Conclusiones de la comisión investigadora sobre el lucro en las universidades chilenas

Compartimos un resumen elaborado por Comunicaciones FECh del documento emanado de la Comisión Parlamentaria Investigadora sobre Lucro en las Universidades. “Teniendo facultades para hacerlo, en 30 años el Estado no ha realizado ninguna fiscalización, auditoría o simple revisión para determinar la existencia de lucro en alguna de las instituciones privadas (…) El Estado ha tenido y tiene, una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación”. 

La responsabilidad política del Estado de Chile

El actual sistema de educación superior data de los años ochenta cuando la dictadura cambió el modelo institucional de educación superior hacia un modelo donde se privilegia la libertad de enseñanza, entendida como libertad para realizar emprendimientos educativos, aunque no desde el punto de vista comercial ya que los define sin fines de lucro.

Durante más de 30 años el Estado creó todo un conjunto de normas orientadas a crear, incentivar y fortalecer un sistema de educación superior privado prácticamente desregulado. Teniendo facultades para hacerlo, en 30 años el Estado no ha realizado ninguna fiscalización, auditoría o simple revisión para determinar la existencia de lucro en alguna de las instituciones privadas. Además, no ha ejercido sus funciones legales para solicitar en pos de la transparencia del sistema, entre otros, antecedentes a instituciones de educación superior relacionados con conflictos de intereses existentes y denunciados de los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, agencias acreditadoras, balances de gastos, publicidad engañosa, etc.

Es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior en Chile, responsabilidad que no ha ejercido quebrantando con ello la fe pública en el sistema de educación superior y en el estado como garante de una educación de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas.

El Estado ha tenido y tiene, una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación, privilegiando el derecho a libertad de enseñanza, entendido como la libertad de entrada a la oferta educativa por sobre el ejercicio del derecho a la educación, transgrediendo los principios de calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos ellos inspiradores del sistema educativo chileno, según la LGE. Esto implica que hoy es casi total la competencia que existe entre universidades privadas y tradicionales, sometidas estas últimas a niveles de control que se ejerce sobre su gestión y estructura de funcionamiento.

Lucro en la educación superior

El Estado no tiene un mandato claro para sus universidades, menos para las de regiones. Más bien se propende a que estas funciones las ejerzan privados, sin ningún tipo de regulación y con fines de lucro.

Por “lucro” se entiende “aquel retiro de excedentes en beneficio directo de los creadores, organizadores o controladores de la corporación universitaria correspondiente”. La investigación de la Comisión concluye que no solamente existe lucro en la educación superior, sino que además todo el marco normativo que regula el sistema de educación superior, especialmente respecto a la existencia de lucro, no funciona.

Los principales mecanismos detectados por la Comisión mediante los cuales las universidades transgreden el requisito legal de ser corporaciones educacionales sin fines de lucro, son los siguientes:

Altos sueldos a miembros del directorio o ejecutivos importantes: A diferencia de otras empresas, en las universidades se pueden pagar sueldos más altos a estas personas sin que exista un límite legal aceptado tributariamente, o sin que reporte otras consecuencias tributarias negativas.
Externalizar servicios relevantes: En lugar de retirar las utilidades directamente, se le pagan a empresas relacionadas (“sociedades espejo”) desde donde sí pueden retirarse y/o distribuirse a sus propietarios.
Las universidades están exentas al impuesto a la renta (primera categoría): Esto implica que en lugar de adquirir directamente activos fijos que puedan después depreciar (como los inmuebles que usan), les resulta mucho más conveniente hacerlo a través de empresas distintas que sí puedan aprovechar la depreciación, y sean estas las que se lo arrienden a la universidad.
– Altos sueldos a los miembros de las empresas relacionadas mencionadas en el punto anterior, financiados con los recursos emanados de la universidad.
Incorporación de familiares al directorio de la universidad o alguna empresa relacionada: Con eso pueden repartir un mismo ingreso alto entre distintos parientes, diseminando más y por lo tanto disminuyendo lo que pagan por impuestos.
Vender su cartera de deudores incobrables a una empresa de factoring, que puede estar relacionada a los fundadores de la universidad. Así, dejan las deudas cobrables en la universidad (donde no pagan impuestos), y las incobrables en la empresa de factoring donde se pueden descontar como gasto necesario para producir la renta.
Compra y venta de universidades, bajo el control de grupos económicos y extranjeros.
Pagos de royalties, patentes u otros conceptos a terceros, nacionales o extranjeros.
Aumentar los ingresos o excedentes de las universidades por distintas vías: Subir aranceles, aumentar indiscriminadamente la matrícula, reducir costos de operación sacrificando calidad académica, especulación financiera con dineros provenientes de fondos públicos, etc.
Crecimiento de las universidades a través de donaciones de empresas relacionadas con sus creadores/organizadores de las universidades y/o de las “sociedades espejo”.

