  valor agregado,  privilegiando el crecimiento sobre el desarrollo y valorando el competir sobre el compartir. Esta pobreza creativa comienza a producir los primeros temores sobre nuestro futuro. El reciente llamado de alerta de una posible baja del precio del cobre,  la torpeza empresarial,  que por negar una petición exigua estuvo a  punto de  hacer fracasar el embarque de fruta de todo un año,  la precariedad de la vida y, finalmente,  el egoísmo inhumano de quienes quieren continuar controlando país visualizando sólo su afán de lucro  y de ganancia,  hacen imposible estructurar un sistema de educación con la creatividad indispensable para contribuir al desarrollo del país

Declaración Pública. Por Consorcio de Universidades del Estado de Chile

Los Rectores de las universidades del Estado, reunidos en sesión extraordinaria, hemos tomado conocimiento de la propuesta de presupuesto 2012 en lo relativo a educación superior.

Nuestra convicción es que la reforma de la educación superior, que han planteado los estudiantes y las comunidades universitarias, debe contener cambios estructurales y una decidida voluntad de fortalecer la educación superior pública, plasmadas en el documento ”Puntos Convergentes” consensuado entre el CRUCH y la CONFECH.

En esta perspectiva creemos que el proyecto de presupuesto 2012 presentado por el Ejecutivo representa una política que no considera incrementos permanentes en educación superior, porque no tienen una mirada de largo plazo. Nos preocupa que el Fondo de Educación no tenga carácter permanente.

El proyecto de ley de presupuesto profundiza la mercantilización y privatización del sistema a través de mecanismos de financiamiento competitivo, dirigido principalmente a la demanda, y a soportar un sistema de créditos que continuará traspasando recursos a la banca privada y no a las instituciones de educación superior, ni mucho menos a los estudiantes. El discurso del Gobierno, sobre su real preocupación por la educación superior pública no se condice con la realidad de este proyecto de ley de presupuestos 2012.

En este sentido, surgen legítimas dudas respecto a la visión del Ejecutivo respecto del futuro de las universidades públicas, porque una vez más, los recursos de fomento y las ayudas estudiantiles, se abren sin control a las instituciones de educación superior privadas, sin considerar su calidad ni su cumplimento efectivo de fin de lucro, ni mucho menos asegurar una efectiva rendición de cuentas.

Del mismo modo, no se contemplan incrementos reales y sustantivos a los aportes basales de las universidades estatales. No queremos pensar que este presupuesto represente una sanción o represalia en contra de las instituciones que lideramos, debido a la posición que públicamente hemos manifestado respecto de las demandas estudiantiles.

El presupuesto de la Nación debería representar la voluntad mayoritaria de la sociedad por avanzar progresivamente hacia el fortalecimiento de las universidades estatales y públicas. ¿Donde están los compromisos relativos a: fondo de revitalización para el año 2011, continuidad a los convenios para el desarrollo de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, recursos para los planes de retiro y para el desarrollo de las universidades públicas de regiones?

Las universidades del Estado representamos un espacio del saber plural, laico, de calidad, productoras de bienes públicos y comprometidas con cada una de las regiones del país. Esta misión que nos ha encomendado la sociedad requiere de recursos y de un trato preferente del Estado con sus universidades, el que no se ve reflejado en este proyecto de presupuesto. Continuaremos la defensa de la educación pública, lo que se va a expresar en la demanda por aumentar los aportes basales y los recursos a las universidades estatales en la discusión presupuestaria.

Así como manifestamos nuestras aprehensiones con el proyecto de presupuesto 2012, queremos ser claros en señalar la decisión de los rectores de normalizar la vida académica en nuestras universidades. Esto supone el diálogo y las acciones destinadas a recuperar los espacios universitarios y reiniciar el segundo semestre.

Reiteramos nuestra disposición a compatibilizar la movilización con la actividad académica y no poner en peligro la sustentabilidad de las universidades estatales.

Los rectores condenamos y rechazamos todos los actos y métodos de represión que han sufrido las manifestaciones públicas pacíficas hechas en el legítimo ejercicio del derecho a disentir que caracteriza a toda sociedad democrática. En este sentido, señalamos que todo acto de fuerza pública desproporcionada es antidemocrático.

