Carta Abierta: Por una política cultural, científica y tecnológica para Chile fundada sobre una discusión democrática

Hace dos semanas la prensa nos ha sorprendido con la noticia de que, por encargo del presidente de la República, el Ministro Longueira estaría preparando un proyecto de ley dirigido a desvincular la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt) de su actual dependencia en el Ministerio de Educación para trasladar su administración al Ministerio de Economía. Anunciada en el Diario Financiero, refrendada el mismo día en Radio Cooperativa y reiterada algunos días después en una entrevista concedida al Diario El Mercurio, la iniciativa fue defendida por el actual Ministro de Economía como una manera de fomentar una relación más estrecha entre el “mundo” de la academia y aquel de la empresa privada con vistas a que “toda la inversión pública que hacemos en I+D en Chile y en ciencia y tecnología tenga un vinculo mayor con el aparato productivo”, de suerte que “todos los recursos que se destinan para la investigación en Chile tengan una planificación estatal mucho más vinculante al valor agregado que queremos incorporar a los sectores productivos”.

Las palabras del Ministro no pueden sino despertar la más aguda inquietud entre aquellos(as) que trabajamos en el seno de la academia y comprometemos nuestros esfuerzos en el desarrollo de la investigación en Chile. De hecho, la preocupación es incluso más punzante para las y los académicos y profesionales que dedicamos nuestras labores, a la ya fuertemente pauperizada investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.

Es que, como ya ha sido señalado por otros colegas, no toda la investigación puede ser traducida, ni en lo inmediato ni en lo mediato, a productos transables en el mercado, menos aún reducida al valor agregado de algún bien de consumo. De hecho, existe un vasto territorio de la investigación mal llamada pura que difícilmente podría ser transformada en los acariciados primores que cautivan las apetencias del  denominado sector productivo. Además, tanto Conicyt como Corfo (es decir, el mismo Ministerio de Economía), ya cuentan con programas específicamente orientados al fomento y desarrollo de I+D, a lo cual se suman exenciones tributarias millonarias a las empresas por inversiones en esta área.

Sabemos que el valor del saber nacido de la investigación en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades posee una particularidad que lo hace aún más sensible a la  reducción utilitarista. Convocado a dar cuenta de los asuntos que conciernen a hombres y mujeres en un tiempo y espacio determinado,  las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales representan la forma en que una sociedad intenta comprenderse en su pasado, su presente y su devenir. Sin esta investigación, la sociedad se vería condenada al automatismo irreflexivo, a la repetición incesante de su propia barbarie, privada de la posibilidad de mirarse, de escucharse, de sentirse, de retratarse, de reconocerse, de estimarse, de criticarse, de proyectarse… En consecuencia, no parece exagerado decir que se trata de saberes sobre los que se funda el alma misma de una cultura: cercenarlos mediante exigencias utilitaristas y objetivos mercantiles sería exponernos a transformar nuestra sociedad en una maquinaria productiva altamente rentable pero desalmada.

Sin duda, los fondos que nuestro país destina al conjunto de la investigación son notablemente exiguos. De hecho, la inversión que nuestro país destina a Ciencia y Tecnología sólo llega al 0,4% del PIB, allí donde el promedio de los países de la OCDE alcanza el 2,3%, ubicando en el penúltimo lugar del ranking. Pero esta pobre realidad llega a la más resuelta indigencia cuando se trata de los presupuestos para investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.  ¿Qué podríamos esperar de estos anuncios para esas disciplinas? Como es evidente nada auspicioso. Una verdadera “innovación” que demostraría  una preocupación real por el desarrollo científico y tecnológico sería la de crear un Ministerio de la Cultura, las Ciencias y las  Tecnologías colocando en el centro del crecimiento y progreso del país a la cultura y sus manifestaciones creadoras en el más amplio sentido. La producción científica, entendida como producción cultural, debe gozar de libertad de pensamiento y por lo tanto no debe estar condicionada solo a la generación de mercancías transables en el mercado, tampoco debe estar presionado por las demandas de las empresas privadas ni de los gobiernos de turno. Una real política estatal debiera ocuparse de propiciar espacios para que el libre desarrollo de las ciencias pueda expandirse en consonancia con los múltiples desafíos que la sociedad globalizada impone como futuro. Los abajo firmantes demandamos que la democracia en Chile no sea solo formal, sino que considere efectivamente la participación, opinión y propuestas de los diversos actores , en este caso las y los científicos, intelectuales e investigadores(as) que construyen día a día el conocimiento. Rechazamos las políticas producidas entre cuatro paredes ideologizadas y sesgadas, más aún si se trata de reeditar una institucionalidad propia de los tiempos oscuros de la dictadura (cuando Conicyt efectivamente pertenecía al Ministerio de Economía). Es preciso comprender que los cambios no pueden imponerse por decreto, sobre todo cuando estos tocan el corazón mismo de la cultura, es decir de las ciencias como lenguaje y acción del pensamiento humano.

 En este sentido, y en respuesta a una demanda arraigada de la comunidad intelectual y científica chilena, lo propicio es generar una instancia gubernamental que acoja la más extensa y diversa participación de esa misma comunidad, para discutir los lineamientos de una política cultural, científica y tecnológica para el país y alcanzar sobre esa base los consensos necesarios que permitan una proyección de largo plazo de las capacidades creativas de la nación, sin las cuales ningún desarrollo es posible.

Nota de la redacción: Para suscribir esta carta abierta es necesario enviar mail a:

cartaabiertaconicyt@gmail.com

indicando: Nombre, profesión u oficio, institución y RUT.

Bases para un acuerdo social por la educación Chilena.

El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado. Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION CHILENA.

Hoy queremos emplazar a los actores políticos del país, y en particular a los representantes del Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma.

 Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo de formación.El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.

La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.

La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social

La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica. En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social. Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.

EJES FUNDAMENTALES

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales:

I.- La Reforma Constitucional

La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media. Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar un titulo de educación superior.

II.- Educación Escolar

La Educación Escolar contempla tanto la educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional. En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:

A.- La Desmunicipalización de la Educación.

Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar. La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.

B.- Nuevo Sistema de Financiamiento.

El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.

C.- Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad.

Debe avanzarse en una nueva ley de carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación. Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores.

D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas

La suspensión inmediata de la creación de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos establecimientos y hasta que se encuentre operando la nueva institucionalidad escolar vinculada a: la superintendencia de educación, la agencia de la calidad de la educación, la nueva estructura publica de administración de la educacional y, se haya implementado las correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.

E.- Transporte Escolar

Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes, especialmente en regiones, durante los 365 días del año.

F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar

Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y sanidad.

G.- Educación Politécnica o Técnico Profesional

En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entre ambas. La educación técnico –profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades. Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.

H.- Democratización

Democratizar los espacios de participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias. También, y a través de Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.

III.- EDUCACION SUPERIOR 

La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional. Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que la Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordada con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.-

El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.-El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias el costo de esta.

A.-  Educación Universitaria

1.- Financiamiento Institucional

a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas, que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones.

b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del CRUCH, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.

c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:

• Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH)

• Condición Regional

• Composición socio-económica de sus estudiantes

• Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)

2.- Nuevos Sistemas de Accesos: Más Equitativo y que Garantice Igualdad de Oportunidades.

Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del CRUCH cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas. Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluar de manera transparente su pertinencia. Avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación. Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.

