EL GOBIERNO POPULAR (1970-1973). Por Ricardo López

Centenario del Salvador Allende (Segunda Parte)

Semanas antes del 4 de septiembre de 1970 se podía visualizar el carácter que tendría el Gobierno de Salvador Allende: desde cualquier cerro de Valparaíso, y ya de noche, eran visibles los cientos de miles de lucecitas rojas que competían a la par con las blancas y amarillas de las casas y alumbrado público que siempre han caracterizado a nuestro puerto principal. Eran las señales luminosas que miles de comités de partidarios de la Unidad Popular habían preparado y encendido durante los meses de campaña con el símbolo de la UP. Estos comités estaban integrados mayoritariamente por trabajadores, pobladores, estudiantes y dueñas de casa, que estaban marcando un hecho inédito en la política chilena: la derecha todavía pretendía escamotear el triunfo al pueblo, pero esta vez no podría, había un pueblo movilizado y unido tras un gran objetivo: conquistar el poder político para transformar a Chile en una patria más justa, democrática, participativa e independiente.

La participación popular.

Si se necesitara establecer una sola característica del gobierno popular, esta necesariamente sería la de la participación popular. Todo se hizo con el pueblo organizado y nada sin él. Nada de comisiones de “expertos”, ni de consejos de “sabios”, tampoco de acuerdos trasnochados en el Congreso para “consensuar” cambios que no cambiaran nada. El Gobierno Popular dio, desde el primer día de asumido el poder, señales claras y potentes respecto de la forma de gobernar que utilizaría Salvador Allende y la Unidad Popular.

El Programa de Gobierno había sido elaborado y ofrecido al pueblo para ser implementado, no para ser negociado y puesto en práctica en la “medida de lo posible”, por ello el primer gabinete ya incluía a cuatro obreros: Américo Zorrilla en Hacienda, Carlos Cortés en Vivienda, José Oyarce en Trabajo y Pascual Barraza en OO.PP.

Salvador Allende lo dijo muchas veces en campaña: se iba a poner en el primer lugar a los trabajadores y así se hizo.

La CUT se integró en todos los niveles de decisión, de ese modo las remuneraciones, jubilaciones, pensiones y montepíos fueron siendo mejoradas como nunca antes en la historia económica del país, muchos de estos reajustes se financiaron con cargo a utilidades excesivas de los empresarios y no a través de impuestos regresivos, como aumentar el IVA, que tanto gustan de aplicar los economistas neoliberales.

El salario mínimo real creció un 300% respecto del nivel de 1968, la asignación familiar de los obreros, empleados públicos y campesinos se acercó a la de los empleados particulares, de tal forma que en 1973 se podía comprar 39 kilos de pan con ella(la dictadura no tardó mucho en reducirla a 6 kilos y luego hacerla desaparecer).

La juventud chilena fue y se sintió protagonista de la historia y jugó un rol decisivo en el avance de las conquistas populares, su participación se canalizó a través del Consejo  Nacional de la Juventud, que sería el encargado de promover la organización y de resolver los problemas de los jóvenes. De las inquietudes juveniles surgieron grandes iniciativas culturales que aún hoy permean nuestra sociedad: Editorial Quimantú y el sello DICAP.

En el mundo campesino el nivel de organización creció un 168% respecto de 1969, con un total de 278.000 campesinos sindicalizados.

Los comerciantes, pequeños empresarios, transportistas, artesanos y todo tipo de trabajadores independientes vieron cumplido uno de sus mayores anhelos: la creación de la Caja de Previsión Social. (Ley 17.392 que la dictadura hizo desaparecer)

Los cambios comenzaron a ocurrir en todos los aspectos de la vida del pueblo. La Salud pasó a tener una preocupación prioritaria, los consultorios comenzaron a atender día y noche, creciendo las atenciones en un 32,2% en el primer año. La Universidad de Chile abrió carreras vespertinas de médicos y enfermeras, aumentó el número de dentistas (31,5%), se capacitó a 3000 trabajadores para participar en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. En 1972 el gasto en salud fue de 3,5% del presupuesto nacional, en tanto que durante la dictadura bajó a 0,6%.

En Educación se reafirmó la gratuidad de la matrícula en la enseñanza básica y media, y en las Universidades miles de estudiantes quedaron exentos de cancelar aranceles, en tanto aquellos que debían hacerlo cancelaban sumas modestas dependiendo del sueldo de sus padres. En 1972, el gasto en educación fue de 7,2% del PIB, más del doble del actual. Se creó el Programa Experimental de nivelación básica para obreros, permitiendo que miles de trabajadores accedieran a la enseñanza media y carreras tecnológicas. El convenio CUT-Universidad Técnica del Estado (hoy USACH) desarrolló un sistema nacional de educación superior que llevó a las Universidades a las fábricas, al campo, las minas y los puertos haciendo posible que trabajadores que alcanzaran el grado de Técnico Universitario pudieran cursar estudios de Ingeniería.

