Propuesta de Reforma Tributaria de la Nueva Mayoría. Roberto Saavedra Inostroza

Comentarios y Alcances.

A continuación expondré comentarios acerca de algunos puntos contemplados en la propuesta de Reforma Tributaria contenida en el programa de Gobierno de la Nueva Mayoría. Mi opinión se basa en los conceptos fundamentales de Tributación adquiridos en mi formación y ejercicio como profesional del área.

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1.- Programa :

“Característica esencial del sistema de impuesto a la renta vigente en Chile”

“El mecanismo del FUT con que hoy cuenta Chile, no existe en ninguna parte del mundo.”

“ Se trata de una fórmula surgida en los años 80, posterior a la crisis vivida en esa década, que obedece a las condiciones económicas específicas de ese momento en nuestro país, en especial, debido a las restricciones financieras que enfrentaron las empresas en dicha década en Chile.”

“El sistema de impuesto a la renta se caracteriza por tener una tributación de las rentas del capital baja, con algunas franquicias tributarias mal diseñadas, que se superponen entre sí.”

“Una parte dela estructura de incentivos, como es el caso del FUT, algunos regímenes especiales o el tratamiento del ahorro, se han desviado sustancialmente de sus objetivos iniciales y se han convertido en fuentes de elusión e incluso de evasión de impuestos.”

“Para corregir lo anterior, se implementarán las siguientes modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta:”

“Elevaremos, en forma gradual, la tasa del impuesto a las empresas de 20% a 25% en un plazo de 4 años.”

“Ésta seguirá operando como un anticipo de los impuestos personales , manteniéndose así la integración de impuestos entre empresas y personas”.

“Los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que retiran (el sistema operará en base devengada). Esta medida será implementada a partir del cuarto año de la reforma. De esta forma se termina con el actual mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables (FUT).”    ( El destacado en negritas ha sido agregado )

Comentario :

a)  Integración de Impuestos

Efectivamente el sistema chileno es único, por lo menos en el ámbito de los países OCDE.

No hay otro país de la OCDE que tenga un sistema basado en la denominada integración de impuestos, lo que implica que las empresas no son afectadas por Impuesto a la Renta.

El llamado Impuesto a la renta de 1ª categoría , que declaran las empresas, es solamente un anticipo a cuenta del Impuesto Global Complementario ( IGC) de los dueños de las empresas.

Como el Global Complementario afecta a las rentas efectivamente percibidas, los dueños deben declarar en el IGC las utilidades obtenidas en sus empresas, al momento y por el monto , que realmente retiran. Y ese mecanismo hace nacer el FUT, para registrar y controlar las utilidades originadas en empresas, que aún no han sido retiradas por los dueños.

Cuando el empresario incluye en su IGC utilidades retiradas de sus empresas, el Fisco le descuenta de su IGC a pagar, el Impuesto de 1ª categoría (I. de 1ª C) pagado por la empresa, correspondiente a las utilidades retiradas.

Como cuesta verlo lo recalco, el FUT corresponde a utilidades que no han tributado, que sólo han pagado un anticipo llamado Impuesto de 1ª categoría , que el empresario recuperará a la hora de liquidar su IGC.

La eliminación del FUT propuesta en el programa no cambia la esencia del sistema.

Lo que hace es considerar toda la utilidad de la empresa como retirada, o sea, la iguala con el retiro a incluir en el IGC del dueño. De este modo no queda utilidad por retirar, lo que hace innecesario el control, y por ende el FUT.

b)     Efecto en recaudación

El I. de 1ª C. se recauda anticipadamente, desde enero a diciembre, mediante los Pagos Provisionales Mensuales (PPM).

En la Operación Renta de abril se determina el monto del   I. de 1ª C., se compara con los PPM pagados entre enero y diciembre del año anterior, y la empresa paga lo que falta o pide la devolución del exceso pagado. En ese mismo momento, el (o los) dueño de la empresa determina su IGC, considerando como rebaja el I. de 1ª C. determinado en la empresa.

Cuando se elimine el FUT, es decir, cuando toda la utilidad de la empresa se considere retirada en el IGC del dueño, todo lo recaudado por concepto de Impuesto de Primera Categoría debe ser devuelto al contribuyente, en la forma de crédito contra otros impuestos.

Se recauda entre enero y diciembre, se determina en abril, y se devuelve entre mayo y junio del año siguiente.

Todo lo anterior sirve para entender el efecto que tendrá el aumento propuesto en el   I. de 1ª categoría, el que será sólo un efecto financiero transitorio.

Aumentará la caja fiscal unos puntos más que ahora, entre enero y diciembre. Pero, entre mayo y junio del año siguiente, debe ser devuelto en su totalidad.

Es como pedir un préstamo de corto plazo (entre 6 y 18 meses para ser precisos), en un ciclo que se repetirá año tras año.

Y como sabemos, con un préstamo de esas características no se puede financiar grandes inversiones permanentes, como parece ser lo requerido, tanto en el ámbito de la educación como el de la salud.

Otro modo – a mi juicio más proactivo, apuntando en la dirección correcta – de eliminar el FUT, sería transformar el impuesto de primera categoría en un impuesto real a las empresas, como ocurre en la generalidad de los países OCDE. Por ejemplo, “ bajar “ el impuesto a las empresas del 20% actual a un 10%, o un 5%, o un 3%, o un 1% , pero real no “ a cuenta de”, efectivamente liberaría los fondos para financiar otras reformas en esa misma cantidad.

Como se desprende de la primera frase del programa citada en este trabajo, en los otros países de la OCDE se aplica un impuesto real a las empresas. Avanzar en esa dirección no resulta entonces descabellado, y además es adecuado para los fines que se pretenden.

Corolario.-   Tengo serias dudas de que el aumento de recaudación de 1.92% del PIB , esperado con los cambios al Impuesto a la Renta, pueda lograrse con las medidas anunciadas.

Como espero haya quedado claro, el aumento del Impuesto de 1ª categoría, de 20% a 25%, no genera un aumento real para el Fisco, ya que debe devolverse en su totalidad en la Operación Renta correspondiente.

El otro cambio propuesto es la rebaja de un 40% a un 35% del impuesto para el tramo más alto del IGC. Como se declara en el programa, tal medida incentivadora, no generará un aumento de recaudación.

De allí las dudas

2.-  Programa :

“Incentivo a la Inversión de las PYMES.”

“Ampliaremos y potenciaremos el sistema simplificado bajo el cual tributan las PYMES, establecido en el artículo 14 ter de la Ley de la Renta. “

“Actualmente, pueden acceder a este sistema las empresas individuales, que pagan IVA y que tengan ventas anuales inferiores a 5.000 UTM. Ampliaremos este beneficio a todas las empresas con ventas anuales inferiores a 14.500 UTM, sean empresas individuales o personas jurídicas, e independiente de sus obligaciones respecto del IVA.”

[...]

“ Por ejemplo, una panadería de barrio que vende en total 55 millones de pesos al año (límite de la microempresa),que tiene una utilidad de 5 millones al año, y que invierte un millón de pesos en la compra de maquinarias como hornos o refrigeradores, pagaría actualmente 340 mil pesos en impuestos y en el sistema que proponemos pagaría sólo 140 mil acogiéndose al 14 ter.”

Comentario :

Tanto el alza en el límite de ventas necesario para acceder al beneficio, como la ampliación del beneficio a personas jurídicas, agranda de manera significativa las posibilidades de elusión, por medio de la mimetización de una empresa mediana o grande en múltiples personas jurídicas que alcancen a cumplir con los límites establecidos. Esta forma, usada en la actualidad con diversos fines, es conocida como la práctica del multi – rut .

Por otra parte, la Pyme del ejemplo no necesita esa clase de incentivo.