3.- Nuevos Sistema de Becas y Financiamiento Estudiantil

a) Se promoverá una reestructuración integral del sistema de becas, ayudas estudiantiles (en sus montos, cobertura y condiciones de postulación) y créditos poniendo fin a los insostenibles niveles de endeudamiento de las familias. Para este efecto se propone: Con el fin de avanzar hacia la gratuidad, se debe promover un sistema de becas que cubra a todos los alumnos y alumnas provenientes de familias del 70% de menores ingresos. De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a los estudiantes pertenecientes al 70% de menores ingresos del país. Finalmente se debe crear un sistema único de Fondo Solidario para todos los y las estudiantes pertenecientes al 30% de las familias de mayores ingresos que ingresen a instituciones que en la práctica no lucren, eliminando a su vez, el CAE y a la banca en el sistema financiero.

 b) El financiamiento estudiantil será de asignación exclusiva de las Universidades estatales y las Universidades que cumplan con una estricta regulación por parte del Estado.

c) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:

• Acreditación Institucional, en todas las categorías.

• Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión..

• Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles.

• Transparencia total del uso de sus recursos financieros.

• Ausencia total de fines de lucro.

d) Todas las Universidades se deberán someter a una revisión completa de los montos  arancelarios de sus planes de estudio, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación. Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.

4.- Nueva Institucionalidad

a) Creación de Superintendencia de Educación Superior

Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior. Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior. Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos, gastos y vínculos contractuales.

b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación

Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema de acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.

5.- Democratización

El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución. Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 MINEDUC, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de educación superior.

6.- Derechos Educativos de los Pueblos Originarios

A.- Avanzar en un sistema educacional más inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo.

Para esto se propone:

1.- Creación de una Universidad Estatal Intercultural

2.- Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.

3.- Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.

B.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales

El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país. Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo. Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica, gratuita y de calidad.

Allende, el Cobre y el Movimiento de Trabajadores y Estudiantes. Por Orlando Caputo y Graciela Galarce

Con la nacionalización del cobre realizada por el Presidente Allende, el 100% de la Gran Minería del Cobre, pasó a ser controlada por el Estado de Chile. El cobre es tan importante en Chile que Allende lo denominó “El Sueldo de Chile”.

Sin embargo, con la desnacionalización iniciada durante la Dictadura de Pinochet, y concretada en los gobiernos de la Concertación, actualmente alrededor del 70% del cobre es producido por las grandes mineras privadas, principalmente extranjeras.

Las exportaciones totales de cobre y subproductos del cobre, desde Chile en 2010 son cerca del 80% de las exportaciones de petróleo de Venezuela y superiores a las exportaciones de petróleo de México. Venezuela tiene 28 millones de habitantes, México tiene cerca de 108 millones de habitantes y Chile poco más de 17 millones de habitantes.

En el año 2010, las exportaciones agrícolas de Argentina, se estiman en alrededor de 25.000 millones de dólares. Las exportaciones chilenas de cobre y subproductos del cobre son el doble de las exportaciones agrícolas argentinas. La población argentina es casi el doble de la población chilena.

Sin embargo, el 80% de los excedentes del cobre como principal riqueza básica de Chile son captados por las grandes mineras privadas, principalmente extranjeras.

En el primer y segundo punto de estas notas hemos resumido un estudio del año 2007 sobre las ganancias de las grandes mineras mundiales en Chile, y la relación con sus inversiones realizadas en Chile desde 1974 hasta 2005, con la información oficial disponible en el Banco Central de Chile, Comisión Chilena del Cobre,- COCHILCO-, y el Comité de Inversiones Extranjeras.

En la tercera parte, en base a los Estados Financieros de las Memorias Anuales del Consejo Minero – organismo que agrupa a las grandes mineras en Chile-, estimamos las ganancias de las grandes mineras privadas, principalmente extranjeras, desde 2006 hasta el año 2011.

I. Las ganancias de las grandes mineras extranjeras en 2006.

Las empresas extranjeras son las más beneficiadas con los actuales altos precios del cobre, obteniendo fabulosas ganancias en Chile. Las ganancias de las empresas extranjeras crecen en los últimos años en forma acelerada, alcanzando en el año 2006, más de 25 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones de dólares corresponden a las ganancias de las mineras extranjeras que se han apropiado de gran parte del ‘Sueldo de Chile’.

Como se puede observar en la gráfica siguiente, las ganancias enviadas al exterior, que eran antes del año 2003 en torno a 4 mil millones de dólares, suben a más de 25 mil millones de dólares en 2006, debido fundamentalmente al incremento de los precios del cobre.

Los 20 mil millones de dólares de ganancias de las empresas extranjeras en 2006, equivalen
en dicho año a:

  • · Cerca del 75% del Presupuesto del Estado.
  • · 4 veces el Presupuesto del Ministerio de Educación
  • · Y, más que duplican los elevados excedentes de CODELCO.
  • · Las elevadas ganancias de las empresas extranjeras equivalen a 2 veces el Producto

Interno Bruto de Bolivia y a 3 veces el Producto Interno Bruto de Paraguay.

II. Las ganancias de las mineras extranjeras en 2006 son superiores al total de las inversiones extranjeras totales en minería, en el período 1974-2005, es decir, en 32 años.

La información del cuadro siguiente es categórica. Las ganancias de un solo año, 2006, son superiores al total de las inversiones extranjeras en la minería chilena efectuadas en 32 años.

De esta manera, aunque parece increíble, las ganancias de un solo año,-2006-, de 20.000 millones de dólares, son mayores a las inversiones extranjeras totales en el sector minero en Chile en el período de 32 años, desde 1974 hasta 2005.

III. Las ganancias de las mineras privadas, principalmente extranjeras 2006-2011.

El Consejo Minero,- organismo privado que agrupa a las grandes mineras en Chile, incluye a CODELCO. La inclusión de CODELCO en el Balance Consolidado del Consejo Minero, no transparenta en muchas de las categorías económicas las operaciones de las grandes mineras privadas.

En los Balances hay dos mecanismos utilizados para pagar menos impuestos: los ingresos declarados por las ventas disminuyen, y los costos tienen un crecimiento extraordinario.

Nuestras estimaciones sólo están basadas en los costos operacionales, que son los principales costos y que se incrementan a partir del gran crecimiento de los precios del cobre en porcentajes similares.

Por ejemplo, el precio promedio anual del cobre se incrementó de 130 centavos de dólar la libra en el año 2004 a 167 centavos en 2005, es decir en un 28%. Increíblemente, los costos operacionales de los Balances del Consejo Minero también se incrementaron en un 28%.

A partir del año 2005 el crecimiento de los precios del cobre es aún mayor. En 2005, como hemos señalado el precio del cobre fue de 167 centavos de dólar la libra. En 2008, el precio fue 315 centavos de dólar la libra. De 2005 a 2008, los precios se incrementaron en un 89% y los costos operacionales se incrementaron en un 85%.

A partir de lo anterior, y constatando que entre los años 2004 y 2010 se dieron pequeñas modificaciones en la producción, aplicamos a los costos operacionales entregados por el Consejo Minero un incremento anual de 10%. En realidad el crecimiento de un 10% promedio anual de los insumos es muy elevado en cualquier empresa a nivel nacional corregimos los excedentes operacionales antes de impuestos de los Balances del Consejo Minero, y restamos los excedentes operacionales de CODELCO, también antes de impuestos, los cuales se publican en los Balances anuales de CODELCO.

La estimación de los excedentes operacionales de las mineras privadas, principalmente extranjeras, se presentan en el cuadro siguiente En el año 2006, con el precio del cobre que subió a 305 centavos de dólar la libra, los excedentes operacionales o ganancias antes de impuestos de estas mineras privadas superaron los 25 mil millones de dólares y el promedio anual 2006-2011 supera los 26.700 millones de dólares.