El Gobierno de Salvador Allende dio un impulso extraordinario a la cultura colocando al alcance del pueblo más de 12 millones de ejemplares de la literatura nacional y universal (por primera vez Subterra estuvo en las casas de Lota), a través del convenio CUT-UTE el Teatro Nuevo Popular recorrió el país realizando funciones en fábricas, asentamientos agrarios y poblaciones, el movimiento musical y pictórico alcanzó niveles de excelencia que luego la dictadura transformaría en “apagón cultural” (apagón que aún persiste).

Las mujeres y los niños también fueron el centro de atención preferente, el medio litro de leche diario para cada niño fue una de las primeras 40 medidas aplicadas, llegando a distribuirse gratuitamente 49 millones de litros de leche en 1973. Se crearon cerca de 400 jardines infantiles gratuitos para atender a 70.000 niños. Se igualó el salario mínimo industrial para hombres y mujeres, el proyecto que creaba el Ministerio de la Familia se convirtió en Ley pocos días antes del golpe militar, la dictadura no lo promulgó.

A comienzos del Gobierno Popular había un déficit de 480.000 viviendas, cifra que se elevó a 520.000 con el terremoto de Julio de 1971 que afectó principalmente a la Quinta Región. En los tres años se logró un  aumento promedio  anual de 8% en la construcción de viviendas, se fijó por ley un tope máximo de 20% del salario para el pago de dividendos de viviendas de menos de 90 metros cuadrados y se derogó la reajustabilidad de los dividendos. Las viviendas levantadas en esos años pueden ser apreciadas a lo largo de Chile, y habiendo transcurrido 35 años, la calidad las distingue de las indignas viviendas sociales construidas en dictadura y con los negociados de concertacionistas neoliberales.

El Gobierno de Salvador Allende cambió a Chile, cambió a su gente, por primera vez los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, participaban en la construcción de una nueva sociedad, en donde las medidas económicas redistributivas tenían un efecto claro y concreto en el nivel de vida de los postergados, de los excluidos.

Pero esto se hacía con cargo a las utilidades de la minoría explotadora y de los que se habían adueñado de nuestras riquezas naturales: la oligarquía nacional y el imperialismo.

Estos sectores, que desde un comienzo hicieron todo por evitar que se instalara el Gobierno Popular, al darse cuenta que la usurpación, introducida en otro tiempo sin razón, se hacía visible para la sociedad chilena y ya no podía mostrarse como razonable, auténtica ni menos eterna, apresuraron sus planes para evitar que el proceso en curso se asentara y desarrollara exitosamente.

Un pueblo más libre, más culto, más organizado, más alegre, más solidario, más participativo no es parte de la fórmula que permite altas tasas de acumulación de ganancias, todo lo contrario…

Las grandes transformaciones.

El Programa de Gobierno de la Unidad Popular se proponía como principal objetivo el terminar con la pobreza, el atraso y las desigualdades sociales ,y por ello, además de las medidas iniciales, era necesario sentar las bases de una nueva economía que permitiera continuar con el proceso redistributivo.

El conjunto de grandes transformaciones le dieron el carácter revolucionario al Gobierno Popular, se hacía necesario recuperar las riquezas básicas del país, controlar el crédito, el comercio internacional y realizar una profunda reforma agraria.

La nacionalización del cobre fue la primera de estas transformaciones, el proyecto respectivo fue enviado al Parlamento con la firma de Salvador Allende y el ministro de minería, el radical Orlando Cantuarias. Dicho proyecto se transformó en una Reforma Constitucional. El proyecto se presentó el 22 de diciembre de 1970, siendo aprobado en abril de 1971 por una amplia mayoría en la Cámara  y en el Senado. Finalmente, el 16 de julio de 1971 fue aprobado en forma unánime en sesión del Congreso Pleno; la contundencia de los argumentos a favor de recuperar esta riqueza para todo el pueblo chileno y la movilización permanente de los trabajadores incidieron en que la derecha de entonces no se atreviera a oponerse a esta patriótica exigencia.

La nacionalización consultaba el pago de indemnizaciones, pero deduciendo de dicho pago las rentabilidades excesivas que hubiesen obtenido las empresas extranjeras en años anteriores. Esto significó que el único pago se hiciese a la Compañía Minera Andina por US$ 4.800.000, el resto de las empresas que controlaban Chuquicamata, El Salvador y El Teniente no recibieron ni un sólo peso de indemnización, puesto que sus utilidades habían excedido en demasía el margen de 12% de rentabilidad que la Ley había establecido.

