La Formación de los Ingenieros Comerciales en Chile. Ricardo López Erazo

El rector de la Universidad Católica de Chile y otros personeros, incluidos estudiantes, se manifestaron dolidos y sorprendidos por el caso Penta y la participación de insignes egresados de esa casa de estudios superiores.

¿Es creíble ese estupor?

Por supuesto que no.

La formación de los Ingenieros Comerciales, no sólo en esa casa de estudios, adolece de fallas sistémicas, las que intentaré describir en este artículo.

La primera de ellas dice relación con la tesis de Fukuyama, según la cual la desaparición de la URSS y la RDA supuso para los formadores de economía y negocios que el sistema capitalista resultaba ser un vencedor final y por tanto era necesario volver a los orígenes del sistema capitalista y reforzar la enseñanza del capitalismo como lo predicara F. Hayek.

A partir de esa primera falla se producen las posteriores:

Eliminar del currículo toda mención a la crítica marxista sobre el modelo capitalista de producción.

Los seguidores de Hayek, Friedman y otros eliminan también toda referencia a J.M.Keynes, de tal manera que los alumnos de Harvard realizan un paro exigiendo estudiar a Marx y Keynes en su Facultad.

Se hace abandono de la enseñanza de conceptos como los de solidaridad, cooperativismo y socialismo.

Se oculta deliberadamente el que Adam Smith, en su obra La Riqueza de las Naciones, además de su hipótesis de la “mano invisible”, formuló también los conceptos de “El Hombre de Pecho” y el de “Espectador imparcial”. El primero reside en todo hombre que hace uso de su imaginación y de sus sentimientos para estar próximo al padecer de sus semejantes. El “espectador imparcial” es aquel que nos guía en nuestros juicios sobre el modo en que nos conducimos.

A pesar de todas las crisis vividas desde comienzos de los 70, los seguidores de Hayek y Friedman no reconocen que sus tesis tienen groseras fallas e insisten en la cuestionada hipótesis de que el “mercado” es la mejor forma de distribución de la riqueza. Esto a pesar de los elevados índices de concentración de la riqueza que mantienen a buena parte de la población mundial bajo los índices de pobreza.

La Universidad Católica de Chile no debiera sorprenderse por la participación de Ingenieros Comerciales egresados de esa casa de estudios en escándalos financieros donde se abusa de la fe pública y se lesiona el interés de los más desposeídos, toda vez que esa Universidad plasmó una alianza estratégica con la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago a fines de los años 60.

Privatizacion

Los estudiantes de la Universidad Católica que participaron del intercambio con la Universidad de Chicago fueron el brazo civil de la dictadura militar, fueron ellos quienes asumieron la responsabilidad de desmantelar al Estado de sus empresas. Este fenómeno se concentró en la década de los 80´s y significó el desmantelamiento de empresas de utilidad pública como la Empresa de Transportes Colectivos del Estado (ETC), Empresa de Ferrocarriles del Estado, y el traspaso a manos privadas, y a precio vil, de 32 empresas pertenecientes a la CORFO. Todos estos traspasos de propiedad social a propiedad privada se hicieron sin licitación y permitiéndose que los mismos que preparaban la privatización y determinaban los precios pudiesen participar en la compra de estas empresas (Julio Ponce Lerou, Roberto de Andraca, José Yuraszeck, Carlos Alberto Délano, el grupo Hurtado Vicuña, Fernández León, entre otros). En su momento todo ello fue legal, pero no ético.

La privatización mayor la realizó José Piñera al destruir el sistema de pensiones solidario y construir uno privado (país de empresarios y no de proletarios, se nos dijo entonces), y después de más de treinta años la ortodoxia neoliberal continúa afirmando el “éxito” del nuevo sistema, a pesar de los resultados ya conocidos por miles de empobrecidos jubilados de las AFP.

Todo esto fue acompañado de procesos desregulatorios y de apertura absoluta a los mercados externos. ¿Los resultados?:

Altas tasas de cesantía, desnutrición extrema de las pequeñas y medianas empresas nacionales, un modelo de crecimiento que sólo puede aprovechar ventajas comparativas (cobre, celulosa, salmón..), pero incapaz de desarrollar ninguna ventaja competitiva.

Todo lo anterior tiene una expresión final: el nivel de concentración de la riqueza es uno de los más aberrantes del planeta, por el pago a los capitales versus el pago al factor trabajo, expropiatorio del 90 % de los chilenos, también antidemocrático.

