El trabajo precario en la educación superior chilena . Por Alejandro Aguilera Moya

I

Es extremadamente interesante analizar como los procesos sociales, históricamente, vanb suscitando cambios. Algunos de ellos tan profundos que indican un cambio de era o de una nueva forma de pensar la producción o la manera de interrelacionarse y otros, que al no ser tan profundos, se acumulan de forma cuantitativa de tal modo que son una condición suficiente para la ocurrencia de los primeros. El natural paso de lo cuantitativo a lo cualitativo. La Historia está llena de ejemplos que clarifican la idea anterior.

Resulta, por tanto, fácil comprender los objetivos de la movilización social hoy por estos días y en  tiempos precedentes la acumulación necesaria de fuerza social para la generación de cambios positivos para las grandes mayorías.

La movilización queda entendida como un proceso social o estado de conciencia colectiva con aspiraciones políticas comunes y de carácter estratégico que, en general, tienen que ver con la disputa de espacios de poder y la consiguiente transformación del orden imperante; o en algunos casos, la obtención de mayor representatividad en una institucionalidad estrecha. La movilización social tiene, siempre, objetivos políticos cuya envergadura y profundidad dependen de las condiciones sociales que lo han gatillado y de las condiciones y necesidades democráticas de quienes levantan desde la base de la sociedad dicha manifestación popular. Así, las movilizaciones pueden ir desde reivindicaciones locales, gremiales o laborales, medioambientales, religiosas, etcétera hasta la disputa total del poder central en cuyo caso hay presencia de partidos políticos (que representan sencillamente los intereses de cada clase) e inclusive diversos tipos de lucha y enfrentamientos.

Las fuerzas sociales movilizadas de manera consciente, o en ciertas ocasiones de manera intuitiva, utilizan un mecanismo que revela y pone de manifiesto dramáticamente la incapacidad del modelo social en curso para dar una respuesta efectiva a los requerimientos políticos del bloque social movilizado. Este mecanismo es conocido como Ruptura Democrática.

La Ruptura Democrática, como decíamos, tiene por objetivo evidenciar la incapacidad del modelo político-económico imperante de producir espacios  de conducción política del poder central de manera verdaderamente democrática, esto es, una conducción que asegure la participación amplia y efectiva de todo el tejido social en las definiciones  políticas más trascendentales de la sociedad, la justa aspiración social de abrir el control del Estado a las grandes mayorías. De este modo, las legítimas aspiraciones sociales que mencionábamos, representadas de manera concreta en la movilización, son bloqueadas por leyes, regulaciones, aparatos e instituciones fácticas, individuos, etcétera, etcétera que favorecen y resguardan intereses particulares y minoritarios en oposición a intereses colectivos con objetivos democráticos. Este bloqueo produce, necesariamente, la ruptura institucional entendiendo ésta como el cese de actividades productivas o sociales en general, debido a paros, ocupaciones, huelgas, acciones de aparatos represivos, enfrentamientos y diversas formas de lucha frontal. Dependiendo del contenido político en disputa la ruptura democrática radicaliza las posiciones en la  sociedad e invita al conjunto de esta en hacerse parte o no en las definiciones fundamentales que sustentan la movilización.

Por otro lado, muy importante es no confundir la movilización social con la marcha, la huelga, los mítines, la toma, etcétera. Estas últimas son simplemente expresiones que, en general, debiesen ir en ascenso y responden a la temperatura del conflicto, es decir, estas formas de lucha debiesen tener un carácter ascendente dependiendo de la agudización del conflicto, lo cual va en función de la temática en disputa y de las trabas que el modelo político-económico vaya levantando. Así, y por ejemplo las expresiones de lucha mencionadas anteriormente son la cara visible del enfrentamiento político y social que se vive (en el sentido de la ruptura democrática). La movilización social, de este modo, empieza inmediatamente apenas circulan ideas que reflexionan el modelo social u orden imperante, ya sea en una conversación, en una pequeña reunión, o en alguna asamblea.