Asimismo somos categóricos en condenar las tomas de los recintos universitarios, como mecanismo de expresión de las demandas estudiantiles. Las tomas representan actos de violencia que rechazamos porque vulneran las libertades de las personas y la paz interna de las comunidades universitarias.

Además, contradicen la demanda de mayor democratización y participación de las comunidades universitarias en las instituciones. Quien pone cadenas o candados a sus recintos universitarios está contradiciendo la demanda y compromiso de mayor democratización en estas mismas instituciones.

No compartimos las presiones indebidas que el gobierno está ejerciendo sobre nuestras universidades, a través de la condicionalidad de las becas y de la retención de los aportes directos, comprometidos por ley. Se está además discriminando arbitrariamente a algunas universidades estatales en el flujo regular de sus recursos fiscales, y con ello, se las debilita, poniendo en riesgo su viabilidad. Los presupuestos suponen flujos anuales que no pueden ser re-asignados discrecionalmente ni en sus montos, ni en su periodicidad.

Estamos convencido que la resolución del conflicto no se alcanzará con presiones y amenazas, sino que con diálogo y propuestas a nivel nacional y en el seno de cada una de nuestras universidades.

Esta ha sido nuestra conducta permanente y perseveraremos por la responsabilidad que nos compete, como rectores de nuestras universidades.

Viernes 14 de Octubre de 2011.

Fuente: http://www.universidadesestatales.cl/

Bases para un acuerdo social por la educación Chilena.

El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado. Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION CHILENA.

Hoy queremos emplazar a los actores políticos del país, y en particular a los representantes del Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma.

 Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo de formación.El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.

La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.

La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social

La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica. En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social. Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.

EJES FUNDAMENTALES

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales:

I.- La Reforma Constitucional

La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media. Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar un titulo de educación superior.

II.- Educación Escolar

La Educación Escolar contempla tanto la educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional. En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:

A.- La Desmunicipalización de la Educación.

Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar. La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.

B.- Nuevo Sistema de Financiamiento.

El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.

C.- Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad.

Debe avanzarse en una nueva ley de carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación. Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores.

D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas

La suspensión inmediata de la creación de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos establecimientos y hasta que se encuentre operando la nueva institucionalidad escolar vinculada a: la superintendencia de educación, la agencia de la calidad de la educación, la nueva estructura publica de administración de la educacional y, se haya implementado las correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.

E.- Transporte Escolar

Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes, especialmente en regiones, durante los 365 días del año.

F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar

Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y sanidad.

G.- Educación Politécnica o Técnico Profesional

En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entre ambas. La educación técnico –profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades. Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.

H.- Democratización

Democratizar los espacios de participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias. También, y a través de Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.

III.- EDUCACION SUPERIOR 

La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional. Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que la Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordada con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.-

El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.-El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias el costo de esta.

A.-  Educación Universitaria

1.- Financiamiento Institucional

a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas, que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones.

b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del CRUCH, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.

c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:

• Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH)

• Condición Regional

• Composición socio-económica de sus estudiantes

• Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)

2.- Nuevos Sistemas de Accesos: Más Equitativo y que Garantice Igualdad de Oportunidades.

Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del CRUCH cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas. Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluar de manera transparente su pertinencia. Avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación. Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.

3.- Nuevos Sistema de Becas y Financiamiento Estudiantil

a) Se promoverá una reestructuración integral del sistema de becas, ayudas estudiantiles (en sus montos, cobertura y condiciones de postulación) y créditos poniendo fin a los insostenibles niveles de endeudamiento de las familias. Para este efecto se propone: Con el fin de avanzar hacia la gratuidad, se debe promover un sistema de becas que cubra a todos los alumnos y alumnas provenientes de familias del 70% de menores ingresos. De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a los estudiantes pertenecientes al 70% de menores ingresos del país. Finalmente se debe crear un sistema único de Fondo Solidario para todos los y las estudiantes pertenecientes al 30% de las familias de mayores ingresos que ingresen a instituciones que en la práctica no lucren, eliminando a su vez, el CAE y a la banca en el sistema financiero.

 b) El financiamiento estudiantil será de asignación exclusiva de las Universidades estatales y las Universidades que cumplan con una estricta regulación por parte del Estado.

c) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:

• Acreditación Institucional, en todas las categorías.

• Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión..

• Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles.

• Transparencia total del uso de sus recursos financieros.

• Ausencia total de fines de lucro.

d) Todas las Universidades se deberán someter a una revisión completa de los montos  arancelarios de sus planes de estudio, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación. Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.

4.- Nueva Institucionalidad

a) Creación de Superintendencia de Educación Superior

Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior. Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior. Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos, gastos y vínculos contractuales.

b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación

Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema de acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.

5.- Democratización

El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución. Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 MINEDUC, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de educación superior.

6.- Derechos Educativos de los Pueblos Originarios

A.- Avanzar en un sistema educacional más inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo.

Para esto se propone:

1.– Creación de una Universidad Estatal Intercultural

2.– Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.

3.– Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.

B.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales

El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país. Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo. Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica, gratuita y de calidad.

Cuadernos de Educación 2011 JUN-AGO (año V) nº17

Editorial ( CdE nº17) .

En los momentos en que escribimos esta página editorial, la movilización estudiantil, tanto de los secundarios como de los universitarios sigue a todo vapor, estos no han depuesto ni sus paros, ni sus tomas y han rechazado la propuesta del Ministro Joaquín Lavín por considerarla poco concreta y ambigua. Efectivamente, hay en la propuesta del Mineduc un silencio revelador en lo que se refiere a los dos puntos centrales para una reforma de la Educación, que son 1) que el Estado financie significativamente a las universidades estatales y públicas, y 2) que se instale una superintendencia que controle y fiscalice a las universidades privadas.

De lo que propone el Mineduc, quizás lo más importante sea el punto que habla de que «los aportes del Estado a la educación superior alcancen el promedio de los países de la OECD en el mediano plazo». Pero, ¿significa esto, que el Estado de Chile que sólo aporta un 0,3% a la Educación se va a poner a nivel del 1,4% que aportan los países que integran la OECD? ¿Qué significa en este caso mediano plazo? ¿Cómo se va a distribuir este aporte? Son estas las dudas que explican que la oferta del Gobierno, juzgada de ambigua, haya sido rechazada.

El movimiento estudiantil ha puesto su acento en el problema del lucro, rechazándolo como mecanismo organizador de la Educación superior y de los liceos. Incluso, no son pocas las voces que hoy se alzan descalificando al ministro por sus compromisos económicos con la Universidad del Desarrollo y pidiéndole por lo mismo su dimisión, pues ya no lo consideran como un interlocutor válido. El tema del lucro está puesto en la primera línea de la contienda y, en una encuesta realizada por el Mercurio, apenas un 53% opina que está bien que se permita el lucro. Creemos que el tema debe ser aun profundizado y esclarecido, pues a lo que se refieren los que ahora defienden las Universidades Estatales y públicas, es que no haya negocio en la educación. Los inversionistas extranjeros, especialmente norteamericanos que han comprado universidades chilenas, no lo han hecho porque de pronto les interesara el desarrollo de la Educación en Chile, sino porque es hoy en día un pingüe negocio, uno de los menos regulado y controlado en nuestro país. Es a eso que nos referimos al condenar el lucro. A eso, que las universidades se transen en el mercado como cualquier producto, que gasten millones de dólares en propaganda, casi tanto como en las tiendas de retail. Si se investiga más en profundidad a algunas de estas universidades, las que francamente profitan con la educación, se encontrará que en ellas el escándalo y la estafa a los estudiantes se aproxima y asemeja bastante a lo que ocurre en La Polar.

Estamos de acuerdo en la petición de los estudiantes en relación a que el Consejo de Rectores no tome iniciativas de acuerdo con el MINEDUC en forma aislada. La unidad de todos los actores es garantía de éxito en la consecución de los objetivos de una educación democrática equitativa y de calidad en nuestro país.

Lo que ocurre en materia de educación y lo que acontece en la tienda la Polar, cuya crisis financiera puede desembocar en una catástrofe económica, como la que se conoció recientemente en los EEUU y Europa con el negocio inmobiliario, revela que el actual modelo hace agua por todos lados, que el mercado no es el mejor instrumento de regulación y que nuestro país debiera avanzar en un modelo político y económico que considere una activa participación reguladora y fiscalizadora del Estado que vele por los intereses de la gran mayoría del país: los trabajadores.