Los alumnos de las facultades de Economía y Negocios se ven impelidos a estudiar a G. Sorman y tragarse las hipótesis de “el fin de las masas” y la “modernidad de las ideas antiguas”. La primera de ellas es un ensayo antisindicalista y la segunda es un intento de presentar a Hayek como un intelectual que genera lógica pura.

Se enseña en las facultades de economía y negocios que el mercado es el mejor distribuidor de la riqueza, sin embargo se oculta que la economía chilena es una economía oligopólica y también se oculta que es el modelo imperante el que produce ese efecto.

Si una Universidad se declara “pública” y que su fin ulterior es servir al interés del país, entonces debiera asumir que su aporte real al país es generar profesionales en economía y negocios que realmente comprendan y asimilen la realidad de los miles de desposeídos, cesantes y mal pagados trabajadores.

El tema de la ética es también punto importante.

Al parecer las Universidades han asumido que el tema de la ética es un asunto transversal y que debiera ser un objetivo de toda cátedra el inculcar valores éticos. Parece que esto falla, porque cuando todos están a cargo de algo sucede que nadie es responsable.

Nuestro país está saturado de conceptos como el de la competitividad, lo cual significa aniquilar al competidor. También el del consumo, pues no importando lo que sea, eres socialmente exitoso si consumes más que tu vecino.

El país se ha conmocionado con los escándalos de Penta, Caval y Soquimich, y las casas de estudios superiores deberán reaccionar, porque el pueblo las interpela: es necesario que las universidades se pongan realmente al servicio del país y generen profesionales críticos y comprometidos con el devenir de la sociedad entera.

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Todo lo anterior ha ocurrido porque las facultades de negocios de Chile (salvo honrosas excepciones) han convertido a las recetas neoliberales en verdaderos dogmas de fe.

Es obvio que para detener la corruptela se hace necesario terminar con el modelo neoliberal, ello supone discutir y aprobar una nueva Constitución que nos libere de los amarres y candados de la dictadura de Pinochet, que hasta el día de hoy agradecen estos “insignes” egresados de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Católica de Chile. Pero, al mismo tiempo, hay que iniciar un proceso modernizador de las Facultades, que permita un clima democrático, donde las discusiones sobre economía y negocios no se impidan por actitudes dogmáticas.

Se hace imprescindible que en las Facultades de Economía y Negocios se convoque, a la brevedad, a Claustros tripartitos para discutir y replantear nuevos currículos que modelen un nuevo tipo de profesional crítico y que genere aportes reales al cambio de modelo económico y de planes de desarrollo económico y social alternativos.

Sólo así las Universidades jugarán un rol público.

Ricardo López E.

Ingeniero Comercial

 

 

 

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Por una política de Estado para nuestro desarrollo científico-tecnológico. Rolando Rebolledo Berroeta

Rolando Rebolledo Berroeta

Docteur d’État ès-Sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris!

Profesor Titular

Facultades de Ingeniería y Matemática

Universidad Católica de Chile

En los últimos días se ha producido gran agitación sobre el retiro por parte del nuevo gobierno del proyecto de ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología presentado por la administración de Sebastián Piñera en los últimos días de su mandato. Como se recordará, en el año 2012 el entonces Ministro de Economía Pablo Longueira provocó una enorme reacción de rechazo de la comunidad científica al anunciar que el gobierno estudiaba el traspaso de CONICYT a su cartera.

Ante la ola de críticas recibida y para evitar una escalada mayor, el ex Presidente Piñera suspendió dicha medida y designó una Comisión Asesora para que hiciera recomendaciones sobre una nueva institucionalidad para la Ciencia, la Tecnología y la Educación. De las recomendaciones entregadas por esa comisión, retuvo solo aquella de generar un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior. Cabe preguntarse por qué no presentó su proyecto de ley antes, el año 2013, en vez de dejarlo para las últimas horas de su mandato. El postrer proyecto de ley de la administración Piñera adquirió así el carácter de un recurso simbólico, susceptible de recabar algunas simpatías en la comunidad científica nacional, con vistas a posteriores justas electorales.

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Pero, un análisis más acucioso de las reivindicaciones de la comunidad científica nacional muestra que la reivindicación principal es la de disponer de una política de Estado en materia de Ciencia y Tecnología. En sucesivos estudios realizados por la Academia de Ciencias y las Sociedades Científicas, ha quedado en evidencia que nuestro país adolece de la falta de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica, que sea independiente de los gobiernos de turno.