A modo de ejemplo del como la movilización social en el ámbito universitario va generando cambios de carácter histórico, podemos citar: en la Universidad Católica de Chile la movilización estudiantil de los años 67 – 68 llevó al arquitecto Fernando Castillo a ser el primer rector laico de dicha casa de estudios y al ser el primero en cuya elección participaron de forma activa los estudiantes (llegando a ser su propio candidato). Consignemos, además, que esto significó el inicio de un proceso generalizado en las universidades chilenas conocido hoy en día como “Reforma del 68”. Reforma que contaba con la democratización universitaria como idea fuerza o eje central. Este proceso, cargado con un amplio sentimiento patriótico, razonado y discutido en el Chile de finales de la década de los 60 fue bruscamente interrumpido por la más nefasta de las dictaduras militares del cono sur permutando la democracia universitaria, en la más fina de sus construcciones, por la ocupación militar de rectorías y otras instancias de dirección al interior de las universidades. Este proceso significó un grave retroceso para la educación superior chilena, fue causa de la desaparición alevosa de valiosos académicos –inclusive de rectores y decanos1-, la exoneración de otros tantos y la clausura de programas enfocados al área social. Comenzó de este modo el desmantelamiento del sistema de educación superior, ya sea por reducción de recursos estatales pasando de un histórico 2% a poco más de 0,5% del PIB, por la modificación arbitraria e ideológicamente mezquina de programas de pregrado y postgrado, por el cierre de sedes, por la supresión del carácter nacional de la Universidad de Chile, por la elección arbitraria del gremialismo fascista y la doctrina económica de la Escuela de Chicago como sustento ideológico del nuevo sistema de educación superior, etcétera.

Otro ejemplo más actualizado (también con un profundo valor histórico) es la movilización surgida en la Universidad de Valparaíso a fines del año pasado –a raíz de las falencias de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE como se conoce comúnmente-que finalizó con la salida del rector y la instalación por la vía de los hechos de un senado universitario compuesto por académicos, funcionarios y estudiantes. Este es un dato extremadamente importante entendiendo vigente la LOCE enclave ideológico de la dictadura y, quizás, principal motor de la progresiva derechización de la sociedad chilena. Es en la LOCE donde se encuentra el inicio del viraje en cuanto al concepto de Educación que la sociedad chilena poseía. De un derecho humano fundamental y motor de desarrollo efectivo a un bien de consumo transable en el mercado educacional con carteras de estudiantes y una gama de carreras inservibles con escaso impacto en algún plan de desarrollo nacional y que más aún cuentan con apoyo estatal complicando más todavía el suministro de recursos económicos a las universidades con carácter público. Es decir, los vedados recursos que existen para la educación superior en Chile deben ser distribuidos dentro de un mayor número de instituciones, donde muchas de ellas no se encuentran comprometidas con el desarrollo del país (sencillamente persiguen el lucro) y ofrecen programas de dudosa calidad.

Sin embargo lo anterior, el movimiento universitario chileno carece de movilización de académicos de la envergadura que presentan las movilizaciones estudiantiles. Por lo tanto, esta figura -la de académico, y principalmente, la de académico a dedicación parcial- emerge hoy en día como un actor social profundamente necesario en la reconstrucción y en la defensa de un sistema de educación superior, razonado y discutido en Chile, con las cotas económicas necesarias que permitan orientar la educación superior en el camino de solucionar las grandes problemáticas que aquejan al Chile de inicios del siglo XXI.

Es la movilización de los académicos a dedicación parcial (2) la que permitirá solucionar, además, –y aquí uno de los puntos centrales de debate en este documento- la precaria situación laboral, que por falta de recursos, tiene a un gran número de académicos en una posición inestable y con escasas posibilidades de desarrollo, tanto en el aspecto profesional e intelectual, como el aspecto laboral y de representación política al interior de la universidad.