En el año 2010, con un precio promedio anual de 342 centavos la libra, los excedentes operacionales o ganancias se aproximan a los 30 mil millones de dólares.

El precio que hemos estimado para este año 2011 es de 415 centavos de dólar la libra, precio menor al precio promedio a la fecha 16 de junio de 2011 que es de 428 centavos, informado por COCHILCO. Para este año 2011, los excedentes operacionales o ganancias estimadas para las mineras privadas, principalmente extranjeras, superan los 34 mil 500 millones de dólares Con información de COCHILCO se debe tener presente que:

  • El precio del oro subió de 604 dólares la onza en 2006 a 1.529 dólares la onza (16/06/2011)
  • El precio de la plata subió de 11,6 dólares la onza en 2006 a 35,5 dólares la onza (16/06/2011)
  • El precio del molibdeno que había bajado de 26,7 dólares la libra en 2006 a 10,8 centavos la onza en 2009, se ha recuperado. COCHILCO estima que alcanzará un precio promedio anual en 2011 de 18 dólares la libra.
  • La producción de cobre, que se había mantenido sin muchas variaciones, se incrementará en cerca de 350 mil TM en 2011 en relación a 2010.
  • En nuestras estimaciones actuales no hemos incorporado el hecho ampliamente conocido, , de que las mineras privadas, principalmente extranjeras, sólo incorporan una parte mínima del oro, plata, molibdeno y otros subproductos contenidos en las exportaciones de cobre, A pesar de ser ampliamente conocida ninguna institución del Estado chileno investiga a las mineras extranjeras.

Comparando los 34.632 millones de dólares de excedentes operacionales o ganancias antes de impuestos estimadas para 2011de las empresas mineras, principalmente extranjeras, con el Presupuesto del Estado de Chile tenemos que estas ganancias equivalen:

  • Al 79% del Presupuesto Público Total (Fisco)
  • A 3,3 veces el Presupuesto Total del Ministerio de Educación.
  • A 7,3 veces el Presupuesto del Ministerio de Salud.

  • Y, a 11,5 veces el Presupuesto del Ministerio de Vivienda.
  • Duplican el Presupuesto Total de estos tres ministerios claves de Chile: Educación, Salud y Vivienda

Con estos recursos o una parte importante de ellos se pueden financiar todas las reivindicaciones de los estudiantes y de los trabajadores chilenos, que han sido formuladas en las masivas marchas recientes en Santiago y en muchas ciudades de Chile.

El Sistema de Acreditación de la Educación Superior en Chile. Por Ricardo López Erazo.-

Antecedentes históricos:

Desde el mismo 11 de septiembre de 1973, la dictadura de Augusto Pinochet, intervino el sistema de Educación Superior en Chile.

Los “Rectores Delegados” impusieron la barbarie, la persecución y pusieron fin a una comunidad universitaria que había realizado un proceso de reforma democrática que nos prestigiaba a nivel mundial.

Nuestras Universidades, después del proceso de reforma de los años 60’s, desarrollaban docencia, investigación y extensión con un gran reconocimiento de la comunidad universitaria y científica internacional, y además lo hacían en el marco de una estructura de gobierno triestamental.

Durante los años 1973 y 1980, la dictadura de Pinochet, se impuso la tarea de desmembrar la estructura universitaria chilena. Así es, como en estos años el gobierno de Pinochet instala una máquina de moler universidades hasta que logra una situación de atomización que permite iniciar aventuras capitalistas que deseen lucrar con la educación superior.

La guinda de la torta vendría a ser la Ley 20129, también conocida como la Ley de Acreditación de la Educación Superior. En Octubre de 2006, se promulga esta ley que viene a inclinar, aún más, la cancha a favor de los inversionistas privados de la educación superior.

Diagnóstico:

Transcurridos 30 años, después de atomizado y sometido a las cadenas del autofinanciamiento, el sistema público (y tradicional) de Educación Superior no ha podido ser abatido del todo por los “eficientes consorcios privados, nacionales e internacionales

¿Qué falta por hacer?

HOMOLOGARLOS: Intentar que parezcan iguales, que el “mercado” perciba que un título de aquí es igual al de allá, que los “eficientes privados” pueden dar más cobertura y cobrar menos- por eso- porque son más eficientes, son de excelencia…

SOLUCIÓN: La acreditación.

Después de más de dos decenios, en que la hipótesis neoliberal no se cumple, se hace necesario desnivelar aún más la cancha a favor de los mercaderes de la educación.

¿Pero cómo homologar Universidades de pizarra y plumón, con 90 % de académicos- hora, de bibliotecas ínfimas, de laboratorios inexistentes (en la mayoría de los casos), con Universidades que tienen bibliotecas y laboratorios, que cuentan con académicos de jornada completa, que no sólo realizan docencia sino también investigación y extensión?

Fácil, el Chilean way : un poco de talibanes neoliberales dispuestos a inmolarse por la “mano invisible”, una pizca de asesores y expertos con serios compromisos de intereses y la infaltable cucharadita de funcionarios de alto nivel inescrupulosos y dispuestos a venderse al mejor postor.

Si esta cazuela la cocinamos a fuego lento- y le agregamos unos condimentos de conceptos para que le den sazón: calidad, aseguramiento de la calidad, propósitos declarados, todo lo anterior con el objetivo de que no se contamine con participación de las partes interesadas, logramos el objetivo de homologar esperpentos de lucro en la educación superior con reales universidades.

Es necesario detenerse en un análisis más detallado de esta Ley (20129) para comprender sus reales alcances:

La columna vertebral de esta ley se alza sobre tres conceptos, los cuales son redundantes entre sí:

  • Autorregulación
  • Aseguramiento de la Calidad
  • Propósitos declarados.

La autorregulación, de mayor trasfondo ideológico, simplemente plantea la intención de cumplir con ciertos “propósitos declarados” de la entidad que pretende acreditarse.

Las exigencias con esta política de autorregulación no van más allá del disponer de políticas, mecanismos y controles que velen por el cumplimiento de los “propósitos declarados”.

No hay en esta autorregulación nada que valide la intervención, ni del Estado ni de partes interesadas (estudiantes, académicos, familias, Estado, entre otras) ni de la sociedad en su conjunto.

Así se introduce en la política universitaria un viejo dogma neoliberal, los mercados no deben ser intervenidos, mientras más desregulados más eficientes serán.

La desregulación, ha sido y será, un campo de batalla ideológico fundamental. La última (y no final) crisis capitalista gatillada en el mercado inmobiliario y financiero de EE.UU. se desata precisamente por la peculiar idea que los bancos pueden vigilarse de forma eficaz a si mismos.

En 1999, los lobbystas neoliberales americanos ganan una gran batalla . La Ley de Modernización de los Servicios Financieros termina con la Ley Glass-Steagall de 1933, aquella ley que surge después de la Gran Depresión. Esta ley pretendía evitar que se reprodujera la situación que los llevó, precisamente, a la Gran Depresión. La ley de 1999 es en esencia una ley “autorregulatoria” que en menos de diez años creó las condiciones para la crisis global financiera de 2008. (Ver J. Stiglitz, Caída Libre, Editorial Taurus)

Sin ir más lejos, el laboratorio neoliberal chileno nos muestra que esta “autorregulación” nos provee de cadenas de farmacias coludidas en contra de los enfermos, duopolios energéticos imponiéndonos “su solución”, la banca chilena obteniendo las mayores rentabilidades “autorreguladas”, entre otras.