Diferentes gobiernos han creado instrumentos para incentivar la investigación, motivados por la existencia de una productiva comunidad científica nacional. Entre esos, el más antiguo y más ampliamente utilizado ha sido FONDECYT, otros, han tenido vidas más efímeras, en no pocos casos producto de visiones más bien individuales que inspiradas en estrategias de desarrollo de largo alcance, fraguadas en amplia consulta a la comunidad académica.

Al iniciarse un nuevo gobierno que pretende hacer importantes cambios estructurales en el Estado, esta comunidad está a la espera de que se promueva una amplia discusión nacional al respecto. Se ha recordado por ejemplo, que la ley que dio nacimiento a CONICYT estableció la generación de un Consejo Nacional de Ciencia. Éste quedó en receso el año 1973 y ningún gobierno ha tomado a cargo su reactivación. Es hora de que este Consejo se reconstituya con la debida consulta a la comunidad científica, dando inicio a un proceso de debate nacional sobre la institucionalidad requerida para impulsar estratégicamente la investigación científica y la innovación en nuestro país. De manera más precisa, para garantizar que este Consejo elabore una política de desarrollo de largo plazo, con verdadera independencia del gobierno en ejercicio, se propone que sólo un tercio de sus miembros sea designado, en tanto los dos tercios restantes sean elegidos entre pares. A este respecto, hay numerosas bases de datos (FONDECYT, Sociedades Científicas, Academia de Ciencias) que pueden ser usadas para hacer un catastro de los científicos elegibles y con derecho a elegir. Indudablemente, la creación (o reactivación) de este Consejo tiene la mayor prioridad con respecto a otras medidas institucionales.

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A la luz de la experiencia de los países que forman parte de la OCDE, es ciertamente importante avanzar en la instalación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que sea un órgano ejecutor de las políticas decididas en el Consejo. Pero, conviene ver esta instalación como un proceso que comience con una Subsecretaría en el Ministerio de Educación que asuma como primera tarea recuperar la gestión de los diversos fondos de financiamiento de la investigación en el país. Gradualmente, haciéndose cargo de otras reivindicaciones muy sentidas como la Carrera del Investigador, la inserción de doctorados en la Educación Superior o en la industria nacional, realizando un muy serio estudio sobre materias presupuestarias, podría esta subsecretaría devenir un Ministerio. Los Ministerios de Ciencia de los países de la OCDE pueden en este tema ser de una gran ayuda, con asesorías técnicas que ayuden a traspasar experiencias de diseño presupuestario en estas materias.

El desarrollo de nuestra investigación científica es de importancia estratégica para la nación. Así lo han entendido Brasil y otros gobiernos latinoamericanos. Una adecuada política de intercambio en estas materias reforzaría nuestras relaciones exteriores y ayudaría a generar soluciones innovadoras para cruciales problemas de nuestro desarrollo como la energía, la educación, la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

La importancia de la participación de los trabajadores en la conformación de la política de ciencia, tecnología e innovación. Víctor Mourão

Víctor Mourão
Profesor ICSA/UFOP; Doctorante en Sociología IESP/UERJ, Brasil

Mayo de 2014

La discusión sobre la ciencia, tecnología e innovación (CTI) normalmente está revestida de un carácter tecnocrático que expulsa las posibilidades de participación de los trabajadores y de la sociedad de manera más general en sus determinaciones políticas. En este breve texto, pretendo argumentar que hay una serie de razones que justifican la inclusión de los trabajadores en el proceso de deliberación de CTI.

Primeramente, es importante establecer algunos elementos conceptuales para entender la relevancia de la participación de los trabajadores en los espacios decisorios de las políticas públicas de CTI. Esa importancia posee aspectos técnicos y políticos. La literatura sobre innovación siempre resalta el aspecto interactivo que precede los procesos de innovación y de acumulación de capacitaciones tecnocientíficas. Procesos de aprendizaje por uso (learning-by-using) (típico del usuario de tecnologías) y aprendizaje por creación (learning-by-doing) (típico del productor de tecnologías) son importantes, pero deben ser además complementadas por procesos de interacción que permitan impulsar estos procesos de aprendizaje (learning-by-interaction) (Lundvall, 1985; 1988). Así, para que avances tecnológicos y científicos ocurran (o sea, para la innovación tenga lugar) una de las fuentes informacionales fundamentales se da en el proceso de interacción entre productores y usuarios de las tecnologías. Los trabajadores son no sólo los usuarios de las tecnologías productivas (y por eso fuente fundamental de las informaciones sobre la utilización eficiente y funcional de estas tecnologías), como son también identificadores de obstáculos tecnológicos y potencialmente pueden apuntar donde las trayectorias de desarrollo tecnológico pueden darse. Más allá del conocimiento codificado presente en manuales de operación de máquinas y en los libros dedicados a campos de saberes delimitados, hay un conocimiento tácito que es fundamental para el proceso de innovación. Es el reconocimiento de este tipo de importancia que debe ser considerada en la esfera política de representación y de participación del sector laborista en las determinaciones políticas ligadas a la CTI.