Quiénes lucran

Compra y venta de universidades

– Las Universidades de Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, AIEP, todas del grupo Laureate, que reúne 76 instituciones de educación superior en 27 países del mundo.

– Universidad Santo Tomás, comprada por el Fondo de inversiones Linzor Capital, que tiene contempladas inversiones en distintos países de América Latina en diversos sectores de la economía.

– UNIACC, comprada el año 2008 por el grupo Apollo.

Sociedades espejo

– Universidad del Desarrollo, a través de la Sociedad Inmobiliaria Ainavillo

– Universidad del Mar, a través de varias sociedades inmobiliarias: Inmobiliaria del Mar, Firma Terramaris SA, Inmobiliaria e Inversiones Rancagua, Inmobiliaria e inversiones doña Teresa SA, Inversiones La Serena SA, Inversiones Los Placeres, Valaparenas SA.

Si bien sobre las instituciones mencionadas hay antecedentes públicos y denuncias efectuadas sobre las cuales la Comisión tuvo conocimiento, la Comisión no descarta la posibilidad de que esta sea una práctica generalizada en la industria de la educación superior del país.

Acreditación y su relación con el lucro

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad han sido quebrantados por varias razones:

a) haber definido un proceso de evaluación centrado en insumos y procesos y no en resultados.

b) conflictos de interés que se derivan del origen de las membresías de la Comisión Nacional de Acreditación.

La acreditación en particular ha hecho crisis por dos razones. Por un lado, porque se estableció como obligatoria para las carreras de Medicina y Pedagogía, lo que generó enormes presiones para que las instituciones que imparten estas carreras fueran acreditadas.

La otra razón es que se estableció como condición para acceder al CAE, que es una enorme fuente de recursos. El 35% de los alumnos de las universidades privadas tiene CAE, el 34% de los IP y el 22% de los CFT. El 60% de los CAE recaen en 5 grupos económicos que controlan universidades privadas.

El criterio que permite a una institución acceder al CAE es la mera acreditación, aun cuando sea de tan solo un año. El informe del Banco Mundial sobre el CAE da cuenta de que muchas instituciones apalancaron su explosivo crecimiento de matrícula en este Crédito, llegando algunas incluso a ser derechamente dependientes del CAE, situación que las pone en riesgo financiero.

FUENTE

Completo desde Mostrador .cl

https://docs.google.com/file/d/0B04dcvVW6kXQNFN2aWY4T1gzYVk/edit?pli=1

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Editorial ( CdE nº19) .

