Propuesta acerca del sistema educacional chileno.

El informe final del Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la educación hace un diagnóstico con el cual se puede coincidir en los aspectos principales: La educación chilena, si bien ha hecho avances en la cobertura, está muy lejos de alcanzar la calidad requerida y exigible en el mundo de hoy; no ha logrado aminorar las marcadas desigualdades de origen con que los niños inician su experiencia educativa, ahondando por el contrario la brecha social. Se necesitan, en consecuencia, cambios sustanciales en la institucionalidad educativa, que deben comenzar con una ley sustitutiva a la actual LOCE. El informe no hace sin embargo un análisis de la génesis del actual modelo educacional (organismos monetarios internacionales -el B.M. en especial- los D.F.L. de 1981 y la instucionalidad que de ahí se derivó, y finalmente la LOCE que recoge lo anterior y le da carácter constitucional) ni tampoco explora la forma como la mayoría de los países desarrollados y subdesarrollados han organizado, con mas éxito que Chile, sus sistemas educacionales Las modificaciones que se insinúan, aunque apunten muchas veces en la dirección correcta, se plantean .sin embargo, como reformas dentro del actual modelo, con un Estado subsidiario y sin tocar al mercado como control absoluto del mismo. Así no propone ninguna modificación al sistema educacional de nuestro país, que en ninguno de sus niveles: básico, medio, tecnológico y superior, tiene carácter público y donde el Estado ha tomado, desde la reforma de la Dictadura de 1981, un carácter subsidiario y, si bien subsisten  enclaves  educacionales  que  no  son  propiamente  privados,  éstos  son  ya minoritarios y de escasa influencia nacional.

Como  propuesta alternativa     pensamos  que  debe  existir una  educación pública, pues solo el Estado puede garantizar que:

i)               La educación de calidad sea un derecho de todos los niños y jóvenes de

nuestro país, y que
ii)                La educación sea un bien social usufructuado por todo el país y al servicio   del   desarrollo   nacional.   La   educación,   mirada   como   una inversión  individual  que  pretende  recuperar los costos con  mayores ingresos futuros, genera egoísmo, disgregación social y un divorcio con el desarrollo global del país, y es por eso quizás que   en la mayoría de los países en todo  el  mundo el  éxito y   la calidad  de sus sistemas educacionales está ligada al papel activo que juega el Estado en el control y al financiamiento de la educación.

Proponemos la construcción de un Sistema Público de Educación, que comprenda todos sus niveles: pre básico, básico, medio, técnico-profesional y superior.   La construcción de este sistema no implica la desaparición de! resto del sistema actualmente existente, siendo posible la coexistencia de ambos.

El Sistema Público debe ser un sistema nuevo, de alta calidad, cuya sola existencia obligue al sistema privado a elevar sus propias normas de calidad. Es el Estado el que debe asumir la completa responsabilidad de este sistema, tanto económicamente como en su estructura Organizativa y académica. Esto no significa la centralización completa del sistema: este aspecto debe regirse por el principio: “tanta descentralización como sea posible, tanta centralización como sea necesaria”.

 

Este Sistema puede construirse sobre la base del actual conjunto de colegios, institutos profesionales y universidades no-privadas, y que puede ser considerado como la columna vertebral del nuevo sistema.

 

Es claro que la construcción de este sistema significará una gran inversión económica para el país (no hay que olvidar que. a partir del decreto-ley de 1981, la Dictadura redujo el gasto de 2% del PIB en educación superior que había en tiempos de la Reforma a menos de 1%). pero en todo caso una cantidad que es todavía bastante menor que los mayores ingresos que proporciona el cobre.

 

Para que la educación pre básica, básica, y media públicas no sea un sistema de menor calidad, solo para los pobres, el sistema debiera disponer, a lo menos, y por estudiante, de cantidades entre 2 y 5 veces mayores que las actuales subvenciones, y la educación superior debiera llegar a disponer, en un tiempo razonable, a los menos del 2% PIB que dispuso en 1973.

 

Por otra parte, la heterogeneidad geográfica, cultural y social de nuestro país, la existencia de municipalidades ricas y pobres y la disgregación y anarquía que significa que a la calidad de la educación que recibe casi el 50% de los niños y jóvenes chilenos dependa del alcalde de turno, indica la inconveniencia de mantener el actual sistema municipalizado.

 

El salto en calidad no puede ser planteado en los términos casi policiales con que el actual modelo lo identifica (responsabilizar solo a los profesores del deterioro de la educación y castigar a los que obtengan malos resultados). Se trata de asumir que en el mundo actual, en que la competencia es una realidad, no se puede depender de modelos políticos, sociales y económicos importados y aplicados críticamente como dogmas de fe; así como tampoco se puede competir con éxito si solo se dispone del capital científico, intelectual, profesional y artístico de las edites. Para desarrollar las potencialidades de todos los niños y jóvenes chilenos la educación, desde la básica, debe priorizar la enseñanza de la lengua materna, de la Filosofía, de la Historia y las ciencias y. en general de todas aquellas disciplinas que desarrollen en los estudiantes el espíritu crítico y reflexivo y la capacidad de plantearse preguntas.

 

A nivel universitario deben recuperarse como funciones irrenunciables. la investigación y la creación artística y aumentar entre 2 y 4 veces los presupuestas destinados a la investigación y a la formación de investigadores. La calidad del cuerpo académico debe garantizarse a través de una carrera académica exigente y rigurosa y de un cuerpo académico mayoritariamente dedicado a la universidad. Debe eliminarse, en consecuencia, la práctica de contratar profesores por honorarios, por plazos breves, sin protección social y sin ninguna intención de incorporarlos a las labores creativas de la universidad, destinándolos a labores docentes rutinarias.

 

Coherente con lo anterior debe derogarse la LOCE. la ley de financiamiento de los estudiantes y la ley de acreditación de la calidad de la enseñanza superior y reemplazarlas por cuerpos legales que normen el sistema público y privado de educación, que establezcan el arancel diferenciado como solución al financiamiento de los estudiantes y fijen normas de real calidad en la educación superior, que impidan la proliferación de seudo universidades e instituciones de educación superior que solo tienen el lucro como objetivo