Salvador Allende explicó esta situación en la Asamblea General de las Naciones Unidas detallando que la Anaconda Company había obtenido un promedio de utilidad de 21,3% anual sobre su valor libro, en el período 1955-1970, en tanto que las utilidades de Anaconda alcanzaban sólo un 3,6% en otros países. La situación de la Kennecott Copper Corporation era aún más lesiva al interés nacional, pues en el mismo período había obtenido un promedio de 52% anual, llegando a obtener un 200% en 1969.

Estas mismas empresas extranjeras manipularon por décadas el precio del cobre, y durante la segunda guerra mundial se las arreglaron para mantener el precio en 11,5 centavos de dólar la libra de cobre, luego, durante la guerra de Corea, lo mantuvieron en 24,5 centavos la libra y durante la guerra de Vietnam entregaron a EE.UU. 60.000 toneladas de cobre como reserva estratégica al precio vil de 36 centavos la libra, en circunstancias que el precio del metal en la Bolsa de Londres era de 60 centavos, provocando una pérdida para nuestro país superior a los 50 millones de dólares.

La nacionalización de las grandes minas de cobre puso fin al saqueo imperialista y contribuyó poderosamente a financiar los gastos del estado.

La dictadura de Pinochet hizo trizas la nacionalización de las riquezas básicas: sin desnacionalizar Codelco, permitió la explotación de nuevos yacimientos a privados, que en la actualidad completan el 66% de la extracción de cobre de suelo chileno, le regaló una indemnización de 500 millones de dólares a las empresas expropiadas y estableció el pago del 10% de las ventas de cobre para implementar un fondo reservado de las FF.AA., obligación que rige sólo para Codelco y no para las privadas.

En los 18 años de gobiernos concertacionistas nada se ha hecho para revertir la enorme traición a la patria perpetrada por Pinochet y sus secuaces.

La reforma agraria era una de las transformaciones más necesarias y apremiantes que imponía la realidad del país, en el decenio 1955-1965 la producción agrícola había disminuido en los rubros más importantes: la de trigo había bajado de 164 a 146 kilos por habitante, la de arroz de 13,6 a 9,5 kilos, la de papas de 102 a 78 kilos, la de porotos de 11,7 a 9,5 kilos, la de leche de 101 a 94 litros y la de carnes de 30 a 20 kilos per cápita.

El proceso de reforma agraria fue iniciado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva quien llegó a expropiar 3 millones 557 mil hectáreas en tres años y diez meses, y el gobierno de Salvador Allende puso fin al latifundio expropiando 5 millones 355 mil 223 hectáreas. La supresión de la propiedad latifundista y su reemplazo por la de los propios trabajadores agrícolas llegó a beneficiar a 70 mil familias campesinas.

Durante el período 1971-1973 se alcanzó la mayor cantidad de hectáreas sembradas de toda la historia del país, la producción agrícola llegó a crecer en un 26,7%.

La cuestión agraria es lo más complejo en todo proceso revolucionario, pues además del apoyo del campesinado se requiere disponer de semillas en calidad y cantidad apropiadas, de maquinaria agrícola, de sistemas de silos y bodegas, de transporte apropiado, de capacidad suficiente de carga y descarga en puertos, de cadena de frío, de una adecuada política crediticia, de investigación tecnológica de punta y de educación técnica de los trabajadores del campo.

Para concretar lo anterior era básico contar con un campesinado organizado; en 1962 los campesinos organizados en sindicatos no eran más de 5 mil, en 1969, con la reforma en marcha, los campesinos sindicados eran 104 mil 700 afiliados, a finales del gobierno popular los campesinos sindicalizados eran 300 mil.

Desde los inicios el proceso de reforma agraria fue constantemente saboteado por los latifundistas y la clase oligarca. Heridos de muerte por esta reforma utilizaron todo en contra de este proceso: amenazas, sabotaje, organizaron bandas para estimular el mercado negro, y para esto tuvieron generosa ayuda del gobierno estadounidense.

En esto tuvieron éxito, así es como el mismo 12 de septiembre miles de productos acaparados por el mercado negro y comerciantes facinerosos salieron al mercado, demostrando de paso que la escasez no se debía a bajas de la producción agrícola, sino al criminal acaparamiento que indujeron estos oligarcas y latifundistas.

Pinochet se empeñó desde el primer día en revertir el proceso, dejando nulas todas las expropiaciones con trámites legales pendientes. Formó comisiones liquidadoras de cooperativas  y puso en venta a las mayores, generando pingües ganancias a nuevos ricachones, entre ellos a Julio Ponce Lerou (su yerno).