Son los académicos, y principalmente los de dedicación parcial, quienes a fuerza de la ruptura democrática debiesen ser los protagonistas que, en conjunto con los estudiantes, perfilen un sistema universitario o de Educación Superior que sea protagonista central en un proyecto de desarrollo nacional; proyecto integrado socialmente, coherente y democrático, con miras a resolver las profundas necesidades (sanitarias, sociales, culturales, energéticas, etcétera) del Chile del Bicentenario.

II

La idea de un Estado Docente en nuestro país –directriz política que desde finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX era incluso defendida por los más acérrimos partidarios de derecha- es una idea escurridiza en todos los debates universitarios y que causa escozor en todos los sectores más afines al neoliberalismo y a sociedades de mercado. La ausencia de este Estado Docente, como uno de los perfiles del estado chileno y la existencia de la LOCE (hoy en día retocada superficialmente y reestrenada como Ley General de Educación) nos ha imposibilitado como nación el plantear un sistema de educación superior coherente con las necesidades fundamentales del país.

La construcción de este Estado Docente ha quedado bloqueada por un entramado de leyes y quórums que han impuesto en el sistema de educación superior chileno una visión mercantil e individualista de este importante sector estratégico nacional.

Prima, por lo demás, una mirada a corto plazo con instituciones que en base a subterfugios legales han transformado un derecho humano primordial en el más lucrativo de los negocios con carreras “a la moda” de nulo impacto en el desarrollo nacional. Se ha preferido este modelo de educación antes que un sistema educacional integrado y coherente enfocado a resolver, entre otras cosas, el perfil primario exportador de la economía chilena, al desarrollo las ciencias básicas, al cultivo de las artes y las letras, y en definitiva a todo modelo educacional que  permita  la reflexión crítica de la sociedad. Prima una insolencia en todo el sistema con respecto a lo que se entiende por calidad real de educación.Se ha permutado la excelencia por una calidad de supermercado tremendamente desechable. Es escandaloso, que en el Chile del Bicentenario los más lucrativos negociados son aquellos en donde más deficiencias sociales existen, la salud, la vivienda y la educación.

Todo este perfil neoliberal en el sistema de educación superior – ajeno a la realidad y a la historia chilena e impuesto bajo amenaza- ha desmembrado la esencia de la universidad en sus tres esferas de desarrollo: la docencia, la investigación y la extensión.

La definición de universidad en el sistema ha quedado relegada en la mayoría de las universidades, y por sobre todo las privadas, al aspecto docente. Y hoy por en día, están en serio peligro los otros ámbitos (i.e. investigación y extensión) en las universidades tradicionales que integran el Consejo de Rectores. No es posible que compitan universidades con orientaciones distintas en este dogmático mercado de la educación superior. Mercado en el cual coexisten universidades desde las que persiguen sin tregua el escandaloso lucro (3) a universidades que todavía sobreviven con variados programas de pregrado “poco rentables”. Debe procurarse hoy en día una defensa férrea de las universidades tradicionales con carácter público que aún mantienen un abanico general de programas y no sólo carreras “top” que aseguran el lucro.

Por otro lado, y sin ningún tipo de dudas, la universidad en el aspecto social (tanto las privadas como las de carácter público) poseen una estructura que es posible caracterizar a través de estamentos sociales definidos por la función productiva que cada uno de ellos cumple al interior de la universidad. Estos son: el estamento académico, el estamento funcionario y administrativo y el estamento estudiantil. Es decir, la estructura social universitaria que en su conjunto es llamada la comunidad universitaria posee un carácter triestamental donde cada uno de los estamentos que la conforman late con su propio ritmo, tiene sus propias problemáticas y formas disímiles de organización.

Así, pasamos del inmovilismo académico y sus asociaciones gremiales de académicos como expresión de organización, a la pasividad funcionaria (4) con organización a través de sindicatos de trabajadores, y finalmente, a la vertiginosa movilidad estudiantil que con sus federaciones y centros de estudiantes todavía (en las universidades tradicionales) marcan la pauta con respecto a lo que por movilización universitaria se entiende, que varían año a año en intensidad y contenido político. Además, en este caso presentan un carácter, digamos, más    “profesional” en cuanto a expresión política se refiere involucrándose generalmente en este movimiento, algunos partidos políticos que poseen destacamento juvenil y plataformas programáticas para el mundo estudiantil universitario.

