La coyuntura actual de la Educación Universitaria en la Quinta Región. Por Raúl Fierro Pradenas

Las manifestaciones estudiantiles de la Educación Superior ocurridas a nivel nacional y en particular en nuestra Quinta Región, dejan una vez más de manifiesto la profunda crisis que vive la educación pública chilena. Desde hace casi dos meses, al menos una de las casas de estudio superiores de la región se ha encontrado en paro o toma por los estudiantes, y en una buena parte de este período, las cuatro universidades tradicionales de Valparaíso han sido, simultáneamente, escenario de movilizaciones estudiantiles. Las razones parecieran ser diferentes en cada caso, pero, en definitiva, todas conducen a que el Estado debe asumir la responsabilidad de la educación en el país y a la necesidad de una Ley de Educación que recoja y corrija todas las falencias de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, en particular, lo referido a la democratización de las universidades.

En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el conflicto duró alrededor de cinco semanas, comenzando con un paro prolongado para luego transformarse en la toma de casi todas sus unidades académicas, lo cual motivó acciones de parte de Rectoría, en orden a desalojar las dependencias ocupadas. Este desalojo no se produjo, pues no contó con la aprobación judicial. La circunstancia provocadora de la toma fue la demanda por reivindicaciones asociadas al transporte público estudiantil, e importantes, aunque insuficientes, logros parecieran haberse alcanzado al respecto. Sin embargo, estuvo también presente el cuestionamiento de la LOCE y la exigencia de retirar de la discusión parlamentaria el actual proyecto de Ley General de Educación (LGE). Los principales puntos objetados de este proyecto guardan relación con la falta de responsabilidad del Estado en la educación, el lucro en ésta con recursos públicos y la municipalización de la enseñanza. A lo anterior se deben  agregar las demandas por la democratización de la Universidad, permitiendo la participación directa en el gobierno universitario de sus principales actores, a saber, académicos, estudiantes y funcionarios, quienes, constituyendo una instancia de expresión representativa, pueden colegiar la opinión de estos tres estamentos, por ejemplo, frente a situaciones anormales como las que aquí se mencionan. Al respecto, cabe señalar que el Consejo Superior de la universidad repudió por unanimidad y sin matices la ocupación de ésta. Unanimidad que no incluye a todos los estamentos, pues excluye a los estudiantes, quienes a través de su Federación y Consejo de Presidentes de Centros de Alumnos en todo momento apoyaron incondicionalmente la decisión de las bases. Se podría especular, quizás,  que académicos y funcionarios estuvieron de acuerdo con la declaración del Consejo Superior, pero esto no pasa de ser una especulación, pues ninguno de estos dos estamentos fue consultado al respecto. Todo esto es coherente con la normativa vigente, toda vez que la LOCE no contempla este tipo de consultas a los estamentos de la universidad. Por consiguiente, la opinión de este consejo sólo representa a quienes lo integran. Para ser justo, es preciso señalar que éste no se arrogó mayor representatividad de la que aquí se ha mencionado.

En la Universidad Santa María y la de Playa Ancha, el conflicto estudiantil obedeció a razones similares a las de la Universidad Católica de Valparaíso, con las diferencias naturales propias de realidades diferentes en cada plantel, pero, en el fondo, con causas que son comunes a la vida universitaria del país y de la región en particular.