Si la “autorregulación” primera piedra del neoliberalismo no funciona en ninguna parte, ¿Por qué deberíamos pensar que funciona en la Educación Superior?

El aseguramiento de la calidad, es un concepto que proviene de las normas de calidad de la familia de normas ISO 9000, el problema es que ya en esta familia de normas, a partir del año 2000,pasó a ser un concepto obsoleto.

El concepto vigente es el de gestión de calidad, la diferencia no es menor, el concepto vigente de gestión de la calidad exige al que pretende certificarse en esta norma, que someta a prueba su sistema con las partes interesadas con las cuales interactúa. El viejo concepto de aseguramiento de la calidad no planteaba esta exigencia y sólo dejaba en manos de la organización el establecer un sistema “autorregulatorio” (procedimientos y registros) que pruebe que lo que se dice que se va a hacer, se haga.

El tema de los “propósitos declarados” resulta ser también una triquiñuela neoliberal de mayor importancia: ¿cómo es posible homologar universidades que declaran sólo docencia y pretenden asimilarse con universidades que están empeñadas en desarrollar- además de docencia- investigación y extensión?

El pensamiento crítico, el compromiso del estudiante con su disciplina y con la sociedad a la cual pretende servir, no se puede desarrollar en una comunidad en que no haya investigación ni extensión.

De la misma manera no es posible confundir extensión con marketing. La rebuscada expresión de vinculación con el medio, no reemplaza la necesaria dialéctica entre universidad y sociedad que pretende un proyecto de desarrollo compartido por y para todos.

Esta ley de acreditación resuelve el problema simplemente por el expediente de los “propósitos declarados” y por tanto otorga acreditación aún a quienes no merecen ser considerados como una Universidad.

La docencia, la investigación y la extensión son las tres funciones que conforman la peculiaridad de una Universidad. O se realizan las tres funciones o no se es Universidad.

El actual ministro de educación, de manera acostumbrada por el “gobierno de excelencia” nos plantea que se viene una nueva ley de acreditación: la acreditación 2.0.

No informa de ningún aspecto relevante, no señala que aspectos negativos se tratarán de resolver, ¿habrá más autorregulación? Preocupémonos.

El actual Ministerio de Educación en manos de Lavín y sus asesores, todos ellos con evidentes conflictos de interés (debido a su participación directa o indirecta en Universidades Privadas “sin fines de lucro”), tendrá por objetivo, siempre, el crear condiciones cada vez más favorables para el desarrollo del “mercado” y la aniquilación del sistema público y tradicional. La acreditación es una variable importante.

Hacemos un llamado a nuestros lectores a participar en una reflexión colectiva en torno a un nuevo sistema de acreditación que refleje el real nivel de complejidad (y calidad) que tienen las universidades, el desempeño de las tres funciones debe ser ineludible, el gobierno triestamental también. De otro modo no estamos hablando de Universidad sino de otra cosa. Las páginas de nuestros Cuadernos de Educación están abiertas a su participación.

Sonó la Campana y Comenzó el año escolar 2011. Por Gustavo Quintana M.

Promesas y realidades  en la  aplicación  de las reformas de Lavín.

A pesar de que es aventurado predecir los  resultados de la aplicación de estas reformas, casi en el instante mismo  que comienza el año escolar,  la trayectoria,  personalidad  y ambiciones  políticas del ministro Lavín ,  algunas medidas tomadas durante Febrero, las limitaciones de  la  ley recientemente aprobada , que impiden reformas profundas, y la  continuidad  del modelo neoliberal  de educación  instaurado por  el régimen de Pinochet en 1981, permiten, con  los datos disponibles al mes de Marzo,   emitir algunas opiniones sobre la imposibilidad de que este  nuevo intento  resuelva los principales problemas de la educación chilena.

Empezando Por El Ministro De Educaciön ¿Quién Es El Ministro Lavin? ¿Cuál Es Su Trayectoria Polïtica Y Educacional?¿Cuales Son Sus Ambiciones Politicas Hoy En Día? ¿Qué Credibilidad Podemos Darle A Sus Promesas?

Joaquín Lavin es un profesional formado principalmente en economía,  en las universidades Católica y de Chicago,  que sin ser un hombre brillante (sólo  obtuvo un magister  en economía) es un artesano eficiente. Adscrito desde muy joven  al  Opus Dei  y al pinochetismo, es parte de la vanguardia de éste y participante importante de la reunión de Chacarillas.  Durante  la dictadura  asume  diversas tareas  en el gobierno de Pinochet,  y en educación,  es el motor de la Universidad del Desarrollo (una de las primeras universidades privadas), no como un experto en educación,  sino simplemente como  un administrador riguroso de los principios del modelo  educacional   de la dictadura  y de los intereses del Opus Dei.  Para comprender mejor  sus  intereses  y los objetivos de su actual desempeño debemos agregar a lo anterior  el   hecho  que es un precandidato a la presidencia  con un gran instinto político para desarrollar proposiciones  que interpreten los anhelos  de un amplio sector  medio y popular.   Para esto  utiliza con gran habilidad y profusión los medios de comunicación, para mostrar como cambios profundos  lo que no es  sino que más de lo mismo,  características todas estas que le hemos visto en este año de actuación.

En este contexto,  y a la luz de las primeras  acciones, examinemos qué credibilidad podemos darle a sus promesas y a la ley de la educación,  y consecuentemente qué podemos esperar  de la educación  en este año  2011.

El discurso del ministro de educación  promete una  revolución educacional  que constituya un paso gigantesco  en equidad  y calidad,  apoyada en los  50 liceos  de excelencia al alcance de los   estudiantes más desprotegidos  (los de la educación municipal),nuevos profesores  mejor seleccionados,  con acceso gratuito a la enseñanza superior,y la detención del proceso de destrucción  de la educación  municipal  ( la educación de los pobres y último vestigio de la educación pública). Promesas estas que,  como lo veremos a continuación, se van desdibujando,  sea  por las limitaciones de la misma ley, sea por la ausencia de voluntad política  para respetarlas.

Los 50 liceos de excelencia, que debían reunir al 70% de los mejores estudiantes del sistema municipal, quedaron reducidos a 30,y el objetivo central declarado , que estuvieran abiertosprincipalmente a los estudiantes de los liceos municipales,  ha comenzado a diluirse con la aplicación de una suerte de letra chica desconocida. La indicación de que a lo menos un tercio de estos estudiantes se seleccionaran por sorteo,  ya se redujo a  sólo un 10%, y si bien en la mitad de ellos se recurrió a información  de la ficha de protección social, en todo el proceso de selección se ha desarrollado la tendencia de llenar los cupos con estudiantes de los colegios privados (subvencionados) en a lo menos un 40% del total de las vacantes, que en un  número significativo de establecimientos  representan entre el 50 y el 80% de la matricula total. En resumen,  la segregación social   en educación,  intrínseca al modelo neoliberal  de educación,  vuelve a manifestarse independiente  de la imagen  de equidad que se quiere proyectar.