A esa Pyme, en régimen normal, le corresponde un I. de 1ª C. de $ 1.000.000, que lo ha pagado en su mayor parte a través de los PPM, de modo que en abril sólo paga la diferencia, que equipararemos a los $ 340.000 del ejemplo. También en abril el empresario dueño de esa panadería, declara en su IGC el retiro de toda la utilidad, $ 4.000.000 ($ 333.000 por mes, que no es exagerado), lo que lo ubica en el tramo 0% de Global Complementario,  con un crédito de $ 1.000.000, ambos provenientes de la panadería. De esa manera, entre mayo y junio recibe la devolución de todo lo que había pagado por impuestos:   $ 1.000.000.

El empresario del ejemplo, no necesita mayor incentivo, en tanto sus utilidades no superen el tramo exento del Global Complementario, que para este año es de $ 6.605.064, equivalente a 13,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Un incentivo real para este empresario sería subir el tramo exento, por ejemplo, a unas 20UTA, o sea $ 9.785.280, unos 815.000 al mes, que no parece un ingreso excesivo

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3.- Programa :

“Incentivo a la Inversión de las Empresas.”

Frente a los cambios anunciados en el impuesto a la renta, debemos tener un particular cuidado con la inversión, introduciendo mecanismos modernos que superen la situación actual de elusión.”

“Se implementará un mecanismo de depreciación instantánea, que consiste en que las empresas puedan descontar de las utilidades la inversión total del año en curso, y que beneficie principalmente a la pequeña y mediana empresa y que considere un mecanismo que controle las posibles distorsiones entre sectores productivos con distinta intensidad en el uso de inversión de capital.”

“ Este mecanismo se implementará a partir del cuarto año de la reforma, coincidiendo con el cierre del FUT.”

“Esta es una medida que corresponde al Chile de hoy: i) es un incentivo mayor a la inversión que el sistema de tributación que actualmente nos rige y; ii) elimina muchas de las actuales prácticas de evasión y elusión.”

Comentario :

Hay poca información acerca de los detalles en esta propuesta.

De modo que sólo advertiré acerca de los peligros que podría conllevar una inadecuada concepción de los alcances de la depreciación inmediata.

Una medida que alcance toda clase de bienes depreciables, transformaría a Chile en una suerte de paraíso tributario, quitando a la actividad empresarial esa aureola romántica de valor, empuje y creatividad que lleva a asumir el riesgo empresarial. El emprendimiento se transformaría en una actividad sin riesgo, y sin aporte para el erario nacional.

El dueño de la empresa no tributará (y la empresa no prestará dinero al Fisco) hasta que haya recuperado toda la inversión en activos depreciables.

Y , si me permiten tocar tangencialmente las maniobras elusivas que pueden crearse y se crearán, diremos que no pagará impuestos hasta que el Balance muestre que ha recuperado toda la inversión.

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Comentario final.

Una de las características que se espera tenga un sistema de tributación es la simplicidad. Cuando ésta existe se dificulta la elusión y se facilita la fiscalización.

El sistema tributario chileno se ha ido haciendo cada vez más alambicado, reforma tras reforma. Al punto que la enorme mayoría de la población cree que las empresas soportan una carga tributaria.

En Chile no tributan las empresas, tributan las personas.

Por eso mismo las correcciones al sistema deben hacerse en relación a los impuestos a las personas. Cualquier corrección que se pretenda hacer indirectamente, a través de los “impuestos a las empresas”, abre campo a las maniobras elusivas como ha ocurrido también, reforma tras reforma.

Otro principio de importancia es la transitoriedad de los gravámenes o incentivos específicos.

Cuando un gravamen específico se hace permanente, se transforma en un castigo para un determinado sector económico o social.

Cuando un incentivo específico se hace permanente, se transforma en un privilegio.

Tanto los castigos como los privilegios se oponen al que quizás sea el principio más fundamental : la equidad del sistema tributario.

Glosario :

OCDE                       Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

FUT                          Fondo de utilidades tributarias

I de 1ª C.                 Impuesto de primera categoría

IGC                           Impuesto global complementario

PPM                         Pago provisional mensual

UTM                         Unidad tributaria mensual

UTA                          Unidad tributaria anual

PIB                            Producto interno bruto

Puede descargar completo el programa de Reforma Tributaria desde aquí

La Gran Pregunta. Manuel Riesco

¿Hasta qué punto, y bajo qué condiciones, un modelo de crecimiento económico basado en la industria extractiva es o puede volverse consistente con una apuesta por formas de inclusión democrática, calidad de vida y salud ambiental que sean sostenibles en el tiempo?

Signo-de-pregunta

Lograrlo dejaría contentos a todos, pero lamentablemente no se puede. La teoría económica y las experiencias neoliberales recientes, han demostrado que los países ricos en recursos naturales deben optar: o viven de la renta de los mismos y peor aún, del “chorreo” de aquella, o la utilizan para impulsar las únicas economías que pueden resultar consistentes con dicha apuesta: aquellas basadas en el valor agregado por el trabajo de sus ciudadanas y ciudadanos.

Es una cosa o la otra. El modelo noruego es el opuesto del chileno: Bajo el primero, los recursos naturales son una bendición, que han permitido a su pueblo alcanzar el más elevado desarrollo humano del mundo, sin menoscabo de la producción interna de valor agregado. El segundo demuestra que pueden convertirse en una maldición, cuando caen en manos de grandes corporaciones rentistas privadas, cuya hegemonía puede distorsionar la economía y la sociedad, y depredar el medio ambiente.

Lamentablemente, al parecer, todavía no hay plena conciencia de ello entre las elites y autoridades de Chile y otros países de la región Andina. Un seminario en torno a esa pregunta tuvo lugar en Bogotá, en diciembre del 2012, en el marco de la celebración de los 50 años de la Fundación Ford en la región y reunió a dirigentes de movimientos sociales, con presencia de empresarios, junto a autoridades políticas locales y nacionales, incluyendo algunos ministros de Colombia y Perú y figuras como el expresidente chileno, Ricardo Lagos.

El debate giró principalmente en torno a como la industria extractiva puede aportar más a las comunidades, a los países y al cuidado del medioambiente, lo cual resultaría verdaderamente encantador. Sin embargo, la pregunta de fondo respecto del modelo de crecimiento basado en la industria extractiva, apenas fue insinuada. ¿Está sucediendo lo mismo en el debate programático de las candidaturas presidenciales en Chile?

Teoría

Como es bien sabido, uno de los descubrimientos fundacionales de la teoría económica moderna, es que no todos los productos ni todas las empresas son iguales: los bienes y servicios producidos en condiciones competitivas, son fundamentalmente diferentes a aquellos otros cuya producción está constreñida por algún recurso escaso, o es afectada por monopolios de otro tipo; asimismo, Apple y Exxon son las dos corporaciones más valiosas del mundo, sin embargo, una y otra son de muy distinto pelaje.

Los precios de los primeros tienden establemente a la baja, mientras los segundos fluctúan continuamente, a veces en forma enloquecida, según los vaivenes de la demanda. Los mercados de aquellos son el ambiente natural de las empresas auténticamente capitalistas, mientras los de éstos están dominados por grandes rentistas, que se han apropiado de recursos escasos o han logrado imponer monopolios de otro tipo.

Los precios competitivos tienden a igualarse con los costos de producción promedios, que incluyen la ganancia capitalista media. Es decir, se determinan exclusivamente desde el lado de la oferta, la que se acomoda con elasticidad a las permanentes fluctuaciones de la demanda. La única manera en que un grupo de capitalistas logran obtener una ganancia superior a la media, es mediante la innovación para mejorar sus diseños y bajar sus costos. Dicha ganancia extraordinaria proviene de una transferencia, de parte del valor agregado por los más lerdos entre sus competidores. Éstos no obtienen ganancia alguna o muy poca, puesto que el precio se establece al nivel de los costos de la mayoría de los productores, los que coinciden con el promedio de esa industria. Nadie allí puede clavar la rueda de la fortuna ni dormir sobre sus laureles. Los innovadores de hoy pueden estar mañana en el montón, quedar entre los rezagados o ser expulsados del mercado sin muchos miramientos.