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Sin embargo, y de manera análoga a otros espacios decisorios de políticas, esa participación siempre fue bastante restringida. En el ámbito de la experiencia brasileña, por ejemplo, esa participación fue bastante limitada. Una apreciación de los espacios decisorios del área evidencia la poca influencia que los trabajadores poseen en este debate. El Conselho de Ciência e Tecnologia Federal (CCT), creado en 1996, posee básicamente una representación bipartita, dividida entre 14 miembros representantes del gobierno, 6 miembros de entidades de representación de la comunidad científica y 8 miembros representantes de los productos y usuarios de C&T (compuestos de empresarios y científicos). Hay así preponderancia en la composición de miembros del gobierno, con gran representación de la comunidad científica y, en menor escala, de empresarios. Representantes sindicales, de los trabajadores o de los técnicos, no se encuentran presentes: ni incluso el Ministerio del Trabajo figura en los 14 miembros gubernamentales . En el Consejo Director del Fondo Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), órgano fundamental de financiamiento de proyectos de investigación tecnocientífica en Brasil, es posible contar 10 representantes gubernamentales, 3 representantes de empresas, 3 de los científicos/investigadores, y apenas 1 representante de los trabajadores del área de ciencia y tecnología. En los comités de las agencias públicas de fomento a la investigación, hay fuerte presencia de investigadores/científicos que determinan los criterios de distribución de financiamiento y de inversiones en investigación. La literatura que intenta identificar cuáles son los grupos dominantes en el ámbito de la PCTI brasileña oscilan entre una interpretación que coloca a la comunidad científica (o un parte de ella) como actor hegemónico (Dagnino, 2007; Dias, 2012) y una posición que muestra la política de ciencia y tecnología en Brasil como favoreciendo fundamentalmente al gran capital (Morel, 1979; Valla y Silva, 1981; Chesnais, 1983).

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Fuera del ámbito institucional, el movimiento sindical llegó a posicionarse en lo que se refiere a CTI en Brasil, pero de manera bastante marginal, y nunca logró constituir un proyecto hegemónico. Algunos momentos fueron propicios para la producción de reflexiones sobre la relación entre movimientos de trabajadores y la política de CTI. Cito aquí especialmente dos: en 1985, con el Debate Nacional de Ciencia y Tecnología para una Sociedad Democrática, y en 2010, en la IV Conferencia Nacional de CTI. En el primer caso, el momento histórico es fundamental: la transición democrática brasileña traía a la palestra la necesidad de abrir el sistema de CT a las demandas democráticas después de serias críticas de la propia comunidad científica sobre el carácter tecnocrático (y aislado) de la política de ciencia, tecnología y innovación (PCTI) brasileña (Valla y Silva, 1981; Fernandes, 2000). La organización de ese debate tenía en vista ese propósito, aunque había sido incorporada apenas de manera marginal a la producción sindical sobre el tema. El Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), especie de think tank sindical, organizó, en la época, un seminario que resultó en un texto con recomendaciones que fue incorporado en el informe final del Debate – a pesar de no integrarlo oficialmente – pues “fue considerado por el [Ministerio de Ciencia y Tecnología] MCT como contribución del sector trabajo para el Debate Nacional” (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 1986). Ahí se resalta la apreciación de que la cuestión de CT tiene un nexo fundamental con el modelo de desarrollo nacional; los trabajadores, como productores de bienes y servicios nacional, deben participar en la definición y conducción del uso de tecnologías en el país, de manera de asegurar que este uso no sea apropiado por las capas sociales dominantes y que atienda prioritariamente necesidades sociales. Hay gran temor en relación a la concentración de poder de decisión sobre política tecnológica; a la generación de desempleo, a las exigencias de calificación y a la disminución del poder de negociación. Se busca el aumento de la participación del sector en instancias que deciden las políticas tecnológicas, sea en el gobierno o en la fábrica, la apropiación de los beneficios de productividad surgidos de las innovaciones y la garantía de estabilidad en el empleo, el acceso a entrenamiento y calificación, además de una determinación política del desarrollo tecnológico para que ese vuelque para las necesidades de la población más necesitada y vulnerable (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 1986).