El no respeto de los compromisos anunciados  y la subsiguiente disminución del número  de  estudiantes de la educación municipalizada  integrados a  estos colegios  no representan sin embargo  el engaño mayor.  La pretensión  de que esta medida permite avanzar en la entrega de una educación de la misma calidad a ricos y pobres   es una falacia enorme,  pues los 30 liceos de excelencia  prácticamente  no modifican  nada. La educación de doble calidad  se mantiene, y no más de un 8% del total de los estudiantes  (lo mismo que antes de los colegios de excelencia), pertenecientes  en su inmensa   mayoría al sector privado de la educación (privado  pagado  y subvencionado)  , continuará  siendo  beneficiado por una educación  de calidad superior,  y quienes no dispongan de recursos suficientes  deberán conformarse  con una calidad claramente inferior.

No podemos dejar de mencionar tampoco la enorme contradicción entre la constatación pública hecha por Lavín, quien,  mediáticamente,  al parecer, recién tomaba conciencia  de que el futuro de un niño  se decidía en el acceso o no a la educación preescolar (comienzo de  la discriminación de los dos tipos de educación),  y la actitud posterior del mismo ministro y  de la Alianza en  la discusión del presupuesto, donde sólo  una batalla  decidida por parte de la Concertación y la izquierda  impidió que se borraran las partidas para la educación preescolar. Para un país donde un  8o% de los estudiantes que ingresan a la educación básica  no pasan por esta etapa formativa fundamental  (que se ha constituido en  un privilegio de los sectores más acomodados ), este incidente  marca el grado de segregación de la sociedad chilena y  el verdadero pensamiento de la Alianza.

Dos medidas justas y razonables un bono de jubilación que favorece a unos 13.000 profesores en edad de hacerlo y 60.000 millones de pesos para financiarlo (a utilizar hasta Diciembre de 2012 ) y  la gratuidad  de la educación,  para el ingreso anual de unos 3.000 estudiantes de pedagogía por sobre 600 puntos en la PSU- se han constituido, paradojalmente,  en nuevos problemas  para la educación  municipal.

La manera de administrar estas dos medidas,  por parte del Ministerio de Educación, produce un   desfase entre la fecha límite para usar el fondo especial de retiro(diciembre de 2012) y la fecha en que,  en el mejor de los casos, los nuevos profesores se habrán integrado  como reemplazos de calidad superior ( entre 6 y  8 años). Esto  obliga al sistema municipalizado a enfrentar el nuevo problema de cómo  asegurar en  el intertanto el relevo. ¿Con los profesores que actualmente se forman , a partir de estudiantes de bajo puntaje de ingreso,  formados muchas veces  por correspondencia o  aumentando  el número de estudiantes por aula, bajando así aun más la calidad,  perdiendo más estudiantes  y profundizando  la crisis que tiene al sistema municipalizado al borde de  la quiebra? Tras treinta años de deterioro creciente de la educación,   por  la aplicación ciega de un modelo  fracasado,  se pretende superar  problemas  vitales con medidas de parche y discusiones que se difieren en el tiempo.

 Recién el 30 de Septiembre se presentaría un proyecto de ley, cuya discusión puede durar años,  sobre la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal,  y el 1 Marzo de 2012 un proyecto sobre la modernización de la carrera profesional docente.   A este ritmo,  cuando se terminen de tramitar estas leyes, es posible que la educación municipal haya  quebrado definitivamente.

El problema de fondo es que con este tipo de medidas,  pedacitos de reformas,  como lo expresa el profesor Juan Eduardo García Huidobro,  se continua manteniendo escuelas para ricos y escuelas para pobres , Mario  Waissbluth,  por su parte,   plantea que lo que corresponde es una evaluación precisa del costo total del rescate del sistema municipal  de la quiebra financiera,  y  que la subvención general pareja va contra el rescate del sistema público de enseñanza como sistema  capaz de entregar una educación de calidad pareja. Esta debe entregarse  en  cantidad suficiente para realmente asegurar una educación con equidad en base a las realidades de cada municipalidad

Por el contrario,  lo que sí está claro en el ministro Lavín es la instalación de 1000  nuevos directores  con atribuciones especiales   para  desvincular  profesores.  Así pues, lo que puede caracterizar el año académico 2011   es un éxodo masivo de profesores  sin tener aun preparado el relevo,  y resolver nuevamente  la contingencia   con medidas de parche .

En relación a la educación superior cualquier modificación deberá esperar a lo menos hasta el  2012 .

La despreocupación por la educación superior  y el ningún control sobre las universidades privadas,  en circunstancias de que en el pasado próximo  algún rector estuvo vinculado a un asesinato  y en la actualidad el ex   vicecanciller de la mayor universidad privada del país debe renunciar  por sus vínculos y defensa   a grupos de pedófilos al interior de la iglesia católica, hacen  intolerable esta situación   e incomprensible  esta despreocupación en un país que pretende caminar hacia  el desarrollo.  Si consideramos además que detrás de todo está  el lucro como motor impulsor y que la despreocupación   tiene como objetivos   debilitar aun más al   CRUNCH,  último reducto de la calidad académica  y del sistema público de enseñanza superior, y   las universidades públicas  son la última posibilidad de acceder a  una  educación superior pública de calidad a  estudiantes  de sectores medios   cuyas familias puedan endeudarse .

Las nuevas universidades privadas pasan por un período de cierta holgura económica  que las mantiene en una suerte de compás de espera,  que es el que aprovecha el gobierno para no apurar una reforma,    pero este compás de espera no debe interpretarse   como una tregua sino como la preparación para entrar  a saco en lo que en lenguaje  empresarial se expresa como  “copar la parte de mercado  que ocupan aún las universidades públicas”.

Para evaluar someramente lo que económicamente significa la educación superior, consideremos  tres  datos :

Hace unos  quince años la consultora  Ecoconsult   determinó que los aranceles aumentaban año   a  año  en una tasa superior  a  la del  IPC  y a la del  PIB .

Concordante con esta apreciación,  hace unos  5  años el diputado Ibañez ordenó un estudio que arrojo como conclusión  que la segunda actividad económica de Valparaíso, después de la portuaria, era lo que el llamó  “la industria universitaria”,   papel que ha mantenido hasta  el día díe hoy.

 Hace no más de dos años se constató  que los aranceles en Chile estaban entre los tres más altos del mundo.

En resumen,  la  educación  superior se ha transformado,  al amparo del modelo neoliberal de educación,  en un campo para realizar  muy buenos negocios, lo  que ha comenzado  a atraer a las multinacionales  de la educación ,(Laureat—SEK).   Esta despreocupación por las  necesidades  de Chile  ha llevado a descuidar áreas   que especialmente Chile debiera desarrollar  prioritariamente,  pero que, en una actitud casi criminal, el afán de lucro ha  ocultado completamente.  Al respecto son  ilustrativas las ideas que entrega  a EL SIGLO   el sismólogo chileno  Armando  Cisternas,   parte de las cuales reproducimos en este mismo número  bajo  el titulo de  “ Sismos , Tsunamis y Energía Nuclear “

Para finalizar,  esta pudiera ser la perspectiva educacional del 2011  si las víctimas , los estudiantes ,  no reaccionan.

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Comentarios entorno a la Reforma Lavín. Por Gustavo Quintana

Publicitada inicialmente como una reforma para producir un cambio revolucionario en la calidad de la educación, el conocimiento de su texto indica que se trata sólo de profundizar el modelo neoliberal de educación instalado por la dictadura, con todo el lastre autoritario e ideológico impuesto por ella.