La oferta de los segundos, en cambio, está constreñida por la escasez de los recursos de mejor calidad. Por lo tanto, para satisfacer los incrementos de la demanda, se hace necesario poner en producción los de calidad inferior. De este modo, los precios se fijan al nivel de los productores con costos más elevados. En consecuencia, todos los demás obtienen un sobreprecio por encima de los suyos. Éste genera una sobreganancia, por sobre la que obtienen en promedio los capitalistas que operan en mercados competitivos, la que se transforma en renta de los recursos de mejor calidad relativa, cuyos propietarios lo exigen como una suerte de peaje para permitir el acceso a los mismos. Por este motivo fue denominada “renta diferencial” por David Ricardo (1817). Incluso los propietarios de los recursos con menos bendiciones, exigirán una renta para ponerlos en producción, la que Marx (1867) denominó “renta absoluta”. Si por añadidura, los recursos no son renovables, su escasez relativa resultará aún más restrictiva, puesto que siempre será conveniente guardar parte de ellos para el futuro, lo que da origen a lo que Hötelling (1929) denominó “renta ínter temporal.” Paul Samuelson (1948), demostró que los monopolios de cualquier tipo también se las arreglan para vender por encima de sus costos de producción y denominó “cuasi renta” a la que obtienen a partir de su control de mercados que no están limitados por factores escasos.
¿Quien paga la renta? La ley económica fundamental establece que, en la economía mundial en su conjunto, la suma de todos los precios no puede exceder a la suma de todos los costos de producción. De este modo, si algunos bienes o servicios se venden por encima del costo, necesariamente otros deben venderse por debajo de los suyos. La alternativa sería pagar el sobreprecio con ahorros, pero éstos se agotan. Tampoco se ha visto que las rentas se paguen con cargamentos de oro llegados de otros planetas.

Por otra parte, los costos son iguales a la suma de las compras netas de insumos y depreciaciones de bienes, producidos en períodos anteriores, más el valor agregado en todos los procesos de producción, en un período dado. Este último es el producto interno bruto (PIB) creado cada año, el que a su vez se distribuye en ingresos del trabajo, excedentes de explotación e impuestos menos subsidios estatales. Las rentas se sustraen de los excedentes de explotación, rebajando la ganancia media de los capitalistas y, consecuentemente, los precios de todas las mercancías producidas en condiciones competitivas. De este modo, las compras netas de insumos y depreciaciones que provienen de períodos anteriores, más los salarios, ganancias y rentas en que, según la fórmula trinitaria de Adam Smith (1776), se distribuye el PIB del período en curso, conforman la demanda solvente para los bienes y servicios producidos en un año determinado, en la economía mundial en su conjunto.

Todos los recursos escasos generan renta, tanto si prestan servicios, como ocurre con los profesionales afamados y la tierra urbana, como si se trata de factores de producción de bienes, como los minerales que yacen en sus depósitos, la tierra virgen, agrícola o forestal y el agua, así como la vías urbanas, pesquerías e incluso la atmósfera, cuando el acceso a los mismos es regulado. El “precio” de estos elementos no se origina en su costo de producción, puesto que no lo poseen por definición, sino en el flujo descontado de sus rentas futuras.

Sin embargo, lo que da origen a la clase social especial de los rentistas – que son muy diferentes a los capitalistas -, es la propiedad privada sobre trozos del planeta y sus recursos. Según Marx, en una sociedad más avanzada del futuro, ella “será considerada algo tan monstruoso como la propiedad de un ser humano sobre sus semejantes.” Si la clase de los rentistas logra imponer su hegemonía en países ricos en recursos naturales, pueden generar enormes distorsiones en su estructura productiva y social.

Paul Samuelson advierte que si las rentas se privatizan, equivalen a un subsidio a las inversiones que se dirigen a esas industrias, puesto que si logran apropiarse de los recursos, las empresas que los explotan obtienen la ganancia capitalista media por las operaciones productivas que allí realicen, más la renta de los recursos de los cuales se han apoderado. La consecuencia es la sobreinversión en dichos sectores, con perjuicio de la producción interna de valor agregado en la economía en su conjunto. Como se ha visto, las rentas no constituyen creación, sino transferencias de valor agregado, desde las industrias competitivas a los rentistas, a costa de una reducción de la ganancia capitalista media.

Si dicha transferencia se origina dentro del mismo país, como ocurre en economías grandes con bajo peso del comercio exterior, el resultado es una reducción significativa de la ganancia capitalista media de la economía en cuestión, con la consecuente pérdida de dinamismo. Es lo que ocurre en el mundo en su conjunto, en períodos de altos precios de los recursos: una proporción creciente de la ganancia capitalista global se desvía como pago de rentistas, lo que bien puede conducir a una recesión global; es por eso que el alza en el precio del petróleo, por ejemplo, genera una desaceleración económica.

En caso que las rentas se originen en recursos exportados, como sucede generalmente en las economías relativamente pequeñas y ricas en recursos naturales, dichas transferencia provienen de los países que los consumen. En este caso, el resultado es la denominada “Enfermedad Holandesa.” Ésta no consiste solamente en una apreciación del tipo de cambio, como usualmente se piensa, sino en un peso desproporcionado de las rentas en la economía de ese país, que la hace vulnerable a las fluctuaciones en los precios de los recursos exportados. Pueden haber asimismo superávit persistentes en el comercio exterior, en países que no exportan productos con renta, sino producidos en condiciones competitivas. A diferencia de aquellos, el precio de éstos se origina exclusivamente en el valor agregado en su proceso productivo interno, es decir, es igual a su costo de producción. En ambos casos habrá una apreciación del tipo de cambio y un excedente exportado, cuyo valor en dinero podrá ser atesorado o reexportado como capital. Sin embargo, no todos los superávit comerciales son iguales, ni todos los países exportadores son afectados por la “Enfermedad Holandesa.” En el caso de países como Alemania o Corea, por ejemplo, para enfrentar una contracción del mercado mundial, basta con que redirijan al mercado interno el excedente antes exportado. Existirá allí una demanda solvente para absorberlo, puesto que consiste exclusivamente en valor agregado internamente, y pagado íntegramente como costo de los factores de producción, incluyendo la ganancia capitalista media. De este modo esas economías podrán continuar produciendo al mismo nivel anterior, aunque probablemente deberán modificar la composición de su producción para adecuarla a la demanda interna; producir menos camiones y más automóviles, por ejemplo, pero con una suma de valor similar. Incluso puede beneficiar a la población, que ahora consumirá todo lo que produce.

En cambio, en los países que reciben elevadas transferencias de renta desde el exterior, ésta se desvanece en el aire al contraerse la demanda mundial. De este modo, se enfrentan a la triste realidad de rebajar su nivel de vida al valor agregado en sus procesos productivos internos. Su economía se reduce exactamente en la magnitud de las rentas transferidas desde el exterior, es decir, en el sobreprecio de los recursos antes exportados, por encima de sus costos de producción; al desaparecer dicho sobreprecio, una parte del PIB del país en cuestión simplemente se esfuma. Muchos países exportadores de materias primas han corrido esta suerte en el pasado, entre ellos Chile, cuando la Gran Depresión desvaneció la renta del salitre.
Como señaló hace poco el diario británico Financial Times, la economía de los recursos es como la de los buscadores de tesoros: su precio no guarda relación con el costo de encontrarlos y extraerlos, sino que se determina exclusivamente por la demanda y, como bien sabía el arrendatario escocés James Anderson (1777), inventor del arado escocés y autor de la teoría de la renta, ésta equivale a un tributo que los capitalistas pagan a los terratenientes.

Por estas razones, los auténticos capitalistas y la teoría económica desde sus mismos inicios, han promovido la nacionalización de los recursos naturales, la legislación antimonopolios y/o la captura de las rentas por parte del Estado: De este modo se nivela el terreno a la competencia en todas las industrias por igual, logrando una distribución óptima de las inversiones productivas y un aprovechamiento de las rentas en beneficio del conjunto de la sociedad, en lugar de alimentar con ellas a una clase parasitaria.