 “La guerra hace que los hombres buenos hagamos cosas malas.  Y eso es natural” dijo Labbé en CNN. Por supuesto que el alcalde de Providencia no se refería al cuestionado homenaje a Miguel Krassnoff, considerado por él como algo bueno, sino que a las innumerables violaciones a los DD.HH. cometidas durante la dictadura, que al homenajeado le significaron ser condenado a 144 años de cárcel. Entre otras cosas, las palabras de Labbé presuponen que en nuestro país hubo una guerra y no una cruenta masacre de parte del ejército a trabajadores, y compatriotas en general, que eran partidarios o defendieron el gobierno del Presidente Allende, democrática y legítimamente constituido. Volviendo al homenaje, este hecho sin duda es una vergüenza nacional. Así ha sido considerado al menos por una buena parte de nuestra sociedad, incluidos trabajadores, estudiantes y parlamentarios. No obstante, no debe dejar de llamar la atención que de parte de la Derecha no haya habido un juicio categórico de condena a la manifestación convocada por Labbé, la cual constituye una abierta provocación al resto de nuestro país y, en particular, a los más cercanos de las víctimas de la dictadura. Es así como el presidente Piñera no manifestó explícita y oficialmente el repudio que esta celebración merecía. Mas aun, en principio recibió y respondió la invitación, deseándole éxito a los organizadores, y con posterioridad se desdijo responsabilizando a su asesora Andrea Ojeda por lo que calificó como un error cometido desde La Moneda. Pareciera ser una regla que primero prima la emoción y después la razón, pero cuánto de cada una de estas partes está presente en este hecho. El silencio es cómplice y también lo es cualquier intento por minimizar esta escandalosa actividad. Lo más alejado de la suspicacia, aconseja pensar que el bajo perfil que la presidencia le ha dado a esta situación obedece a la fuerte influencia que la Derecha más dura tiene en el gobierno, después de los últimos cambios en el gabinete. Este homenaje demuestra que el país todavía no recupera completamente su democracia. La ultra derecha tiene una fuerte influencia en el gobierno. De otro modo no se explica que desde la presidencia no haya habido un rechazo categórico y explícito a esta acción repudiable por la gran mayoría ciudadana.

El resultado de la partida en Educación del Presupuesto 2012 es otro hecho político que en estas últimas semanas nos ha golpeado, principalmente a quienes pertenecemos al mundo universitario. En primer lugar se destaca la insuficiencia de los montos en este importante ítem del presupuesto nacional, pero,  por otra parte, preocupa la renuencia y la intransigencia extrema de parte del gobierno para cambiar la matriz ideológica neoliberal en la educación. Se insiste en continuar favoreciendo al sector privado mediante la mantención del lucro y el financiamiento compartido. Como una muestra, entre varias otras, señalemos que la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE), en 2012  bajará de 5,6%, aproximadamente, a 2% anual. Este hecho que, sin duda será un importante alivio para las familias que sostienen la educación universitaria acreditada, no lo será para la sociedad en su conjunto, toda vez que la diferencia aproximada de 3,6% en la tasa de interés la financiará el Estado, lo cual significa que esta tasa la cancelaremos el resto de nuestra sociedad y los bancos continuarán recibiendo el suculento interés de 5,6% de parte de sus clientes cautivos, los estudiantes. Se entiende que los bancos prestan dinero con interés debido al riesgo que lleva consigo un préstamo, pero en este caso el riesgo no existe, pues el Estado asume la carga si el estudiante no paga el crédito. Dicho sea de paso, esta invención del CAE viene del gobierno de Ricardo Lagos, con la participación de sus Ministros de Educación Mariana Aylwin y Sergio Bitar. Pero algún cambio en la estructura de la educación en Chile debería haberse logrado, después de más de cinco meses de demandas estudiantiles y movilizaciones de parte de la mayoría de la ciudadanía. Lamentablemente, esto no ha sucedido así y las consecuencias son absolutamente fáciles de prever. Hoy una aparente calma pareciera haber llegado a escolares y universitarios, con lo cual también pareciera cerrarse el capítulo inicial del movimiento estudiantil. Sin embargo, no cabe duda que este conflicto no está aún solucionado y que, probablemente, a poco andar del primer semestre de 2012 las movilizaciones continuarán. El mundo estudiantil y social entiende muy bien, y así lo han manifestado, que no es posible resolver todos los problemas de la educación en el país de la noche a la mañana. Pero también estos actores sociales esperaban un golpe de timón en las directrices de las actuales políticas neoliberales en Educación, las cuales también se extienden a Salud, Vivienda y Leyes Laborales justas que garanticen dignidad y satisfacción a los trabajadores. Para lograr estos cambios ya se escuchan voces que exigen Reforma Tributaria, Nacionalización de nuestras riquezas básicas y una profunda reforma al Sistema Electoral.