Los aspectos principales de este modelo, vigente por cerca de 30 años, se acentúan en la reforma propuesta, y sus objetivos actuales pueden sintetizarse en lo siguiente:

  • Aceleración del proceso de liquidación de lo que queda de educación pública (municipal) , que debiera caracterizarse por ser gratuita , permitir el acceso de todos a una educación de calidad y ser capaz de entregar, bajo el control y el financiamiento del Estado, iguales oportunidades a todos los estudiantes

 

  • Intensificación del lucro, como factor preponderante, y de la acción del mercado como rector de todo el sistema educacional, con el consiguiente aumento en la desregulación de todo el sistema y el deterioro de calidad en especial para la inmensa mayoría de los niños y jóvenes

 

  • Profundización de la segregación social en la educación básica y media (los mejores profesores y las mejores condiciones de estudio para los colegios privados y/o ” de excelencia”, que no cubren más del 10 % del total de los alumnos ). Además, en este mismo cuadro, sólo un 30% de los estudiantes, en su gran mayoría de los sectores de mayores ingresos, tendrían acceso a la educación preescolar.

 

¿Qué propone la ley y cuán lejos se encuentra de constituir un cambio profundo en la educación?

La ley mezcla proposiciones que aparentemente constituyen modificaciones profundas en la calidad y la equidad de la educación(becas para estudiantes que ingresen a estudiar pedagogías con puntajes de 600 puntos o más , 50 liceos de excelencia que reúnan el 70% de los mejores estudiantes del sistema municipalizado), con modificaciones tendientes a consolidar el modelo neoliberal (modificación del estatuto docente .modificaciones cuticulares) y con medidas que en principio nadie puede objetar (mejoramiento de las condiciones de jubilación de profesores con más de 30 años de trabajo, acceso al nivel más alto de remuneraciones a los 10 años de carrera, en lugar de los 30)

Analicemos en primer lugar si el número de estudiantes que serían becados, y que debieran formar esta nueva élite de profesores, es suficiente para asegurar una educación de mayor calidad al conjunto de los estudiantes chilenos en un lapso de 15 años (suponiendo entre 2500 y 3000 becas anuales, que serían utilizadas). Si bien la calidad de los nuevos profesores aseguraría un recambio de calidad para la generación que debe jubilar en el transcurso de estos 15 años y, sin duda, sería superior a la de la gran cantidad de quienes están egresando, de universidades, escuelas e Institutos no acreditados y de establecimientos acreditados de calidad insuficiente, que muchas veces otorgan títulos a través de cursos por correspondencia, persiste la duda si los marcos de la ley permite formarlos en cantidad suficiente para alcanzar a todos los estudiantes en el lapso de tiempo señalado.

Para estimar muy aproximadamente las necesidades de recambio, o los vacíos a llenar, consideremos tres factores el destino probable de los nuevos profesores, la magnitud del número de profesores en edad de jubilar, y la falencia de profesores en el sistema , para poder asegurar una educación de la misma calidad para todos los estudiantes.

En la actualidad, y en el caso de las pedagogías, una cifra del orden del 67% de los que ingresaron a estudiar pedagogía ya sea abandonan sus estudios antes de egresar(40%) o abandonan la educación dentro de los 4 años posteriores a su egreso, por encontrar posibilidades de trabajo más estables y con mejores remuneraciones fuera de la educación. (La ley no propone ni una carrera académica estable y atractiva ni expectativas materiales comparables con las de las principales carreras universitarias, manteniéndose la valoración del profesor como un profesional de segunda categoría). Evidentemente parece altamente probable que profesores con mejor formación tiendan a emigrar neutralizando parcialmente uno de los pocos objetivos de la ley que apuntan en la dirección correcta.

La magnitud del número de profesores en edad de jubilar se estima en ¡a actualidad en 7000 y al final del período presidencial bordearía los 15000 Todos ellos, profesores que en su mayoría sólo esperan una proposición digna para hacerlo, proposición que figura en la ley.

Si además consideramos el déficit en profesores de pre-básica (70%), y los nuevos profesores que sería necesario contratar para mejorar las condiciones de enseñanza (por ejemplo, limitar a 30 el número de estudiantes por sala), el objetivo de mejorar la calidad sólo alcanzaría efectivamente a una parte de los estudiantes y ¡a equidad , en los marcos de la ley, sería prácticamente imposible, con lo cual el sello dé la segregación continuaría marcando el modelo.

Lo estrecho de los márgenes de la ley, que hacen prácticamente imposible asumir como objetivos el mejorar la calidad de una educación al alcance de todos los estudiantes, indica falta de voluntad política para asumir la educación como un derecho fundamental y como elemento estratégico para el desarrollo del país . y sólo se comprende la urgencia de hacer aprobar esta ley, casi sin discusión, por otros objetivos presentes claramente en la ley.

Así, desconociendo que la causa del fracaso está en el modelo, modelo que no es utilizado en la inmensa mayoría de los países desarrollados con mayor nivel’ educacional (con sistemas muy estructurados, con el Estado como tronco central de él), se culpabiliza al profesor como responsable principal del fracaso, y la ley se centra principalmente en modificar el estatuto docente y en tener mayores atribuciones para reprimirá los profesores.

Junto a esto se trata de legitimar el modelo con ¡os pequeños avances en la prueba Pisa, que después de 30 años de aplicación ubican a Chile entre el 44° y el 49 ° lugar (entre 65 países de la OCDE e invitados) y se pretende introducir la falacia que con este magro resultado Chile lidera la educación en América latina. Quien haya leído el N° 14 -año 4 del Boletín de Educación habrá constatado que Cuba, que no es miembros de la OCDE ni invitado a participaren esa prueba , sino por el contrario, en pruebas tomadas por Unesco en los países de América ¡atina tiene efectivamente, y por un gran margen , el mejor rendimiento en esta parte del mundo.

Ya asegurado que los sectores de mayores ingresos mantendrán una calidad de educación superior a ¡a del resto de los niños y jóvenes de Chile (segregación consolidada), entre las proposiciones de la ley que realmente interesan a la alianza destacan las modificaciones al estatuto docente, en lo que se refiere a profesores, directores y modificaciones curriculares.

Se otorgan mayores atribuciones a los sostenedores de colegios que estén más vinculados a los aprendizajes de sus alumnos ( ¿ ), los que tendrían autonomía de crear y administrar sus propios sistemas de evaluación que complementen los mecanismos establecidos en el estatuto docente. De esta forma se pretende darle más autonomía al sostenedor para tener una evaluación más ad hoc a sus necesidades.

Estas proposiciones, como lo plantea Jaime Gajardo, presidente del colegio de profesores, amplía los potenciales de despido y somete a ¡os profesores a una doble evaluación , sin control y sin mecanismos que aseguren la objetividad.

En cuanto a la evaluación de los profesores y las desvinculaciones producto de ello, se retrocede. Así la desvinculación actual, producto de evaluaciones insuficientes por tres veces seguidas, se puede adelantar disminuyendo a sólo dos la condición de insuficiencia y, además, haciéndola extensiva a tres evaluaciones consecutivas de un desempeño básico. Igualmente se incluye como causal el no respetar el reglamento interno del colegio y hacer uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo de seis meses en un período de dos años.

 

En las proposiciones para la designación de nuevos directores y la selección de los nuevos profesores se ignora condiciones indispensables para una educación de calidad, como el equilibrio entre el director y los profesores. Administrador y gestor el primero, el papel de expertos en educación corresponde a los profesores, y sólo un funcionamiento armónico entre ambos elementos y una participación conjunta en las grandes decisiones del colegio puede asegurar su éxito.