Práctica

Los países han asimilado estas lecciones en buena medida, de una manera u otra. Casi todos ellos han establecido la propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo, el agua, los fondos marinos, así como su soberanía sobre la tierra en general; en los países emergentes, ésta es una de las principales herencias del desarrollismo estatal del siglo 20. Actualmente, las empresas estatales tienen acceso a más del 85 por ciento de las reservas mundiales de petróleo e incluso en países donde se permite un acceso limitado de empresas privadas a las mismas, como el Reino Unido o Noruega, su renta es capturada casi íntegramente por el Estado, mediante regalías y otros mecanismos.

Sin embargo, el auge neoliberal de las últimas décadas, representó un retroceso significativo en esta materia, permitiendo la privatización de vastas reservas de recursos naturales, de los cuales se han apropiado las grandes corporaciones rentistas transnacionales, las que se han fortalecido extraordinariamente en este período.

Ha sido mas bien al revés. El renacer del neoliberalismo desde las cenizas a las que fue reducido tras la Gran Depresión, y su auge global en las últimas cuatro décadas, se explican principalmente por la hipertrofia del sector financiero durante el mismo período, que los apadrinó cariñosamente. Sin embargo, las grandes corporaciones rentistas no han sido ajenas a este fenómeno, ni mucho menos. Su tamaño e influencia también creció extraordinariamente en estos años, especialmente el de las grandes petroleras tras el alza del precio del crudo en los años 1970. Su influencia sobre el Reaganismo es bien conocida y éste, a su vez, fue determinante en el renacimiento neoliberal, el cual ha sido auspiciado generosamente por las grandes corporaciones rentistas, en todo el mundo.

El rasgo anti Estado del neoliberalismo, anarquismo burgués como lo denomina Eric Hobsbawm, le viene como anillo al dedo no solo a los banqueros, que con su ayuda lograron imponer la globalización sin trabas del capital especulativo. Ello también resulta favorable para los grandes rentistas, los que por estos días se han vuelto librecambistas a ultranza: no requieren protección estatal alguna, puesto que están sentados encima de ella. Son partidarios de bajar los aranceles a cero, porque de ese modo abaratan sus insumos.

El neoliberalismo les ofrece un atractivo adicional: es la única escuela económica que considera irrelevante la teoría de la renta; no la niega pero dice que no es significativa puesto que, según ellos, en el largo plazo, no existirían recursos escasos. Nada puede ser más seductor para los grandes rentistas. No se la pueden creer: por primera vez, una escuela de economistas reniega de lo que ha sido una piedra angular de esta ciencia desde hace doscientos cincuenta años.

Las grandes corporaciones rentistas constituyen una suerte de híbridos. Tal como ocurría con las que profitaban del vil tráfico antes de su abolición, sus acciones se transan en las principales bolsas mundiales, como si fuesen empresas capitalistas respetables. Operan asimismo en su interior, algunas actividades productivas y comerciales propiamente capitalistas. De hecho, subcontratan la mayor parte de sus actividades de exploración, extracción, refinación y transporte, así como parte de sus operaciones comerciales, con filiales o contratistas externos, propiamente capitalistas, en las cuales ocupan a algunas decenas de miles de trabajadores a nivel mundial. Sin embargo, el grueso de sus ingresos y utilidades no provienen del valor agregado por éstos, sino de la renta de los recursos de los cuales se han apropiado. Aunque la mona se vista de seda…

De las veinte mayores empresas globales en la actualidad, según su capitalización bursátil, seis son petroleras o mineras: Exxon, Shell, Chevron, BHP Billiton, Petrochina y Petrobras, sin embargo, las dos últimas son estatales. Las cuatro primeras se cuentan a su vez entre las diez mayores corporaciones del mundo según sus ventas, seis de las cuales son rentistas, incluyendo a British Petroleum y la Estatal rusa Gazprom además de las anteriores.

El nivel de apropiación de recursos por parte de estas corporaciones no tiene precedentes. En Chile, por ejemplo, a pesar que la Constitución establece la propiedad estatal “inalienable e intransferible” del subsuelo, un puñado de grandes empresas mineras han declarado “concesiones plenas” sobre poco menos de 28 millones de hectáreas, área que cubre mas de un tercio del territorio nacional y es mayor que la superficie total del Reino Unido. Dichas concesiones son indefinidas, hereditarias y transferibles, fueron adquiridas sin pago alguno y el costo de mantenerlas es un dólar por hectárea al año. Si el Estado quiere recuperarlas, debe pagar el valor total de los minerales que eventualmente se encuentren en ellas. En Perú y Colombia, las mineras privadas se han adjudicado asimismo concesiones sobre más de veinte millones de hectáreas en cada caso, aunque las mismas son temporales y están sometidas por lo general a regalías.

Estas últimas no se aplican a la explotación de los minerales en Chile, que recién el 2003 estableció un tímido impuesto específico a las utilidades de las mineras, que el 2010 se incrementó al doble. Según el Servicio de Impuestos Internos, el Impuesto Específico a la Actividad Minera recaudó un promedio de 389 millones de dólares anuales, entre 2005 y 2010. La Estatal CODELCO representó un 60 por ciento de ese tributo, por lo que las privadas pagaron solo 233 millones de dólares anuales en promedio, lo que equivale aproximadamente a un 0,9 por ciento de sus ingresos de explotación, los que promediaron 25.703 millones de dólares por año, en ese período. Dicho impuesto representó el 1,45 por ciento de sus utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, que se conocen por su sigla en inglés, EBITDA. Estas últimas promediaron 16.127 millones de dólares anuales, cifra que equivale casi exactamente a la mitad de los ingresos tributarios totales promedio del Estado, en el mismo período. Es decir, los chilenos sostienen un Estado y medio: uno mediante sus impuestos y medio adicional con la renta que “conceden” a las mineras privadas.

Sus panegiristas gustan de embolinar la perdiz con los impuestos a la renta aportados por “la industria” al erario nacional. En Chile, por ejemplo, generalmente publican los aportes al Estado de “la minería,” sin detallar que CODELCO aporta dos tercios de estos recursos controlando sólo un tercio de la producción. La verdad es que aparte del impuesto específico antes referido, los propietarios de la “industria” minera pagan menos impuestos a la renta que los dueños de una modesta pastelería.

En ambos casos, la empresa misma debe pagar el denominado impuesto de primera categoría, que actualmente es de 20 por ciento sobre las utilidades. En ambos casos, hacen uso de toda una batería de artilugios contables que les permiten postergar dicho pago, o eludirlo derechamente. Ciertamente, las mineras han demostrado en esta materia una creatividad y capacidad de innovación a toda prueba, que harían las delicias de los pasteleros.

Nadie como la minería ha utilizado tanto el sobre endeudamiento con filiales en paraísos fiscales, para remesar utilidades bajo la forma de intereses, eludiendo impuestos. Nadie ha usado y abusado como ellos de los beneficios de la depreciación acelerada. Principalmente mediante estos mecanismos, Exxon operó un mineral de cobre en Chile durante 23 años a pérdida, para luego venderlo a Anglo American ¡en 1.500 millones de dólares! Estudios publicados por NN.UU. han demostrado que, incluso mineras que posan de líderes en “responsabilidad social corporativa,” eludieron impuestos al subdeclarar el contenido de oro, plata, molibdeno y otros “subproductos,” en los concentrados que venden a sus filiales en el extranjero, a los cuales pagaron, además, cargos de refinación superiores al precio más alto del mercado y, finalmente, vendieron a las mismas empresas relacionadas el contenido de cobre de los mismos, sistemáticamente por debajo del precio promedio de la bolsa de metales de Londres.

