El Sistema de Acreditación de la Educación Superior en Chile. Por Ricardo López Erazo.-

Antecedentes históricos:

Desde el mismo 11 de septiembre de 1973, la dictadura de Augusto Pinochet, intervino el sistema de Educación Superior en Chile.

Los “Rectores Delegados” impusieron la barbarie, la persecución y pusieron fin a una comunidad universitaria que había realizado un proceso de reforma democrática que nos prestigiaba a nivel mundial.

Nuestras Universidades, después del proceso de reforma de los años 60’s, desarrollaban docencia, investigación y extensión con un gran reconocimiento de la comunidad universitaria y científica internacional, y además lo hacían en el marco de una estructura de gobierno triestamental.

Durante los años 1973 y 1980, la dictadura de Pinochet, se impuso la tarea de desmembrar la estructura universitaria chilena. Así es, como en estos años el gobierno de Pinochet instala una máquina de moler universidades hasta que logra una situación de atomización que permite iniciar aventuras capitalistas que deseen lucrar con la educación superior.

La guinda de la torta vendría a ser la Ley 20129, también conocida como la Ley de Acreditación de la Educación Superior. En Octubre de 2006, se promulga esta ley que viene a inclinar, aún más, la cancha a favor de los inversionistas privados de la educación superior.

Diagnóstico:

Transcurridos 30 años, después de atomizado y sometido a las cadenas del autofinanciamiento, el sistema público (y tradicional) de Educación Superior no ha podido ser abatido del todo por los “eficientes consorcios privados, nacionales e internacionales

¿Qué falta por hacer?

HOMOLOGARLOS: Intentar que parezcan iguales, que el “mercado” perciba que un título de aquí es igual al de allá, que los “eficientes privados” pueden dar más cobertura y cobrar menos- por eso- porque son más eficientes, son de excelencia…

SOLUCIÓN: La acreditación.

Después de más de dos decenios, en que la hipótesis neoliberal no se cumple, se hace necesario desnivelar aún más la cancha a favor de los mercaderes de la educación.

¿Pero cómo homologar Universidades de pizarra y plumón, con 90 % de académicos- hora, de bibliotecas ínfimas, de laboratorios inexistentes (en la mayoría de los casos), con Universidades que tienen bibliotecas y laboratorios, que cuentan con académicos de jornada completa, que no sólo realizan docencia sino también investigación y extensión?

Fácil, el Chilean way : un poco de talibanes neoliberales dispuestos a inmolarse por la “mano invisible”, una pizca de asesores y expertos con serios compromisos de intereses y la infaltable cucharadita de funcionarios de alto nivel inescrupulosos y dispuestos a venderse al mejor postor.

Si esta cazuela la cocinamos a fuego lento- y le agregamos unos condimentos de conceptos para que le den sazón: calidad, aseguramiento de la calidad, propósitos declarados, todo lo anterior con el objetivo de que no se contamine con participación de las partes interesadas, logramos el objetivo de homologar esperpentos de lucro en la educación superior con reales universidades.

Es necesario detenerse en un análisis más detallado de esta Ley (20129) para comprender sus reales alcances:

La columna vertebral de esta ley se alza sobre tres conceptos, los cuales son redundantes entre sí:

  • Autorregulación
  • Aseguramiento de la Calidad
  • Propósitos declarados.

La autorregulación, de mayor trasfondo ideológico, simplemente plantea la intención de cumplir con ciertos “propósitos declarados” de la entidad que pretende acreditarse.

Las exigencias con esta política de autorregulación no van más allá del disponer de políticas, mecanismos y controles que velen por el cumplimiento de los “propósitos declarados”.

No hay en esta autorregulación nada que valide la intervención, ni del Estado ni de partes interesadas (estudiantes, académicos, familias, Estado, entre otras) ni de la sociedad en su conjunto.

Así se introduce en la política universitaria un viejo dogma neoliberal, los mercados no deben ser intervenidos, mientras más desregulados más eficientes serán.

La desregulación, ha sido y será, un campo de batalla ideológico fundamental. La última (y no final) crisis capitalista gatillada en el mercado inmobiliario y financiero de EE.UU. se desata precisamente por la peculiar idea que los bancos pueden vigilarse de forma eficaz a si mismos.

En 1999, los lobbystas neoliberales americanos ganan una gran batalla . La Ley de Modernización de los Servicios Financieros termina con la Ley Glass-Steagall de 1933, aquella ley que surge después de la Gran Depresión. Esta ley pretendía evitar que se reprodujera la situación que los llevó, precisamente, a la Gran Depresión. La ley de 1999 es en esencia una ley “autorregulatoria” que en menos de diez años creó las condiciones para la crisis global financiera de 2008. (Ver J. Stiglitz, Caída Libre, Editorial Taurus)

Sin ir más lejos, el laboratorio neoliberal chileno nos muestra que esta “autorregulación” nos provee de cadenas de farmacias coludidas en contra de los enfermos, duopolios energéticos imponiéndonos “su solución”, la banca chilena obteniendo las mayores rentabilidades “autorreguladas”, entre otras.