Universidades públicas. Por Manuel Riesco Larraín .-

Desde el golpe militar, Chile ha venido desmantelando su bien notable sistema de educación   pública, construido a lo largo del medio siglo precedente. El intento de reemplazarlo por un mercado basado en elevados cobros forzados a los estudiantes y sus familias ha resultado en un fracaso rotundo. Todo ello afecta especialmente a la educación superior, cuya crisis han puesto de manifiesto por estos días cien mil alumnos, académicos y funcionarios, manifestándose en las calles. El país enfrenta hoy el desafío de reconstruir su sistema nacional de educación pública. Ello es posible también en el nivel superior, puesto que, felizmente, puede apoyarse sobre lo actualmente existente, así como en la experiencia de haberlo realizado antes, especialmente durante los años de la reforma universitaria.

Una universidad por excelencia combina de modo equilibrado las funciones de docencia, investigación y extensión. Sólo cinco de las sesenta así llamadas “universidades” chilenas cumplen con este requisito elemental. Un reciente trabajo del Centro de Investigación de la Estructura Social de la U. de Chile (CIES) y el Foro Aequalis las clasifica como “universidades de investigación.” Incluye otras seis en la categoría de “universidades con investigación selectiva,” y seis adicionales en la categoría “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva.”

Las cinco primeras son, en orden de importancia, las universidades de Chile, Católica de Santiago, de Concepción, de Santiago y Austral. Dos son estatales y tres particulares. Las seis que les siguen incluyen otras tres estatales y tres particulares. Todas ellas al igual que las cinco anteriores, pertenecen al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, conocido por el poco asentador acrónimo CRUCH.

Solo en la tercera categoría, “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva,” logran entrar raspando cuatro universidades privadas. Las cuarenta y tres instituciones restantes que también se rotulan como “universidades,” sencillamente no realizan investigación ni extensión significativa. Todas las demás privadas caen en estas categorías, junto a algunas sedes estatales regionales.

La enorme brecha entre unas y otras se puede apreciar en diversos indicadores. De partida, las publicaciones científicas se concentran de manera abrumadora en las cinco primeras y las restantes en las dos categorías que les siguen. Las 43 “universidades” de docencia simplemente no tienen publicaciones en revistas de prestigio internacional.

De acuerdo a los resultados preliminares de un estudio encargado a CENDA por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, las primeras atienden a un quinto del alumnado universitario, pero concentran un 39 por ciento de los académicos a jornada completa y un 43 por ciento de los que tienen grado de doctor. Correspondientemente, su presupuesto representa el 41 por ciento de los ingresos de explotación de todas las universidades.

De esta manera, en relación al promedio de las 60 “universidades” existente en el país, estas cinco “universidades de investigación” invierten el doble de recursos, académicos a jornada completa y con grado de doctor o doctorados, por alumno. Si se las compara con las dos categorías más bajas del estudio de CIES, que concentran un 28 por ciento del alumnado, estas brechas aumentan a cuatro, más de cinco y casi siete veces, respectivamente.

Incluso si se las compara con las doce universidades clasificadas en categorías de “universidades con investigación selectiva,” que les siguen, las cinco universidades de investigación prácticamente las duplican en presupuesto, académicos a jornada completa y académicos con doctorado, por cada estudiante.

El que casi todas las que se dicen universidades estén acreditadas como tales quiere decir bien poco en este aspecto. El único requisito verdaderamente importante para obtener la acreditación consiste en demostrar que son un buen negocio. Los demás son flecos. Por ejemplo, no se les exige que tengan publicaciones científicas, académicos a jornada completa o con post grados, entre muchos otros requisitos elementales. De hecho hay once “universidades,” todas acreditadas, que informan tener menos de un académico a jornada completa ¡por cada mil alumnos!

De este modo, como escribe el historiador Perry Anderson, “solo en la noche de nuestra ignorancia adquieren el mismo color todas las formas extrañas.”