En 2010, ocurrió la IV Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con nueva participación del DIEESE, esta vez interna, pero también bastante marginal. En líneas generales, se puede percibir una continuidad de las propuestas, con proposiciones próximas a la de los grupos desarrollistas. Aunque mencionados, los temores relacionados con la cuestión del empleo parecen ser menores. Una cuestión fundamental es la de los condicionamientos sociopolíticos del proceso de innovación, que determinarán el modelo de desarrollo nacional y el modo de distribución de los excedentes generados por el crecimiento de la productividad oriundos de la introducción de innovaciones tecnológicas. Además, llaman la atención para el hecho de que el dispendio en innovación, tal cual medido por la Pesquisa de Innovación Tecnológica (PINTEC), es mayormente realizado a través de gasto en máquinas y equipamientos, con poquísima inversión en capacitación y entrenamiento de personal (Lúcio y Jager, 2010; Marcolino, Uehara et al., 2010).

Podemos aún percibir, a partir de la investigación realizada por Fernando Cotanda en torno de las negociaciones colectivas de trabajo realizadas por sindicatos ligados a la CUT en las décadas de 1990-2000, cómo las discusiones sobre CTI fueron pactadas en ese ámbito. Siguiendo a este autor, el tema de la innovación fue tratado en estos acuerdo de manera “defensiva, genérica y contingente”, y con poca efectividad. Cotanda defiende que es necesario perfeccionar la capacitación de la clase trabajadora para conseguir aumentar el poder de influencia de los sindicatos en esos procesos de innovación tecnológica en las empresas (Cotanda, 2008).

O sea, se percibe que la clase trabajadora estuvo disminuida o no cumplió un papel relevante en la determinación de la política y de las orientaciones estratégicas tecnológicas, sea en los comités estatales, sea en las conferencias amplias organizadas por el Estado brasileño para consultar a la sociedad civil sobre temas de CTI, sea en los procesos de negociación entre empresa-sindicato. Este extrañamiento (o, si se prefiere, alienación) impide que los procesos de interacción se den de manera más contundente, impidiendo que informaciones y conocimientos se difundan por los espacios productivos y políticos nacionales, representando un sesgo político en relación a aquellos grupos que están representados y que poseen, por consiguiente, mayor capacidad de determinación de la PCTI. Este carácter aislado de la PCTI, como ya fue dicho, posee consecuencias no menores en las prioridades, contenidos y efectividad de esta política. Es tautológico que una consulta restringida sobre los objetivos y prioridades en el ámbito de la CTI no pueda representar lo que la sociedad, de manera general, reivindica como la mejor opción para este ámbito.

En resumen, se trata básicamente de tres razones que fundamentan la importancia de la participación de los trabajadores en los comités y consejos responsables por la PCTI en un país: (1) una razón política, ya que la conformación de una política necesita de una base sociopolítica de legitimidad en la sociedad, y la participación de la clase trabajadora en los espacios decisorios aumentará el grado de legitimidad de estas políticas; (2) una razón reflexivo-organizacional, ya que la organización de espacios de representación donde trabajadores estén presentes puede auxiliar el proceso de intercambio de informaciones sobre los procesos productivos en la economía como un todo, fortaleciendo la capacidad de identificación de problemas y de proponer soluciones; (3) una razón de eficacia técnica de los procesos de acumulación de capacidades tecnocientíficas, ya que el proceso de innovación es interactivo, siendo necesaria la interacción efectiva entre los responsables por la innovación para que el intercambio de informaciones y conocimientos se dé positivamente. De esta manera, son varias las razones que sustentan una definición no-tecnocrática de la PCTI de un país y no hay una justificación técnica, política u organizacional para aislar al sector trabajo de este ámbito de participación.

Referencias Bibliográficas

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MARCOLINO, A. et al. Desenvolvimento, Inovação e os Trabalhadores. Subsídios para a Participação do Movimento Sindical na 4a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia & Inovação 2010. Disponível em: < http://www.dieese.org.br/notatecnica/2010/notaTec88CienciaTecnologiaInformacao.pdf >.

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