Si la “autorregulación” primera piedra del neoliberalismo no funciona en ninguna parte, ¿Por qué deberíamos pensar que funciona en la Educación Superior?

El aseguramiento de la calidad, es un concepto que proviene de las normas de calidad de la familia de normas ISO 9000, el problema es que ya en esta familia de normas, a partir del año 2000,pasó a ser un concepto obsoleto.

El concepto vigente es el de gestión de calidad, la diferencia no es menor, el concepto vigente de gestión de la calidad exige al que pretende certificarse en esta norma, que someta a prueba su sistema con las partes interesadas con las cuales interactúa. El viejo concepto de aseguramiento de la calidad no planteaba esta exigencia y sólo dejaba en manos de la organización el establecer un sistema “autorregulatorio” (procedimientos y registros) que pruebe que lo que se dice que se va a hacer, se haga.

El tema de los “propósitos declarados” resulta ser también una triquiñuela neoliberal de mayor importancia: ¿cómo es posible homologar universidades que declaran sólo docencia y pretenden asimilarse con universidades que están empeñadas en desarrollar- además de docencia- investigación y extensión?

El pensamiento crítico, el compromiso del estudiante con su disciplina y con la sociedad a la cual pretende servir, no se puede desarrollar en una comunidad en que no haya investigación ni extensión.

De la misma manera no es posible confundir extensión con marketing. La rebuscada expresión de vinculación con el medio, no reemplaza la necesaria dialéctica entre universidad y sociedad que pretende un proyecto de desarrollo compartido por y para todos.

Esta ley de acreditación resuelve el problema simplemente por el expediente de los “propósitos declarados” y por tanto otorga acreditación aún a quienes no merecen ser considerados como una Universidad.

La docencia, la investigación y la extensión son las tres funciones que conforman la peculiaridad de una Universidad. O se realizan las tres funciones o no se es Universidad.

El actual ministro de educación, de manera acostumbrada por el “gobierno de excelencia” nos plantea que se viene una nueva ley de acreditación: la acreditación 2.0.

No informa de ningún aspecto relevante, no señala que aspectos negativos se tratarán de resolver, ¿habrá más autorregulación? Preocupémonos.

El actual Ministerio de Educación en manos de Lavín y sus asesores, todos ellos con evidentes conflictos de interés (debido a su participación directa o indirecta en Universidades Privadas “sin fines de lucro”), tendrá por objetivo, siempre, el crear condiciones cada vez más favorables para el desarrollo del “mercado” y la aniquilación del sistema público y tradicional. La acreditación es una variable importante.

Hacemos un llamado a nuestros lectores a participar en una reflexión colectiva en torno a un nuevo sistema de acreditación que refleje el real nivel de complejidad (y calidad) que tienen las universidades, el desempeño de las tres funciones debe ser ineludible, el gobierno triestamental también. De otro modo no estamos hablando de Universidad sino de otra cosa. Las páginas de nuestros Cuadernos de Educación están abiertas a su participación.

5 thoughts on “El Sistema de Acreditación de la Educación Superior en Chile. Por Ricardo López Erazo.-

  1. Pingback: JUVENTUD Y DEPORTES

  2. La ley 20129 la hizo Pinochet o Piñera? No te puedo creer que la firmara Bachelet. Alguien puede explicar esto? Los mercantilistas de la educación no estaban en la derecha? Para mi la Guinda de la torta es quien la firmo! Que interesante no?

  3. El articulo interesante, lamentablemente muy ideológico. Ignora y menos informa al lector quien reglamento en nuestro pais que las Universidades deben ser instituciones sin fines de lucro. No aclara tampoco quienes fueron los grupos que se dedicaron a tergiversar esta ley.
    La ley 20129 no fue dictada en gobierno de derecha. El lucro desatado en la educación superior se llevo a cabo durante los Gobiernos de la Concertación. Lo mismo con los mecanismos de explotación económicas de las familias de los alumnos.
    Aparte del lenguaje empleado por el autor con epítetos innecesarios como “talibanes” “moledora” y otros, me pareció interesante.
    Tengo, en educación una convicción fuerte, que debe ser fundamental: que es el fortalecimiento de la educación publica de calidad para todos y en todos los niveles, no solo universitaria. Esta es la defensa moral fundamental en un sistema democrático liberal.

  4. en Perú, en estos momentos se está imponiendo una nueva ley universitaria, cuyas modificaciones pretenden consolidar la llamada acreditación. Buena experiencia la de ustedes, que me nos dan la razona sobre este proyecto neo liberal, que no va a funcionar. Nos vemos

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