En otras palabras, no todas las que se dicen “universidades” dan la talla mínima para serlo. Como se ha mostrado, en estricto rigor solo cinco de las que utilizan este nombre lo son verdaderamente. Otras doce siguen sus pasos, pero a muchísima distancia. Las restantes 43 son instituciones que imparten docencia en nivel terciario, lo que es importante. Quizás todas aspiran y se esfuerzan seriamente en mejorar su calidad, lo cual es meritorio. Sin embargo, ello no las convierte en verdaderas universidades, ni mucho menos.

La solución parece bastante evidente: para mejorar el sistema universitario hay que consolidar y ampliar las cinco verdaderas universidades existentes y estimular a todas las demás para que se eleven a esa condición.

Para concluir en algo tan sencillo ciertamente no se requiere contratar una comisión de expertos internacionales, sin embargo, el estudio encargado a la OCDE propuso exactamente eso.

El problema es que el sistema actual de financiamiento promueve exactamente lo contrario: empuja hacia abajo a las pocas universidades que realizan investigación y extensión, estimulando que todas se conviertan en simples “universidades de docencia.”

Según el mismo estudio del Foro Aequalis antes citado,  la matrícula de las “universidades de investigación” ha aumentado en un 13 por ciento entre 2005 y 2010, mientras en el mismo período las “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva” lo ha hecho en 51 por ciento y las “docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentran al fondo de la escala de calidad, han crecido ¡un 81 por ciento!

La razón es bien simple: se hace descansar el grueso del financiamiento en los pagos de los alumnos, que malamente alcanzan para financiar la función de docencia. Aún a costa de representar una carga insostenible, además de ineficiente e injusta sobre ellos y sus familias. De este modo, desde el punto de vista de mejorar el sistema universitario, el mecanismo de financiamiento basado en los aranceles resulta además perverso.

En las universidades del CRUCH, al que pertenecen casi todas las que realizan investigación y extensión, además de docencia de relativa buena calidad,  los aportes de las familias alcanzan a 2,2 millones de pesos por alumno al año, en promedio, según el estudio de CENDA para CONFECH. Ello no alcanza a cubrir ni la mitad de sus ingresos de explotación, que ascienden a 4,6 millones de pesos por alumno al año, en promedio. Los estudiantes de universidades privadas, en cambio, que concentran a todas las que hacen sólo docencia, aportan un promedio de 2,7 millones de pesos por año, lo que alcanza para cubrir en buena forma todo el presupuesto de las mismas, que suma la misma cantidad por alumno.

Lo anterior explica el raro contraste que un millón de santiaguinos que transitan a diario por la plaza Baquedano pueden apreciar a simple vista. Cruzando el Mapocho por el puente Pío-Nono, se alza la venerable Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el centro académico más antiguo y prestigiado del país, que alberga buena parte de los profesores a jornada completa y doctorados y produce lo más de la investigación científica en derecho del país. Sin embargo, el edificio es muy antiguo y relativamente pequeño, lo que no sería nada si no fuese porque su estado de mantención deja muchísimo que desear.

Justo al frente, cruzando Bellavista, se alza una de las “universidades docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentra al fondo de la tabla de calidad según el estudio de Aequalis. Su flamante y enorme edificio es deslumbrante, más parecido a un aeropuerto que a una universidad. Paga sumas ingentes en arriendos a su inmobiliaria relacionada – que retira de este modo utilidades no despreciables que son ilegales para las universidades – y sueldos millonarios a sus directivos, aparte de cifras multimillonarias en publicidad. Por cierto, funciona en base a profesores “taxis” a los que ofrece poco más que una pizarra y ninguna estabilidad laboral, los que se allanan a ello entre otras cosas porque no tienen postgrados. Que se sepa, no ha producido jamás un sólo “paper” que amerite ser publicado en revistas de prestigio. Eso no le impide estar acreditada, puesto que ciertamente es buen negocio. Para todo eso le alcanza con las matrículas que cobra a sus alumnos, que las pagan encalillándose hasta las orejas y por toda la vida. Agradecida de tal milagro, le sobró plata para proponer al municipio, que felizmente rechazó la oferta, la construcción en el parque aledaño de una monstruosa estatua ¡del Papa!