Los mecanismos antes referidos, entre otros, rebajan las utilidades y consecuentemente el pago de impuestos a la renta por parte de las empresas. En Chile, sin embargo, estos últimos son considerados un crédito sobre los impuestos personales que posteriormente deben pagar sus dueños sobre aquella parte de las utilidades que retiren. Es decir, en este país, los impuestos a la renta que pagan las empresas no constituyen sino un anticipo sobre los que luego deben pagar sus dueños. Pues bien, resulta que los inversionistas extranjeros en Chile, están sujetos a una tasa marginal de 35 por ciento sobre las utilidades repatriadas, mientras el dueño de nuestra pastelería queda sujeto a una tasa marginal ¡superior a 40 por ciento!
Lo anterior operaría en caso que efectivamente unos y otros reconocieran retirar utilidades, lo cual todos los propietarios de empresas disfrazan como re inversiones, sea en las mismas empresas que generan las utilidades en primer lugar -la mitad de las gigantescas inversiones de más de cien mil millones de dólares aprobadas por las mineras para los próximos cinco años, corresponden a reinversión de utilidades-, como en una cascada de “inversiones” en una serie de empresas de papel creadas exclusivamente con este objeto. Como resultado de todo ello, en Chile ningún empresario paga la tasa marginal de impuestos a las personas -que en teoría es el único impuesto que se paga-, la que queda en pie solamente para los asalariados de ingresos elevados, a quienes se les descuenta por planilla.

Ni siquiera pagan la tasa de 20 por ciento, que hasta el 2010 era de 17 por ciento, de impuestos anticipados por las empresas, puesto que la liquidación anual termina en una gigantesca devolución de estos anticipos a los dueños. El diario El Mercurio estimó recientemente que las tasa reales de impuestos a la renta que pagan en Chile los empresarios son de 0,7 por ciento para el tramo entre 12.000 y 25.000 dólares mensuales de ingresos y de 9,2 por ciento para los que resultan superiores a esta última cifra.

Pues bien, los propietarios de las mineras hacen uso y abuso de todos estos resquicios, con la ventaja que su tasa marginal es cinco puntos inferior a la de los empresarios chilenos, como se ha mencionado. Con sistemas tributarios tan permisivos en general -cuya corrección constituye otra de las grandes cuestiones pendientes-, la única manera efectiva de recuperar parte de la renta que se apropian las grandes corporaciones rentistas, consiste en someterlas al pago de regalías sobre los recursos extraídos, las cuales en Chile, como se ha mencionado, consisten en un tributo especial cuyo monto equivale a menos de uno por ciento de las ventas.

Resultados

La privatización sin cobro de los recursos ha introducido una distorsión muy grande en la economía chilena. La minería representa dos tercios de las exportaciones del país, cuyo valor equivale, por su parte, a la mitad del PIB. Ni siquiera en la época del salitre se alcanzó una dependencia de esta magnitud, puesto que en 1929 las exportaciones representaban un 29 por ciento del PIB. La minería ha absorbido un tercio de toda la inversión extranjera llegada al país entre 1974 y 2011 y dicha proporción sube de la mitad si se considera la parte proporcional de la inversión en energía, un tercio de la cual se genera para abastecer a la minería. Representa una cuarta parte de las ventas de las cien principales empresas del país y un quinto del PIB. Sin embargo, ocupa ¡sólo 1,5 (uno coma cinco) por ciento de la fuerza de trabajo asalariada nacional!

Si se consideran adicionalmente la agricultura, silvicultura, pesca y energía, es decir, todos los sectores basados en recursos naturales, las cifras anteriores ascienden al 90 por ciento de las exportaciones, el 60 por ciento de la inversión, el 50 por ciento de las ventas y un cuarto del PIB, respectivamente. El empleo total en estos sectores, en cambio, solo asciende al 9,3 por ciento del total de los asalariados.

El asunto va de mal en peor. Si se consideran los grandes proyectos aprobados para el quinquenio 2011-2015, la minería sola absorbe más de la mitad de la inversión, tanto nacional como extranjera, pero dará ocupación permanente a solo un 0,8 por ciento adicional de la fuerza de trabajo asalariada.

Es decir, los grandes inversionistas no son auténticos capitalistas, que vienen a obtener ganancias a partir del valor agregado por sus trabajadores en la producción de bienes y servicios competitivos: los que han llegado vienen por los tesoros con que la naturaleza ha bendecido al territorio, de cuya renta se apropian casi por completo.

Como resultado de la hegemonía de los rentistas, el país ha abrazado el librecambio a ultranza, desmantelando la producción interna. Aparte de las ramas de recursos naturales, la producción se ha restringido solo a aquellas industrias que cuentan con protección natural, como la construcción, el transporte y algunos servicios. Mientras tanto, más de la mitad de la fuerza de trabajo, se encuentra ocupada de modo precario en el comercio, finanzas, servicios sociales y personales, todos ellos de bajo valor agregado. Uno de cada diez trabajadores han estado cesantes, en promedio, desde el golpe de Pinochet.
El poco interés de los grandes rentistas por el valor agregado por el trabajo, ha llevado a descuidar la educación, donde se ha desmantelado el sistema nacional, gratuito y de buena calidad que el país había construido a lo largo de medio siglo, que antes del golpe de 1973 tenía matriculado a uno de cada tres chilenos de todas las edades. Hoy estudian en el sistema público y privado, solo uno de cada cuatro habitantes, pagando elevados aranceles por un servicio deficiente, mientras el gasto público en educación es un tercio inferior al que el país desembolsaba hace cuatro décadas, como porcentaje del PIB.

Las ganancias de las grandes empresas mineras equivalen a un ocho por ciento del PIB y forman parte del excedente de explotación apropiado por el conjunto de las empresas, el que representa la mitad del PIB. De ese total, los dueños de los recursos y el capital, que representan menos del uno por ciento de la población, reinvierten un quinto del PIB y consumen un 30 por ciento del mismo. Mientras tanto, los ingresos del trabajo – que coinciden con los de las familias que responden la encuesta de ingresos de hogares, que en Chile se llama CASEN -, se han visto reducidos a sólo un 40 por ciento del PIB, todo ello según cifras oficiales. Las rentas de la minería resultan decisivas para la distribución del ingreso, así considerada. Ésta empeoró drásticamente entre 2009 y 2011, principalmente por el fuerte crecimiento de aquellas, debido al incremento del precio del cobre entre esos años: los ingresos sumados de todas las familias que responden la CASEN disminuyeron su participación en el PIB ¡desde 45 por ciento el 2009 a 40 por ciento el 2011!

Todo lo anterior sin abordar siquiera el enorme daño ambiental que la depredación de la industria extractiva ha representado para amplias regiones del país y las comunidades que las habitan.

Conclusión

Estos argumentos teóricos y prácticos parecen responder la gran pregunta: el modelo de crecimiento económico basado en la industria extractiva no es consistente con una apuesta por formas de inclusión democrática, calidad de vida y salud ambiental que sean sostenibles en el tiempo.

Un fantasma viene recorriendo el mundo desde principios de los años 2000, que la prensa internacional ha bautizado “nacionalismo de recursos.” Desde Bolivia a Uzbequistán y desde Australia al Reino Unido, los gobiernos de los países ricos en recursos naturales han venido renacionalizando o al menos exigiendo una mayor participación en las rentas de sus recursos, que habían sido privatizados durante el período neoliberal.

Quizás el hito más significativo en América Latina y el mundo, por su magnitud, lo constituye la renacionalización en los hechos de Petrobras, bajo la forma de un aumento de capital en que el Estado aportó los recién descubiertos yacimientos submarinos. El Presidente Lula lo denominó “Segunda Independencia,” parafraseando al presidente chileno Salvador Allende y declaró que impulsaría una industria local de insumos de nivel mundial. La Presidenta Rousseff ha propuesto recientemente que todas las regalías se destinen a educación, ciencia y tecnología, lo que convertirá a Brasil en líder mundial en la materia, con un 10 por ciento del PIB destinado a ello.

¿Nos decidiremos los chilenos a reemprender ese camino, durante el próximo gobierno?