Educacion Gratuita

La desmunicipalización de la Educación Escolar es otro proyecto que ingresó al Congreso nacional sin consulta al movimiento social. Por lo demás, este proyecto no vendría a resolver los problemas existentes producto de la educación escolar en manos de las municipalidades, toda vez que no establece fondos revitalizantes para el pago actual de deudas y, por consiguiente, los problemas de caja continuarán. Nuevamente la intransigencia en el mantenimiento de la matriz ideológica se hace presente: el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para que el Estado no asuma la responsabilidad que le compete en la educación escolar.

La corrupción en la empresa privada una vez más se hace presente. En efecto, a la colusión de las farmacias, la corrupción en el retail y la compraventa de acciones en la bolsa con información privilegiada, ahora se agrega la colusión de las empresas productoras de pollos. Los problemas políticos, sociales y económicos que vive nuestra sociedad tienen una única gran causa, a saber, el modelo económico neoliberal instaurado por la dictadura de Pinochet, pero mantenido como si fuera una religión por los gobiernos de la Concertación y el actual gobierno de derecha. Las nefastas consecuencias del neoliberalismo parecieran no detenerse con nada. El recién pasado 6 de diciembre, El Mercurio (página B7) publicó un artículo señalando que los países de la OCDE han alcanzado los mayores niveles de desigualdad en 30 años, aumentando los índices de inequidad en 10%. La pregunta inmediata que naturalmente surge es quién lleva la delantera en este vergonzoso ranking. La respuesta es Chile con coeficiente Gini de 0,49 en la escala de 0 a 1. Por las razones expresadas en este último párrafo y otras no mencionadas aquí, la necesidad de establecer un Gobierno de Nuevo Tipo, que desista de la receta neoliberal, es para nuestro país una necesidad ineludible.

Bases para un acuerdo social por la educación Chilena.

El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado. Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION CHILENA.

Hoy queremos emplazar a los actores políticos del país, y en particular a los representantes del Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma.

 Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo de formación.El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.

La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.

La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social

La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica. En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social. Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.

EJES FUNDAMENTALES

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales:

I.- La Reforma Constitucional

La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media. Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar un titulo de educación superior.

II.- Educación Escolar

La Educación Escolar contempla tanto la educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional. En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:

A.- La Desmunicipalización de la Educación.

Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar. La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.

B.- Nuevo Sistema de Financiamiento.

El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.

C.- Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad.

Debe avanzarse en una nueva ley de carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación. Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores.

D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas

La suspensión inmediata de la creación de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos establecimientos y hasta que se encuentre operando la nueva institucionalidad escolar vinculada a: la superintendencia de educación, la agencia de la calidad de la educación, la nueva estructura publica de administración de la educacional y, se haya implementado las correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.

E.- Transporte Escolar

Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes, especialmente en regiones, durante los 365 días del año.

F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar

Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y sanidad.

G.- Educación Politécnica o Técnico Profesional

En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entre ambas. La educación técnico –profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades. Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.

H.- Democratización

Democratizar los espacios de participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias. También, y a través de Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.

III.- EDUCACION SUPERIOR 

La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional. Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que la Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordada con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.-

El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.-El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias el costo de esta.

A.-  Educación Universitaria

1.- Financiamiento Institucional

a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas, que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones.

b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del CRUCH, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.

c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:

• Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH)

• Condición Regional

• Composición socio-económica de sus estudiantes

• Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)

2.- Nuevos Sistemas de Accesos: Más Equitativo y que Garantice Igualdad de Oportunidades.

Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del CRUCH cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas. Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluar de manera transparente su pertinencia. Avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación. Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.