Esto no da para más. Eso lo saben bien los sus estudiantes, administrativos y muy especialmente, sus académicos y lo están manifestando. No lo soportan los estudiantes y sus familias, sobre las cuales se está descargando un impuesto anual equivalente a más de la mitad del total de los impuestos a la renta pagados por todas las empresas – incluidas las del cobre – y personas pudientes del país el año 2009. Según un reciente estudio del Banco Mundial, los veterinarios van a tener que destinar a servir el crédito universitario ¡un tercio de sus salarios! Tampoco lo soportan los funcionarios administrativos, que soportan bajos sueldos y no tienen derechos laborales.

Muy especialmente, no las soportan los académicos, que constituyen hoy uno de los grupos de trabajadores chilenos con sueldos más deprimidos, empleo más precario y condiciones de trabajo más deficientes. Precisamente, lo más grave del desmantelamiento del sistema nacional de universidades públicas es haber debilitado seriamente la institución que todas las sociedades civilizadas han construido para sostener de modo estable a la capa intelectual que destinan al quehacer científico, artístico, cultural; en una palabra, a las llamadas cosas del espíritu.

La crisis del sistema universitario superior recae por igual en los alumnos, académicos y administrativos de las universidades estatales y particulares, en las del CRUCH y las privadas. Los afecta a todos por igual, aparte de las familias de los primeros que no hayan como pagar la cuenta. Por este motivo, se manifiestan todos juntos, encabezados por los rectores de las universidades públicas y privadas.

La solución es sencilla, como se ha mencionado. Como recomienda la OCDE, hay que aumentar significativamente el presupuesto público, que hoy cubre menos de un 15 por ciento del total según esta fuente. Del 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que representa en la actualidad, hay que elevarlo en pocos años al 2 por ciento del PIB que representaba hace cuarenta años atrás. El incremento hay que destinarlo prioritariamente a consolidar, fortalecer y ampliar las cinco universidades públicas mejores, que evidentemente son las que mejor pueden responder a este desafío.

Al mismo tiempo, hay que estimular a todas las demás para que se eleven a este nivel. Para ello, como dice la OCDE, es necesario dirigir la mayor parte de los recursos a fortalecer las instituciones mismas, de modo que puedan ofrecer condiciones estables y adecuadas de trabajo a sus académicos y funcionarios. Muy especialmente, como también recomienda la OCDE, hay que dar un financiamiento basal adecuado a las universidades estatales.

Al mismo tiempo, hay que destinar parte significativa del aumento del financiamiento estatal a otorgar becas estudiantiles, de modo de aliviar progresivamente la carga insostenible, injusta e ineficiente que hoy soportan los estudiantes y sus familias.

Una palabra adicional: en paralelo hay que reconstruir el sistema nacional de educación pública superior técnica y vincularlo al sistema universitario. Como se ha mostrado en otra nota, si se generaliza a todo el país el ejemplo del Centro de Formación Técnica de Lota-Arauco, el único público y gratuito del país, bastaría con aumentar el gasto educacional total en 7,3 por ciento para ¡duplicar la cobertura de educación terciaria!

Parece una tarea ardua. Sin embargo, es precisamente lo que el país logró realizar durante la Reforma Universitaria. Entre 1967 y 1973, se duplicó el sistema universitario, transformando universidades que no merecían el nombre de tales en establecimientos nacionales modernos y comprometidos con el desarrollo del país y el destino de su pueblo. Gratuitos además.

Ello se logró incrementando los aportes estatales a todas las universidades existentes, exigiendo a cambio que realizaran docencia, investigación y extensión, que contrataran académicos a jornada completa con buenas condiciones de salarios y trabajo, lo mismo que sus funcionarios. Que respetaran la libertad de cátedra y no discriminaran en el acceso, promoviendo el de los obreros y sectores populares. A todos se exigió garantizar lo anterior mediante gobiernos internos democráticos, con participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, a la cual se respetó su autonomía en estas condiciones.

No parece mala idea intentarlo de nuevo.

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Manuel Riesco Larraín. Economista, investigador de CENDA (Centro de Estudios
Nacionales de Desarrollo Alternativo) y miembro de la Junta Directiva
de la Universidad de Valparaíso.

Fuente: Autorizado en http://blog.manuelriesco.cl/2011/05/universidades-publicas.html