El estamento académico en la universidad está compuesto principalmente por diversas jerarquías que varían dependiendo la universidad. Sin embargo, se distinguen en general: los profesores planta o jornada completa cuya principal función es el desarrollo de la investigación y en términos de representación pueden asumir plazas directivas, participación con voz y voto en los claustros, ya sea de institutos o escuelas y pueden también postularse a los cargos unipersonales de dirección política de la universidad. Están los profesores media jornada que pueden incluso asumir cargos anexos en los equipos de dirección en Institutos o Escuelas y también pueden participar en los claustros. Y finalmente la “planta” de académicos a honorarios, que realizan su trabajo profesional en cuanto a derechos laborales de forma precaria y cuya principal función universitaria es la docencia inicial en los programas de pregrado. Los académicos a dedicación parcial, en términos de representación política, no tienen posibilidades de integrar alguna estructura de dirección al interior de la universidad. Esta situación, es quizás, una de las causas por las cuales queda la impresión de que el profesorado a honorarios es un profesorado de segunda mano. Se trata, entonces, de que la universidad asuma que la investigación y la docencia son actividades fundamentales, y que asi bien se complementan, son en un principio distintas.

Otra de las ideas centrales de este documento está orientada a entregar algunos elementos de debate en torno a los académicos a dedicación parcial quienes hoy en día se encuentran en una desmejorada posición laboral, profesional y política al interior del mundo universitario. Es el eslabón más golpeado por la nueva forma de universidad impulsada por el neoliberalismo. Se entregarán ideas para iniciar un sano debate respecto de la función que este tipo de profesor realiza y el uso que la universidad hace, de manera consciente o no, de este tipo de académico. Entregar elementos de su situación laboral, de sus proyecciones al interior de una u otra casa de estudio, de la hipoteca profesional a las cuales son sometidos debido al sometimiento a extensas jornadas de trabajos (debido a lo cual difícilmente pueden continuar especializándose). Y en el aspecto político, a la imposibilidad de representarse, ya sea en espacios colectivos de dirección o unipersonales.

III

 

La impartición de la docencia inicial en programas de pregrado de prácticamente todo el sistema universitario chileno recae, principalmente, en el académico subcontratado (5) Esta situación es el punto de equilibrio entre el autofinanciamiento y el abandono estatal, en el caso de las universidades tradicionales, y el aumento escandaloso del lucro en las universidades privadas.

Existen muchas deficiencias en torno a la subcontratación de académicos que varían desde deficiencias en el aspecto laboral, profesional e intelectual hasta problemáticas de carácter psicológico.

En el aspecto laboral podemos mencionar que la falta de un contrato adecuado imposibilita a un profesional a que su mandante (o empleador) cumpla con las leyes sociales   que   establecen la básica inserción al sistema de previsión, ya sea este de jubilación o de salud. También, el goce de sueldo en el periodo estival –donde en el caso de los académicos subcontratados no existe ninguna posibilidad de efectuar labores profesionales en este periodo-y vacaciones pagadas. Inclusive la falta de un contrato adecuado y estable (y este es comúnmente el caso de los profesores jóvenes) imposibilita el acceso al sistema financiero quedando de este modo, en la mayoría de los casos, vedada la posibilidad de acceso a créditos para vivienda, para salud y de consumo en general.

Por otro lado, la inexistencia de contrato directo inhibe otro aspecto fundamental en el desarrollo de cualquier académico en la universidad: la posibilidad de formar parte de la actual “democracia universitaria” (6). Es decir, de su participación con derecho a voz y voto en órganos colegiados y el poder plantearse como candidato en instancias unipersonales de dirección, ya sea como director, decano, rector, etcétera.