Párrafo aparte merece la compleja situación de  la Universidad de Valparaíso, pues a las razones que afectan a todo el sistema universitario, se deben agregar las denuncias de corrupción declaradas por los tres estamentos. Estas acusaciones apuntan a la antigua administración, pero se sostiene que hasta aquí no se ha aclarado nada y varios de los personeros colaboradores de la anterior rectoría aún continúan en sus funciones. Esto fue suficiente para irritar a estudiantes, académicos y funcionarios. Como si esto fuera poco, se realizó una nueva elección de rector en un escenario que, tanto las respectivas organizaciones de estudiantes, como de académicos y funcionarios, aconsejaban postergar hasta aclarar  las irregularidades ocurridas durante la anterior rectoría, que, por lo demás, tiene sumida las arcas de la universidad en una deuda de más de 23 mil millones de pesos. Poco antes de la elección, y con motivo de ésta, los estudiantes iniciaron movilizaciones, culminando con la toma de la mayoría de los recintos universitarios. A su vez, los funcionarios de la universidad paralizaron actividades, y también lo hicieron los miembros de la Asociación de Funcionarios Académicos. Finalmente, no se recogieron las demandas de estos sectores y la elección se realizó, dicho sea de paso, de manera bastante irregular, dado que no se informó de manera apropiada el lugar de votación, se ejecutó con la universidad tomada y con la franca protesta de las organizaciones estamentales ya indicadas. El resultado, en términos generales, fue el siguiente: de un universo de 1067 académicos con derecho a voto, sufragaron 556, saliendo elegido el académico de la Escuela de Derecho Aldo Valle Acevedo con 341 votos. Hubo 73 votos nulos  y 9 votos blancos. Otros dos candidatos a la elección resultaron con 71 y 62 votos, respectivamente. El profesor Valle obtuvo el 61% de los votos emitidos, y la votación válidamente emitida, descontando nulos y blancos, alcanzó el 44%, muy por debajo del porcentaje histórico en una votación de rector en esta universidad. La diferencia entre el porcentaje de votación histórico y el aquí indicado, obedece a votantes que no fueron informados de la fecha y lugar de votación, otros que no votaron por el carácter conflictivo de esta elección, y un tercer grupo correspondiente a quienes no votaron por considerar ilegítima la realización de este evento en las circunstancias ya señaladas. Es obvio que la legitimidad de esta elección esté cuestionada.

Es posible que esta elección sea impugnada, o bien que el rector electo asuma funciones como tal. Pero esto ha significado un retroceso para los académicos que se manifiestan en defensa de la Educación Pública, por la democratización de la Universidad y, en general, por la derogación del contenido en la LOCE. La razón de lo señalado proviene de la división entre los que legitiman y los que no, esta elección de rector. Esta división sin duda quita fuerza al cuestionamiento más profundo de las causas de la crisis de la Universidad de Valparaíso. Principalmente, han sido los estudiantes quienes han planteado demandas que van más allá del cuestionamiento de la elección. Este estamento estableció un petitorio de cuatro puntos, consistente en:

1) aclaración de la situación de la universidad mediante una auditoría externa,

2)  elecciones triestamentales,

3) elaboración de nuevos estatutos orgánicos para la universidad con la participación de los tres estamentos, y

4) compromiso económico del Estado con la universidad en crisis, por el carácter estatal de ésta. Los otros dos estamentos, académicos y funcionarios, aunque con énfasis distintos, también plantean demandas similares. Sin desmerecer las críticas a la legislación en educación, sin duda el objetivo común de los tres estamentos de esta universidad es salvar del derrumbe esta institución, para lo cual se demanda la participación estatal y se permanece en estado de alerta ante posibles soluciones neoliberales, que junto con mermar la calidad  de la universidad como desarrollo del conocimiento, se acompañan de una serie de despidos que incrementan el conocido drama que vive nuestra sociedad.

Opiniones un tanto suspicaces señalan la intención de hacer sucumbir estas instituciones públicas con el propósito de que manos privadas les tiendan una mano y así el Estado pueda desligarse definitivamente de esta responsabilidad. Independientemente del valor de verdad de esta afirmación, serán los estamentos universitarios quienes, encontrándose exigidos al máximo en la toma acertada de acciones y decisiones, conduzcan el movimiento hacia la solución definitiva de la crisis que vive la educación superior en nuestro país.

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Como grupo de académicos de izquierda mantenemos desde hace un tiempo una reflexión acerca de la educación superior en Chile. En conocimiento de que otros colegas han estado preocupados por una problemática similar, y han elaborado trabajos al respecto, les invitamos, por medio de esta hoja a debatir en conjunto. Esperamos que este sea el embrión de una futura discusión que no dudamos será enriquecida gracias al debate. Por supuesto que para que este debate rinda frutos, debe incluir a todos quienes estamos por un nuevo sistema universitario, razón por la cual desde ya invitamos a contribuir en números posteriores a quienes entiendan la Universidad de manera no funcional al actual modelo económico. Esperamos que esta publicación sea un aporte para quienes vivimos con entusiasmo y espíritu crítico el quehacer universitario, y ojalá también ella contribuya a instalar en el ambiente académico una discusión que permita resolver profundas contradicciones que todavía se arrastran desde la dictadura, como son los problemas globales de la educación en nuestro país.

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