Editorial (CDE nº 29)

El Gobierno de la Nueva Mayoría ha dado inicio a su ambicioso plan de reforma educacional. Así es como han sido enviados al parlamento proyectos de ley que pondrán fin al lucro en la educación escolar, terminando con el copago y la selección de alumnos en aquellas escuelas y/o liceos que reciban subvención estatal. Del mismo modo ya se tramita un proyecto de ley que crea la figura del interventor en aquellos planteles de educación que estén en riesgo de sustentabilidad por razones económicas y/o académicas.

Sin duda esto demuestra la voluntad política de cumplir estrictamente lo que dicho conglomerado político ofreció al pueblo chileno como programa de gobierno.

No hay duda, tampoco, que faltan otras iniciativas y proyectos de ley que completen el ámbito de la reforma. Sin embargo, también a estas alturas del proceso es pertinente señalar algunas deficiencias (o falta de información) que se han observado hasta aquí.

El movimiento estudiantil ha criticado el bajo (o nulo) nivel de participación en la elaboración de las distintas propuestas conocidas hasta hoy. En particular se critica el no conocer una hoja de ruta en relación al fortalecimiento del sistema público de educación escolar, la desmunicipalización, el fortalecimiento del rol del profesorado y los inevitables cambios curriculares que una educación escolar pública conlleva, los que no son ni conocidos ni se está generando un adecuado nivel de participación de la comunidad escolar (profesores, alumnos y apoderados) en torno a ellos.

Los estudiantes secundarios, con razón, reclaman mayor participación de ellos y los profesores en temas como la evaluación escolar (¿fin a la medición estandarizada?),y el método de selección universitaria, entre otros.

El ministro de educación ha señalado reiteradas veces el carácter sistémico de la educación, y tiene razón. Por ello es necesario que los estudiantes, los profesores y los padres conozcan ese alcance sistémico de la reforma. Es posible que por razones políticas (obtener aprobación de proyectos en el parlamento) se debilite el conocimiento y alcance sistémico del proceso de reforma y terminemos enfrascados en discusiones menores respecto de particularidades de tal reforma.

El árbol de decisiones debe ser conocido por el movimiento estudiantil, y los ciudadanos debemos conocer cómo es que se instalará en Chile una educación escolar pública, gratuita y de calidad.

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A la luz de estos elementos es necesario tomar los resguardos y actuar proactivamente en relación con las iniciativas que atañen a la reforma en la educación superior, universitaria y de formación técnica.

Respecto de ello la información pública es parcial, y ya algunos actores (CONFECH, y Consejo de Rectores de Universidades del Estado) han expresado preocupación por el nivel de participación en la formulación del proyecto.

Algunas declaraciones señalan que se mantendría el financiamiento a la matrícula vía voucher (¿Deberán las universidades del Estado seguir destinando recursos escasos a publicidad para poder competir por ese financiamiento?).

También algunas declaraciones señalan que habría un financiamiento basal especial para las universidades del Estado y que una parte importante del financiamiento se haría por la labor de investigación de universidades acreditadas.

Nada se ha dicho de otra función de toda universidad: La extensión.

Chile ya tuvo una reforma universitaria en los años sesenta, y fue exitosa. No se debe olvidar la clave del éxito de dicha reforma que fue la participación.

En dicha reforma no sólo la participación de las comunidades universitarias sino de todo el pueblo fue crucial, pues cuando hablamos de investigación y de extensión necesariamente hablamos de un proyecto país.

Nuevamente aquí no se debe perder de vista el objetivo: un sistema universitario público, gratuito y de calidad.

Siempre será bueno y mejor que los cambios sean motivo de discusión, y por ello nos alegramos de estar conversando de educación, pero más nos alegraremos si en esa conversación participamos todos. Aunque es posible que esta falta de participación obedezca a que el proyecto se encuentre distante de su formulación final, pues acabamos de conocer (El Mercurio, 22.06.2014) que el Ministro de Educación propone una red pública de colegios abierta a los particulares subvencionados, con nuevo financiamiento y Estatuto Docente. Esta vez, el ministro plantea la necesidad de mayor interacción con los ministros. Con seguridad, la clave es demorarse un poco más e incluir un amplio debate con los actores involucrados, entendiéndose por estos últimos aquellos con organización representativa a nivel nacional.

Todas estas observaciones obedecen a que queremos una mejor educación pública para un Chile más democrático, inclusivo y justo.

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