En el aspecto profesional, este desregulado sistema de educación superior, en definitiva, ha puesto en roles antagónicos –desde la perspectiva de la producción y las remuneraciones- a la docencia y la investigación, cuando lo natural en estos casos es que se complementen y desarrollen a la par. Para lograr un sueldo, acorde con la responsabilidad social que implica el realizar docencia universitaria, el académico a dedicación parcial debe recurrir a una alta carga académica, que a la larga, desemboca en una baja en la calidad de la docencia que imparte. El paso a la planta docente de los académicos subcontratados implicaría actualizar el rol profesional del profesor, actualización que posibilitaría a la universidad encomendarle nuevas tareas, ya sea de perfeccionamiento profesional, desarrollo de textos iniciales, participación en seminarios que permitan el desarrollo de un alto estándar de calidad docente, o inclusive la participación con mayor protagonismo en grupos de investigación existente en la universidad, que a la larga impactaría positivamente en la calidad de la docencia. Esto último, sin duda, que elevaría a un mayor grado la calidad intelectual de los cursos iniciales, al tener el académico a contrata una visión más amplia, debido a su participación en la investigación, de los contenidos en los programas y la posibilidad de interconectarlos con los nuevos desarrollos.

Otro aspecto que señalamos es que la universidad de modo conciente o no, tiene al profesorado a contrata como uno de los pilares fundamentales del autofinanciamiento junto con los ingresos por concepto de aranceles cobrados a los estudiantes matriculados. Pongamos un ejemplo: una carrera de alta demanda como ingeniería, derecho o medicina que pagan un alto arancel y presentan auditorios muy numerosos –esta combinación es el pilar central del sistema financiero de la universidad–. A estos auditorios iniciales concurren los académicos a dedicación parcial quienes a bajo costo imparten la docencia inicial. La paradoja es que por la sección que aporta mayores ingresos a la universidad concurren académicos con un bajo valor de remuneraciones produciéndose de este modo un margen de ganancias que puede ser interpretado como algún tipo subsidio a la universidad; y al ser esta una práctica generalizada, al sistema de educación en general. El argumento esgrimido por las universidades es que de esta manera es posible financiar programas de bajo impacto económico en el presupuesto financiero de la universidad.Sin embargo, entendiendo este último punto como una natural forma de defensa de un amplio abanico de carreras, no deben ser los bajos sueldos de los profesores subcontratados y los altos aranceles por concepto de matrículas el pilar de un sistema de autofinanciamiento. Este rol es un absoluto deber del Estado.

Para finalizar ofrecemos algunos puntos que debiesen considerarse como fundamentales a la hora de la necesaria organización del mundo académico a contrata. Así, la tarea inmediata de los profesores a contrata de las universidades, públicas o privadas, de la región de Valparaíso debiese contener en agenda los siguientes puntos:

1.   Organización inmediata a través de algún sindicato de eventuales o alguna asociación gremial de académicos de dedicación parcial.

2.   Manifiesto –posiblemente generado a través de un Congreso o instancia similar-en el cual se plantee la recuperación de la legitimidad del académico docente y la equipare en los aspectos laborales y los relativos a democracia universitaria con el   académico   investigador.

Que el sistema universitario asuma la importancia de ambos roles y que sean mutuamente potenciados.

3.   Generación, a corto plazo, de un contrato concertado entre la universidad y el profesorado a dedicación parcial. Esto con el objetivo de lograr cierta estabilidad laboral que permita el justo desarrollo del académico y su incorporación al sistema de previsión, salud y al goce de todos los derechos laborales garantizados en la legislación chilena.

4.   Nuevos estatutos que contemplen a mediano plazo el paso voluntario (7) de los académicos subcontratados a la planta estable. Estatutos que establezcan tareas específicas para lograr un alto desarrollo de la universidad en sus tres esferas de acción: docencia, investigación y extensión.

5.   Formación continua y posibilidad de hacer carrera académica al interior de la universidad. Conquistar una universidad comprometida con el desarrollo de sus académicos.