FUENTE: http://economia.manuelriesco.cl/2012/12/la-gran-pregunta.html

Recensión del Libro “Se derrumba un mito: Chile reforma sus sistemas privatizados de educación y previsión” de Manuel Riesco Larraín . Por Gustavo Quintana Muñoz

El autor, Ingeniero Civil  (U.de Chile),Vicepresidente  de Cenda en Chile y Coordinador externo de investigación  de UNRISD  ,director de la revista Encuentro  XXI,  que ha desempeñado  diversos cargos administrativos y docentes en universidades chilenas y  norteamericanas, consultor habitual de diversos gobiernos y del Parlamento, y que  ha escrito extensamente sobre el  desarrollo social de Chile y América Latina,   nos ofrece en este libro un análisis de los efectos de la ola privatizadora  en la educación y en la previsión , con el rigor al que nos tiene habituados.

El título de esta obra,  incomprensible para muchos, se aclara ya en el prefacio,  al igual que las razones   para que este libro aparezca en el momento en que se edita.  Allí se indica que son los efectos sociales,  consecuencia de  las privatizaciones en ambos ámbitos,  los que proporcionan el nexo de unión,  y que son los acontecimientos sociales producidos en los años 2006 y 2007, que son analizados con gran clarividencia,  casi   premonitoriamente,  por el autor, los que señalan que el  fracaso de las privatizaciones  abre   finalmente  la posibilidad del  inicio  de una reforma  de los sistemas privatizados de educación y previsión.

¿Qué representa el año 2007 como fecha de edición?   En Diciembre de 2006 la presidenta  Bachelet   envía al Congreso un proyecto de ley   con un amplio programa de reformas al  sistema privado de pensiones y días después recibe el informe de la comisión asesora presidencial para la calidad de la educación  que,  si bien solo llega  a resultados concretos limitados o nulos,   tiene el mérito de sacar a la luz pública un vigoroso movimiento de reforma  de las privatizaciones desarrolladas  en ambos sectores,  principalmente  el movimiento  de los pingüinos, que empuja a la comisión citada a plantear por primera vez  en 25 años la derogación de la legislación que  rige a la educación desde Pinochet.   En suma,  el profundo descontento por los efectos de las privatizaciones en ambos sectores abre un proceso  de reforma de los sistemas sociales privatizados  cuyos resultados finales  dependerán del  desarrollo del movimiento contra  el proceso privatizador y la forma  como crezca la movilización social contra él  durante los próximos años.  Cuatro años después de  la edición de este libro no sólo  se mantiene  este movimiento de reformas sino que incorpora nuevos sectores  que exigen su participación en los asuntos públicos y generales del país,  entre los cuales el enorme movimiento contra las represas en  Aysén   es el mejor ejemplo.

Antes de analizar más detalladamente  la magnitud del  fracaso del proceso privatizador,  tanto en educación como en previsión,  el autor ensaya someramente el  ubicar las políticas sociales  chilenas en el  contexto histórico de un  siglo, dividiendo este lapso en dos partes: de  1924 a 1973  y   de  1973 hasta hoy ,  señalando  las dos grandes estrategias  desarrolladas por el Estado en la transición  del país a la era moderna,  y expresando su opinión de que en este instante  el país experimenta otro gran giro en su estrategia de desarrollo.

El 11 de Septiembre de 1924, en un marco de movilizaciones sociales, una junta  militar de corte progresista toma el poder  y promulga la primera  legislación social, creando las instituciones  económicas  y políticas básicas del Estado chileno moderno,  incluida una nueva constitución política.  La estrategia de desarrollo que se adopta, cuyo guía es el Estado, tiene  como norte  el progreso tanto económico como social  y se desenvolverá  de manera ascendente a lo largo de medio siglo,   impulsada por gobiernos democráticos de variada orientación ideológica, culminando en las profundas reformas democráticas del presidente Frei  Montalva  y  alcanzando su climax revolucionario  durante el gobierno del presidente Allende. Esta estrategia  deja al país un capital cultural social y económico  inmenso y alcanza en el ciclo económico 1958- 1971 una tasa de crecimiento del  PIB  que no volverá a repetirse  hasta los años  90.  Un golpe militar de extrema derecha, encabezado por Pinochet,  pone término violentamente  a  esta  estrategia   e instaura una nueva  sobre los principios del neoliberalismo,  las privatizaciones   y el mercado como único ordenador .

En las tres décadas durante las cuales el país se ha desarrollado con una orientación neoliberal  se distinguen  dos períodos de aproximadamente 17 años cada uno.  Los primeros corresponden al régimen dictatorial,  preocupado de crear un ambiente económicamente amistoso a los negocios de corto plazo y de un manejo de los asuntos públicos mayormente en  interés del empresariado, de las trasnacionales y de la minoría de altos ingresos de la población,  en contrapartida  con un retroceso brutal de todo lo que el país había desarrollado en materia de avance social.  Si se puede establecer alguna diferencia entre ambos períodos , lo  es la persecución sangrienta de los opositores a la dictadura,  frente  a una lenta transición hacia la democracia en el segundo período,  junto  a una lentísima recuperación  de los derechos sociales perdidos.    En lo demás,  sólo más de lo mismo.  Un ejemplo de esto  es el resultado de que un puñado de empresas  mineras, casi todas extranjeras,  que en 2006 remesaron a sus casas matrices unos  veinte mil millones de dólares, cifra del mismo orden de magnitud  que el presupuesto total del Estado chileno.

La paradoja entre el crecimiento durante este período  (2,3 veces entre 1990 y 2005) y el aumento del gasto público (2,8 veces en el mismo período) y  el creciente descontento  que explotó en 2006 y que sigue aumentando, sólo se explica  por una de las distribuciones  de  ingreso más desiguales del mundo, lo que hace que el aumento del gasto público sólo represente  1/5   del   PIB,  lo que se refleja en  un aumento de los salarios ( 53 %  de 1990 a 2004 ) menor  en un   50%  del incremento   del  PIB  en el mismo período,  y  que recién en 1999 volvió a los niveles   que estos tenían justo antes del golpe.   Esta situación  afecta especialmente a los profesores  que,  a pesar de recibir un aumento del mismo orden que el PIB,  aun no recuperan los niveles de sueldo que poseían antes del golpe.

Finalmente,  Manuel Riesco  entrega los elementos de análisis que muestran irrefutablemente que el modelo neoliberal de sociedad,  el mercado regulador absoluto  y  las privatizaciones como freno de  la acción del Estado son la causa  del fracaso  de los sistemas de educación y previsional .

 Un millón de estudiantes secundarios estremecieron Chile en 2006,  con la mayor manifestación social  desde las protestas de los años 80,  exigiendo la derogación de la  LOCE,  motor del  sistema de privatización de la educación, siendo prueba palpable de que el aumento  del presupuesto  de la educación  en 4,4 veces  (1990 – 2005) no basta para  detener  el deterioro constante después de 25 años.  La desregulación de todo el sistema responde a la falta de objetivos confesables  de país,  reemplazados por un vago anhelo de llegar al desarrollo,  lo que lleva a Chile a solicitar su ingreso  a este mundo  desarrollado (OECD). Este solo hecho,  que obliga a comparar la educación de los nuevos socios con la nuestra sólo sirve para exponer nuestra miseria  educacional . Contrastando así nuestro sistema de pobre aporte fiscal a la educación, de acelerado proceso de privatización,  segregación vergonzosa y educación de dos calidades ,para pobres y para ricos, y la caída en la calidad de la educación superior :  sólo 11 de 60 universidades acreditadas por investigación,  con las características del  de  los nuevos socios.  Estos tienen una  estructura mayoritariamente pública (88% en OECD,92% en U.E de aporte estatal) con fuerte participación del estado en la educación superior (25% del aporte estatal total OECD promedio,  con ejemplos que lo  superan (Canadá con un 40% , EEUU,38,6%,Corea , 33,4%, Finlandia , 28,9% y unos 8 a 10 países más).  El objetivo que realmente persigue nuestro modelo es preservar, por una parte,  la calidad de la educación para una elite ideológica y de poder, restringida a no más del 10% de la población dejando  a cerca de un 50%  sin ningún otro tipo de formación que una mala educación secundaria  Para el resto de los estudiantes sólo quedan  ofertas publicitariamente atrayentes,  pagadas y de calidad discutible,  que permiten  muy buenas ganancias a los dueños  de estas universidades,  en el marco de una actividad que legalmente no tiene fines de lucro (el único milagro del nuevo modelo).

