Sobre el caso CAVAL. Jorge González Guzmán

No puedo negar que me sorprendió enormemente el escándalo que se armó con el llamado “caso CAVAL”. Y me sorprendió, porque ese tipo de especulaciones inmobiliarias es pan de cada día, además de ser completamente legal. A lo largo y ancho del país se compra y se vende, según la oferta y la demanda, terrenos particulares. Las ganancias pueden ser pocas o muchas, incluso puede haber pérdidas, cuando el que hace el negocio es poco diestro en prever los precios respectivos. Se trata de negocios propios y típicos del sistema en que nos encontramos, el sistema neoliberal. El que Sebastián Dávalos sea el marido de una socia de la empresa que hizo el negocio (CAVAL), no lo hace ni más ni menos aceptable: el negocio se hizo estrictamente dentro del marco de nuestro sistema económico. Si en este caso algo es feo, no es el actuar particular de Dávalos, sino el sistema que dio el espacio para hacerlo. No deja de ser curioso el que precisamente quienes defienden y promueven este sistema sean los que rasguen vestiduras y se escandalicen porque alguien haga uso de él. Se ha dicho que lo malo en este negocio es que la empresa CAVAL ha hecho uso de información privilegiada, tráfico de influencias y, ahora incluso, estafa. Pero la realidad parece ser otra: información privilegiada no la hay de ningún modo, pues era de público conocimiento el proyecto de cambio de suelo en la zona de Machalí , de rural a urbano, con la consiguiente alza en los precios respectivos. Ahí es el sistema el que abre las puertas a la especulación. Además, hay que tomar en cuenta que los alcaldes de Machalí y Rancagua son militantes de la UDI, que el síndico que licitó los predios es Herman Chadwick (hijo) y que los antecedentes de la venta eran por concurso público. Tráfico de influencias no existe, pues Dávalos no era funcionario público al momento de pactarse el negocio. Además, él no era socio de la empresa sino su esposa, con la cual tiene separación de bienes. Que haya acompañado a su esposa en la entrevista con Luksic es natural, y que Luksic haya aprobado el préstamo también lo es: los préstamos bancarios se hacen en relación a la confianza que tiene el que otorga el préstamo de que el que lo recibe cumplirá con el pago respectivo. En todo caso eso es responsabilidad de Luksic, que se arriesgó y sacó de hecho una tajada en intereses de 500 millones, además de los intereses que recibió por el préstamo que le hizo a Hugo Silva, que fue quien compró a CAVAL los terrenos. Es decir, el Banco Chile prestó a CAVAL para comprar el terreno y a Silva para que CAVAL pudiese venderlo: ganancia especulativa por lado y lado. Finalmente, CAVAL ha sido acusado de estafa por el mismo empresario, Hugo Silva, ante la posibilidad de que el terreno no cambie su uso, al menos a corto plazo, como si la decisión al respecto fuese de una empresa privada, al margen de la institucionalidad.

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¿Hay algo feo en todo este negocio? ¡por supuesto que si! Pero lo feo es la estructura económica en que nos encontramos, donde el sistema financiero hace sus negocios velando solo por su interés y no en el interés del país. Nuestro sistema promueve y elogia el emprendimiento, sin importarle el tipo de emprendimiento: una empresa es una buena empresa si acaso obtiene utilidades. El cómo las obtiene no interesa, salvo en casos muy excepcionales, como cuando las obtiene traficando drogas o seres humanos. En otras palabras, las restricciones son pocas y los resquicios son muchos.

Se ha opinado sobre el hecho que sea un hijo de la presidenta (más precisamente su nuera) quien ha haya hecho uso de las posibilidades de nuestro sistema económico para obtener ganancias, lo que sería un revés irreversible para el gobierno. No me parece. Pronto la atención estará puesta en las nuevas reformas sobre educación: des-municipalización, carrera docente, educación superior. Sin duda entonces la gritería se centrará allí y el Tribunal Constitucional tendrá un montón de trabajo: la derecha no se va a conformar con su derrota y acudirá al Tribunal, con los más peregrinos argumentos, tal como los que ya ha presentado sobre la Ley de Inclusión ya aprobada por el Parlamento.

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