A pesar del empeño del dictador, el latifundio semifeudal no se pudo reconstruir y la agricultura chilena entró en una fase de modernización del tipo capitalista, por ello hoy no encontramos inquilinaje, pero sí trabajadores temporeros que son explotados salvajemente por grandes capitalistas neoliberales nacionales y extranjeros.

Las tres áreas de propiedad conformaban uno de los principales aspectos del programa de gobierno, se establecería un área de propiedad social constituida por las empresas que ya eran del estado y por las empresas privadas industriales de tipo monopólico. Transcurrido un año y medio de gobierno el 50% de estas empresas fueron estatizadas, llegando a representar este sector un 40% de la producción.

También, a esa fecha, se había estatizado el comercio mayorista, el 90% de las exportaciones y el 60% de las importaciones.

Otra área de propiedad era la mixta, constituida por empresas medianas o grandes que serían, por voluntad común, de propiedad de privados en asociación con el estado.

El área de propiedad privada estaría conformada por fábricas de pequeños y medianos empresarios, los talleres de artesanos y las tierras, máquinas y ganado de los pequeños y medianos agricultores.

Un elemento económico importante del área de propiedad social era el sistema financiero: a fines de 1970 Allende comunicó al país del envío al Congreso de un proyecto de Ley que permitiera nacionalizar la banca privada. Junto con esto abrió un poder cobrador de acciones de los bancos, los accionistas vendieron sus títulos con tal rapidez que a mediados de 1971 el estado controlaba 16 de los 18 bancos privados.

La nacionalización de la banca trajo aparejados varios beneficios para el país y sus trabajadores, se redujo sustancialmente la tasa máxima de interés (de 24% a 18%), se establecieron tasas preferenciales para ciertas actividades económicas (12% para actividades agrícolas), se promovió el crédito a favor de los pequeñas y medianas empresas, se descentralizó el mismo para favorecer a las provincias. Se suprimieron imposiciones humillantes para los trabajadores bancarios, como la necesidad de pedir permiso para casarse y el término del contrato para mujeres que se casaban y la imposición de aval económico para ser contratada.

Huelga decir que la dictadura borró de un plumazo las tres áreas de propiedad, devolviendo empresas y bancos al sector privado, proceso que se realizó de la forma más espuria y poco transparente que era posible. Al calor de este proceso de desnacionalización de la economía surgieron nuevos grupos económicos y ricachones comprometidos con la dictadura militar (Ponce Lerou, Yuraszeck, entre otros).

La Concertación, que en el programa del primer gobierno (Aylwin) ofreció al país la revisión de todas las privatizaciones efectuadas por Pinochet, no ha cumplido su palabra hasta hoy.

El Chile que hoy tenemos, que en lo económico es gobernado por la ortodoxia neoliberal, en lo social por la asistencialidad precaria sin ninguna participación de los trabajadores, en lo educacional por el lucro privado, en lo cultural por la felonía farandulesca, en sus relaciones internacionales por la sumisión ante el imperio, hace que las conquistas del pueblo obtenidas durante el gobierno de Salvador Allende tengan una vigencia como nunca antes, es preciso que los movimientos sociales y políticos excluidos caminen en la senda de una nueva mayoría que permita acceder a un gobierno de nuevo tipo, que en su programa de gobierno incluya la reconquista de los avances logrados: trabajo decente, vivienda digna, educación pública de calidad, salud pública eficiente, transporte colectivo público, nacionalización de las riquezas del país, independencia y dignidad nacional para decidir nuestro propio camino de desarrollo.

 

 

Bibliografía:

Luis Corvalán Lepe .El Gobierno de Salvador Allende, Ediciones LOM

Aníbal Palma. La obra de gobierno de Salvador Allende , www.salvador-allende.cl

Gonzalo Martner.El Gobierno del Presidente Salvador Allende.

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Como grupo de académicos de izquierda mantenemos desde hace un tiempo una reflexión acerca de la educación superior en Chile. En conocimiento de que otros colegas han estado preocupados por una problemática similar, y han elaborado trabajos al respecto, les invitamos, por medio de esta hoja a debatir en conjunto. Esperamos que este sea el embrión de una futura discusión que no dudamos será enriquecida gracias al debate. Por supuesto que para que este debate rinda frutos, debe incluir a todos quienes estamos por un nuevo sistema universitario, razón por la cual desde ya invitamos a contribuir en números posteriores a quienes entiendan la Universidad de manera no funcional al actual modelo económico. Esperamos que esta publicación sea un aporte para quienes vivimos con entusiasmo y espíritu crítico el quehacer universitario, y ojalá también ella contribuya a instalar en el ambiente académico una discusión que permita resolver profundas contradicciones que todavía se arrastran desde la dictadura, como son los problemas globales de la educación en nuestro país.

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