Si La  privatización relega  al desarrollo al papel de un falso objetivo ¿Qué hacer ? Punteemos a lo menos  las principales proposiciones del profesor Riesco:

  • Devolvamos  al profesor su calidad, su dignidad y el papel  que tuvo en la sociedad hasta 1973.
  • Reconstruyamos el sistema nacional de educación pública,  partiendo por la recuperación  de la propiedad que le pertenece  y las funciones de gestión docente  de todo lo que financie completamente( subvenciones al 90% de los estudiantes de Chile),  sin perjuicio de continuar su política tradicional de  apoyo financiero a las instituciones educacionales particulares sin fines de lucro , que así  lo ameriten

En suma,  la base de una reforma es que el Estado aporte el financiamiento suficiente y en las modalidades más adecuadas (volver al 7% del P.I.B.,  contra el 3 a 4 % actual).

Finalmente,  Manuel Riesco analiza la segregación social  y el deterioro en las pensiones  de  los sectores  medios, producto de la privatización de la previsión,  así como el enorme costo para el Estado y los enormes beneficios para los mayores grupos económicos y compañías de seguros.

A pesar de que el Estado aseguró en la reforma previsional  una pensión básica para la mayoría de los cotizantes de las AFP con capacidad de ahorro  insuficiente,   mantuvo como pilar único de las pensiones de los sectores  medios la capitalización individual, que entrega  a estos sectores pensiones muy inferiores  a las que aun se otorgan a la mayor parte de los adultos mayores jubilados con el sistema  antiguo ( 3 pilares de financiamiento).

El sistema chileno destina la totalidad de los descuentos previsionales  al mercado de capitales y a la mantención de las propias  AFP  y de las compañías de seguros relacionadas, a diferencia del resto del mundo,  donde sólo una porción menor de las cotizaciones  se destina al mercado de capitales.  En suma,  la privatización del sistema de pensiones  de 1981, es un verdadero embargo  sobre las contribuciones de los asalariados a la seguridad social, principalmente en beneficio directo de los mayores conglomerados  económicos.

Lo más incomprensible de este modelo de previsión es que el principal recaudador de cotizaciones de seguridad social del país, el Estado,  entregue estas a las AFP  y posteriormente tenga que asumir el pago de la mayor parte de la pensión de los adultos mayores (unas   ¾ partes de los 1.594.000 adultos mayores ), pagando las AFP, con los fondos acumulados,  las pensiones de unos 70.000 adultos mayores   y  la quinta parte de las pensiones mínimas garantizadas,  siendo finalmente  los únicos cotizantes beneficiados con la privatización del sistema a lo sumo los sectores perteneciente al quintil de  mayores ingresos.

Queda pendiente aun  investigar a fondo la administración que de los  fondos de pensiones  han hecho las AFP,  pues las cotizaciones,  en un tránsito muy alambicado,  son invertidas en gastos administrativos  de las AFP , traspasos a las compañías de seguro, que a su vez pagan algunas pensiones ( de por vida, e incapacidades),  inversión en el mercado de capitales,   préstamos al Estado (nunca más allá de un 25% del total),  recuperación de parte de estos préstamos por nuevas cotizaciones  al fondo de pensiones, etc.  En estos vericuetos es fácil  aparecer con gastos inexistentes, falsear las ganancias y presentar contabilidades  discutibles  o  fraudulentas.

Ante la interrogante de qué  hacer, sugerencias  muy simples,  tales como acoger la modalidad que la mayoría de los países  han adoptado,  con presencia activa del Estado sobre la base de tres pilares de financiamiento:  pensión básica, financiada por el Estado, ahorro o capitalización con parte de la cotización y reparto anual.

¿Qué niveles debiéramos esperar?  No inferiores a los que entregaba el sistema anterior a 1973 y que es el que aun reciben los  antiguos pensionados y los que no pudieron integrarse  al sistema de AFP.

La recuperación por parte del Estado (hoy en día administrador más eficiente que las AFP) de todos los fondos que recauda para las AFP  y asunción de la potestad que tuvo en el pasado. No es algo imposible, y países como Polonia y Hungría ya lo hicieron tras experimentar el modelo que Chile les había vendido y que resultó ser un pésimo negocio para el Estado.

Menos historia, más desarrollo. Por Pablo Aravena Nuñez

Este domingo 21, antes de las noticias, el presidente Piñera anunció en cadena nacional su paquete de reformas a la educación chilena. En ello lo precedió durante la semana el ministro Lavín, quien había dado la primicia de la ampliación de horas de Lenguaje y Matemáticas a costa de las de Historia y Educación Tecnológica.

Los argumentos esgrimidos son lo mejor de esta nueva “Revolución silenciosa”, que Piñera impulsa en su envolvente retórica bajo la ambigua figura de Frei Montalva… ese otro “revolucionario en libertad”: “Está demostrado que los países que así lo han hecho tienen mejores resultados”, “así se hace en los países desarrollados”. Larga y triste tradición tienen estas ideas en las ciases políticas latinoamericanas. Larga, porque es la pieza fundamental de la ideología modernizadora que se propaló desde mediados del siglo XIX por unas antiguas aristocracias criollas que ahora hacían de bisagra entre los intereses del capital inglés y estadounidense y la fuerza de trabajo y mercados locales. Triste porque tuvieron como resultado la absoluta desigualdad, pauperización del pueblo y dependencia económica (y por ende política) de las jóvenes naciones, mucho mayor que en la colonia. En una palabra: se sentó las bases del subdesarrollo.

Lo que funciona para los países desarrollados usualmente no resulta para los subdesarrollados, todo lo contrario, tiende a agravar sus condiciones. Las medidas anunciadas no pueden ser entendidas más que como otra pieza del populismo que hemos visto despuntar este último tiempo, porque todos los ajustes “técnicos” van acompañados de “incentivos” económicos para retiro, mejoras salariales “para los mejores” y bonos para los directores, que quintuplican los actuales, y lo mejor, sin que los montos salgan del bolsillo de los sostenedores. ¿Quién podría resistirse? ¿Así quien se opone al progreso? Un pueblo castigado, desmovilizado y atomizado se olvida de los problemas de fondo por un bono de cuarenta mil pesos. Así estamos.

¿Por qué no dicen Piñera y Lavín qué porcentaje del PIB invierten en educación esos países que quieren imitar? ¿Por qué no nos muestran qué tipo de clases reciben esos niños y jóvenes? ¿Por qué no nos hablan de la distribución del ingreso, de sus “inflexibles” leyes laborales, de los bajos niveles de estrés y enfermedades siquiátricas de su población? ¿Porqué no nos mencionan el caso de Francia, en donde los profesores de escuela trabajan 17 horas semanales y reciben un pago equivalente al de un académico? Y algo más importante, no nos dicen que en Francia, Alemania e Inglaterra -que es donde supuestamente miran nuestros gobernantes- a nadie se le pasaría por la cabeza, después de Auschwitz; “mejorar” la educación a costa de reducir horas de Historia. Porque aunque vaya con Ciencias Sociales, Geografía y Educación Cívica, sigue siendo la mantención de la memoria lo esencial de este trabajo, y tenemos cosas importantes que recordar en Chile. Porque la reiteración -y saturación- de imágenes y testimonios para las fechas de “aniversario” con que nos llenan los medios no equivale a recordar bien. Y no es que los profesores en la mayor parte de las escuelas lo estén haciendo, Recuerdo haber supervisado una clase en que el profesor preguntaba a los alumnos sobre lo que sabía desde su casa sobre el Golpe de Estado,.. y los niños contestaros reproduciendo todos los prejuicios de sus padres, y la clase se cerró con un “todas las opiniones sin válidas”. Hay demasiado por hacer en materia de la enseñanza de la historia, pero este recorte horario lo que hace es restringir la posibilidad de mejorarla. ¿Por qué que se puede hacer ahora en una clase de historia que dura 25% menos con un grupo igualmente numeroso? Para nuestro trabajo se necesita tiempo (porque toda reflexión lo requiere) y un número de alumnos que garantice un trato humano.