3.- Nuevos Sistema de Becas y Financiamiento Estudiantil

a) Se promoverá una reestructuración integral del sistema de becas, ayudas estudiantiles (en sus montos, cobertura y condiciones de postulación) y créditos poniendo fin a los insostenibles niveles de endeudamiento de las familias. Para este efecto se propone: Con el fin de avanzar hacia la gratuidad, se debe promover un sistema de becas que cubra a todos los alumnos y alumnas provenientes de familias del 70% de menores ingresos. De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a los estudiantes pertenecientes al 70% de menores ingresos del país. Finalmente se debe crear un sistema único de Fondo Solidario para todos los y las estudiantes pertenecientes al 30% de las familias de mayores ingresos que ingresen a instituciones que en la práctica no lucren, eliminando a su vez, el CAE y a la banca en el sistema financiero.

 b) El financiamiento estudiantil será de asignación exclusiva de las Universidades estatales y las Universidades que cumplan con una estricta regulación por parte del Estado.

c) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:

• Acreditación Institucional, en todas las categorías.

• Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión..

• Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles.

• Transparencia total del uso de sus recursos financieros.

• Ausencia total de fines de lucro.

d) Todas las Universidades se deberán someter a una revisión completa de los montos  arancelarios de sus planes de estudio, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación. Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.

4.- Nueva Institucionalidad

a) Creación de Superintendencia de Educación Superior

Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior. Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior. Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos, gastos y vínculos contractuales.

b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación

Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema de acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.

5.- Democratización

El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución. Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 MINEDUC, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de educación superior.

6.- Derechos Educativos de los Pueblos Originarios

A.- Avanzar en un sistema educacional más inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo.

Para esto se propone:

1.– Creación de una Universidad Estatal Intercultural

2.– Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.

3.– Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.

B.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales

El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país. Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo. Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica, gratuita y de calidad.

La educación chilena cobra más dinero a los más pobres y menos a los más ricos

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(30 de Junio) El “crédito con aval del estado” (CAE) que es al que acceden los estudiantes o las familias mas humildes o más pobres de chile tiene el doble de la tasa de interés que el “crédito con fondo solidario”, que es al que se le otorga a las personas que sulen ser con mejor situacion económica o más acomodada. Recalcó Ernesto Treviño, Doctor en educación y Director del centro de políticas comparadas de la universidad Diego Portales

¿Es posible hacer un sólo sistema de financiamiento ? se le pregunta a Ernesto Treviño, Doctor en educación y Director del centro de políticas comparadas de la Universidad Diego Portales:

” Está muy claro que es posible y que saldría incluso un poco más barato que el actual sistema de financiamiento con aval del estado (CAE).Y es muy lamentable la situación que ocurre, por que aquí nuevamente tenemos una política que se conococe como regresiva -las políticas regresivas son aquellas que cobran menos impuesto a los más ricos y más a los más pobres- bueno aquí también tenemos una tasa de interés muy baja para los estudiantes que entran a las universidades del consejo de rectores, que dado que son universidades de elite muy prestigiosas, suelen ser estudiantes de alto nivel socioeconómico; y en cambio tenemos un a tasa muy alta de interés para aquellos estudiantes más pobres que acceden a las universidades o institutos privados de educación. Y estamos cargándoles nuevamente a los más pobres algo que es más caro. Está claro que si se hiciera un nuevo fondo solidario sería igual o incluso un poco menos caro que lo que gasta ahora el gobierno.”

“En el sistema escolar tenemos a los niños más pobres, en las escuelas más pobres, con los profesores peor preparados, con una regulación pesada, porque tienen que adherir a la regulación del Estado”, remarcó Treviño.

Asimismo, agregó que “Chile es una de las sociedades más desiguales del mundo y estamos cargando a la cuenta privada los costos de la educación”.

Lista de Reproducción “Chile Educación”: http://www.youtube.com/playlist?list=PL85FF7227DDBD974B