En la ley, por el contrario, una parte de los nuevos directores (un 25% del total) serían seleccionados por un organismo similar al de alta dirección pública y tendría como requisito indispensable estar en posesión de un magister en la función que desempeñaran(¿ ) aun cuando seguirían siendo nombrados por el alcalde entre una terna que este organismo fe presentaría. Su renta aumentaría sensiblemente y tendría la potestad de desvincular hasta el 5% de los profesores por año, potestad ésta que quiebra la posibilidad de trabajo armonioso entre director y profesores.

La selección de los nuevos profesores exige, además de su título, la rendición de una prueba de conocimientos (prueba Inicia) sin otro requisito para alguien que no tiene ninguna experiencia (como sería, por ejemplo, la evaluación de su equilibrio emocional, de su aptitud para enfrentar crisis o su ascendiente sobre los jóvenes estudiantes). Su remuneración, por otra parte, estaría en función de los resultados en esta prueba de conocimiento, creando, desde su ingreso, una situación potencialmente conflictiva frente aun cuerpo de profesores que sí tiene experiencia, pero donde los niveles de renta no aparecen claramente en concordancia con los de los nuevos profesores. En suma, se deterioran las condiciones de trabajo en los colegios municipalizados, un escalón más en el deterioro de lo que queda de la educación estatal.

En resumen, los objetivos inmediatos más claros se pueden resumir en: Desregulación del sistema de educación para facultar una verdadera razzia entre los profesores, en primer lugar, entre los más activos del colegio de profesores y ahuyentar a profesores y alumnos de los colegios municipalizados.

Se perfilan cuatro sistemas diferentes con diferentes capacidades para desvinculara los profesores.

Colegios privados no subvencionados con licencia absoluta para despedir.

Colegios privados subvencionados con mayores libertades para despedir y para lucrar. Una parte de los colegios municipalizados (75%) con el tipo de dirección anterior a la ley, con más causales de licenciamiento.

Colegios municipales con el nuevo tipo de dirección con derecho a licenciar anualmente hasta al 5% de los profesores.

Modificaciones curriculares: “la guinda de la torta”.

La obsesión de reemplazar la calidad por indicadores, que no constituyen por si solos una evaluación absoluta del éxito de un sistema educativo, lleva al absurdo de disminuir el estudio de disciplinas fundamentales para la formación de los jóvenes(Historia, Ciencias Sociales, Artes), para disponer de más tiempo para machacar disciplinas que son evaluadas directamente por esos indicadores. Se empobrece así torpemente la formación de los estudiantes, despreciando instantes en la vida del niño donde existen, usando los métodos y la psicología apropiadas, potencialidades de aprendizaje de la lengua materna y de las matemáticas con rendimientos superiores a los que se dan posteriormente, y todo esto sin salirse del mundo lúdico propio de la infancia.

La verdad es que opera una tentación ideológica perversa, pues los sectores que detentan el poder niegan siempre los conflictos pendientes con nuestra Historia , (“no vivamos en el pasado, miremos el futuro), a pesar de que !a realidad nos recuerda con cierta regularidad su existencia. Hace algunos meses, con el pueblo mapuche, en este mes, con los pascuenses reprimidos y golpeados allí donde son los únicos habitantes legítimos y, paralelamente en estos días en Paris, con el juicio abierto a militares chilenos por la desaparición de cuatro franceses, víctimas del régimen de Pinochet

En resumen esta ley no es ni revolución ni pálida reforma, sino una sucia operación política para continuar implantando un modelo dogmático que asegure que el conocimiento y la capacidad profesional continúen siendo un privilegio de la élite del poder.

Menos historia, más desarrollo. Por Pablo Aravena Nuñez

Este domingo 21, antes de las noticias, el presidente Piñera anunció en cadena nacional su paquete de reformas a la educación chilena. En ello lo precedió durante la semana el ministro Lavín, quien había dado la primicia de la ampliación de horas de Lenguaje y Matemáticas a costa de las de Historia y Educación Tecnológica.

Los argumentos esgrimidos son lo mejor de esta nueva “Revolución silenciosa”, que Piñera impulsa en su envolvente retórica bajo la ambigua figura de Frei Montalva… ese otro “revolucionario en libertad”: “Está demostrado que los países que así lo han hecho tienen mejores resultados”, “así se hace en los países desarrollados”. Larga y triste tradición tienen estas ideas en las ciases políticas latinoamericanas. Larga, porque es la pieza fundamental de la ideología modernizadora que se propaló desde mediados del siglo XIX por unas antiguas aristocracias criollas que ahora hacían de bisagra entre los intereses del capital inglés y estadounidense y la fuerza de trabajo y mercados locales. Triste porque tuvieron como resultado la absoluta desigualdad, pauperización del pueblo y dependencia económica (y por ende política) de las jóvenes naciones, mucho mayor que en la colonia. En una palabra: se sentó las bases del subdesarrollo.

Lo que funciona para los países desarrollados usualmente no resulta para los subdesarrollados, todo lo contrario, tiende a agravar sus condiciones. Las medidas anunciadas no pueden ser entendidas más que como otra pieza del populismo que hemos visto despuntar este último tiempo, porque todos los ajustes “técnicos” van acompañados de “incentivos” económicos para retiro, mejoras salariales “para los mejores” y bonos para los directores, que quintuplican los actuales, y lo mejor, sin que los montos salgan del bolsillo de los sostenedores. ¿Quién podría resistirse? ¿Así quien se opone al progreso? Un pueblo castigado, desmovilizado y atomizado se olvida de los problemas de fondo por un bono de cuarenta mil pesos. Así estamos.

¿Por qué no dicen Piñera y Lavín qué porcentaje del PIB invierten en educación esos países que quieren imitar? ¿Por qué no nos muestran qué tipo de clases reciben esos niños y jóvenes? ¿Por qué no nos hablan de la distribución del ingreso, de sus “inflexibles” leyes laborales, de los bajos niveles de estrés y enfermedades siquiátricas de su población? ¿Porqué no nos mencionan el caso de Francia, en donde los profesores de escuela trabajan 17 horas semanales y reciben un pago equivalente al de un académico? Y algo más importante, no nos dicen que en Francia, Alemania e Inglaterra -que es donde supuestamente miran nuestros gobernantes- a nadie se le pasaría por la cabeza, después de Auschwitz; “mejorar” la educación a costa de reducir horas de Historia. Porque aunque vaya con Ciencias Sociales, Geografía y Educación Cívica, sigue siendo la mantención de la memoria lo esencial de este trabajo, y tenemos cosas importantes que recordar en Chile. Porque la reiteración -y saturación- de imágenes y testimonios para las fechas de “aniversario” con que nos llenan los medios no equivale a recordar bien. Y no es que los profesores en la mayor parte de las escuelas lo estén haciendo, Recuerdo haber supervisado una clase en que el profesor preguntaba a los alumnos sobre lo que sabía desde su casa sobre el Golpe de Estado,.. y los niños contestaros reproduciendo todos los prejuicios de sus padres, y la clase se cerró con un “todas las opiniones sin válidas”. Hay demasiado por hacer en materia de la enseñanza de la historia, pero este recorte horario lo que hace es restringir la posibilidad de mejorarla. ¿Por qué que se puede hacer ahora en una clase de historia que dura 25% menos con un grupo igualmente numeroso? Para nuestro trabajo se necesita tiempo (porque toda reflexión lo requiere) y un número de alumnos que garantice un trato humano.