6.   Inserción democrática de los académicos de dedicación parcial en todos los órganos de representación, ya sean colectivas o unipersonales.

7.   Participación de académicos subcontratados, con amplia trayectoria en alguna universidad, en la confección de programas en asignaturas iniciales.

8.   Remuneraciones que sean reflejos del alto nivel de preparación de los académicos subcontratados y el rol social de carácter fundamental de la docencia universitaria. Recordemos que en la mayoría de los casos de trata de profesionales con grado académico de Magíster, lo cual implica un mínimo de seis a siete años de estudio profesional más dos tesis de grado (una en pregrado) siendo en la mayoría de los casos trabajos finales con posibilidades de extenderse a la investigación.

9.   Forzar al Estado chileno a un mayor compromiso con el Sistema de Educación Superior.

En definitiva, las ideas entregadas en este documento tienen variados objetivos, desde hacer una llamado a la recuperación de la educación superior con carácter público, un sistema coherente de programas de pregrado y postgrado, y a la necesaria organización de los profesores a contrata quienes hoy en día ven postergadas muchas posibilidades tanto profesionales como laborales debido al autofinanciamiento del sistema de educación superior y a la férrea competencia existente entre universidades tradicionales y universidades privadas, siendo estás últimas un evidente desordenador del sistema.

Esperamos que este pequeño documento invite al debate. Así, el llamado está hecho, los elementos se encuentran en la mesa. Basta solamente insertarse en la movilización universitaria, que esperamos, en poco tiempo deje de ser terreno solamente de los estudiantes.

 

Notas

 

1 Este es el lamentable caso de Enrique Paris, Fernando Ortiz, Enrique Kirberg.

2 Se había pensado en nombrar a los académicos de dedicación parcial como académicos subcontratados, en el sentido que estos académicos aunque poseen un contrato con la Universidad, se trata de un contrato de menor categoría que, entre otras cosas, no los vincula ni con la Universidad ni con la legislación laboral vigente, es decir se trata de un “subcontrato”. Lamentablemente, hoy en día se ha puesto de moda el uso de la palabra subcontrato para referirse a un trabajo tercerizado.

3 Sin duda es escandaloso, puesto que en definitiva, se trata de la venta del efímero sueño de la movilidad social.

4 Un sitio aparte merecen los funcionarios de la Universidad de Playa Ancha quienes poseen un alto grado de organización y movilización a través de su sindicato AFUPLA.

5 Se entiende con este término un contrato de menor cuantía, generalmente bajo el sistema de “boleteo”.

6 Sin embargo, es completamente discutible que la participación política del profesorado a dedicación parcial en la conducción de la universidad dependa de una vinculación contractual. Podrían darse otras cláusulas que no dependan necesariamente de un contrato. Es decir, el de tener la facultad de integrarse a equipos de dirección política y académicas

7 El paso a la planta debe ser voluntario. Existen profesiones que presentan una alta remunerabilidad en el mundo del trabajo.

 

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Como grupo de académicos de izquierda mantenemos desde hace un tiempo una reflexión acerca de la educación superior en Chile. En conocimiento de que otros colegas han estado preocupados por una problemática similar, y han elaborado trabajos al respecto, les invitamos, por medio de esta hoja a debatir en conjunto. Esperamos que este sea el embrión de una futura discusión que no dudamos será enriquecida gracias al debate. Por supuesto que para que este debate rinda frutos, debe incluir a todos quienes estamos por un nuevo sistema universitario, razón por la cual desde ya invitamos a contribuir en números posteriores a quienes entiendan la Universidad de manera no funcional al actual modelo económico. Esperamos que esta publicación sea un aporte para quienes vivimos con entusiasmo y espíritu crítico el quehacer universitario, y ojalá también ella contribuya a instalar en el ambiente académico una discusión que permita resolver profundas contradicciones que todavía se arrastran desde la dictadura, como son los problemas globales de la educación en nuestro país.

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