Editorial (CdE nº10)

El pasado jueves 14 de Mayo El Mercurio de Santiago publicó:”Una inédita e histórica marcha por las calles del Puerto lideraron los rectores de las universidades estatales de la región. Aldo Valle y Patricio Sanhueza, respectivamente, de la Universidad de Valparaíso y Universidad de Playa Ancha”. Esta crónica guarda relación con la masiva movilización que el pasado miércoles 13 de mayo llevaron a efecto académicos y estudiantes de las universidades estatales de Valparaíso por la defensa de la Educación Pública. Paralelamente, Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo y directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, apoyaba el llamado que el candidato a la presidencia del conglomerado Juntos Podemos, Jorge Arrate, hiciera a Sebastián Pinera para que devuelva el canal de televisión Chilevisión a la Universidad de Chile, es así como académicos plantean demandas que hasta aquí parecían ser propias y exclusivas de estudiantes universitarios. Es un hecho importante que hoy el mundo académico en su conjunto comience a demandar por la responsabilidad que a! Estado le compete en la Educación Pública. La participación de los académicos aún es insuficiente para producir un cambio cualitativo importante en este aspecto, pero, si se entiende que la democratización de la sociedad incluye la democratización de las universidades, es muy probable que aumente esta participación.

Los problemas de la Educación Pública no sólo se reducen a sus necesidades económicas, las cuales, por cierto, son reales. Se advierte en las universidades estatales de Valparaíso otras preocupaciones, principalmente en la Universidad de Valparaíso, la cual se encuentra en franca discusión por la elaboración de nuevos estatutos Orgánicos que contemplan la participación de la comunidad universitaria en su conjunto, conocida como triestamentalidad. Durante todo el período de dictadura y también durante los gobiernos de la Concertación, ha habido una casi total despreocupación por la falta de participación de los distintos estamentos que conforman la Universidad. Los académicos escasamente tienen la posibilidad de opinar y sufragar, pero sin poder decidir el rumbo universitario. En cuanto a los estudiantes, sólo pueden opinar, y los funcionarios ni siquiera disponen de una instancia regular donde puedan ser escuchados. En algunos planteles de educación superior, por ejemplo en la Universidad de Valparaíso, existe la voluntad de parte de sus integrantes de revertir esta situación. Sin embargo, en otras universidades de la región como Católica de Valparaíso y Santa María, este hecho no da muestra de interesar de manera significativa a quienes la componen.

Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuestionó fuertemente el modelo chileno para la Educación Superior, entre otras cosas, por tener uno de los mayores costos mundiales, pues el arancel promedio de las universidades públicas es de US$ 3.140 anuales, señala además este informe que nuestro país requiere doblar el aporte económico estatal a la Educación Superior si se pretende ingresar al grupo de países más desarrollados del mundo. La Presidenta de la Nación, Michelle Bachelet, se refirió a este hecho en el mensaje del 21 de mayo, no obstante, nada mencionó respecto a reparar esta falta de recursos para la Educación Superior. Lo señalado muestra que la forma de financiamiento de las universidades, incluso no está siendo funcional al modelo económico neoliberal. Por cierto, tampoco responde a la satisfacción de las necesidades sociales de una educación que alcance a todos los sectores de nuestra sociedad.

Antes de concluir esta editorial, señalemos que la educación básica y media también tienen sus propios problemas por la forma como se entregan los recursos para llevar a cabo esta función. Nuestro país ya no resiste la municipalización de la educación. Es así como hemos estado en presencia de un paro prolongado del Colegio de Profesores en la región por la exigencia del pago del Bono de Subvención Adicional Especial (bono SAE).

En resumen, la Educación en nuestro país requiere de grandes cambios en su financiamiento, y en el caso de la Educación Superior, ésta requiere además de una ley verdaderamente democrática que reemplace la actual LOCE.

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Como grupo de académicos de izquierda mantenemos desde hace un tiempo una reflexión acerca de la educación superior en Chile. En conocimiento de que otros colegas han estado preocupados por una problemática similar, y han elaborado trabajos al respecto, les invitamos, por medio de esta hoja a debatir en conjunto. Esperamos que este sea el embrión de una futura discusión que no dudamos será enriquecida gracias al debate. Por supuesto que para que este debate rinda frutos, debe incluir a todos quienes estamos por un nuevo sistema universitario, razón por la cual desde ya invitamos a contribuir en números posteriores a quienes entiendan la Universidad de manera no funcional al actual modelo económico. Esperamos que esta publicación sea un aporte para quienes vivimos con entusiasmo y espíritu crítico el quehacer universitario, y ojalá también ella contribuya a instalar en el ambiente académico una discusión que permita resolver profundas contradicciones que todavía se arrastran desde la dictadura, como son los problemas globales de la educación en nuestro país.

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