Pero este gobierno, más que los anteriores, insiste en focalizar la culpa en el individuo profesor Esa tan usada estrategia del discurso de las “Ciencias de la Empresa”, de los “Recursos Humanos”, en que la baja productividad siempre es culpa del trabajador… y siempre la productividad es baja,.. y el individuo imbuido de la lógica de las ciencias de la empresa se hace cargo, trabaja más y se capacita con costo a su bolsillo. Hace tiempo que no son necesarios los capataces, porque el capataz está dentro. Sabemos que estas lógicas se viene impulsando desde los gobiernos de la concertación, pero ahora nos enfrentamos a la voluntad de un completo cambio de línea editorial. Todavía no están ¡as condiciones para transformar los programas de historia, pero ya vendrá. Sintomática es la columna publicada en El Mercurio por en historiador Gonzalo Rojas (Opus Dei igual que el ministro Lavín): “el factor clave es el profesor, lleno de aparente vocación docente, pero que por su militancia en las izquierdas transforma la cátedra en pisito de adoctrinamiento” [. . ] “la tarea pendiente está primero en los programas y los textos” [...] “Por ahora, la discusión está centrada en una cuestión menor: horas más u horas menos” (El Mercurio, 24 de noviembre de 2010).

Bueno, esto era un gobierno de derecha. Elegido por los votos, desde luego. (Otro problema sería entrar a ver qué tipo de información dispone la gente común a la hora de “decidir”, o si a estas alturas, con tanto “marketing político”, hay algún razonamiento previo al voto… pero esto es tema de varias columnas que quizá escriba. Aunque intuyo que una. buena práctica de enseñanza de la Historia se opone a dichos vicios. ¡No sea que a alguien le interese promoverlos!).

Editorial (CdE nº13)

En alrededor de 40 días más enfrentaremos otro de tantos dilemas que nos concierne de manera especial a las Universidades y a la Educación Terciaria, a saber, una Reforma a la Educación Superior. Aunque la vida universitaria demanda a gritos cambios en su forma de funcionamiento, gobierno y financiamiento que apunten a elevar la democratización de estas casas de estudio, esta reforma no guarda ninguna relación con esto, muy por el contrario, se trata de seguir los lineamientos dictados por la OCDE y el Banco Mundial en cuanto a sincronizar el quehacer universitario con el modelo económico vigente, vale decir, la Economía Neoliberal. Es así como, hace pocas semanas atrás, el jefe de la Educación Superior del MINEDUC, Juan José Ugarte, anunció la creación de dos entidades. Una que agrupe a las 177 instituciones que imparten educación terciaria, y otra que reúna las 60 universidades existentes en el país, 25 tradicionales y 35 privadas. Por supuesto que este proyecto no fue comunicado a las instituciones afectadas, y mucho menos discutido con la participación de éstas. Las reacciones no se hicieron esperar, y es así como el presidente Sebastián Piñera, al acudir a la entrega de la medalla Patrono de la Universidad de Chile, recibió la reprobación de parte de los estudiantes y del mismo rector, quién calificó de “poco sensatas y poco prudentes las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación”. A su vez, en su discurso, el rector Víctor Pérez rechazó de manera categórica la intención de homologar las universidades tradicionales con las privadas, indicando que las medidas bien podrían terminar por “profundizar la privatización y mercantilización del sistema universitario”.

Otra de las medidas de carácter manifiestamente neoliberal es la creación de un sistema único de créditos y becas, que estaría destinado a favorecer la demanda, es decir, los estudiantes recibirían el aporte económico para luego decidir en qué institución estudiar. Con esto, el Estado se desentendería de la regulación de la educación y de su financiamiento, dejando a las universidades la responsabilidad de adecuar su funcionamiento con el propósito de captar estos recursos económicos de manos de los potenciales estudiantes. Como consecuencia natural, el mercado estaría determinando el quehacer universitario, llegando a ser cada vez más funcional al modelo económico neoliberal.

En todo caso, el Presidente Piñera desmintió que la eventual reforma universitaria tuviera la intención de disminuir los recursos para las universidades públicas. El punto es que cada vez se hacen menos creíbles las promesas del presidente. Se han cumplido 100 días del gobierno de la derecha y las promesas de menor cesantía y de mayor crecimiento no sólo no se han cumplido sino que van en la trayectoria opuesta. A la cesantía estructural del sistema neoliberal es necesario agregar la cesantía política causada por los despidos masivos en el aparato del Estado, perpetrada por los ministros-empresarios del gobierno. Contra su promesa de campaña, entre otras, Pinera ha avalado el despido de miles de trabajadores del Estado, siendo más fuerte que el cumplimiento de su palabra, el dogma neoliberal de empequeñecer el Estado hasta su mínima expresión. Por otra parte, el último informe del Banco Central ha corregido a la baja la estimación de crecimiento de la economía chilena para este año 2010. Es necesario recordar que tanto el cumplimiento del programa de Piñera como el financiamiento de la reconstrucción se financiarán con cargo a sólidos crecimientos del PIB, por ello podemos esperar que muchas otras promesas no se cumplan y suframos durante cuatro años de este estilo de gobernar que, en estos poco más de 100 días de gobierno, hemos ¡do conociendo.

Por otra parte, Piñera ha desplegado un gran número de acciones conducentes a definirse como un político de centro. Para ello no escatima medios, juega a usar el lenguaje de la Concertación y retoma sus banderas, lo que incluso le trae conflictos con la UDI, el sector más duro de la alianza. Exhibe un populismo como el de Lavín, yéndose a dormir con los damnificados por el terremoto y las lluvias, y viendo partidos de fútbol públicamente en diversas ciudades del país. No obstante, hay una frontera que no pasa, la que va del dicho al hecho. Cuando las medidas propuestas llegan a la fase de su concreción, se diluyen en el tiempo y los montos, como está ocurriendo con los jubilados y la eliminación de la parte de sus sueldos que va a FONASA. Los prometidos seis meses de postnatal, que después de tantos anuncios contradictorios está quedando poco menos que en nada o casi peor que antes. Como ya hemos señalado, también los despidos inconsiderados de los empleados públicos, negados al principio por la propia presidencia, que ahora se han desatado. A esto se agrega un desorbitado afán por la privatización que en estos momentos amenaza a la salud.

Desde un comienzo Sebastián Piñera ha tratado de cortar el cordón umbilical que lo une a la dictadura. Comenzó declarando que había votado por el NO en el Plebiscito, y ha continuado haciendo gestos como los mencionados. La designación del ministerio mostró claramente este afán por demarcarse de la línea política dura de la UDI, aún plenamente pinochetista. Luego, vino la alocución sorpresiva del embajador de Argentina y el de su hermano José Pinera, mostrando que este cordón umbilical sigue intacto, y que el monstruo no ha muerto. Tan sólo dormita con un ojo semi abierto dispuesto a saltar en el momento menos pensado.

Esta mirada hacia el centro, más que a un coqueteo, obedece a una necesidad y a un peligro. Piñera quebró la fórmula consagrada que les permitía a los poderes fácticos, en especial a los empresariales, mantenerse al margen de los vaivenes políticos, eludiendo la contingencia, sacando las castañas con la mano de la Concertación. Ahora se han hecho cargo de todo, abarcando la totalidad de las esferas del poder. Pero, políticamente, quedaron más expuestos. El triunfo electoral fue apenas el desplazamiento de un puñado de electores. Las encuestas demuestran que no ha ido más allá la adhesión a este gobierno y que la desaprobación hacia éste aumenta. El temor que los urge y apura es que sólo son cuatro años, y que estos cuatro años pasen con mucha pena para el pueblo de Chile y sin gloria para el gobierno. Y entonces, como dijo Longueira, las pretensiones políticas de la derecha se amaguen por largo tiempo.