Pero este gobierno, más que los anteriores, insiste en focalizar la culpa en el individuo profesor Esa tan usada estrategia del discurso de las “Ciencias de la Empresa”, de los “Recursos Humanos”, en que la baja productividad siempre es culpa del trabajador… y siempre la productividad es baja,.. y el individuo imbuido de la lógica de las ciencias de la empresa se hace cargo, trabaja más y se capacita con costo a su bolsillo. Hace tiempo que no son necesarios los capataces, porque el capataz está dentro. Sabemos que estas lógicas se viene impulsando desde los gobiernos de la concertación, pero ahora nos enfrentamos a la voluntad de un completo cambio de línea editorial. Todavía no están ¡as condiciones para transformar los programas de historia, pero ya vendrá. Sintomática es la columna publicada en El Mercurio por en historiador Gonzalo Rojas (Opus Dei igual que el ministro Lavín): “el factor clave es el profesor, lleno de aparente vocación docente, pero que por su militancia en las izquierdas transforma la cátedra en pisito de adoctrinamiento” [. . ] “la tarea pendiente está primero en los programas y los textos” [...] “Por ahora, la discusión está centrada en una cuestión menor: horas más u horas menos” (El Mercurio, 24 de noviembre de 2010).

Bueno, esto era un gobierno de derecha. Elegido por los votos, desde luego. (Otro problema sería entrar a ver qué tipo de información dispone la gente común a la hora de “decidir”, o si a estas alturas, con tanto “marketing político”, hay algún razonamiento previo al voto… pero esto es tema de varias columnas que quizá escriba. Aunque intuyo que una. buena práctica de enseñanza de la Historia se opone a dichos vicios. ¡No sea que a alguien le interese promoverlos!).

Editorial (CdE nº13)

En alrededor de 40 días más enfrentaremos otro de tantos dilemas que nos concierne de manera especial a las Universidades y a la Educación Terciaria, a saber, una Reforma a la Educación Superior. Aunque la vida universitaria demanda a gritos cambios en su forma de funcionamiento, gobierno y financiamiento que apunten a elevar la democratización de estas casas de estudio, esta reforma no guarda ninguna relación con esto, muy por el contrario, se trata de seguir los lineamientos dictados por la OCDE y el Banco Mundial en cuanto a sincronizar el quehacer universitario con el modelo económico vigente, vale decir, la Economía Neoliberal. Es así como, hace pocas semanas atrás, el jefe de la Educación Superior del MINEDUC, Juan José Ugarte, anunció la creación de dos entidades. Una que agrupe a las 177 instituciones que imparten educación terciaria, y otra que reúna las 60 universidades existentes en el país, 25 tradicionales y 35 privadas. Por supuesto que este proyecto no fue comunicado a las instituciones afectadas, y mucho menos discutido con la participación de éstas. Las reacciones no se hicieron esperar, y es así como el presidente Sebastián Piñera, al acudir a la entrega de la medalla Patrono de la Universidad de Chile, recibió la reprobación de parte de los estudiantes y del mismo rector, quién calificó de “poco sensatas y poco prudentes las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación”. A su vez, en su discurso, el rector Víctor Pérez rechazó de manera categórica la intención de homologar las universidades tradicionales con las privadas, indicando que las medidas bien podrían terminar por “profundizar la privatización y mercantilización del sistema universitario”.

Otra de las medidas de carácter manifiestamente neoliberal es la creación de un sistema único de créditos y becas, que estaría destinado a favorecer la demanda, es decir, los estudiantes recibirían el aporte económico para luego decidir en qué institución estudiar. Con esto, el Estado se desentendería de la regulación de la educación y de su financiamiento, dejando a las universidades la responsabilidad de adecuar su funcionamiento con el propósito de captar estos recursos económicos de manos de los potenciales estudiantes. Como consecuencia natural, el mercado estaría determinando el quehacer universitario, llegando a ser cada vez más funcional al modelo económico neoliberal.

En todo caso, el Presidente Piñera desmintió que la eventual reforma universitaria tuviera la intención de disminuir los recursos para las universidades públicas. El punto es que cada vez se hacen menos creíbles las promesas del presidente. Se han cumplido 100 días del gobierno de la derecha y las promesas de menor cesantía y de mayor crecimiento no sólo no se han cumplido sino que van en la trayectoria opuesta. A la cesantía estructural del sistema neoliberal es necesario agregar la cesantía política causada por los despidos masivos en el aparato del Estado, perpetrada por los ministros-empresarios del gobierno. Contra su promesa de campaña, entre otras, Pinera ha avalado el despido de miles de trabajadores del Estado, siendo más fuerte que el cumplimiento de su palabra, el dogma neoliberal de empequeñecer el Estado hasta su mínima expresión. Por otra parte, el último informe del Banco Central ha corregido a la baja la estimación de crecimiento de la economía chilena para este año 2010. Es necesario recordar que tanto el cumplimiento del programa de Piñera como el financiamiento de la reconstrucción se financiarán con cargo a sólidos crecimientos del PIB, por ello podemos esperar que muchas otras promesas no se cumplan y suframos durante cuatro años de este estilo de gobernar que, en estos poco más de 100 días de gobierno, hemos ¡do conociendo.

Por otra parte, Piñera ha desplegado un gran número de acciones conducentes a definirse como un político de centro. Para ello no escatima medios, juega a usar el lenguaje de la Concertación y retoma sus banderas, lo que incluso le trae conflictos con la UDI, el sector más duro de la alianza. Exhibe un populismo como el de Lavín, yéndose a dormir con los damnificados por el terremoto y las lluvias, y viendo partidos de fútbol públicamente en diversas ciudades del país. No obstante, hay una frontera que no pasa, la que va del dicho al hecho. Cuando las medidas propuestas llegan a la fase de su concreción, se diluyen en el tiempo y los montos, como está ocurriendo con los jubilados y la eliminación de la parte de sus sueldos que va a FONASA. Los prometidos seis meses de postnatal, que después de tantos anuncios contradictorios está quedando poco menos que en nada o casi peor que antes. Como ya hemos señalado, también los despidos inconsiderados de los empleados públicos, negados al principio por la propia presidencia, que ahora se han desatado. A esto se agrega un desorbitado afán por la privatización que en estos momentos amenaza a la salud.

Desde un comienzo Sebastián Piñera ha tratado de cortar el cordón umbilical que lo une a la dictadura. Comenzó declarando que había votado por el NO en el Plebiscito, y ha continuado haciendo gestos como los mencionados. La designación del ministerio mostró claramente este afán por demarcarse de la línea política dura de la UDI, aún plenamente pinochetista. Luego, vino la alocución sorpresiva del embajador de Argentina y el de su hermano José Pinera, mostrando que este cordón umbilical sigue intacto, y que el monstruo no ha muerto. Tan sólo dormita con un ojo semi abierto dispuesto a saltar en el momento menos pensado.

Esta mirada hacia el centro, más que a un coqueteo, obedece a una necesidad y a un peligro. Piñera quebró la fórmula consagrada que les permitía a los poderes fácticos, en especial a los empresariales, mantenerse al margen de los vaivenes políticos, eludiendo la contingencia, sacando las castañas con la mano de la Concertación. Ahora se han hecho cargo de todo, abarcando la totalidad de las esferas del poder. Pero, políticamente, quedaron más expuestos. El triunfo electoral fue apenas el desplazamiento de un puñado de electores. Las encuestas demuestran que no ha ido más allá la adhesión a este gobierno y que la desaprobación hacia éste aumenta. El temor que los urge y apura es que sólo son cuatro años, y que estos cuatro años pasen con mucha pena para el pueblo de Chile y sin gloria para el gobierno. Y entonces, como dijo Longueira, las pretensiones políticas de la derecha se amaguen por largo tiempo.